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Resulta sorprendente que las quejas de la Coordinadora de Alcaldía, Susana Culqui Pacaya, hayan precipitado la salida del hasta hace poco Gerente General de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Ruperto Castellanos Custodio, y de otros seis funcionarios de alta jerarquía. Si bien, las relaciones entre Castellanos Custodio y el alcalde David Cornejo Chinguel ya estaban un tanto débiles por las críticas que este hizo a algunas decisiones del edil, una rendición de gastos de representación terminó siendo el detonante para el descalabro vivido en la comuna provincial el último fin de semana.
“Será la señora Susana Culqui, que es de mi entera confianza y tiene muchos años de experiencia en la administración municipal”, señaló en noviembre del 2014, en el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, un emocionado David Cornejo, el día que presentó a su equipo técnico tras ganar las votaciones de ese año para la alcaldía de Chiclayo. Se le preguntó por el nombre de su coordinadora y esa fue su respuesta.
Y en efecto, Culqui Pacaya tiene una larga experiencia de servicio en la comuna provincial, pero que al parecer no habría resultado del todo provechosa para rendir de manera ordenada los gastos de representación que como coordinadora del despacho de alcaldía tiene a su cargo desde enero del 2015.
Fue precisamente este hecho lo que desencadenó una serie de fricciones al interior de la gestión de Cornejo Chinguel en la última semana. Las áreas de Contabilidad y Administración observaron presuntas incongruencias en la justificación de los gastos realizados en los últimos meses, así como boletas aparentemente adulteradas, lo que encendió el reguero de pólvora que acabó con la renuncia en bloque de siete funcionarios municipales, todos convocados por el alcalde como personas de confianza.
RENUNCIANTES
Es seguro que Ruperto Castellanos jamás imaginó que el viaje que realizó acompañando al alcalde a Lima, la primera semana de agosto, para gestionar el desbloqueo de las cuentas municipales que habían sido congeladas a pedido de la Contraloría General de la República, sería el primero y el último.
Aquel periplo por oficinas congresales y de la Contraloría sirvió también para que Castellanos Custodio, quien horas antes del viaje había advertido su disposición de dejar la Gerencia General del municipio, le comentara a Cornejo Chinguel algunas de las situaciones incómodas que podían acarrear problemas posteriores. Temas tratados fueron el del Centro de Gestión Tributaria – CGT, y la improductividad de su titular Nilton Monje Sampén; la permanencia del cuestionado Henry Chiclayo Vega en la gestión y, lo más preocupante, la intromisión de personajes del entorno del burgomaestre en decisiones exclusivas de la administración. Hoy sabemos que ese último punto incluía el nombre de Susana Culqui.
Está confirmado que el alcalde se comprometió a atender las recomendaciones a su retorno de Lima, pero a su regreso la situación siguió siendo la misma. En ese trance sucedió lo de la rendición de los gastos y una llamada de Culqui Pacaya a la entonces Gerente de Administración y Finanzas, Rosa Gómez Ponce, advirtiéndole que se quejaría con el burgomaestre por la no aceptación de sus cuentas presentadas precipitó lo inevitable.
Cornejo Chinguel pidió el retiro de Gómez Ponce del cargo, pero antes que eso sucediera, la funcionaria había dado cuenta de lo ocurrido al Gerente General, quien horas después presentaría su renuncia y junto a él otros funcionarios más: el Gerente de Asesoría Jurídica, Jhon Vega Sánchez; la Procuradora Municipal, Edith Cancino Gamarra; la Subgerente de Registro Civil, María Cubas Llamo; la Gerente de Recursos Humanos, Zelmy Rosario Camacho y la funcionaria Ina Vigo Ambulodigue. El viernes por la mañana le presentaron su renuncia al alcalde y en menos de una hora empezaba a confirmarse el nombre de sus reemplazantes.
LOS GASTOS DE SUSANA
Todos los meses la Coordinación de Alcaldía maneja aproximadamente entre dos mil y tres mil soles para los gastos de representación, que consisten en los desembolsos que por ejercicio del cargo el burgomaestre debe realizar para, por ejemplo, agasajar a sus invitados o en ceremonias especiales.
Sin embargo, estos montos han variado en algunas ocasiones llegando a duplicarse y la rendición de los gastos no ha sido precisamente la más convincente, al menos así lo hicieron saber con sus informes el contador Manuel Soto Cabrera y la gerente de Administración Rosa Gómez.
Por ejemplo, el 1 de agosto pasado, Susana Culqui elevó al despacho de Rosa Gómez el informe N° 091-2015-MPCH/SGCA, dando cuenta de un anticipo de siete mil soles adjuntando el Comprobante de Pago N° 2805, del 16 de mayo del 2016, teniendo como referencia el cheque del Banco de la Nación N° 71521348.
