La Empresa Agroindustrial Pomalca cumple 18 años desde que se inició una nueva etapa de ordenamiento y mejora de la productividad, con el ingreso del Grupo Oviedo. Hoy, la azucarera es la única de las exhaciendas de Lambayeque que vive un clima de paz social, cumple sus obligaciones y, lo más importante, la responsabilidad social que le corresponde.
Expresión conversó con Carlos Andrade Villar, presidente del Directorio de la empresa, porque Pomalca, además, se rige en función de lo que norma la Ley General de Sociedades y tiene órganos de gobierno en funcionamiento pleno. Estos son, la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia General.
“Estos 18 años tienen un significado muy importante y para muestra hablemos de los años reciente, que nos muestran la realidad. Pomalca está pasando por una estabilidad laboral muy buena, que es algo normal en cualquier otra empresa, pero lamentablemente en el sector azucarero de Lambayeque resulta siendo una excepción. Estamos invirtiendo en el campo y en la fábrica, y esos son dos factores muy importantes”, sostiene.
Andrade Villar refiere que la paz laboral de la que goza la empresa es gracias al pago de las remuneraciones de manera puntual y los adeudos programados, así como el otorgamiento de beneficios a los trabajadores.
“Todo ello, más las inversiones en campo y en fábrica, dan lugar a lo que se llama la rentabilidad social y económica. Estamos en un buen momento y este es el corolario de los 18 años de la participación del Grupo Oviedo. Lamentablemente hay una diferenciación con todas las demás empresas azucareras de la región. No quisiéramos que esta existiera, pero es la realidad. Nos enorgullece decir que tenemos estabilidad económica, operativa y laboral, beneficiosa para los trabajadores y el país”, anota.
Inversiones
El presidente del Directorio de la azucarera Pomalca afirma que nada se hace sin inversión y disciplina.
Sobre esto último resalta lo señalado por el gerente general de la empresa, Walter Culqui Carrera, quien sostiene que los logros alcanzados en la empresa obedecen a la recuperación de la disciplina y el orden interno.
“Tenemos trabajo ordenado y motivado. Hay respeto a las personas, a los horarios, a la propiedad, todo lo que nos ayuda a crecer. ¿Cuál es el secreto?, ¿por qué Pomalca está como está, a diferencia de otras azucareras cuya situación es lamentable? Tener orden, tener planificación y decisión de inversión, que es lo determinante para el futuro”, afirma.
El año pasado, la azucarera sembró 4,030 hectáreas y a fines de año tendrá cultivos jóvenes, de más o menos 7,300 hectáreas, con proyección a 8,500.
“Vamos a ingresar a la diversificación y a la agroexportación, y tenemos planes muy claros para el próximo año sembrar 200 hectáreas con productos de exportación. La meta será de mil hectáreas. El objetivo es generar empleo para las mujeres de Pomalca”, anuncia.
La azucarera tiene una extensión de 16,320 hectáreas, de las cuales 8,500 están aptas para la agricultura. Con las demás, es necesario realizar trabajos de drenaje para su recuperación, pues están afectadas por la salinidad.
Añade que los resultados productivos y financieros del presente año serán de mucha ayuda para reinsertar a la empresa en el sistema crediticio, sobre todo por la buena conducta que la empresa ha evidenciado en los últimos años.
Responsabilidad social
“Pomalca tiene dos objetivos: producir azúcar y producir bienestar. Tenemos seres vivos que cuidar, primero las personas y luego las cañas, que también son seres vivos. Esa es nuestra misión, generar bienestar”, menciona.
Por ello, destaca el trabajo de responsabilidad social que cumple la empresa, citando el ejemplo de la Academia Pre Universitaria, a cargo de José Luis Estela.
“Tenemos 13 profesores con los que damos gratuitamente clases a los hijos de los trabajadores y de todas las familias en general, que quieran ingresar a la universidad. Tenemos 402 jóvenes que han ingresado a las universidades de Lambayeque y Piura, preparados en nuestra academia. Ese es un motivo de orgullo”, resalta.
