La abogada Daniela Campaña Sampén, en representación de su patrocinado ciudadano José Asunción Reyes, interpuso el 30 de septiembre del 2016 una denuncia contra el Banco de Crédito del Perú – BCP, por el presunto delito de falsificación de documentos, previsto y penado por el Artículo 427 del Código Penal.
La falsificación se habría configurado en los documentos denominados “Contrato de Tarjetas de Crédito N° Solicitud 22768141 folio 08, de fecha 21 de mayo, Solicitud/Certificado N° Seguro Desgravamen-Poliza N° 4361, cuya firma se encuentra inserta a fs. 12, de fecha 21 de mayo del 2015; Hoja de Resumen Tarjeta de Crédito Visa Oro Lanpass N° Solicitud 22768141 BCP, folio 3 de fecha 21 de mayo del 2015”, los mismos que establecen en sus cláusulas generales el derecho a la compensación de deudas entre las cuentas que dispone el cliente, en el presente caso el denunciante con el Banco de Crédito del Perú.
INCUMPLIMIENTO FISCAL
La denuncia dio origen a la Carpeta Fiscal N° 5365-2016, a cargo de la fiscal Ana Isabel Padilla Rojas, quien emitió la Disposición 5, del 5 de mayo del 2017, la cual dispone no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, fundamentándose en que el denunciante no ha coadyuvado a la tramitación y continuación de la causa.
Según la abogada la precisión de la fiscal es inexacta, porque asistió puntualmente a la diligencia programada para acudir al Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, a efectos de proporcionar personalmente las muestras necesarias para la realización del experticio correspondiente.
“Fue la asistente a cargo del proceso, doctora Milagros Vásquez Atoche, quien no cumplió de manera diligente su labor, pues la misma no cumplió con remitir copias de los actuados pertinentes a criminalística y frustró la realización de la mencionada diligencia, por lo que lo que dicha disposición fue oportunamente impugnada mediante un recurso de queja, el cual fue resuelto con Disposición N° 402-2017-3°FSPA-LAMB, del 5 de septiembre del 2017, emitida por la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque”, explica la abogada.
DISPOSICIÓN SUPERIOR
La fiscalía superior señaló que resultaba meritorio continuar con la investigación preliminar a fin de verificar los hechos de manera objetiva e imparcial y no vulnerar el derecho de tutela judicial efectiva que tiene todo ciudadano, siendo necesario para ello que se lleven a cabo los actos de investigación idóneos e imprescindibles.
En ese sentido, la Tercera Fiscalía Penal de Apelacionesdeclaró fundada la solicitud de elevación de los actuados interpuesta por Asunción Reyes y revocó la Disposición Fiscal N° 5, emitida por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, ampliando excepcionalmente la investigación preliminar por el plazo de cuarenta días a fin de que se lleven a cabo las diligencias ordenadas.
“Pese a la mencionada disposición, la fiscal a cargo del proceso, sin disponer todos los actos de investigación ordenados por el Fiscal Superior, expide la Disposición N° 7, el 5 de enero pasado, mediante la cual resuelve no formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra el representante del BCP, por el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de uso de documento privado falso, en agravio de José Alberto Asunción Reyes, señalando que la denunciada nunca hizo llegar el contrato original lo cual imposibilita realizar la pericia respectiva, lo cual evidencia que es la negligencia de la propia denunciada lo que le beneficia”, refiere la abogada, añadiendo que la disposición no fue notificada ni al domicilio real ni procesal del denunciante, lo cual vulnera los principios y derechos del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
“Esto imposibilita el conocimiento previo y oportuno del acto procesal que lo afecta, a fin de que tener la oportunidad de ejercer los derechos procesales que correspondan, impidiendo así ejercer su legítimo derecho a defensa. Causa extrañeza que la fiscal a cargo resuelva archivar la denuncia sin previamente realizar correctamente todas las diligencias ordenadas por el fiscal superior, más aun tomando en cuenta las múltiples denuncias ante el Ministerio Público por el delito de estafa agravada y falsificación de firmas y ante el INDECOPI que tiene en su haber el BCP. De las casi 200 mil denuncias que recibe el INDECOPI cada doce meses, aproximadamente el 30 % son acerca de malos servicios en la banca peruana, en la cual el Banco de Crédito del Perú encabeza la lista de quejas de numerosos usuarios”, asevera.
