Luego de que el Tribunal de Contrataciones del Estado – TCE, decidiera revocar el otorgamiento de la buena pro de supervisión al Consorcio Saneamiento del Norte, la Empresa de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, a través del Comité de Selección, convocó el 30 de octubre - por segunda vez - el proceso denominado: Concurso Público N° 01-2018-EPSEL.SA, con la finalidad de contratar el servicio de supervisión de la obra “Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los pueblos jóvenes Villa Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Priale II”, cuyo monto de inversión supera los 53 millones de soles.
El procedimiento, convocado primigeniamente el 24 de julio de este año para la contratación del servicio de supervisión de dicha obra, fue declarado nulo de oficio mediante la Resolución N° 1975-2018, de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado – TCE, de fecha 19 de octubre del año en curso.
Con su resolución, el colegiado dictaminó que el proceso sea retrotraído a la etapa de reformulación de las bases, ajustándose estas a los parámetros normativos establecidos de las contrataciones públicas, todo ello a pesar que ya se había otorgado la buena pro al Consorcio Saneamiento Norte, decisión que tuvo como punto de partida el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor Asís, el cual sirvió para que el TCE en el proceso mismo advirtiera ciertos vicios insubsanables contenidos en las bases integradas, que derivaron en la toma de la decisión referenciada, la misma que siendo jurisprudencial resulta ser de cumplimiento obligatorio por parte de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque.
IMPLICANCIAS
En este contexto, en la oportunidad que Expresión hizo pública esta ocurrencia, el especialista en contrataciones del Estado Jorge Chávez Pita dio su punto de vista respecto a los fundamentos de la resolución aludida y las consecuencias que podrían derivarse de la parte resolutiva de la misma, fundamentalmente en lo referido a la demora tanto en la convocatoria de un nuevo proceso y el cumplimiento de las etapas que este implica, como en el inicio en la ejecución de los trabajos, ya que según manifestó en ese entonces la obra no podía iniciarse en cuanto el servicio de control no debiera ser contratado adecuadamente.
“En esta oportunidad se espera que todas las etapas del procedimiento se cumplan en los plazos previstos y que este no sufra dilación alguna, ya que de acuerdo al cronograma del proceso la presentación de consultas y observaciones está programada hasta el 15 de este mes, debiendo integrarse las bases el día 21 del presente mes, esto es si alguno de los participantes no solicita la elevación al OSCE del pliego absolutorio, lo cual, de no ser así, la adjudicación de la buena pro podría realizarse en la fecha programada; es decir el 7 de diciembre próximo y bajo estas condiciones, al cierre del presente ejercicio fiscal, se haya suscrito el contrato respectivo e iniciar el proceso constrictivo del proyecto y de esta manera, previo a los desembolsos que deben ser realizados antes del cierre del año, el presupuesto no pierda su continuidad y, por ende, no sea revertido al erario nacional, como así lo establece la normatividad al respecto”, explica el especialista
Al cierre de edición, de acuerdo a la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, la buena pro otorgada al Consorcio Progreso para la ejecución de la obra se encuentra consentida desde el 22 de octubre, no visualizándose en el mismo, a la fecha, el contrato que debería ya haber sido suscrito con el contratista de acuerdo a los plazos previstos para este fin.
CAUSAS DE LA NULIDAD
Cuando declaró la nulidad del primer proceso para la supervisión de la obra, el TCE concluyó que las bases no fueron lo suficientemente claras, objetivas y precisas en relación a las pautas que debían ser consideradas para el desarrollo de la metodología propuesta, lo que tuvo directa incidencia en la forma en la que los postores interpretaron las pautas, originando que dos de las tres ofertas sean descalificadas por el comité “con criterios subjetivos tales como falta de consistencia y coherencia”.
“Se aprecia que el comité de selección incurrió en un vicio de nulidad al transgredir la normativa en contrataciones del Estado, pues elaboró las bases contraviniendo lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley, al no establecer reglas claras y transparentes que puedan ser cumplidas por los postores, induciendo, por el contrario a confusión a éstos”, afirmó el tribunal.
Añadió que se puso advertir que las bases contenían especificaciones técnicas ambiguas e imprecisas, sujetas a diferentes posibles interpretaciones, introduciendo la posibilidad que el comité evaluador decida discrecionalmente el criterio a emplear, en clara contravención a los Principios de Transparencia, de Libertad de Concurrencia y de Eficacia y Eficiencia.
En la Edición 1087 de Expresión se dio cuenta de las presuntas irregularidades presentadas en la Licitación Pública N° 02-2018-GR.LAMB, convocada por el Gobierno Regional de Lambayeque para la ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio Policial de Prevención, Investigación de hechos de Violencia Familiar y Protección de la Familia en la Región Lambayeque”, cuyo monto de inversión supera los 10 millones de soles, debido a la admisión de dos propuestas que aparentemente no cumplían con los requisitos por carecer de capacidad para contratación, tal como lo afirmó uno de los integrantes del Comité de Selección.
Ante el informe, la constructora ICM Ingeniería Civil Montajes S.A., a través de su director gerente Rodolfo Dávila Ugaz, ha cursado una carta notarial a la dirección de este medio, señalando que con la información propalada se le atribuyen “situaciones y conductas difamatorias”, por lo que de no atender su pedido de rectificación advierte el inicio de acciones legales y civiles.
LA LICITACIÓN
El ingeniero José de La Rosa Barba Maique, integrante del Comité de Selección, fue quien dejó constancia textual en el acta del proceso de su posición discrepante respecto a la admisión de las ofertas presentadas por dos postores, cuya precio propuesto para la obra era inferior hasta en 30 % del valor referencial. Dichos postores eran las empresas: ACP Obras y Proyectos E.I.R.L. y Qurmaq S.A.C., quienes de acuerdo al Registro Nacional de Proveedores tenían una capacidad de contratación menor al valor referencial del proyecto.
