Al mismo estilo de los funcionarios de confianza del exalcalde Roberto Torres Gonzales, en su primera gestión municipal, Nerio Villarreal Santamaría y Marcial Rocky Serquén Seclén, y que les costó varios años de cárcel; en la actual administración de Chiclayo se habría dejado de comprar insumos lácteos con la finalidad de declarar el desabastecimiento inminente del Programa del Vaso de Leche, para de esta manera comprar en forma directa.
Ante ello, el abogado Germán Vásquez Merino demandó la inmediata intervención de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, para que accione al interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y se ponga al descubierto una presunta colusión entre funcionarios y regidores para declarar el desabastecimiento inminente en el Programa Vaso de Leche.
Vásquez Merino sostuvo que de acuerdo a la Ley que establece normas complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche – PVL- 27470 y su modificatoria N° 27712, en cada municipalidad provincial, distrital y delegada, a inicios de cada año, se conforma un Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, el mismo que es aprobado mediante resolución de Alcaldía con acuerdo del Concejo Municipal.
“El referido Comité está integrado por el alcalde, un funcionario municipal, un representante del Ministerio de Salud y tres representantes de la Organización del Programa del Vaso de Leche, elegidas democráticamente por sus bases, de acuerdo a los estatutos”, señala.
EL TRABAJO
Advierte que con el objetivo de demostrar transparencia y evitar problemas durante los meses de trabajo y del siguiente año, el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche debe empezar a actuar ni bien es reconocido, con el objetivo de convocar a concurso de selección de manera transparente, la que debe hacerse desde el mes de mayo a junio con proyección a encontrar al proveedor para el siguiente año.
“El proceso de selección se debe hacer público a partir del segundo trimestre del año, con la finalidad que en el mes de octubre a noviembre se pueda tener a la empresa ganadora que proveerá del producto a los Comités del Vaso de Leche durante el próximo año”, indicó.
Agrega que a más tardar, en el mes de diciembre del año 2016, de acuerdo a Ley, se debió haber tenido conocimiento del nombre de la empresa que iba a abastecer con productos lácteos los almacenes de la municipalidad de Chiclayo, pero es el caso que a la actualidad existe un desabastecimiento de alimentos debido a que no se tiene a un proveedor seleccionado de acuerdo a lo que estipula la Ley.
“En el peor de los casos, en el mes de noviembre del año 2016 debía saberse quien iba a proveer de leche a los miles de niños agrupados en los comité de Vaso de Leche, pero a la fecha no se sabe nada y se compra de manera directa con miles de soles”, sostuvo.
LEGALIZAR EL DELITO
Vásquez Merino añade que la gestión responsable de llevar adelante los procesos de selección para adquirir productos lácteos para los Comités de Vaso de Leche, de acuerdo a Ley, desde el tercer o cuarto mes de cada año, tendría que haber iniciado la convocatoria y selección del proveedor, con el objetivo que en el mes de enero del siguiente año no se tenga ningún problema de abastecimiento.
Sin embargo – explica – “estamos a escasas horas de finalizar el mes de junio y los Comités de Vaso de Leche se encuentran desabastecidos y en los almacenes de la municipalidad de Chiclayo no hay alimentos para cubrir la demanda”.
Refiere que lo más grave es que ahora “se pretende comprar a dedo”, invirtiendo varios miles de soles y para ello se busca y se cuenta con el aval de los regidores. Es decir, se buscaría legalizar la negligencia, omisión, irresponsabilidad o la acción intencional.
“Esta fecha no es para estar preocupándose por comprar alimentos para abastecer los Comités de Vaso de Leche, sino que a estas alturas del año se debe estar convocando a licitación pública para un nuevo abastecimiento a futuro y no estar desabastecido el próximo año, pero nada de eso se está haciendo y eso es una falta grave que el Ministerio Público debe indagar y buscar sancionar de acuerdo a Ley contra los que resulten responsables”, indicó el letrado.
¿DELITO?
Con la Ley de Municipalidades y el Código Penal en la mano, el letrado sostiene que la acción de desabastecimiento es grave y provocada, que ha podido ser a propósito con el presunto objetivo de eliminar el proceso de selección y más bien generar el desabastecimiento inminente.
