El fenómeno costero ha causado incalculables daños en Lambayeque y, ha sido Olmos el distrito mayormente afectado por las torrenciales lluvias, cuya intensidad, durante 67 días, causó estragos superando a los dejados por El Niño de 1983 y el de 1998.
El caso del distrito de Olmos es dramático y las estadísticas así lo demuestran al haberse registrado dos mil 132 personas damnificadas y 17 mil 502 personas afectadas, además 17 instituciones educativas que resultaron seriamente afectadas, en tanto las postas médicas sufrieron daños de gran magnitud en su infraestructura. El Centro de Salud que funciona en el casco urbano colapsó sin opción de rehabilitación.
Las 46 trochas carrozables que conectan a los 232 caseríos que tiene el distrito han quedado intransitables, resultando la más afectada lo que une el Río Cascajal con los centros poblados de Corral de Arena, El Puente y otros 30 caseríos más, llegando a Las Pozas, caserío que limita con Sechura y Catacaos en el departamento de Piura.
Los daños ocasionados al distrito de Olmos son millonarios, pero el que causó mayor tristeza y desolación en los 50 mil ciudadanos del distrito fue la caída de la Iglesia Santo Domingo de Guzmán, templo que estuvo de pie 444 años y cuyas estructuras coloniales cedieron ante la persistencia de las lluvias.
Pasada la emergencia, el equipo técnico y profesional liderado por su alcalde, Juan Mío Sánchez, realizó inmediatamente una evaluación de los daños producidos en los 221 caseríos y 11 centros poblados que forman parte del distrito, resultando todos ellos afectados unos en mayor proporción que otros. Para las labores de rehabilitación y reconstrucción se requiere de 83 millones 318 mil 515 soles.
El documento técnico denominado “Plan de Rehabilitación y Reconstrucción del Distrito de Olmos” (2017 – 2018), que consta de 63 páginas, fue presentado el día 5 de abril pasado al gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, y al mismo presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, dejándose en mesa de partes del Despacho Presidencial el 11 de abril, generándose el registro 5982.
Con ello, Mío Sánchez se convierte en el primer alcalde de todo el país que ha presentado al gobierno regional y al gobierno central el cuadro de necesidades de su distrito por sectores y la relación de proyectos que se requiere ejecutar para reparar los cuantiosos daños en el distrito de Olmos.
De acuerdo a este Plan de Rehabilitación y Reconstrucción se requiere de 19 millones 834 mil 851.88 soles para obras en el sector de Transportes y Comunicaciones, a fin de ejecutar otros proyectos.
En el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento se requiere de 29 millones 178 mil 389 soles; en Salud de siete millones 382 mil 103 soles; en Educación de nueve millones 608 mil 519 soles y en Agricultura, 17 millones 616 mil 266 soles, habiéndose perdido 380 hectáreas de cultivos de los cuales 180 son de limón, 120 de maracuyá y 80 de cultivos de pan llevar.
¿CÓMO SE ENFRENTÓ LA EMERGENCIA?
El Comité Distrital de Defensa Civil enfrentó la emergencia con planificación desde la primera lluvia ocurrida el 31 de enero.
Se distribuyeron las responsabilidades y acciones, tal es así que, por ejemplo, el alcalde fue el responsable de la zona rural y los regidores Orlando Castillo Chumacero y Jhony Soplopuco se encargaron de enfrentar el impacto de las precipitaciones en la zona urbana, teniendo al río Olmos como principal amenaza.
“La Capital del Limón” fue duramente castigada, resultando sus calles principales intransitables, por lo que para recuperarlas en su integridad, incluyendo la construcción del sistema de drenaje fluvial, se requiere de 26 millones 89 mil 229 soles, de parte del Programa Nacional de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
El regidor Enrique Aldana fue el coordinador de Playa Cascajal y 12 caseríos más como Nichipo, Cerro Cascajal, Agua Santa y Callejón de Cascajal entre otros; en tanto que la regidora Yeisy Sánchez Pupuche atendió la emergencia en el centro poblado El Puente y sus anexos de Laguna Chica, Cruz del Puente, San Cristóbal, El Cardo; mientras que el regidor Edil More Chuman trabajó en los sectores de Overazal, Laucha Grande, Laucha Chica y Vinguar.
Por su parte el regidor Jorge Aldana se ocupó de la zona oeste de Olmos, especialmente ayudando a las familias asentadas en los caseríos de El Milagro, Alto de Roque; en tanto que el regidor Ángel Barrios Alvarado estuvo siempre en alerta enfrentando los embates de la naturaleza en la zona altoandina de Olmos, y sobretodo haciendo frente a la furia de los ríos Palo Blanco y El tocto.
PUENTES AÉREOS
Durante 25 días el alcalde llevó ayuda humanitaria en 13 vuelos en helicóptero que realizó a los caseríos donde las familias estuvieron aisladas, ya que la furia de los ríos Cascajal y Olmos impedían transitar a la ciudad de Olmos a comprar sus alimentos de primera necesidad.
Se entregaron a través de estos vuelos cerca de 40 mil kilos de alimentos (arroz, azúcar, fideos, aceites, menestras y tubérculos), que fueron donados por el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro de Operaciones y Emergencia Regional - COER. Los vuelos beneficiaron a las familias asentadas en los caseríos de Las Pozas (limítrofe con Sechura y Catacaos en Piura), El Milagro, Alto de Roque, Ficuar, Corazón de Jesús, Cruz de Chalpón, Síncape, Calera Santa Isabel, Pasaje Norte, Nichipo, Racalí y San Cristóbal.
No se pudo llevar esta ayuda humanitaria a todos los caseríos y centros poblados, sin embargo se pudo atender al 60 % de las poblaciones asentadas en la zona rural.
