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En Lambayeque hay aproximadamente 290 industrias, entre pequeñas, medianas y grandes, que agrupadas y coordinadas por la ACPITEL, han logrado un acercamiento con el Gobierno Regional de Lambayeque para coordinar las acciones necesarias que permitan la construcción de un parque industrial para el departamento. Este esfuerzo es impulsado por la Asociación Civil de Parques Industriales y Tecnológicos de Lambayeque – ACPITEL.
“Nuestro objetivo es crear un parque industrial en el que podamos integrarnos todos los industriales del departamento y la macro región nororiental. Tenemos las coordinaciones hechas con las cámaras de comercio de las regiones vecinas, quienes han mostrado interés en que sus empresarios puedan participar en este espacio”, señala Gonzalo Sánchez Calderón, presidente de la asociación.
El parque industrial – refiere – es el espacio físico en el que activan las empresas productoras, desarrollan sinergias, agremian y trabajar en la reducción de costos e incremento de la producción.
“Debemos considerar que hay varios inversionistas a nivel nacional e internacional que han querido venir a Lambayeque e instalar sus empresas, pero no han podido hacerlo porque no tienen un espacio, mecanismos ni facilidades para acceder a la información, ante lo cual se han ido a otras regiones”, indica.
El ansiado proyecto
Enfatiza que ACPITEL tiene entre sus propósitos respaldar y contribuir en la cristalización de los grandes proyectos para la región, así como ayudar en el saneamiento de los terrenos, según el Plan Maestro aprobado, necesarios para el Plan de Acondicionamiento Territorial del Terminal Portuario de Lambayeque, cuya área de influencia es de 763.300 hectáreas.
“Como asociación, trabajamos de la mano con todas las instituciones representativas como la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, la Sociedad Nacional de Industrias – SNI, la Asociación Civil Integridad Lambayecana – ACIL, y el Colegio de Ingenieros del Perú – CIP Lambayeque. Además, se han integrado profesionales reconocidos para ayudarnos a trabajar en los trámites y la normativa para el saneamiento de los terrenos del área de influencia del Terminal Portuario”, comenta.
Como antecedentes se tiene que con Acuerdo Regional N° 0063-2018- GR.LAMB/CR, se acordó solicitar al Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea del Perú, la transferencia en propiedad a favor del Gobierno Regional de Lambayeque de un predio de cinco mil 313.03 hectáreas, que forma parte de un predio de mayor extensión denominado “Pampas de Reque”, inscrito en la Partida n.° 02201417, de la sección especial de predios rurales de la Oficina Registral de Chiclayo.
A ello se suma que el 13 de julio del año pasado, se promulgó la Ley n.° 31514, Ley que modifica la Ley n.° 29738, Ley de Reactivación y Promoción del Parque Industrial de Chiclayo, respecto a su ubicación denominación y medidas para su implementación.
“Con nuestras acciones lo que hacemos es impulsar el Terminal Portuario de Lambayeque, pues tenemos registradas a varias empresas que tienen interés de reubicarse en un nuevo parque industrial. Donde están actualmente las industrias ya son zonas urbanas y hay muchos problemas con los vecinos por ello. Con la reubicación de las industrias será posible, también, reordenar el aspecto urbanístico sobre todo en la ciudad de Chiclayo, donde están asentados la mayoría de industriales”, señala Sánchez Calderón.
Área para el nuevo parque industrial
El presidente de ACPITEL refiere que ya se tiene un espacio definido para la construcción del nuevo parque industrial, que forma parte del área de influencia del Terminal Portuario de Lambayeque, por lo que la relación entre ambos proyectos es muy estrecha. Solo para el parque industrial se estima destinar mil 400 hectáreas.
“Nuestro objetivo es que el nuevo parque industrial se convierta en zonal franca, para ello debemos avanzar en todos los frentes, como, por ejemplo, coordinar con las universidades de la región en la formación de profesionales con los perfiles que se necesitan para el desarrollo industrial y dar todo el soporte para que se concrete el saneamiento de las tierras”, anota.
