Grave falta podría conllevar a una consecuencia penal al jefe del ente recaudador y sus  funcionarios. Jefe de Control Interno, Robert Vargas Tepe, no reacciona ante presunta sobrevaloración

Una investigación realizada por el Semanario Expresión llevó a descubrir que desde el mes de abril del año 2015, el portal de Transparencia del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, se encontraba inoperativo. La misma suerte corre el que es administrado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo –MPCH. Ambos portales están desactivados por razones que son de absoluta explicación por parte de los responsables en dirigir las políticas y la administración de las aludidas instituciones, Nilton Monje Sampén en el CGT, y David Cornejo Chinguel en la MPCH.

La grave falta que podría conllevar a una consecuencia penal, fue puesta en conocimiento del ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Eduardo Thorne Vetter, por parte del ciudadano Víctor Luna Victoria Menacho, en aplicación de los establecido en el numeral 11.2 de la directiva N° 006-2016 OSCE/CD, donde se plasma que todas las entidades del Estado y las que recaudan para el Estado, deben registrar y publicar en el SEACE  la información de sus contrataciones cuyos montos sean de 1 a 8 Unidades Impositivas Tributarias –UIT- que hubieran realizado durante el mes, contando para ello con un plazo máximo de 10 días hábiles del mes siguiente, debiendo realizarse dicho registro de acuerdo a lo establecido.

En dichos portales, los que son de dominio público, tenía que estar colgada la información correspondiente al registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. Es así, que recién el último 23 de setiembre el CGT activo el portal de transparencia, llamando poderosamente la atención los exorbitantes gastos en papelería publicitaria.

En el caso del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, se puede visualizar que desde el mes de abril del año 2015, la gestión de Nilton Monje viene realizando gastos que no serían importantes para la recaudación y el cumplimiento de metas económicas del ex SATCH.

Sin embargo, al seguir explorando el portal de Transparencia de la mencionada institución, se puede apreciar que los gastos en papelería publicitaria son mayores en el año 2016. Lo que más llama la atención, es que a pesar que los escandalosos gastos son el comentario del día en los pasillos y oficinas del ente recaudador, hasta la fecha el personal y el jefe del Órgano de Control Institucional –OCI, Robert Vargas Tepe, no ha movido un solo dedo para investigar, y poner a buen recaudo los intereses de la comunidad.   

Existen gastos por concepto de volantes, banner, pasacalles, entre otros, que a la fecha habrían generado mayores compromisos de pago respecto al presupuesto institucional del CGT, generando necesidades de realizar modificaciones presupuestales internas para tener mayor cobertura en este tipo de gastos.

Además, por la cantidad requerida y la cobertura que habrían tenido, se presume que las compras no se habrían realizado al 100%, así como existirían presuntas sobrevaloraciones, al tener a la vista los montos pagados por una determinada cantidad de material publicitario.

GASTOS EN EL 2016

Es el caso de la factura N° 0002-000114, del primero de febrero del presente año, a  Roly Ángel Julio Mariños Mejía se le compra volantes impresos por ambos lados a full color, en papel couché de 115 gramos, tamaño A5, relacionado al  empadronamiento de taxis por el precio de 600 soles. Llama la atención que en portal de transparencia no se haya descargado la cantidad de arte publicitario que se adquirió.

De igual manera, el 23 de febrero nuevamente el personal de abastecimiento del CGT acude donde Roly Ángel Julio Mariños Mejia y compra volantes, banners, pasacalle, para difusión de vencimiento de tributos municipales 2016, y mediante factura N° 0002-000252, se paga el importe de 4 mil 940 soles. Aquí, otra vez no se especifica las cantidades adquiridas y el precio unitario.

El 31 de marzo se compran banderines, impresos en banner con medidas de 40x60 como parte de la publicidad del mes, así como saludo por aniversario de Chiclayo. En esta ocasión el personal de abastecimiento dirige la compra a Wantuil Alberto Huertas Díaz, quien emite la factura N° 001-0020166 por el importe de mil 500 soles.

El 8 de abril se adquiere a Aaróngrafic SRL material publicitario para la campaña de vencimiento del mes de abril, consistente en volantes en papel couché de 115 gramos. Por el servicio se extiende la factura N° 0001-000905 por el importe de 3 mil 850 soles.

El 12 de abril el CGT hace un gasto de 760 soles a favor de Bravo Impresores SCRL, por la adquisición de volantes impresos a full color en papel couché por ambos lados, de 115 gramos, con medida de 19x19 cm. El requerimiento es cobrado por la citada empresa con la factura N° 0001-0003950, pero lo extraño es que al acudir en consulta al Sistema de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria –SUNAT, se obtiene como respuesta que el sistema RUC no registra el número de RUC para el nombre o razón social de Bravo impresores SCRL. ¿Cómo le pagaron? 

MÁS ADQUISICIONES

El 20 de mayo se compra a Fátima del Rocío Obando Chávez volantes impresos en papel couché de 115 gramos, para la campaña del mes de mayo para el cumplimiento de pago del impuesto predial. Mediante factura N° 0001-000353 se paga 780 soles.

De igual manera, ese mismo día a la misma proveedora se compra volantes impresos en papel couché de 115 gramos por ambos lados, para el cumplimiento de pago del impuesto vehicular. El pago es también de 780 soles y se hace mediante la factura N° 0001-000354.

Asimismo, cinco días después, el 25 de mayo, nuevamente personal de abastecimiento del CGT requiere a Fátima del Rocío Obando Chávez material de publicidad consistente en pasacalles, volantes y banner por motivo de empadronamiento de taxis. Para realizar la compra por 2 mil 440 soles, se toma en cuenta el informe N° 06.4-010-0000056 – CGT, y se paga mediante la expedición de la factura N° 0001-000355.

Cinco días después, el 30 de mayo se requiere comprar material publicitario consistente en pasacalles con la medida de 8 mts, de largo por 1 metro de ancho. También se piden  volantes impresos en papel couché x ambos lados y a full color. Además, banners de 2 por un metro, pero no se especifican las cantidades ni los precios unitarios, pero se hace un pago de 3 mil 520 soles, mediante la factura N° 0001-000356.

El 20 de junio, nuevamente a Fátima del Rocío Obando Chávez  se le compra volantes, banners y pasacalles a full color, para ser utilizados en la campaña publicitaria del  mes de junio, según el requerimiento N° 685, y por los cuales se pagó la suma de 3 mil 220 soles mediante la factura N° 0001-000365.

CON EL HERMANO
El 27 de junio el personal de abastecimiento del CGT decide cambiar de proveedor, y en está ocasión dejan de comprar a Fátima del Rocío Obando Chávez para empezar a trabajar con Segundo Enrique Obando Chávez, a quien en una primera compra le adquieren 20 millares de volantes de impuesto vehicular con impresión a color en papel couché de 115 gramos. Por ello se paga la suma de 1,200 soles y el gasto es sustentado en la factura N° 0001-000030. Cada millar tendría un costo de 60 nuevos soles.

Lo que llama la atención es que según al reporte de la SUNAT, Segundo Enrique Obando Chávez recién había iniciado actividad comercial el primero de junio del año 2016, y se había inscrito en SUNAT el 20 de junio del presente año.

A partir de ese momento y hasta el mes de setiembre, Segundo Enrique Obando Chávez se convierta en el proveedor exclusivo del CGT en impresos publicitarios. Es así que el 1 de agosto el ente recaudador hace un gasto de 3 mil 520 soles en la adquisición de volantes impresos a full color en papel couché, pasacalles y banner para cubrir la campaña de la sétima cuota de arbitrios. Se destaca que el requerimiento incluye instalación del material solicitado. El pago se hace mediante la factura N° 0001-000015.

El 8 de agosto se paga a Segundo Enrique Obando Chávez la suma de 9 mil 160 soles, por la compra de compra volantes en papel couché de 115 gramos,  pasacalles y banner para la promoción del beneficio del mes de julio. En la factura N° 0001-000022 se hace constar que el monto antes descrito incluye instalación.

De igual manera, el 19 de agosto se paga a Segundo Enrique Obando Chávez  la suma de 5 mil 760 soles por la compra de volantes impresos en papel couché de 115 gramos y pasacalles impresos en banner con medidas de 8x1 metro. En  este descardo de gasto en el portal de transparencia, el ente recaudador no añade el número de factura con que fue pagado el servicio.