PERICIA NO CONSIDERADA
Campaña Sampén agrega que en la denuncia se presentó una pericia de parte en la que se concluye que las firmas cuestionadas no son atribuibles al denunciante, por lo que resultaba indispensable la realización de una pericia grafotécnica para ser contrastada con la pericia de parte.
Siendo así, el perito del Departamento de Grafotécnica de la Policía Nacional emite el Parte N° 225-2017-SEGMACRO-REGPOL-LAMB/DIVICAJ-DEPCRI-PNP-CH-GRAF, en el que informa que la autoridad competente del Ministerio Público no remitió el oficio de coordinación al Banco de Crédito del Perú sede Chiclayo, para que un perito grafotécnico se constituye a las instalaciones a fin de recabar muestras de los documentos originales obrantes en dicha entidad.
“Ello demuestra el actuar negligente del despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, puesto que debiendo emendar su error, procedió a archivar la causa sin antes haber agotado todas las diligencias necesarias para la plena identificación de los responsables del hecho denunciado, resultando evidente que en el presente caso no se han agotado todas las diligencias necesarias para el cabal esclarecimiento de los hechos a efectos de verificar de manera clara si el hecho manifiesta o no el contenido penal necesario para la procedencia de la respectiva formalización de la investigación preparatoria, y que sirva de respaldo para un pronunciamiento de fondo, atento al principio de objetividad y parcialidad”, enfatiza.
Seis hospitales de Lambayeque pertenecientes al MINSA y a Essalud de tipo 2 y 3 fueron supervisados por la Contraloría General de la República como parte de un operativo inopinado a nivel nacional que se inició el lunes.
Walter Coello Ynope, jefe de la Contraloría Regional de Lambayeque, refiere que en el operativo los auditores visitaron hospitales como el Almanzor Aguinaga Asenjo, el Hospital Regional Docente las Mercedes, Luis Heysen Incháustegui, el Hospital Referencial de Ferreñafe y el Hospital Belén de Lambayeque.
Todas las intervenciones fueron respaldadas por el contralor general de la República, Nelson Shack Yalta.
AUDITORÍAS
En la región se revisaron al 100 % los seis hospitales y dos en la ciudad de Jaén, en donde verificaron la calidad del servicio que brindan al usuario, la infraestructura y el abastecimiento de medicamentos.
“Hemos ido a los almacenes y observamos la atención al público en las diferentes unidades que tienen los hospitales”, señala Walter Coello.
En cada hospital participaron cuatro auditores que emitieron los riesgos e irregularidades que encontraron durante el operativo inopinado.
“Posteriormente se emitirá un informe a las autoridades competentes, incluyendo al titular de la entidad para que tome las medidas pertinentes con el propósito de superar los riesgos detectados”, dice Coello Ynope.
LAS MERCEDES
En su inopinada visita los inspectores de la Contraloría revisaron principalmente el Hospital Las Mercedes. En este supervisaron si el establecimiento cuenta con una buena infraestructura, ya que el nosocomio chiclayano tiene más de 100 años. También realizaron un diagnóstico para detectar cómo se brinda la atención a la salud. De encontrar alguna deficiencia, realizarán el informe correspondiente.
“Cada comisión elabora sus investigaciones e inmediatamente subscriben los formatos con el coordinador responsable, posteriormente se reúnen todos y vamos a realizar un consolidado y entregar los resultados finales”, explica el representante de la Contraloría Regional de Lambayeque.
RESULTADOS
El 31 de mayo la contraloría culminará el operativo, seguidamente el 7 de junio se enviarán los resultados del misma a la ciudad de Lima para que se consolide a nivel nacional y posteriormente la Contraloría General de la República del Perú emitirá su informe.
Uno de los objetivos de la Contraloría fue mejorar la atención al ciudadano que acude a atenderse a los diferentes hospitales del departamento de Lambayeque, por lo que ejecutaron el operativo denominado ‘Por una salud con calidad’.
