Trece denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público desde el 2012 fueron archivadas en Lambayeque, todas referidas al accionar de una presunta organización dedicada a la usurpación, tráfico de terrenos y estafa. La principal perjudicada es Esperanza Aiscorbe Ruiz, una mujer de 66 años de edad, cuya propiedad fue invadida, luego obligada a vender a un precio irrisorio y finalmente desalojada por orden judicial, todo con la absoluta impunidad que nadie aquí se atrevió a investigar. Sin embargo, una luz se abre al final del túnel con la disposición de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada, que desde Lima ha dispuesto iniciar las indagaciones no solo en su caso, sino también en los de otros ciudadanos lambayecanos que fueron presa de la supuesta red delictiva.
En septiembre del 2012 Esperanza Aizcorbe recibió en su vivienda la visita de los abogados Juan Carlos Buendía Aservi y Segundo Samillán Llontop, quienes se presentaron como representantes de la empresa Mirage Perú S.A., interesada en la adquisición de su terreno de aproximadamente 16 mil metros cuadrados, ubicado al lado de la Universidad de Chiclayo, carretera a Pimentel.
Ante la propuesta, la propietaria indicó que accedía a la venta a un precio 125 dólares el metro cuadrado, sumando un total de dos millones 90 mil 832.50 dólares. Los supuestos agentes de la inmobiliaria accedieron y de ellos Esperanza Aiscorbe no volvería a saber sino hasta el 26 de septiembre de ese año, cuando la citaron para informarle que “tenían conocimiento” de que su terreno sería invadido y que, por lo tanto, le hacían una contraoferta reduciendo el monto a pagar.
En dicha reunión, donde participó también el abogado Meackol Jiménez Ciurlizza, le indicaron que de 125 dólares por metro cuadrado ofrecían pagarle 40 dólares. La alerta de la invasión seguía en pie.
LA INVASIÓN
Aiscorbe Ruiz hizo revisar el contrato y la conclusión fue que este era lesivo para sus intereses, por lo que se negó a la firma del mismo. Horas después, en la madrugada del 28 de septiembre, su terreno fue ocupado por 400 invasores.
Al amanecer, la mujer se comunicó con Jiménez Ciurlizza, quien se había presentado como abogado de Mirage, para la elaboración de un nuevo contrato. Los invasores se retiraron pacíficamente al promediar las 5 de la tarde, pero retornaron caída la noche, mientras ella permanecía en su vivienda, ubicada en un espacio contiguo al terreno en venta, junto con los agentes policiales y los representantes de la inmobiliaria.
De pronto hizo su aparición el notario Segundo Alfredo Santa Cruz Vera, quien traía consigo las minutas de compra y venta del terreno. Con los invasores ocupando el área, Esperanza Aiscorbe leyó los documentos y grande fue su sorpresa al notar que ahora la empresa le ofrecía cinco dólares por metro cuadrado.
Además de su terreno de 16 mil metros cuadrados, Esperanza Aiscorbe era copropietaria con sus hermanas de otras áreas, que también eran incluidas en la venta. Mirage ofrecía así pagarle 100 mil dólares por las casi tres hectáreas ubicadas en una zona altamente valorada de la ciudad.
Prácticamente presionada a firmar, la propietaria observó que la minuta incluía los dos mil 100 metros que ella desde el principio se negó a vender, debido a que esta era el área de su vivienda. Ante ello, el notario le presentó otra minuta ya redactada y firmada por Gorky Peramás Garnique, gerente de Mirage, en la que este supuestamente le vendía el área que correspondían a la casa; es decir, los dos mil 100 metros.
¿HÉROE Y VILLANO?
En medio del caos apareció Sandro Espinoza Flores, un capitán retirado de la Policía Nacional del Perú, representante de la empresa Police Segurity, quien con apoyo de los agentes del orden retiró a los invasores. Supuestamente, en dicho acto capturaron a tres integrantes de la organización criminal “La gran familia”, pero luego el Ministerio Público determinó que no había vínculo alguno.