“En nombre del pueblo de Olmos hago público mi sincero agradecimiento al Comandante de la Séptima Brigada de Infantería del Ejército, general José Rospigliosi; al Coronel de la FAP Javier Trayiun, jefe del grupo Aéreo N°06; al ingeniero Agustín Basauri, jefe del INDECI, y al ingeniero Carlos Balarezo Ramos, jefe del COER – Lambayeque, quienes desde los primeros días de la emergencia estuvieron siempre pendientes de las necesidades de Olmos”, dijo el alcalde.
Asimismo, hizo un reconocimiento especial al Ministro de Turismo y Comercio Exterior, Eduardo Ferreyros, con quien sobrevoló el distrito y comprobó la magnitud de los daños a consecuencia de las lluvias. Dijo que en su condición de representante del gobierno nacional Lambayeque supo cumplir a cabalidad las responsabilidades que le encargó el presidente de la República.
También destacó el esfuerzo del gobernador regional Humberto Acuña Peralta, quien estuvo muy de cerca monitoreando la emergencia en el distrito de Olmos. “También hago un reconocimiento especial al Programa Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuyo director ejecutivo, Sergio Atarama, dio instrucciones desde Lima para el apoyo con maquinaria pesada para el distrito de Olmos”, refirió el edil.
Regidores logran Acuerdo de Concejo para investigar y separar del cargo a Yuri Castillo Castañeda, subgerente de Recursos Humanos, quien no solo avaló que un inhabilitado ocupe la subgerencia de Logística, sino que escondió incidente con arma de fuego al interior de la comuna.
“Las acusaciones de presunta corrupción contra el subgerente de Recursos Humanos, Yuri Leonardo Castillo Castañeda, son simples informaciones periodísticas que no tienen ningún valor, y pueden ser mentiras con la intención de hacerle daño. Además, no existe ninguna sentencia en su contra”, sostuvo el alcalde de José Leonardo Ortiz, Epifanio Cubas Coronado, durante sesión de concejo extraordinaria donde cinco de los nueve regidores solicitaron la destitución del funcionario.
Para dicha reunión, los regidores solicitaron al alcalde Cubas Coronado que por medio de la secretaria general, Eliza Crespo Chiroque, se invite a Yuri Castillo y pueda hacer uso de su derecho a la defensa. Sin embargo, este no llegó.
Según afirmó Cubas Coronado, Yuri Castillo “está cumpliendo con una acción de limpieza de malos trabajadores y funcionarios municipales, y que los que se oponen al trabajo del subgerente de Recursos Humanos son la gente que está involucrada en actos negativos que atentan contra la imagen de la comuna”.
ACUERDO MUNICIPAL
Frente a ello, por mayoría los regidores de la municipalidad de José Leonardo Ortiz tomaron el acuerdo de elevar a la Oficina de Control Interno – OCI, el Expediente N° 4945, presentado el pasado 12 de abril por el regidor Isael Bustamante Medina, en el que demanda la separación inmediata en el cargo de Gerente de Administración de Desarrollo Humano –Subgerencia de Recursos Humanos de Castillo Castañeda.
La petición la hace debido a que este afronta una investigación en etapa preparatoria en el Ministerio Público por el delito de peculado en agravio de la municipalidad de Cajamarca.
En el Acuerdo Municipal se dejó en claro que si la autoridad edil incumple la petición, podría ser denunciada penalmente por delito contra la administración pública, complicidad y omisión de funciones.
El objetivo del acuerdo es que la responsable de Control Interno de la comuna Leonardina, Carla Patricia Távara Zarpán, tenga conocimiento e inicie las acciones de acuerdo a sus atribuciones y ponga los hechos en manos de la Contraloría General de la República.
COMPLICIDAD
Isael Bustamante fue didáctico al momento de fundamentar el pedido de destitución del cuestionado funcionario, señalando que este habría cometido el delito de omisión de funciones al permitir y avalar que el ex subgerente de Logística, Rald Clay de la Piedra Arévalo, cumpla funciones cuando estaba inhabilitado para trabajar para el Estado.
A su turno, el regidor Aureliano Castañeda Hernández pidió al alcalde Epifanio Cubas Coronado que las denuncias contra Yuri Castillo Castañeda sean tomadas con seriedad.
“Las denuncias contra el funcionario no son hechas por una persona común y corriente que solamente lo dice de boca. Esas denuncias están en el Ministerio Público y son vistas con conocimiento de jueces del Poder Judicial. No son chismes como usted trata de hacer creer, son realidades y se tienen que tomar acciones”, detalló.
Añadió que Yuri Castillo estaría creando falsas observaciones y procesos a honestos y buenos funcionarios con el objetivo de sacarlos de los cargos y para que sean ocupados por gente de su entorno. Un ejemplo claro – dijo - es el caso del señor Radl Clay de la Piedra Arévalo y del actual responsable de Imagen Institucional, Atención al Público y Portal de Transparencia, Carlos Alberto Mera Valera.
Aclaró que el jefe de Imagen Institucional no es profesional en Ciencias de la Comunicación y mucho menos Periodista, como lo exige el Manual de Organización y Funciones –MOF, sino que tiene el grado técnico en computación.
ARMA DE FUEGO
Por su parte, el regidor Onias Pérez Torres Fue de la opinión que se formule la respectiva denuncia ante el Ministerio Público por omisión y complicidad entre Yuri Castillo Castañeda, en su calidad de subgerente de Recursos Humanos; Rald de la Piedra Arévalo, en su calidad de subgerente de Logística; Epifanio Cubas Coronado, como alcalde de la municipalidad leonardina, y Jessenia Lisbeth Flores Tavera, como responsable de la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios –ST-PAD.
Reveló que en el mes de febrero fue hasta la oficina de Yuri Castillo para indagar y solicitar copia documental sobre la actuación de Rald de la Piedra al hacer uso de un arma de fuego para amenazar a otro funcionario, pero este no lo quiso atender bajo el argumento que se encontraba en una reunión.
Ante su persistencia, extrañamente llegó personal de Seguridad Ciudadana para cuidar la puerta de ingreso a la oficina de Recursos Humanos y una asistente le dijo que la forma como estaba pidiendo el documento no era el procedimiento, por lo que amparado en su investidura de regidor, no tuvo más remedio que ingresar y buscar a Yuri Castillo.