La presentación de ofertas se realizó el 16 de octubre pasado.
El asunto en cuestión es que los otros dos integrantes del Comité de Selección (William Jave Sánchez y Julio Benítez Chero), consideraron los precios ofertados por las empresas mencionadas, a pesar de no contar estas con capacidad de contratación, estableciendo un promedio que arrojó un orden de prelación entre los postores, resultando ganadora de la buena pro la empresa ICM S.A., al obtener 100 puntos de calificación y, por ende, la buena pro con una oferta de nueve millones 653 mil 492.59 soles.
SUPUESTA DISCRIMINACIÓN
En su carta notarial, el director gerente de la constructora señala que Expresión busca relacionar a su representada “de manera forzada y falaz con las empresas Qurmaq S.A.C. y ACP Obras y Proyectos E.I.R.L”, añadiendo que haber informado que dichas empresas carecían de capacidad de contratación resulta un acto discriminatorio y lesivo” tanto para su compañía como para las también mencionadas.
Dice Dávila Ugaz que Expresión “pretende limitar el derecho constitucional de las citadas empresas a contratar con el Estado y a participar de licitaciones públicas”, indicando además que conforme a la página del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, “estas empresas se encuentran sin ninguna limitación para contratar con el Estado”.
Empero, el funcionario de ICM atribuye a este medio de comunicación un acto discriminatorio inexistente, pues en ningún extremo del informe publicado se dice que dichas empresas están impedidas para contratar con el Estado. Únicamente se informa que para efectos del proceso de selección en mención carecían de capacidad de contratación, conforme se desprende de la información contenida en el portal del OSCE.
En el caso de la empresa Qurmaq S.A.C, la “Constancia de inscripción para ser participante, postor y contratista”, señala textualmente que su capacidad máxima de contratación, al 30 de octubre de este año, era de dos millones 244 mil 126.26 soles desde el 23 de agosto pasado.
Como se ha indicado, el acto de presentación de ofertas se realizó el 16 de octubre.
Respecto a la empresa ACP Obras y Proyectos E.I.R.L., la “Constancia de inscripción para ser participante, postor y contratista”, obtenida del portal del OSCE también el 30 de octubre, señala que su capacidad máxima de contratación era de cinco millones 760 mil 479 soles.
En consecuencia, Dávila Ugaz imputa a la dirección de Expresión un hecho falso.
EL PROMEDIO
¿La inclusión de las ofertas de Qurmaq S.A.C. y ACP Obras y Proyectos E.I.R.L. pudo alterar el promedio y así permitir que ICM obtenga el mayor puntaje? En nuestra opinión sí.
Producto de la sumatoria de los precios ofertados por 32 postores, donde el Comité de Selección incluyó las dos ofertas de los participantes cuestionados, en este caso la empresa ACP Obras y Proyectos E.I.R.L., quien propuso siete millones 788 mil 326.92 soles, y Qurmaq S.A.C., cuyo precio propuesto fue de siete millones 763 mil 121.98 soles, más el valor referencial, se estableció como promedio, incluyendo el IGV el, monto de nueve millones 576 mil 185.76 soles, el cual resultó siendo el valor más cercano al precio ofertado por ICM, en este caso, nueve 653 mil 492.59 soles, ocupado bajo esta condición el primer lugar en el orden de prelación.
Sin embargo, si de acuerdo a la oposición de uno de los miembros del Comité de Selección y la confirmación por parte de los dos miembros restantes de que los dos postores en cuestión no hubieran sido admitidos, el resultado del cálculo matemático para establecer el promedio hubiera sido nueve millones 727 mil 61.74 soles, importe que resulta muy cercano al precio propuesto por el Consorcio Lambayeque (nueve millones 720 mil 33.64 soles), al que se le hubiera permitido obtener 100 puntos y, por ende, adjudicarse la buena pro, ocupando el segundo lugar el Consorcio Mazinger, cuyo precio propuesto fue de nueve millones 780 mil 525.60 soles. ICM hubiera quedado en tercer lugar.
Con tu estilo altisonante, hace poco más de dos años, el alcalde provincial David Cornejo Chinguel anunció la reformulación del equipo que asumiría la formulación del Plan de Desarrollo Metropolitano de Chiclayo, fundamental para la organización de la zona urbana en el futuro. Transcurrido el tiempo, hasta el momento no se tiene listo el documento y lo único que ha quedado demostrado es el incumplimiento de parte de la comuna en los compromisos que asumió con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a fin de concretar tan importante herramienta técnica.
Cornejo Chinguel, fiel a su estilo, le dijo adiós al primer equipo que había asumido la tarea bajo el liderazgo del arquitecto Rodolfo Arbulú Chereque.
La formulación del Plan de Desarrollo Metropolitano se dio como respuesta a las limitaciones del Plan de Desarrollo Urbano de Chiclayo 2010-2015.
A los cuatro meses de iniciada la administración Cornejo, se emitió el Acuerdo Municipal 024-2015-MPCH/A, que aprobaba el Convenio N° 117-2015, del 22 de abril del 2015, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a fin que se logre la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano.
EL CONVENIO
La cláusula cuarta del convenio establecía que el ministerio brindaría asesoría y asistencia técnica a la municipalidad para la elaboración y supervisión del plan, “cuya concepción, contenido, objetivos, costo, modalidades de ejecución, requerimientos, plazo y alcances metodológicos a ser empleados” quedaban establecidos en dicho documento y habían sido elaborados por la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo y aprobados por la comuna.
Vivienda se comprometió a la contratación de un jefe de equipo técnico especializado en planificación urbana para que realice las labores de coordinación general del estudio. Dicho coordinador fue ArbulúChereque, quien recibió el pago de nueve mil soles mensuales.