La pesadilla no había pasado. Nueve días después de la firma de las minutas, cuando ya la partida registral del terreno había sido bloqueada a favor de Mirage Perú S.A., la empresa transfirió la propiedad a Swett Land SAC, de la que sorprendentemente era dueño Sandro Espinoza Flores, el “artífice” del desalojo. La transferencia se había efectivizado en la notaría de Santa Cruz Vera.
EL DESALOJO
Esperanza Aizcorbe nunca recibió el total de los 100 mil dólares que Mirage se comprometió a pagarle y tampoco las escrituras por los dos mil 100 metros de su vivienda. Esto último, sirvió para que en octubre del 2013 Swett Land inicie en su contra un proceso de desalojo ante el Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, que despacha el juez Héctor Conteña Vizcarra, quien el 14 de julio de este año ordenó la expulsión de Esperanza Aizcorbe de su vivienda, al considerarla “ocupante precaria” pese a tener título de propiedad.
Según la empresa, la minuta que el notario le alcanzó la noche del 28 de septiembre del 2012 era falsa.
Aun cuando en el mismo despacho de Conteña Vizcarra se mantenía un proceso de nulidad de acto jurídico respecto a la situación de la vivienda de Esperanza Aiscorbe, el magistrado ordenó el desalojo. En tanto, la jueza del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, Liz Fabián Palomino, se negó a conceder una acción de amparo contra el magistrado. Incluso en dicho juzgado se perdió el expediente de la demandante.
DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN
Por todo lo sucedido, Esperanza Aiscorbe presentó 13 denuncias ante el Ministerio Público, recayendo en la Primera, Segunda y Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, entre los años 2012 y 2015. Sin embargo, como si un halo de mala fortuna pesara sobre ella, todas las carpetas fueron archivadas.
Aiscorbe Ruiz tampoco tuvo suerte en la comisión que investigó el Caso López Meneses en el Congreso de la República, dada la vinculación que existía entre Sandro Espinoza y el exoperador de Vladimiro Montesino Torres, a quien durante el gobierno de Ollanta Humala se le puso resguardo policial en su vivienda.
Las denuncias están referidas a estafa, asociación ilícita, falsedad genérica, usurpación, daños, fraude procesal, falsificación documentaria y otros delitos.
Tras años de batalla legal y sin encontrar justicia en Lambayeque, en agosto pasado Esperanza Aiscorbe se dirigió al Fiscal Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, haciéndole conocer su caso a fin de que desde Lima se disponga el inicio de las investigaciones.
Finalmente, la denuncia fue acogida con la Disposición N° 01 del Caso 48-2017, en la que se resuelve abrir la investigación y el inicio de las diligencias preliminares contra los que resulten responsables de los supuestos ilícitos cometidos contra Esperanza Aiscorbe. La denunciante ha señalado a Sandro Espinoza Flores, Jorge Tapia Villarcota, Juan Garcés Senmache, Raymond Morel de la Prada, Meackol Jiménez Ciurlizza, Roberto Samillán Llontop, Juan Carlos Buendía Aservi y a otros más.
La responsable de la Primera Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada, Kelin Cárdenas Sánchez, ha dispuesto un plazo de 60 días para el desarrollo de las diligencias, que comprende, entre otras cosas, la revisión de la Carpeta Fiscal N° 401-2014, que obra en la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, y que versa sobre la denuncia presentada por Julio Novoa Linares contra Mirage Perú por el delito de estafa en el proyecto inmobiliario Villa Verde, ubicado cerca a la Universidad de San Martín de Porres – Filial Norte.
Asimismo, la revisión de la Carpeta Fiscal N ° 4503-2017, también de la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo, referida a la denuncia por usurpación presentada por Esperanza Aiscorbe por el caso de su vivienda; de la Carpeta Fiscal N° 462-2014, también por usurpación, que se encuentra en la Primera Fiscalía Penal de Chiclayo y de la Carpeta Fiscal N° 193-2014, iniciada por Aiscorbe Ruiz por falsificación.