“El funcionario me dijo que para obtener ese documento me tenía que dirigir a la responsable de la Secretaria Técnica del Proceso Administrativos Disciplinarios, Jessenia Lisbeth Flores Tavera, ya que él no sabía nada, e incluso me trató de amedrentar señalando que el procedimiento que estaba empleado para obtener información era causal de vacancia”, recordó el regidor.
La anunciada precandidatura a la alcaldía de Chiclayo del ex jefe de la DIRTEPOL Lambayeque Jorge Linares Ripalda, ha levantado reacciones diversas. Quienes valoran el trabajo que realizó cuando estuvo al frente de la Policía Nacional señalan que es una garantía para la seguridad de la población, en tanto sus opositores se esfuerzan en recalcar los vínculos – hasta hoy no probados – que se le imputaron con la organización criminal “Clan del norte”.
Linares Ripalda, natural de Oyotún, responde con severidad que haber sido parte de la investigación fiscal en el sonado caso, por el que estuvo 27 meses bajo mandato de prisión preventiva, ha fortalecido no solo su espíritu, sino también alimentado sus deseos de demostrar sus capacidades para el trabajo operativo. Afirma que se ha preparado para ingresar a la política y confía en que los ciudadanos verán en él “no solo al oficial eficiente, sino también a un gobernante capaz”.
LA INVESTIGACIÓN
La fama que alcanzó como autoridad policial, al desarticular a diversas organizaciones criminales, entre ellas “La gran familia”, se vio opacada cuando en diciembre del 2013 fue detenido y conducido a Lima en el marco de las investigaciones al “Clan del norte”. De este procedimiento fiscal, el Ministerio Público ha retirado cuatro de los cargos que inicialmente señaló en su contra, quedando pendiente la imputación por el presunto delito de usurpación en la cantera de Mesones Muro.
Para el fuero militar-policial, Linares Ripalda es inocente, lo mismo que para el Partido Humanista Peruano de Yehude Simon Munaro, agrupación que lo ha invitado como precandidato a la alcaldía de la provincia.
“El destino se va a encargar de limpiar mi imagen y mi honor, porque toda la vida me he considerado una persona honesta, profesional y con mucho amor para Chiclayo y para mi institución. Lamentablemente hay algunos efectivos policiales coludidos con la delincuencia que se prestaron para hacerme daño y evitar que ascienda a general”, señala Jorge Linares.
PREPARADO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
Comenta que el período de carcelería al que fue sometido a pedido del Ministerio Público no impidió que mantenga cercanía con la realidad local, y en base a ello es que decidió (al pasar al retiro en la Policía Nacional) ingresar a la arena política, con el objetivo – afirma – de trabajar por Chiclayo “donde hay mucho por hacer”.
“Desde que salí (de prisión) vine a Chiclayo y he seguido preocupándome por la problemática de esta ciudad y trabajé en un análisis estratégico para ver en qué situación se encuentra. Si tengo la suerte y las bases me eligen para ser el próximo candidato a la alcaldía de la provincia, tengan la plena seguridad que voy a trabajar fundamentalmente sobre tres ejes: la reconstrucción, mucha seguridad para para generar desarrollo y el embellecimiento de la ciudad. No solo vamos a hablar de delincuencia, sino también del embellecimiento en sí de Chiclayo. Cómo va a ser posible que en una ciudad muy hermosa las aguas se empocen, vamos a recuperar los espacios públicos, las áreas verdes, vamos a generar turismo para Chiclayo”, señala.
Linares Ripalda dice ser consciente que la gestión municipal no solo implica ofrecerle seguridad a la población, sino también tener capacidades para la gerencia del sistema público, de los recursos económicos y humanos, y de la mejora de los servicios. Para ello – sostiene – está preparado.
“Hago un llamado a toda la población: no vean en Jorge Linares solamente al coronel de la policía, sino a quien se ha preocupado por profesionalizarse en otros temas. Yo soy bachiller y licenciado en Educación; bachiller y licenciado en Administración Policial, he seguido el Programa Avanzado de Administración de Empresas en ESAN, tengo especialidad en Recursos Humanos y un Diplomado en Gobernabilidad en la Universidad de San Martín de Porres. Yo sigo estudiando e incluso en los 27 meses que estuve privado de mi libertad he leído mucho preocupándome por Chiclayo y cuáles van a ser las estrategias para algún día servir a la provincia”, refiere.
EL POLÍTICO
Suma a su preparación el acompañamiento político del Partido Humanista, que tiene experiencia en la gestión regional, y sobre todo de Yehude Simon, de quien espera tener todo el apoyo, proyectándose a que en las votaciones del próximo año este volverá a ser elegido gobernador de Lambayeque.
“Me he comprometido con Yehude Simon a trabajar a favor de Chiclayo, por ahora estoy como invitado, no quiero que me vean como candidato impuesto y me he comprometido a respetar la decisión de las bases del partido, en el que como es lógico pienso afiliarme. Soy respetuoso de la democracia interna”, asevera.
¿Jorge Linares sería el Elidio Espinoza de Chiclayo? La pregunta cae de madura para el exmando policial, cuyo interés por la política es comparable al del actual alcalde de Trujillo, cuyos resultados en la lucha contra la criminalidad fueron saludados por la población, mas no los alcanzados al frente del municipio de la ciudad primaveral. Linares Ripalda responde que para él no hay punto de comparación.
“Nunca he sido investigado ni acusado ni enjuiciado por delitos de lesa humanidad. Soy muy respetuoso de los Derechos Humanos, tan es así que la Cruz Roja Internacional me invitó a Ecuador a brindar una conferencia sobre el manejo de los conflictos sociales sin causarle daño a la población. Otra cosa que me diferencia del coronel Elidio Espinoza es que él se dedicó a atender sus juicios, yo me he dedicado a prepararme en gestión pública y gobernabilidad”, afirma.
