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La seguidilla de procesos investigatorios en contra del presidente Pedro Castillo en tan solo un año de su gobierno, no hace sino mostrar fuertes sospechas que el dignatario de la nación se encontraría inmerso en actos de corrupción y en hechos contrarios a su función gubernamental, tal como los presidentes que lo antecedieron implicados en el caso Lava Jato.
El primer caso
Las indagaciones a nivel fiscal respecto a la serie de adjudicaciones para la prestación de servicios por montos millonarios y la ejecución de obras de gran envergadura, serían las más fuertes que podrían desencadenar – según los juristas especializados – en una condena severa de privación de la libertad del mandatario Pedro Castillo después de dejar el cargo, principalmente por la adjudicación presuntamente fraudulenta a favor del Consorcio Tarata III, delatada por la colaboradora Karelim López, que como es bien sabido, estuvo conformado, entre otras, por la empresa INP Ingeniería Integración de Proyectos de propiedad de los hermanos Aguilar Quispe.
Estos estarían ligados a los sobrinos del mandatario Castillo, que al parecer sería el jefe de una organización criminal que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a cargo del exministro Juan Silva Villegas, donde se habría logrado consumar el direccionamiento de la ejecución de dicha obra valorizada en 300 millones de soles.
Los ascensos en las Fuerzas Armadas
El sistema de justicia también investiga a Pedro Castillo por los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias por las presuntas presiones que habría ejercido el mandatario en los mandos superiores de las Fuerzas Armadas - FF.AA., con el objeto de manipular el sistema de ascensos de los militares de alto rango, quienes serían de su entorno amical y otros de su misma línea ideológica gubernamental.
En este caso, el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco – hoy en manos de la justicia -, habría jugado un rol importante sosteniendo conversaciones directas con los jurados para presuntamente recibir las prebendas, al parecer, por encargo del jefe de Estado, producto del activismo ilegal de una presunta organización criminal supuestamente liderada por Castillo Terrones denunciada por el excomandante del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, quienes públicamente revelaron que recepcionaron mensajes de parte del exministro de Defensa Walter Ayala para favorecer con los ascensos a ciertos militares producto de una orden presidencial.
El caso Petroperú
Un similar caso que los anteriores viene siendo procesado por el Ministerio Público en contra del jefe de Estado, donde el ente indagador busca articular la tesis para acusarlo por los delitos de colusión y tráfico de influencias agravado, cuando subrepticiamente se reunió con el empresario Samir Abudayeh, a quien, coincidentemente, luego de la conversación sostenida con Castillo Terrones y el exgerente de Petroperú Hugo Chávez Arévalo, se le adjudicó la buena pro para la adquisición de combustible valorizado en 74 millones de dólares, requerida por la empresa estatal que maneja los hidrocarburos en el país.
Incluso la colaboradora Karelim López tuvo una participación activa como asesora de la empresa ganadora en las negociaciones presuntamente realizadas entre Castillo, Ayala y el dueño de la empresa favorecida Samir Abudayeh, la misma que tuvo que ser revocada producto de los hallazgos advertidos por algunos medios periodísticos.
Los plagios
A las presuntas ilicitudes en las que habría incurrido el hasta hoy jefe de Estado, se suma el plagio de su tesis de maestría aprobada por la Universidad César Vallejo – UCV, conjuntamente con su esposa Lilia Paredes, la misma que ha sido identificada con un plagio que alcanza el 54 % por el sistema de verificación Turnitin, hecho que ha sido confirmado por las altas esferas académicas de la UCV ante la SUNEDU.
Ante ello, el Ministerio Público viene realizando las investigaciones preliminares correspondientes, con la finalidad de determinar la presunta comisión por parte del mandatario y la primera dama de la nación de los delitos de falsedad genérica, plagio agravado y cobro indebido que bien podrían culminar con una sentencia en contra de la pareja presidencial, cuando el titular de la investigación, en este caso el Ministerio Público presente la acusación formal ante el Poder Judicial.
La información falsa
Castillo también acarrea una investigación reabierta por el Ministerio Público por los delitos que habría cometido, como falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica e ideológica tipificados como tal en el Código Penal, cuando el hoy elegido mandatario de la nación intentaba ser elegido para dicho cargo en los comicios electorales del año 2021 como candidato del partido Perú Libre.