A esto se suma que uno de los presuntos integrantes de esta organización delictiva, Juan Carlos Buendía Aservi, el mismo que inició las tratativas con Esperanza Aiscorbe para la compra de su terreno, habría denunciado ante la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada a Raymond Morel de la Prada, José Luis Salazar, Sandro Espinoza Flores, Meackol Jiménez Ciurlizza, José Díaz Gutiérrez, Juan Garcés Senmache, Alicia Miñano Donayre, Carlos Espinoza Alvarado, fiscales, jueces, policiales y quienes resulten responsables por los supuestos delitos de estafa agravada y masiva, apropiación ilícita, falsificación de documentos, defraudación tributaria, contrabando, lavado de activos, usurpación agravada, tráfico de tierras, corrupción de funcionarios, secuestro, extorsión, denuncias calumniosas, fraude procesal, difamación, coacción y falsedad genérica.
Por el número de casos registrados entre enero y septiembre del 2017, Lambayeque se ubica en el décimo quinto lugar a nivel nacional registrando los mayores índices de feminicidios en mujeres jóvenes según el reporte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP.
“Este año se presentaron tres casos de feminicidio en la estación policial y una de las principales causas es el alcoholismo. Los lugares de mayor incidencia son los pueblos jóvenes y distritos como Pomalca, Mochumí y Monsefú, dónde se registra agresión de hijos a madres y menores de edad golpeados por padres en estado etílico”, sostiene la sub oficial de segunda Cleyla Tongo Navarro, de la Comisaría de Familia de Chiclayo.
Tongo Navarro menciona que los casos más atendidos son de violencia psicológica y física. “Las víctimas se encuentran en un rango de edad entre 16 y 50 años”, agrega.
La sub oficial menciona que son pocas las mujeres que, a pesar de sufrir violencia de cualquier tipo, buscan ayuda institucional. "Las que menos acuden a los centros de auxilio son las más jóvenes. Esto sucede porque minimizan la situación, por vergüenza o por sentimientos de culpa", precisa.
CAMPAÑAS
Con el fin de intensificar el trabajo para reducir la violencia, la comisaría desarrolla programas diarios en colegios y zonas vulnerables.
“La marcha ‘Empodérate Mujer’ realizada en agosto nos permitió implementar campañas antiviolencia en colegios. Para ello, psicólogos trabajan en conjunto con alumnos de cuarto y quinto de secundaria. Por otro lado, a las madres de familia se les proporciona información sobre los procedimientos para asentar una denuncia”, añade.
PROCEDIMIENTOS
En cuanto al procedimiento para las denuncias, la autoridad policial informa que las víctimas suelen llegar generalmente por la madrugada. “En el momento se auxilia al afectado en el Hospital Las Mercedes, posteriormente se interviene al agresor. Finalmente, el caso se deriva a la fiscalía”, sostiene.
“Muchas veces las mujeres, niños o adolescentes no denuncian por vergüenza o miedo. Es imperativo denunciar al agresor”, afirma.
FEMINICIDIOS A NIVEL NACIONAL
Las regiones con mayor incidencia de feminicidios en lo que va del año son Lima, con 665 denuncias; Arequipa, con 160 atenciones integrales a víctimas de violencia, y Junín, donde se han denunciado 128 agresiones. En cuarto lugar está Puno, que reporta 94 casos.
Lambayeque se ubica en el puesto 15 con cuatro casos, por encima de Apurímac, Madre de Dios, Moquegua, Tumbes y Ucayali.
El MIMP informa que respecto al período enero-septiembre del año pasado la tasa de feminicidios ha descendido en 5 % y las tentativas en 28 %. Sin embargo, el nivel de violencia en los casos registrados en lo que va de este año es mayor.
De acuerdo con el Ministerio Público, mil 943 mujeres han sido víctimas de feminicidio entre enero del 2009 y setiembre del 2016. Es decir, un promedio de 10 muertes al mes.
INDICADORES
Por otro lado, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en los primeros nueve meses del presente año se han registrado 269 casos de violencia feminicida. Entre ellos, 94 feminicidios y 175 tentativas.
En cuanto a edades, el registro de feminicidio y tentativa precisa que el 90.3 % de fallecidas tiene entre 18 y 34 años. Los niños y adolescentes representan el 5.9 % y los adultos mayores el 3.7 %.
Asimismo, se ha determinado que el 80 % de feminicidios ocurren en la zona urbana, el 13 % en la zona rural y el 7 % en el sector urbano-marginal.