ORGANIZAR LA CIUDAD
Linares Ripalda manifiesta que con organización y estrategias bien definidas será posible la mejora de la ciudad.
“En la ciudad hay muchos problemas, por ejemplo un tema álgido en Chiclayo, muy aparte de la reconstrucción y de la seguridad, es la basura. Entonces, ¿por qué no firmar convenios con los mismos trabajadores de la municipalidad para que sean accionistas del proceso de industrialización de la basura, como se hace en todos los países del mundo? La basura ya no debe ser un problema, pero en Chiclayo se piensa que pasar el camioncito por la mañana o por la noche es la solución. Otro problema es el tránsito, pues en otras ciudades del país los municipios están contratando personal encargado de dirigirlo y detectar las zonas de congestión para hacer mejoras, colocar semáforos y mejorar la señalización. Todo pasa por organizar de mejor manera el funcionamiento de la ciudad”, señala.
Añade que el problema de inseguridad debe ser abordado de forma integral, eliminando las fronteras de acción de los serenazgos municipales y trabajando estrategias conjuntas con la Policía Nacional.
“Yo le digo a los líderes políticos que ven en mí a un contendor honesto, respetuoso, que lo único que busco es el desarrollo, la paz y tranquilidad para Chiclayo, si partimos por ese principio yo creo que el único ganador será Chiclayo, dentro del clima de respeto y la competencia leal. No voy a caer en lo bajo y no haré guerra sucia porque me considero capaz”, enfatiza.
Durante el año 2010 el proveedor Walter Arturo Gonzales Segura, se convirtió en el preferido de los contratos por servicios en la Municipalidad Distrital de Pimentel. Era constructor de puentes, también guardián y personal de limpieza de local edil, e incluso alquilaba maderas para obras.
Por la ausencia de la defensa técnica de algunos de los exfuncionarios de la municipalidad de Pimentel, para quienes el Ministerio Público ha solicitado siete años de cárcel, se suspendió por cuatro meses más el juicio oral contra el ex alcalde del primer balneario del norte, Roberto Jacinto Purizaca, y sus principales funcionarios María Magdalena Beltrán Zuloeta, José Luis Peña Camino, Josue Jesús Galán Ramírez, Yuliana Margot Cabrejos Dávila, Víctor Hugo Figueroa Mundaca y Segundo Alberto Escobar Rugel, así como contra el proveedor Walter Arturo Gonzales Segura.
El juicio debió haberse instaurado el pasado 27 de abril en el Séptimo Juzgado Unipersonal, por el delito contra la administración pública, en la figura de colusión.
Debido a la ausencia de los abogados, la juez Nivia Correa Jibaja tuvo que fijar nueva fecha, la quedó establecida para el 24 de agosto, a las 8:30 de la mañana, pero en este caso se notificará al Ministerio de Justicia parta que designe cuatro abogados de oficio, los que asumirán la defensa en caso algunos de los defensores no concurran.
LA HISTORIA
El 27 de febrero del 2012, el Procurador Público Municipal de Pimentel, Emilio David Cuadra Alemán, formuló denuncia penal ante el Ministerio Público contra el exalcalde Roberto Jacinto Purizaca y sus funcionarios por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de funcionarios, colusión y peculado, en agravio de la comuna.
Conforme se detalla en el expediente judicial N° 05930-2012-56-1706-JR-PE-5, tras varios meses de investigación se establecieron tres hechos. El primero de ellos es que el 24 de diciembre del 2010, la administración municipal de Pimentel, representada por su gerente municipal, María Magdalena Beltrán Zuloeta, suscribió un contrato por locación de servicios con Walter Arturo Gonzales Segura, por mano de obra de la construcción del puente de concreto armado en el sector rural “El Higo- Ipanaqué”.
La obra tenía un costo de 10 mil 500 soles y su ejecución duraría 25 días. La forma de pago se efectuaría con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano, previa valorización emitida por el residente de obras, Luis Alberto López Aguilar, quien emitió la carta N° 0020-2010/Residente-obra-puente “El Higo”, con la valorización proyectada al 31 de diciembre del 2010, la cual ascendía a cuatro mil 372.49 soles.
Sin embargo, el 31 de diciembre el área de Logística, a cargo de Josué Jesús Galán Ramírez, elaboró elabora la Orden de Servicios N° 9701 por el importe de 10 mil 500 soles.
Una vez autorizado el giro del cheque – reza el expediente judicial – N° 58762025, firmado por la tesorera Yuliana Cabrejos Dávila, se le hizo entrega al contratista Walter Arturo Gonzales Segura por el importe de 10 mil 500 soles, cuando al 31 de diciembre la obra solamente tenía un 40 % de avance. Para el pago total del dinero, sin que la obra se haya concluido, se tomó como referente el expediente SIAF N° 05193, con comprobante de pago N° 22188.
SEGUNDO CASO
En mérito al Informe N° 1140-2010-MDP/GSP, dirigido al exalcalde, el ingeniero Víctor Hugo Figueroa Mundaca, en su calidad de Gerente de Servicios de la Municipalidad Distrital de Pimentel, solicitó la contratación de personal de apoyo para cubrir la guardianía del local “La Estación”, proponiendo para este trabajo a Walter Arturo Gonzales Segura, quien el 1 de diciembre del 2010, mediante contrato N° 168-2010-MDR, fue contratado por la Gerente Municipal María Beltrán Zuloeta, siendo el objeto la prestación del servicio de guardianía por 24 horas al día y limpieza del local antes descrito.
Por ello, iba a recibir una retribución de mil 900 soles por servicios prestados entre el 1 y el 31 de diciembre del 2010.
Lo extraño es que si tenía un contrato para laborar como guardián a tiempo completo, cómo es que el mismo mes, el 24 de diciembre, fue contratado por la municipalidad como constructor del puente en “El Higo-Ipanaqué”.
