Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, dos millones 700 mil empresas quebrarán en Latinoamérica a causa de la pandemia por el Covid-19, de las cuales el 90 % son micro, pequeñas y medianas. Dicha proyección supone que por lo menos dos tercios del empleo en el Perú se perderían. Al respecto, Ives Huaytán Matallana, director de Reestructuraciones Financieras de la empresa RESTRUCTURE, apuntó que una de las medidas para mitigar esta situación es la formación de consorcios.
Huaytán Matallana indicó que si bien las ganancias se compartirán, también bajaría la inversión individual, lo mismo que el riesgo a asumir pérdidas, en caso se agudicen nuevamente las medidas restrictivas ante un eventual rebrote de casos positivos del Covid-19.
Resaltó que, primero, es necesario realizar un diagnóstico de la empresa, identificando las contingencias contables, tributarias y legales, a fin de implementar acciones que ayuden a conseguir el financiamiento, que no necesariamente provenga de la banca tradicional.
"Es importante que no tiremos la toalla y sigamos buscando formas de mitigar el impacto de la crisis y reconvertir al personal. Por ejemplo, si antes el empresario tenía tres o cuatro líneas de negocio que no le rendían, ahora debe concentrarse en solo una o dos. Hay empresas en diversos sectores que pueden ser adquiridas. Eso debe ser evaluado por los accionistas. De repente, un competidor que está en una mejor situación puede darle al empresario el capital al que no tiene acceso y compartir los riesgos con otros", precisó.
Añadió que la prioridad es evitar incumplimientos con los trabajadores, bancos o la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT.
"No hay que esperar estar en un escenario de morosidad para recién salir desesperadamente a buscar una reestructuración, porque este proceso toma entre 30 a 60 días. Si uno hace su proyección de ventas, margen e ingresos, y no toma en cuenta las contingencias, pueden pasar hasta cuatro meses para que recién se dé cuenta que solo ganará la mitad o quizá nada y recién reaccionar cuando ya viene la SUNAT. Esa forma de trabajar no es sostenible", resaltó.
Nueva normalidad
Asimismo, manifestó que los emprendimientos deben adaptarse a la nueva normalidad, tal como lo hizo la tradicional panadería San Antonio, en Lima, que reconvirtió su giro de negocio en una bodega.
"Si tenemos la propiedad de los locales, debemos pensar en cómo sacarles el máximo de rentabilidad que podamos. Si somos un restaurante, tendremos la mitad del aforo, pero podemos seguir cocinando para hacer delivery, pedidos especiales a las oficinas aledañas que se vayan reactivando. Se puede reconvertir al personal en repartidores, ya que no se necesitan tantos mozos o cocineros", anotó.
Refirió que esa crisis supone una oportunidad para replantear muchos negocios y maximizar la utilidad de los recursos. Por el momento, aconsejó dejar de lado cualquier emprendimiento que recién estuviese iniciándose o cuya rentabilidad sea a largo plazo.
Acotó que hay algunos negocios cuyo ciclo de pagos son a tres o seis meses desde la entrega del producto o servicio, para los cuales es primordial aprovechar el apoyo que brinda el gobierno como el Fondo de Apoyo Empresarial a las MYPE y los subsidios, a fin de darle un poco de estabilidad a las empresas.
Consejos
Sumó a los consejos señalados el buscar la eficiencia operativa, es decir, evitar desperdicios, mermas, las horas-hombre que no se necesitan o la maquinaria en desuso. Sobre lo último, indicó que esos son activos que - antes de su deterioro - es mejor "rematarlos" para pagar deudas y obtener dinero en efectivo que inyecte liquidez al negocio, sobre todo en este contexto en que los bancos son renuentes a otorgar créditos.
"Ningún accionista o gerente quiere despedir personal, llegar a cerrar su empresa. Debemos entender que el pago de las obligaciones permitirá que el resto haga lo mismo. Si yo no les pago a mis proveedores, ellos no le pagarán a su personal, a los bancos. Todos tenemos responsabilidad en la cadena de pagos. Para eso debo sincerar a mi empresa y saber cuánto puedo vender en el próximo trimestre y el otro año, en la medida de la reactivación económica", subrayó.
Finalmente, señaló que las empresas deben estar preparadas para recibir el efecto multiplicador positivo de las obras de la Reconstrucción Con Cambios y Arranca Perú, las cuales generarán necesidad de venta de menú, confección de uniformes, servicios de vigilancia, entre otros.
Tras una ligera caída en el 2018, la producción total de caña de azúcar en el Perú alcanzó las 10 millones 929 mil toneladas, lo cual constituye un hecho histórico, dado que después de 50 años la industria azucarera logró cubrir la demanda interna e incluso generar un excedente, según informó Carlos Castro Serón, gerente de la Asociación Peruana de Agorindustriales del Azúcar y Derivados del Perú - Perucaña, la cual agrupa a ocho empresas que concentran el 80 % de la producción de azúcar y el 90 % del alcohol.
"El Perú ha logrado poco más de 10 millones de toneladas de producción de caña de azúcar, lo cual ha significado que tengamos un millón 200 mil toneladas métricas de azúcar, propiamente. Eso es producto de un trabajo articulado de varios años, fruto de las inversiones privadas que han generado el dinamismo en el sector azucarero. Después de 50 años logramos que el Perú sea superavitario en la producción de azúcar, pues hay más de la que el consumo demanda. Esto nos posiciona de manera interesante como país y da señales de que cuando hay agenda pro país y el privado se pone las pilas las cosas se pueden obtener", resaltó.
Según la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas – DGESEP, del Ministerio de Agricultura, la producción de caña de azúcar supera a otros “commodities”, tales como la yuca, cebolla, maíz amiláceo, uva, páprika, alcachofa, entre otros.
