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El asesor legal de la Empresa Agroindustrial Tumán, Agustín Vásquez Paz, cuestionó las administraciones judiciales impuestas por el Poder Judicial y advirtió que detrás de la demanda laboral por 12 millones de soles se esconde una nueva intención de volver a este tipo de administraciones, que solo han causado daño y caos en las azucareras.
Invocó a la masa trabajadora, a los socios y a los jubilados de la Agroindustrial Tumán a asumir responsablemente la obligación de sacar adelante a la empresa. “Nosotros somos técnicos que estamos apoyando la titánica labor de recuperación de los activos para sacarla adelante, pero sin legitimidad, sin seguridad jurídica, nada se podrá lograr, así que invoco que cesen estos actos de sabotaje de los extrabajadores, pero principalmente pido al Poder Judicial a frenar las administraciones judiciales que solamente causan daño”, señaló.
Recordó que en el 2017 la empresa fue secuestrada en el manejo administrativo y de gestión por los mandatos judiciales ilegales que provenían de otros distritos judiciales fuera de Lambayeque, es decir, de Amazonas, Bagua, Sullana, entre otros.
En ese contexto, terceras personas sin ningún tipo de legitimidad manejaron a su antojo el patrimonio de la empresa hasta el año 2019, en que el quinto directorio que preside el abogado Iván González Valdivia, retomó la gestión y recuperó la legalidad de los órganos de gestión.
Indicó que se logró declarar la nulidad del proceso instaurado en Bagua, después de dos años de una larga lucha judicial para traer el proceso a la ciudad de Chiclayo, asumiendo la competencia el Tercer Juzgado Civil, a cargo del juez Juan García Mayorga.
“Después de un largo debate judicial logramos declarar la nulidad de la medida cautelar que afectaba a la empresa y además también declarar la nulidad de la supuesta deuda a favor de un acreedor por tres millones de soles”, anotó.
El factor Marrufo
Precisó que en esta acción fraudulenta apareció como un actor principal, el famoso abogado Salatiel Marrufo, asesor presidencial del gobierno de Pedro Castillo, quien generó este tipo de obligaciones que a su vez fue la consecución de otras medidas cautelares tramitadas en la ciudad de Bagua, presuntamente “inventando deudas para mantener secuestrada a la empresa”.
Señaló que dicha situación concluyó el año pasado con un fallo definitivo por parte del Juzgado Civil de Chiclayo. Sin embargo, por cuestiones de interpretación, los órganos de gestión recién fueron registrados este año.
Manifestó que la emisión de medidas cautelares fuera de la jurisdicción está controlada. Sin embargo, la nueva estrategia de quienes buscan el control de la empresa sería aprovechar el estado de indefensión e introducir un nuevo proceso laboral, esta vez, con el auxilio y la convivencia de trabajadores de la empresa que tienen acreencias laborales.
“El año pasado ha ingresado en forma acumulada una demanda judicial por un promedio de 12 millones de soles”, anotó.
Indicó que el tema es gravísimo, porque la empresa está paralizada y los terrenos están abandonados. “Con las vigencias registrales nos apersonamos al proceso y hemos solicitado la nulidad de lo actuado hasta la emisión de la demanda, ya que recién se nos está notificando los actuados para ejercer defensa”, anotó.
Formalismos del juez
Sin embargo, prosiguió, “nos hemos encontrado con un juez excesivamente formalista que sostiene que aun cuando la empresa ha estado secuestrada, ha tenido representantes legales, omitiendo revisar la partida registral”.
“Por ello hemos adjuntado el último mandato judicial que declara la nulidad de los órganos fraudulentos y se retrotrae hasta el año 2017; es decir, la nulidad no solamente abarca la última administración judicial del señor Erick Benavides Timaná, sino que también se retrotrae a las otras administraciones que han sido canceladas por falsas o por nulas”, indicó.
En ese contexto, explicó, el magistrado estaba obligado a suspender el proceso, y remitir copias al Ministerio Público, tal como se ha pedido mediante un documento formal.
“Los mismos trabajadores demandantes han sido sorprendidos por un supuesto acreedor al momento de que ellos han emitido poder, por ello, se desisten de la demanda y denuncian que han sido sorprendidos”, remarcó.
Sin embargo, el juez de la causa no les hizo caso y ordenó pagar las tasas judiciales por el desistimiento y por la forma especial de conclusión del proceso.