En dicho informe la funcionaria daba cuenta de los gastos ejecutados tres meses antes, precisando que el dinero le fue dado “para gastos que se han realizado en diversas atenciones de sesiones de concejo, reuniones de trabajo y otros en el despacho de alcaldía”. La rendición total fue de seis mil 999.88 soles, y en ella se adjuntaron 61 boletas o facturas, 15 declaraciones juradas y dos recibos electrónicos de la compañía aérea Latam.
Sin embargo, el 16 de agosto, el contador Manuel Soto Cabrera emitió el Informe N° 1438-2016-SGCC, dirigido a la gerente de Administración en atención a lo presentado por Susana Culqui. El documento señala que se observaba la rendición de cuentas debido a que “los gastos realizados y rendidos se produjeron entre junio y julio del 2016”, pero el anticipo de los siete mil soles le fue dado el 16 de mayo, “exclusivamente para atender la ceremonia de bienvenida a estudiantes y docentes de la Universidad Weber State, de los Estados Unidos”.
¿Cómo entonces Culqui Pacaya rindió en agosto los gastos hechos entre junio y julio con un dinero que tuvo un fin específico en el mes de mayo?
Rosa Gómez firmó dos días después, el 18 de agosto, el Memorando N° 615/2016-MPCH-GAF, dirigido a Susana Culqui, devolviéndole su informe presentado a inicios de ese mes y recalcándole que el anticipo de los siete mil soles había sido exclusivamente “para atender la organización ceremonia de bienvenida comunitaria para los 33 estudiantes y docentes de la Universidad Weber State de los Estados Unidos”.
“(La rendición), ha sido observada por la Oficina de Contabilidad y Costos a través del Informe N° 1438, toda vez que sus gastos realidad y rendidos no concuerdan con lo solicitado y detallado en el Comprobante de Pago N° 2805, del 16 de mayo”, señala el documento.
La respuesta de Culqui Pacaya llegó días después, el 1 de septiembre, con el Informe N° 123, en la que afirma que las atenciones a los estudiantes fueron realizadas por ella misma, por lo que requirió el reembolso del dinero a través del Informe N° 057, del 12 de mayo, toda vez que la llegada de la delegación de universitarios se produjo el 10 de mayo.
“El anticipo fue otorgado diez días después del acontecimiento que el señor alcalde tenía que atender. De modo que cuando se recibió el cheque concurrí a la Oficina de Tesorería para efectuar la devolución del mismo, donde se me indicó verbalmente que ese monto debería ser utilizado porque no podía extornarse dicha suma. Esa es la razón por la cual este dinero fue utilizado en los gastos de alcaldía que corresponden a la segunda quincena de mayo, gastos del mes de junio y del mes de julio”, explicó Susana Culqui.
Líneas abajo, la funcionaria remarca que “no es la primera vez que ha tenido que asumir gastos de atenciones que a diario se suscitan en alcaldía, razón por la que se han solicitado reembolsos posteriores”, porque la labor de la dinámica que ahí se tiene no permite esperar a que las oficinas pertinentes atiendan los requerimientos hechos con anticipación, “los que muchas veces son atendidos después de cumplidos los acontecimientos”.
Al reverso del documento se lee la siguiente anotación: “Devuelve a la Administración para ser revisado por la señora administradora que tendrá un mejor criterio a la hora de imponer disposiciones, documentos como estos que no pueden ser analizados por personal de menor jerarquía”. Con esas palabras, que se acompañan con el sello de la Coordinación de Alcaldía, Susana Culqui sentenció el proveído de la Subgerencia de Contabilidad.
LAS FLORES
El 16 de agosto, Culqui Pacaya elevó el Informe N° 109 a la Gerencia de Administración, solicitando el reembolso de tres mil 389.98 soles por concepto de gastos varios en el despacho de alcaldía, adjuntando 42 boletas y/o facturas.
Dicho informe fue observado por la existencia de una boleta presumiblemente adulterada, la N° 014672, de la Floristería Elsita, de fecha 27 de julio, en la cual la Municipalidad Provincial de Chiclayo pagó 900 soles por tres arreglos florales, entendiéndose que el costo unitario fue de 300 soles. Dichas flores, al parecer, fueron utilizadas en la sesión solemne por Fiestas Patrias en el Salón Consistorial.
Ante la objeción de la Gerencia de Administración y Finanzas, a cargo de Rosa Gómez, el 1 de septiembre Susana Culqui emitió el Informe N° 124, rechazando la presunta adulteración de la boleta y demandando el cumplimiento del desembolso del dinero. Pero además, en el mismo documento, la funcionaria hace saber que retira de su rendición la Boleta de Venta N° 010683, por gastos supuestamente realizados el 28 de julio, día no laborable en ninguna dependencia pública.
“Se pone en su conocimiento que se ha retirado la Boleta de Venta N° 010683, de fecha 28 de julio 2016, para evitar mayores incidentes. Asimismo, con respecto a la Boleta de Venta N° 014672, del 27 de julio 2016, de Floristería Elsita, le solicito tenga a bien examinar exhaustivamente dicho documento, ya que he podido comprobar que no adolece de enmendadura ni borrones, pues corresponde al trazo caligráfico de la persona que extendió el documento, situación que como bien sabrá no puede ser alterada”, señala en su informe.