En ese entonces no consignó en su hoja de vida que por esas fechas desempeñaba el cargo de gerente del Consorcio Chotano e Inversionistas Emprendedores JOP S.A.C., condición que fue puesta en el ojo público por un medio periodístico, la misma que en su momento fue asumida de oficio por la fiscalía de turno, la cual luego de ser archivada, ha sido reabierta para realizar las indagaciones preliminares que correspondan y permitan su acusación formal ante el juez de la causa, que bien podría conllevar a una sentencia por parte del Poder Judicial.
Las posibles sentencias
Las investigaciones a nivel fiscal involucran a una serie de personajes, entre ellos el jefe de Estado, el hoy habido Bruno Pacheco, el prófugo exministro de Transportes Juan Silva, los sobrinos del presidente Castillo y los delatores Karim López y Zamir Villaverde, entre otros, todos ellos investigados por presuntamente haber cometido un concurso de delitos.
Se incluyen la esposa del mandatario Lilia Paredes y su cuñada, Yenifer Paredes.
En este sentido es que algunos abogados penalistas consideran que los procesos seguidos por el Puente Tarata II y Fuerzas Armadas podrían ser considerados los más graves en contra del jefe de Estado y los demás implicados, por cuanto provienen de delitos de corrupción que involucran a funcionarios públicos y que demandan una exhaustiva investigación para concluir con penas severas a los responsables.
El caso de la cuñada del presidente
Cabe hacer mención que actualmente la familia presidencial atraviesa una situación complicada, pues la primera dama Lilia Paredes y su hermana Yenifer, vienen siendo sometidas a extensos interrogatorios a nivel fiscal y congresal, por los presuntos actos cometidos producto de los ingresos del amigo de ocasión Hugo Espino Lucana, gerente de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción, quien conjuntamente con la cuñada –hija del presidente, aparecen en un video impulsando la ejecución de una obra de saneamiento en el distrito cajamarquino de Chadin.
Se busca determinar la existencia del delito de patrocinio ilegal a favor de la empresa gerenciada por Espino Lucana, cuya hermana Anggi Espino Lucana, representando a la constructora Destcon Ingenieros y Arquitectos, se vio favorecida con la buena pro de una millonaria obra en el municipio de Anguia.
El decano nacional del Colegio de Periodista del Perú, Ricardo Burgos Rojas, reveló que si bien existe libertad de expresión en el país, también es cierto que esta viene siendo mutilada con las acciones emprendidas por el Ejecutivo y el Legislativo.
Uno de los más grandes depredadores es el gobierno del presidente Pedro Castillo, que promueve, entre otras afectaciones, la denominada Ley Mordaza.
Burgos Rojas inició las conferencias magistrales por el 40° aniversario del Colegio de Periodistas de Lambayeque con la ponencia “El periodismo y la defensa de la libertad de expresión: análisis de la situación actual de la prensa”.
El experimentado periodista, quien ha cumplido 53 años de trabajo continuo en medios de comunicación, se inició apenas a los 18 años en una corporación de revistas deportivas, luego entró a la revista Gente y pasó a la televisión, donde se mantiene hasta la fecha.
Derecho en riesgo
Reveló que hay una gran preocupación en el continente acerca de los riesgos de la libertad de expresión en el país. “El artículo 2, inciso 4 de la Constitución, alude al derecho que tiene la sociedad peruana a la libertad de expresión, de prensa, de pensamiento, de las ideas y de la difusión”, subrayó.
Agregó que a través del artículo 6 de la Carta Magna se dice que este derecho no está sometido a prueba o censura, también ha recogido a nivel internacional el artículo 13, que también se refiere a estos mismos fundamentos y derechos.
Señaló que se usa la libertad de expresión como una herramienta de trabajo, de la forma que tenemos para desarrollar nuestra misión informativa, de búsqueda de la verdad e independencia y, por supuesto, alejado de todos los vericuetos y tentaciones del poder.
“La Constitución es muy clara al respecto cuando nos fija los alcances y garantías que tiene la sociedad peruana, así como también las obligaciones que tiene el Estado representado por su gobierno de proteger y cautelar el respeto riguroso a la libertad de expresión y proteger incluso la integridad física y psicológica de los periodistas y los comunicadores”, recalcó.
Dijo que la libertad de expresión es un derecho que lleva a preguntarse, a un año de iniciado el gobierno del presidente Castillo, si es que realmente existe o no libertad de prensa en el país.