El 22 de agosto, sin plasmar el número de factura, a Segundo Enrique Obando Chávez se le cancela la suma de 2,400 soles por concepto de compra de volantes de tamaño A5,  impresos por ambos lados y en papel couché, relacionados con la última oportunidad de beneficio.

Cuatro días después, el 26 agosto Segundo Enrique Obando Chávez emite la factura  N° 0001- 00058 por el valor de 4 mil soles, para proveer de volantes con la medida de 19x19 centímetros, en papel couché de 115 gramos, según el diseño supuestamente entregado por el o los compradores al proveedor.

EN SETIEMBRE

A los cinco días del mes de setiembre, el CGT paga la suma de 4 mil 380 soles por la compra de material publicitario para el mes de agosto, consistente en volantes de papel couché de 115 gramos e impreso por ambos lados, banner con las medidas de 2 metros por uno, y pasacalles de 8 metros de largo por un metro de ancho. De acuerdo a la factura N° 0001 -  000053 emitida el 17 de agosto, el precio incluye instalación.

Una semana después, el 13 de setiembre se paga la suma de 2 mil 140 soles por concepto de compra de material publicitario a full color, volantes impresos en papel couché de 115 gramos por ambos lados, pasacalles de 8x1 metro, con instalación, así como banners de 2x1 metro. El monto fue cobrado con  la factura N° 0001- 000066, emitida el 7 de setiembre del 2016.

El 14 de setiembre se cancela el importe de 7 mil 640 soles por concepto de compra de material publicitario a full color, referente a empadronamiento de taxis, así como volantes impresos en papel couché de 115 gramos por ambos lados, pasacalles de 8x1 metro con instalación incluida, así como banner de 2 por un metro.

En el descargo de gasto se hace notar que el material requerido, sin especificar la cantidad, iba ser ubicado en los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria. El costo fue cancelado previa presentación de la factura N° .0001-000070 emitida el

08 de setiembre.

De igual manera, al siguiente día, el 15 setiembre, se hace un pago de 4 mil 950 soles por

la elaboración de pasacalles termosellados, engrapados, con madera y alambre para ser instalados en los distintos distritos de la ciudad de Chiclayo. El pago se mediante la emisión de la factura N° 0001-000072 y a nombre de Segundo Enrique Obando Chávez.

ALQUILER DE TOLDO

Lo que también llama la atención es que el 7 de abril del presente año se requieren los servicios de Nilton Baylón Bazán, para que alquile un toldo por un  monto de 1,800 soles. El toldo, según el descargo realizado en el portal de transparencia, habría sido utilizado en la distribución de material publicitario consistente en volantes de vencimiento de la cuarta cuota de arbitrios. El servicio fue cobrado con la Boleta de Venta N° 001 -  000105, con fecha 06 de abril 2016.

Las presuntas irregularidades que podrían estar dándose al interior del CGT, con la supuesta complicidad del personal que requiere dichos servicios, los que otorgan la conformidad y el área de abastecimiento, se hace necesario que el Órgano de Control Interno a cargo de Robert Vargas Tepe, supervise y verifique los hechos, debiéndose  verificar cotizaciones, precios, ingreso de bienes a almacén, y servicios realizados por las áreas usuarias.

Control Interno también tendría que verificar las directivas internas para la contratación de servicios publicidad, así como verificar los costos unitarios de cada requerimiento, así como si se ha cumplido con hacer uso de las cantidades de material que aparentemente se habría requerido. 

Para el presidente del colectivo Chiclayano Despierta, Pedro Torres Fernández, es poco lo que se puede destacar de la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel, caracterizada – según afirma – por la ineficacia, pero además por la falta de objetivos claros de lo que se quiere para la ciudad. A esto suma la presencia de funcionarios que pese a los cuestionamientos son respaldados por el edil, en quien no reconoce autoridad para enfrentar los problemas de la provincia.

El representante de la organización sostiene que atendiendo al principio básico que todo lo que se mide y controla, verdaderamente se administra, el balance de los más de 20 meses de Cornejo Chinguel en el cargo es desalentador, y para ejemplificar cita el caso del funcionario Henry Chiclayo Vega, en quien el burgomaestre ha ratificado su confianza en más de una vez, pese a que las irregularidades en las que incurrió cuando fue jefe de la Oficina de Imagen Institucional del municipio eran suficientes para su alejamiento de la gestión.

“Si queremos saber cuál es el resultado de la labor que los funcionarios hacen lo mínimo que se tiene que respetar es el tiempo que la ley marca para rendir cuentas, por ejemplo, de dineros recibidos para gastos propios de la gestión. Y si vemos que hay un gasto que no fue aprobado o mal hecho, lo que tiene que hacer ese funcionario es reponer el dinero, pero no en cómodas cuotas mensuales. Eso es lo que ha sucedido con el señor Henry Chiclayo Vega, quien pareciera que ha obtenido un crédito blando, en el que no se le cobran gastos ni intereses y encima se le va descontando por planilla y se le promueve a otro cargo de igual o mayor responsabilidad. Entonces si pedimos resultados de medición en esos términos pequeños, este es evidentemente negativo, y ni qué hablar de los temas de mayor peso municipal, como los proyectos”, señala.

EQUIPO DÉBIL

Torres Fernández recordó que semanas previas al inicio de la administración de Cornejo Chinguel, en noviembre del 2015, este presentó a su equipo técnico y garantizó un mejor gobierno provincial, comprometiéndose no solo a recuperar el orden interno, sino también a solucionar los problemas más urgentes de Chiclayo.

“Se anunció con bombos y platillos un equipo de profesionales con la presentación en el Colegio de Ingenieros y que íbamos a tener un Chiclayo diferente, y vaya que tenemos un Chiclayo diferente, donde hay un alcalde soberbio, que se niega a rendir cuentas y que descalifica de inmediato a toda persona que ose hablar de su gestión. ¿Entonces, cuál es la diferencia? Como recogió Ricardo Palma, ‘cambiamos mocos por babas’. Pasamos a la corruptela de don Beto a la ineficiencia y el desastre de don David”, asevera.

REFLEXIÓN CIUDADANA

Torres Fernández señala que lo que acontece con la gestión de Cornejo Chinguel debe motivar la reflexión de los ciudadanos sobre qué tanto se ha aprendido a elegir de manera correcta a las autoridades locales.

“No se trata de buscar al mesías que venga a mostrarnos el camino y la luz para llegar a la tierra prometida, se trata de buscar a una persona que tenga medianas capacidades y un plan de gobierno más o menos estructurado que nos ayude a resolver los problemas locales. La crisis en Chiclayo no se ha aliviado, se ha agravado y se agrava más cuando vemos que el alcalde es incapaz de mantener convicción respecto a lo que dice ser y quiere ser. Cuenta la historia que cuando Atila invadió Europa occidental un rey cristiano no solo prometió ser su súbdito, sino también adjurar de su fe y adorar a los dioses paganos. Atila tomó su espada y le cortó la cabeza y exclamó que un hombre que no era leal a su dios no podía serle leal a él. Traigo esto como ejemplo porque eso hemos visto con el alcalde Cornejo. Si se abraza una corriente política, quizá se puede evolucionar o cambiar, pero no de la noche a la mañana y menos con los argumentos esgrimidos, como falta de apoyo del gobierno regional. Hoy sabemos que el gobierno regional ha resuelto convenios porque la municipalidad incumple, entonces queda claro que el alcalde no tiene claro hacia dónde nos conduce”, señala.

SIN BRÚJULA

Añade que en la gestión de Cornejo Chinguel existe confusión y es difícil deducir qué es lo que quiere hacer con la ciudad.

“Prometió y prometió, ¿qué cosa ha cumplido? Dijo que en seis meses la ciudad sería un anís, lo que no sabemos es qué tipo de anís, si el de sobrecito filtrante o el de granel. Son lamentablemente cuatro años más que se pierden. Los regidores se van a China a aprender gestión. ¿No se supone que habían aprendido antes? A esto sumamos que los cambios de camiseta política del alcalde buscan más apoyo político personal que apoyo para la ciudad”, refiere.

El presidente de Chiclayano Despierta anota que como organización de la sociedad civil existe preocupación por el exceso de indiferencia entre la población local, la cual – asegura – solo reacciona cuando algo grave sucede y perturba la tranquilidad.