Asimismo, estableció que esa nulidad iba a ser tramitada posteriormente. “Los trabajadores con mucho esfuerzo hacen el pago de sus tasas judiciales y el juez emite sentencia y después ha corrido traslado de la nulidad”, indicó.
Afirmó que tienen conocimiento que el grupo que antes impulsó las administraciones fraudulentas quiere recobrar el manejo de la empresa, y ya ha interpuesto una medida cautelar en forma de administración judicial. “Eso es gravísimo, por eso nosotros estamos invocando a los órganos jurisdiccionales y al presidente de la Corte para que en defensa de la imagen del Poder Judicial no se permita esta clase de leguleyadas”, anotó.
“Nosotros creemos y confiamos en los órganos de administración del Distrito Judicial de Lambayeque, porque después de una larga lucha nos han permitido recobrar legitimidad y vigencia, que son los únicos elementos que se puede tener para lograr el reflotamiento empresarial, tal como ha ocurrido en la empresa Pomalca, en la cual yo también dirigí la gestión legal”, señaló.
Recordó que ahí se demostró que con solo seguridad jurídica se puede asumir una verdadera gestión de reflotamiento.
Manejo parcial
Reveló que desde que se inició el proceso de reflotamiento y estructuración de Tumán no se ha logrado recobrar el control total de las instalaciones, porque hay un grupo que ocupa la gerencia, el directorio y otras oficinas administrativas, “teniendo secuestrada toda la documentación financiera, administrativa y laboral”.
“Nosotros ya hemos hecho la denuncia, pero lamentablemente como todo estado de derecho tiene un trámite, recién el día 26 de agosto el Ministerio Público ha programado la diligencia en mérito a la carpeta fiscal 2402- 2022, a cargo del fiscal Eduardo Céspedes García, donde se va a verificar precisamente el estado de secuestro de información”, acotó.
Añadió que la toma de instalaciones para impedir de puedan ejercer de manera válida y sustentada el derecho de defensa, porque al no contar con los medios suficientes informativos no pueden dar a conocer a los juzgados la verdadera situación financiera y laboral.
Precisó que las personas que ahora tienen tomado el control físico de algunas instalaciones estarían inmersas en el delito de usurpación agravada.
“Los trabajadores inmersos en el fraudulento proceso judicial laboral cometen los delitos de fraude procesal y falsedad, porque se está incluyendo dentro de la pretensión laboral periodos que no han laborado y están reclamando gratificaciones de los años 2019- 2020, en los cuales la empresa estaba paralizada”, señala.
Indicó que estimar el daño causado a la empresa es complicado, pues “son millones de soles del patrimonio que se está destruyendo”.
“Es importante identificar la verdadera razón por la cual estas mafias están enquistadas y para apropiarse de las tierras de la azucarera”, reveló.
Patrimonio
Señaló que la actual gestión viene recuperando un promedio de 250 hectáreas de tierras urbanas, dispuestas ilegalmente por los administradores judiciales nombrados por el Poder Judicial.
Estimó la invasión en un promedio de mil hectáreas que significan millones de dólares en daños y perjuicios, sin tener en cuenta la falta de producción y la falta de siembra de los campos.
No obstante, señaló que la empresa Tumán tiene la suficiente capacidad para recuperarse, por cuanto su valor patrimonial es cuantioso.
Manifestó que aún hay un promedio de 500 hectáreas por recuperar, entre terrenos agrícolas y urbanos, ubicados al costado de las carreteras, y por un tema de carácter legal son incorporadas dentro de la estructura de carácter urbano. “Entonces su valor patrimonial se multiplica por 10 o por 15, entonces este nicho de negocios es el imán para las redes criminales”, enfatizó.
Agregó que estas acciones vienen siendo investigadas por la Fiscalía de Crimen Organizado de Lambayeque, para lo cual se está estableciendo una serie de diligencias. “Uno de los principales procesados es el señor Salatiel Marrufo junto a otros ex administradores judiciales de la empresa”, detalló.
Recordó que Salatiel Marrufo fue apoderado del administrador judicial Daniel Riojas. “Le entregó poder a este abogado para que hiciera y deshiciera con el patrimonio de la empresa”, dijo.