“Naturalmente, no lo podemos negar, hay una libertad de expresión en el país, lo vemos todos los días, los canales de televisión con sus líneas editoriales, los periódicos, los blogs, las páginas web, los programas de radio, todos tenemos un punto de vista en torno a lo que constituye una opinión crítica acerca de la forma en la que se conduce esta administración política”, aseveró.
No obstante, indicó, si bien es cierto existe esta libertad de expresión, también esta viene siendo mutilada.
“Uno de los más grandes depredadores de la libertad de expresión hoy en día se ha constituido este gobierno y los gobiernos anteriores también han producido diferentes afectaciones a la libertad de expresión, pero ninguna como la que está ocurriendo ahora”, sentenció.
Defensa gremial
Dijo que el Colegio de Periodistas del Perú, en tan solo 11 meses de gestión del presidente Castillo, ha emitido 72 comunicados y alertas acerca de las afectaciones a la libertad de prensa.
“Desde el primer día de la juramentación de este gobierno, los periodistas estuvieron impedidos de ingresar; al día siguiente, en el reconocimiento de las Fuerzas Armadas al presidente, los periodistas no pudieron ni siquiera llegar a cinco cuadras a la redonda del centro histórico”, acotó.
Agregó que eso fue marcando un poco el perfil acerca de lo que seguía, el manejo y la política informativa de este gobierno. “Por supuesto, en este ínterin el Colegio de Periodistas solicitaba repetidamente al presidente Castillo dar un golpe de timón”, subrayó.
“Siempre pensamos que esta primera mirada del gobierno de no comprender el real papel de la prensa obedecía a una suerte de inexperiencia, después de todo el jefe del Estado no formaba parte del establecimiento político de nuestro país”, agregó.
Indicó que si bien es cierto Castillo es un personaje que incursionó en temas políticos a raíz de una participación sindical y se hizo conocido a raíz de esas famosas paralizaciones y medidas de fuerza que adoptaron los maestros, entonces se le exhortó al presidente a revisar un poco sus propios manuales.
Ricardo Burgos reconoció que hubo algunos avances. “Se nombró, por ejemplo, algunos periodistas colegiados para que manejaran el tema informativo, pero pronto nos dimos cuenta que más allá de lo que le pudiera sugerir u orientar la persona que trabajaba en esta área de imagen del propio Palacio de Gobierno el presidente tenía una idea totalmente definida de lo que para él es la libertad de expresión o de lo que para él son los medios de comunicación”, subrayó.
Señaló que los políticos suelen buscar a los periodistas y comunicadores en tiempos de la campaña electoral, pero una vez que son elegidos rehúyen a la fiscalización, rehúyen al contacto con la prensa. “Esa no es ninguna novedad, pero sí debe primar el respeto mutuo tanto de los periodistas hacia el Jefe del Estado y viceversa”, puntualizó.
Transcurrido un tiempo prudencial, el Colegio de Periodistas del Perú denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la utilización de los agentes de la Policía Nacional como gendarmes, que más allá de tener la responsabilidad de proteger a un alto dignatario cometían excesos en su labor de previsión y establecían escudos humanos como si fuera una guardia pretoriana impidiendo el mínimo acceso de los reporteros al Jefe del Estado.
Comentó también que en estos meses las preguntas que se lanzaban al aire sin alcanzar respuesta sin respuesta se convirtieron en el paisaje cotidiano de la relación entre el poder político y la prensa.
“No hay las facilidades para trabajar, no hay una agenda de trabajo, no hay un jefe de prensa que les diga a los periodistas hoy tenemos esta agenda, hoy los ministros tales y tales, van a salir a declarar”, señaló.
Añadió que lo propio también ha ocurrido en el Congreso. “El mal de uno se extiende también a otros. En el Congreso hemos tenido serias limitaciones para el trabajo de la prensa, nos preguntamos entonces, hay o no hay libertad de prensa en el país”, inquirió.
Respondió: “Sí claro, hay libertad de prensa, pero con estas afectaciones que no dicen nada bueno ni nada positivo acerca de lo que puede venir”, sentenció.
Indicó que una de las afectaciones era la utilización de las portátiles que se hacen presentes en las actividades oficiales y su mensaje principal es vejar y humillar a los periodistas o reporteros, tratando de ganarle la moral y de crear un clima de tensión.