Expresión consultó con la florería en mención, propiedad de Alex Custodio Chavesta, con RUC N° 10436156737, ubicada en la Plataforma Cuglievan, puesto 14 del Mercado Modelo, sección Flores, el costo de los arreglos florales con las mismas características a los que se utilizaron en la municipalidad el 27 de julio, tal como costa en el archivo fotográfico de la misma institución.
Grande fue la sorpresa al corroborar que el arreglo más grande, de rosas en botón y con canasta, que vende dicha florería cuesta como máximo 150 soles, lo que confirmaría que, en efecto, la boleta presentada para la rendición de gastos habría sido adulterada. Este caso fue el que terminó por crispar las relaciones entre Culqui Pacaya y Gómez Ponce, motivando a que esta dé cuenta al alcalde David Cornejo de la negativa de la administradora en aceptarle el desembolso completo de los más de tres mil soles que solicitaba.
¿EN QUÉ SE GASTA?
En los dos casos de rendición de cuentas de la Subgerente de Coordinación de Alcaldía de la comuna provincial se desprenden los gastos detallados, resaltando la compra de dulces, útiles escolares y compras en supermercados e incluso en tiendas por departamento.
Por ejemplo, del primer informe de rendición, el 091-2015-MPCH/SGCA, se detalla una compra en tiendas Ripley por 44.70 soles; cinco consumos en el Restaurante Tallo Verde, por montos de 133.50; 70.00; 70.50 y 48.50 soles; consumos en el Restaurante Vichayo por 101.00; 236.00 y 235.00 soles; consumos en el Restaurante Fiesta Gourmet por mil 747.00 soles (después de la sesión solemne del 27 de julio), compras en la tienda San Roque por 240.00 soles, en la dulcería D’Mella por 88.50 soles; en la panadería Don Benny, en la cafetería Astoria II, consumos en los restaurantes Balta 512, El Trébol, Resto Grill, La Taberna y Cannata, y compra de útiles en Tay Loy, Metro, Promart y Makro.
A esto se suma la entrega de dinero en efectivo a Luis Tequén Chicoma, Daniel Velásquez Rojas y Luis Chafloque Avellaneda.
En el Informe N° 109, Culqui Pacaya justificó gastos en la ferretería Ferrelux, en los restaurantes La Cabaña, Vichayo, Trébol, Balta 512, Tallo Verde y Hebrón, en la tienda Casaideas, compras por 782 soles en Makro Supermayorista y en otras tiendas.
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FISCALÍA ARCHIVA DENUNCIA POR CONTRATACIÓN DE LUCÍA CULQUI
A mediados de año los regidores de oposición denunciaron la presunta contratación irregular de Lucía Culqui Pacaya como trabajadora de la Municipalidad Provincial de Chiclayo bajo la modalidad de servicios no personales.
Lucía Culqui fue incorporada a trabajar en la comuna desde noviembre del año pasado, cuando se le convocó para cubrir una plaza en el área de mecánica, con contrato firmado y renovado por el entonces gerente general Ruperto Castellanos Custodio.
La hermana de la coordinadora de Alcaldía llegó incluso a formar parte de los comités de adquisiciones de diversos bienes para el municipio, entre ellos una bomba hidráulica presuntamente sobrevalorada.
En virtud de ello el Procurador Público Anticorrupción de Lambayeque, Esdras Ipanaqué Trelles, denunció la presunta comisión del delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo, la misma que cayó en manos del titular del tercer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, José Guevara Gilarmas, quien ordenó su archivamiento.
Con diferentes decanos, el Colegio de Profesores del Perú – CPPe, evidencia la división del magisterio. La directiva nacional de Julio Mendoza García ha convocado a elecciones para el próximo 16 de octubre. Sin embargo, la directiva de Alex Paredes Gonzales deslegitimiza esta convocatoria.
Ambas directivas nacionales reconocen al profesor Carlos Gallardo Gómez como el primer decano del CPPe, quien ejerció funciones desde el 2006 al 2009. Sin embargo, la orden se dividió después de este período dejando al magisterio en confusión.
Actualmente, la directiva regional de Susana Cubas Llamo reconoce como segundo past decano nacional a Ángel Agustín Salazar Piscoya y a Alex Antonio Paredes Gonzales como el actual máximo dirigente de la orden.
Asimismo, la otra directiva, encabezada por Pilar Fernández Celis, tiene a Manuel Rodríguez Rodríguez y a Julio Mendoza García como segundo past decano y decano nacional actual, respectivamente.
ELECCIONES
Según la dirigente de una de las facciones del colegio en Lambayeque, Susana Cubas Llamo, las elecciones de la orden se realizaron con total legitimidad en abril pasado “siguiendo los lineamientos del Jurado Nacional de Elecciones – JNE”.