Señaló que el Poder Judicial ha declarado nula su gestión y, por lo tanto, esa nulidad también alcanza y se extiende a los actos celebrados por estas personas, por lo tanto, todos los contratos suscritos son nulos. “Gracias a ello se empezará a recuperar poco a poco el patrimonio”, acotó.
En julio de 2017, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, anunció que asumiría la administración de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL S.A., lo que se formalizó con la Resolución Ministerial Nº 262-2017, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la que en su artículo 2° resolvió ratificar el Tercer Acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de la OTASS, en la Sesión N° 012-2017 de fecha 22 de junio de 2017, que declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio, con el objetivo de fortalecerla, “a fin de lograr su reflotamiento y mejorar la prestación de los servicios de saneamiento en su jurisdicción”.
Han transcurrido cinco años desde la implementación de esta decisión, sin que hasta la fecha se visualice una mejora sustantiva en la gestión de la empresa del agua y/o una mejora en los servicios que brinda, a pesar del apoyo financiero que OTASS viene brindando durante todo este tiempo.
Procesos poco claros
En nuestra edición anterior, informamos sobre el contrato suscrito entre EPSEL S.A. e Industrias Triveca S.A.C., empresa imputada en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, “Los limpios de la corrupción”, por haber efectuado pagos de coimas a exfuncionarios de EPSEL S.A., o sea, la empresa del agua firmó contrato con una empresa que la agravió.
En esta ocasión, nuestra unidad de investigación ha determinado que presumiblemente habría existido sobrevaloración en la Adjudicación Simplificada N° 04-2021, derivada del Concurso Público N° 003-2020-EPSEL S.A., para la “Contratación del Servicio de Mantenimiento Correctivo de 01 Hidrojet y 01 Máquinas de Balde a todo costo para la EPS Epsel S.A.”.
La empresa ganadora de la buena pro, por un monto de 599 mil 520 soles, fue Hidrobombeos Ingenieros S.A.C., empresa que ha tenido como único cliente en el Estado a SEDAPAL, que es la entidad que brinda los servicios de agua potable y alcantarillado en Lima.
Mantenimiento correctivo de hidrojet
Según el Contrato N° 011-2021-EPSEL S.A./GG/GAF, de fecha 7 de julio de 2021, se debía realizar mantenimiento correctivo al Camión Hidrojet marca Aquatech, modelo B10, de placa EGN-233, a un precio unitario de 239 mil 520 soles, en un plazo de 120 días, que vencieron el 4 de noviembre de 2021. En el Resumen Ejecutivo elaborado por la Sub Gerencia de Logística se señala que existe pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento en el mercado. Sin embargo, no señala y/o detalla quiénes son esos proveedores.
Lo extraño, es que, el 20 de diciembre de 2016, EPSEL S.A., previo a que la OTASS asuma la administración de la empresa, convocó a la Adjudicación Simplificada N° 025-2016-EPSEL S.A./GG (la que se declaró desierta y se volvió a convocar el 6 de abril de 2017, declarándose nuevamente desierta, aunque sí hubo postores), para la “Contratación de Servicio de mantenimiento Correctivo y Preventivo de Camiones Hidrojet”, para lo cual, previamente, se realizó un estudio de mercado por parte de la Sub Gerencia de Logística para determinar el valor estimado del costo del servicio y la existencia de pluralidad de proveedores en el mercado, el cual arrojó que para el mantenimiento correctivo y preventivo a ocho unidades hidrojet (cuatro inoperativas y cuatro operativas), un costo total (no unitario) y/o valor referencial de 335 mil 969.60 soles.
¿Cómo es que en solo cuatro años (desde el 2017 al 2021), el costo de mantenimiento de camiones hidrojet pasó de 335 mil 969.60 soles por ocho unidades a 239 mil 520 soles por una sola unidad?
Reparación de máquinas de balde
Según el mismo Contrato N° 011-2021-EPSEL S.A./GG/GAF, de fecha 7 de julio de 2021, Hidrobombeos Ingenieros S.A.C. debía realizar mantenimiento correctivo diez máquinas jaladoras de balde (en realidad cinco juegos de máquinas de balde), específicamente a los motores Lister Petter, modelo TR2, que utilizan, a un precio unitario (por motor) que oscila entre los 35 mil y 40 mil, en un plazo de 120 días, que vencieron, igualmente, el 4 de noviembre de 2021.