“¿Por qué la gente empezó a protestar contra el gobierno de Roberto Torres en el 2012 si los indicios de corrupción venían desde el 2007? Porque la ciudad era un basurero, porque había zanjas en el centro de la ciudad y olores nauseabundos, el nivel de degradación de la ciudad era extremo y la gente estaba cansada de eso. La gente no reacciona a menos que haya algo que le toque directamente, eso nos ha quedado sumamente claro y eso todavía no está pasando. ¿Qué hay? Se denuncia presunta corrupción, gastos mal rendidos, irregularidades, pero el vecino está más preocupado por su calle, y ese es el problema, que la gente no se da cuenta que el dinero que se va en arreglos florales sobrevalorados o en un estrado para el aniversario de la ciudad, o que la donación irregular de dinero del CGT a la municipalidad, implica el manejo equivocado de los recursos que tiene Chiclayo. La gente dice que no le toca, que no le afecta, pero se equivoca porque nos afecta a todos, porque ese dinero que se mal utiliza sale de los tributos que pagamos y deben estar destinados a generar mejores condiciones de vida para la población”, enfatiza.

Pedro Torres señala que en Chiclayo hay actualmente muchas cosas pendientes, además del ornato o la limpieza, necesidades más urgentes como el plan integral de saneamiento, el plan regulador de rutas de transportes o el plan de desarrollo metropolitano para saber qué zonas deben destinarse a la actividad comercial o al crecimiento urbano.

“Como sucedía en la época de Roberto Torres, ahora tampoco es novedad que encontremos vendedores de baratijas en la Avenida Balta y en el Parque Principal. La gente está tan acostumbrada a ser diferente y al panorama desolador de la ciudad, que no le llama la atención. Hemos cambiado de caras, en Chiclayo cambiamos de alcalde, pero seguimos sin autoridad”, afirma.

ORGANIZACIONES AUSENTES

Torres Fernández sostiene que convocar a una protesta popular requiere motivaciones y en este momento mucha gente no las encuentra.

“Hay quienes dicen: ‘Hay que revocar al alcalde, por qué no hacen esto o lo otro’, pero no se trata de eso. Fuimos un grupo de personas que en determinado momento dimos nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestro tiempo para que los problemas de Chiclayo se visibilicen a nivel nacional y haya presión para que se actúe contra la red de corrupción que se había instalado en la municipalidad de casi ocho años. Esa red no solo destruyó los recursos del municipio, sino también la institucionalidad y recurrió al uso de portátiles y grupos de mujeres para agredirnos, contrató a periodistas para denostar y calumniar. Es cierto, hay muchas cosas que hacer, las ganas de seguir están, pero hay que trabajar con más organizaciones para lograr tener éxito y lamentablemente no las hay. Aparecen organizaciones en determinado momento para ganar titulares, pero nada más. Hace un año varias instituciones y colegios profesionales publicaron un comunicado diciendo que fiscalizarían la labor del alcalde, pero hasta ahora nada. No hay ningún resultado de ese trabajo, porque cada uno está pensando en sus intereses particulares”, lamenta.

Finalmente, el representante de la sociedad civil menciona que si desde ahora las organizaciones políticas no trabajan una propuesta en base a una plataforma de ideas y proyectos, no de personas, en las elecciones a realizarse en dos años habrá un voto altamente dividido y un alcalde legal, pero no legítimo, porque no tendrá el respaldo de la mayoría de la población y, por lo tanto, Chiclayo seguirá teniendo los problemas que hoy padece.

“Mientras los chiclayanos, nacidos o no aquí, no pensemos en trabajar por nuestra ciudad, seguiremos igual. Desde ya creo que el próximo alcalde que ingrese no podrá realizar grandes obras, porque lo primero que deberá hacer es reordenar la municipalidad. Cornejo qué ha hecho, qué cosa ha cambiado, si hoy vemos a personajes reciclados en su gobierno, que van a la municipalidad o a EPSEL. Dice que defiende la gestión en EPSEL, ¿Qué gestión?, ¿qué ha pasado en dos años de administración cornejista en EPSEL?, ¿qué avances ha habido? La única cosa que se le puede reconocer a la gestión Cornejo es la creación de la orquesta de cámara, nada más”, sentencia. 

En el 2004 la Empresa Agroindustrial Pomalca había tocado fondo. Solo para tener una idea de la crisis que atravesaba basta con mencionar que a los trabajadores se les debía 34 remuneraciones, que a veces solo conseguían que la azucarera les provea de 50 soles al mes y que los campos y la fábrica se encontraban en total abandono. El malestar era general, y en medio de la crisis, con apoyo de autoridades regionales y la organización de los propios pomalqueños, fue posible el ingreso de una nueva administración con el Grupo Oviedo como socio inversionista a la cabeza. Doce años después, ¿es posible afirmar que la situación ha cambiado?

La mejor forma de encontrar una respuesta a la interrogante es oyendo el testimonio de los propios actores de la empresa, no de los funcionarios, sino de los trabajadores, jubilados y de los beneficiarios de las iniciativas que en los últimos años se han puesto en marcha.

La azucarera tiene más de dos mil trabajadores, quienes cumplen funciones en la preparación, siembra y cosecha de los campos, en la producción del azúcar, en la labor administrativa y de seguridad, y también en los programas de responsabilidad social implementados por la administración.

En la memoria de estos están aún presentes no solo los momentos críticos del 2004 y los años previos, sino también la frustración que significó el fracaso de la época cooperativista o el auge que alcanzó Pomalca en la época patronal. Haber vivido todas estas etapas, da a los trabajadores la capacidad suficiente para resolver la interrogante planteada, y en sus respuestas no solo se hallan satisfacciones por lo avanzado con la actual administración, sino también expectativas en que las condiciones laborales y productivas mejoren, pero que además el sentido social de la empresa sea verdaderamente equilibrado para todos lo que la conforman.

JUAN TONGO SALCEDO

Juan Tongo Salcedo tiene 60 años de edad y hace 18 forma parte de la empresa Pomalca. Vive en Chiclayo, tiene seis hijos, todos profesionales: tres de ellos son profesores, uno economista, uno administrador de empresas y otro ingeniero de sistemas.

“No tengo problemas con la empresa, yo sigo trabajando y mis pagos están normales. Hace doce años nos daban alguna parte del pago, un adelanto nada más y así nos tenían. El cambio de administración ha permitido a nivel familiar vivir tranquilo, sobre todo por la puntualidad de los pagos”, refiere.

Su jornada laboral en el área de campo se inicia a las 5 de la mañana y se prolonga hasta las 12 del mediodía. Juan Tongo reconoce que la empresa se ha preocupado por proveer a los trabajadores de los implementos necesarios como palanas, machetes, guantes y lentes de protección.

Sin embargo, refiere que aún hay mejoras por hacer y que mucho depende de la gestión de la gerencia general a cargo de César Alva Azula.

“Nos están pagando nuestros beneficios y las gratificaciones de julio y diciembre, a nosotros como trabajadores nos corresponde cumplir con nuestra tarea y respetando a los jefes”, indica.

TEODORICO PULUCHE MENDOZA

El 2 de febrero de 1976, hace 40 años, Teodorico Puluche Mendoza ingresó a trabajar a Pomalca. En aquél entonces tenía 16 años de edad. Hoy es padre de cuatro hijos y cumple labores en el área de campo, en el sector La Unión Tercera, donde se dedica al mantenimiento para la renovación de la caña de azúcar

“A la empresa administraban los mismos trabajadores y conforme fue transcurriendo el tiempo esta fue decayendo. Antes del ingreso del Grupo Oviedo nos pagaban medio sueldo al mes, por ejemplo, si ganábamos 600 soles recibíamos 300, y era por las mismas actividades que realizo ahora, se trabajaba ocho horas diarias, desde la cinco de la mañana. En la tarde teníamos que buscar otros trabajos para poder sostener nuestro hogar. Ahora la situación ha cambiado, al menos no se retrasan con los pagos y estos son completos, además de las gratificaciones. Ha habido aumento de sueldos, pero eso es para los nuevos trabajadores, no para nosotros”, comenta.

Puluche Mendoza señala que hay necesidad de renovar los campos de caña, para de esta manera obtener mayor rendimiento en la producción del azúcar.

“Mis hijos ya tienen sus familias, y yo todavía tengo fuerzas para seguir trabajando. Me gustaría que la empresa cumpla con todos nuestros beneficios, yo alquilo una casa y sería bueno que la empresa también se preocupe por esa condición en la que estamos muchos”, manifiesta.