Los servicios inspeccionados son: emergencia, radiografía, medicamentos, abastecimientos de medicamentos, análisis y la infraestructura de los hospitales.
QUEJAS
El Hospital Regional Docente las Mercedes es una de las instituciones de salud más quejada del departamento lambayecano. Actualmente la Contraloría General de la República tiene tres casos en investigación referidos a dicho nosocomio.
Por otro lado, a nivel del Ministerio Público se investiga la mala adquisición de equipos quirúrgicos y de aseo que el Hospital Las Mercedes realizó años atrás, mientras que el año pasado se presentó otra denuncia en cuanto al mismo tema.
HOSPITAL BELÉN
La segunda institución de salud investigada es el Hospital Belén de Lambayeque. La denuncia contra dicho nosocomio tiene que ver con la adquisición de un tomógrafo que se encuentra averiado. La investigación está a cargo de la OCI de la Gerencia Regional de Salud.
Identificados los hechos se ha puesto al conocimiento del titular de la entidad, pero a pesar que ha pasado un año sigue en proceso y todavía no se ha culminado.
“Existen diferentes tipos de servicio control. Nosotros podemos hacer servicio de control simultáneo, donde identificamos los riesgos de la entidad y se le hace seguimiento. Si en el trascurso del año no subsanan sus deficiencias se procede con la auditoria de incumpliendo, allí es donde se certifican responsabilidades administrativas, civiles y penales lo que es más difícil porque para recuperar implica un gasto mayor”, narra Coello Ynope.
RECONSTRUCCIÓN
Por otro lado, respeto al proceso de Reconstrucción con Cambios y los trabajos en la zona urbana como son las avenidas Miguel Grau y Américas, en Chiclayo, la Controlaría ha publicado en su página web los resultados como hechos adversos para que la entidad pueda corregir las deficiencias antes de la liquidación final.
En cuanto al Paseo Yortuque existe un informe de hace varios años que ya está en manos del Poder Judicial y en el que se han identificado responsabilidades.
OCI
De las 38 municipalidades que existen en la región, cinco de ellas cuentan con un órgano de control interno a cargo de la Contraloría. Entre ellos están tres provinciales que son Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, mientras que las dos distritales son José Leonardo Ortiz y La Victoria.
El control interno en los demás distritos está en proceso y se busca la manera de fortalecerlo. La contraloría está supeditada al presupuesto que tiene para designar al jefe de OCI en las diferentes municipalidades, porque comenzarán a pagarle sus haberes y beneficios y no es un proceso sencillo.
En mayo se aprobó el reglamento de la nueva ley orgánica donde se establece que se va implementar el personal de las OCI de las municipalidades con remuneraciones a cargo de la Contraloría General de la República.
La Contraloría General tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social.
El martes 29 el Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo aprobó por mayoría solicitar que la Presidencia Ejecutiva de EsSalud retire a Juan Rodríguez Terrones de la gerencia (dirección) del nosocomio y le revoque la encargatura de la gerencia de EsSalud en Lambayeque. El pedido deberá concretarse en los próximos días a través del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú – SINAMSSOP.
Los severos cuestionamientos que pesan sobre el cirujano Juan Rodríguez Terrenos, quien tiene en su legajo profesional dos sanciones administrativas por faltas graves confirmadas en última instancia, motivaron a que 32 galenos del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo solicitaran la realización de una asamblea extraordinaria del Cuerpo Médico, a fin de tomar acciones al respecto.
Lo que colmó la paciencia de los profesionales médicos del hospital fue la decisión de Rodríguez Terrones de cambiar de manera irregular a los jefes de servicios, sin considerar los aspectos profesionales de quienes venían ejerciendo el cargo ganado por concurso.
Rodríguez Terrones fue designado el 13 de febrero pasado como gerente (director) del Hospital Almanzor Aguinaga y el 26 de abril la Presidencia Ejecutiva de EsSalud le encargó la gerencia de la Red Asistencial de Lambayeque “Juan Aita Valle”, elevándolo al más alto cargo de la seguridad social en el departamento.