Pero lo más delicado de todo – señala- es que la autoridad municipal lejos de tomar acciones para identificar y sancionar a los responsables, ha llevado el problema a sesión de concejo y con el voto de la mayoría que apoya a la gestión edil, logrado que se apruebe el desabastecimiento inminente y obtener el permiso para que se pueda comprar en forma directa y sin ningún tipo de problema al haberse declarado la emergencia.
“Esta acción, a simple vista de cualquier órgano de control, significa que aquí existe una responsabilidad directa de los funcionarios encargados y responsables de realizar el proceso de selección, pero hasta la fecha no ocurre nada y más bien se pretende comprar de manera directa a vista y paciencia de la Contraloría y de la misma Fiscalía Anticorrupción”, detalla.
INOPERANCIA
“Desde mi modesto punto de vista la Fiscalía Anticorrupción debe investigar, y ya debe haber ingresado a la municipalidad de Chiclayo para iniciar las investigaciones, pero hasta el momento no lo hace, por lo que se presume que existe inoperancia o desidia para actuar”, refiere.
Agrega que la investigación no solo debe basarse en el desabastecimiento actualmente existente, sino que también se debe indagar qué empresa ha estado abasteciendo de alimentos a los Comités de Vaso de Leche en los primeros seis meses del año.
“La Fiscalía también debe investigar si la municipalidad de Chiclayo ha hecho adendas o no para cumplir con el abastecimiento de alimentos, pero esas adendas deben estar dentro del marco legal, caso contrario allí también existe un delito”, acotó.
Apunta a que el titular del pliego, en este caso el alcalde David Cornejo Chinguel, debe responder ante el Ministerio Público los motivos y las razones por las cuales el año pasado no se pudo encontrar un proveedor de productos lácteos para el 2017.
“Es bueno que la población conozca que este problema no solamente se da en Chiclayo, sino que se ha convertido en algo común en casi todas las municipalidades de la región, las que a estas alturas del año vienen poniendo en práctica el desabastecimiento inminente para poder comprar en forma directa o a dedo la proveedor o empresa que mejor les parezca”, señaló.
Destaca que en el caso de Chiclayo no hay excusa por parte de los funcionarios, razón por la cual la Fiscalía Anticorrupción debe ingresar a investigar.
“Aquí no hay desconocimiento, incapacidad o negligencia. Aquí, hay una acción con conocimiento y responsabilidad, que debe ser asumida por los funcionarios, entre ellos el funcionario responsable del área de los programas sociales”, resaltó.
ACCIÓN INMEDIATA
Considera que el desabastecimiento de alimentos para los programas del Vaso de Leche en Chiclayo ha sido provocado con el propósito de comprar en forma directa a un proveedor que ya estaría listo para entregar alimentos.
“Insisto, el desabastecimiento no es por negligencia, desconocimiento u omisión, porque ya no es el primer año de la gestión municipal del alcalde David Cornejo Chinguel. La actual gestión tiene dos años y medio en el cargo, y resulta imposible que desconozca cuáles son sus funciones”, acotó.
Agrega que en esta oportunidad ya no está el exalcalde Roberto Torres, como para que le echen la culpa de su inoperancia e inacción funcional y “traten de tapar sus errores”.
“Como desde hace dos años ya no está Roberto Torres en la municipalidad, ahora solamente falta que digan que no se han comprado alimentos porque El Niño Costero no lo ha permitido. Eso sería algo inaudito, porque la compra de alimentos para el Programa Vaso de Leche debería haber estado lista entre los meses de octubre y noviembre del año pasado, tal y como lo dispone la Ley “, recalcó.
Germán Vásquez es ácido en criticar la función que desarrollan los representantes del Ministerio Púbico, especialmente de la Fiscalía Anticorrupción, a quienes exhorto tomar acciones inmediatas y a cumplir con el papel para el cual han sido designados.
“El Ministerio Público no debe esperar a que el conocimiento venga de otro lado o del extranjero para recién tomar acciones, porque aquí no solo se tiene que velar por los intereses del Estado, sino también por la salud de los niños, la que en estos momentos se encuentra en peligro”, asestó.
REGIDORES
Le llama la atención que hasta el momento los regidores de la comuna chiclayana no hayan salido en defensa del interés del Estado y de los niños. Más bien que se hayan sumado a la figura del desabastecimiento inminente, programando una sesión especial para tratar y apoyar la compra de lácteos de manera directa.