En tanto, el municipio se comprometió a la contratación del personal que conformaría el equipo técnico, a proporcionar la información necesaria y a habilitar un ambiente para que los profesionales desarrollen sus labores.
La vigencia del convenio se estableció por dos años.
EL EQUIPO
Según se sabe, como coordinador, Arbulú Chereque se encargó de proponer a la municipalidad la nómina de profesionales que podía contratar para acompañarlo en el proceso del Plan de Desarrollo Metropolitano.
Así, fueron contratados los arquitectos Lilian Díaz Castillo, Melva Morón Fernández, Sylvia Herrera Wester, José García Mayanca y José Marín Llaguento, la economista Martha López Zamora y el sociólogo Percy Espinoza Gonzales.
El equipo se conformó con un planificador urbano asistente, con un sueldo de siete mil soles mensuales; un planificador urbano asistente (siete mil soles mensuales), un economista planificador (siete mil soles mensuales), un especialista ambiental y de riesgos (siete mil soles mensuales), un planificador social (siete mil soles mensuales), un especialista en GIS (cinco mil soles mensuales) y un especialista en Autocad – 3D (cinco mil soles mensuales). El asistente técnico y el secretario serían personal destacado de la comuna. En total, el equipo técnico representó la asignación de 45 mil soles mensuales en promedio, porque hubo meses en los que el presupuesto fue de 31 mil y 19 mil soles.
De parte del municipio, se designó como coordinador a Jesús Yesquén Bances, ingeniero agrónomo que había ocupado cargos en gobiernos pasados.
INCUMPLIMIENTOS
Los problemas no se hicieron esperar. Pese a que los compromisos de la municipalidad quedaron expresamente señalados en el convenio suscrito, esta incumplió con varios de ellos.
“Empezamos a ver una serie de vacíos y trabas cuando iniciamos la elaboración del plan en junio del 2015, a pesar del convenio firmado entre el municipio y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ese mismo año”, señaló Arbulú Chereque a Expresión en una entrevista sobre el plan, publicada en la edición 947.
Así se demuestra, por ejemplo, en el Informe N° 003-PDMCHICLAYO-EPRACH/VIVIENDA, elevado a fines de septiembre del 2015 por Arbulú Chereque al Director General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, dando cuenta de los incumplimientos de la comuna.
Citó el caso del Primer Taller del Plan de Desarrollo Metropolitano de Chiclayo con participación de la sociedad civil, en el que se presentó el diagnóstico del área metropolitana, actividad en la que estuvo ausente Yesquén Bances pese a su rol de coordinador, así como las principales autoridades y funcionarios del municipio.
En ese mismo informe, Arbulú Chereque informó que hasta ese momento la comuna no había cumplido con la entrega de material de oficina y escritorio, de un ambiente para las actividades del equipo técnico, la habilitación de ocho computadoras ni impresoras ni plotter, que había entregado información cartográfica de manera parcial y distorsionada, que tampoco había alcanzado información estadística, que no se había informado de los programas y proyectos de inversión previstos en planes de desarrollo y que solo a veces contaban con movilidad y combustible para los trabajos de campo.
Esos hechos fueron informados al propio alcalde de Chiclayo a través del Oficio N° 2056-2015, dirigido por la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo a su despacho.
RESULTADOS
Transcurrido más de dos años de la firma del convenio este resultó infructuoso, pues en función del documento los objetivos trazados no fueron alcanzados, pese a que todos los profesionales designados recibieron los pagos de parte del ministerio y del municipio.
Peor aún, resulta cuestionable que el municipio no haya dotado de equipos, materiales ni siquiera garantizado la atención de sus funcionarios que debieron asumir responsabilidades de acuerdo a los anexos del convenio. Incluso, ante la falta de espacio para que el equipo realizara su función este se trasladó al Colegio de Arquitectos de Lambayeque.
Esto último también llama la atención por cuanto la orden profesional tampoco veló porque los objetivos del convenio se cumplieran, pese a que tuvo participación directa del proceso a través de sus asociados (integrantes del equipo técnico) y por prestar sus ambientes para la realización de labores.
Del primer equipo encargado de la formulación del Plan de Desarrollo Metropolitano se tuvo únicamente un trabajo de diagnóstico de la zona metropolitana.
“Había pasado todo este tiempo y el municipio se mantenía ausente; además de conocer que Jesús Yesquén Bances, coordinador del proyecto, estaba cobrando la caja chica de lo que nosotros rendíamos. (…). Le dijimos (al alcalde) que si la municipalidad no es capaz de cumplir con el apoyo logístico al cual se había comprometido, era mejor suspender el proceso hasta que se tenga la posibilidad de hacerlo”, comentó Arbulú Chereque.
Mediante la Resolución N° 2065-2018-TCE-S4, de fecha 8 de noviembre de 2018, el Tribunal de Contrataciones del Estado - TCE, ha confirmado la incorrecta evaluación y calificación por parte del Comité de Selección de la oferta del postor a quien le adjudicó la buena pro, en este caso, la empresa Amazon Group SA en el proceso convocado por la Gerencia Regional de Agricultura para la contratación del “Servicio de ejecución de la actividad de prevención, rehabilitación, parcial del dique de encausamiento y descolmatación de la Bocatoma Huaca de la Cruz – Río La Leche - Íllimo”.
En documento resolutivo, en uno de sus acápites decisorios, ha dejado sin efecto la buena pro otorgada a dicho postor, considerando los vicios contenidos en uno de los documentos presentados por el ganador de la buena pro, el cual subrepticiamente habría sido validado por el comité evaluador, logrando de esta manera admitir su oferta y, por ende, proclamarlo ganador del proceso.