ANTONIO DE LA PIEDRA CÁRPENA

Tiene 62 años de edad y hace 29 trabaja en la azucarera. Antonio de la Piedra Cárpena tiene dos hijos y también se dedica a labores de campo. Hasta ahora, su mayor preocupación es la de la vivienda, pues al igual que otros compañeros vive en una casa alquilada.

“Entré a trabajar en 1987 como tareas adicionales, nos daban trabajo cada 15 días y en la planilla aparecía con el nombre de mi papá como una medida para no quedarme estable en la empresa. Después mi situación cambió cuando cumplí el tiempo récord para quedarme estable y tuve que iniciar un proceso judicial en la empresa, esto fue en 1994, hasta que logré mi permanencia definitiva”, comenta.

De la Piedra Cárpena también recuerda la caída del sistema cooperativista en Pomalca y el inicio de la nueva administración. En su opinión, mucho hay aún por mejorar, sobre todo en la gestión productiva de los campos.

“Con una buena administración y una renovación de campos y con el esfuerzo de nosotros como trabajadores la empresa puede mejorar. Si hubiese una buena administración nosotros como trabajadores estuviéramos contentos y sin necesidad de paralizar nuestras labores, pero también hay quienes están tratando de hacer daño a la empresa y eso no puede permitirse. La empresa debe mejorar la situación del trabajador, ver la necesidad del trabajador, ahorita una necesidad grande es la vivienda; mejorar al trabajador en cuanto a sus remuneraciones y así este estará obligado a corresponder al buen trato que la empresa le dé”, señala.

OSWALDO MEDINA HERRERA

Entró como hijo de trabajador en 1984 y desde entonces permanece en la agroindustrial Pomalca. Owaldo Medina Herrera es padre de tres hijos y actualmente tiene 56 años de edad.

“Recuerdo la época en la que no habían pagos completos, la empresa estaba mal y tampoco había caña ni se renovaban los campos. Ahora los pagos son completos y puntuales, pero para nosotros no se han incrementado y quisiera que la empresa tome eso en consideración”, refiere.

El trabajador añade que le preocupa la situación de los campos, debido a que en algunos sectores es necesario el mantenimiento de las hectáreas para mejorar la producción de caña de azúcar. Haciendo eso – anota – la empresa tendrá mayores ingresos y mejores condiciones para cubrir las necesidades sociales y laborales que tiene.

HEMITERIO SILVA DÍAZ

A sus 63 años de edad, Hemiterio Silva Díaz cumple labores de campo para la empresa Pomalca. Trabaja en la azucarera hace 26 años, tiene cuatro hijos, uno de ellos policía y otro trabajador del Instituto Nacional Penitenciario – INPE.

“Si bien ahora nuestros pagos están al día y la empresa cumple con el pago de algunos beneficios sociales, también es cierto que se han recortado otros como el reconocimiento de domingos y feriados. Yo recuerdo el tiempo en el que la empresa estuvo paralizada y no había cómo sostener a nuestras familias, y también cómo la administración actual empezó a poner orden y a mejorar, pero parece que ahora todo es más lento y algunas buenas cosas se dejaron de hacer”, señala Silva Díaz.

En su opinión, es urgente que la empresa se preocupe por el bienestar social de los trabajadores, por la renovación de los campos y el pago del agua para incremento de la producción de caña.

“Le pediría a los señores que se pongan una mano al corazón y que piensen en los terrenos, ya que por los terrenos, por la caña de azúcar, nosotros vivimos, y como siempre digo: ellos también viven de esa producción. Que se preocupen por los campos”, menciona.

REYNALDO SAAVEDRA INFANTE

La presencia de Reynaldo Saavedra Infante en la agroindustrial Pomalca tiene dos etapas. La primera se inició en 1978 y se prolongó hasta 1995 en que fue separado injustamente. Tras años de batallar en el Poder Judicial logró su reincorporación en el 2007.

“Ciertamente las condiciones de trabajo han cambiado en algunos aspectos para bien, pero es mucho lo que la empresa todavía tiene por corregir, por ejemplo respecto al pago de las CTS y de las horas nocturnas. Reconozco que los pagos se están dando a tiempo, en ese sentido está la administración cumpliendo y eso da tranquilidad a nuestras familias”, indica.

La preocupación de Saavedra Infante también está en la condición de los campos. Este comenta que urge la preparación del terreno y el surcado de las hectáreas para un mejor aprovechamiento del riego, a fin que la caña crezca con mejores condiciones para la cosecha.

“En San Luis hay campos que se están perdiendo y hay que limpiarlos hasta cuando haya siembra, porque de lo contrario nos vamos a quedar sin caña y al quedarnos sin caña nos vamos a ver en una crisis. Ya se han renovado algunos campos pero lo hecho todavía no es suficiente”, asegura.

LEYSI LÓPEZ CIEZA

A sus 17 años, Leysi López Cieza, quien cursó la secundaria en el Colegio Albert Einstein, se ha convertido en estudiante de la Escuela de Estadística de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, casa superior a la que ingresó gracias a la preparación recibida de manera gratuita en la academia pre universitaria de la empresa azucarera.

“Me enteré por la cantidad de ingresantes que tuvo en el 2015 y me animé a inscribirme en la academia y aquí estuve dos ciclos, que fueron los de marzo y diciembre del año pasado. Postulé en agosto de este año e ingresé a la escuela de Estadística. En verdad me siento muy agradecida porque los profesores nos reforzaban bastante, teníamos clases en la mañana y en la tarde, los sábados y a veces los domingos”, destaca.

El abuelo de Leysi López fue trabajador de la empresa azucarera y ese fue el vínculo por el cual llegó para ser preparada. “La empresa debe seguir con este programa porque es muy beneficio para los jóvenes. Creo que nosotros debemos seguir estudiando hasta lograr nuestros objetivos”, señala.

KEVIN MEDINA VENTURA

Estudió en el Colegio San Vicente de Paúl de Pomalca y hoy también forma parte de la primera casa superior de Lambayeque como alumno de la Escuela de Ingeniería Electrónica. Kevin Medina Ventura postuló en el examen de admisión 2016-II y su ingreso se debe, en gran medida, a la capacitación dada por la academia pre universitaria de la empresa azucarera.

“La empresa es en ese aspecto nos da un apoyo total a todos los jóvenes de Pomalca y anexos,  porque nos brinda la posibilidad de estudiar y prepararnos para ser mejores personas en la vida y buenos profesionales. Este proyecto debe continuar, ya que ayuda a muchos jóvenes a seguir sus metas, a lograr sus sueños y ser mejores cada día, siempre estudiando y dando lo mejor de sí mismos”, destaca.

Kevin Medina sostiene que le gustaría empezar su actividad laboral en la empresa y de esa manera retribuir el apoyo dado a su formación como profesional de la ingeniería.

“Me gustaría mucho recompensar lo que han hecho por mí y como es parte del futuro solo queda esperar lo que se venga. A los jóvenes de Pomalca solo puedo decirles que si tienen algún talento se esfuercen y den todo de sí para poder desarrollarse, repotenciarse y alcanzar sus sueños. Nada es imposible si de verdad se desea”, enfatiza.

EDGARDO ARRASCUE DELGADO

Nació en San Ignacio, Cajamarca, y estudió en el Colegio Tito Cusi Yupanqui. Edgardo Arrascue Delgado vive hace dos años en Pomalca y enterado de la existencia de la academia pre universitaria no dudó en incorporarse como alumno, logrando así ingresar a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en la carrera de Biología.

“Muy pocos jóvenes tienen la oportunidad de prepararse y postular a la universidad nacional y esta iniciativa yo la veo excelente ya que nos da a todos la chance de ser alguien en la vida, salir de donde estamos y tener mejores oportunidades y metas para el futuro”, indica.

Arrascue Delgado recomienda a los jóvenes pomalqueños que se esfuercen. “Esta oportunidad es única y por eso deben aprovechar cada momento, cada esfuerzo, para que así puedan ingresar y ser alguien en la vida para tener una carrera profesional”, precisa.

JESICA MEDINA ÑOPO

Egresada del Colegio María de Lourdes, a sus 19 años de edad, Jesica Medina se ha convertido en estudiante de Biología en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Su preparación la realizó en la academia de la empresa, a la que llegó gracias a la información proporcionada por su abuelo, que es trabajador de la azucarera.

“Me enteré de la academia por medio de mi abuelito y así pude prepararme un poco más para ingresar a la universidad. Vi que era una gran oportunidad, porque realmente una preparación cuesta y entonces hablé con mi abuelito que trabaja acá y por medio de él ingresé a los cursos. Hoy ya soy estudiante de la universidad”, comenta.