“Hasta hace pocas horas los de oposición han puesto el grito al cielo y ha ido a la Contraloría y al Ministerio Público para poner en conocimiento el presunto delito, pero la capacidad de respuesta no es inmediata, y eso sí que llama la atención”, indicó.
LA DENUNCIA
Desde las últimas horas, una denuncia más enfrenta el alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel por los presuntos delitos de omisión de funciones y falsedad genérica.
Ante la inercia del Ministerio Público para actuar de oficio en defensa de los interés del Estado y de los niños de la Capital de la Amistad, los regidores de oposición acudieron a la sede fiscal en compañía de su asesor legal, el abogado Víctor Luna Victoria Menacho, quien basa la denuncia en cuanto a los fundamentos que expuso al concejo edil el alcalde para que el oficialismo declare el desabastecimiento inminente del programa Vaso de Leche.
Víctor Luna Victoria, junto a los regidores Víctor Rojas, Laura Hernández, Guillermo Segura y César Torres Gálvez, manifestaron en su denuncia la existencia de fundamentos que probarían las comisiones ilícitas.
“El 21 de junio pasado, en sesión de concejo, el alcalde David Cornejo manifestó que un día antes de anularse el proceso de selección para adquirir productos alimenticios por más de un millón de soles, recién se conocieron las observaciones de la Contraloría General de la República”, explicó el letrado.
De igual manera, detalla que lo dicho por el burgomaestre es falso, ya que el día 13 de junio se dejó sin efecto el proceso de selección, pero en el mes de abril la Contraloría ya había emitido los documentos de observación, lo que refleja la existencia de un delito con la intención de favorecer a algún proveedor de productos lácteos.
El próximo 15 de julio se vencía el mandato de prisión preventiva dictado contra Roberto Torres Gonzales, al cumplirse los 33 meses dispuestos como medida coercitiva por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria. Con el tiempo en contra, el Ministerio Público buscó que la autoridad judicial prolongue la medida cautelar contra el exalcalde de Chiclayo, pretensión que le fue desestimada en mayo pasado, pero que esta semana fue acogida extendiéndose el mandato por seis meses más.
Para Tito Esteves Torres, abogado del exalcalde, la investigación seguida por el Ministerio Público contra los integrantes de la presunta organización criminal “Los limpios de la corrupción”, presenta serias deficiencias que pondrían en cuestionamiento en trabajo realizado por el despacho del fiscal Sergio Zapata Orozco, pese a que este se dedica de manera exclusiva al caso.
En su opinión, durante los más de dos años y medio que llevan las diligencias, los fiscales solo se habrían dedicado a engrosar la carpeta con imputaciones, “olvidándose de la corroboración de hechos” para lograr la sanción penal.
LOS DELITOS
En el 2014, a Roberto Torres Gonzales se le inició una investigación fiscal por la comisión de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, lo que motivó que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria admita el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses que se dictó contra él, ex funcionarios, familiares y colaboradores, medida que posteriormente (marzo del 2016) fue ampliada por 15 meses más.
Desde ese momento hasta hoy, la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo ha incorporado nuevas imputaciones que han revestido de complejidad al caso, situación que a decir de Esteves Torres no ha podido manejar de manera diligente, por lo que se vio en la necesidad de solicitar a la autoridad judicial la desacumulación del proceso, a fin de conseguir sanciones rápidas considerando el vencimiento de los plazos.
“Nos hemos quedado solamente con el proceso principal que es de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Hay algunos otros casos que se han independizado, como también otros que a pesar de la desacumulación han servido para que se incorporen nuevas imputaciones en el proceso principal”, comenta Tito Esteves.
Recuerda que la actuación de Zapata Orozco como director de la investigación en el caso “Limpios de la corrupción” ha sido cuestionada incluso por uno de integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, en su audiencia para la ratificación, debido a que ha continuado solicitando la prolongación de la prisión preventiva contra los investigados y añadiendo imputaciones con la consecuente dilación del proceso.
PROLONGAR LA PRISIÓN
De acuerdo al Código Procesal Penal, cuando un caso es declarado complejo el juez puede dictar hasta 18 meses de prisión preventiva contra los investigados y si se trata de criminalidad organizada la medida cautelar se puede extender hasta los 36 meses. Asimismo, de acuerdo al Artículo 274 del Decreto Legislativo 1307, publicado en diciembre del 2016, de hallarse circunstancias que representen una especial dificultad o ameriten mayor investigación, el mandato de prisión preventiva puede prologarse a 18 meses adicionales para casos complejos, y 12 meses para los de criminalidad organizada.
