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Demanda fue admitida por organismo rector y en próximas horas se estaría notificando al alcalde de Alianza Para el Progreso.
Por presunto enriquecimiento ilícito, así como contratar personal para que labore en forma particular para su persona, pero pagados por la Municipalidad Distrital de Íllimo, el ciudadano José Manuel Ternero Barreto solicitó al Jurado Nacional de Elecciones la vacancia de la autoridad edil Juan Manuel Cabrera Farroñán.
El denunciante señala en su pedido de vacancia, el cual ha sido admitido por el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, dando lugar a la formación del Expediente N° J-2016-1244-101, bajo la premisa jurídica de presunto manejo irregular de los fondos municipales, que en su calidad de alcalde Juan Manuel Cabrera Farroñán se estaría aprovechando de los recursos económicos provenientes del Ministerio de Economía y Finanzas vía Foncomun, y recursos propios de la municipalidad para una supuesta satisfacción de necesidades personales.
Una de las razones para solicitar la vacancia – según en recurrente – es por la sospechosa adquisición de una moderna camioneta marca Toyota, modelo Hilux, de placa M5N727, por la suma de 40 mil 610 dólares, lo que en moneda nacional significa una inversión de 131 mil 129.69 soles, dos días antes de asumir la alcaldía.
El cuestionamiento viene por el lado que antes de convertirse en autoridad municipal, Juan Manuel Cabrera Farroñán se desempeñaba como profesor en el Instituto Superior Tecnológico de Íllimo, teniendo un sueldo de tres mil soles mensuales, el cual no le sería suficiente para adquirir la moderna unidad.
Sin embargo, al ganar las elecciones municipales, su sueldo ya no sería de tres mil soles, sino de mil 900 soles, lo cual se presume que existiría un desbalance patrimonial que debe ser auditado por la SUNAT, e investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque.
GASTOS POR SUSTENTAR
Refiere el recurrente que al asumir la alcaldía, Juan Manuel Cabrera Farroñán contrata los servicios de Maximandro Castro Serna, quien anteriormente había laborado en la municipalidad de Olmos.
Lo más grave sería, de acuerdo a lo manifestado por el denunciante ante el Jurado Nacional de Elecciones, que tanto el chofer de la autoridad edil, así como el consumo de combustible de la camioneta, se estarían cubriendo con dineros de la municipalidad de Íllimo. En otras palabras – afirma en el documento- la persona de Maximandro Castro es chofer particular y personal de la autoridad edil, en el vehículo de propiedad de este y no de la comuna.
De igual manera, se le acusa de contratar personal para la comuna, pero que en realidad no prestaría ningún servicio y que su aparición en la casa edil se daría solamente en determinadas horas de la mañana y la tarde, con el objetivo de marcar horario de ingreso y salida.
Asimismo, se aduce que por intermedio de la comuna se habría contratado a la persona de Wilmer Llontop Rojas, pero que este realizaría labores de limpieza en horas de la tarde en un inmueble de propiedad del alcalde, ubicado en la Avenida Panamericana sin número.
También se habría contratado los servicios de Antony Exon Delgado Clavo, quien juega en un equipo de fútbol de la zona y del que la autoridad edil sería el delegado. La mencionada persona recibiría un sueldo de la comuna sin prestar ningún servicio.
A la autoridad edil también se le acusa de ejecutar obras que no han sido presupuestadas e incluso sin aval del concejo municipal, y sin respetar el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, del año 2015, así como el Presupuesto Participativo 2015-2016.
Las obras que ejecutó en los meses anteriores habrían sido sobrevaluadas, e incluso se habrían ejecutado sin convocarse a licitación pública para el otorgamiento de la buena pro, así como sin expediente técnico y sin contratos.
LAS OBRAS
Entre las obras ejecutadas estarían la del mejoramiento del Parque Principal, por un valor de 290 mil soles, la cual habría sido pagada con órdenes de servicio.
“Esa obra solamente requería un pulido de pisos y pintado a un costo no mayor de 20 mil soles”, reza en la denuncia presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones.