No obstante, el consumo per cápita anual de azúcar en el Perú es de 38.2 kilogramos, cifra menor a la de otros países como Brasil (59.1), Chile (43.2), Uruguay (40.5) y Argentina (39.6).
Cosecha
Castro Serón subrayó que las inversiones privadas han permitido que las empresas azucareras lleguen a tener un rendimiento de hasta 154 toneladas métricas por hectárea de caña de azúcar. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO, por sus siglas en inglés, coloca al Perú como una de los países con mayor productividad: 125 toneladas métricas por hectárea.
Según cifras del Ministerio de Agricultura – MINAGRI, la superficie cosechada en los últimos años presentó ligeras variaciones: 84 mil 574 en el 2015, 87 mil 697 en el 2016, 77 mil 524 en el 2017, 84 mil 839 en el 2018 y 87 mil 95 el 2019.
El empresario azucarero refirió que el Perú cuenta con una ventaja comparativa nivel mundial, pues puede cosechar caña de azúcar durante todo el año, debido al buen clima del norte, donde La Libertad es el departamento privilegiado, pues concentra entre el 50 % y 60 % de la producción, seguido de Lima con la Agroindustrial Paramonga.
Derivados
Asimismo, refirió que en el último año las exportaciones de alcohol de caña de azúcar, que generan biocombustible, se incrementaron en un 57 %.
"La caña es un producto muy noble, de ella no solo se produce azúcar, sino alcohol para uso industrial y la cogeneración de energía. El alcohol que producimos es de segundo piso, sirve tanto para uso industrial como farmacéutico", resaltó.
Añadió que de la caña de azúcar también se obtiene el compostaje que se deriva e industrializa para luego ser utilizado como abono por toda la industria exportadora (arándanos, uvas, espárragos, paltas, etcétera).
A eso se suma que el bagazo de la caña de azúcar (residuo que queda después de la extracción) se utiliza para la cogeneración de energía, cuyo promedio anual es de 115 gigawats por hora.
Exportaciones
Por otro lado, destacó que el 89 % de las exportaciones de caña de azúcar tienen como destino los Estados Unidos, ya que debido al Tratado de Libre Comercio – TLC, el Perú tiene una cuota de acceso libre. En Latinoamérica, Colombia es uno de los países a donde también se exporta.
Según cifras de Agrodata Perú, las exportaciones por empresa crecieron exponencialmente el 2019, respecto al año anterior. Así, por ejemplo, Casa Grande exportó el 2018 azúcar de caña por 843 millones de dólares, mientras que el 2019 hizo lo mismo por 11 mil millones 479 mil. Le sigue Agrolmos con exportaciones por 350 millones de dólares el 2018 y 10 mil 654 millones el año pasado.
Por su parte, Agroindustrial Laredo exportó ocho mil 510 millones de azúcar de caña el año pasado, cifra superior a los mil 144 millones del 2018. En tanto, Cartavio hizo lo propio con siete mil 224 millones el año pasado, lo que significa un incremento de seis mil 699 millones a comparación del 2018. Finalmente, Agroindustrial Paramonga exportó por un monto de cuatro mil 195 millones de dólares el 2019, respecto a los 172 millones del 2018.
En total, la exportación de azúcar rubia fue de 45 mil millones 76 mil 330 dólares, siendo los meses más relevantes julio y noviembre, con 15 mil millones 595 mil 699 y 11 mil millones 824 mil 581, respectivamente.
Trabajadores
Según el último Censo Nacional Agropecuario, en el Perú hay 33 mil “cañicultores” que tienen menos de 50 hectáreas, los cuales se distribuyen entre Lambayeque, Piura y La Libertad. En conjunto concentran 50 mil hectáreas a nivel nacional.
"Tenemos mucha población que se dedica la producción de caña de azúcar y luego la vende a los ingenios. Es una realidad social que nos interesa como gremio, porque la cadena de valor no solo incluye a la producción de las empresas, sino la de los cañicultores que día a día le dan dinamismo al sector. Buscamos que existan reglas claras en el mercado, transparentes, que todos podamos promover la inversión para que el Perú aumente su producción", detalló.
Castro Serón indicó que a nivel nacional hay entre 40 mil a 50 mil trabajadores beneficiados directamente de la caña de azúcar, pero toda la cadena industrial alcanza, incluyendo a quienes reciben un impacto indirecto, a 494 mil personas.
"Todos nuestros trabajadores se encuentran dentro de marco legal, como régimen privado. Ahora en pandemia se han hecho importantes inversiones en cuanto a los protocolos de bioseguridad. Buscamos que en nuestros ingenios no solo se genere rentabilidad, sino valor social", anotó.
Además, el sector de la caña de azúcar contribuye al 3 % del PBI agropecuario.
Proyecciones
Pese a que el 2020 es un año marcado por la pandemia, Castro Serón manifestó que la producción de caña de azúcar se mantendrá similar a la del año pasado (entre un millón 200 mil toneladas métricas y un millón 300 mil), dado que el sector agroindustrial sí tuvo las facilidades legales para continuar operando.
"Las empresas azucareras han sido cautas. Paralizaron sus labores durante algunos días, ante la presencia de casos de Covid en su zona de influencia, pero el dinamismo del alcohol y el cambio en los patrones de consumo han ayudado a no tener un balance negativo. Si bien creemos que pudimos crecer más, por lo menos seguimos en la misma tendencia", aseguró.
Mientras que en casi todos los colegio del departamento se registran índices de deserción escolar, el Colegio de Alto Rendimiento - COAR Lambayeque, ha logrado que ninguno de sus alumnos deje de recibir la prestación del servicio educativo, según informó la directora de dicha institución, Mery Mocarro Aguilar, quien refirió que esto se debe al esfuerzo conjunto entre directivos, profesores, monitores, psicólogos y el Ministerio de Educación - MINEDU, como ente rector.