CAMBIOS IRREGULARES
El 29 de mayo, un grupo de médicos alcanzó al presidente del Cuerpo Médico, Alfonso Díaz Gálvez, un memorial en el que denunciaron abuso de autoridad en los cambios de jefaturas de servicio y departamentos, pese a que estas habían sido ganadas por concurso en el Hospital Almanzor Aguinaga.
Asimismo, los médicos solicitaron al funcionario la urgente reconsideración de los cambios efectuados en las jefaturas del departamento de Emergencia y Cuidados Críticos y en las jefaturas de los servicios asistenciales de Cuidados Intensivos, Neonatología, Nefrología, Ginecología, Recuperación y Terapia del Dolor.
“Los abajo firmantes, jefes de departamento y de servicio asistencial, del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, de EsSalud Chicayo, nos dirigimos ante su digno despacho para expresar nuestra profunda preocupación por la manera de proceder de la gestión actual, específicamente por haber procedido de manera que consideramos arbitraria a anular las resoluciones de ampliación de prórroga de jefaturas concursadas y ganadas por un grupo de jefes de servicio y departamento del hospital y proceder a designar a profesionales que carecen de experiencia en habilidades directivas y jefaturales, proceder que no se ajusta a la razón ni a la normatividad vigente”, señalan los firmantes del memorial.
INCUMPLIMIENTO
Según han denunciado, Rodríguez Terrones desconoce la Carta Circular N° 188, de la Gerencia Central de Gestión de Personas de EsSalud, con la cual se comunicó a los gerentes y directores de las redes del seguro social y a los jefes de Recursos Humanos de los órganos desconcentrados, que con el objetivo de garantizar la continuidad de las atenciones de la población asegurada se consideraba pertinente la ampliación para el año 2018 de la prórroga por encargo de los servicios que fueron asignados durante el período 2013 – 2016, hasta que se convoque a un nuevo concurso.
En la misma carta, la entonces jefa de la Gerencia Central de Gestión de Personas de EsSalud, Lucy Huaitalla Mauricio, señaló que “cualquier cambio respecto a la continuidad o cese de las asignaciones de los ganadores de concurso necesariamente debe ser comunicado y autorizado por esa Gerencia Central bajo responsabilidad administrativa de quien decida lo contrario. Por consiguiente, no se atenderá ningún pedido o solicitud de un órgano desconcentrado que no cuente con la documentación sustentatoria”.
Asimismo, que para el año 2018, en la situación que el órgano desconcentrado considere realizar el cambio de jefatura de departamento o servicio asistencial por un servidor que haya ganado por concurso, deberá remitir la documentación técnica correspondiente, en el que se debe incluir cuadros, reportes, indicadores e incidencias de actividades en las que justifique las razones por las cuáles no ha tenido una adecuada gestión en los años 2016 y 2017, así como fundamentar los motivos por los cuáles el servidor propuesto debe ser encargado en el referido cargo.
JEFES CAMBIADOS
Contraviniendo lo indicado en la carta circular, Rodríguez Terrenos decidió hace días destituir al médico Javier Fang Li de la jefatura del Servicio de Cuidado Intensivos, al médico Pedro Pairazamán Sifuentes de la jefatura del Servicio de Nefrología y al médico Hugo Villate de la jefatura del Servicio de Neonatología y Cuidado Intensivos Neonatales.
También quitó al médico Gonzalo Gamboa Cortijo de la jefatura del Servicio de Ginecología, a la médica Rocío Pando Lazo de la jefatura del Servicio de Recuperación y Terapia del Dolor y al médico Jaime Alvitez Izquierdo de la jefatura del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos.
Los médicos firmantes del memorial afirman que en ninguno de los casos se tiene reporte oficial o formal de una inadecuada gestión, tampoco documentación que ponga en duda su probada experiencia y habilidades directivas en la gestión de los servicios y/o departamentos motivo de cambio.
“Cabe puntualizar que siendo EsSalud una entidad pública toda evaluación que conlleve a un cambio importante, el evaluado debería tener conocimiento de dicha evaluación previo al cambio, hecho que en este caso no ha ocurrido. Por el contrario, los candidatos propuestos para ocupar los cargos en el departamento de Emergencia y Cuidados Críticos, servicios de UCI, Neonatología, Ginecología, Recuperación y Terapia del Color y Cirugía General, ninguno tiene experiencia en gestión jefatural conocida”, indican.