“También hemos visto repetidamente los discursos hostiles de parte del propio jefe de Estado. Recordarán algunas veces cuando los periodistas a duras penas accedían a hacer algunas preguntas y alguna vez le dijeron presidente usted mañana tiene que ir al Congreso para explicar el voto de investidura del nuevo gabinete ministerial, al que el presidente despreciando la pregunta, decía pregúntenme de las obras que estoy inaugurando, de los colegios que necesita el país, de las carreteras”, puntualizó.
Ley mordaza
Manifestó que además preocupa que se pretenda aprobar una iniciativa legislativa presentada por el Ejecutivo al Congreso y que la prensa ha bautizado como la Ley Mordaza. “Esta ley en primer lugar pretende modificar el Código Penal para crear el delito de difusión y entonces uno podría decir por qué se preocupan los periodistas si esta ley es para sancionar a los operadores judiciales, al juez, al fiscal, al asistente del fiscal, al policía, los que dan información, pero aquí se está criminalizando las fuentes periodísticas, se está buscando impedir que la sociedad vea más allá de lo que eventualmente pudiera ser un monólogo, un solo pensamiento o una información oficial”, acotó.
El excongresista Víctor Andrés García Belaunde conversó con Expresión sobre el momento político. Lamentó la situación por la que atraviesa Acción Popular y los severos cuestionamientos que existen sobre su bancada en el Congreso, esto por los presuntos vínculos corruptos con el gobierno de Pedro Castillo Terrones.
Hasta hace algunos meses algunas voces de la oposición decían que el presidente Pedro Castillo no llegaría a cumplir su primer año en el poder. ¿Tenía fundamento una aseveración en ese sentido?
Siempre he sido pesimista en cuanto a la salida rápida del presidente Castillo, porque el Perú, a pesar de sus problemas, tiene instituciones todavía, que mal o bien funcionan, y hay mecanismos de contrapesos, así que sacar a un presidente no es fácil y buscar además excusas para hacerlo tampoco es fácil.
Creo que puede mantenerse seis meses más, no creo que pase de diciembre, pero saldrá por sus propios errores, saldrá por la presión pública que aun no es significativa, saldrá por la indiferencia de sus partidarios que lo llevaron al poder y el descontento que ya es muy generalizado.
Algunos sectores estarán con él, pero cada día pierde popularidad, pierde seguidores, pierde gente que justifique su presencia.
¿Será una salida traumática para el país, con mucha convulsión social?
Es justamente lo que no deseo. Sería ideal que salga en los mejores términos posibles. Yo sé que no es fácil salir antes del periodo presidencial, pero dentro de esa tragedia que significa adelantar elecciones o aceptar que un presidente se vaya, yo deseo que sea una cosa preparada, aceptada por todos y que sea una tensión no traumática.
Los traumas hacen daño a todo el mundo, que se vaya no por la puerta grande, por que eso es imposible, pero que se vaya por la puerta de atrás y en silencio.
¿Considera que los grandes responsables de mantener a Castillo en el poder son los congresistas?
Claro que sí. Una parte del Congreso se ha vuelto socia de la desgracia, hay congresistas que se han vuelto socios de su permanencia en el poder, eso también hay que precisarlo.
Se deberían modificar algunas normas y la Constitución para que, por ejemplo, los vicepresidentes llamen a elecciones inmediatas de producirse la vacancia o renuncia del presidente y no se queden a terminar el mandato, como quiso hacerlo Martín Vizcarra. Además, se necesita una norma que aclare que si se va el presidente, se van todos.
Sin embargo, algunos constitucionalistas como su hermano, Domingo García Belaunde, señalan que si Castillo es vacado y Dina Boluarte no puede continuar el mandato, se convocaría solo a elecciones presidenciales y no generales. ¿Coincide con ello?
Bueno, mi hermano es un constitucionalista, yo lo soy. Yo soy un amante de la constitución, él es un estudioso, por lo tanto, él puede tener más razón que yo desde el punto de vista constitucional, pero bajo el punto de vista político creo que se debe de hacer un esfuerzo para que se vayan todos.
¿Se siente defraudado, decepcionado, por cómo se está manejando la bancada de Acción Popular?
Totalmente decepcionado, yo estoy muy apenado de que mi partido, al cual he dedicado 40 años o más, esté en una situación paupérrima, que toda la riqueza moral, la solidez moral de nuestro movimiento sea puesta en duda por seis aventureros de la política, que han llegado al partido sin conocer ni querer conocer a Belaunde en su pensamiento ni a Acción Popular.