Para el Ministerio Público esto evidencia un acto de concertación entre los funcionarios de la municipalidad Walter Arturo Gonzales Segura.
TERCER CASO
Conforme se detalla en el expediente judicial, en noviembre del 2009, el contador público Segundo Alberto Escobar Rujel, quien cumplía funciones de Gerente Municipal en la comuna pimenteleña, suscribió el Contrato de Locación de Servicios N° 110-2009 –MDP, con Walter Gonzales Segura por el alquiler de madera para la construcción de veredas en el cercado del distrito.
En la acusación fiscal se detalla que la obra se realizó en la cuadra cuatro de la calle Lima, cuadra dos, tres y cuatro de la calle Chiclayo, así como la cuadra uno y dos de la calle Torres Paz. Para justificar el alquiler– se detalla en el expediente judicial- el gerente de Desarrollo Urbano explicó en su Informe N° 003-2009-GDU-MDP, que el monto a cancelar de tres mil 500 soles era mucho menor al del expediente técnico que disponía un gasto en compra de seis mil 681.65 soles.
De acuerdo a la investigación desarrollada por el Ministerio Público, la Cámara Peruana de la Construcción -Capeco – hizo conocer en informe que la madera se puede utilizarse hasta 10 veces, ya que en cada obra se consume el 10 % de su valor, lo que claramente demuestra que causó un perjuicio económico a la comuna de Pimentel.
Asimismo, el Ministerio Público descubrió que se utilizó el mismo contrato N° 110-2009-MDP, para la construcción de veredas en el cercado de Pimentel, cuadra seis y siete de la calle Chiclayo, cuadra tres y cuatro de la calle Buenos Aires y la cuadra dos de la calle Grau, bajo el argumento que la obra era continuación de la construcción de las calles Torres Paz, Chiclayo y Lima.
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, entregó al Gobierno Regional de Lambayeque el nuevo Plan Estratégico Exportador – PEX al 2025, documento que traza las líneas maestras para el crecimiento del sector en los próximos años. La herramienta se centra en el desarrollo de seis cadenas productivas, y apunta a que el departamento multiplique sus volúmenes de envíos a los mercados extranjeros, tal como sucedió con el primer plan.
Del primer Plan Estratégico Exportador de Lambayeque se cumplieron el 98 % de los objetivos, lo que motivó al MINCETUR a trabajar en la formulación del nuevo documento, en cuyo proceso han trabajado de manera conjunta dependencias del gobierno regional y del gobierno nacional, así como los entes académicos, gremios privados y productores exportadores, beneficiarios directos de la planificación.
BUENOS RESULTADOS
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros Küppers, destacó que Lambayeque tiene como particularidad que entre el 2007 y el 2016 el Producto Bruto Interno – PBI, creció 167 %, a diferencia del total nacional que se incrementó en 157 %, diez puntos menos.
“En el crecimiento exportador básicamente impulsado por el sector agroexportador, con productos como el café, las hortalizas, las uvas, paltas, quinua, mangos y otros cultivos, se tiene que en el año 2003 se comercializaba un total de 90 millones de dólares, monto que al 2016 se incrementó a 418 millones. Hubo un promedio de crecimiento del 12.47 % anual”, destacó.
Ferreyros Küppers añadió que las exportaciones no tradicionales desde Lambayeque, que son las que generan valor agregado y mayores puestos de trabajo, pasaron de 38 millones de dólares en el 2003 a 300 millones de dólares en el 2016, con un promedio de crecimiento anual del 19 %.
“Este documento, el PEX al 2025, busca generar un nuevo impulso exportador a la región. Un plan puede sonar a veces como un documento seco, lleno de análisis académicos y más, pero en el caso del PEX Lambayeque se ha trabajado una metodología especial y muy práctica, guiada por el Banco Mundial y que ha permitido el trabajo conjunto de los distintos actores, entre ellos, debo reconocer, el esfuerzo y el interés del Gobierno Regional de Lambayeque y el sector privado bien articulado”, mencionó.
CADENAS PRODUCTIVAS
Las cadenas productivas en las que se concentra el PEX Lambayeque son: hortalizas y sus derivados; frutas y derivados; la exportación de servicios como nuevo producto; la confección de textiles y accesorios; la promoción de exportación de insumos de productos intermedios, y otros productos en general.
“Creo que Lambayeque al ser el centro comercial del norte del país tiene las capacidades y las posibilidades de volverse en un centro importantísimo en la exportación de servicios”, dijo el ministro de Estado.
Refirió que Lambayeque es la segunda región en el país en contar con su Plan Estratégico Exportador. El primer departamento en concluir la herramienta fue La Libertad.
“Estamos trabajando con todas las regiones, pero gracias al impulso puesto aquí es que hemos logrado tener el segundo plan. El primero se entregó en La Libertad, y vamos a seguir trabajando no solo para que se respete el documento sino para que se realicen las actividades y podamos decir que a diferencia del primer plan, en el que se cumplió el 98 % de objetivos, esta vez se alcanzará el 100 %. Tenemos un equipo especial en el ministerio, a la Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior y a la Dirección de Desarrollo de Capacidades de Oferta Exportable, que se encargarán de hacer el seguimiento y todos los esfuerzos posibles para que se cumpla el plan”, mencionó.
ACCIONES A REALIZAR
El PEX Lambayeque 2025 identifica 44 actividades específicas que deben realizarse, muchas de ellas referidas a la infraestructura, los servicios y la accesibilidad.
Por ejemplo, entre las actividades a ejecutar para la mejora del sector se tiene la necesidad de desarrollar un banco de semillas de hortalizas y leguminosas, la elaboración de convenios entre universidades y empresas para el desarrollo de investigaciones aplicadas, la puesta en marcha de un programa especializado para formar especialistas en gestión de cultivos de frutas y hortalizas, así como la elaboración de un diagnóstico sobre la exportación de servicios.