De igual manera, habría afectado la economía de la municipalidad al impedir que la Hermandad del Niño Dios de Reyes pague la suma de ocho mil 531. 25 soles por concepto de impuestos por el desarrollo de tres fechas bailables durante la feria que se realizó en el mes de enero del 2016, y solamente habría permitido el pago de mil 500 soles. La decisión la habría tomado de manera personal y sin llevarla a consulta ante el seno municipal.
Asimismo, en sesión de concejo del 4 de julio último el alcalde hizo conocer al seno municipal que el 28 de junio del 2016, se recibió el Oficio N° 016-2016 –HNDR-I de la Hermandad del Niño Dios de Reyes, solicitando donación de banda de músicos para la celebración de la fiesta de medio año.
En este caso, el primer regidor, Carlos Soriano Gástalo, se opuso al hecho debido a que existe un acuerdo interinstitucional. Es decir, la hermandad debe pagar todos los derechos ante el área de recaudación de la municipalidad para recibir algún tipo de apoyo. Sin embargo, la oposición fue rechazada por otros regidores, quienes aprobaron que la comuna haga el donativo.
Lo que más llamó la atención y generó el rechazo del teniente alcalde, es que durante la sesión de concejo se repartió una revista de la hermandad, y en la parte superior de una de sus páginas se daba gracias al alcalde de Illimo, Juan Manuel Cabrera Farroñán, por haber donado la banda de músicos para las festividades de medio año de la Feria del Niño Dios de Reyes de Íllimo, generando aún más rechazo debido a que la cita de concejales había sido solamente formalismo con el objetivo de aprobar sí o sí el pedido de la hermandad.
Integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema señala que absolución del expresidente Alberto Fujimori se ajusta al Derecho.
Claro y manteniendo su postura, el vocal supremo Duberlí Rodríguez Tineo justificó el fallo de la Sala Penal Permanente, que preside Javier Villa Stein, con el cual se absolvió al expresidente Alberto Fujimori Fujimori de la imputación por el caso “Diarios chicha”, anulando la sentencia que en primera instancia había dado contra este el Poder Judicial.
Desde Chiclayo, Rodríguez Tineo precisó que los jueces están obligados a basarse en los hechos que se prueban para sobre eso decidir, por lo que resta importancia a los fundamentos de los partes, debiendo darse valor prioritario a las pruebas.
“En el proceso penal se enfrentan dos partes: el Ministerio Público, los fiscales que ofrecen las pruebas, y la defensa que las rebate, y al final el juez toma una decisión. En este caso, el juzgamiento llevado a cabo por los jueces en primera instancia terminó en una sentencia condenatoria, pero nosotros al revisar el recurso de nulidad, en la sala, de la cual forma parte y preside Javier Villa Stein, encontramos que hay pruebas de cargo como fue una declaración inicial de Vladimiro Montesinos, pero también hay pruebas de descargo de los miembros o comandantes de las Fuerzas Armadas, además de videos”, explicó el magistrado.
Dijo que los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República son escrupulosamente respetuosos de la opinión de los juristas y profesores calificados en Derecho Penal que están criticando el fallo, así como lo señalado por miembros del Poder Legislativo, quienes consideran que la decisión es un revés para la lucha contra la corrupción.
“Así como respetamos su opinión a la vez pedimos que respeten nuestras atribuciones como jueces, porque nosotros por mandato de la Constitución somos los encargados de administrar justicia y no otros poderes del Estado. Nosotros hemos actuado dentro de lo que estaba en el proceso y por esa razón hemos emitido una sentencia absolutoria”, mencionó.
INCUESTIONABLE
Rodríguez Tineo recordó que como juez supremo tuvo en sus manos la revisión de la sentencia a 25 años de prisión dictada contra Alberto Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta, la misma que confirmó, razón por la que no se puede cuestionar su comportamiento como magistrado ni suponer que su voto a favor de la absolución en el caso “Diarios chichas” tuvo influencias políticas.