“Me veo trabajando en un laboratorio, proyectándome a tener mi propia empresa. A los jóvenes de Pomalca les digo que se proyecten a un futuro, ya que los estudios son los más valioso que les pueden dar sus padres, que aprovechen todas las oportunidades que se les brindan, porque no hay nada mejor que estudiar”, asevera.

LISETTE DELGADO BARTURÉN

Lisette Delgado Barturén tiene un verdadero testimonio de perseverancia estrechamente vinculado a la academia pre universitaria de la empresa azucarera. Tiene 23 años y durante cuatro ciclos se preparó para conseguir su sueño de ingresar a la Facultad de Medicina Humana de la Pedro Ruiz Gallo.

“Cuando estaba en quinto de secundaria escuché y vi en las revistas que existía la academia, entonces me inscribí al ciclo que era por las tardes e ingresé en el examen preferencial a la escuela de Biología. Yo quería volver a postular así que se me inscribí nuevamente en la academia y en el 2012-II ingresé en el primer puesto del cómputo general a Medicina Humana. Durante el tiempo que estuve acá recibí mucho apoyo por parte de todos los profesores y estoy muy agradecida con la academia y la empresa”, rememora.

Actualmente Lisette Delgado cursa el octavo ciclo de Medicina Humana y su mensaje es que cuando existe constancia en los objetivos personales es posible lograrlos. “La empresa hace mucho bien a los jóvenes de Pomalca con el mantenimiento de esta academia, que es buena para el desarrollo social y educativo”, resalta.

MÁXIMO FARRO MONTAÑO

Durante 43 años y tres meses Máximo Farro Montaño trabajó para la Empresa Agroindustrial Pomalca. Tiene 66 años de edad y es padre de tres hijos, uno ingeniero de sistemas, otro microbiólogo y uno administrador de empresas.

“En sus inicios, la etapa cooperativa tuvo grandes logros y beneficios para todos sus trabajadores, pero luego con el mal gobierno decayó, y se sobreentiende que fue porque los administradores no estaban preparados para dirigir empresas de tal magnitud. Esto generó caos y un desorden total que conllevó a una debacle administrativa, económica y financiera. Con el ingreso del Grupo Oviedo se notó un cambio tanto potencial en campo y fábrica, y, lo más importante, se recobró la disciplina laboral. Yo puedo decir, como jubilado, que recibo de la empresa todos los beneficios de ley”, señala.

“Invocó a mis compañeros a que sigan creyendo en Pomalca, que sigan apostando por el Grupo Oviedo, pues necesitamos inversión ya que si no se tiene no podremos hacer nada. Que pongan  ahínco, esmero y dedicación, porque de esta manera la empresa saldrá de todas las dificultades que atraviesa. El objetivo final de todos debe ser la recuperación de la empresa”, enfatiza.  

Advierte que magistrados hacen el negocio de su vida cuando emiten resolución para poner o reponer administraciones judiciales en azucareras, pero lo más grave es que la ODECMAa se hace la ciega para investigar y sancionar

“Quisiera que alguien me señale, si en el Congreso de la República, alguna vez he movido un dedo o he propuesto leyes con nombre propio para favorecer a ciertos empresarios azucareros, como si  lo han hecho otros parlamentarios, bajo la bandera de la paz social”, sostuvo el Congresista de la República Héctor Becerril en clara a alusión a los problemas sociales que se vive en las empresas azucareras Pomalca y Tumán, y donde una de las partes en conflicto es el Grupo Oviedo.

Aclara que si bien  es cierto ha sido trabajador de la Empresa Agroindustrial Pomalca en el área de seguridad, eso no significa que ahora que es parlamentario tenga que sacar la cara o tirarse al lado del Grupo Oviedo; pues, muy por el contrario –añade- que al Grupo Oviedo no le debe nada y cuando él trabajo en la empresa Pomalca lo hizo como cualquier otro obrero, que para poder recibir su sueldo tenía que haber cumplido con su jornada laboral.     

Cuestionó que en Lambayeque existan jueces y fiscales que lejos de imponer justicia y el principio de autoridad, más bien han visto en las empresas azucareras los negocios de sus vidas para emitir resoluciones de medidas cautelares o simple y llanamente designar administraciones judiciales.

“Acá – en Lambayeque-  hay jueces que hacen el negocio de su vida, otorgando medidas cautelares o administraciones judiciales a como mejor momento se presente. El Ministerio Público tampoco se queda atrás”, sostuvo en entrevista con el Semanario Expresión.

NEGOCIO DE CAUTELARES

Dijo ser un conocedor de la problemática de la industria azucarera en Lambayeque, donde es vergonzoso ver como una medida cautelar que viene de un determinado juzgado instala una administración o devuelve a la saliente, pero más vergüenza se siente cuando se ve que desde otro juzgado también viene una medida cautelar que pone o repone a otros administradores judiciales. 

“Es una vergüenza ver que una medida cautelar viene de un juzgado o de otro, ordenando la reposición o el nombramiento de una administración. Pero eso no solamente es el problema, lo más grave es el enfrentamiento que hay entre los jueces para hacer valer su resolución por tal o cual grupo”, señaló

Explica que los jueces que hacen el negocio de sus vidas al emitir medidas cautelares, no ven más allá del problema que ocasional en la masa trabajadora y la población, quienes se enfrentan a balazos con el objetivo de hacer prevalecer la orden de tal o cual juez.

“Yo me pregunto… Si un juez tiene la razón y el otro no, entonces ¿qué pasa con el juez que no tiene razón?. ¿Acaso no tiene ninguna sanción?

Me sigo preguntando… ¿Y dónde está la ODECMA en el caso de Lambayeque?, que de oficio debe actuar. Todo esto es muy raro, y resulta más raro en el por qué los órganos de control no actúan con la premura del tiempo en que deben actuar”, explicó.

De igual manera, negó haber dirigido alguna misiva a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Ana Sales del Castillo, con referencia a la problemática de la empresa azucarera, así como ser informado sobre cuántos procesos judiciales se están ventilando en el distrito judicial de Lambayeque.

“Me he reunido con la presidenta de la Corte lambayecana, y le he dicho que siempre voy a pedir información de los casos de interés público, con el objetivo de actuar antes que se conviertan en conflictos sociales que tanto daño le hacen a la región y al país. La señora Sales del Castillo me ha dicho que se tiene que ayudar a luchar contra la corrupción, ya que los casos azucareros suman a la corrupción”, explico. 

POR 30 DÍAS

De igual manera, dijo estar sorprendido por la forma como se administra justicia en la región al tener conocimiento que una administración judicial llegó a la región para instalarse por 30 días y cobrar una deuda, pero es el hecho que ya han pasado más de 12 años y hasta el momento no termina de cobrarse. 

“Algunos jueces no tienen en cuenta que sus resoluciones ponen en juego la vida de las personas, y eso es lo que ahora está pasando en Tumán y en Pucalá”, detalló.

De igual manera, señala que con respecto al caso Pucalá hay un juez que hace cuatro meses tiene que haber tomado una decisión y pronunciarse pero aparentemente le da igualito y hasta el momento no toma una decisión. Lo más grave – explica- es que la ODECMA no toma ninguna acción, y espera a que ocurra un problema para que alguien denuncie y recién tomar acciones.

“Es increíble que una administración judicial se dio por 30 días y ya lleva 12 años en una azucarera de Lambayeque y aún no termina de cobrarse el dinero que le adeuda la empresa. Lambayeque es el único lugar dónde hay administraciones judiciales, las que se cambian o regresan al mejor postor. Eso es grave, ¿acaso la Odecma no lo sabe?, o es que aquí también se práctica que Otorongo no come Otorongo”, detalló.

CORRUPCIÓN

Detalla también que hace algunos meses atrás el Perú entero miraba con estupor lo que ocurría en Áncash, y como el crimen organizado se había impuesto en esa región, pero debido a las cosas que están ocurriendo en Lambayeque, se puede notar que actualmente en la región existe mucha más corrupción.

“En los diferentes distritos de Lambayeque que he recorrido he visto que campea la corrupción. He visto que existen obras mal hechas, obras que están paralizadas, lugares que no tienen los servicios básicos a pesar que sus municipios cuentan con presupuestos para obras”, hizo conocer becerril.