Sin embargo, en el año 2018, EPSEL S.A., convocó a la Adjudicación Simplificada N° 010-2018-EPSEL S.A./GG, para la “Adquisición de dos motores Lister Petter TR2 para la reparación de máquinas de balde en el marco de prevención del Fenómeno del Niño 2015-2016”, adquisición que se formalizó mediante Orden de Compra N° 1800508, por un monto total de 61 mil soles; o sea, un precio unitario por motor nuevo de 30 mil 500. ¿Por qué reparar un motor Lister Petter TR2 a un costo de entre 35 mil y 40 mil soles, cuando el mismo motor nuevo costó 30 mil 500?
El dato
El actual gerente general de EPSEL S.A. es Víctor Manuel Mondragón Villalobos, ingeniero químico de profesión, quien, según la Plataforma de Gestión de Visitas e Intereses de la Secretaría del Gobierno Digital del Perú, el 9 de agosto de 2021, visitó al recién designado jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, abogado Salatiel Marrufo Alcántara, en una reunión que duró aproximadamente 1:35 horas. Después de siete días, el 16 de agosto de 2021, el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado López, emitió la Resolución Ministerial N° 244-2021-VIVIENDA, designando a Mondragón Villalobos en el cargo de director de la Dirección de Gestión y Coordinación en Construcción y Saneamiento de la Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento de la referida cartera ministerial.
Posteriormente, cuando Salatiel Marrufo ejercía como miembro del Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios – OTASS (del 20 de enero de 2022 al 11 de abril de 2022), mediante Resolución de Consejo Directivo N° 005-2022-OTASS/CD, de fecha 30 de marzo de 2022, Víctor Manuel Mondragón Villalobos fue designado gerente general de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL S.A.
El 11 de agosto último, la Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, dispuso iniciar investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, y a Geiner Alvarado, en su condición de ministro de Vivienda por presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, debido a esto, Salatiel Marrufo, miembro del entorno del jefe de Estado, y amigo personal del ahora detenido Nenil Medina (alcalde de Anguía), renunció como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda y de la empresa SEDAPAL.
Según el Manual de Organización y Funciones – MOF, de EPSEL S.A. vigente, los requisitos mínimos para ejercer el cargo de gerente general es tener como formación: Ingeniero Sanitario, Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial, Economista o Licenciado en Administración, colegiado y hábil, y además tener formación a nivel de Post Grado, requisitos que no cumpliría Víctor Manuel Mondragón Villalobos, pues, como ya se ha señalado es Ingeniero Químico.
En el 2018, Mondragón Villalobos postuló al cargo de Analista en Evaluación Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, ni siquiera llegó a la Evaluación de Conocimientos, pues fue eliminado en la Evaluación Curricular.
Con la Resolución N° 10, recaída en el Expediente 001-2022-CEP-ICAL, el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque declaró fundada la denuncia contra el exdecano de la orden José María Balcázar Zelada, por trasgresión del Estatuto del ICAL y del Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú. En consecuencia, de conformidad al estatuto de la orden se ha dispuesto la expulsión definitiva del también actual congresista de la república por Lambayeque.
La orden profesional otorga cinco días hábiles para que el abogado pueda interponer la impugnación correspondiente.
A Balcázar Zelada se le atribuye haber generado perjuicio económico al Colegio de Abogados de Lambayeque, incumplido de manera sistemática y dolosa el estatuto, afectado la imagen de la institución y negarse a rendir cuentas de los recursos ingresados a una cuenta personal, pero que pertenecían al ICAL.
El proceso
El proceso administrativo disciplinario contra Balcázar Zelada fue aprobado por unanimidad por el Consejo Directivo del ICAL el 7 de enero de este año, en vista que el procedimiento disciplinario anterior recaído en el Expediente 025-2021-CEP-ICAL, fue declarado nulo de oficio, al haberse tramitado con el Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los Órganos de Control Deontológico de los Colegios de Abogados del Perú, el mismo que fue derogado por la Resolución N° 020-2022-P-JUDECAP-CD-2020/202.
Ante ello, el 24 de marzo el decano del ICAL, Carlos Martínez Oblitas, en su calidad de decano de la orden interpuso la denuncia administrativa contra José María Balcázar, admitiéndose a trámite cuatro días después por presuntas faltas contra el Estatuto y el Código de Ética.