En tal sentido, consideran arbitrarios, carente de razón y no ajustados a la normatividad los cambios realizados.
“Desconocemos los motivos y por ello exigimos una exhaustiva investigación, ya que por medio está, además del ejercicio correcto y transparente del actual del funcionario público, garantizar la óptima atención y gestión en beneficio de los asegurados”, señalan.
ACUERDO DE ASAMBLEA
En la asamblea del martes, 30 médicos votaron para que el Cuerpo Médico del hospital solicite la destitución del gerente de la Red Asistencial de Lambayeque. Hubo además cinco votos en contra y ocho abstenciones.
Se acordó también que se dé un voto de censura a los médicos que aceptaron las jefaturas en reemplazo de quienes las habían ganado por concurso.
Expresión se comunicó con el presidente del Cuerpo Médico, quien refirió que a través del SINAMSSOP se pedirá a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud defina la situación de Rodríguez Terrenos, respecto a si la encargatura de la red como adición al cargo de gerente del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo es transitoria o permanente, para en función a ello solicitar el cambio.
Díaz Gálvez reconoció que sobre Rodríguez Terrones existen otros cuestionamientos, relacionados sobre todo a las sanciones que pesan en su contra.
SANCIONES
Como ha informado Expresión el año pasado Juan Rodríguez Terrones fue suspendido 21 días de su labor como cirujano del hospital por incurrir en falta grave contra la institución, esto al realizar dos operaciones (una en el hospital y otra en una clínica privada) mientras se encontraba de descanso médico, sanción confirmada en última instancia por el Tribunal del Servicio Civil.
A eso se suma que en febrero de este año la jefatura del Servicio de Cirugía General del nosocomio impuso la amonestación escrita al médico por haber vulnerado el numeral 2) del Artículo 6 del Código de Ética de la Función Pública, aprobado mediante la Ley N° 27815, concordante con el literal b) del numeral 5.1 del Código de Ética del Personal del Seguro Social de Salud – EsSalud, enmarcando su actuación con la falta administrativa disciplinaria establecida en el literal h) del Artículo 85 de la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, en concordancia con el literal f) del Artículo 98.2 del Reglamento General de la Ley N° 30057, debido a que una paciente denunció que el galeno le propuso operarla de manera particular previo pago de tres mil 500 soles, mientras se encontraba en el servicio de Emergencia del Almanzor Aguinaga. Para defenderse, Rodríguez Terrones reveló información de la historia clínica de la paciente.
La amonestación fue confirmada por la Oficina de Recursos Humanos, como última instancia, el 24 de abril.
El 10 de mayo el diario La Industria publicó un amplio y contundente informe referido a las relaciones e intereses familiares del coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones, en la Empresa Agroindustrial Tumán, sobre la cual hace tres años inició una investigación que involucra a sus principales directivos. Ahora, se suma el caso del fiscal Héctor López Pupuche, cuya pareja sentimental fue apoderada de la administración que lideró Marcelino Llontop Suyón.
La investigación contra la presunta organización criminal denominada “Los Wachiturros” se inició en el 2015 dentro de la Tercera Fiscalía Provincial Penal, donde Carrasco Millones y López Pupuche se desempeñaban como fiscales.
La tesis desde un inicio fue que dicha organización era liderada por el empresario Edwin Oviedo Picchotito y conformada por otros funcionarios de su entorno, quienes habrían recurrido a una serie de hechos ilícitos como asesinatos y atentados para mantenerse en el control de la azucarera Tumán.
En el marco de las investigaciones, el 1 de septiembre del 2015, en horas de la tarde, Carrasco Millones y López Pupuche llegaron hasta las instalaciones de la empresa para intervenir en el Departamento de Caja y Valores, tal como dieron cuenta diversos medios locales.
En su intervención los representantes del Ministerio Público encontraron armas de fuego que habrían sido utilizadas por personal de seguridad de la agroindustrial. En la diligencia también participó el delegado de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, Juan Carlos Díaz Liza.