Aclara que en el recorrido que ha hecho por los distritos de Lambayeque, resalta siempre las empresas azucareras, donde fácilmente se puede apreciar que los problemas están latentes y son los administradores judiciales la cara visible del problema, pero no sobresalen los que integran los grupos de poder.

“Los grupos de poder son los que se llevan el dinero en carretillas y son los que están  atrás de las medidas cautelares. Con la misma plata de los trabajadores compran a jueces y las resoluciones que más les convenga”, señala.

De igual manera, cuestionó que las azucareras se encuentren sin dinero cuando es sabido que en los buenos tiempos de producción se ha hecho el suficiente dinero para poder guardar y enfrentar los momentos difíciles.

“¿Dónde está la plata de Pomalca y Tumán? Cuando los precios del azúcar estaban altos, habían buenos ingresos, pero ¿dónde está todo ese dinero?”. El grupo Oviedo ha lucrado con Pomalca. Ellos han comercializado el azúcar. Ellos han tenido en monopolio de la producción y de la venta del azúcar”, recalcó.

MUNICIPIO DE CHICLAYO

Héctor Becerril también sostuvo que su presencia en Chiclayo se debía para indagar los presuntos actos de corrupción que vendrían ocurriendo al interior de la Municipalidad de Chiclayo, así como en Epsel y el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT.

Añade que la corrupción está afectando los cimientos de la estructura económica y de desarrollo del país, pero como representante de los lambayecanos en el Congreso de la República, está acto y dispuesto a combatir este flagelo   

“No solamente hay actos de corrupción al interior de la Municipalidad de Chiclayo, sino en toda la región, la que está en casi todos los niveles de la administración pública”, destacó.

De igual manera, deslindó todo tipo de acercamientos o vinculación política con el alcalde David Cornejo Chinguel, quien hace unos días estuvo en la ciudad de Lima y se reunió con la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Indica que la reunión fue pedido de apoyo para poder obtener en el Congreso de la República el respaldo de la bancada oficialista y poder obtener apoyo económico para reconstruir el viejo mercado Modelo. 

“La visita del alcalde David Cornejo fue para que lo puedan apoyar en el Ministerio de Vivienda y encontrar apoyo con presupuesto para Chiclayo.  El señor alcalde ha pedido ayuda y lo ha hecho ante la líder de Fuerza Popular, ya que al momento de tomar decisiones, el presidente de la República no se reúne con uno o dos congresistas, sino con la representante del partido”, sostuvo.

MARCA DISTANCIA

Asimismo, Héctor Becerril puso los puntos sobre las íes ante algunas especulaciones hechas desde el interior de la Municipalidad de Chiclayo, sobre que el alcalde David Cornejo estaría “coqueteando” con el fujimorismo y podría ser una carta oculta para la presidencia regional en las próximas elecciones regionales.  

Sostuvo y dejó sentado que David Cornejo no pertenece al partido Fuerza Popular. Es más, ni siquiera es militante. De igual manera, Becerril rechazo las especulaciones que se viene haciendo que la autoridad edil podría pasar a enrolar las filas del fujimorismo.

“Como vocero de Fuerza Popular, rechazo lo que se diga en lo referente a que haya algún interés por tenerlo en nuestro partido”, explicó.

Finalmente  -dijo – sea o no del partido, si en caso hay actos de corrupción en la Municipalidad de Chiclayo, tendrá que responder ante los actores jurisdiccionales y ante el pueblo.

EN LEONARDO ORTIZ

El parlamentario dijo estar interesado también en lo que viene aconteciendo en el distrito de José Leonardo Ortiz, donde campea la inseguridad ciudadana, la limpieza pública es deficiente, el colapso de los desagües está a la orden del día y ni que hablar de la pésima administración municipal.

“Creo que se han equivocado al querer formar a una persona para administrar la municipalidad de Leonardo Ortiz, porque lejos de aplicar lo que le han enseñado lo viene haciendo todo al revés, por no decir de lo peor”, dijo    

Detalla que el último martes se reunió con siete regidores de la comuna leonardina, con quienes fue hasta el depósito municipal que queda al interior del estadio de José Leonardo Ortiz, y se le mostró que un total de 1,500 bolsas de cemento están convertidas en piedra al haberse enfriado.

“Hemos encontrado mil 500 bolsas de cemento compactadas que ya no sirven para nada. Me informaron que el señor Epifanio Cubas dispuso la compra de 2 mil 300 bolsas de cemento, las que lejos de ser utilizada fueron almacenadas para que se malogren”, explica.

Resalta que en su debida oportunidad los regidores denunciaron  el hecho en el Ministerio Público, pero hasta la fecha no existe una respuesta  a la investigación. Mientras los fiscales piensan en tomar la decisión para investigar la gestión de Epifanio Cubas Coronado, el cemento malogrado viene siendo robado presuntamente para hacer desaparecer las pruebas.

“Ya han desaparecido 800 bolsas, y mientras los fiscales tomen una decisión, es más que seguro que el resto desaparecerá con el objetivo de borrar las huellas del delito”, señaló.

Detalla también que se ha encontrado volquetes malogrados, cargadores frontales desarmados, entre otras unidades, que urge ser reparadas y ponerlas al servicio de la comuna.

EN MONSEFÚ

Becerril explica que también visitó el distrito de Monsefú, donde ha comprobado la existencia de un “elefante blanco” que se le ha querido llamar Compañía de Bomberos, pero es el caso que la construcción aún no ha sido inaugurada y ya se encuentra en mal estado. Es más, las paredes presentan rajaduras.

“En esa obra se ha hecho una inversión de 5 millones y medio de soles, y no sirve para nada. Las estructuras están colapsando y rajando. Las tres unidades vehiculares están mal estado. Lo bueno es que la obra no ha sido recepcionada porque no reúne los estándares y especificaciones técnicas”, explicó.

Resaltó que una de las unidades vehiculares no parece ser nueva sino reciclada.

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• La corrupción en Lambayeque no es un mal endémico, sino que es una pandemia, donde no solamente están involucradas autoridades, sino también jueces y fiscales.

En los últimos 15 años la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza ha impulsado los Acuerdos de Gobernabilidad en el afán de promover políticas públicas a nivel nacional, regional y local que permitan mejorar las condiciones de vida de los peruanos más necesitados, sobre todo en la zona rural.

El acuerdo más reciente fue el que se suscribió en el marco de las elecciones presidenciales de este año y que además responde a los objetivos y metas para el desarrollo sostenible que en el 2015 aprobó la Organización de las Naciones Unidas – ONU, cuyos indicadores fueron establecidos en marzo pasado.

En entrevista con Expresión el presidente de la mesa a nivel nacional, Federico Arnillas, explica que el acuerdo de gobernabilidad es bastante amplio, tiene objetivos y compromisos en todas las áreas: la sociedad económica, institucional y ambiental, y es un paquete de políticas, resultados e indicadores para el seguimiento.

“Lo que se ha podido determinar es que las políticas de gobierno guardan relación con este acuerdo de gobernabilidad, que es un compromiso que en su momento firmó Pedro Pablo Kuczynski en su condición de candidato, al igual que todos los representantes de los demás partidos”, destaca el representante de la sociedad civil.

Recientemente en la mesa de concertación se renovó el Consejo Consultivo Nacional 2016 – 2021, en atención al cambio de gobierno y el ingreso de nuevos representantes de las instituciones estatales.

Comenta que como base para el planteamiento de las políticas para la erradicación de la pobreza se toman no solo las mediciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, sino también la información administrativa que permite obtener una radiografía actual de la accesibilidad de los peruanos a los servicios básicos y proporcionados por el Estado.

“Estamos hablando de cifras que son generadas por el INEI, y que tienen como fuentes principales la Encuesta Nacional de Hogares, la ENDES o el seguimiento del presupuesto por resultados, entonces hay varias herramientas y es interesante porque el Perú, a nivel de América Latina, tiene uno de los mejores sistemas de información, pero es necesario reforzar esto con los sistemas administrativos. Las encuestas siempre nos dan información con un retraso y siempre son muestras representativas, en cambio los sistemas administrativos nos dan información del día a día y probablemente cuando uno los revisa va a encontrar problemas más complicados”, menciona.

Como resultado de la evaluación se tiene que la brecha de pobreza y desigualdad en el país es aún marcada, pese a que entre el 2004 y el 2015 el primer problema se redujo del 58.7 % al 21.7 % de la población nacional.