HECHOS ADVERTIDOS
En la edición 1088 de Expresión se dio cuenta en forma pormenorizada del recurso de apelación presentado ante el Tribunal de Contrataciones del Estado - TCE por parte del Consorcio América, cuya oposición estuvo referida a la no admisión de su oferta por parte del Comité de Selección, arguyendo supuesta falta de formalidades documentales presentados en su oferta, las mismas que han sido desvirtuadas por el TCE mediante el cuerpo resolutivo que declara fundado en este extremo dicho fundamento fáctico.
Una segunda fundamentación que fluye en el recurso impugnativo – como así se evidenció en la nota periodística - textualmente explicitada en dicho recurso, está referida a la percepción por parte del representante del apelante de la presunta actitud de los miembros del comité de actuar con “mala intención” desde el inicio del acto público, con la aparente finalidad de descalificar las ofertas presentadas por la mayoría de los participantes sin una motivación ni sustento jurídico, afectando el debido procedimiento. Así se expuso en el recurso presentado ante el TCE.
El tercer fundamento expreso en el recurso de impugnación se circunscribe a la presentación por parte del adjudicatario Amazon Group SA de la Carta de Referencia Bancaria, la cual - según el impugnante - no contenía los requisitos establecidos en las bases estándar aprobadas mediante la Resolución N° 056-2018/RCC, toda vez que la referida carta no cumplía con uno de los tres considerandos que dicho documento debería contener respecto a la vigencia de la misma.
En este extremo, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha sido contundente en su resolución al expresar su decisión respecto a la no admisibilidad de la referida carta, en cuanto manifiesta en el numeral 20 de la misma lo siguiente: “Bajo las consideraciones expuestas en los acápites precedentes, se tiene que en la oferta del Adjudicatario ‘no se ha acreditado’ la presentación de la carta de la línea de crédito”, refiriéndose igualmente en el siguiendo acápite que: “En ese sentido se concluye que la oferta del Adjudicatario corresponde tenerse por no admitida, amparándose bajo esta conclusión el punto controvertido deducido por el impugnante, disponiendo a la vez que el Comité de Selección realice las etapas subsiguientes a la admisión y de esta manera admitida la oferta del Apelante, esta pueda ser evaluada, no sin antes publicar la revocatoria de la buena pro a la empresa Amazon Group SA”.
EL PROCESO
El 26 de septiembre del presente año, la Gerencia Regional de Agricultura convocó el Proceso de Contratación Especial N° 03-2018-GR.LAMB/GRA, con la finalidad de contratar el “Servicio de ejecución de la actividad de prevención, rehabilitación, parcial de dique de encausamiento y descolmatación de la Bocatoma Huaca de la Cruz – Río La Leche - Íllimo”, cuyo presupuesto supera los dos millones 500 mil soles.
El proceso selectivo se inició el 9 de octubre del año en curso, realizándose el acto de presentación de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, cuyo Comité de Selección encargado de realizar todos esos actos procedimentales estuvo presidido por el ingeniero Luis Guzmán Ruiz e integrado por los miembros, ingeniero José Pejerrey Manchola y el bachiller Eduardo López Damián, quienes excepto el primer integrante del comité evaluador, José Pejerrey, admitieron en todos sus extremos la oferta de la empresa Amazon Group SA, que resultó favorecida con la buena pro pese a las inconsistencias y los vicios contenidos en su oferta.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Motupe firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para la formulación, evaluación y ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento del centro poblado Palo Blanco, en el distrito de Motupe”, a través del mecanismo Obras por Impuestos. Con este convenio se logrará implementar la primera obra de este tipo en el departamento de Lambayeque, a cargo de la empresa Backus.
Lambayeque es una de las regiones que cuenta con menores transferencias por canon, dificultando así la ejecución de proyectos clave a través del mecanismo de Obras por Impuestos. Ante esto, en el 2016 el gobierno modificó la ley permitiendo que los ministerios puedan participar de este mecanismo con la finalidad de beneficiar a regiones sin canon. Es por ello que Backus, como muestra de su compromiso con el desarrollo social y económico de Motupe, asumió la elaboración del perfil del proyecto el año pasado y, de la mano con el alcalde distrital, Carlos Falla Castillo, exhortó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para priorizar su ejecución a través del mecanismo.
El proyecto fue declarado relevante en julio de este año y el 30 de octubre se procedió a la firma del convenio de cooperación entre el ministerio y la Municipalidad Distrital de Motupe. La inversión requerida para la prestación de los servicios de agua y saneamiento a los pobladores del centro poblado Palo Blanco supera los tres millones de soles y el proyecto estaría listo a mediados del 2020.
De esta manera, Backus refuerza su compromiso con las comunidades vecinas a su planta de operaciones en Motupe. Con ellas, viene trabajando en una serie de acciones que permitan fortalecer las capacidades y mejorar la calidad de vida de sus pobladores, alineado a su sueño como empresa de “unir a la gente por un Perú mejor”.
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., es la empresa líder de la industria cervecera en el Perú. Tiene cinco plantas de producción de cerveza descentralizadas ubicadas en Lima (Ate), Arequipa, Cusco, Motupe y Pucallpa; además de una Maltería y una planta de agua mineral. Cuenta con un portafolio de marcas nacionales e internacionales muy bien segmentadas, que buscan satisfacer a los consumidores en los más de 300 mil puntos de venta a lo largo de todo el país.
OBRAS POR IMPUESTOS
El Instituto Peruano de Economía – IPE, destaca que el mecanismo de “Obras por impuestos” permite que las empresas privadas coordinen con los gobiernos regionales y locales para ejecutar obras de alta prioridad; a cambio de esto, los gastos realizados por parte de estas empresas en el financiamiento o la ejecución de dichas obras son descontados hasta en el 50 % de su Impuesto a la Renta.