Anota también el trabajo para la generación de vivienda, a través del cual se han entregado 2,455 lotes a los trabajadores jubilados y terceros. La proyección es llegar a 3,000 a través del programa Lote Propio.
“Tenemos lotes que cuestan desde 7,500 soles. Nos preocupamos por el sueño de la casa propia, un tema que es importantísimo en el que nos hemos abocado. También en lo referido al esparcimiento, pues estamos remodelando el Club Social de Pomalca. El objetivo es la integración de la familia. En un área de tres hectáreas habrá una capilla, tres piscinas, seis canchas de fulbito, básquet y vóley; una cancha de gras sintético, un local multiusos, una sala de lectura, una de juegos, un espacio de picnic, un comedor y un gimnasio. Será un centro de recreación único y a disposición de los trabajadores. Soñamos con todas esas cosas y lo vamos a hacer”, enfatiza.
Comenta que las entidades financieras se dan cuenta que la empresa realiza operaciones importantes con empresas constructoras interesadas en el desarrollo inmobiliario, en tanto se emiten bonos inmobiliarios a través de fideicomisos.
Precisa que de acuerdo a los estatutos, el Directorio tiene facultad para realizar transacciones a nombre de la empresa, esto por los poderes conferidos por la Junta General de Accionistas.
Propiedad ocupada
El presidente del Directorio aborda también la problemática generada a partir de la ocupación de importantes áreas, propiedad de la empresa, por familias que decidieron invadir los terrenos y han construido en ellos sus viviendas.
Andrade Villar menciona que el sábado último acudió a la Municipalidad Provincial de Chiclayo para coordinar una solución viable a la situación de los posesionarios de las tierras.
“Ellos reconocen que se encuentran sobre propiedad de la empresa y que nadie podrá regularizarlos ni titularlos en tanto siga esa situación. El mismo presidente de la república ha dicho que siendo propiedad privada el Estado no podía meterse. Las familias lo han entendido. De las 11 asociaciones que existen, aproximadamente ocho están de acuerdo con iniciar la negociación con la empresa. Evaluamos ponernos de acuerdo en cuanto a los precios, lo cual no es difícil, porque el mercado es el que lo establece. Tenemos la mayor disposición de llegar a un acuerdo con las familias”, indica.
Deudas municipales
Respecto al endeudamiento con las municipalidades en cuyas jurisdicciones tiene tierras la empresa, Andrade Villar informa que con la comuna provincial de Chiclayo no hay ninguna deuda pendiente.
“A la Municipalidad Provincial de Chiclayo no se le debe nada. Absolutamente toda la deuda ha sido cancelada, hasta fines del 2022. Respecto a la Municipalidad Distrital de Pomalca, donde está la mayor cantidad de tierras de la empresa, hemos llegado a un convenio que ha sido aprobado por el concejo y el Directorio, para la reprogramación de la deuda, así como la monetización de terrenos que han sido ocupados para obras de agua y desagüe. Estamos al día con los pagos calendarizados. Con la comuna de Pucalá hemos hecho transferencias y tampoco hay deudas pendientes. Falta hacer lo mismo con Zaña y Pampa Grande, lo cual esperamos concretar a fines de año”, refiere.
Recientemente, la empresa ha transferido 11 terrenos a título gratuito al Obispado de Chiclayo.
Añade que la azucarera también cumple con el pago a la Junta de Usuarios del valle Chancay – Lambayeque por la disposición del recurso hídrico.
Modernización de la empresa
La azucarera cuenta actualmente con más de 2,000 kilómetros de mangas para riego, evitando de esa manera las pérdidas por evaporación y filtración.
“Nuestro plan es avanzar hacia el riego por goteo, pero esto se hará poco a poco. Estamos estabilizando a la empresa, rentabilizando y buscando mejorar la productividad, esperamos que el próximo año tengamos hectáreas instaladas con riego por goteo, inversiones muy grandes que estamos dispuestos a hacer”, menciona.
Al día, Pomalca produce entre 7,000 y 7,500 bolsas de azúcar, habiendo alcanzado continuidad en la producción de fábrica.