En el caso “Limpios de la corrupción”, el Ministerio Público solicitó que se prolongue la medida cautelar a fin de asegurar – según han explicado los fiscales en las audiencias – la concurrencia de los investigados a los juicios.
Sin embargo, para Esteves Torres se trata de medidas dilatorias que incluso vulnerarían los derechos de los investigados y ante los cuales la autoridad judicial, en este caso la juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Cecilia Grandez Rojas, no ha mostrado mayor observancia.
“El Ministerio Público se ha preocupado simplemente de acumular imputaciones sobre imputaciones y se ha olvidado del proceso principal que es el de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Nosotros ingresamos un documento mediante el cual solicitamos que se declare la nulidad de la Disposición N° 145, dictada por la fiscalía, la que dice lo siguiente: ‘Adecúese el proceso investigatorio al sistema del crimen organizado’. Pedimos esto porque la Ley 3077, que es la que crea el sistema, fue modificada y se estable que los procesos iniciados y no incorporados al régimen de crimen organizado seguirán bajo lo dispuesto por el Nuevo Código Procesal Penal”, señala.
La Ley 3077 fue dictada en agosto del 2013, casi un año antes de iniciarse la investigación contra Roberto Torres y compañía. En ese sentido, para el abogado es responsabilidad de los fiscales no haberse amparado en el sistema que norma los casos de crimen organizado.
“Por un accionar negligente del Ministerio Público el caso no se inició dentro del sistema de crimen organizado, no obstante que la Ley 3077 ya existía desde el 2013. La norma es clara y señala que los procesos que se abren sin haberse adecuado al régimen, continuarán con lo establecido por el Nuevo Código Procesal Penal”, manifiesta.
MALAS NOTICIAS
La prisión preventiva contra Roberto Torres Gonzales se vencía el 15 de julio, al cumplir los 33 meses dispuestos por el Poder Judicial (18 meses primero y 15 meses después), por esta razón la fiscalía solicitó que se adecue la investigación al régimen de criminalidad organizada, lo que de acuerdo a la defensa era ilegal.
La jueza Cecilia Grandez emitió la Resolución N° 3, del 29 de mayo, en el Expediente 3972-2017-29-1706-JR-PE-04, con la que declaró improcedente la adecuación de la prolongación preventiva requerida por el Ministerio Público contra Torres Gonzales y dos coinvestigados del caso “Limpios de la corrupción”, al considerar que no existía medida coercitiva personal de prisión preventiva por el delito de colusión agravada, como señalaba el despacho del fiscal Sergio Zapata.
“En la audiencia yo demostré que contra Roberto Torres no se le dictó prisión preventiva por el delito de colusión, y se estaba pidiendo la prolongación del mandato por una causal que nunca existió, por eso es que la jueza me dio la razón”, asevera.
Sin embargo, esta semana la fiscalía volvió a pedir que se prolongue por 12 meses más la prisión contra el exburgomaestre y otros cinco investigados, entre ellos su pareja sentimental Katiuska del Casillo Muro. Para cuatro de ellos la prisión preventiva vencía este jueves.
El requerimiento fue acogido por la jueza, que ha dispuesto seis meses más de prisión preventiva.
PROCESO JUSTO
Tito Esteves argumenta que lo que busca como patrocinador del exalcalde de Chiclayo es que se garantice el respeto del debido proceso y que su defendido enfrente el juzgamiento en condiciones que no vulneren los principios constitucionales.
“El Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y los organismos internacionales señalan que por las demoras del Ministerio Público para investigar una persona no puede estar privada de su libertad con pedidos de prolongación. La discusión en estos momento no es si Roberto Torres es o no inocente, sino que al ser procesado debe juzgársele dentro de un plazo razonable y conforme establece la ley, porque de lo contrario se está afectando principios constitucionales como el debido proceso, el derecho a la defensa y otros”, señala el letrado.
Añade que la carga mediática que existe sobre el caso ha impedido hasta el momento que el mandato de prisión preventiva de Torres Gonzales pueda ser revocado.