“Sí, en el Perú hay desigualdad, pero ese no es un dato nuevo. La pobreza y la desigualdad están asociadas pero no es lo mismo, podemos reducir la pobreza sin reducir la desigualdad, y también podemos reducir la desigualdad e incrementar la pobreza, que es lo que puede pasar en un contexto de crisis económica, donde más gente pasa de una situación de bienestar a una de pobreza monetaria o necesidades básicas, siendo la situación más homogénea, pero no por ello mejor”, refiere Federico Arnillas.

Sostiene que en el Perú el crecimiento económico no ha sido por igual en todo el territorio ni en todas las ramas económicas, y eso originó que solo algunos se beneficien de este ciclo.

“Lo que debe ocurrir en un proceso de crecimiento, sobre todo cuando este es rápido, porque la desigualdad avanza más rápido, es que el Estado cumpla un rol redistribuidor”, señala.

ENEMIGOS DE LA LUCHA

Federico Arnillas indica que para la lucha contra la pobreza existen enemigos marcados como la informalidad, por la cual el Estado queda impedido de obtener los recursos suficientes para implementar mejores programas de atención sobre las necesidades básicas de la gente.

“El problema en el país es que tenemos una informalidad muy alta, eso quiere decir que hay evasión tributaria y que el Estado no capta todos los recursos que se requiere para generar estrategias de asignación de recursos que den equidad. Una parte del problema entonces es la recaudación. La informalidad tiene un efecto directo sobre las políticas de Estado para la disminución de la pobreza”, puntualiza.

Sin embargo, pone énfasis al explicar que también hay elementos de informalidad que tienen que ver con la propia población, es decir que hay un tipo de informalidad que está asociada a la pobreza y de ahí la explicación de que también hay gente que no paga impuestos porque no tiene cómo pagarlos.

“En el Perú la informalidad es cada vez más una traba para el desarrollo y por ello, conforme lo hemos visto en los acuerdos de gobernabilidad, es importante reducir los índices de informalidad, empezando por una cosa tan elemental como el empleo. Si el 30 % del empleo es formal y el 70 % restante es informal, lo que estamos haciendo es embalsando problemas a futuro, porque una población que tiene un empleo informal no tendrá seguridad social ni pensiones y hoy día ya lo vemos en nuestra población adulta mayor”, asevera.

Problema también es la efectividad de los servicios estatales, como por ejemplo la cobertura de salud.

El presidente de la mesa cita como ejemplo el caso de Lambayeque, donde los indicadores de los servicios de salud están por debajo del promedio nacional pese a que es una región con mayor población urbana. “Es cierto, que hay distritos más lejanos y a los que es difícil llegar, pero demográficamente no hablamos de una gran población”, indica.

PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO

Refiere que una buena estrategia de desarrollo para equiparar la brecha entre pobreza y equidad es la priorización de un tipo de crecimiento propobre, que mejore las oportunidades de empleo e ingreso de la población con mayores carencias en el país.

“Uno puede tener un tipo de crecimiento basado en grandes inversiones con poco impacto en empleo, que pueden sumar puntos al Producto Bruto Interno – PBI, y así el Estado recaudar y en función de ello redistribuir. Sin embargo esto genera efectos sobre la empleabilidad”, detalla.

En ese sentido, el planteamiento de la mesa está basado en las actividades económicas productivas que tienen alta participación o componente de empleo.

“Por ejemplo, cuando se revisa el discurso del presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso, se encuentran puntos que tienen que ver con la reforestación y esta está directamente relaciona con el crecimiento de la población, porque se deben producir almácigos, debe sembrarse y cuidar el árbol, todas esas actividades tienen un impacto positivo, en el corto plazo, en el ingreso monetario de la gente”, explica.

Añade que luego debe trabajarse en el cuidado del bosque, lo que también tiene un impacto positivo en la población. “Entonces, este tipo de modelos permite trabajar con la población rural y generar cadenas productivas. En el acuerdo de gobernabilidad vigente se habla de estos temas, como reforestación, manejo de cuencas y recuperación de suelos”, destaca.

ACCESO AL AGUA

Federico Arnillas comenta que desde el antes del 2011 se puso el acceso al agua, tanto para consumo humano como para actividades económicas y productivas, como tema fundamental en la lucha contra la pobreza, debido a que su carencia tiene efectos directos, por ejemplo, en la desnutrición crónica infantil.  

“El manejo del agua que empieza en las cabeceras de cuenca tiene como sujeto principal al productor rural y este cumple un rol sustantivo en los servicios ambientales. Lo que pasa con nuestras ciudades es que no reconocemos lo que está detrás del caño, pensamos que el agua llega por arte de magia porque no nos hemos puesto a pensar cómo se da el proceso de captación, cómo es posible un escenario como el actual, en el que los glaciares se están acabando. El glaciar es el gran tanque de agua de la casa llamada Perú y si este se destruye nos quedamos sin el recurso. Entonces, parte de la lucha contra la pobreza también significa financiar esas actividades, aquellas que permiten la captación de recursos hídricos”, resalta.

Arnillas explica que un tercio de los peruanos tiene servicio de agua las 24 horas del día y esta les llega con el cloro residual que cubre los requerimientos sanitarios básicos. Otro tercio de peruanos tiene conexiones pero no agua de manera regular, y el agua que les llega no está debidamente potabilizada. En tanto, un tercio de peruanos no tiene ningún servicio, ninguna forma de abastecimiento regular y el agua que usa, que puede ser de río o de pozo, no está tratada. En este grupo también están los que deben comprarla en cisternas, que es cuatro o cinco veces más cara que el agua en la zona urbana.

“A veces los ciudadanos aplaudimos la inversión y no nos preocupamos o miramos la calidad de esa inversión ni el conjunto del proceso. Un informe de la Defensoría del Pueblo evalúa el derecho humano al agua y habla sobre los proyectos que han fracasado o los que han sido llevados al fracaso, lo que tiene que ver con problemas de gestión o corrupción. La corrupción es un enemigo muy fuerte para la lucha contra la pobreza, la debilita, y ocurre que desde lo grande hasta lo chiquito, desde cuando a las personas se les entrega alimentos de mala calidad hasta los grandes contratos a nivel país”, anota.

Precisa que la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza ha evaluado la inversión pública de los últimos 15 años en el Perú y como resultado se tiene que gran parte de los proyectos en los tres niveles de gobierno se encuentran paralizados o no cumplen los objetivos para los cuales se les asignó presupuesto.

“También hay decisiones políticas que han tenido un doble efecto, como sucede con el cloro, que siendo un recurso importante para tratar el agua está controlado, porque también se usa para la elaboración de droga. El no tratamiento del agua para el consumo ha generado un severo problema de parasitosis e incremento de las Enfermedades Diarreicas Agudas – EDAS, que están asociados con la desnutrición crónica y la anemia”, señala.

Sobre estos últimos, Arnillas agrega que su reducción a nivel nacional muestra un estancamiento en los últimos cinco años y una de sus consecuencias es precisamente la falta de acceso al agua de calidad. También son condicionantes el trabajo contra enfermedades inmunoprevenibles y los nacimientos con bajo peso.

Por otro lado, el presidente de la mesa menciona que los programas de asistencia alimentaria como el Vaso de Leche y los comedores populares sí han contribuido a la lucha contra la pobreza, pero hoy quizá no sean los más adecuados o los más eficientes.

“Recordemos que cuando hubo la epidemia del cólera a inicios del 90 se logró erradicar el problema porque detrás estuvieron las redes de Vaso de Leche y comedores populares que sabían manejar los casos de diarrea. Cuando se creó el Vaso de Leche se dijo que los niños que nunca habían consumido el producto lácteo presentarían problemas estomacales y fue así como se empezó a capacitar a las madres en su tratamiento, lo que resultó fundamental para saber cómo actuar cuando apareció el cólera. Entonces estos programas sociales tenían una red bien organizada a nivel de comunidades, pero que lejos de haberse fortalecido se vio debilitada, convirtiéndose únicamente en un servicio de entrega de alimentos, a veces tratado con fines políticos”, resalta.

ADULTOS MAYORES

El grupo poblacional que más crece en el país es el de los adultos mayores. El ritmo de crecimiento está por encima del 5 % y según las proyecciones cada vez habrá más adultos mayores.

De acuerdo a la mesa de concertación esto se debe a dos causas: el número de nacimientos se mantiene igual o empieza a reducirse, y la población ahora vive más, pero no se ha preparado para ello, porque no ahorró o porque sus condiciones de vida no fueron buenas y generan enfermedades no trasmisibles que marcan el perfil epidemiológico del país.