Todo hace indicar que en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - EPSEL, los procesos de selección para la adquisición de una serie de productos se llevarían trastocando la normatividad de las contrataciones del Estado, con el fin de favorecer a determinados proveedores, colocando en las bases requisitos no concordantes y validando ofertas que contienen documentos irregulares.
El 11 de octubre de 2022, el jefe del Órgano de las Contrataciones de la entidad prestadora, Jarlley William Jave Sánchez, realizó los procedimientos de admisión, evaluación y calificación de las ofertas de tres postores, entre ellas la presentada por la Estación de Servicios Líder, a quien le otorgó la buena pro del proceso convocado para la adquisición de 12 mil galones de Diésel B5 S50, pese a que los documentos que conformaron sus ofertas contenían vicios insubsanables, en cuanto los mismos siendo obligatorios, incluyendo su oferta económica, no habrían sido suscritos por su gerente general, Elizabeth Burga.
Los documentos irregulares
Conforme se puede apreciar en la imágenes que ilustran la presente nota, los documentos que contienen la oferta, que por cierto está publicada en el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, muestran que tanto en los anexos, incluyendo los dos precios propuestos y la declaraciones juradas que conforman la oferta del ganador de la buena pro, en este caso la Estación de Servicios Líder S.R.L., la firma y el sello que aparecen en dichos documentos, habrían sido trasladados mediante escaneo u otro medio, por cuanto se aprecia un nivel de identidad materialmente imposible entre las firmas atribuibles a la gerente general Elizabeth Burga López, lo que podrían estar revelando la existencia de un acto presuntamente irregular, mediante el traslado de un signo o imagen hacia otro documento que aparenta estar firmado.
La duplicidad de los precios ofertados
La oferta del adjudicatario de la buena pro, contiene un vicio flagrante que debió ser advertido al momento de su evaluación, esto es que, a pesar que la oferta no se encuentra foliada, pudiendo ser subsanada, en la misma obran dos ofertas económicas. Una de ellas proponiendo el precio por los 12 mil galones del carburante ascendiente a s/ 226,680 y una segunda, con un precio superior equivalente a s/ 244,680, este último tomado en cuenta como válido por el funcionario que admitió la oferta y dio como ganador a dicho proveedor, aceptando el mayor monto ofertado por el postor (ver imágenes).
Opinión legal
Expresión, a modo de obtener una opinión técnica – legal al respecto, solicitó su parecer al consultor en contrataciones del Estado Jorge Chávez Pita, quien manifiesta que tanto la normatividad que regula las contrataciones estales y las bases del proceso son de aplicación obligatoria, por lo tanto, refiere el consultor, ambos cuerpos normativos deben ser tomados en cuenta irrestrictamente por los funcionarios encargados de evaluar las ofertas que presentan los postores en un proceso de selección.
“En este caso no habría sido así, ya que conforme se aprecia la oferta del ganador no habría sido suscrita con la firma del representante en forma manuscrita, por el contrario todas las que rubrican los documentos que conforman la oferta, a la luz de las evidencias resultan ser iguales; es decir, podrían haber sido traslapadas. De esta manera el postor habría incurrido en un engaño sistemático que debió ser advertido con facilidad por el encargado de evaluar la oferta.
En el extremo de la presentación de dos anexos, en los cuales se propone dos precios diferentes, refiere el consultor que indubitablemente la oferta presentada por el postor que obtuvo la buena pro debió ser no admitida, por cuanto, según la norma, los postores solo deben presentar un sola oferta económica y no dos.
“Esa condición debió servir para que la oferta sea desestimada y no favorecerlo con la buena pro por las condiciones irregulares contenidas en la oferta del ganador”, concluye Chávez Pita.
El regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Percy Espinoza Gonzales, señala que la gestión de Marcos Gasco Arrobas le miente a la población al señalar que ha ejecutado 200 obras, cuando en realidad no ha sido capaz de gastar los recursos asignados a proyectos de inversión. Por su incapacidad, considera que es el peor alcalde de los últimos tiempos.
A menos de 70 días para que culmine la gestión del alcalde Marcos Gasco, ¿cuál cree que es el hecho que más daño le ha causado al gobierno provincial de Chiclayo?