Asimismo, se han identificado cuatro brechas de competitividad exportadora que se deben trabajar de manera inmediata. Esta son: infraestructura regional, fortalecimiento de la cadena productiva exportadora, desarrollo y acceso a información existente sobre mercados, y articulación entre actores, esto engarzado al Plan Estratégico Nacional Exportador 2025.
En los próximos días los consejeros del Gobierno Regional de Lambayeque escucharán las exposiciones de los representantes de Brookfield y Suez interesados en la compra de las acciones de la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO, y H2Olmos. Posteriormente el colegiado planteará sus interrogantes a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, sobre los aspectos legales que implica la aprobación o no de la venta, decisión que deberá adoptarse a más tardar a fines de mayo.
El Contrato de Concesión suscrito entre el Estado Peruano y Odebrecht, a través de las subsidiarias CTO y H2Olmos, establece que en caso no se apruebe la venta de acciones, cada consejero deberá sustentar su voto. En la cláusula 15 del contrato de irrigación se establece que “el Concesionario requerirá la aprobación previa y por escrito del Concedente, quien no la negará arbitraria o injustificadamente, previa opinión del Supervisor, para llevar a acabo o adoptar cualquiera de los siguientes actos o medidas: Incorporación de nuevos socios…”
Se cree que esta transferencia accionarial significará la retoma de inversiones importantes para viabilizar los planes de ampliaciones de las áreas sembradas por las empresas agroindustriales de Lambayeque.
EL PROCESO
Expresado el interés de compra de las acciones que Odebrecht mantiene en las concesionarias del Proyecto Olmos se inició el proceso correspondiente de acuerdo al contrato. Así, el 21 de diciembre del año pasado la constructora obtuvo la aprobación bonistas y nueve días después la aprobación del Consejo Directivo del PEOT como supervisor del proyecto.
A inicios de febrero de este año el Consejo Regional de Lambayeque rechazó la solicitud de venta de las acciones, requisito para concretar la transferencia. El 13 de ese mismo mes, se publicó el Decreto de Urgencia N° 003-2017, que asegura la continuidad de los proyectos de inversión y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, mediante un fideicomiso y con autorización del Ministerio de Justicia, y a inicios de abril la titular de este despacho y el ministro de Economía llegaron a Lambayeque para explicar a los consejeros regionales los efectos del decreto y su aplicabilidad en el caso del Proyecto Olmos.
En virtud de ello, el 18 de abril pasado nuevamente el Consejo Directivo del PEOT emitió opinión favorable para la venta de las acciones de las concesionarias, estando pendiente la revisión de la solicitud por el colegiado lambayecano.
DESACUERDO Y DECRETO
Los consejeros de Lambayeque se opusieron a la venta de las acciones de CTO y H2Olmos en febrero pasado argumentando que Odebrecht es investigada por delitos de corrupción y lavado de activos, no pudiéndose descartar que el proceso de licitación y concesión del Proyecto Olmos haya estado viciado por prácticas ilícitas.
Justamente bajo esa presunción es que resulta aplicable el Decreto de Urgencia N° 003-2017, mediante el cual se establece que si el Consejo Regional se pronuncia a favor de la venta de acciones, la constructora acudirá al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos que tendrá la responsabilidad de suscribir los contratos y acuerdos del fideicomiso.
Acto seguido, el despacho ministerial solicitará al Procurador Público del Estado que corresponda la cifra estimada de la reparación civil a favor del Estado por concepto de daños y perjuicios en caso de confirmarse la existencia de actos de corrupción en los procesos seguidos para la obtención de las concesiones del Proyecto Olmos. Dicho monto será depositado en una cuenta del Banco de la Nación y tendrá naturaleza de intangible e inembargable, y se conservará hasta que concluyan los procesos judiciales seguidos contra la compañía constructora.
HABLAN LOS CONSEJEROS
Raúl Valencia Medina
“Respecto a la transferencia de acciones de las concesionarias debo señalar que esperamos una exposición de la empresa Brookfield que vendrá al seno del Consejo Regional a informarnos de quiénes son en el mercado ingenieril, pero además escucharemos a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, quien absolverá varias de las interrogantes de los consejeros para tomar una decisión final respecto a si aprobamos la transferencia o decidimos que Odebrecht continúe al frente de la operación y mantenimiento de los componentes de trasvase e irrigación“.
José Manuel Díaz Periche
“Con las exposiciones de los ministros de Economía y Justicia, sobre el Decreto de Urgencia N°003 -2017, hemos tenido un panorama mucho más claro, nuestra decisión tiene que ser a conciencia, defendiendo los intereses de Lambayeque, protegiéndonos de todo el aspecto legal. Decidiremos antes que culmine el mes de mayo. Esperamos también que las exposiciones que hará Brookfield y la ministra cubran nuestras expectativas”.
Violeta Muro Mesones
“Es importante escuchar a los señores de la empresa Brookfield para conocer qué papel cumplirán si finalmente aprobamos la venta de las acciones, pero a la vez también queremos entender ampliamente a la ministra de Justica, Marisol Pérez Tello, para que nos extienda las bondades del Decreto de Urgencia 003 -2017. No olvidemos que los ojos de Lambayeque y el país nos están mirando, queremos tomar la decisiónn más sabía que estará amparada en la honestidad”.
Gustavo Hernández Jiménez
“Queremos lo mejor para Lambayeque, queremos cautelar bien los intereses de este departamento del que tenemos su representación, esta situación queramos o no crea inestabilidad jurídica no solo para los lambayecanos sino para el país. Estamos por ahora esperando escuchar a los representantes de la empresa Brookfield interesada en adquirir las acciones de la Concesionaria Trasvase Olmos y H2Olmos.
Deseamos también volver a escuchar a la ministra de Justicia y Derechos Humanos sobre todo para aclarar responsabilidades legales. Nuestra decisión es histórica y Lambayeque debe estar segura que estaremos a la altura de lo que más le conviene a nuestra región y el país”.