“Hoy tenemos tres millones y medio de personas mayores de 60 años, de las cuales casi 700 mil se encuentran en la zona rural, con una vida vinculada a la actividad agrícola o pecuaria, por lo que no tienen pensión ni acceso a la salud. A esta población es la que debe atenderse prioritariamente con salud y también con financiamiento del Estado. No hemos tenido sistemas de políticas previsionales para zonas rurales y no somos el único país, en América Latina otros países también han tenido que desarrollar este tipo de programas como Pensión 65 para las personas adultos mayores. No solo el propósito es bueno, sino que además ayuda a dinamizar la economía en las zonas pobres, poniendo dinero para alentar el consumo”, destaca.

Añade que otro aspecto positivo son los propósitos del Programa Juntos, que incentiva a los padres por llevar a sus hijos a los controles médicos o por tramitarles el Documento Nacional de Identidad – DNI.

“Por ejemplo, Apurímac tiene una tasa de vacunación más alta que Lambayeque y estoy seguro que es más difícil vacunar en Apurímac por las condiciones de accesibilidad y distancia. Huánuco ocupó el primer lugar a nivel nacional en cobertura de vacunación en el 2014, el año pasado fue Apurímac y Lambayeque está bastante rezagado. En consecuencia, hay bastante por hacer, más si las condiciones lo permiten”, concluye. 

El entorno familiar del menor es determinante para que este, al llegar a la adultez, muestre conductas violentas. El psicólogo Juan Manuel Castro Acha, integrante del Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en el que además intervienen asistentes sociales y médicos, refiere que cada vez se confirman los casos de violencia física o sexual que tienen como origen maltratos de este tipo contra los agresores, por lo que es necesario prestar atención a la situación de la familia en la sociedad.

“En nuestra sociedad actual se percibe un ambiente bastante contaminado en cuanto a las relaciones familiares, siendo este el punto de partida para entender el desarrollo del individuo. Se están generando situaciones en las que las personas que tienen menor capacidad para afrontar escenarios complicados terminan expresando su frustración con violencia, y una de las formas más común es el estrés. El estrés en el seno familiar motiva a que las personas se expresen de maneras no permitidas por la sociedad”, explica.

Castro Acha añade que en la administración de justicia se reciben diversos casos de violencia, de los cuales casi el 98 % tienen que ver con el entorno familiar. “Es un tema de todos los días y dentro de él hay otros como la tenencia de menores o los problemas de pareja. Los casos que llegan al Poder Judicial se convierten en un termómetro de lo que está pasando con las familias y, sobre todo, con la salud mental de las personas”, refiere.

PERSONAS SANAS

El también docente universitario comenta que trabajar en soluciones frente a la conducta violenta de las personas toma años de trabajo, por lo que desde la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se inician, además de los procesos de juzgamiento, acciones de apoyo psicológico para víctimas y agresores. El objetivo – según refiere – es que ambas partes ganen, no solo alcanzando justicia, sino también hallando posibilidades para superar los problemas que se tienen y evitar su reincidencia.

Menciona que quienes logran desarrollar buenas relaciones interpersonales resultan ser individuos sanos y saludables, que además permiten el desarrollo armonioso de la sociedad. Indica que esto también representa mejor calidad de vida.

“Lo que se busca es que en el ámbito educativo y legal sea posible generar un clima favorable para la sociedad, en el que las personas puedan desarrollar sus habilidades y capacidades lejos de la violencia”, señala.

NIÑOS Y AGRESORES

Juan Manuel Castro afirma que la violencia del hogar se replicará en el niño cuando sea adulto. Explica que todo lo que se desarrolla en la familia generará una serie de situaciones en la persona, que pueden ser positivas o negativas.

“Si yo en mi familia tengo un modelo que es positivo, entonces mi conducta como persona y ciudadano dentro de la sociedad será buena. Estudiosos y expertos en psicología señalan que es la familia la que enferma, pero también es la que sana, por eso es que se tiene que dar importancia a las conductas en el hogar. Si el modelo parental del niño es violento, entonces ese será el patrón a seguir, porque se adoptará como algo normal o común, y eso empieza a reflejarse en los menores desde la edad escolar. Está comprobado que en el cerebro de la persona que se expone a situaciones de violencia quedan grabados estos episodios que posteriormente esta replicará”, indica.

Precisa que el agresor, cuando llega a instancias judiciales para ser sancionado, es capaz de negar los hechos e incluso de justificarlos, al punto que sus argumentos pueden ser creíbles.

“La violencia daña de tal manera que se puede arrastrar hasta el último día de las personas”, asevera.

Sin embargo, Castro Acha precisa que las conductas de violencia pueden ser corregidas en el individuo, sea hombre o mujer, siempre y cuando se ponga interés en continuar todo un proceso de recuperación, que además es largo y esforzado.

“No es imposible, pero sí se requiere del tiempo suficiente para realizar este tipo de trabajos. En la psicología existen estrategias y formas precisas para trabajar con las personas violentas, pero esto se apoya en la disposición y dedicación que el paciente pone para conseguir el objetivo de su recuperación”, menciona.

TRABAJO CON LOS JUECES

A nivel judicial, el especialista comenta que los magistrados reciben la opinión técnica del equipo multidisciplinario para que en base a ella puedan expedir sus fallos con mayor concordancia a las condiciones de la persona sujeta a sanción.

“De esta manera buscamos que se emitan fallos que no se parcialicen en contra de la condición de la persona, sea víctima o agresor. El propósito es que la población no quede con una sensación de vacío, pues la aplicación de la justicia debe apuntar a satisfacer las necesidades de quienes han visto vulnerados sus derechos, sin descuidar también que a quien se juzga es una persona humana”, remarca.

En atención a ello, el Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque trabaja en programas de capacitación que involucran a todos los actores del sistema judicial para generar capacidades que permitan ofrecer un buen servicio a los justiciables.

“Lo hacemos para de esta manera prestar un mejor servicio a la población. Como psicólogos somos los llamados a trabajar en la salud mental de las personas, tal como lo hacen desde su perspectiva también los otros profesionales del equipo”, anota.

LOS INFORMES

En la Corte de Lambayeque trabajan siete psicólogos, quienes preferentemente interactúan con los juzgados de familia. Su labor es paralela a la que realizan los psicólogos del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, y los informes de ambos equipos se contrastan para obtener mejores indicadores e información antes que el juez emita su pronunciamiento sea por violencia, por tenencia de menores u otra controversia por resolver.

“Los jueces solicitan que evaluemos a las personas que están dentro de un proceso y en algunos casos podemos apoyarnos en los informes de Medicina Legal. Sin embargo, hay algo que es bastante interesante y es que las evaluaciones tienen un período de validez, así que, por ejemplo, si Medicina Legal evaluó a un procesado hace un año, el informe se toma únicamente como referencia, debido a que el ser humano es cambiante y las condiciones que lo llevaron a cometer agresión contra su víctima pueden haber variado. Quiere decir que en el tiempo los informes pueden ya no describir de manera precisa el perfil psicológico”, menciona.

Al mes, el equipo de psicólogos realiza aproximadamente cien evaluaciones contra procesados, la mayoría de ellas por violencia familiar.

CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

“La mayoría de personas que llegan denunciadas por delitos contra la libertad sexual muestran antecedentes, los cuales nos permiten ampliar un poco más nuestra visión respecto a con quién estamos tratando. Trabajar en esto requiere de mucha imparcialidad y nuestra función se concentra en revisar los casos, indagar si el agresor tiene antecedentes y procuramos incluso tener la opinión del juez y el asistente social”, explica.

Este trabajo ha permitido hasta el momento determinar que la mayoría de denunciados por delitos contra la libertad sexual, como violación o tocamientos indebidos, por ejemplo, han sido víctimas en algún momento.

“Son personas que en su infancia también han sido violentadas y han pasado por una serie de experiencias desagradables que ellas ahora repiten. Hay un patrón de conducta, tienen un perfil y características que las diferencian de otras personas que presentan psicopatologías. Hemos encontrado esto incluso en menores de edad que cometen delitos contra la libertad sexual, y que a la vez son inimputables de sanción penal, que son internados en centros juveniles y reciben un tratamiento diferenciado”, refiere.

Finalmente, Castro Acha comenta que a diferencia de lo que antes sucedía, en que la participación del equipo multidisciplinario se limitaba a la evaluación, hoy también se brinda asistencia especializada a las víctimas después de la emisión de los fallos judiciales.