“Cuando llegué a la Corte Suprema, en el año 2007, me tocó la responsabilidad de revisar en segunda instancia la condena de 25 años que por homicidio calificado se le impuso al expresidente Alberto Fujimori. Yo presidí la sala penal que confirmó esa condena, de tal manera que no me pueden decir a mí que soy profujimorista o algo por el estilo, porque he ratificado la condena en el más grande de los casos que él ha tenido. También debo decir que a una persona, por ejemplo, Montesinos o Fujimori o quien fuera, si le abren 100 procesos penales no necesariamente tienen que terminar con 100 condenas, se podrá condenar en los caso en los que amerite y absolver en los casos que hay que absolver, porque nosotros no actuamos por consigna ni por un prejuicio. El Poder Judicial no es anti, el juez no es antiaprista, antifijumorista, antizquierdista, es projusticia y, sobre todo, garante de derechos fundamentales”, afirmó.
Revisión del caso
El vocal supremo manifestó también que tras la revisión de las pruebas presentadas por el Ministerio Público se pudo confirmar que no existían elementos de convicción suficientes para señalar al expresidente Alberto Fujimori como responsable de la compra de las líneas editoriales de los diarios que entre 1998 y el 2000 fueron utilizados para desprestigiar a sus opositores, como Alejandro Toledo, Alberto Andrade y Luis Castañeda.
“La declaración de un coimputado, de un colaborador eficaz o un arrepentido, no es prueba suficiente para condenar, sí sirve como elemento para condenar, pero como elemento indiciario que tiene que ser corroborado con otras pruebas independientes y en este caso no las había. Por esa razón hemos llegado a la conclusión que existe lo que se llama duda razonable y cuando hay duda el juez ya no puede condenar, funciona el principio de in dubio pro reo y eso es lo que hemos aplicado en este caso. Yo invito a quienes están criticando a veces de manera muy superficial a que lean la sentencia que tiene 48 páginas. Me interesaría que digan: “En la página tal dice tal cosa y está mal el razonamiento”, pero si simplemente dicen: “Es una cosa que va contra la lucha contra la corrupción”, es una calificación política, no es calificación jurídica”, enfatizó.
Finalmente, Duberlí Rodríguez manifestó que si bien por este caso fueron sentenciados altos mandos de las Fuerzas Armadas, periodistas y dueños de los periódicos, así como el mismo Vladimiro Montesinos, la acumulación de pruebas no alcanzó para la imputación directa de responsabilidad contra el ex jefe de Estado.
“En el caso de los otros sentenciados las pruebas son contundentes. Por ejemplo, el señor Vladimiro Montesinos, que es la persona que mayormente ha respondido en este caso, se sometió a la conclusión anticipada, ni siquiera quiso ir a juicio oral, o sea en la primera oportunidad dijo: “Yo acepto mi responsabilidad”. Entonces, él ha sido condenado y también todos los directores de los diarios chicha, aquí no es que hay impunidad; el señor José Olaya, los hermanos Wolfenson han sido condenados; los jefes de las Fuerzas Armadas que desviaron los fondos para el Servicio de Inteligencia Nacional han sido condenados. El último que faltaba era el señor Fujimori, pero en la evaluación, en criterio de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, no había pruebas suficientes para condenar y así se resolvió”, enfatizó.
Gerente de Asesoría Legal, Carlos Islas desmiente que hayan cobrado cheque por deuda y espera que en las próximas horas se produzca la reinstalación de la administración de Segundo Ordinola.
Representantes del Grupo Oviedo denunciaron que desde hace buen tiempo vienen siendo amenazados, así como seguidos y vigilados en sus casas y calles por donde caminan. Responsabilizan de esto a personas vinculadas a la gestión de Marcelino Llontop Suyón.
Advirtieron que desde hace varios días no solamente trabajadores y funcionarios que colaboran con la gestión Oviedo, sino que también familiares de estos, son siendo hostilizados, de lo cual ya se ha hecho conocer a la Policía Nacional y se espera la pronta identificación y captura de los sujetos, presuntamente pagados.