“Ahorita hay una pelea entre el Ministerio Público y el Poder Judicial para ver a quién le echan la culpa de una posible excarcelación del señor Roberto Torres. Se ha generado una situación compleja justamente por la ineficiencia del Ministerio Público. Si la fiscalía le imputa a alguien un hecho delictuoso, tiene que demostrarlo dentro del plazo razonable y lograr una sanción penal. ¿Hay presión para que se mantenga bajo prisión preventiva al señor Torres Gonzales? La hay”, asegura.
ADELANTO DE OPINIÓN
Menciona que en la audiencia realizada el lunes último para la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria adelantó opinión respecto a su decisión.
“El Decreto Legislativo 1307 establece que se tiene que determinar si los elementos de convicción del Ministerio Público acreditan la complejidad del caso para que se admita la prolongación de la prisión preventiva. Sin embargo, la jueza dijo que eso ya no estaba en discusión, sino simplemente el plazo. Es decir, ya hubo un prejuzgamiento y un adelanto de opinión de la jueza de que en efecto otorgará la prolongación de la prisión preventiva. A nosotros (los abogados) se nos convocó para debatir los argumentos y si existe o no la condición de alta complejidad, pero la jueza dijo que solo se debía determinar el plazo”, manifiesta.
Agrega que la fiscalía ha presentado como argumento cuatro disposiciones de imputaciones nuevas, dos de ellas ya desacumuladas y las otras dos con medios de prueba que se han actuado desde el año pasado. “No tiene sentido, no tiene coherencia ni justificación, prolongar la prisión preventiva contra Roberto Torres”, afirma.
Tito Esteves, especialista en derecho constitucional, asevera que no ha planteado aún una defensa por esta vía, pues busca agotar los cánones en el proceso penal.
“Si la jueza ya declaró fundada la prolongación de la prisión preventiva y al ir en apelación se tendremos el mismo resultado, considerando que las salas que tenemos en Lambayeque no son garantistas y no hay mucha esperanza en ellas, por ello recurriré en casación a la Corte Suprema, para que determine vía casación excepcional, como doctrina jurisdiccional, qué es lo que se debe establecer en una situación de esta naturaleza”, indica.
SIN PERICIAS
Por otro lado, anota que hasta el momento no se han realizado las pericias económicas y financieras que permitan al Ministerio Público determinar la incongruencia entre los ingresos y propiedades de los investigados que acredite la comisión del delito de lavado de activos.
“Lo han hecho absolutamente nada. El Ministerio Público lo que hace es acumular imputaciones, se ha preocupado más por eso que en acreditar la responsabilidad de los investigados. Hasta el momento no veo ningún elemento de convicción o prueba que amerite acreditar la responsabilidad de Roberto Torres Gonzales en lavado de activos y asociación ilícita. No sé qué habrá después, quizá en su desesperación el Ministerio Público está pidiendo la prolongación de la prisión preventiva porque le falta tiempo para probar sus imputaciones”, señala.
Hasta el momento el exalcalde no tiene ninguna sentencia condenatoria a prisión efectiva. En el 2015 fue sentenciado por el Octavo Juzgado Unipersonal de Chiclayo a cuatro años de cárcel suspendida por realizar labores proselitistas a favor de su fallecido hermano José Torres Gonzales, cuando este postuló al Congreso de la República en el 2011.
Tito Esteves comenta que como defensor de la ex autoridad municipal ha logrado tres absoluciones.
Esta semana debió iniciarse el juzgamiento por la presunta comisión del delito de peculado por la publicación pagada con dinero de la comuna de Chiclayo cuando Torres Gonzales buscaba su reposición ante el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, audiencia que quedó suspendida por la revisión de la prolongación preventiva.
El próximo 7 de julio se iniciará el juicio del primer proceso desacomulado, por el delito de colusión agravada producido presuntamente en la compra direccionada de combustible para el municipio. En este caso la fiscalía pide cinco años de prisión contra Roberto Torres.
“La falta de recursos del Ministerio Público para las pericias no es una justificación. Repito, los fiscales se han dedicado a engrosar el proceso con imputaciones, al punto que ha tenido que desacumular porque ya no puede más y ha dejado de lado el proceso principal que es por asociación ilícita y lavado de activos. Lo que yo busco es que si me defendido es responsable de determinado delito se le sancione con una pena justa. Yo no busco hacer triquiñuelas para lograr la absolución, si es responsable que se le sancione, pero si no hay prueba lógicamente que se le devuelva su libertad”, afirma.