Los órganos que imparten justicia no han actuado con la celeridad, pertinencia e idoneidad. Incluso pareciera que la Contraloría tampoco ha tomado mayor interés e incidencia ante los alcances que en su momento se han denunciado y que han sido la raíz de muchos de los problemas que tenemos ahora. Una de las primeras denuncias contra la gestión de Marcos Gasco fue la referida al perfil de puestos, que fue hecho a medida y permitió que funcionarios de confianza sean contratados reduciendo las vallas de idoneidad y capacidad.
En esos términos, eso ha generado que muchos de los funcionarios de áreas vinculadas a la gestión de inversiones ingresen sin tener la experiencia suficiente, lo cual repercute en la gestión de recursos para proyectos.
Entonces una de las principales deficiencias de la gestión ha sido el manejo de recursos para proyectos.
La gestión es paupérrima. Marcos Gasco habla de 200 obras en cuatro años de gestión, que si fuera cierto sería muy poco para el tiempo del gobierno. Pero si filtramos lo que son obras de actividades, en realidad nos quedamos con muy poco.
El rendimiento de un estudiante se ve con las notas y si Marcos Gasco fuera un estudiante saldría jalado. En los tres años anteriores, la ejecución ha sido menor al 30 %, y eso que estoy poniendo un promedio alto, porque en el 2019 fue de menos del 20 %.
Estos elementos nos dicen que la capacidad y habilidad del equipo gerencial municipal no son de envergadura. ¿Qué proyectos de impacto tiene la gestión de Marcos Gasco? Ninguno.
Debo remarcar que hablamos del presupuesto para proyectos de inversión, no del gasto corriente, que se destina para los pagos administrativos y de remuneraciones.
¿Se deduce, en consecuencia, que la nota es desaprobatoria para el alcalde de Chiclayo?
Claro, porque con esos indicadores de ejecución aproximadamente 30 o 40 obras se dejaron de realizar al año, pese a que tenían presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.
La ejecución en estos momentos está en el 40 %. Queda un mes para que la gestión dé resultados, porque el último mes del año será el de salida de la gestión. Con ese ritmo, calculo que al menos el 50 % de los recursos se dejarán de invertir a diciembre.
¿Cómo es posible que una gestión de cuatro años no haya aprendido a ejecutar los recursos? Eso evidencia no solo la incapacidad para el liderazgo, sino también la falta de conocimiento respecto al manejo municipal.
No es posible que 40 proyectos de inversión se dejen de ejecutar, a los que se suman las obras iniciadas, pero cuyo avance es prácticamente nulo.
¿No hay entonces 200 obras ejecutadas, como dice el alcalde?
La gestión tiene la actitud de maximizar lo poco que hace, que va a tono con el ego colosal que tiene la autoridad municipal, quien no duda en decir que es el mejor.
Una de las obras que él publicita es el denominado relleno sanitario, diciendo que es el más grande del Perú. Mentira, Chiclayo no tiene relleno sanitario. Lo que se tiene es un botadero y un proyecto de celdas transitorias, que es un mecanismo que ayuda a paliar el tratamiento de los residuos sólidos. Repito, son transitorias, con un período útil de tres años si es que se les utiliza bien.
Gasco la considera como obra y no lo es, porque tampoco es resultado de su gestión, sino una medida de reacción del Ministerio del Ambiente ante la situación presentada en Chiclayo por la pérdida de recursos de la cooperación suiza para continuar con el proyecto Chiclayo Limpio.
La gestión considera obra el pintado de los sardineles o el embellecimiento de un parque, que son actividades que cualquier municipalidad puede hacer porque tiene personal al que puede destinar para dichos servicios. Plantar un árbol es una obra para Gasco, pero no lo es.
Las obras, en la gestión pública, son proyectos destinados a crear o mejorar servicios ausentes, como habilitar servicios de agua y alcantarillado, construir pistas y veredas, no parcharlas.
La estrategia comunicacional de la gestión apunta a maximizar las cosas y a mentirle a la población.
¿Sumaría también la pobreza técnica de los proyectos que ejecuta la gestión?