“Se hicieron las publicaciones en el diario oficial El Peruano, tanto de las elecciones como de las actas de escrutinio y la proclamación de nuestras juntas directivas. Hemos cumplido con todos los formalismos y el magisterio acudió masivamente a votar”, afirma Cubas Llamo.
Después de ganar, su directiva regional empezó funciones el 1 de mayo del presente año, las mismas que terminarán en abril del 2018.
Cubas Llamo señala que en ningún momento, durante la convocatoria a elecciones en el presente año, hubo alguien que se mostrara en contra. Añade que lo que busca evitar es que esta confusión y división continúe en el magisterio.
“Si dejamos que esto siga, estamos siendo cómplices de este desorden. Nosotros hacemos una férrea defensa de la legitimidad de la orden profesional y la vamos a hacer respetar hasta que termine nuestra gestión. Los que vendrán después seguirán con esta idea de darle una consolidación al colegio en su representatividad”, afirma.
Susana Cubas niega saber el sustento de la convocatoria nacional a elecciones de la facción que en Lambayeque representa Fernández Celis, y anuncia que solicitarán próximamente la información y los documentos para saber en qué se basan.
“La directiva de Pilar Fernández Celis es ilegítima y tendrá que justificar de dónde salieron, quiénes los eligieron y dónde está el material que acredite esto. Nosotros sí tenemos esos documentos”, señala.
Asimismo, el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú reconoce a Alex Paredes Gonzales como decano nacional del CPPe. Según Cubas Llamo, este consejo hace una depuración y una lista de requerimientos para que un decano sea admitido como representante de una orden profesional.
“No puedo permitir que esto se siga difundiendo sin decir lo que está pasando. Nosotros somos los voceros de los maestros y les estamos haciendo llegar nuestra aclaración para que no se dejen sorprender por el otro grupo”, expresa.
Según refiere, Pilar Fernández no tiene ni primer ni segundo past decano en la orden. “Ellos quieren hacerle creer al magisterio que tienen representación cuando no la tienen”, afirma.
Asimismo, la dirigente afirma que el primer decano los acepta a ellos como la directiva a cargo de la orden.
RESPUESTA
En comunicación con Expresión, la también decana regional, Pilar Fernández Celis afirma la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, le otorga sustento de legitimidad a su facción en el CPPe, y añade que su directiva pertenece a la primera, segunda y tercera representación nacional.
“Ellos no están inscritos y dicen que, como es un colegio creado por ley, no necesitan inscripción. En la SUNARP figura nuestra dirección, nuestro decano nacional y muchas otras cosas”, asegura.
Asimismo, refiere que todas las organizaciones formalmente constituidas tienen el dominio ‘.org’ en su página web, como es el caso de colegios como el de ingenieros y arquitectos. “Ellos tampoco la tienen, porque no han sido formadas legalmente”, afirma.
Según cuenta, fue el profesor Manuel Rodríguez Rodríguez quien salió elegido como segundo decano. Sin embargo, Ángel Agustín Salazar Piscoya impugnó la elección y un año después resultó elegido como decano en nuevas votaciones, pero “no figura en la partida registral de la SUNARP”.
“A partir de ahí nace el problema. Ellos han hecho convocatorias y su propia página web generando divisionismo en algunas regiones, no en todas”.
Finalmente, Fernández Celis comunica que el Comité Electoral Nacional se está encargando de la difusión de las próximas elecciones tanto en instituciones educativas como en las Unidades de Gestión Educativa Local - UGEL del país.
+ NOTICIAS:
“El norte necesita un puerto estratégico y ese es Puerto Eten”, señaló el director de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI, Leandro Mariátegui Cáceres, quien participó del segundo Foro Industrial que se desarrolló en Chiclayo y resaltó las potencialidades de Lambayeque para convertirse en el núcleo económico de la macroregión.
Mariátegui Cáceres, actual presidente del Comité Textil de SNI, dijo que en el país se requiere que los departamentos empiecen a tender puentes de integración que posibiliten la conformación de grandes regiones, que por sus características geográficas y dinamismo económico trabajen entre sí por su desarrollo.
En ese sentido, destacó la posición geográfica de Chiclayo como capital departamental, pero además su infraestructura vial, que aunque tiene muchos aspectos por mejorar, es óptima para asegurar el desplazamiento de mercancías entre las ciudades del norte y el oriente del país.
“Si el Perú tuviera macroregiones en lugar de regiones, habría una en el norte, que empezaría en Chimbote y culminaría en Tumbes, incluyendo Amazonas y Cajamarca; tendríamos una macroregión sur, una centro y otra en el oriente. Y en la macroregión norte Chiclayo tiene una condición privilegiada, es cuestión de ver un mapa para darse cuenta que está en medio de todo y que además tiene buenas carreteras, pero no tiene un puerto y por esa razón hay que llevar los productos a Paita o a Lima”, remarcó.
EL TERMINAL MARÍTIMO
Mariátegui Cáceres puso énfasis en mencionar que el puerto de Salaverry, en la Libertad, no es una opción para el comercio internacional porque tiene problemas de calado.