El inicio del procedimiento fue notificado debidamente a Balcázar Zelada, concediéndole 10 días de plazo para que presente sus descargos, conforme al reglamento. Empero, este no formuló descargos, pero sí interpuso un recurso de inhibición del Consejo de Ética, por los que se asume que el procedimiento sí era de su conocimiento.
Los cargos
Entre los cargos señalados en el proceso disciplinario contra el actual congresista por Lambayeque se tiene su negativa a presentar el informe económico del período 2019-2020. El consejo directivo también le solicitó por vía notarial la entrega de la medalla de oro del colegio, bien que finalmente devolvió.
“El 3 de mayo del 2021 se alcanza la información contable extraída del sistema de tesorería de los años 2019 y 2020, donde se toma de conocimiento que los ingresos por ambos años ascendieron a la suma de dos millones 779 mil 372.40 soles de ingresos”, se lee en la resolución.
Sobre el particular se tiene que Balcázar Zelada abrió dos cuentas de ahorros a su nombre en la Caja Trujillo, en las cuales se depositaron los ingresos del ICAL de los años 2019 y 2020.
A ello se suma que durante su gestión como decano, José María Balcázar aplicó la suspensión perfecta contra los trabajadores de la institución, decisión que fue declarada irregular por la zona de trabajo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, aplicando las multas correspondientes.
Se tiene también que entre el 2018 y el 2020 se colegiaron un total de 750 abogados, cuyos pagos por colegiatura ascendieron a un millón 132 mil 500 soles, cuyo monto se presume fue abonado a las cuentas de la Caja Trujillo, a nombre del ex decano.
También se tomó conocimiento del robo a las instalaciones de la orden, ocurrido el 24 de junio del 2020, por el cual se perdieron 15 mil 775.20 soles.
Asimismo, el informe de Tesorería dio cuenta de los egresos de la caja central del 2019 y 2020 por una serie de conceptos, incluyendo dietas a los integrantes del consejo directivo que manejó el colegio al lado de Balcázar Zelada.
“Del área de Contabilidad han recepcionado copias de boletas, recibos, recibos por honorarios y facturas de los años 2019 y 2020 y que demostraría un inadecuado manejo y perjuicio del patrimonio económico del ICAL y supuestas irregularidades en compras efectuadas en la gestión del exdecnao José María Balcázar Zelada”, reza la resolución.
Otro elemento consignado es la existencia del Expediente 4485-2019, donde se viene investigando a Balcázar Zelada por el presunto delito de asociación ilícita.
“Una de las irregularidades y contraviniendo el Estatuto de la Orden es que el exdecano elaboró y aprobó un estatuto al margen del procedimiento para su aprobación y que los utilizó para convocar sus elecciones truchas y que ha merecido un pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional en el proceso de amparo recaído en el Expediente N° 1497-2020-0-1706-JR-CI-07, que resuelve declarar fundada la demanda y suspende las elecciones convocadas por el exdecano para el día 12 de diciembre del 2020 y a su vez declara inaplicable y sin efecto alguno el estatuto aprobado mediante Resolución N° 14/JD/ICAL/2020”, indica la resolución.
Hasta la emisión de la resolución el ICAL no recibió informe alguno por parte del decano exdecano denunciado sobre el ameno económico de los años 2019-2020
Pagos injustificables
Entre los hallazgos se tiene que el ICAL realizó desembolsos por combustible cuando estaba vigente el período de inmovilización obligatoria por la emergencia del Covid-19, así como pago a los directivos designados por Balcázar Zelada por asistir a ceremonias de colegiatura virtual, cuando se sabe que los cargos directivos son ad honorem.
También se halló recibos por honorarios como recibos de caja por pago de asesorías legales y otros conceptos oficiosos.
“La comunidad jurídica de nuestra orden está ávida de conocer el manejo de los fondos de su orden profesional, en el entendido que no lo recaudado (dos millones 779 mil 372.40 soles) se haya gastado de forma irresponsable e irracional y que de dicho monto no se ha recibido monto alguno”, indica la resolución.
“Es insoslayable un perjuicio económico a la orden profesional y que el abogado denunciado al haber ostentado el máximo cargo que puede asumir un abogado dentro del ICAL, no haya tenido el mínimo interés de conducirla de forma leal y proba, perjuicio económico que no tiene precedentes en los cien años de vida institucional”, añade.