Sin embargo, lo que más ha preocupado a los representantes del Grupo Oviedo y a la población tumaneña, así como a la policía, es haber descubierto que en algunas zonas, así como calles y pasajes del distrito, se han instalados “bombas de tiempo”, y balones de gas supuestamente listos para estallar en caso alguien trate de cruzarlos o intente llegar a las instalaciones de la empresa azucarera.
La información la hizo pública la jefa de Comunicaciones del Grupo Oviedo, Ana Yesquén Puicán, y el gerente de asesoría legal del citado grupo empresarial, José Carlos Isla Montaño, quienes condenaron los actos vandálicos del último lunes, cuando la jueza del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, Luz Karina Fabián Palomino, llegó hasta el distrito azucarero con el objetivo de desarrollar una inspección juntamente con peritos especialistas en contabilidad, finanzas, industrial y agrícola, siendo imposible el desarrollo de la diligencia debido a la agresión de la que fue víctima la magistrada por parte de un grupo de personas.
“Los actos vandálicos y destrucción a las decisiones judiciales del país son un grave atentado a un estado de derecho en que vivimos. Las decisiones judiciales se cumplen, y no se ataca a la autoridad judicial pretendiendo frustrar una diligencia que es para verificar en qué estado deja la empresa la anterior administración, la de Marcelino Llontop, quien ha permaneció al frente de la empresa por casi un año”, sostuvo.
Agregó que la postura adoptada por los representantes del Grupo Oviedo ha sido de orden y respeto, al estar postergados de manera ilegal por casi un año al frente de la azucarera.
“La pericia que el lunes se iba a realizar está dentro del marco jurídico tal y como corresponde. Esta pericia ordenada es para cuantificar el daño causado por la administración ilegal de Marcelino LLontop, que lejos de hacerse a un costado para acatar una orden judicial, más bien azuza a la población y ataca a la autoridad”, resaltó.
ABANDONO TOTAL
Carlos Isla fue amplio al señalar que a un año de la gestión de Marcelino Llontop, los campos de cultivo de caña de azúcar se encuentran descuidados y que las remuneraciones de los trabajadores han sido pagadas de manera extemporánea, afectando la buena predisposición del recurso humano para desarrollar sus actividades.
“La gratificación ha sido pagada de manera extemporánea. Entre los malestares y malos manejos de la empresa por espacio de un año, existen una serie de datos irregulares, que van más allá de las ilegalidad declarada por la Sala Civil, tras corregir la resolución emitida por el juez Pérez Alquizar del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz”, sostuvo.
El letrado refirió también que la violencia vivida la mañana del lunes constituye delito al haberse alterado el orden público, así como incurrido en violencia y resistencia a la autoridad judicial, la que fue impedida de realizar las pericias judiciales ordenadas.
“Ninguna persona tiene derecho a impedir o ser obstáculo en una diligencia judicial. La Sala Civil ha sido categórica al resolver que la administración judicial saliente de Marcelino Llontop ha sido cancelada y, por lo tanto, no surte ningún efecto legal y jurídico todos los actos que realice”, sostuvo.
Advirtió al empresariado lambayecano, así como al nacional, que todos los actos de la gestión Marcelino Llontop son ilegales y desde hace poco de un mes que no tiene ningún valor jurídico todo lo que ha realizado en nombre de la empresa Tumán.
“Los actos donde están comprometido los bienes y los frutos de la empresa Tumán, son ilegales. Si es que está saliendo algún tipo de materia de disposición ilegal, los responsables serán denunciados de acuerdo a Ley”, recalcó.
LA REINSTALACIÓN
Carlos Isla refirió que desde hace más de un mes están tratando de tomar posesión de la administración de la empresa azucarera, tal y como lo ha dispuesto la Sala Civil, pero existe una dura oposición por parte de la gestión de Marcelino Llontop, quien ha ordenado que se suelden puertas y se formen grupos de vigilancia y seguridad en toda la fábrica con la finalidad de impedir el ingreso de los administradores del Grupo Oviedo.
