El exministro del Interior, Juan Carrasco, continuará enfrentando la investigación preparatoria que fue iniciada por la Fiscalía debido a la supuesta comisión del delito de aceptación ilegal de cargo público. Esta acusación surge de su nombramiento como jefe de dicha cartera durante la administración de Pedro Castillo.

La razón de esta continuación es que el juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó el recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por Carrasco Millones a través de su equipo legal, con el propósito de que se desestimara la imputación de la Fiscalía en su contra por este delito.

El magistrado concluyó que el hecho mencionado por la Fiscalía, que sostiene que Carrasco Millones asumió el cargo de ministro del Interior mientras mantenía un vínculo laboral con el Ministerio Público en calidad de fiscal provincial, y por lo tanto estaba impedido de jurar como ministro de Estado, efectivamente constituye un delito, dado que es una imputación objetiva.

En cuanto al argumento presentado por la defensa legal de Juan Carrasco acerca de que su cliente ya había sido sancionado administrativamente con una suspensión de seis meses por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el juez supremo Checkley aclaró que se trata de un procedimiento disciplinario, es decir, un proceso administrativo de sanción que tiene un propósito distinto al proceso penal. El primero sanciona una conducta funcional, mientras que el proceso penal puede conllevar una sanción punitiva, incluso con la posibilidad de privación de la libertad.

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