Jimmy Gamarra Piscoya
“No estoy satisfecho con la exposición a puertas cerradas que sobre el D.U 003 hicieron los ministros de Economía, Justicia y Derechos Humanos, me hubiera gustado que la prensa nos hubiese acompañado. A título personal creo que este es un decreto forzoso, no te deja el libre albedrío, ¿alguien se quiere pelear con papá gobierno? No, nadie. Hay una decisión polìtica sobre la transferencia de acciones de las Concesionarias Trasvase Olmos y H2Olmos.
Apostaré siempre por lo técnico y legal sobre la decisión la tomaremos en los próximos días y puedo afirmar que no hay consenso hasta este momento”.
Miguel Bazán Zárate
“Tengo la impresión que hay lobby en el tema de la venta de acciones de CTO y H2Olmos, creo que hubo corrupción en cómo se concibió la ejecución del Proyecto. Como consejero regional seguiré escuchando todas las exposiciones que hagan para dilucidar este tema. Sin embargo, mi opinión es que no se deben transferir las acciones, pienso que la empresa Odebrecht a través de sus concesionarias debe continuar operando como lo está haciendo hasta ahora. Sostengo que ningún reacomodo debe permitirse, sobre este tema voy a guardar total coherencia”.
Antonio Riojas Ortega
“He opinado porque se haga una auditoria total al tema de Olmos, pero además he sugerido que sea el PEOT quien en adelante opere el trasvase. Este caso no es fácil. La decisión que tomemos tendrá que ser legal y técnica a favor de Lambayeque. Se ha dicho mucho sobre esta situación pero lo que queremos ahora es saber qué nos dicen los señores de la empresa Brookfield que desea adquirir las acciones y esperaremos también a la ministra Marisol Pérez Tello”.
Durante más de 15 años, Francisca Mata Acosta laboró como docente del Instituto Superior Tecnológico Privado Manuel Mesones Muro ´ Master System, período tras el cual fue cesada sin que se cumpla con el reconocimiento de sus beneficios laborales, lo que dio pie a la demanda contenida en el Expediente N° 2091-2014, seguida en el Octavo Juzgado de Trabajo Transitorio de Chiclayo.
Varios son los obstáculos que Mata Acosta ha tenido que enfrentar para que se haga justicia a su favor. Siendo adulto mayor y paciente oncológica, el Poder Judicial ha dado hasta el momento señales de retraso en la solución de la controversia, en la que funge como abogado defensor del centro de estudios el actual jefe del Centro de Gestión Tributaria ´ CGT de Chiclayo, Nicolás Mondoñedo Chávez, hijo de la hoy jueza suprema Magdalena Chávez Mella.
INICIO DEL PROCESO
El 10 de junio del 2014, el juez Manuel Mendoza Zavaleta, emitió la Resolución N° 2 del Expediente 2091-2014, por la cual admite a trámite la demanda de pago de beneficios sociales y/o indemnización u otros beneficios económicos interpuesta por Francisca Mata Acosta contra el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Manuel Mesones Muro ´ Master System e Instituto Alma Mater SAC.
El dicha resolución, el magistrado ordenó que tanto demandante como demandada se apersonen a la audiencia de conciliación que se declaró improcedente, iniciándose desde entonces la dura batalla legal de Mata Acosta para que se le reconozcan sus beneficios laborales, consistentes en Compensación por Tiempo de Servicios ´ CTS, vacaciones, gratificaciones y demás importantes que la empleadora no cumplió con abonar durante el período en el que trabajó como docente de la carrera de Secretariado Ejecutivo Bilingüe.
VICIOS
En el desarrollo del proceso se han materializado diversas anomalías que han motivado la acción de la defensa de la exdocente en salvaguarda de su derecho al debido proceso y al acceso a la justicia.
Actualmente el caso se encuentra en manos de la jueza Clara Odar, quien ha sido quejada ante el Órgano Desconcentrado de Control de la Magistratura ´ ODECMA, debido a que bajo su tutela, ocurrieron los hechos materia de cuestionamiento.
Gabriela Vidarte Mata, hija de la demandante, quien tiene participación en el proceso por el poder por acta conferido por su madre, denuncia, por ejemplo, que en una oportunidad se extravió el audio de audiencia y, en otra, la jueza Clara Odar Puse la expulsó de la audiencia aun cuando está debidamente acreditada para participar del proceso.
"La injusticia indigna, peor aun cuando se trata de un ser tan querido como una madre. Yo no sabía que el abogado del instituto es hijo de una jueza suprema, una persona con bastante influencia. Al parecer, hay una mano negra. No es posible que se haya perdido un audio y el video de una audiencia, que hayan notificado a casillas inexistentes, que nos digan que la jueza esté de licencia cuando no es así y nos reprogramen las audiencias de un año para otro. Las anomalías y las aberraciones las comete el mismo Poder Judicial. Cualquiera, hasta un ciego, se daría cuenta que en este proceso hay una mano negra. ¿Por qué?, ¿defendiendo los intereses de quién?", señala.
Añade que de acuerdo a la nueva Ley Laboral Procesal debe aplicarse celeridad a los procesos, más si se trata de demandantes adultos mayores.
HíBEAS DATA
Vidarte Mata comenta incluso que fue necesario recurrir en una acción constitucional de habeas data para que el instituto, cuyo promotor es el exregidor de la comuna provincial de Chiclayo Víctor Alfaro La Torre, alcanzara la documentación de la relación laborar que mantuvo con Francisca Mata.
El proceso de hábeas data fue ganado por Mata Acosta, imponiéndole el Poder Judicial multas económicas al instituto por negarse a la alcanzar la información requerida.
"Los documentos que pedíamos no eran alcanzados. No había otros medios probatorios porque no había un contrato, los pagos se realizaban previa firma de un libro y de manera casi clandestina. Por suerte existían las actas y registros de notas que sustentaban la permanencia laboral de mi madre en la institución", refiere.