“En un inicio tuvimos muchas dificultades porque un gran porcentaje de nuestros estudiantes provienen de hogares cuya condición socioeconómica es de pobreza o extrema pobreza. Ellos no cuentan con un medio tecnológico suficiente. Si bien pueden tener un celular, este no reúne las prestaciones para acceder a las plataformas digitales. Hemos ido aprendiendo en el camino y mejorando poco a poco”, manifestó.
Mecánica
Mocarro Aguilar contó que para garantizar el servicio educativo se ha dividido a los estudiantes en dos grupos. El “Grupo 2”, donde están quienes sí tienen cuentan con un dispositivo tecnológico y pueden tener acceso la plataforma de Google “G Suite”, con la que trabaja el COAR, y el “Grupo 1”, donde están los alumnos que no cuentan con la tecnología necesaria para conectarse a las clases.
Destacó que para los estudiantes del Grupo 1 se gestionaron pases en la Prefectura, a fin de poder alcanzarles presencialmente los materiales educativos. Además, gracias a la ayuda de algunas instituciones privadas también se les pudo entregar algunas computadoras.
Asimismo, apuntó que desde la Dirección de Educación Básica para Estudiantes de Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento - DEBEDSAR, y la Dirección General de Servicios Educativos Especializados – DIGESE, se dispuso el préstamo de los ordenadores portátiles que los estudiantes usaban en el COAR.
Destacó que también se desarrolló todo un diseño metodológico para evaluar si el aprendizaje estaba siendo efectivo, que incluyó el soporte emocional a los estudiantes y padres de familia por parte de un grupo de monitores, a través de llamadas telefónicas.
"Hemos tenido permanentemente reuniones para plantear estrategias y una de estas ha sido fortalecer primero la parte emocional en los estudiantes con el apoyo de los psicólogos y monitores. Felizmente, los chicos son bastante resilientes y han podido superar los momentos complicados por los que han atravesado", aseguró.
En cuanto a lo académico, manifestó que han asegurado la retroalimentación, mediante la elaboración de horarios y el apoyo de los monitores, quienes han concientizado a los padres sobre su labor como guías, ahora que los chicos ya no reciben las clases en la residencia del COAR, sino en casa. El acompañamiento del monitor es de media hora por curso.
"Con los chicos que viven en Cañaris e Incahuasi hemos tenido que plantear estrategias para que lleguen los materiales educativos. Por ejemplo, hemos contactado al personal que reparte los servicios de primera necesidad para que lleven este material. Era mucho más cómodo resignarse a que el chico no pueda conectarse a Internet y decir que como docentes no podemos hacer nada más, pero cuando hay un trabajo colaborativo sí se puede llegar", anotó.
Estudiantes
Actualmente, el COAR Lambayeque cuenta con 300 estudiantes, los cuales se distribuyen en cien por grado (tercero, cuarto y quinto de secundaria).
Resaltó que seis egresados del COAR han obtenido becas en la Universidad de Córdoba (España), en lo que va de la pandemia y otros dos a la Universidad de Jaén, del mismo país. En total, son 14 chicos los que cursan sus estudios en universidades del exterior.
“Este modelo educativo rinde sus frutos, pues los chicos se desempeñan con mucho éxito en las universidades del extranjero y también en las de Lambayeque. Ellos destacan por su capacidad intelectual, su proactividad y lo solidarios que son”, resaltó.
Señaló que al finalizar este año se debería estar poniendo la primera piedra para la construcción del nuevo local del COAR, la cual será realizada por el Banco de Crédito, bajo la modalidad de obras por impuestos, con una inversión superior a los 61 millones de soles.
A la fecha la institución cuenta con 34 docentes, tres psicólogos y cuatro monitores de salud. Sumando a los auxiliares académicos de laboratorio, biblioteca y demás personal, se llega al total de 58 profesionales.
Para el decano del Colegio Médico del Perú – Consejo Regional VIII, Manuel Soria Alvarado, en Lambayeque hay dos realidades distintas respecto a la emergencia sanitaria por el Covid-19: la que grafica el presidente Martín Vizcarra y la que vive día a día el personal sanitario. Si bien es cierto, el número de casos positivos y fallecidos por el nuevo coronavirus han disminuido, en el departamento el déficit de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos – UCI, persiste y la demanda de pacientes graves siguen siendo mayor que la capacidad de respuesta en los nosocomios.
“Consideramos que es momento de decir basta, porque las autoridades no pueden seguir engañando con un doble discurso. El presidente señala por un lado que ya se han levantado muchas camas UCI en el país y que hay para todos, pero eso no aplica en Lambayeque. En los hospitales Luis Heysen, Almanzor Aguinaga y Regional, según sus propios directores, no hay disponibilidad de camas, porque tenemos pacientes graves que no solo son del departamento, sino que vienen de Amazonas y Cajamarca. El doble discurso desorienta a la población y nos da una falsa sensación de que todo ha terminado”, refirió.
Médicos intensivistas
Soria Alvarado advirtió que Lambayeque necesita por lo menos 15 médicos intensivistas distribuidos entre los hospitales Covid para la atención de pacientes críticos, pues no solo basta con que se implementen las camas UCI, sino que hace falta el personal sanitario que las opere. En virtud de ello, señaló que una de las demandas que tienen en su pliego de reglamos, el mismo que fue presentado en julio y ha sido desatendido, es que el gobierno no penalice la doble percepción de ingresos en la administración pública por parte de los galenos.