Bruno Pacheco, el ex Secretario General de la Presidencia de la República, ha dicho que los denominados “Niños” no son seis, sino que serían 12. ¿Cuesta creer que la representación de Acción Popular esté involucrada en imputaciones de ese tipo?
Nosotros hemos tenido, en 60 años, probablemente 500 congresistas que han pasado por el Congreso en nombre de Acción Popular y nunca ha pasado una cosa como esta. ¡Que se hayan vendido por un plato de lentejas, nunca! ¡Que se hayan vendido al gobierno por prebendas, por intereses privados, por dinero, por meter a su parentela en el gobierno, por ganarse alguito, jamás! La verdad estoy impresionado, nunca pasó eso en Acción Popular.
¿Cómo evalúa el desempeño de María del Carmen Alva en la presidencia del Congreso?
Bueno la señora Alva, primero, ha sido muy honesta. En este país la honestidad es una gran virtud. Lo que en otro país es una cosa natural, en el Perú es una cosa extraordinaria y hay que reconocerlo, ella ha actuado con mucha honestidad, con mucha trasparencia y ha manejado a un Congreso caótico, por lo tanto me parece que hay que reconocerle eso. El tiempo le va a dar la razón.
Yo creo que el tiempo es el mejor termómetro para medir los aciertos o desaciertos de una persona que ha desempeñado un cargo público. Creo que ella, con todos los defectos que tiene, que son mágicamente por decir las cosas tal como las pensaba, inclusive excesos verbales, hizo un buen trabajo.
Por gestos no se puede eliminar una actividad de un año, que ha sido muy sacrificada y muy incomprendida.
¿Y cuál considera que ha sido el peor error del presidente Pedro Castillo en el primer año de gobierno?
La ignorancia. Él no estaba preparado para gobernar, no estaba preparado para muchas cosas, y la avidez, la angurria, la ambición bruta y desenfrenada por ser presidente ha causado esto, pues yo digo que la inteligencia de las personas y la honestidad en las personas es saber lo que puedes o no hacer, y él sabiendo que no estaba preparado para ser presidente, que ya lo ha reconocido, quiso serlo y eso es fatal. Es como si yo quisiera ir de astronauta a la Luna. Quisiera, me encantaría, pero sé que no estoy preparado para eso. Ni lo intentaría, siquiera.
Él no se da aún cuenta que no estar preparado para el cargo era perjudicial no solo para él, sino para 30 millones de peruanos. Esa irresponsabilidad es imperdonable.
¿Castillo ha faltado la majestad de la presidencia de la República?
La majestad, la dignidad del cargo. Este señor ha creído que ha estado en un supermercado y que podía recibir a todo el mundo para vender cosas.
¿Cómo queda Acción Popular después de lo que se ha conocido?
Es necesario hacer una fumigación del partido, hay que sacar a los malos elementos.
Supongo que pueden ser más los “niños” y deben tener algunas ramas, por allí. Eso hay que podarlo, para que árbol recobre fuerza y siga creciendo.
Tenemos que rescatar las ideas primigenias del partido, la doctrina del partido y formar. El partido tiene que ser una escuela de formación de jóvenes. Queremos buenos alumnos, no “niños” que quieran torcer el árbol.
Los últimos gobernantes que antecederieron a la actual gestión del presidente Pedro Castillo han enfrentado diversos contextos económicos y políticos para llegar al Bicentenario. Sin embargo, pocos han tenido un clima interno político tan desalentador con una corriente de izquierda en América del Sur, que junto al contexto global de recesión mundial, crisis de abastecimiento de los alimentos, inflación creciente, rebrote de la pandemia y una posible pérdida de calificación crediticia, producto de la desconfianza ciudadana, se traduce en que siete de cada diez peruanos consideran que el país retrocede con un pesimismo empresarial y del consumidor equivalente a lo de los años 80.
El riesgo inflacionario y de volatilidad del tipo de cambio se encuentra latente a nivel mundial originando desconfianza en los inversionistas nacionales y extranjeros, que junto al factor interno político origina expectativas de incertidumbre de los decisores políticos, que tienen la responsabilidad de brindar señales claras, racionales y precisas, para que vuelva la confianza y culmine las especulaciones.