En consecuencia, la orden considera que estos hechos mellan la buena y ganada imagen institucional, cuando el ICAL como entidad pública en la que sus miembros ejercen el derecho son los llamados a respetar la ley y los derechos que amparan la Constitución y Convenios Internacionales ratificados por el país y que son de cumplimiento obligatorio por parte de todos los peruanos sin excepción.
El Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Lambayeque, en su afán dar cumplimiento al objetivo señalado por su decano arquitecto Wilmer Ramírez Namuche, de fortalecer la institución con criterios básicos de integración, unidad, colaboración, solidaridad y respeto, viene realizando una serie de acciones destinadas a atender las numerosas exigencias de los agremiados.
Es así que mediante la Dirección Regional de Bienestar, bajo la directiva de la arquitecta Ana Cecilia Quiñones Chambergo, inauguró el pasado viernes 12 de agosto el ciclo de conversatorios que abordará temas como, Patrimonio Histórico, Arquitectura, Ciudad y Territorio.
El tema elegido para el evento de apertura de este ciclo, fue hacer una revisión del libro “Historiografía del Centro de Chiclayo y del Palacio Municipal”, con objetivo de dar a conocer a generaciones de profesionales más recientes, esta obra de interés regional y gremial, la misma que fuera publicada hace siete años por el Grupo Editorial Expresión bajo el auspicio del CAP Regional Lambayeque, pues constituye una valiosa contribución al rescate de la memoria del patrimonio arquitectónico e inmaterial del pueblo chiclayano, así como documento de consulta obligado para futuras propuestas de restauración en nuestro medio.
Intervenciones
Este conversatorio se inició con la exposición acerca de la génesis, vicisitudes y pormenores del libro, a cargo de la arquitecta Velia Beltrán Centurión, autora de la obra. Su disertación se centró en compartir sus experiencias desde el surgimiento del material, que luego de no llegar a cumplir su destino final -ser parte de una propuesta de intervención restauradora para el siniestrado Palacio Municipal de Chiclayo- le serviría de base para convertirse en la obra que en esa ocasión nos convocaba.
“La restauración es una actividad delicada, que necesita atender dos aspectos fundamentales antes de intervenir físicamente en alguno de los elementos arquitectónicos que forman parte del edificio a recuperar” señaló.
Y para hacer más didáctica su explicación recurrió al símil de la célula y el tejido orgánico. “Siendo el edificio a intervenir una célula, el entorno de unas cuadras a la redonda viene a ser el tejido urbano que la contiene. No se puede pensar en tocar la célula sin conocer previamente a profundidad lo que ocurre en el entorno, por ello es que dedicamos un exhaustivo análisis urbano arquitectónico tanto literal como diagramado, desde diversos aspectos, entre los que podemos citar, circulaciones, áreas verdes, usos de suelo, altura de edificaciones, estilos arquitectónicos, patrimonio arquitectónico y estado de conservación entre otros.”
Además, indicó: “El restaurador es al arquitecto, lo que el geriatra al médico” refiriéndose a que no se puede ser restaurador sin ser arquitecto, como no se puede ser geriatra sin primero ser médico, dejando en claro que la restauración de monumentos arquitectónicos es una especialidad de esa profesión.
Y siguiendo esa línea explicó: “El edificio a restaurar debe ser visto y tratado como a un venerable anciano que, por el paso del tiempo, sumado en muchos casos a la inconciencia de sus usuarios, ha perdido la salud. Es allí donde se debe intervenir para devolverle en la medida de lo posible, la funcionalidad y belleza que ha ido dejando atrás, respetando al máximo la autenticidad de sus elementos, reemplazando únicamente lo que ha sufrido daño irreparable. El objetivo es prolongar su existencia lo más auténticamente posible y así lograr que siga formando parte de la historia de la ciudad en la cual ha servido de escenario a las generaciones que nos precedieron y que debemos legar a las generaciones por venir, como símbolo de cohesión colectiva a través de los tiempos.
Un ciudadano que no piense en el debido respeto a sus monumentos históricos, es equivalente a un sociólogo estuviera de acuerdo en librar a la sociedad de sus mayores, para permitir una existencia más holgada de la nueva juventud, o como un médico que aplicara la eutanasia indiscriminadamente porque el paciente ya vivió lo suficiente y por ello no mereciera seguir viviendo, cuando las sociedades más sólidas han sido aquellas que no solo valoraban y respetaban, sino que se nutren de la experiencia sabiduría de sus venerables ancianos, por los que debe ahora velar.