Desde luego y uno de ellos es el cambio de veredas en la avenida José Balta. Existe el riesgo de que la intervención no se culmine este año. La estrategia del alcalde y sus funcionarios ha sido intervenir donde no era urgente hacerlo, cumpliendo quizá la recomendación del ex gerente municipal, Juan José Salazar García, quien le planteó invertir en el centro de la ciudad para que la población vea que está trabajando.
Por su desesperación, al no haber conseguido obras de impacto real, con la percepción generalizada de que es una autoridad incompetente, decidió iniciar intervenciones en el casco central para que la gente vea que algo hace. El problema es que le ha salido el tiro por la culata y hoy tenemos obras como la calle Arizola, donde por un mal cambio de las redes de agua y alcantarillado no se pueda avanzar con la pavimentación.
La torpeza, su actitud bravucona, insolente, poco dialogante y antidemocrática, incoherente, generan la sensación de que hemos tenido el peor alcalde de los últimos 40 años. Incluso podríamos decir que hasta Roberto Torres y David Cornejo, hoy presos por corrupción, tuvieron un poco más de tino para conducirse y dialogar con la población.
¿Cuánto ha recibido la Municipalidad Provincial de Chiclayo para proyectos de inversión?
Se han recibido 105 millones este año para obras y proyectos, de los cuales ha ejecutado el 40 %. Como he señalado, siendo optimistas a diciembre próximo se habrá llegado al 50 %.
Eso significaría que casi 50 millones de soles no serán utilizados, lo que nos lleva a plantear los desafíos de la próxima gestión. Son aproximadamente 35 proyectos, que teniendo recursos, tienen 0 % de ejecución presupuestal; es decir, que no se han iniciado.
¿Cuál es la principal tarea que debe abordar la próxima gestión municipal, que estará a cargo de Janet Cubas Carranza?
Planificar la ciudad. Lo que hemos visto en esta gestión es improvisación y desorden. Si uno revisa el portal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo encontrará un plan de Desarrollo Concertado que no se ha actualizado en los últimos tres años, cuyo horizonte ya feneció.
Si el alcalde hubiera querido, hubiera planteado un proceso de planificación para los próximos 20 años, que dé pautas o líneas de trabajo para el gobierno local.
El Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano está entrampado porque tiene más de 400 observaciones, pero también se ha visto la intención de parte de la comuna y sus funcionarios de impedir que el plan se concrete. ¿Por qué? Porque de haberse tenido hubiese ordenado parámetros de construcción, por ejemplo. Entonces, al no existir el plan se permiten construcciones irregulares en zonas donde la planificación no lo admitiría, y ahí gana la corrupción.
Mediante el recurso de impugnación presentado ante el Tribunal de Contrataciones del Estado - TCE, el Consorcio Ejecutor Pacora se opuso a la decisión tomada por el gerente regional de Agricultura, Leopoldo Fernández León, contenida en la Resolución Gerencial Regional N° 000240-2022-GR.LAMB/GRA, la misma que en su artículo 1° resuelve declarar la perdida de la buena pro a dicho postor y otorgarle la misma al que ocupó el segundo lugar, a pesar de que su oferta fue sustancialmente más alta.
De acuerdo al escrito de impugnación presentado ante el TCE por el Consorcio Ejecutor Pacora, a quien se le adjudicó la buena pro para la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de agua para riego de la Comisión de Usuarios de Pacora”, valorizada en 18 millones 777 mil soles, se pretende que se deje sin efecto la decisión de la entidad de declarar la pérdida de la buena pro y el otorgamiento de la misma a la empresa Altavista Inversiones Globales S.A.C. Consecuentemente, solicita al TCE disponga el perfeccionamiento del contrato por haber cumplido con los requisitos para su formalización.
Primer Fundamento
El recurso impugnativo se sustenta sobre la base de que la declaración de la pérdida de la buena pro es plenamente un acto administrativo, por lo tanto debe cumplir con los requisitos de validez contemplados en la normatividad de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
Refiere el impugnante que para declararse su nulidad debe verificarse que haya sido emitido por el órgano competente, contenga expresado inequívocamente su objeto, persiga la finalidad del interés público, se encuentre motivado y sea el resultado de un procedimiento administrativo.