“Eten fue un puerto importantísimo en el siglo XIX y hasta principios del siglo XX con la exportación del azúcar, pero después cayó en el olvido. El calado de Puerto Eten, que supera los 12 metros de profundidad, es una maravilla para tener naves de gran tonelaje. ¿Qué falta? Que por un por un lado el sector público sanee los terrenos y que Proinversión convoque al concurso internacional para su ejecución”, indicó.
El directivo de la Sociedad Nacional de Industrias consideró que es positivo que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, considere que el Terminal Marítimo de Puerto Eten debe construirse, y que además a nivel local se haya avanzado con la elaboración del Plan Maestro y la creación de la Autoridad Portuaria Regional – APR.
“Los industriales estamos a favor de que se ejecute Puerto Eten, porque es una vía de salida. Hoy tenemos al puerto del Callao que está totalmente cargado y que, además, se ha vuelto un puerto caro. En el momento que exista Puerto Eten mucha de la agroindustria de La Libertad también vendrá a Lambayeque, ¿por qué razón? Porque Salaverry tiene problemas de calado”, explicó.
CONDICIONES PRODUCTIVAS
Dijo también que la construcción del Terminal Marítimo de Puerto Eten generaría progreso y movimiento económico, por lo que abriría espacio a oportunidades atractivas para los inversionistas.
“Por ejemplo el sector agroexportador podría empezar a realizar operaciones no solo agrícolas, sino también de industrias, de plantas procesadoras que den valor agregado desde el departamento de Lambayeque. Tenemos buenas tierras, tenemos buen clima, electricidad y solo nos falta un buen puerto”, enfatizó, añadiendo que la ejecución del terminal marítimo significaría también la posibilidad de salida a menores costos de los minerales que se extraen de Cajamarca.
“La industria es un motor de desarrollo, genera encadenamiento productivo, una cadena de valor que va desde los insumos o materias primas hasta el producto terminado. Normalmente el empresario industrial peruano, el empresario industrial en general, es arriesgado, porque arriesga mucho por un proyecto, por una empresa, por un nuevo mercado. La gente quiere invertir, las empresas no han parado sus inversiones, pero se necesitan más y mejores condiciones de infraestructura, sobre todo en los departamentos”, aseveró.
Leandro Mariátegui sostuvo que las inversiones de bienes y capitales se han mantenido año tras año en el país. “Sin embargo, cuando no hay buenas condiciones, esas inversiones se retrasan o se orientan a otros sitios. Lo que se necesita en el Perú es un Estado que no sea empresario, sino que dé las condiciones para hacer empresa, y empresarios dispuestos a invertir y a seguir generando riqueza en el país”, dijo.
Además de la infraestructura, el dirigente empresarial mencionó como otras condiciones a la seguridad jurídica y ciudadana, así como el ordenamiento territorial y la habilitación de espacios óptimos para el desarrollo industrial.
“Los empresarios necesitamos seguridad jurídica, reglas claras e infraestructura para el desarrollo, que incluya carreteras, puertos, aeropuertos, porque hay que pensar en una industria exportadora, debido a que el mercado local termina siendo pequeño. Para citar un ejemplo basta con decir que el mercado de consumo del estado de Texas, en Estados Unidos, es cuatro veces más grande que el del Perú; por lo tanto tenemos que mirar hacia el mundo”, refirió.
PARQUES INDUSTRIALES
En relación a los parques industriales, Mariátegui Cáceres mencionó que la habilitación de estos no pasa únicamente por la designación de una superficie determinada, lejos de la zona de crecimiento urbano, sino por espacios debidamente acondicionados, accesibles y con servicios que deben ser compartidos entre el Estado y los privados.
“Un parque industrial es una locación donde hay servicios no solo públicos, sino también compartidos. En otros países la seguridad, el agua, la energía y el vapor son compartidos con el Estado y esto permite que los costos bajen considerablemente a fin de promover mayor inversión. Los parques industriales tienen que construirlos los privados, el Estado debe dar el espacio y reglas muy claras”, refirió.
Añadió que otro aspecto deficiente en la promoción del desarrollo industrial y productivo del país es la planificación, que permitió que grandes empresas se asienten en terrenos disponibles que con el paso del tiempo quedaron rodeados por zonas urbanas, naciendo así conflictos por contaminación ambiental, sonora, visual, y alta vulnerabilidad.
“En Lima, por ejemplo, las primeras zonas industriales fueron las avenidas Colonial y Argentina, porque estaban cercanas a bolsones poblaciones del cono norte que buscaban trabajo, pero además porque estaban camino al aeropuerto y al puerto. Igual sucedió en Chiclayo, con la zona industrial carretera a Pimentel. Sin embargo, esto no quiere decir que haya habido planificación industrial, porque muchas veces tenemos en una zona cinco fábricas y toda una zona de viviendas, y entonces empiezan los problemas y el resultado es el cierre de la industria. Por eso importante planificar”, aseveró el actual gerente general de Sudamericana de Fibras S.A.