Pues bien, al igual que todo paciente tiene una historia clínica que el profesional que lo tratará debe conocer a fondo, el edifico a intervenir tiene también una historia que se debe de estudiar, sus antecedentes, su génesis, sus gestores, sus cambios de uso o modificaciones en el tiempo, su fisonomía, inclusive los cambios de color que sufrió cada uno de sus elementos, lo cual únicamente es posible conocer mediante una cala estratigráfica realizada por expertos para obtener los datos de la manera menos invasiva posible”.
Al cabo de un año de trabajo de gabinete, dedicados al exhaustivo estudio de ambos aspectos fundamentales para hacer la propuesta de intervención restauradora, por motivos que no merecen la pena comentar en este artículo, la arquitecta Beltrán -quien ganara un concurso público para realizar este trabajo- fue torpemente separada y como suele suceder cuando se trata con autoridades inescrupulosas se la quiso acusar de no haber cumplido con lo asignado pretendiendo amedrentarla con que sería demandada.
Afortunadamente para ella, quincenal y religiosamente su equipo había presentado por mesa de partes y con cargos debidamente sellados informes tanto de los avances de su trabajo como de los contratiempos ocasionados por el incumplimiento por parte de las autoridades de turno que retrasaban los avances.
Expresión, la acompañó en esta parte del camino haciendo públicas en muchas ocasiones sus demandas a la autoridad cuyo único interés parecía ser obtener un lucro ilícito, sin importarle realmente que se ejecutara una restauración adecuada.
“Así fue que quedé con el estudio más completo tanto del entorno, como del propio Palacio Municipal, objeto arquitectónico de lujo y protagonista de la historia de nuestra ciudad. Solo tenía dos opciones, aceptar la frustración de ver como ante la indiferencia de muchos se seguían desenvolviendo hechos indignantes en torno a este tema, o hacer algo bueno con lo que tenía entre manos y que tanta dedicación y esfuerzo me había costado producir. Decidí que seguiría en ejemplo de la ostra, y convertiría esa desazón, esa incomodidad en el granito de arena que lastima al molusco, y que como mecanismo de defensa reacciona cubriendo lentamente la partícula con una mezcla de cristales disueltos en una especie de baba, que al ir solidificando forma la sustancia conocida como nácar para producir al final una valiosa perla, este libro”.
Teniendo en cuenta que lo que hubiera sido parte de un expediente técnico pudiera bien ser entendido y apreciado por los profesionales del gremio, decidió ampliar el espectro del posible público interesado en contar con esta obra. El estudio del entorno sería el capítulo uno de su libro y la investigación del Palacio Municipal sería el tercero. Como segundo capítulo tendría una revisión historiográfica de la ciudad de Chiclayo, sustentada en el registro fotográfico de Chiclayo antiguo.
Trabajo editorial
“Sentí que alguien de mi generación estaba llamado a recoger el testimonio hablado de una generación que sí logró conocer parte de ese Chiclayo hermoso -que en algún momento llegó a ser la ciudad capital provincial con mayor unidad estilística del periodo republicano del país- y que poco a poco ya se estaba marchando, contrastarlo con registros fotográficos, con planos antiguos o con otras versiones de personas que también guardaban recuerdos y añoranzas de otros tiempos, acaso mejores para nuestra ciudad y luego de filtrar lo más cercano a la verdad que fuera posible, plasmarlo para transmitirlo a las generaciones venideras” acotó la arquitecta Beltrán Centurión.
Este conversatorio contó como invitado especial, con la presencia del periodista Daniel Gustavo Vera Vera, representante de la casa Editora del Libro “Historiografía del Centro de Chiclayo y del Palacio Municipal”, quien brindó un interesante análisis sobre el significado, importancia y transcendencia de esta obra para los profesionales de la regional Lambayeque, así como una simpática semblanza de autora y editora.
Así mismo, ya que se trataba de una de las obras publicadas en los talleres de Expresión, en esta ocasión el CAP – Regional Lambayeque consideró justo y necesario otorgarle un reconocimiento a Rosa Amelia Chambergo, decana del Colegio de Periodistas, por la valiosa contribución a la sociedad a través de la fundación y dirección de su Grupo Editorial en la faceta de edición de libros de invaluable aporte social, cultural y educativo.