INTERÉS PERSONAL
Lo hallado en la diligencia de ambos fiscales sirvió de base para que la fiscalía continúe la investigación imputando a los presuntos integrantes de la organización, entre otros delitos, la tenencia ilegal de armas.
Apenas cuatro días antes de la intervención el fiscal Carrasco Millones, encargado de la coordinación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, había logrado que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria ordene la captura de 21 personas como parte de la investigación del caso “Los “Wachiturros”. En el requerimiento el fiscal pidió también la detención de Edwin Oviedo y otros funcionarios de la azucarera, pero el juez no acogió la pretensión en ese extremo.
La participación del fiscal Héctor López Pupuche no tendría nada de extraño si meses después su pareja sentimental, con quien tiene dos hijos, no hubiese sido designada como apoderada de la administración judicial que irregularmente consiguió Marcelino Llontop Suyón.
El 12 de abril del 2016, en la Notaría Macedo, la Empresa Agroindustrial Tumán, representada por los entonces administradores Marcelino Llontop, Diómeses Bocanegra Irigoin y Jorge Paredes Delgado, otorgaron poder general y especial para juicios a Yris Melisa Núñez Alcántara, Helder Enrique López Fernández, Yvan Daniel Salazar Moncada, Óscar Alberto Zamora Vega, José Luis Falen León, Edgar Armando Carrasco Vega, Richard Rogger Tirado Ventura y Julio César Tapia Santome.
A estos se les otorgó poder para “ejercer la representación procesal de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A”, pudiendo de manera individual o colectiva ejercer la representación judicial y legal de la sociedad en todo asunto, juicio, proceso y procedimiento de carácter comercial, agrario, de aduanas, administrativo, tributario, municipal, judicial, laboral, penal, civil y arbitral, constitucional, procesal y de cualquier naturaleza con todas las facultades generales del mandato y las especiales contenidas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil.
En ese sentido, podían interponer demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, solicitar medidas cautelares, deducir excepciones, tachas o cualquier otro mecanismo de defensa procesal, ofrecer caución juratoria de naturaleza real o persona, reconocer documentos, prestar declaración de parte, presentar recursos de reposición, apelación, nulidad, casación, revisión, queja, constitucionalidad, de agravio constitucional y más.
También, representar a la azucarera ante el INDECOPI, la SUNAT, SUNARP, Superintendencia del Mercado de Valores, Bolsa de Valores, CAVALI y empresas prestadoras de servicio sin limitación alguna.
Asimismo se les facultó para asistir a diligencias, conciliar y disponer del derecho sometido a conciliación y para arribar a acuerdos conciliatorios o de transacción con la autorización de los administradores judiciales.
El vínculo entre Yris Melisa Núñez Alcántara y el fiscal Héctor Núñez Popuche queda probado con las publicaciones que ambos tienen en sus cuentas personales de Facebook, así como en las fotografías de celebraciones familiares y comentarios.
LOS VÍNCULOS DE CARRASCO
Si bien el interés personal del fiscal Núñez Popuche en la Empresa Agroindustrial Tumán es posterior al inicio de las investigaciones a los exfuncionarios por la presunta organización “Los Wachiturros”, en el caso del fiscal Juan Manuel Carrasco existen antecedentes previos.
Tal como informó el diario La Industria, “el 18 de diciembre del 2004, Juan Manuel Carrasco Millones contrajo matrimonio civil con Jacqueline Silvia Díaz Idrogo, tal como consta en el Acta N° 00818142 del Registro de Estado Civil de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Fue testigo del matrimonio Tomás Franklin Díaz Idrogo, identificado con Documento Nacional de Identidad – DNI N° 41495061, hermano de la novia y quien desde el año siguiente se convirtió en abogado al graduarse en la Universidad Particular de Chiclayo.
Tomás Díaz Idrogo es quien el 1 de febrero del 2011 suscribió una demanda de amparo que interpuso César Augusto Sandoval Lozada ante el Juzgado Mixto de la provincia de Utcubamba, Amazonas, contra Wigberto Cabrejos Flores, entonces presidente del Directorio de la Empresa Agroindustrial Tumán, a fin que se declare la nulidad de la inscripción del órgano de la gobierno de la azucarera.