Con la transferencia definitiva de las cinco mil 313 hectáreas de la Fuerza Aérea del Perú al Gobierno Regional de Lambayeque, correspondería que este haga la transferencia de mil 400 hectáreas a favor del Ministerio de la Producción, previa firma de convenio, para la inclusión en el Informe Multianual de Inversiones del sector, a fin que se elaboren los estudios técnicos, la declaración de relevancia nacional y la suscripción de un convenio con Proinversión para la búsqueda de capitales que apuesten por el parque industrial.
Sería Proinversión la entidad encargada de promocionar el proyecto y convocar a la licitación internacional.
“En la Autoridad Portuaria Nacional han tomado con de buen modo nuestro apoyo, pues saben la importancia y pertinencia de aliarse con el sector privado para impulsar un proyecto como el Terminal Portuario Regional”, señala.
La semana pasada, específicamente el 24 de agosto, tuvo lugar en la ciudad de Arequipa una audiencia pública con el propósito de analizar la validez de la norma según la cual la Contraloría de la República está llevando a cabo procesos administrativos sancionadores contra servidores y funcionarios a quienes señala de haber cometido infracciones de acuerdo al artículo 46 de la Ley 29622, modificado por la Ley 31288 del 20 de julio de 2021.
Para comprender la importancia de la próxima sentencia que emitirá el Tribunal Constitucional (TC), es relevante mencionar lo siguiente: desde el año 2010, mediante la Ley Nº 29622, del 7 de diciembre de 2010, la Contraloría General de la República ha tenido la facultad de imponer sanciones administrativas, incluyendo la inhabilitación y la suspensión temporal en el ámbito de la administración pública, contra aquellos servidores y funcionarios que incurran en infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, esta norma fue cuestionada y en el año 2019 el TC declaró inconstitucional el artículo 46 de la Ley N° 27785, incorporado por la Ley N° 29622, debido a que las conductas infractoras no estaban suficientemente tipificadas, lo que generaba falta. de precisión en las sanciones; por cuanto, las sanciones deben ser precisas, a fin que los servidores públicos sepan con exactitud y no de manera genérica, que conductas son reprochables y posibles de ser sancionadas. Esta sentencia del TC determinó que los procedimientos seguidos por la Contraloría en la vía administrativa o en los procesos judiciales basados en la norma que había sido declarados inconstitucionales sean archivados.
Esta decisión llevó a la Contraloría a proponer un proyecto de ley ante el Congreso, con el objetivo de establecer una lista de 32 conductas infractoras en el ámbito de la responsabilidad administrativa funcional. El Congreso aprobó esta norma por insistencia ante la observación de su aprobación por el Poder Ejecutivo, expidiéndose la Ley N° 31288, en julio de 2021. Sin embargo, el Poder Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, lo que culminó en la audiencia de la semana pasada, donde se puede observar, en su más de una hora de debate, que las principales razones por las cuales se argumenta la inconstitucionalidad de la Ley Nº 31288 son las siguientes.
Argumentos contra la norma
Se señala que la Ley Nº 31288 incurre en ser inconstitucional porque nuevamente, como la anterior ley, vulnera el literal d) del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que reconoce el principio de legalidad y por ende la tipicidad; es decir, no es preciso en señalar cual es la conducta infractora, sino señala la infracción de manera genérica.
La norma utiliza términos extremadamente generales en sus enunciados, lo que no permite identificar con claridad las conductas que podrían ser sancionadas. Así tenemos, el primer párrafo del artículo 46 modificado por la Ley 31288 señala que la Contraloría podrá sancionar a los funcionarios o servidores públicos que "contravengan el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen”. Como se puede observar, estos enunciados nuevamente son extremadamente generales y, por tanto, no cumple con los estándares mínimos que impone el subprincipio de tipicidad, que señala que las infracciones deben ser precisas y no ser normas genéricas ni hacerlas extensivas, porque viola el principio de legalidad, como lo señaló el TC en la sentencia del año 2019 (Exp. 20-2015-PI/TC) Las frases “contravengan el ordenamiento jurídico administrativo” así como la frase "las normas internas de la entidad a la que pertenecen" son enunciados extremadamente generales y no permiten identificar con precisión las conductas concretas por las que la Contraloría podría imponer una sanción.