“Una vez que la empresa privada culmina la obra, solicita un Certificado de Inversión Público Regional y Local - CIPRL, el cual tendrá que ser presentado al Ministerio de Economía y Finanzas como forma de pago de su Impuesto a la Renta. El principal objetivo de este mecanismo es ejecutar con eficacia y rapidez las obras que mejoren los servicios públicos para la población y permitan acelerar el desarrollo socioeconómico de las regiones. Adicionalmente, no se descarta un efecto positivo sobre el empleo, ya sea en la etapa de construcción o posteriormente en la etapa de operación y mantenimiento de la obra”, precisa el IPE.
Los proyectos que califican para esta modalidad son mayoritariamente de infraestructura, deben estar aprobados por el Consejo Regional o el Concejo Municipal y deben contar con la declaratoria de viabilidad. Actualmente, 921 proyectos cuentan con dichas características. Sin embargo, desde la creación de este mecanismo en el 2008, solo se han ejecutado 33 proyectos por medio de este.
CIFRAS NACIONALES
Como se ha dicho, la obra que se ejecutará en Motupe será la primera que bajo el mecanismo de Obras por Impuestos se realizará en Lambayeque.
Sin embargo, para otras regiones se ha priorizado varios proyectos bajo esa modalidad. De acuerdo con Proinversión, en tumbes se han realizado tres, en Piura 85, en Cajamarca 68, en La Libertad 40, en Áncash 93, en Lima 69, en el Callao cuatro, en Ica cuatro, en Arequipa 83, en Moquegua 11 y en Tacna 12.
Asimismo, en Puno se ha priorizado la ejecución de 35 proyectos, en Cusco 48, en Apurímac 30 y en Ayacucho 47. En Huancavelica 60, en Junín 105 y en Huánuco 119.
La nueva gestión regional tendrá como desafío para el próximo quinquenio (2019-2022) mejorar la eficacia en la administración del presupuesto público, heredado del saliente gobernador regional ingeniero Humberto Acuña Peralta en este, su segundo gobierno, advirtió el Econ. Jorge Manuel Salirrosas Chambergo.
El especialista explicó al Semanario Expresión, que desde el año 2015 la administración del presupuesto público registró una capacidad de gasto del 89.2 %, el cual fue de S/ 1,079´565,652 (mil setenta y nueve millones quinientos sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta y dos soles).
“En estos últimos cuatro años, el mayor pico de eficiencia en capacidad de gasto, se realizó en el año 2016 con un 91.8 % y con un incremento presupuestal de S/ 41 millones y medio de soles adicionales (S/1,121´105,038 - mil ciento veintiuno millones ciento cinco mil treinta y ocho soles)”, indicó.
Este escenario fue producto de una economía internacional en inicio de la desaceleración de la demanda de comodities y productos de agroexportación hacia China y Europa consecuentemente, agregó.
Salirrosas Chambergo, detalló que lo más relevante fue la inversión en infraestructura educativa con 56 proyectos ejecutados y 138 instituciones educativas atendidas en los distritos de José Leonardo Ortiz, Incahuasi, Pimentel, Cañaris, Reque, Chongoyape, Túcume, Pacora, Jayanca, Mochumí, Íllimo, Olmos, Pátapo, Monsefú, Motupe, Pítipo, Chiclayo, La Victoria, Mórrope, entre otros.
El economista chiclayano, explicó que a consecuencia de las inclemencias naturales (como el Fenómeno de El Niño), crisis política, evidencias de corrupción en los informes Lava Jato y la priorización en la agenda nacional por la recuperación y reconstrucción con cambios, ha retardado la ejecución del gasto regional.
En ese escenario, “en el año 2017 la capacidad de gasto llegó a un 88.4% con un monto de S/ 1,221´734,604 soles (mil doscientos veintiún millones setecientos treinta y cuatro mil seiscientos cuatro soles) 100 millones de soles adicionales con respecto a los dos años anteriores”, indicó.
No obstante, el destrabe de las inversiones y la carencia de capacidad técnica para realizar obras de gran envergadura e impacto social, no han sido agenda prioritaria en la administración regional de Lambayeque.
Advierte que preocupa que a poco menos de dos meses de culminar el segundo gobierno del ingeniero Acuña Peralta, se registre sólo un 70.7% de capacidad de gasto con un monto de S/ 992´034,715 soles (novecientos noventa y dos millones treinta y cuatro mil setecientos quince soles) girados desde el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF-, S/ 170 millones y medio de soles menos al compromiso fiscal correspondiente al 2018. (Ver Cuadro Nº 01)
Pese a ello, agregó que en estos últimos cuatro años la Región Lambayeque muestra un promedio de 85% de capacidad de gasto, ubicándose en mejor rango respecto a la región La Libertad (80 %), Piura (8 0%) y Cajamarca (83 %). (Ver Gráfico Nº 01)
Una mirada a las provincias
Salirrosas detalló que de las tres provincias de la Región Lambayeque, Chiclayo es la que mejor manejó su capacidad de gasto en promedio de los últimos cuatro años con un 65 %, seguida de Ferreñafe con 64 % y finalmente Lambayeque con un 63 %.
“A pesar de que en el penúltimo mes del año las tres provincias han desacelerado su capacidad de gasto en un promedio de 5 %. (Ver cuadro Nº 02), no existe una clara muestra de dejar una buena imagen de gobierno, mitigando el recojo de basura o articulando con los colegios profesionales, organismos sociales de base o sociedad civil organizada”, advirtió el especialista.
