La oficina de la Defensoría del Pueblo recomendó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizar las gestiones necesarias a nivel administrativo y presupuestal para atender la situación de la Unidad Médico Legal (UML) de Chiclayo, perteneciente a la UML III - Lambayeque y así se garantice su eficiente y correcto funcionamiento, a fin de no afectar el derecho de acceso a la justicia.

Este requerimiento se realizó tras supervisar la referida unidad y verificar sobre el equipamiento en el servicio químico toxicológico, que las cámaras de refrigeración presentan fallas en la nivelación de su temperatura, lo que genera riesgo en los resultados de las muestras procesadas; las conexiones de los pozos a tierra son antiguas, sin mantenimiento, ocasionando descargas eléctricas que afectan la correcta operatividad; el cromatógrafo de gases no funciona desde setiembre de 2022, por la falta del cambio de cuatro baterías y el mantenimiento preventivo/correctivo, por lo que a la fecha existen más de 4000 muestras de dosaje etílico pendientes de procesar.

En cuanto al servicio de tanatología forense, se identificó que la cámara de conservación de cadáveres de cuatro cuerpos cumplió su vida útil y tiene 30 años en funcionamiento. Actualmente está activa parcialmente; por ello, no conserva adecuadamente los cadáveres, originando así olores del proceso de putrefacción en los diversos ambientes de la entidad. En el servicio de sala de necropsias las tres mesas de necropsias presentan averías en sus trituradores de tejidos. Una está inoperativa por la filtración en su sistema de drenaje. 

Asimismo, se identificó que los materiales de bioseguridad para los servidores de la sede Chiclayo son insuficientes. Lo mismo sucede con los reactivos para diversos exámenes o análisis toxicológicos y similares.

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