Otras razones
Las 32 infracciones establecidas en la Ley Nº 31288 debieron adecuarse a las exigencias establecidas por el TC en la sentencia antes señalada; es decir, debieron cumplir con el subprincipio de tipicidad o taxatividad que forma parte del principio de legalidad, en resumen, ser más precisas.
Asimismo, se siguen incluyendo expresiones generales como “normativa de contrataciones del Estado”, “normas que regulan los sistemas administrativos o funcionales”, “normativa que corresponda”, “normativa aplicable” y “disposiciones que regulan”; así como, “falta de diligencia debida”, “incumplimiento funcional” o similares; y, “grave afectación al servicio público”, “perjuicio al Estado” o similares.
Esta norma establece únicamente la inhabilitación como sanción, la cual se divide según su "gravedad" en períodos de sesenta días hasta un año, y de un año a cinco años de inhabilitación. En otras palabras, no se contemplan sanciones graduales como la amonestación o suspensión, sino que cualquier infracción resulta en inhabilitación. Esto conlleva una violación del principio de proporcionalidad y razonabilidad en las sanciones. Por ejemplo, una falta como no rendir adecuadamente viáticos se equipararía en consecuencias a aprobar la recepción de una obra de gran envergadura, lo cual resulta desproporcionado. Es importante recordar que una sanción de inhabilitación de más de seis meses para un funcionario o servidor público es motivo de destitución.
En resumen, de acuerdo a la audiencia mencionada, la Ley Nº 31288, que incorpora las 32 infracciones y que ha dado origen a los Procesos Administrativos Sancionadores (PAS) actuales, podría ser declarada inconstitucional debido a que podría infringir los derechos constitucionales respaldados en el literal d) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Dicho literal consagra el principio de legalidad de la siguiente manera: “Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (...) 24. A la libertad ya la seguridad personal. En consecuencia: (...) d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley (...)”.
Es importante destacar el último párrafo del artículo 200 de la Constitución, reconoce que en el ejercicio de la administración de justicia, especialmente en su aspecto administrativo, esto debe ser llevado a cabo de manera razonable y proporcional.
Posición de la Contraloría
Es relevante destacar que la Contraloría, días previos a la audiencia del jueves 24 en la sede del Tribunal Constitucional (TC), emitió un comunicado oficial en el que expresó su opinión. En este comunicado, la Contraloría manifestó que ante la eventual declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº 31288, que es el objeto de comentario, podría tener consecuencias significativas. Se señala que esto representaría "un retroceso", ya que pondría en cuestión el trabajo realizado por la entidad de control.
Además, la Contraloría señaló que la inconstitucionalidad de la ley no solo tendría un impacto en la falta de sanciones administrativas para casos de corrupción e inconducta funcional detectadas, sino que también podría permitir que los funcionarios utilicen resoluciones de archivamiento para anular los procesos judiciales en su contra. Esto podría resultar en una especie de "impunidad". Se mencionan ejemplos concretos, como el "favorecimiento a empresas constructoras por parte de 26 funcionarios del Fondo Mivivienda (Marka Group)", las irregularidades en "la adjudicación del Puente Tarata en la región San Martín" y "los hechos denunciados en la adjudicación para la compra de biodiésel por parte de exfuncionarios de Petroperú".