Promesas incumplidas
El economista refiere que los acuerdos y promesas, desde la reubicación de más de 200 comerciantes informales del Mercado Modelo a mercados adyacentes hasta la construcción del Terrapuerto Chiclayo y el mejoramiento del servicio de limpieza pública, han quedado en el olvido, lamentando que todas las entradas hacia la ciudad de Chiclayo huelan a “basura”.
Explicó que a nivel provincial, Chiclayo, lidera las transferencias presupuestarias en los últimos cuatro años incrementándose en más de S/38 millones de soles desde el 2015 al 2018. (Ver Cuadro Nº 03).
Señala que otro de los puntos más resaltantes es que de los 38 distritos que tiene Lambayeque, cuatro de la provincia de Chiclayo cuentan con un promedio de S/ 100 millones de soles, mientras que los menos favorecidos son los distritos de Pítipo (Ferreñafe) que registra una transferencia de S/ 16 millones de soles, así también Mórrope y Olmos (Lambayeque) alcanzan transferencias presupuestarias de S/ 20 millones de soles aproximadamente, en tanto, Monsefú y Lagunas reportan una capacidad de ejecución del 78%. (Ver Cuadro Nº 04)
“Una de los grandes desafíos de los alcaldes electos será agilizar los proyectos que estén trabados, articular los componentes de mitigación del impacto ambiental, recobrar la institucionalidad local y ordenar los cuadros técnicos en cada gobierno local así como generar proyectos de mayor calidad, articulados en el presupuesto participativo 2019-2020”, remarcó.
Proyectos prioritarios
El Econ. Manuel Salirrosasindica que el Terminal Portuario de Eten, lleva aproximadamente 40 años, desde que se declaró su urgencia para la salida de los productos primarios, agroindustrial, agrarios, entre otros.
“Su costo bordea los 600 millones de dólares, aproximadamente, por tanto, no sería atractivo para empresas externas sino concretan proyectos como los mineros y ampliación de la frontera agrícola exportadora, así como presentar un menor riesgo país, para que las inversiones no sean solo especulativas sino concretas”, explica.
Precisa que la ejecución de la Represa la Calzada (Valle La Leche), La Montería (Valle Chancay) y Las Delicias (Valle Zaña), contemplados dentro del Plan Hidráulico serían un aliciente para mitigar los desbordes de los ríos tras el fenómeno de El Niño.
“Además permitiría almacenar agua para irrigación de los mencionados valles; así como también, operación y mantenimiento del Túnel Trasandino y la Presa Limón”, señaló.
“Esta articulación con los grandes proyectos mitigará el desempleo, complementará la dotación de agua para asegurar la irrigación de más hectáreas y en consecuencia se asegurará incrementar la agro exportación de productos”, añadió.
Pero lo más importante- agregó- es necesario desarrollar una mayor participación y vigilancia ciudadana, hacia los diferentes actores del Estado, desde los representantes en el Congreso hasta las autoridades regionales, provinciales y distritales, remarca el especialista.
Gráficos y cuadros en la edición impresa.
Este domingo 18 de noviembre, seis mil 500 ingenieros (el 60 % del total de colegiados) acudirán a las urnas para elegir a las autoridades de su orden profesional para el período 2019-2021, jornada democrática que se realizará en el Colegio Nacional de San José. En total, cuatro candidatos buscan llegar al decanato del Consejo Departamental de Lambayeque y suceder en el cargo a Carlos Burgos Montenegro. Cada uno de ellos tiene propuestas para mejorar los servicios y alcances de la institución, que tiene – actualmente – el mayor porcentaje de socios hábiles a nivel nacional.
CIRO SALAZAR MONTAÑO:
“Proponemos la realización de segundas especialidades
y la certificación internacional del PMP”
Con una experiencia previa como decano del Colegio de Ingenieros del Perú – CD Lambayeque, Ciro Salazar Montaño encabeza la Lista N° 5, con la que – señala – busca poner a la orden profesional al servicio de sus asociados, alcanzando mayor presencia en el desarrollo departamental.
“Costó mucho levantar al Colegio de Ingenieros en el año 2013, encontramos una institución que había perdido la confianza, al extremo que los colegas ya ni se acercaban a hacer sus aportes. Ese año recuerdo que el resultado del ejercicio presupuestal fue de 228 mil soles. Cuando yo salí fue de un millón 274 mil soles. Cuando asumimos el compromiso de dirigir los destinos del colegio lo hicimos pensando en recuperar la confianza para tener una institución sólida que nos permita ejecutar inversiones y un buen servicio a los colegiados”, destaca Ciro Salazar, recordando que ejecutó 17 obras en el centro de esparcimiento y la remodelación del edificio principal por más de un millón y medio de soles.
“Encontré un colegio endeudado y lo dejé saneado, incluso con dinero para que la actual gestión pueda realizar compras y mejoras. Ahora estoy motivado en poner el colegio al servicio de todos los colegiados, no de una persona”, manifiesta.
Salazar Montaño refiere que actualmente el colegio debe tener deudas por pagar, herencia que deberá enfrentar la próxima gestión de la institución.
“Esto porque no se cambió la tendencia y se ha mantenido una política de tener mucho gasto corriente, gastos innecesarios, inversiones muertas que no generan rentabilidad y más”, anota.
CAPACITACIÓN
El candidato de la Lista N° 5 menciona que es necesario preocuparse por el colegiado y por ello se compromete a la capacitación de los asociados para reducir brechas de competitividad. En ese sentido plantea la especialización de los ingenieros, principalmente en lo referido a la inversión pública.
“Proponemos la realización de segundas especialidades y la certificación internacional del PMP, que nos permitirá tener profesionales con capacidad para enfrentar los retos del desarrollo. Eso se va a lograr sumando el esfuerzo del sector público, porque se trata de capacitar al elemento más importante para la ejecución de los recursos, que es el ingeniero”, señala.