“El problema no son solo las camas UCI, sino quién maneja los ventiladores mecánicos. De los 25 médicos intensivistas que hay en los principales hospitales, la mayoría se ha contagiado por la carga viral a la que están sometidos constantemente. Necesitamos poner operativas las 25 camas UCI del Centro de Hospitalización Temporal de La Victoria, pero no tenemos los profesionales especialistas. Sin embargo, sí tenemos médicos trabajando en los hospitales que quieren apoyar por unas horas, pero para eso se necesita que el gobierno dé un dispositivo, que puede ser un decreto de urgencia, que libere la posibilidad de que puedan trabajar en ambos lugares con turnos diferenciados”, resaltó.
Asimismo, refirió que los galenos intensivistas “no se hacen de un día para otro”, sino que requieren de una formación complementaria que dura entre tres y cuatro años, por lo cual los médicos de otras especialidades están dispuestos a participar de un programa de capacitación en terapia y soporte de equipos ventilatorios, a fin de que – supervisados por un médico intensivista – puedan colaborar en las UCI y así incrementar la disponibilidad de camas.
Reclamos
Asimismo, hizo hincapié en que han pasado seis meses desde que inició la pandemia y hasta ahora sus demandas por mejores condiciones laborales no han sido escuchadas, por lo cual tanto los galenos del Ministerio de Salud - MINSA, agrupados en la Federación Médica, como los del Seguro Social de Salud - EsSalud, reunidos en el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú – SINAMSSOP, han iniciado una jornada de protestas a nivel nacional.
Dentro de sus reclamos está el que se cumpla con dotar de Equipos de Protección Personal - EPP, a todo el personal de salud y que, en Lambayeque, de los 182 establecimientos de salud, por lo menos 20 sean debidamente equipados, a fin de realizar cercos epidemiológicos locales con función territorial que permitan la participación de la comunidad como promotores de salud, organizados por el Comando Covid y la Gerencia Regional de Salud.
Además, solicitan que no haya más médicos bajo el régimen especial de Contrato Administrativo de Servicios – CAS, sino que todos pasen a los regímenes del Decreto Legislativo N° 728 o el N° 276. Todo esto en aras de que no existan diferencias entre el personal de salud que trabaja en el primer nivel de atención ni que tampoco haya retrasos en el pago de sus remuneraciones.
Del mismo modo, señaló que demandan el pago del bono Covid para todo el personal de salud, pues en Lambayeque menos del 10 % de los médicos, tanto del MINSA como de EsSalud, han recibido este incentivo.
“Las autoridades en Lima han manifestado que ya cumplieron con el pago del bono Covid, pero eso no ocurre en Lambayeque. En el caso de los compañeros del SINAMSSOP, ellos piden la renuncia o destitución de Fiorella Molinelli (presidente ejecutiva de EsSalud), pues ha demostrado un alto grado de insensibilidad y falta de competencia gerencial durante lo que va de esta pandemia. No es justo que venga solo a tomarse la foto. Como Colegio Médico estamos apoyando directamente estos justos reclamos, tanto de EsSalud como del MINSA”, aseguró.
En cuanto al MINSA, además del pago del bono Covid y el fortalecimiento del primer nivel de atención, las otras dos demandas son: el incremento del PBI del sector salud al 5 % y el reglamento de la ley que fortalece su rectoría en los departamentos.
Reactivación económica
Respecto a la ministra Salud, Pilar Mazzetti Soler, señaló que aún confían en ella, pero debe cambiar su actitud y no someterse a las directivas del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene prisa por acelerar la cuarta fase de la reactivación económica.
“Se debe priorizar la salud por encima de la reactivación económica. En España y Gran Bretaña se registran 50 mil nuevos casos de Covid-19 en un solo día como parte de la segunda ola de contagios. Aquí debemos ser claros porque la desinformación genera triunfalismos. Como Colegio Médico hemos advertido de un posible repunte de casos por tres factores: que muchos ciudadanos después de guardar una estricta cuarentena están saliendo a las calles, la cantidad de jóvenes irresponsables que persisten en reunirse en bares y cantinas, y por el inicio de la cuarta fase de la reactivación económica”, manifestó.
Afirmó que la postura del Colegio Médico es que el inicio de esta cuarta fase sea focalizada y no incluya la apertura total de la actividad productiva. Rechazó tajantemente que se abran en el corto plazo los bares, las discotecas, los casinos y gimnasios, y que, tanto colegios como universidades, tengan clases presenciales.
Médicos
Soria Alvarado refirió que, a nivel nacional, son un promedio de 200 los médicos fallecidos y más de mil 500 los contagiados a causa del Covid-19. En Lambayeque, precisó que se han infectado 275 médicos, de los cuales tres están hospitalizados, 40 permanecen en cuarentena y 20 no solo han sido dados de alta, sino que ya se están reintegrando a las labores en los hospitales.
No obstante, lamentó la muerte de cinco médicos lambayecanos: Ciro Sagástegui León, Marino Alarcón Solano, Beatriz Solías Rosas de Aita, Cristian Verona Vásquez y Ricardo Serrato Maza. Los dos últimos eran menores de 40 años.
“La lucha contra la pandemia no ha terminado. Están descendiendo los casos, pero en los hospitales aún tenemos pacientes graves. La gente tiene miedo de ir a los nosocomios y se está automedicando con sustancias que no deberían consumir como la Prednisona, que está proscrita en pacientes leves. Lamentablemente, cuando alcanzan el estado de gravedad ya es muy poco lo que podemos hacer, a lo que se suma que el paciente debe ingresar a una cola donde hay otros 10 delante suyo esperando por una cama. Es el momento que todos pongamos nuestro esfuerzo para derrotar esta pandemia, cumpliendo las tres reglas de oro: guardar el distanciamiento de dos metros, usar la mascarilla y la careta facial, y lavarse las manos con agua, jabón y desinfectarse con alcohol”, exhortó.