La estadística señala que en el 85.1 % de los casos los agresores son parejas o exparejas de las víctimas. El 10.5 % es cometido por algún familiar, el 5.3 % por algún conocido y el 2.6 % por un desconocido que ataca sexualmente.
TIPOS DE VIOLENCIA
El 64.6 % de las denuncias son por violencia psicológica. Es decir, siete de cada 10 mujeres señalan haber vivido un episodio de violencia psicológica por parte de su esposo, conviviente o pareja sexual.
El informe emitido por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES, detalla que los victimarios suelen maltratar a las mujeres por medio de expresiones humillantes, ejerciendo control sobre ellas, celándolas e impidiendo su salida de la casa.
Del mismo modo, el 32.4 % de denuncias presentadas son por violencia física y el 3 % son por abuso sexual. Los casos de violación sexual tienen mayor incidencia en Lima (894), Junín (264), Arequipa (177), La Libertad (170), Cusco (161) y Huánuco (137).
En el 2016, a nivel nacional se cometieron 124 feminicidios, cifra que posicionó al país en el segundo lugar en feminicidos a nivel de América Latina.
MEDIDAS
El registro de feminicidio y tentativa señala que las víctimas optan por denunciar al victimario (53 %). Sin embargo, el 33 % de las afectadas no toman ninguna medida. Por otro lado, el 14 % de ellas prefiere separarse o huir.
Actualmente, existen 226 Centro Emergencia Mujer en todo el país, cuya cobertura alcanza el 100 % de los departamentos y el 96 % de las provincias.
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HOMBRES TAMBIÉN SON MALTRATADOS
Aunque los feminicidios protagonicen el 75 % de los casos, el informe también detalla violencia doméstica de mujeres agrediendo física y psicológicamente a hombres. Esto representa el 25 %.
Según los datos registrados por el MINP, Lima lidera la tasa de violencia contra el sexo masculino con mil 111 casos; seguido de Arequipa con 267 y Cusco con 157.
En la mayoría de casos de violencia física, los hombres denuncian haber sido atacados con ollas y objetos punzo cortantes. En cuanto a violencia psicológica, el informe refiere que la queja más frecuente es de padres que denuncian a sus parejas porque no les permiten cumplir con el régimen de visitas y tenencia de sus hijos.
Los hombres de la tercera edad sufren más maltrato psicológico. El informe detalla que adultos mayores entre 60 a 80 años son agredidos verbalmente por sus hijos, sobretodo, en el sector C y D a nivel nacional.
(*) Estudiante de Comunicación – USAT.
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque es una de las 16 a nivel nacional que hasta el momento no ha remitido al Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que lidera en el ámbito jurisdiccional Susana Castañeda Otsu, las sentencias dadas por sus magistrados en dicha materia. El envío es importante porque permite la revisión de las mismas, a fin de identificar cuáles son las deficiencias que se tienen en el procesamiento y sanción contra quienes incurren en delitos contra la administración pública.
Junto a Lambayeque se encuentran los distritos judiciales de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cañete, Cusco, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Sullana y Lima Sur.
“Nosotros esperamos que los distritos judiciales que faltan remitir sus sentencias puedan hacerlo lo más pronto posible, porque es la única manera de analizar los fallos que servirán de insumo para las capacitaciones y también para ser publicadas en la web, y que el pueblo sepa que los jueces están resolviendo los casos. Eso nos preocupa también”, señala la coordinadora nacional del Poder Judicial.
Como explica Castañeda Otsu, quien conversó con Expresión durante su reciente visita a Chiclayo, el Sistema Nacional Anticorrupción no solo lo conforman los 14 jueces superiores que fueron convocados a Lima para conformar los órganos jurisdiccionales que revisan los casos más complejos, como el de Odebrecht, por ejemplo, sino también todos los magistrados que tienen en sus manos decisiones referidas a la corrupción de funcionarios en todos los departamentos.
En tal sentido, parte de la tarea asignada a la coordinación que encabeza Susana Castañeda radica en la capacitación de los jueces, a fin que estos puedan emitir sentencias claras, con una buena motivación y con apego a la norma y al respeto de los principios procesales.