Segundo fundamento
En el sentido del primer fundamento planteado por el apelante, este expone que, según la ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, se estipula que las funciones que debe realizar cada funcionario que participa en el proceso de contratación (desde los actos preparatorios hasta su culminación), amparándose a la vez en el artículo 5° del reglamento, el cual establece que el Órgano de las Contrataciones – OEC, tiene como función la gestión administrativa del contrato, que “involucra el trámite de su perfeccionamiento”.
Tal es así que invoca el artículo 64° del reglamento, el cual dispone que una vez consentida la buena pro, el expediente de contratación es remitido al OEC, “para que ejecute los actos destinados del contrato y realice la verificación de la oferta presentada”, asumiendo claramente que el OEC tiene un papel “predominante” durante el procedimiento del perfeccionamiento de la relación contractual. De manera que no habría dependencia que pueda arrogarse las prerrogativas, potestades y obligaciones que tanto la ley y su reglamento prevén sean ejercidas por el OEC.
La corroboración del procedimiento
En esa misma línea, el impugnante Consorcio Ejecutor Pacora plantea su oposición al documento resolutivo en función al comentario precitado y refiere que si un órgano distinto del OEC , en este caso la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque, “pretende indebidamente declarar la pérdida de la buena pro, pese a que se trata de una función exclusiva del OEC”, esto implicaría una usurpación de funciones.
De esta manera quedaría demostrado que, independientemente de que la decisión de declarar la pérdida de la buena pro y el requerimiento al segundo postor “son actos administrativos emitidos por órganos incompetentes”, el gerente de agricultura habría asumido las potestades del OEC, hecho que no sería subsanable.
La falta de motivación
La falta de motivación resolutiva tendría mayor énfasis en cuanto la entidad no indica con precisión cuáles son los documentos que mantienen las observaciones a los documentos presentados por el apelante para la suscripción del contrato, por cuanto el cuerpo resolutivo solo hace un recuento de los informes emitidos por los diversos funcionarios de la Gerencia de Agricultura, no habiendo ningún párrafo que haga referencia a la “lista final” de los documentos no subsanados.
En este sentido, según el impugnante existiría “una deliberada intención de no motivar la decisión a efectos de impedir que el contratista ejerza adecuadamente su derecho a la contradicción”.
Para el consorcio, la declaración de la pérdida de la buena pro es un acto totalmente arbitrario, irrazonable e inmotivado.
El consultor en Contrataciones del Estado Jorge Chávez Pita hace hincapié en que habiendo el TCE admitido el recurso impugnativo recientemente, el debido proceso para la emisión de la resolución decisoria por parte del colegiado demandará que esta sea emitida, probablemente, a más tardar en 45 días, lo que implicaría un riesgo que el presupuesto asignado para la ejecución de la obra valorizada en más de 18 millones de soles se revierta al erario nacional, en cuanto el TCE podría anular el proceso por algunos vicios advertidos en las bases del proceso, consecuentemente el mismo volvería a fojas cero.
El retraso procedimental
Desde los primeros días de abril del año en curso, la Gerencia Regional de Agricultura viene pugnando por llevar a cabo el proceso convocado el 7 del mismo mes bajo la modalidad de una Licitación Pública, cuyas bases han sido materia de sendas observaciones por parte de los participantes, las cuales en su mayoría no fueron acogidas por el comité de selección, lo que indujo a los observantes a solicitar elevación de las mismas ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE, con la finalidad que el ente supervisor emita su pronunciamiento, el cual ha sido emitido con una significativa demora, para luego siguiendo con los actos procedimentales, adjudicarle la buena pro al Consorcio C&C Contratistas, que mediante la Resolución Gerencial N° 163-20222-GR.LAMB/GRA, perdió la buena pro por no cumplir con los requisitos para la firma del contrato, quedando desierto el proceso.
A partir de ahí, el 21 de julio la entidad convocó un segundo proceso simplificado, sobre el cual, a pesar de haber sido adjudicado al Consorcio Ejecutor Pacora, el actual gerente de Agricultura, emitió la resolución materia del recurso de apelación interpuesto por dicho consorcio ante el TCE.