CAPITAL HUMANO
Sobre la mano de obra, Leandro Mariátegui refirió que las universidades y escuelas técnicas locales deben mirar con mayor responsabilidad las condiciones del mercado en que se desarrollan, para de esta manera ofrecer a los jóvenes estudiantes carreras que tengan demanda laboral.
Resaltó, por ejemplo, que siendo Lambayeque una región agrícola e industrial, solo la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo tiene carreras como Ingeniería Agrícola, Agrónoma y Zootecnia.
“Necesitamos gente, pero gente bien preparada. Hay universidades en Lambayeque con infraestructura de primer nivel, pero si analizamos un poco más vemos que el departamento, que es una tierra industrial y agroindustrial, no todas las universidades tienen las carreras de Ingeniería Agrónoma. Ese es un ejemplo que las casas de estudio deben responder a lo que el mercado laboral demanda, porque cuando un estudiante termina su carrera y no encuentra trabajo en su localidad migra, por lo general a Lima, y luego las empresas que invierten en provincias tienen que retornarlos a un mayor costo. Hay una fuga de talentos”, mencionó el también docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
“Escribo estas líneas desde el penal de Chiclayo (Ex Picsi) donde llevo 20 de meses de encarcelamiento bajo el supuesto de haber cometido delitos de corrupción durante el ejercicio de mi función como Gerente de Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo”. Así empieza la misiva de Jorge Inchaústegui Samamé dirigida a la directora de Expresión, identificándose con su DNI Nº 16680264.
Jorge Incháustegui Samamé, de profesión arquitecto, señala en su escrito: “El Ministerio Publico me incluyó en la supuesta red de corrupción denominada “Los Limpios de la Corrupción” por haber sido funcionario de la comuna chiclayana donde venía laborando desde hace 23 años.
Este lunes 19 de setiembre se realizará la audiencia para evaluar mi cese de prisión preventiva y espero que se realice en estricto acatamiento a la doctrina y jurisprudencia vigente, respetando los derechos fundamentales que le asiste a cada ciudadano de este país”.
Asimismo, alega: “En mi caso no solo se ha violentado derechos constitucionales contenidos en nuestra Carta Magna, sino también la normativa procedimental, puesto que existe una evidente violación al derecho a la presunción de inocencia.
He sido encarcelado por imputaciones vagas e imprecisas y supuestos que en estos 20 meses no han podido ser corroborados por el Ministerio Público, por el contrario fueron desestimados sin embargo purgo una injusta carcelería que me mantiene alejando de mi familia: esposa, hijas, padres y hermanos quienes vienen sufriendo por la privación de mi libertad”.
Incháustegui Samamé prosigue en su escrito, “Se me incluyó- en la supuesta red delictiva- por haber sido Gerente de Urbanismo y los elementos de convicción de ilicitud eran el viaje que realicé a Suiza considerado un paraíso fiscal y la adquisición de una camioneta que no se justificaría con mis ingresos como funcionario público.
He demostrado que viajé a Suiza por invitación del gobierno de ese país por ser responsable en Chiclayo de las coordinaciones para la suscripción del proyecto Chiclayo Limpio. He demostrado también que siempre he realizado actividades complementarias como servidor público, puesto que he sido consultor de la Cooperación Ítalo Peruana, Cooperación Española, Cooperación Suiza y Cooperación Alemana. Además como arquitecto, he diseñado casas, habilitaciones urbanas, ampliaciones, etc. En con-secuencia, los fondos con lo que adquirí los bienes no solo son lícitos sino que están justificados con documentación contable y tributaria”.
El ex funcionario municipal precisa en su comunicación “Frente a las evidencias, el Juzgado tuvo que anular la orden de detención que inicialmente emitieron en mi contra, sin embargo, producto de la presión mediática, el Ministerio Público solicitó nuevamente mi prisión basada en nuevas imputaciones basadas en declaraciones de dos testigos: el testigo voluntario Javier Llorach Paredes y Luis Barrantes Piscoya.
El primero se presentó a declarar para ayudar a la investigación, pero sorprendentemente el Ministerio Público no le pregunta si tiene algún grado de amistad o enemistad conmigo, ya que esta pregunta sería crucial para una evaluación objetiva ya que en cumplimiento de mis funciones paralicé la obra que Javier Llorach realizaba sin autorización. A consecuencia de ello, el ex SATCH le impuso una multa ascendente a 21,600 soles.
Inclusive se emitió la resolución que dispone la demolición de lo construido irregularmente y pro-ductos de esta paralización Llorach tuvo que pagar 20,000 dólares en penalidades a la propietaria del predio, enfrentando otra denuncia por daños y perjuicios con un requerimiento indemnizatorio de 140.000 dólares.
Es decir que el Ministerio Público aceptó que este arquitecto declare en mi contra sin siquiera cuestionar sus intenciones”, precisa Jorge Incháustegui.