“La reinstalación de la administración del Grupo Oviedo, aún está pendiente. La Sala Civil ha cancelado todo lo actuado por el Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz, al declarar en resolución que los actos en contra del Grupo Oviedo son ilegales. Los magistrados han ordenado la reinstalación de la administración, la cual ha sido postergada desde hace un año, pero que en algunos días debe ejecutarse”, aseguró.
Recordó que hace un año removieron ilegalmente al Grupo Oviedo de la administración judicial, y que ni bien se les notificó para que abandonen la empresa lo hicieron en forma inmediata en aras de un respeto al principio de autoridad.
“Nosotros acatamos el fallo y no hicimos ningún acto de violencia. Lo que hemos hecho es impugnar el acto al considerarlo que es nulo e ilegal. Además, que esa decisión judicial del titular del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz estaba causando daño a la empresa. Ahora que la Sala Civil ha resuelto que se nos devuelva todos nuestros derechos, nos vemos con estos actos que alteran la paz social, pero será el Poder Judicial el que en los próximos días tome las acciones”, refirió.
Con los dispuesto por la Sala Civil –explica- “ha quedado evidenciado que la administración actual no tiene derecho a estar un minuto más en la empresa, pero con violencia se mantiene”.
“El juzgado tiene que tomar todas las medidas para entrar y cuantificar el daño ocasionado por la anterior administración. Estamos a la espera de lo que resuelva nuevamente el Poder Judicial”, explicó.
BOMBAS DE TIEMPO
En tono preocupante, Carlos Isla sostuvo que las pérdidas en la empresa son cuantiosas ya que desde hace un año la gestión de Marcelino Llontop la ha llevado al descontrol y al abandono.
“Basta recorrer la empresa Tumán para conocer el daño causado a la parte agrícola, así como a la misma empresa donde se procesa el producto”, señaló.
De igual manera, sostuvo que han podido determinar que gente ligada a la gestión de Marcelino Llontop ha colocado obstáculos en diferentes caminos del distrito de Tumán, especialmente los que conducen a la empresa.
“Es preocupante cómo algunas personas ligadas a la gestión de Marcelino Llontop actúan de manera descabellada al instalar bombas de tiempo en los caminos, así como balones de gas en los obstáculos, sin importarles el daño que pueden causar a las vidas de las personas”, señaló.
Asimismo, Carlos Islas juntamente con Ana María Yesquén sostuvieron que trabajadores y funcionarios, así como familiares de estos y colaboradores del Grupo Oviedo, han sido amenazados en sus casas.
En otros casos, señalaron, viene siendo seguidos a los lugares donde se desplazan, así como vigilados las 24 horas del día.
“Responsabilizamos de lo que pueda pasar, a la administración saliente de Marcelino Llontop. De los hechos ya hemos dado cuenta a la policía y estamos a la espera del resultado de las investigaciones, ya que nuestras vidas están corriendo peligro”, señalaron.
NIEGA COBRO DE CHEQUE
Carlos Islas negó que el Grupo Oviedo haya cobrado algún cheque por saldo de deuda que la gestión de Marcelino Llontop haya depositado al juzgado de la jueza Luz Karina Fabián Palomino.
“Lo hemos anunciado una y otra vez, aún está pendiente la liquidación de saldo real, así como del pago legal más los intereses y gastos del proceso. Esa liquidación está a cargo del departamento de liquidación del Poder judicial y se dará en su debida oportunidad, pero por el momento no existe ningún depósito de cheque, al, menos no hemos sido notificados, y si en caso se diera, es el área especializada del Juzgado la que hará la liquidación”, recalcó.
De igual manera, sostuvo que como aún existe un saldo pendiente y no hay ningún pago realizado y mucho menos una liquidación judicial, la administración de la empresa Tumán por parte del Grupo Oviedo sigue vigente y pendiente de ser reinstalada.