A través del Decreto Supremo N° 143-2020-PCM, del 26 de agosto pasado, el gobierno declaró al distrito de Pacora en estado de emergencia por 60 días, debido al impacto generado por la contaminación del agua para consumo humano con metales pesados. Sin embargo, más de un mes después, son pocas las acciones que se habrían tomado para mitigar esta situación, motivo por el cual el alcalde Virgilio Vidal Arboleda solicitó la ampliación del régimen de excepción.
Además de la zona urbana, en el decreto también se incluyó a los caseríos Pueblo Viejo, Puente Machuca, La Victoria y Las Juntas Altas y Bajas, en virtud del Informe Técnico Nº 00101-2020-INDECI/11.0, del 18 de agosto, elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI.
Vidal Arboleda afirmó que los 60 días de emergencia son insuficientes, pues pasado un mes no hay resultados concretos de la acción conjunta entre los ministerios de Vivienda, Agricultura, Salud y Ambiente, junto al Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER, e INDECI.
"Estamos pidiendo que se amplíe el estado de emergencia para que se tomen acciones que a futuro busquen una solución definitiva. Para ello, necesitamos que el Ministerio de Salud – MINSA, presente un plan de acción que sustente nuestro pedido", precisó.
Señaló que, por lo pronto, el Ministerio de Vivienda apoya al distrito con una cisterna para llevar agua de calidad a los caseríos declarados en emergencia, mientras que con la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, hay un convenio firmado para que se instale un punto de abastecimiento de agua para dotar del recurso hídrico a dichos sectores.
Sin embargo, el MINSA aún no ha manifestado cuál será su intervención en los niños y las familias en general que ya tienen arsénico en el cuerpo. "Pido al MINSA que monitoreé a los pobladores de Pacora para saber los efectos reales de la contaminación del agua", demandó.
Problemática
Vidal Arboleda señaló que Pacora cuenta con dos pozos tubulares: el N° 1, con más de 40 años de antigüedad, y el N° 2, que es el más reciente. El año pasado EPSEL instaló un filtro removedor de arsénico en el Pozo N° 1, cuyo caudal es de apenas 10 litros por segundo, con lo cual - si bien el agua que llega a los domicilios proveniente de dicho pozo es óptima para el consumo humano - la presión es deficiente.
"Es el momento que EPSEL tome acciones correctivas y compre otro filtro para el Pozo N° 2. Así mejoraríamos la presión de agua. Hemos hecho el pedido al Ministerio de Vivienda y estamos a la espera de una respuesta", indicó.
Asimismo, precisó que otra alternativa es la instalación de filtros domiciliarios como se ha hecho en Mórrope. Cada uno de estos tiene un costo aproximado de mil 200 soles y, de instalarse, se beneficiarían alrededor de 500 familias en la zona rural.
Sin embargo, mencionó que la solución definitiva al problema de la contaminación del agua en Pacora pasa por la excavación de pozos más profundos. Para ello, señaló que el Gobierno Regional de Lambayeque, a través del Proyecto Especial Olmos Tinajones, ha hecho ya dos sondajes, cuyos resultados aún no se conocen.
"¿Por qué Jayanca, que está a cuatro kilómetros, e Íllimo, que está a cinco, sí cuentan con agua óptima para el consumo humano y Pacora no? Algún geólogo tendría que determinar qué pasa con los acuíferos", cuestionó.
Proyectos
Por otro lado, mencionó que, después de 12 años de gestión, la Gerencia Regional de Salud ha puesto a disposición de Pacora una ambulancia, aunque aún se está gestionando la contratación de un chofer para que la conduzca. Asimismo, que el Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, disminuyó de 160 mil soles a 90 mil.
En tanto, detalló que la Autoridad para la Reconstrucción Cambios – ARCC, tiene una obra en Pacora, la cual consiste en el mejoramiento de una trocha carrozable en los caseríos Las Juntas, Luren y Santa Isabel, cuya inversión es de un millón 800 mil soles y abarcará 7.8 kilómetros de camino. Actualmente, se encuentra en la etapa de expresión de interés.
Desde el 30 de julio, la oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, en Chiclayo, abrió nuevamente sus puertas al público, aunque esta vez sobre la base de una nueva normalidad, en la cual las típicas colas que se formaban en su exterior ya no tienen cabida y la atención se prioriza por citas, según informó Pedro Merino León, jefe zonal de la institución.
Merino León señaló que - antes de la pandemia - en la oficina de Chiclayo se atendía a un promedio de 900 trámites al día, cifra que se ha reducido a 400, debido a las condiciones de aforo y distanciamiento social. Por lo pronto, en todas las oficinas del departamento el horario de atención es en dos turnos: de 7:45 de la mañana a 12:15 de la tarde y de 1:15 a 5:45 de la tarde.
“Todos los trámites se realizan a través del sistema de citas, pues no podemos tener colas afuera de las oficinas, sobre todo porque la principal está en el centro histórico de Chiclayo, donde ya tenemos de vecinos a los bancos, mutuales y cajas rurales. Al inicio, esta nueva realidad trajo la renuencia del público, pero actualmente ya se ha socializado la nueva mecánica de atención y las citas han incrementado”, aseguró.
Actualmente, el RENIEC cuenta con 64 servidores distribuidos entre la oficina principal de la Avenida José Balta, en Chiclayo; la de José Leonardo Ortiz, Lambayeque y Ferreñafe, además de las cuatro auxiliares de los hospitales Belén, Almanzor Aguinaga Asenjo, Regional y Docente Las Mercedes. De estos, los que están laborando de forma presencial son 21, quienes cada 15 días pasan por pruebas de descarte del Covid-19.