No obstante, es fundamental siempre defender el respeto al derecho constitucional de legalidad, una garantía esencial para todos los ciudadanos. Esta protección se erige como una salvaguarda contra sanciones arbitrarias impulsadas por interpretaciones excesivamente amplias con el simple propósito de castigar por castigar. En este contexto, consideramos que, si la Ley Nº 31288 es declarada inconstitucional, ello podría deberse a la falta de trabajo adecuado por parte de aquellos encargados de precisar las sanciones, quienes fueron los autores del proyecto de ley presentado al Congreso. En un estado de derecho la imposición de sanciones debe llevarse a cabo con cautela, asegurando que no se menoscabe la dignidad de los ciudadanos, incluyendo a los funcionarios y servidores públicos, así como el derecho a la dignidad, al trabajo y otros derechos fundamentales.
Si bien todos estamos de acuerdo en la necesidad de sancionar los actos de corrupción, también estamos obligados a establecer normas claras y precisas para llevar a cabo estas sanciones, tal como lo establece el Tribunal Constitucional. En última instancia, se trata de lograr un equilibrio entre el castigo de comportamientos indebidos y la protección de los derechos individuales, a través de la implementación de regulaciones rigurosas y específicas.
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(*) Abogado y docente universitario.
La Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, fundada en el Perú, cumple 140 años. Además de su obra de servicio al prójimo, tiene una reconocida trayectoria en el ámbito educativo, con el establecimiento de colegios como el Santa María Reina, de Chiclayo, donde se forma a personas de bien, cultivadas en valores y una fe sólida.
La madre María Antonieta García Carrizales, superiora general de la congregación, retornó a Chiclayo con ocasión del aniversario de la institución educativa, de la que fue directora durante 12 años. Expresión conversó con ella, para conocer con amplitud el trabajo de las religiosas, así como sus reflexiones sobre la sociedad actual.
“Nuestra congregación es de fundación peruana. Nuestros fundadores: madre Clara del Corazón de María y el padre Alfonso María de la Cruz Sardinas, ambos peruanos, cumplieron un sueño en el momento adecuado en el país. La congregación nace después de la guerra con Chile, un momento difícil que nuestro país renaciente vivía, ellos se dieron cuenta y tuvieron la necesaria de preocuparse por la mujer desamparada, por la niña y la joven. Se fundó nuestra congregación bajo la espiritualidad franciscana y se abrieron las puertas del Colegio de la Inmaculada Concepción, el primero que se creó”, comenta.
A lo largo de 140 años de intenso trabajo, la congregación ha ido creciendo. Actualmente tiene 35 obras educativas en el Perú, cuatro en Colombia y una en Italia, todas con la misión de evangelizar de la mano de los valores humanos, cristianos, franciscanos, marianos y ecológicos.
“En el Perú tenemos muchas escuelas particulares como el Colegio Santa María Reina, pero también escuelas parroquiales y de acción conjunta, además CETPROS y pedagógicos, que nos permiten preparar también en la educación superior”, destaca.
La congregación está conformada por 200 hermanas peruanas, colombianas y ha recibido vocaciones de Bolivia, Ecuador y de la República Democrática del Congo.
“Nuestra congregación está abierta al servicio de la iglesia y eso nos permite educar a muchas personas. Me atrevería a decir que un millón de personas pueden estar alrededor de nuestras diferentes obras, tanto en el Perú como en el exterior”, manifiesta.
Enfrentar la pandemia
Madre María Antonieta García cuenta que la pandemia del Covid-19 tocó directamente a la congregación con la pérdida de cuatro hermanas, en tanto muchas otras se contagiaron y tuvieron que sortear las situaciones complejas propias de la crisis sanitaria.
“Nuestras hermanas distribuyeron víveres y salieron a orar y visitar a las familias afectadas llevando consuelo. La pandemia nos sensibilizó a todos, y como congregación no fuimos ajenas, permitiéndonos acercar a más personas a Dios, seguir evangelizando, renovar la fe, la esperanza y practicar mucho el amor a través de la escucha, la apertura y siendo sensibles a las necesidades de los demás. Nos organizamos para procurar bienes no solo espirituales, sino también materiales no solo en la costa, también en la selva y la región andina”, menciona.