“No solamente estamos enfocados en la capacitación, queremos que la población sepa el modo en el que los jueces están resolviendo estos casos sensibles que involucran a gobernadores, alcaldes y altos funcionarios públicos. Es necesario que la población conozca estos detalles para que al momento de elegir lo haga adecuadamente”, menciona la magistrada.
AVANCES
En enero de este año el presidente del Poder Judicial designó a Castañeda Otsu como coordinadora del sistema especializado, encargándose la evaluación y convocatoria de un grupo de magistrados altamente capacitados para que asuman los juzgamientos futuros en los casos de corrupción que involucran a altos funcionarios del Estado y a empresas extranjeras, esto a partir de la investigación iniciada por el escándalo “Lava jato”.
La creación del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el que convergen el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, se dio con los decretos legislativos 1307 y 1342.
En total son 14 jueces nombrados con competencia nacional dentro del sistema, tres de los cuales asumen funciones en la investigación preparatoria, cuatro en despachos unipersonales y siete en salas superiores.
“Por ahora, como se trata de un sistema nuevo, la mayoría de casos se encuentran en investigación preparatoria. Sin embargo, tenemos ya un caso importante como es el del ex gobernador regional del Cusco, Jorge Acurio, (acusado de recibir coimas de Odebrecht) y dos personas implicadas, los abogados José Zaragoza y Gustavo Salazar. Además, ya hemos emitido una sentencia contra el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, la misma que ha sido ratificada por el Juzgado Colegiado de la Sala Penal Nacional”, comenta Susana Castañeda.
Asimismo, refiere que los jueces del sistema especializado han ordenado hasta el momento una serie de medidas limitativas como el levantamiento del secretario bancario, de la reserva bursátil, de los reportes telefónicos y otras más, en investigaciones que incluyen a altas autoridades a nivel nacional por sus presuntos vínculos con las empresas constructoras brasileras.
LEGALIDAD DEL SISTEMA
Tras la creación del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios diversas voces se alzaron, unas a favor y otras en contra, estas últimas señalando que la creación de juzgados nacionales y el consecuente traslado de los casos a dichos despachos vulneraría el principio de juez natural.
Al respecto, Susana Castañeda señala que dicha trasgresión no se configura, porque ya existe una Sala Penal Nacional que revisa casos de criminalidad organizada que trascienden a una determinada jurisdicción. Del mismo modo, el sistema especializado tiene como responsabilidad la resolución de casos de corrupción nacional que impliquen a funcionarios y sus delitos conexos como el lavado de activos o la falsificación de documentos.
“No se viola ese principio porque tenemos la experiencia de las salas especializadas que llevaron los casos de Vladimiro Montesinos Torres y de toda la red de corrupción que se investigó a partir del año 2000. Todos esos casos los vio un sistema especializado y los jueces ordinarios nunca pusieron resistencia; por el contrario, enviaron los procesos para que sean los juzgados especializados y las salas especiales las que resuelvan dichos casos”, manifiesta.
Añade que el sistema anticorrupción del Perú es uno de los pioneros a nivel de la región.
“Perú ha sido modelo para que en otros países se instalen sistemas anticorrupción. A partir del año 2000 empezó este trabajo y en Lima se tiene una experiencia de 17 años procesando casos anticorrupción con el Código de 1940 y con el Código Procesal del 2004”, señala.
TAREA FISCAL
Empero, Castañeda Otsu reconoce que esta es la primera vez que en el Perú se revisarán casos de alta complejidad y que están enlazados a investigaciones judiciales que se realizan en otros países como Brasil, a partir de las delaciones dadas por los exfuncionarios de Odebrecht y las demás compañías constructoras.
En ese sentido, afirma que es necesario que el Ministerio Público esté en capacidad de desarrollar investigaciones sólidas, cuyos insumos permitan confirmar los ilícitos en los que habrían incurrido autoridades y ex funcionarios del país.