De otro lado arguye en el escrito “Sin embargo las imputaciones de Llorach fueron totalmente desvirtuadas por mi defensa ya que relataba hechos posteriores al ejercicio del cargo que desempeñé como gerente de Urbanismo. Llorach, menciona que en el caso Cellerini hay irregularidades, pues dejé construir 8 pisos cuando la licencia era solo para 5. Demostré que, cuando el edificio Cellerini inicio la obra, había dejado de ser gerente de Urbanismo.
Incluso la juez del caso emite pronunciamiento sobre las declaraciones de Llorach y dice: En relación de Llorach, y el edificio Cellerini y la obra de Clasen, estas se encuentran desvirtuadas.
Descartada su versión, sólo quedó la imputación del chofer Luis Barrantes Piscoya quien relató que en una ocasión cuando transportaba al ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, por una calle de Santa Victoria, observó un edificio de 7 niveles y me llamó.
Supuestamente escuchó hablar al ex alcalde pero no escuchó al interlocutor por lo tanto no sabe qué respondió el otro, no dice qué edificio, qué calle, qué fecha, etc. Inclusive, el Ministerio Público no detalla cual sería el hecho ilícito, solo que es un grave elemento de convicción para el delito de asociación ilícita”, se defiende el ex funcionario municipal.
También precisa “Si es que la llamada hubiera existido por sí misma no constituye un delito. Lo cierto es que no la recibí pues he acreditado que cuando este edificio empezó a construirse yo ya no era gerente de Urbanismo, entonces por qué habría de llamarme a mí, lo más lógico era que hubiera llamado al gerente de Urbanismo de turno.
Posterior al mandato de prisión preventiva, Barrantes Piscoya ha precisado que el edificio al que se refirió el ex alcalde cuando realizó la llamada es el “Edificio Cellerini” y que la llamada no estaba en altavoz ósea que no escuchó con quién se comunicó el ex alcalde.
Existe una formalización de investigación contra el propietario y algunos funcionarios por hechos sucedidos en torno al edificio Cellerini en el año 2014, pero esto no tiene nada que ver con mi gestión que fue hasta marzo del 2012, incluso en la formalización que realiza el Ministerio Público no me incluye”, asevera.
Por otro lado Incháustegui escribe a Expresión: “En el caso de lavado de activos, el Ministerio Público primero tiene que acreditar que el dinero de las adquisiciones son de procedencia ilícita, y segundo demostrar la voluntad de lavado. Hasta la fecha el Ministerio Público no ha precisado ninguno de los dos elementos que resultan indispensables para la imputación.
Si no hay dinero ilícito, no hay lavado de activos. Después de haberme levantado el secreto de las comunicaciones, el secreto bancario, tributario y bursátil, haber allanado mi vivienda y la de mis padres, haberme investigado casi dos años, no han podido siquiera formalizarme investigación por algún delito de corrupción de funcionarios que es lo que está en cuestión, ni siquiera existe un expediente de algún funcionario de urbanismo en investigación.
El Ministerio Público sostiene en su formalización de lavado de activos que el delito fuente sería el delito de asociación ilícita y el delito de asociación ilícita se sustentan en la llamada que según Barrantes escucha al ex alcalde. Entonces la llamada sostiene la asociación y esta el lavado, argumentos que no tiene ningún sustento jurídico”.
Esgrime además en su comunicación “Nadie debería ser privado de su libertad con imputaciones tan vagas. El mandato de prisión preventiva, debe darse cuando existe una alta probabilidad de que el imputado sea condenado y en este caso con la sola versión de un testigo de oídas, de un hecho ya aclarado la probabilidad es nula, así lo ha establecido la Corte Superior de Justicia en el recurso de nulidad Nº 173-2012-Cajamarca en donde precisan que: “Un Juez no puede condenar solo con la declaración de un testigo de oídas, por lo que mi caso debe ajustarse a Derecho” redacta de puño y letra Jorge Incháustegui.
En la carta enviada a nuestra redacción en párrafos finales escribe “El motivo de estas líneas- alcanzadas al Semanario Expresión- es el inicio de un largo camino para limpiar todas las calumnias e injurias en mi contra, pues ya han pasado 20 meses de investigación en las condiciones más desfavorables y deplorables, para mí y mi familia.
Mis hijas adolescentes sufren por mi prolongada ausencia, no he podido estar en fechas especiales, como los 15 años de una de ellas; mi madre que sufre del corazón, a consecuencia de la depresión que le ocasiona mi carcelería, estuvo en cuidados intensivos durante 8 días; y mi padre, se ha desmayado en dos ocasiones, en la cola cuando venía a visitarme, por lo que por prescripción médica está prohibido de venir.
No es justo seguir encarcelado, mi esposa e hijas privadas del amor de esposo y padre, respectivamente, y sobre todo de la protección que con orgullo y responsabilidad debe ofrecer un padre a su familia. Pese a las vicisitudes, mi familia permanece más unida que nunca.