“Cuando el juez del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz declaró en forma ilegal la salida del Grupo Oviedo de la administración de la empresa Tumán, nos hicimos a un costado para que Marcelino Llontop se instale en 30 minutos y ahora a nosotros nos están haciendo demorar casi un año”, detalló.
+ NOTICIAS
Presidente de la Corte Suprema de la República exige autonomía presupuestal para aplicación de reformas en el Poder Judicial.
Representando a los 33 distritos judiciales del país, se reúne en Chiclayo a más de 180 magistrados en el IX Congreso Nacional de Jueces para tratar temas como la gestión judicial, la reforma familiar, el sistema de evaluación, control de la magistratura y la independencia del Poder Judicial.
Con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Víctor Ticona Postigo, así como de altas autoridades de la judicatura nacional, el jueves 18 d.c. se inauguró el IX Congreso Nacional de Jueces, cuya comisión organizadora preside el magistrado supremo Duberlí Rodríguez Tineo.
El encuentro académico convoca a magistrados de los 33 distritos judiciales del país, además de reconocidos conferencias nacionales y extranjeros.
“Los jueces auxiliares jurisdiccionales y funcionarios del Poder Judicial nos hemos congregado para dar inicio a uno de los eventos más importantes de nuestra agenda judicial. El Congreso Nacional de Jueces representa la firme y decidida voluntad de consolidar una política judicial vinculada de forma más cercana y directa a las necesidades más urgentes de la gestión del despacho judicial, a la vez que promueve un canal de apertura para escuchar los justos requerimientos de la magistratura en todos sus niveles buscando una solución que beneficie ante todo a la sociedad de quien proviene y quien recibe todo nuestra autoridad”, señaló el presidente del Poder Judicial durante la ceremonia de inauguración.
Este evento representa una ocasión única para que jueces puedan debatir y decidir la postura del Poder Judicial frente a aspectos trascendentales del mismo, como la independencia judicial, la seguridad ciudadana y la reforma de la justicia penal y de familia, la organización y gestión ambiental del sistema de evaluación y control de la magistratura.
INDEPENDENCIA
Víctor Ticona manifestó que la independencia judicial debe extenderse como garantía de la administración de justicia a todos los aspectos de la vida institucional, pero también como un derecho de la ciudadanía a saber que cada juez está libre de toda influencia externa o interna y que goza de todas las garantías en la sustanciación de los procesos.
“La independencia judicial como piedra angular del estado constitucional de derecho importa a su vez el establecimiento de un sistema de deberes y responsabilidades dirigido a verificar que efectivamente la función jurisdiccional sea ejercida libre de toda presión, influencia o interferencia de conformidad con nuestro derecho interno y ordenamiento jurídico internacional”, añadió.
Asimismo, el Ticona Postigo manifestó que para que el Poder Judicial se sitúe como un poder del Estado independiente es indispensable que ostente una autonomía presupuestal como “correlato de una moderna y coherente concepción de la separación de poderes”.
También contó que se le solicitó al presidente de la República, cuando este visitó la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la autonomía presupuestal del Poder Judicial como condición necesaria para una auténtica autonomía institucional que asegure la plena independencia de los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional.
“A la vez, reafirmamos nuestro compromiso con la social de consolidar el estado constitucional de derecho”, indicó.
Manifestó que al anterior gobierno le solicitó 82 millones de soles para la creación de 100 Juzgados de Familia, pero que solo se le asignó 13 millones, con los que, desde el 1 de agosto, puso en funcionamiento 24 de estos órganos jurisdiccionales.
Remarcó que teniendo en consideración que los casos de violencia familiar constituyen más del 50 % de la carga procesal de casos de familia, urge la inmediata creación de más juzgados que atiendan esta problemática que afecta a este importante sector de población vulnerable.
PONENTES
La exposición de organización y gestión judicial estará a cargo del juez supremo costarricense Luis Guillermo Rivas, el juez superior Oscar Burga Zamora y de Pedro Tapia Alvarado, gerente general del Poder Judicial.