El abogado se acreditó como domiciliado en el Jirón Cristóbal Colón 771, del distrito de Bagua Grande, y con registro N° 3435 del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL.
El cuñado de Carrasco Millones logró que el juez German Auris Evangelista, del Juzgado Mixto de Utcubamba, emitiera la Resolución N° 1 del Expediente 086-2011-001, concediendo la medida cautelar a favor de César Sandoval Lozada con inusual rapidez, al emitir su pronunciamiento un día después de presentado el recurso.
En su decisión Auris Evangelista resolvió otorgar la administración temporal de la Empresa Agroindustrial Tumán a José Lachira Fiestas, Edgar Cayotopa Martínez y Frank Guevara Díaz, primo del abogado y también del fiscal Carrasco Millones.
El juez les otorgó las facultades de gestión y representación de la empresa, con capacidad para diseñar, programar, recibir, nombrar, celebrar, expedir, adquirir, negociar, suscribir, arrendar, contratar, realizar, abrir, efectuar y registrar todo lo concerniente a la gestión administrativa, económica, comercial, productiva y demás de la azucarera.
Ordenó que quienes ostentaban en ese momento la administración de la empresa la entreguen a favor de los tres designados por su despacho y que se suspendan las facultades e inscripción registral del IV Directorio de la agroindustrial, presidido por Cabrejos Flores. Comisionó también al juez de Paz Letrado de Tumán para que haciendo uso de todos los apremios facultados por ley para que cumpla con el mandato.
El 8 de febrero del 2011, Fernando Zurita Alejandría, juez de Paz de Única Nominación de Picsi, emitió el Oficio N° 5-2011-JPUNP, dirigido al entonces jefe de la II DIRTEPOL Lambayeque, Carlos Vallejos Pasano, para solicitar las garantías policiales a fin que se realice la instalación de la administración judicial designada por el juzgado de Utcubamba.
La diligencia que había sido programada para el 9 de febrero no se ejecutó, por lo que casi un mes después, el 7 de marzo, Tomás Díaz Idrogo y César Sandoval Lozada volvieron a recurrir al juez Auris Evangelista para que ordene que se prosiga con la ejecución de la medida cautelar.
Sin embargo, ya el 14 de febrero, con Resolución N° 1 en el Expediente N° 0562-2011-45-1706-J-CI-03, la juez Nancy Celis Novoa, del Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, había admitido una demanda de amparo presentada por Segundo Ordinola Zapata y Armando Vásquez García, declarando nula la resolución de Utcubamba y trabando el ingreso de los tres administradores que el juez Germán Auris había designado para que asuman el control de la azucarera Tumán.
De ese modo la pretensión de César Sandoval y el abogado, primo del fiscal que ahora tiene a su cargo el caso “Los Wachiturros”, en el que investiga a varios personajes ligados a la empresa Tumán, entre ellos Edwin Oviedo Picchotito y el mismo Segundo Ordinola Zapata, quedó trunca.
El 8 de marzo el mismo juzgado de Utcubamba anuló la resolución del juez Auris Evangelista, observando, entre otras cosas, que para tramitar el amparo a su favor César Sandoval no tenía domicilio real en la jurisdicción del órgano judicial”.
El mismo diario señala que el interés de familiares del fiscal Juan Manuel Carraco Millones en la empresa Tumán no es nuevo, data desde el año 2008, cuando el 15 de febrero Frank Guevara Díaz planteó un hábeas corpus ante el Juzgado Especializado Penal de Utcubamba, Amazonas, a nombre de Ramón Chacón Rioja, por la supuesta vulneración del debido proceso, del principio de legalidad y del derecho de defensa en un caso que también compromete a Segundo Ordinola Zapata y Edwin Oviedo Picchotito.
“El mismo personaje ha tenido vinculaciones como abogado con César Sandoval y Marcelino Llontop Suyón, quien tomó posesión de la empresa Tumán de la mano de Fernando O’Phelan Pérez y al amparo de una cuestionada resolución emitida por un juez de José Leonardo Ortiz, quitándole el control de la azucarera al Grupo Oviedo”, indica la publicación.
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