La bonanza que acabó
La bonanza de la economía peruana durante la última década se ha caracterizado por su solidez macroeconómica y significativo crecimiento del Producto Bruto Interno per cápita, que se ha duplicado entre los años 2000 y 2019. Sin embargo, sostener dicho crecimiento económico requería avizorar reformas estructurales de largo plazo que conlleve a un utópico escenario de mejora de la calidad de vida, quedando postergado en los actuales indicadores económicos por encontrarse sometidos a la incertidumbre política de un gobernante que no tiene en claro la planificación de direccionar los escasos recursos públicos hacia políticas públicas que conlleven a revertir dichos indicadores económicos negativos, sumado a un contexto internacional de presión inflacionaria, crisis energética y el menor crecimiento económico mundial por la crisis bélica entre Rusia y Ucrania.
La confianza empresarial de la economía peruana se encuentra en un escenario adverso y en los mercados internacionales con las medidas planteadas por el Legislativo y el Ejecutivo impacta en la calificación crediticia y reduce el grado de inversión, afectando de esta forma a los bonos peruanos como lo refleja la última caída de la bolsa de valores tras la medida aprobada como el sexto retiro de los ahorros previsionales de las AFP que ocasiona un impacto negativo en la economía peruana.
Gobierno sin rumbo
Nuestra situación en los 201 años del Perú se vuelve compleja con un presidente muy cuestionado y sin rumbo en sus políticas públicas que viene generando impactos negativos en diversos sectores económicos y una vulnerable economía a choques externos e internos que conlleva a una situación que pone en riesgo al crecimiento económico proyectado en 3.1 % según el Banco Central de Reserva del Perú, con un crecimiento de la inversión privada en 0 % y una inversión pública que crecería en 2.1 %, retrocediendo en los indicadores sociales y las brechas estructurales que presenta el país en términos de pérdida de empleo y destrucción de la capacidad adquisitiva.
Un Perú sin mover la inversión privada como instrumento para salir de la crisis de recesión o estanflación; así como una inversión pública con poca capacidad de gasto por parte del gobierno nacional y los salientes gobernantes de los subnacionales ha originado que no se recupere la economía a nivel de pre pandemia y la incertidumbre política con un aislado y arrinconado poder Ejecutivo y un Legislativo fraccionado en la toma de los decisores políticos, que conlleva a la pérdida de institucionalidad y un horizonte de incertidumbre sin planificación del rumbo que debe tomar el país para volver a la senda del crecimiento.
Visión de futuro
El país necesita de una visión de futuro con un sentido prospectivo de lograr el bienestar colectivo, pero requiere de tomar acciones ciudadanas y del colectivo para lograr un país con ambición nacional, un gobierno activo, con instituciones socialmente eficaces y eficientes, identidad nacional bajo el bienestar común, contraloría social y un énfasis a migrar hacia un país que aprenda y adapte las innovaciones tecnológicas, sumando valor agregado a su economía, que le permita sobresalir en el corto y largo plazo.
El ciclo político en estas Fiestas Patrias del Perú será la herencia más letal de un gobierno que error tras error ha ocasionado una decepción en el rumbo que tomarán las decisiones de largo plazo del tejido empresarial de las familias y las empresas en un país con gran riqueza de recursos naturales y cultural, que habría logrado abrirse paso en la mayor crisis sanitaria mundial con reformas estructurales claras, que permitan alcanzar su potencial con mejor calidad de vida para sus ciudadanos.
En el mensaje presidencial del 28 de julio no solo se requiere llamar a la concertación o trabajo en conjunto de los poderes del Estado; sino también una autocrítica del gobierno, que Castillo ponga en la balanza lo actuado en el año de gestión y comprender las frustradas expectativas de la población; así como la menor bonanza de los precios internacionales de los minerales y un gobierno de confrontación que ocasiona la inestabilidad económica, conllevando que sus tropiezos, escándalos y desatinos políticos, que avizoran un futuro nebuloso para la economía peruana.
Siendo necesario y urgente pensar la forma de llevar a cabo las políticas públicas o dar un paso al costado para que se empiece a ejecutar reformas estructurales claves tanto para aumentar la productividad, reducir la informalidad y cerrar las brechas marcadas de infraestructura, lo que es prioritario para impulsar el sector productivo del país, reducir los costos logísticos e impulsar los índices de producción; así como tener gestores públicos que conlleven a una verdadera reactivación económica con una mejora en la productividad, que se traduzca en bienestar de los ciudadanos.
(*) Economista, con Maestría en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
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