Trámites
Por otro lado, Merino León explicó que si un ciudadano pierde su Documento Nacional de Identidad – DNI, y este ha ya había caducado, deberá acercarse a las oficinas del RENIEC en Chiclayo o José Leonardo Ortiz para tramitarlo, pero si este aún no caduca, puede hacer las gestiones en la plataforma virtual del RENIEC y, con el pago de la tarifa (21 soles), obtener el duplicado. Este último proceso tarda entre 10 a 15 días, tiempo después del cual el solicitante deberá ir con su comprobante de pago a las oficinas antes citadas para recoger el DNI, sin necesidad de una cita previa.
Asimismo, precisó que - antes de la pandemia - los trámites más recurrentes eran las inscripciones de divorcio y defunción, pero ahora que las oficinas auxiliares de los hospitales ya no están laborando, el más habitual es el registro de partidas de nacimiento, dentro de los cuales hay mayor incidencia en los realizados por ciudadanos extranjeros, cuyos hijos nacen en el Perú. Diariamente, se atienden entre ocho a 12 de estas solicitudes.
En tanto, aseguró que los casos de suplantación de identidad se han vuelto muy escasos, siendo uno de los últimos el de Juan Carlos Espinoza Mercado, ciudadano ecuatoriano que se hizo pasar como peruano bajo el nombre de “Max Barrios” para jugar por la selección peruana sub 20 en el sudamericano de la categoría que se realizó en el 2013.
Sobre el DNI electrónico, señaló que estos trámites se suspendieron en marzo, pero ya desde el 30 de julio se han reanudado. En la oficina de RENIEC se le toma la foto a los solicitantes y se captura su huella digital con el lector biométrico.
En cuanto al certificado de homonimia, destacó que esos temas administrativos ya no los ve el RENIEC, sino directamente el Poder Judicial.
Elecciones
Por otro lado, indicó que hay alrededor de 982 mil ciudadanos aptos en Lambayeque para participar del próximo proceso electoral, de los cuales más de la mitad son mujeres. La mayor cantidad de electores se ubica en la provincia de Chiclayo, particularmente en el distrito de José Leonardo Ortiz.
Refirió que el padrón electoral debería depurarse, por norma, en los meses previos a las elecciones. Sin embargo, en la práctica este se actualiza todos los días conforme se realizan los trámites de inscripción de recién nacidos, rectificación de estado civil, cambio de domicilio, defunciones, etcétera.
Explicó que en esa labor ayuda el que las municipalidades tengan integrado el sistema de RENIEC, pues de las 38 en Lambayeque, 32 ya cuentan con este, lo cual permite que en tiempo real los servidores del RENIEC de otras partes del Perú puedan conocer las partidas que se registran.
No obstante, a nivel nacional solo el 35 % de municipios cuenta con el sistema integrado del RENIEC.
“Se puede registrar, por ejemplo, un nacimiento en la Municipalidad Distrital de Cayaltí y los compañeros del RENIEC en Lima pueden visualizar esa partida. Si tengo un familiar en capital y debo presentarme a un trabajo, puedo solicitar mi partida allá. Antes eso no se podía, uno tenía que viajar o enviar a una persona a que le saque los documentos”, anotó.
Complicada se torna la situación en el Gobierno Regional de Lambayeque y sus dependencias por las deficiencias que existen para la ejecución de presupuesto 2020. A ello se suma la lentitud en la ejecución de los recursos asignados para la emergencia sanitaria por el Covid-19, lo que pone en peligro más de 70 millones de soles. Si en 90 días no se gastan, el dinero regresará al erario nacional.
“La preocupación que nosotros tenemos es por la ejecución del gasto y los proyectos que se vienen desarrollando. Lamentablemente, desde el año pasado se ha podido ver la poca ejecución de los recursos que se le asignan al Gobierno Regional de Lambayeque. Hay obras heredadas de la gestión pasada y que hasta el momento no han sido concluidas. Seguimos arrastrando el problema, a lo que se suman diversas irregularidades”, menciona Antonio Sánchez Chacón, consejero regional.
Recursos transferidos
El presupuesto ordinario del Gobierno Regional de Lambayeque para este año asciende a mil 479 millones 894 mil 568 soles, de los cuales al 30 de septiembre ha ejecutado el 63.3 %, lo que representa poco más de 900 millones de soles.
Este monto global, incluye los pagos que el Estado, a través del gobierno regional, realiza a la concesionaria del Proyecto Olmos, pero además los sueldos del sector público como Salud y Educación.
Sin embargo, en el análisis del presupuesto de inversiones, es decir, lo destinado para obras públicas, se evidencia una notable falta de capacidad de gasto, pues el monto total asciende a poco más de 87 millones de soles solo en la Sede Central del Gobierno Regional de Lambayeque y a fines del tercer trimestre del año se ha ejecutado solo 18 millones.
Del presupuesto total por unidades ejecutoras, la Sede Central tiene 128 millones 607 mil 772 soles, de los cuales ha gastado, al 30 de septiembre, el 30.6 %. El Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, el 65.3 % de 201 millones 80 mil 752 soles; la Gerencia Regional de Agricultura el 43 % de 51 millones 618 mil 355 soles, y la Gerencia Regional de Transportes 37.1 % de 12 millones 804 mil 796 soles.
Otras unidades ejecutoras son: Colegio Militar Elías Aguirre (44.5 %), Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo (72 %), UGEL Lambayeque (70 %), UGEL Ferreñafe (69.9 %), Gerencia Regional de Educación (64.9 %), Gerencia Regional de Salud (63 %), Hospital Regional (61.4 %), Hospital Las Mercedes (65.5 %), Hospital Belén (62 %).