Invito a los periodistas de Lambayeque a estar presente en la audiencia que se llevará a cabo el lunes 19 de setiembre, a las 10 de la mañana, en el Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria porque su presencia para mí será una garantía para el petitorio que hará mi abogado ante la jueza.
Esta experiencia me deja una gran lección de vida. Nadie debe ser acusado y menos dañado en su honorabilidad y dignidad. Me he esforzado por ser un buen funcionario público, desempeñándome con honradez en el ámbito profesional, empresarial y social, por eso desde el penal de Chiclayo abogo por mi pronta libertad por constituirse en un acto de justicia”, finaliza su misiva dirigida a Expresión y que reproducimos para conocimiento de la opinión pública lambayecana.
Representando al empresariado local, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Olivio Huancaruna Perales, participa del viaje oficial del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a la República Popular China. Hasta el momento el dirigente gremial ha logrado poner en agenda la importancia de impulsar los proyectos de desarrollo departamental, sobresaliendo el Terminal Marítimo de Puerto Eten.
“Vamos a poner a Lambayeque en una ventana muy importante, considerando que hoy China es el principal aliado comercial del Perú y sus capitales buscan posibilidades de inversión. Llevo la enorme responsabilidad de representar al departamento y sus aspiraciones de desarrollo, y debo agradecer la confianza de la comitiva presidencial por esta gentil invitación a participar del viaje oficial”, mencionó Huancaruna Perales antes de iniciar la gira.
Olivio Huancaruna fue uno de los pocos empresarios de provincias llamado a formar parte de la comitiva presidencial de Kuczynski, quien llegó a China el último lunes invitado por su par Xi Jinping. Se trata del primer viaje oficial del mandatario peruano.
La comitiva arribó a Pekín y de inmediato se trasladó hasta la Residencia de Jefes de Estado de Diaoyutai. El martes las actividades se iniciaron con la reunión del presidente con funcionarios del Banco de China, y luego con el encuentro con el presidente del gigante asiático en Gran Palacio del Pueblo.
La importancia del viaje reside en la estrecha relación comercial que actualmente tiene el Perú con China, por lo que se incluyó en la agenda de la comitiva visitas a Shanghái en búsqueda de inversiones y acuerdos positivos para el crecimiento económico del país.
Junto al presidente peruano también han viajado el Primer Vicepresidente de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra Cornejo; el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna Mendoza; de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores, y de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros Küppers.
PROYECTOS LAMBAYECANOS
“Me siento muy orgulloso de representar al empresariado lambayecano en la gira oficial del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en China. Tuve la oportunidad de conversar directamente con él exponiéndole puntualmente las demandas de infraestructura que tiene el departamento, empezando por el saneamiento básico y la mejora de los servicios, para abordar luego la importancia del Plan de Desarrollo Vial, el Plan Hídrico Regional y el Terminal Marítimo de Puerto Eten”, compartió Huancaruna Perales.
El presidente de la cámara de comercio dijo que “con mucha atención el mandatario nacional escuchó los alcances dados, ratificando que su gobierno sí tiene a Lambayeque entre sus prioridades y que Puerto Eten será una realidad”.
“El compromiso político existe, ahora debemos trabajar para que se convierta en pasos concretos”, indicó el empresario.
Olivio Huancaruna se entrevistó también con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, a quien expuso también los proyectos que demanda Lambayeque.
“Impulsar los proyectos que Lambayeque necesita demanda de compromisos reales. En el Gran Palacio del Pueblo de Pekín tuve oportunidad de reunirme con ministro de Martín Vizcarra a quien planteé la necesidad de poner la atención del gobierno nacional a tres proyectos de suma importancia para nuestro desarrollo: el Plan Vial Regional, que incluye la carretera Valle Nuevo de Olmos - Panamericana Norte; la ampliación del Aeropuerto Internacional José Abelardo Quiñones Gonzales y el Terminal Marítimo de Puerto Eten”, mencionó.
ALIADOS IMPORTANTES
Huancaruna Perales señaló que los gremios empresariales han mostrado cohesión por el desarrollo y recibió el respaldo pleno del presidente de la Asociación de Exportadores - ADEX, Juan Varilias Velásquez, quien manifestó su adhesión al anhelo lambayecano de la ejecución del Terminal Marítimo de Puerto Eten.
“Estoy convencido que cada vez son más las voces que se suman a esta gesta del pueblo lambayecano, que representado por sus instituciones políticas y sociales, pide al gobierno nacional impulsar la construcción de nuestro megapuerto”, indicó.
Destacó también que durante su diálogo con el presidente de la República lo acompañó Carlos Añaños, del Grupo Aje, una de las compañías peruanas de mayor éxito internacional y que ha conquistado con sus productos los mercados de América y Asia.
“El Grupo Aje también opera en Chiclayo, donde hace algunos meses implementó una de sus plantas, por lo cual el respaldo de los grandes empresarios a las propuestas que estamos realizando como Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque está presente”, destacó el dirigente de la centenaria institución.
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