“Esperamos que el Ministerio Público nos presente casos sólidos, bien estructurados y con los medios de prueba suficientes, que acrediten que lo que ellos plantean es lo correcto. Lo que tenemos por ahora son solo pedidos de medidas limitativas de derechos, bastantes medidas. Seguramente ellos (los fiscales) están trabajando los casos, porque para presentarlos deberán hacerlo adecuadamente. Solo han formalizados dos o tres casos, no hay más, y eso es así. Cuando un sistema recién empieza las sentencias se emiten después de uno o dos años, una vez que se hayan formalizado. Lo que sí es cierto es que se trata de casos muy complejos, donde, al igual que en la experiencia pasada, muchos de los dineros se encuentran en cuentas extranjeras, en empresas off shore y se tiene que seguir la ruta del dinero. La diferencia está en que antes eso lo hacía el juez, ahora es tarea del Ministerio Público y le corresponderá a este acreditar la ruta del dinero y todo lo que haya ocurrido en relación a los casos”, detalla.
CAMBIOS NECESARIOS
Por otro lado, Castañeda Otsu sostiene que es pertinente que se discutan cambios normativos para fortalecer la lucha contra la corrupción, como la modificatoria del Código Procesal Constitucional a fin de evitar que las acciones de amparo sean presentadas en jurisdicciones ajenas a donde se ventila determinado proceso.
La magistrada, natural de Oyotún, recuerda que hace diez años publicó un libro precisamente referido a los hábeas corpus y la exigencia de territorialidad que debe existir para su emisión a favor de un procesado. Dicha opinión es la que desde el inicio de su gestión como presidente del Poder Judicial ha recogido y hecho suya Duberlí Rodríguez Tineo.
“Hace más de diez años vengo proponiendo que se reforme el Código Procesal Constitucional para evitar que los amparos y los hábeas corpus se presenten en cualquier lugar. Deben ser presentados en el lugar donde se ha cometido la agresión del derecho y si se trata de una persona privada de la libertad, entonces en el lugar donde se está aplicando la prisión o en el lugar donde se emitió la resolución. No puede seguir lo que está pasando. Hoy vemos que hábeas corpus de personas privadas de la libertad en Lambayeque se presentan en Amazonas, por ejemplo”, señala.
Indica que existe un vacío en la norma al no establecer con claridad la condición de territorialidad para la presentación de amparos constitucionales.
“La ley dice que es competente cualquier juez penal del lugar y, por lo tanto, lo entiendo que el lugar es aquel donde está la persona detenida o vulnerada en sus derechos. Así debe ser interpretado. Más allá de un asunto de reformas este es un tema de interpretación y los jueces interpretan las normas cuando las aplican. Lamentablemente no se ha hecho hasta ahora un acuerdo plenario en relación a la competencia de los jueces constitucionales, quizá sea momento de hacerlo en tanto el Poder Legislativo no modifica la norma. Este tema tiene que debatirse, porque lo que viene ocurriendo es escandaloso”, enfatiza.
“Proponemos que se evalúe la permanencia del jefe de la ARCC porque ha demostrado incapacidad, falta de liderazgo, desprecio por las instancias de gobierno subnacionales e indolencia frente a las poblaciones vulnerables que aún siguen viviendo en una situación muy precaria”. Ese es uno de párrafos finales de la extensa carta que el martes último presentó el gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, al mandatario de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en su calidad de presidente de la Mancomunidad Macroregión Nor Oriente del Perú, en claro rechazo a la continuidad de Pablo de la Flor Belaunde como director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
Las desavenencias entre De la Flor Belaunde, quien tiene rango de ministro de Estado, y las autoridades regionales empezaron a hacerse más notorias luego que este las responsabilizara de los evidentes retrasos que tiene el proceso de reconstrucción en los departamentos afectados por El Niño Costero, calificándolos de ineficientes.
Tal afirmación motivó la airada protesta de los gobernadores de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto, quienes agrupados en la Mancomunidad Nor Oriente del Perú hicieron público un comunicado a nivel nacional rechazando las declaraciones de Pablo de la Flor y, además, comparando los resultados que tienen hasta el momento los gobiernos regional en la ejecución de los recursos dados para medidas de prevención frente al avance presupuestal de diversos ministerios.