“El Ministerio de Economía y Finanzas ya lo anunció: no habrá continuidad del gasto, de tal manera que si el presupuesto no se compromete en su totalidad al 31 de diciembre, parte del dinero se va a revertir. El año pasado se pudo hacer la continuidad y de esa manera se recuperó cerca de 40 millones de soles, pero este año no se podrá hacer ello. Ese es un grave inconveniente para el gobierno regional. Lógicamente, el Ministerio de Economía lo que busca es recoger los saldos presupuestales para paliar la crisis generada por el Covid-19”, manifiesta.
Obras educativas
Sánchez Chacón refiere que Contraloría ha identificado irregularidades en la contratación de obras a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque, lo que complica aún más lo referido a la ejecución presupuestal.
“Contraloría ha advertido la presentación de una serie de líneas de créditos falsas en procesos de contratación para la ejecución de instituciones educativas, obras que se verán directamente afectadas porque se entiende que las licitaciones tienen que anularse. Hay otros indicios de irregularidades que lamentablemente afectan a la ejecución de los proyectos presupuestados para este año”, menciona Sánchez Chacón.
Las líneas de crédito fueron presentadas en los procesos para la construcción de colegios por diez millones de soles. Uno de los colegios es el ubicado en Atumpampa y otro en Marayhuaca, cuyos expedientes técnicos fueron elaborados por la gestión anterior. En ambos centros educativos la inversión asciende a cuatro millones de soles.
“Que en septiembre se caigan procesos de contratación es preocupante, porque implicaría retrotraer y convocarlo nuevamente. Los expedientes ya estaban, la gestión tenía que hacer las convocatorias y la contratación y ahí es donde se ha identificado las irregularidades según el Informe N° 031-2020 del Órgano de Control Institucional – OCI”, manifiesta.
Otras obras comprometidas son colegios en Quemazón y Las Delicias, por más de seis millones de soles.
El Informe de Orientación de Oficio N° 031-2020-OCI/5343-SOO, “Verificación de cartas de línea de crédito presentadas por ganadores de buena pro en procedimientos de selección para la contratación de obras del Gobierno Regional de Lambayeque”, advierte que “la entidad otorgó la buena pro en tres procedimientos de selección a consorcios cuyo integrante en común, presentó cartas de línea de crédito presuntamente falsificadas, generando el riesgo de contratar empresas sin el respaldo económico suficiente para atender sus obligaciones contractuales y afectando la legalidad con que deben regirse las actividades de la gestión pública”.
“Si se suma que son 10 millones de soles que se caen con la poca ejecución que se tiene del presupuesto de obras, la situación se torna más crítica. Solo en el presupuesto de inversiones de la Sede Central hay más de 40 millones de soles que no se podrían comprometer”, manifiesta.
Para proyectos de inversión, la Gerencia Regional de Agricultura tiene 31 millones 299 mil soles, de los cuales ha ejecutado (al 30 de septiembre), el 31.2 %.
Presupuesto covid
Situación similar es la que se presenta con el presupuesto extraordinario asignado al Gobierno Regional de Lambayeque para enfrentar la emergencia sanitaria por el Covid-19.
El Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, aprobó la transferencia de 63 millones 496 mil 598 soles, de los cuales han sido ejecutados 28 millones 85 mil 490 soles, el 58.3 %.
Del presupuesto Covid-19, la mayor cantidad se concentra en la Gerencia Regional de Salud, con 36 millones 525 mil 717 soles, de los cuales se ha ejecutado el 68.1 %; seguido del Hospital Regional de Lambayeque, con 18 millones 506 mil 556 soles, habiéndose gastado el 42.3 %.
El Hospital Regional de Lambayeque tiene cuatro millones 377 mil soles para adquisición de una planta generadora de oxígeno medicinal y la construcción de una central de oxígeno, partida de la cual solo se ha girado cinco mil soles.
“En la ejecución del presupuesto Covid-19 estamos en los últimos cinco lugares a nivel nacional. Viendo lo que está sucediendo en otros países con la segunda ola de contagios, no podemos bajar la guardia y confiarnos al extremo de dejar de gastar lo presupuestado. Si se deja de gastar este presupuesto también revertirá al erario nacional, lo que sumado al dinero de presupuesto de inversiones suma más de 70 millones de soles que en estos momentos están en riesgo. Quedan 90 días para que la administración regional pueda comprometer los recursos y esperamos que así sea”, enfatiza el consejero.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Jorge Arteaga Vera, conversó con en exclusiva con Expresión sobre el trabajo realizado por el Ministerio Público en el marco de la emergencia sanitaria, los resultados alcanzados y principales obstáculos que existen para el desarrollo del trabajo fiscal, así como las estrategias implementadas para garantizar la seguridad del personal frente al Covid-19.
¿Cuál es la situación de la carga procesal hasta este momento, considerando el impacto que ha tenido la emergencia sanitaria sobre la administración de justicia?
La emergencia sanitaria y el estado de emergencia decretado por el gobierno ha tenido un alto impacto en la carga procesal, al haberse producido durante varios meses una paralización del sector público y privado, pues a la fecha tenemos 28 mil 500 casos ingresados, mientras que a setiembre del año pasado teníamos 54 mil denuncias; es decir, se redujo la carga procesal.
En dichos meses de cuarentena, aumentaron los casos por ilícitos de violación de medidas sanitarias, que progresivamente viene siendo remitida por la policía a los diferentes despachos.
En cuanto a las lesiones y agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, la fiscalía especializada de Chiclayo registra tres mil 300 casos y en José Leonardo Ortiz mil 250 denuncias en lo que va del año.