Añade que la congregación trabajó un amplio programa de servicio social y tuvo la oportunidad de acercarse más al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC, haciendo uso de las plataformas en el afán de asegurar el acercamiento entre las religiosas, los padres de familia y la comunidad en general.
Proceso de canonización
Uno de los pasos más importantes en la congregación es el inicio del proceso de canonización de los fundadores de las Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción.
“El proceso de beatificación y santificación es un proceso largo que la Iglesia Católica desde el Vaticano nos indica, pero ya hemos cumplido con toda la parte diocesana en el Perú. En este momento la causa de madre Clara y padre Alfonso ya están en Roma, para que se puedan seguir los estudios pertinentes”, explica.
Lo que se espera es la certificación de milagros para que el proceso hacia los altares avance mucho más rápido. Todo dependerá del trabajo que se realice desde Roma.
El proceso de beatificación y canonización de la Sierva de Dios Clara del Corazón de María inició el 8 de noviembre del 2004, cuando el padre Luca de Rosa, Postulador General OFM, envió el “Supplex Libellus”, en ese entonces, al cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, arzobispo de Lima y primado del Perú, después de haber obtenido el Prot. N. 2591 para la causa.
A partir del 2013, después de la celebración de los 50 años de la Aprobación Pontificia, la Congregación retomó con dedicación y ahínco el proceso. Se hizo la búsqueda histórico-archivística necesarias para documentarlo. De esta manera, el cardenal Cipriani nombró el 13 de diciembre del 2016 a los censores teólogos y el perito histórico. El 16 de julio del año 2017, el historiador para la causa, presentó su informe en agosto y, en septiembre del mismo año, los censores teólogos dictaminaron la ortodoxia de sus escritos.
El 8 de marzo del 2019 – Día Internacional de la Mujer – la Congregación para la Causa de los Santos otorgó el ‘nihil obstat’ para la apertura del proceso diocesano de beatificación y canonización de la Sierva de Dios Clara del Corazón de María, apertura que se realizó el 12 de agosto de 2019 en la Basílica Catedral de Lima. El 12 de diciembre del mismo año se clausuró el proceso diocesano de beatificación y canonización.
Aprendizaje en el servicio
Madre María Antonieta García refiere que su pertenencia a la congregación le ha permitido desarrollar el aspecto educativo, por el que siente especial vocación. Actualmente es directora del Colegio de la Inmaculada Concepción, en Lima, el primero fundado por las religiosas, del que además es exalumnas.
“Nuestra misión como congregación es estar en la educación, ser parte de ella, para evangelizar educando y educar evangelizando. Nuestras obras educativas apuntan a formar a la niñez y a la juventud para que puedan aportar algo positivo a la sociedad, que hoy más que nunca lo necesita”, explica.
Sostiene que para la mejora de la escuela es necesario trabajar en conjunto, no solamente esperar a las decisiones de los gobiernos.
“Hay un tema muy terrible en el país que es el de la corrupción y lastimosamente está muy arraigada en nuestra nación. Sin embargo, como dice el santo padre Francisco, no debemos perder la esperanza y desde las aulas hacer ese trabajo compartido, porque somos los educadores los primeros en dar testimonio. Además, está la familia, que también tiene que sentirse involucrada en ese trabajo de valores y pastoral. Por eso es muy importante que en nuestros colegios siempre nos preocupamos por trabajar con la familia, que debe ayudar a la formación humana y espiritual”, señala.
Tres dimensiones
A nivel educativo, la congregación trabaja en tres dimensiones fundamentales: la personal, la cognitiva y la espiritual.
García Carrizales sostiene que, si no se toma consciencia de que la familia, como primera educadora, y la escuela, como segunda educadora, no hacen un trabajo interrelacionado, será muy difícil lograr resultados y convicciones en la juventud.