Así, por ejemplo, señalaron que de los 410 millones de soles asignados en el Presupuesto de la República al programa de reducción de la vulnerabilidad frente a desastres, se ha ejecutado en promedio el 45.5 % en los cuatro departamentos más afectados por El Niño Costero 2017 (Tumbes, Piura, Lambayeque y las Libertad), a pesar que los recursos fueron transferidos recién a fines del segundo trimestre del año. Dicho avance es superior al 22.4 % de lo ejecutado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y muy cerca al 48.7 % y 55.9 % de lo gastado hasta el momento por los ministerios de Salud y Agricultura, respectivamente.
Además, los gobernadores hicieron saber su extrañeza porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha recibido asignación presupuestal para el referido programado, aun cuando el sector transportes resultó uno de los más afectados por las lluvias, inundaciones y huaicos presentados entre enero y marzo de este año.
“Debemos señalar claramente que la reconstrucción con cambios, que ya tiene casi siete meses, no ha sido retrasada por acción u omisión de los gobiernos regionales o locales. Por el contrario, es una responsabilidad directa de la ARCC que, desde un inicio, ha tenido una actitud centralista y de autosuficiencia. Más del 70 % del monto aprobado del presupuesto de reconstrucción ha sido asignado al gobierno nacional”, señalan los gobernadores en su carta a Pedro Pablo Kuczynski.
La misiva fue recibida en Palacio de Gobierno el martes 24 d.c.
AFIRMACIÓN OFENSIVA
Para los titulares de los gobiernos regionales del nororiente del país la afirmación de Pablo de la Flor resulta ligera y ofensiva, y rehúye a la responsabilidad que pesa sobre este debido a que el Plan de la Reconstrucción con Cambios fue aprobado por el gobierno nacional sin participación – según denuncian – de los gobiernos regionales en la primera semana de septiembre.
“Se nos pretende responsabilizar por los retrasos. Tanto es así, que varias de las propuestas que hemos presentado no han sido tomadas en cuenta por la ARCC”, denuncian, añadiendo que no se están priorizando las rehabilitaciones más urgentes en materia de transportes, vivienda, agricultura y de servicios básicos, “sino que se ha decidido anunciar como inicio de la reconstrucción actividades que no son proyectos de inversión como la limpieza del cauce de los ríos”.
“No se programan, hasta ahora, obras definitivas que puedan solucionar el clamor de la población afectada por El Niño Costero 2017. Asimismo, ponemos de su conocimiento que existe una gran descoordinación con los ministerios encargados de ejecutar grandes presupuestos de la reconstrucción, los cuales actúan sin articulación con los gobernadores y alcaldes”, señala la carta.
PLANTEAMIENTO
En ese sentido, los gobernadores del nororiente del país han solicitado al presidente de la República que se instale una mesa de coordinación permanente descentralizada de alto nivel para la macroregión, con el objetivo de coordinar el planeamiento, priorización, ejecución y seguimiento de las obras de rehabilitación y reconstrucción.
Sugieren que en dicha instancia, además de los gobiernos regionales, deben participar la presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios encargados de los presupuestos de reconstrucción, la Contraloría General de la República y el jefe del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE.
“Para recuperar el ambiente de unidad que requiere el país y, en especial, la zona norte que ha sido duramente golpeada por la naturaleza, le pedimos a usted y a la presidenta del Consejo de Ministros, deslinden públicamente su posición, respecto de las declaraciones de este funcionario que tiene rango de ministro. Que se corrija el accionar centralista que se ha mostrado hasta ahora en el proceso de reconstrucción con cambios”, demandan los gobernadores regionales.
CONFRONTACIÓN ABIERTA
Lo que caldeó aún más los ánimos de las autoridades regionales, principalmente del gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, fue la actitud que tras el comunicación nacional adoptó De la Flor Belaunde a inicios de semana.
Según explicó el mandatario de Lambayeque, desde el 29 de septiembre se había programado una reunión con el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a fin de discutir la inclusión del Plan Hidráulico Regional en el Plan de la Reconstrucción, cita que debió realizarse el lunes.
Sin embargo, a último momento, Humberto Acuña fue informado vía telefónica, por el gerente regional de la reconstrucción, César Calderón Morales, que la reunión había sido cancelada, debido a que De la Flor, quien se encontraba en Lambayeque, realizaría visitas de campo.