Respecto a la proyección hacia la sociedad, indica que el CIP no se dedicará únicamente a fiscalizar ni agudizará el enfrentamiento entre las autoridades.
“Sin descuidar nuestro rol de fiscalización vamos a contribuir con el desarrollo de las acciones regionales. No queremos nada personal, sino que nos ayuden a capacitar a nuestros asociados”, menciona.
OBRAS
Propone la remodelación del centro de esparcimiento con la construcción de una piscina familiar, un sauna y un gimnasio moderno; la construcción de mil viviendas para los asociados como se hizo con las tres primeras urbanizaciones que se construyeron para agremiados, creando para ello una inmobiliaria que permita la reducción de costos. “Queremos que estas urbanizaciones estén cerca a nuestro centro de esparcimiento”.
En relación a la construcción de la clínica del colegio, en el terreno adquirido recientemente, Salazar Montaño afirma que no la hará, porque eso acarrearía mayores gastos que ingresos a la institución.
“Nuestro equipo propone que se consulte a todos los colegiados qué hacer con ese terreno y respetaremos la decisión. Sobre la clínica, vamos a suscribir convenios para que los ingenieros se atiendan en las instituciones privadas ya existentes”, señala.
La lista de Ciro Salazar la integran los ingenieros: Walter Zamora Capelli (vicedecano), Luis Lescano Salazar (secretario), Willy Oliva Antón (pro secretario) Luis Calero Núñez (tesorero), Percy Celis Bravo (pro tesorero).
Sobre el manejo económico de su primera gestión como decano, Ciro Salazar comenta que en aquel momento hubo problemas para el registro ante SUNARP, por lo que en hubo necesidad de abrir cuentas mancomunadas (junto al tesorero) para el depósito de los ingresos de la orden profesional, debido a que no había acceso a las cuentas del colegio sino hasta que se regularizó la situación de inscripción a nivel nacional.
“La asamblea nos autorizó para ello. La SUNAT observó que aparecían como mis ingresos cantidades no reportadas. Fui a la SUNAT y expliqué que el dinero no era mío, sino dinero de la cuenta mancomunada por el colegio. Un nunca más fui convocado por la SUNAT porque el asunto se aclaró. Mi gestión fue auditada dos veces, SUNAT hizo una revisión y aplicó una multa por asuntos administrativos de solo 300 soles y no de 300 mil como se está desinformando”, enfatiza.
LEOPOLDO FERNÁNDEZ LEÓN:
“Queremos poner el colegio
al servicio de los asociados”
El candidato de la Lista 6 al decanato del CIP Lambayeque, Leopoldo Fernández León, refiere que de resultar electo trabajará para ofrecer asistencia especializada a los ingenieros y capacitación de calidad, con beneficios de descuentos que se acumularán del pago que por habilidad realizan los asociados todos los meses.
“Una de las razones que me lleva a postular es el descuido que han tenido los decanos anteriores hacia el colegiado, siendo este el pilar de la institución. Muchos colegiados no se acercan a la institución, vienen pagan su habilidad y se van, esto porque no hay incentivos, los servicios del centro de esparcimiento son un cero a la izquierda. Por eso queremos manejar el colegio, para ponerlo al servicio de los asociados, teniendo cómo hacerlo”, manifiesta Fernández León.
El candidato señala que implementará una oficina especial para los colegiados, a través de la cual se les provea de asesoría legal, tributaria, contable y laboral. Asimismo, instituir el bono del colegiado para que por cada pago de habilidad que realice el ingeniero reciba una compensación que se utilice para las capacitaciones.
“Cursos reales, no cursos simples. Queremos hacer convenios con la UNI, con la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con las otras universidades para dar maestrías y diplomados a bajos costos, no con las sumas exorbitantes, sino a costos accesibles. Un ingeniero capacitado es mucho más eficaz”, señala.
Propone implementar un sistema de habilitación virtual, de tal manera que el asociado pueda pagar las cuotas mensuales en cualquier lugar donde se encuentre.
CENTRO DE ESPARCIMIENTO
“El centro de esparcimiento está completamente abandonado, los juegos están oxidados terriblemente, la piscina creo que no se trata el agua, hay demasiado por hacer ahí. El centro de esparcimiento será de uso exclusivo y carnetizado para los colegiados y sus familiares directos. Debe ser un club privado. Ahora entra cualquiera, no hay un control real”, indica Fernández León.
Acota que el alquiler de ambientes se hará a precios simbólicos para los colegiados, porque es una manera de retribuir los aportes dados.
“Nosotros no vamos a dar trabajo a gente extraña. Si llegamos al decanato vamos a generar una opción laboral temporal para los colegiados. El colegio será atendido exclusivamente por colegiados que deseen laborar ahí, porque hay colegas que están desocupados y pueden ocuparse de manera temporal en la institución”, precisa el candidato.
Respecto a la clínica proyectada por la actual gestión, Leopoldo Fernández dice no estar de acuerdo con dicha obra.
“Ni el Colegio Médico tiene clínica, ¿por qué los ingenieros vamos a tener una? ¿Se ha pensado en cuánto dinero se necesita para implementar una clínica? Por el momento, ese terreno lo haría cochera para pagar, aunque sea, sus arbitrios. Ese terreno lo han comprado sin mayor criterio. Carlos Burgos es mi amigo, pero se equivocó”, sostiene.
OTRAS PROPUESTAS
Fernández León refiere que es complicado ejecutar una cuarta urbanización para los ingenieros debido a la situación económica actual. Del mismo modo, indica que evaluará si es posible ejecutar obras de mayor complejidad en el centro de esparcimiento.
“No es imposible, pero sí hay que estudiarlo. No se trata solo de ofrecer para después quedar mal con los ingenieros. Yo no les engaño. En el primer año me dedicaré a ordenar la casa para después ordenar otras cosas”, manifiesta.