Asimismo, el fiscal superior Alejandro Lamadrid Ubillús y el Juez supremo costarricense Fernando Cruz Castro expondrán sobre organización y gestión ambiental. Desde España, la jurista Olga Fuentes Soriano hablará sobre la reforma familiar.
Por su parte, las magistradas Susana Castañeda Otsu y Ana María Aranda Rodríguez, jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, y el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila Grados, participarán en la exposición sobre el sistema de evaluación y control de la magistratura.
Víctor Prado Saldarriaga e Iván Sequeiros, juez supremo y juez superior, respectivamente, expondrán sobre seguridad ciudadana y reforma penal.
El Congreso Nacional de Jueces también contará con la participación de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, quien expondrá sobre Estado y Política Judicial. Asimismo, el congresista Gino Costa hablará sobre seguridad ciudadana.
Finalmente, también desde España, el jurista Manuel Atienza Rodríguez impartirá la ponencia sobre la independencia del Poder Judicial.
La designación de docentes mayores de 70 años en diferentes cargos administrativos en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, al iniciarse la gestión del actual rector, Jorge Oliva Núñez, ha motivado que la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lambayeque formalice el inicio de la investigación preparatoria contra este y un grupo de profesores, considerando la presunta violación del Artículo 84 de la Ley N° 30220, Nueva Ley Universitaria.
Con Disposición N° 2, del 30 de junio pasado, el fiscal Celso Saavedra Ramírez, del tercer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lambayeque, resolvió formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Jorge Oliva Núñez y Carlos Quiñones Farro, por la presunta comisión del delito de nombramiento o aceptación indebida del cargo en agravio de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
El documento fiscal solicitó que el primero de estos remita copia certificada de la Resolución N° 002-2016-CU, del 6 de enero pasado, del Estatuto de la universidad, así como del acta de la sesión extraordinaria del consejo universitario en la que designó a una comisión reorganizadora de la Escuela de Postgrado bajo la presidencia de Quiñones Farro.
Además, el rector debió informar al Ministerio Público sobre el desempeño del docente en el cargo para el que fue designado, quedando comprometidos a rendir su manifestación la primera semana de agosto.
La disposición de formalización de la investigación preparatoria fue puesta en conocimiento al Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, conforme lo señalado por el Código Procesal Penal en sus artículos 3 y 336.
LO DENUNCIADO
Con la Resolución N° 002-2016 del Consejo Universitario, el rector de la casa superior nombró a la mencionada comisión reorganizadora de la Escuela de Postgrado, cuya vigencia debía extenderse hasta que el Comité Electoral realice la elección del director de dicho órgano.
Como cabeza de la comisión se designó al profesor Carlos Quiñones Farro, quien para ese entonces ya era mayor de 70 años de edad, contraviniendo de este modo lo señalado por el Artículo 84 de la Ley Universitaria, que dispone que los profesores que excedan dicha edad quedan inhabilitados para desempeñar cargos administrativos.
En ese sentido, para el Ministerio Público existirían hechos razonables para presumir que se habría cometido el delito de nombramiento o aceptación indebida para cargo público, tipificado por el Artículo 381 del Código Penal, que estable que “el funcionario público que hace un nombramiento para cargo público o persona en quien no concurren los requisitos legales, será reprimido con setenta a ciento veinte días multa. El que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con la misma pena”.
En virtud de ello, el fiscal Saavedra Ramírez ha establecido un plazo de 120 días para el desarrollo de su investigación, período en el que podrá confirmar o desvirtuar los elementos de convicción suficientes para proceder a la formalización de la denuncia penal.
SUNEDU ADVIRTIÓ
El 26 de febrero pasado, el jefe de la Dirección de Fiscalización y Sanción de la SUNEDU, Aurelio Echecopar Talleri, con Oficio N° 049-2016, se dirigió a las autoridades de la UNPRG para que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 14 del Decreto Supremo N° 018-2015-MINEDU, Reglamento de Infracción y Sanciones de la superintendencia, emitan pronunciamiento de manera documentada sobre la designación de los nuevos cargos académicos y administrativos. En ese momento, Quiñones Farro aún se desempeñaba como presidente de la comisión reorganizadora de la Escuela de Postgrado.