En efecto, el funcionario recorrió el distrito de Mórrope y luego se trasladó a Chiclayo, donde visitó junto a un grupo de alcaldes, entre ellos el burgomaestre provincial, David Cornejo Chinguel, la Urbanización José Quiñones Gonzales.
Los alcaldes han publicado un comunicado respaldando la continuidad de Pablo de la Flor.
“ACTITUD INMADURA”
“Una de las observaciones que nosotros le hacemos al director de la reconstrucción es que nunca viene con un equipo técnico. ¿Cuál es el equipo técnico que respalda al señor Pablo de la Flor? Siempre viene con un secretario para que le lea la computadora. Si el quiere hacer un trabajo serio de la reconstrucción, en bien del país, tiene que tener un equipo técnico para poder discutir las prioridades que se tienen”, señaló visiblemente incómodo el gobernador de Lambayeque el lunes, acompañado de su cuerpo de gerentes sectoriales en la sede del PEOT.
“Creo que por el comportamiento inmaduro de parte de Pablo de la Flor, debe irse, deben cambiarlo. No argumentó nada para cancelar la reunión que teníamos pactada, solamente me llamó el señor César Calderón, habiendo tenido una reunión previa el día sábado por la noche en la que se coordinó la agenda y quiénes participarían de la reunión”, precisó.
Acuña Peralta manifestó que dada la situación, participará junto a sus gerentes de línea en la marcha convocada para el próximo 13 de noviembre por el Comité Cívico de Lambayeque, demandando la reformulación del Plan de Reconstrucción para el departamento.
“Si se ha dado este comportamiento inmaduro e irrespetuoso contra la región Lambayeque creo que sí se amerita apoyar la marcha convocada por el Comité Cívico”, aseveró.
EL PLAN HIDRÁULICO
El gerente general del Proyectos Especial Olmos Tinajones – PEOT, Juan Saavedra Jiménez, explica que la importancia del Plan Hidráulico de Lambayeque radica en la necesidad de mitigar las inundaciones que se presentan en el departamento con la ocurrencia del Fenómeno El Niño, que con el tiempo se han hecho más recurrentes.
“El Plan Hidráulico fue planteado con el propósito de regular el recurso hídrico de los valles, con el objetivo principal de frenar las inundaciones, de almacenar el agua para el uso agrícola, también de la población y para la generación de energía. Si sumamos los daños ocasionados por El Niño estamos hablando de miles de millones de dólares, por lo que si acumulamos la inversión hecha por el Estado en reconstruir todo lo dañado, resulta mucho más rentable construir algunas presas del Plan Hidráulico y mitigar los impactos”, refiere.
Entre las obras que se consideran priorizadas están el sistema hidráulico del valle La Leche.
Justamente, lo que busca el gobierno regional es que se prioricen las intervenciones del Plan de Reconstrucción en relación al Plan Hidráulico.
“Lo que queremos es que se prioricen los estudios, para que en el 2019 puedan iniciarse las obras. El Plan Hidráulico es un esquema y se necesita elaborar un perfil para saber más o menos cuánto se necesita para su ejecución, que es a largo plazo. Nosotros tenemos los perfiles de las presas Sicán y Montería”, señala.
LOS ALCALDES
Contraria a la posición adoptada por los gobernadores regionales de la macroregión nororiente, los alcaldes provinciales de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, secundados de los burgomaestres de Cayaltí, José Leonardo Ortiz, Zaña, Oyotún y La Victoria, han publicado un comunicado con el que respaldan a Pablo de la Flor y abogan por su continuidad al frente de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
“El director ejecutivo de la RCC, Pablo de la Flor Belaunde, en todo momento ha demostrado apertura comunitaria, disposición de diálogo y capacidad de coordinación con nosotros cuando hemos ido a gestionar a su oficina e igualmente en las múltiples visitas que ha efectuado a nuestras comunidades, demostrando con ello que es una autoridad dispuesta a apoyar a la ciudadanía, por lo que respaldamos totalmente la actual gestión que viene liderando dicho funcionario”, señalan.
Los alcaldes consideran que el Plan de la Reconstrucción no es centralista y refieren que entienden las demoras en los procesos debido a las normas actuales de contratación del Estado.