Como vicedecano lo acompaña Manuel Tantaleán Santacruz, como secretario Víctor Gonzales Penas, como pro secretaria Ana Pérez Pérez, como tesorero Homero Delgado Pérez y Maribel Soplapuco Guerrero como pro tesorera.
RAMÓN CORNEJO SAAVEDRA:
“Me comprometo a que el colegio
trabajará por Lambayeque”
El año pasado recibió el máximo reconocimiento de la ingeniería peruana y es uno de los fundadores del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú en Lambayeque. Ramón Cornejo Saavedra postula con la Lista N° 7 y asegura que de llegar al decanato continuará lo bueno y velará por la participación activa de la orden profesional en el desarrollo de Lambayeque.
“He tenido la paciencia y la visión de escoger a las personas que me acompañan, son ingenieros que ocupan cargos importantes, con mucha experiencia, conocimiento y que tienen una trayectoria impecable. Hemos elaborado un plan de trabajo consensuado y bien pensando en lo institucional. El colegio necesita más orden y también capacitar al personal para ofrecer un buen trato a los asociados” refiere Cornejo Saavedra.
Sobre el centro de esparcimiento, indica que es necesario mejorar los espacios deportivos, dotarlos de sombra y tribunas, optimizar el funcionamiento de los juegos infantiles y con las adecuadas medidas de seguridad.
“Tengo el propósito de fomentar el deporte, mejorar el espacio de parrillas y corregir algunos detalles que aún están pendientes”, indica.
CAPACITACIÓN
Ramón Cornejo precisa que la capacitación es uno de los aspectos más resaltantes de su propuesta de gestión, pero que además incluye la práctica de valores morales y éticos.
“Desde 1964 tengo un registro oficial como investigador de la región andina y es una labor que he venido ejerciendo desde siempre, por lo que considero que el colegio también debe priorizar la labor de capacitación de los asociados y, sobre todo, la innovación tecnológica. Hay múltiples espacios y aliados con los que podemos trabajar esos temas, así que solo es necesario organizarnos y ponernos a trabajar para beneficio de la comunidad departamental a través de la ingeniería”, sostiene.
LA LISTA
Cornejo Saavedra postula como vicedecano a Carlos Ramos Chimpén, como secretario a Ricardo Paredes Ojeda, como pro secretario a José Solórzano Gonzales, como tesorera a Maruja Peralta Inga y como pro tesorero a Denny Fuentes Adrianzén.
“A los capítulos también estamos presentando listas en las que se combina la experiencia y la juventud, gente pensante, bien intencionada y que quiere al colegio, lo mismo que para la asamblea departamental. Hace 52 años trabajo de manera constante en el crecimiento de mi colegio profesional, por lo que mi labor siempre ha sido de manera desinteresada y con el único propósito de contribuir al engrandecimiento de la orden”, manifiesta.
Ramón Cornejo asegura que continuará todo lo que esté bien hecho en el colegio y mejorará o corregirá lo que sea necesario.
“Tengo experiencia y conocimiento, amo a mi región y deseo a través del colegio trabajar por mis colegas y por mi región. Me comprometo a que el colegio trabajará por Lambayeque, sobre todo para recuperar el tiempo perdido por el mal proceso de reconstrucción. Pondré mi mayor esfuerzo”, anota.
MARCIAL VARGAS PÉREZ:
“Tenemos el deseo de recuperar el
liderazgo que el colegio alguna vez tuvo”
Encabezando la Lista N° 8 postula al decanato del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP Lambayeque, Marcial Vargas Pérez, quien garantiza una gestión transparente de todos los recursos que posee la orden profesional.
“Tenemos el deseo de recuperar el liderazgo que el colegio alguna vez tuvo y de realizar una gestión transparente en la institución”, manifiesta Vargas Pérez, quien sostiene que actualmente hay mucha información que no se conoce del manejo institucional.
TRANSPARENCIA
“Cuando hablamos de transparencia queremos dar a entender de que las asambleas serán vistas por todos los agremiados, no habrá secretos para nadie y los gastos en los que incurra el colegio serán de conocimiento para todos los colegiados”, indica.
Propone fortalece el centro de peritaje del CIP Lambayeque y respaldar a todos los capítulos de la orden profesional, sin distinción alguna.
“Queremos promover la participación de todos los agremiados, porque hay muchos que quisieran aportar con su conocimiento y necesitan que la gestión muestre apertura”, precisa.
Añade entre sus propuestas la creación de la oficina de asesoría legal para los agremiados, la creación de un fondo económico intangible y la promoción de 300 viviendas para jóvenes ingenieros.
Marcial Vargas menciona que es necesario que el colegio tome posiciones firmes respecto a las obras y proyectos que se realizan en Lambayeque, con énfasis en el cuidado del medio ambiente y el ordenamiento.
SERVICIOS
“Consideramos que la manutención del centro médico genera un costo bastante alto para el colegio, toda vez que tenemos que asumir el pasivo que representa la contratación del personal y el mantenimiento de los equipos, cuando existen otras prioridades por atender. Para el aspecto de salud, proponemos la suscripción de convenios”, comenta.
El candidato de la Lista N° 6 ofrece trabajar en aspectos de capacitación cultura, deporte y recreación para los ingenieros y sus familias.
“Vamos a mejorar los ambientes del centro de esparcimiento, que involucra pensar en sus familias como beneficiarias”, señala.
Junto a Marcial Vargas postulan los ingenieros: Eduardo Montalvo García (vicedecano), Manuel Borja Suárez (secretario), Elmer García Samamé (pro secretario), Víctor Hernández Jiménez (tesorero), José Sánchez Montejo (pro tesorero).