“La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, como organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Educación y garante del cumplimiento de las disposiciones que establece la Ley N° 30220, Ley Universitaria, tiene entre otras finalidades la de supervisar la calidad del servicio educativo superior universitario, así como fiscalizar si los recursos públicos han sido destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad. En ese sentido, esta Dirección ha recibido diversas denuncias señalando que en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, se estarían designando a docentes mayores de 70 años para ejercer cargos administrativos”, señaló el documento.
El documento fue recibido en la casa superior la primera semana de marzo y para la quincena de abril ya la gestión de Oliva Núñez había removido de los cargos administrativos. Empero, la infracción se había configurado, lo que motivó la denuncia penal presentada por el docente Gilberto Escajadillo Durand, que dio pie a la investigación fiscal.
LA FACEAC
La misma anomalía se presentó tanto en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación – FACHSE, como en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables – FACEAC, habiendo dispuesto el Ministerio Público también formalizar la investigación preparatoria para este último caso, comprendiendo a diversos docentes.
De acuerdo a la Disposición N° 02, del 1 de julio, el profesor José Huertas Maco, en calidad de decano de la FACEAC, con Resolución N° 005-2016-FACEAC/D, del 7 de enero pasado, encargó la Escuela de Contabilidad al docente Edgardo Mino Morales, pese a tener más de 70 años; para días después, el 18 de enero, con Resolución N° 018, hacer la misma encargatura al profesor Humberto Zamora Capelli, quien tiene 74 años.
Con la misma resolución, Huertas Maco encargó la Escuela de Economía al profesor Jonas Godoy Gonzáles, también mayor de 70 años; a quien antes, con Resolución N° 001-2016, del 7 de enero, le encargó la Secretaría Docente de la facultad.
Asimismo, el decano aun en funciones encargó con Resolución N° 015-2016, del 15 de enero, a Heli Cachay Silva la Secretaría Docente, pese a tener también más de 70 años.
Otro caso es el del docente Carlos Querevalú Morante, a quien Huertas Maco encargó la Escuela de Comercio y Negocios Internacionales, siendo este profesor asociado de la universidad, cuando el Artículo 36 de la Ley Universitaria estable que para ocupar dicho cargo se requiere de la condición de docente principal.
Por estos hechos, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lambayeque también investiga la presunta comisión de nombramiento o aceptación indebida para cargo administrativo.
EL CASO QUEREVALÚ
Cuando el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables encargó las escuelas profesionales a los docentes antes mencionados, dio parte a la plana directiva de la universidad, en atención al ordenamiento interno.
Así sucedió en el caso del docente Carlos Querevalú Morante, quien asumió la encargatura de la escuela de Comercio y Negocios Internacionales el 7 de enero pasado y permaneció en el cargo hasta el 31 de mayo, toda vez que este presentó su renuncia por motivos personales, la misma que fue aceptada con Resolución N° 350-2016, del 1 de junio del 2016, designándose en el puesto al catedrático Jaime Cáceres Montalvo.
El Artículo 36 de la Ley Universitaria señala: “Las Escuelas Profesionales están dirigidas por un Director de Escuela, designado por el Decano entre los docentes principales de la Facultad con doctorado en la especialidad, correspondiente a la Escuela de la que será Director”.
“Haber ocupado la encargatura no ha representado para mí ningún incremento remunerativo, sino más bien una responsabilidad que asumí con muchos deseos de poder ayudar a la facultad. Debe quedar claro que yo no fui nombrado en el cargo, sino que este me encargó por la necesidad que había reorganizar los procesos internos después de la crisis de gobierno que enfrentó la universidad”, explica en su descargo el catedrático.
Las diligencias del Ministerio Público en el caso de la FACEAC deberán concluir en un plazo de cuatro meses, y hasta el 12 de agosto pasado se han tomado las declaraciones de los investigados.