"En una audiencia el señor Alfaro llegó a decir que mi madre era una analfabeta, una ignorante, una profesora de quinta. ¿Cómo es posible que tenga ese trato para con sus extrabajadores?", cuestiona Gabriela Vidarte.
Los últimos momentos de la extensa entrevista del fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco con los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, fueron complicados para el representante de la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo, cuyo nombramiento se encuentra en proceso de ratificación. La mención del caso Percy Quesquén y el cobro de coimas a una empresa de transportes pusieron en verdaderos aprietos al representante del Ministerio Público.
Los 51 minutos que duró la entrevista entre Zapata Orozco y los consejeros del CNM, desarrollada el 18 de abril pasado, fueron bastante accidentados. En principio, el magistrado llegó tarde a la audiencia, recibiendo el llamado de atención del presidente del organismo encargado del nombramiento y ratificación de jueces y fiscales, Guido Águila Grados.
Superado el incidente, los integrantes del CNM desplegaron el cuestionario preparado para Zapata Orozco, quien en varias partes de la entrevista tuvo problemas para responder.
CASO PERCY QUESQUÉN
El consejero Iván Noguera Ramos cuestionó a Sergio Zapata por presuntamente no haber actuado de manera diligente frente a una denuncia contra el ex jefe del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SACTH, Percy Quesquén Díaz, quien tiene condición de colaborador en el caso “Limpios de la corrupción”, cuya carpeta dirige a dedicación exclusiva su despacho.
El integrante del CNM le preguntó a Zapata Orozco por qué archivó la denuncia por la presunta coima exigida por Quesquén Díaz, a través de un tercero, al gerente de la Empresa de Transportes Línea, Mario Salini Falconi, cuando se desempeñaba como jefe del SATCH, pese a las evidencias presentadas por Expresión Tv, vía canal 21.
HISTORIA DE LA COIMA
Los hechos se remontan al 10 de agosto del 2010, cuando el entonces Procurador Anticorrupción, Elver Díaz Bravo, presentó el Oficio N° 196-2010 PPAD-Lamb, ante la denuncia periodística de Expresión TV, que se transmitía en Canal 21. A través de nuestro medio se difundió un vídeo en el que se le observaba a Víctor Díaz Zárate recibiendo un sobre con dinero para "Percy" en agradecimiento por favorecerlo con la Ordenanza Municipal 016-2009.
En base a ello el titular del Tercer Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, Sergio Zapata Orozco, dispuso la investigación preliminar por espacio de 60 días contra el entonces alcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzáles y Víctor Díaz Zárate, por el presunto delito contra la administración pública en su figura de corrupción de funcionarios, generando la Carpeta Fiscal N° 2585-2010.
Ante los cuestionamientos del CNM, Zapata Orozco respondió que su despacho no halló indicios de que el beneficiario del acto extorsivo haya sido directamente Quesquén Díaz, por lo que decidió el archivamiento de la denuncia.
NUEVO TESTIMONIO
Sin embargo, el consejero Noguera Ramos refutó mencionando que ya en el marco de las investigaciones del caso “Limpios de la corrupción”, el ex gerente general del EPSEL, Miguel Valdivia Goicochea, quien también funcionario del ex SATCH, rindió declaraciones referidas al caso Línea, confirmando que en el presunto acto de corrupción sí participó el ahora colaborador de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.
Valdivia Goicochea rindió estas declaraciones al despacho de Zapata Orozco el 22 de diciembre del 2015, revelando que la difusión del video fue una de las razones por las que Quesquén Díaz renunció intempestivamente a la jefatura del SATCH.
"Meses después, cuando el caso fue archivado, me comunicó que su renuncia se debió a que en los últimos días del 2009 el señor Victor Díaz Zárate había sido grabado en video por el administrador de la empresa de transportes Línea solicitando una coima con la finalidad de no ser multado por el uso de las vías públicas como estacionamiento de sus unidades móviles", señaló Valdivia Goicochea en su declaración.
“Me conversó que había logrado el archivamiento porque en el vídeo no se mencionaba su apellido sino su nombre, ‘Percy’, y lo que había hecho era conseguir un abogado que también se llamase Percy, elaborar un contrato de servicios con Línea y emitir recibos de honorarios para simular que el señor Víctor Díaz Zárate había de cobrar por supuestos servicios de asesoría jurídica, logrando el archivamiento del caso que estuvo a cargo del fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco”, añadió el exfuncionario.
Por estos aportes es que el consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera, cuestionó que Zapata Orozco no haya dispuesto la revisión del archivamiento que libró a Percy Quesquén, ahora colaborador en la investigación del caso “Limpios de la corrupción”.
RETRASOS E INVESTIGACIONES
Por su parte, el ponente de la entrevista a Zapata Orozco para su ratificación como magistrado, Baltazar Morales Parraguez, puso énfasis en la demora del despacho fiscal para la tramitación del caso que involucra al exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, exfuncionarios, familiares, colaboradores y proveedores de su gestión.
“¿Es necesario que se prolonguen las prisiones preventivas? ¿No cree usted que se hace mal uso de estos mecanismos de prisiones, declararlos más complejos, solicitar ampliaciones de prisiones preventivas? Y preocupa, porque según las sanciones que le han puesto es como si usted no hace actividad probatoria, es decir pide prisión, pide ampliación, pero no hace actividad probatoria”, le cuestionó Morales Parraguez.
Zapata Orosco explicó que los delitos iniciales que se imputaron a los investigados del caso “Limpios de la corrupción”, son asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, pero que en el transcurso del procedimiento fiscal se hallaron otros presuntos delitos que se pueden considerar “fuente” del lavado de activos.
“Si no tenemos la pieza económica financiera, porque hay problemas de índole presupuestal para realizar la pericia económica financiera, creímos por conveniente ampliar la investigación. Ya se aprobó la desacumulación de procesos para presentar la acusación”, dijo.
Zapata Orozco también debió explicar las razones que motivaron a la Fiscalía de Control Interno a amonestarlo en varias oportunidades, incluso con descuentos a su remuneración mensual.