“Aunque los gobiernos de turno no respondan a las verdaderas necesidades del país, los niños y los jóvenes tienen convicciones y no podemos fallar en ello. Tenemos que fortalecer a todo el equipo docente del país, de todas las escuelas. Da mucha pena ver cómo muchas escuelas alejadas están en abandono, situación que se la he dicho a los exministros de Educación y a la actual ministra. Existe mucha diferencia social en las escuelas alejadas del país”, refiere.
Anota que la situación de conflicto que vive el país no conduce a la sociedad a ningún camino positivo.
“Da pena decirlo, pero muchos de los gobernantes y políticos que tenemos aún no salen de sus propios intereses, se han olvidado que ser político es polis, vivir para la ciudad, para la ciudadanía, hacer algo en calidad de servicio y eso falta. Sin embargo, nosotros desde abajo, desde la escuela y la familia tenemos que seguir con mucha audacia, fortaleza y entrega para continuar formando. No nos quedemos contemplando lo que pasa, trabajemos desde las bases”, enfatiza.
En nuestro país muchas veces la ausencia de ideas o el afán de figurar o ambas cosas a la vez llevan a parte del elenco político a hacer propuestas sin mayor sustento. Empujados por la necesidad de ser tendencia en X (el otrora Twitter) nuestras autoridades, locales o nacionales, han sido llevados de la mano para plantear la necesidad de implementar en nuestro país un plan, el plan Bukele. No se dan cuenta que esto no sólo no tiene sustento sino, lo peor, no tiene posibilidades de tener éxito en el país.
La delincuencia local tiene dos orígenes o estímulos distintos a lo que sucede en El Salvador. Aquí lo que agobia es la crisis económica, madre de todos los tipos de delincuencia pues trae desesperación, falta de oportunidades, caos, desorden social. No es una justificación. Es una realidad. El otro elemento es la altísima migración que, con las excepciones del caso, es un elemento de distorsión e intranquilidad preocupante. Podríamos hablar de un tercer elemento, la informalidad creciente, que anula el futuro de las personas a cambio de un presente que le permita básicamente sobrevivir pero por el momento quedémonos con los dos primeros mencionados. Somos muy distintos s El Salvador, que dicho sea de paso es un país de 25,000 kilómetros cuadrados, algo similar a la región La Libertad, nada comparable con el más de millón de kilómetros cuadrados que tiene el Perú.
Siendo las características de nuestra delincuencia muy distintas a la de El Salvador, no se puede hacer un “copiar y pegar” de un plan diseñado para otra realidad como la salvadoreña: delincuencia acotada en un país pequeño, pandillas salvajes netamente urbanas, incentivos del narcotráfico mexicano y colombiano, líderes delincuenciales claramente identificados. En nuestro país son otros los problemas que nos agobian.
La delincuencia
Pero hay otro elemento, político, que hace distinta la lucha contra la delincuencia en el Perú. El liderazgo indiscutible de Nayib Bukele y de sus ministros no es equivalente a lo que tenemos en el país. Bukele tiene liderazgo, decisión y determinación política. Además, tiene ministros que comparten con él ese temperamento. Aquí tenemos a una presidenta Dina Boluarte y un premier Alberto Otárola que lo primero que hicieron cuando se suscitaron los problemas de enero y febrero de este año fue quitarle respaldo a la Policía Nacional del Perú y a nuestras Fuerzas Armadas, es decir actuaron cobardemente trasladando la culpa de los hechos mortales a los responsables del orden interno. Es decir, hicieron todo lo contrario a lo que hizo Bukele en El Salvador: respaldar totalmente ante todo tipo de crítico a sus fuerzas policiales y armadas.
A todo eso agregue el desempeño de nuestros gobernadores, si dan o no la talla. Recién allí y con todo ello saque sus conclusiones sobre si es posible un Plan Bukele en nuestro país.
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(*) Ingeniero y exministro de Trabajo.