Durante la cuarentena nuestra labor se realizó a través de los fiscales de turno y participaron muy activamente las fiscalías de Prevención del Delito en una serie de intervenciones y operativos diarios, en salvaguarda de la salud de la comunidad en un trabajo coordinado con la Policía Nacional, municipalidades y la Gerencia Regional de Salud - GERESA.
De igual forma la Fiscalía Anticorrupción realizó labores de prevención y atendió muchas denuncias relacionadas con la entrega de canastas, con el apoyo de la Contraloría y otras entidades públicas.
¿Cuántas sentencias condenatorias ha logrado el Ministerio Público en lo que va de la emergencia sanitaria y cuáles han sido los delitos más recurrentes?
En cuanto a sentencias, el Ministerio Público ha logrado mil 576 sentencias condenatorias en el período de enero a agosto del presente año, siendo el mayor número a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, de los cuales 461 son por lesiones.
Le siguen los delitos contra la familia, en lo que respecta a omisión a la asistencia familiar con 412 condenas; 256 condenas por delitos contra el patrimonio, 172 contra la seguridad pública; 65 por delitos ambientales; 43 contra la administración pública; 62 contra la libertad; 50 contra la libertad sexual, entre otros. Respecto a casos concluidos con sentencias condenatorias se tienen mil 399 y 151 con sentencias absolutorias.
En cuanto a casos concluidos por vías alternativas se lograron 344 casos, de los cuales 267 corresponden a 77 acuerdos reparatorios y 267 principios de oportunidad. Además, en procesos simplificados se obtuvieron 44 casos con terminaciones anticipadas y 130 con proceso inmediato.
¿Cuál es la situación del personal fiscal y del Instituto de Medicina Legal en Lambayeque respecto a contagios de Covid-19?
Este año se han realizado un total de 674 pruebas rápidas al personal fiscal, administrativo y médico legal para preservar su salud y la de sus familias. A la fecha no existen casos complicados, solo cuatro casos leves, a quienes se les viene monitoreando el estado de su salud.
¿Qué medidas ha implementado la presidencia de la Junta de Fiscales para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores del Ministerio Público?
Las principales medidas adoptadas en este Distrito Fiscal son la contratación de un médico y enfermera ocupacional de manera permanente, y es el trabajo interdiario del personal, que va de lunes a sábado, y además con horarios de ingreso y salida escalonados para evitar aglomeraciones, salvo las mesas de partes donde se labora diariamente. También se han instalado y adecuado módulos de atención para garantizar el distanciamiento entre los usuarios y el mismo personal en las diferentes sedes fiscales.
Asimismo, se han adecuado ambientes para evitar el ingreso a oficinas para prevenir posibles contagios, en tanto el personal de limpieza cumple los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud y la institución y periódicamente se realizan labores de desinfección y fumigación.
Ello va de la mano con la modernización progresiva del parque informático, con la compra de computadoras e impresoras multifuncionales.
¿Cuántas investigaciones se han iniciado por presuntos hechos de corrupción ocurridos en la emergencia sanitaria?
Desde que se inició la emergencia, el 16 de marzo, y habiendo el Ejecutivo dispuesto la entrega de canasta de alimentos a las familias más necesitadas, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios procedió a realizar acciones exhortativas en los diferentes municipios a alcaldes y funcionarios de los distritos de la región Lambayeque y el ámbito del distrito fiscal respecto al proceso de adquisición y reparto de víveres.
Como resultado de ello registramos 126 denuncias por los delitos de peculado, cohecho, colusión agravada, negociación incompatible entre otros delitos, en presunto perjuicio de las municipalidades como José Leonardo Ortiz, Zaña, San José, Pucalá, Motupe, Cañaris, San Felipe, Olmos, Salas, Puerto Eten, Pátapo, Pomalca, Santa Rosa, Cutervo, Pueblo Nuevo, Lambayeque, Cayaltí, Pacora, entre otras.
También existen investigaciones en la institución educativa “Señor de los Milagros”, de Mórrope, Gerencia Regional de Salud, Segunda Macro Región Policial, la Unidad Ejecutora de EsSalud, la Dirección Regional de Salud- DIRESA Cajamarca, Hospital Luis Heysen, caserío Ambato – Santa Cruz, Hospital Referencial de Tumán, SUTRAN, SUNAT, entre otras instituciones agraviadas.
Asimismo, se solicitó la detención preliminar para investigados en la adquisición de implementos de bioseguridad en la Unidad Ejecutora n° 28 de la Policía Nacional.
¿Qué dificultades tiene actualmente el Ministerio Público para el ejercicio de sus labores investigativas dadas las circunstancias?
El principal problema que afronta el Ministerio Público es el desfase tecnológico, que se viene tratando de reducir con la adquisición de computadoras e impresoras para facilitar el trabajo en los diferentes despachos fiscales. Durante esta gestión se ha logrado que el cien por ciento de los fiscales que realizan labor presencial cuente con máquinas modernas. En esta segunda etapa se continúa con el personal administrativo. Otra dificultad es que algunos peritos se encuentran en el grupo de riesgo, lo que impide una atención en algunas sedes fiscales y los justiciables sean atendidos en una sede distinta. También es una limitación el hecho que los usuarios carezcan de la tecnología necesaria para enlazarse, rendir sus declaraciones y participar en las actuaciones y diligencias judiciales.
Pero así como hay limitaciones, también hay aspectos positivos para los justiciables. La población ahora puede presentar sus denuncias en forma virtual desde su domicilio u oficina. Se usan la Internet y las redes sociales y toda la tecnología que está al alcance de todos. Pueden tener acceso al estado de sus casos de la misma manera, evitando salir a la calle y contagiarse en el transporte público.