“El desarrollo agroexportador de Olmos es un éxito de los lambayecanos. La agroexportación es el segundo sector en importancia en el Perú, después de la minería, siendo el segundo en la generación de empleos. Lo que se ha demostrado en los últimos años no son solo las potencialidades que tiene Lambayeque para desarrollar agricultura, sino además que tiene un sector económico muy potente, cuyas bondades recién están empezando”, señala Gabriel Amaro Alzamora, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú – AGAP.
Durante su visita al departamento, el dirigente de AGAP refirió que el Proyecto Olmos no solo tiene impactos positivos únicamente en las zonas circundantes a la irrigación, sino que se extienden en toda la región.
“Lambayeque ha empezado su desarrollo agroexportador trayendo conocimiento de otras regiones, pero el avance que se ha tenido en el sector es exponencial. Imaginémonos lo que sería esta región si ya se estuviera construyendo la segunda etapa de la presa Limón y si es que hubiese un marco jurídico que fomente al sector, que sea promotor de la agroexportación. Si eso se diera, a Lambayeque no lo pararía nadie”, acota.
Política agraria
Amaro Alzamora añade que es necesario seguir promoviendo el sector agroexportador, puesto que el mercado está en el exterior y es ahí donde debe competir con otros países productores.
“Lo que necesitamos es que se mejore la política pública agraria, que sea incluyente, que sea promotora y nos trate como agricultores, que es lo que somos. Todos los países del mundo promueven la agricultura, que es un sector particular. Durante la pandemia de los pocos sectores que no pararon está toda la cadena productora agrícola. Lamentablemente no se los ve como un sector estratégico”, cuestiona.
El presidente de AGAP afirma que la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, conocida como Ley Chlimper, durante el gobierno de Francisco Sagasti, afectó gravemente al país al dejar sin marco normativo específico a un sector económico, restándole posibilidades de competitividad.
Asegura que con la vigencia de dicha norma fue posible atraer inversión privada al sector y generar empleo. “El Estado Peruano tomó malas decisiones, cegadas por el tema político e ideológico, presionado por marchas que utilizaron a los trabajadores. Los trabajadores se quejaban de que no se les cumplía con sus derechos laborales, pero quienes no cumplían eran los informales o semi informales, no quienes estaban en la Ley de Promoción Agraria, porque aquel empresario que no cumplía con el marco quedaba fuera del régimen de manera automática”, explica.
Enfatiza en que los beneficios de la ley solo alcanzaban a quienes cumplían con toda la normativa, principalmente en el aspecto laboral.
“El presidente Sagasti y la presidenta del Congreso, que en ese momento era la señora Mirtha Vásquez, no vieron otra solución a un conflicto promovido por temas ideológicos, que la derogatoria de la ley. Esos conflictos, da la casualidad, eran muy parecidos a los que hemos visto en diciembre del año pasado y enero de este año, pues mezclaron las necesidades de ciertos grupos de trabajadores con asuntos políticos, azuzados por intereses particulares. Con eso derogaron una ley que no era la culpable del problema, sino la ausencia del Estado al no promover el aspecto regulatorio para que los informales se ordenaran”, señala.
Reactivación del sector
Gabriel Amaro remarca la urgencia de implementar un plan para reactivar económicamente al sector.
“El sector que genera empleo en la agricultura es el empresarial, el moderno. El gobierno ha sacado un plan interesante, que es Conpunche Perú, donde hay un capítulo interesante orientado a la pequeña agricultura, pero es insuficiente y se ha olvidado de la agricultura que genera empleo y da trabajo a las personas, esa agricultura no se ha reactivado”, sostiene.
Ante ello, AGAP ha presentado su propuesta a los ministerios de Economía y Finanzas, Desarrollo Agrario y Riego, Comercio Exterior y Turismo y Trabajo y Promoción del Empleo.
“Lo que necesitamos es que se hagan reformas importantes para darle sostenibilidad al sector”, asegura.
La Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú está conformada por siete asociaciones, que a la vez agrupan a 400 empresas, siendo parte de ellas las principales exportadoras y abastecedoras del mercado nacional.
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