En los últimos días, gremios de pescadores de diferentes partes del país se han movilizado en contra del proyecto de ley presentado por el congresista Jaime Quito, que propone modificatorias a la Ley General de Pesca, iniciativa que según los dirigentes del sector afectaría a miles de familias que dependen directamente de la explotación de productos hidrobiológicos.

El proyecto del parlamentario de Perú Libre apunta a aplicar diversas modificatorias a la norma vigente, como propiciar la creación de un Consejo Nacional de Pesca, que tendría competencias consultivas; incorporar la categoría recurso sobreexplotado, la protección de las cinco millas (la cual busca proteger la pesca artesanal y reducir el uso de artes de pesca de alto impacto), estandarización de los plazos de vigencia de los permisos, entre otros.

Esta última es una de las medidas que más rechazo genera entre los hombres de mar, pues consideran que la anulación del plazo indeterminado en las autorizaciones de pesca poner en riesgo sus planes de inversión y rompe con la industria pesquera pequeña y mediana, que es la que abastece el mercado interno.

El proyecto de Jaime Quito propone que los permisos tengan una vigencia de 10 años como máximo.

Cuestionamientos

“Estamos realizando esta marcha pacífica. Queremos entablar una mesa de diálogo con todos los congresistas de la región para que apoyen al sector pesquero. No estamos de acuerdo con la nueva ley, pues busca dejar sin trabajo a 200 mil familias. Aquí en Lambayeque somos 20 mil pescadores y por eso estamos acá. Nuestras embarcaciones van a tener fecha de caducidad en 10 años, ¿cómo vamos a invertir?, ¿qué seguridad jurídica y económica hay para invertir?”, explicó el presidente de la Asociación de Armadores Industriales de Santa Rosa, Víctor Orozco Nuntón, quien el lunes último lideró las protestas en la Panamericana Norte.

Los pescadores exigen que se mantenga la vigencia de la Ley N.° 25977, cuya pórroga se dio en el 2001.

Otro aspecto que critican es que la Comisión del Producción del Congreso haya aceptado opiniones técnicas de la organización sin fines de lucro Oceana Perú, y no del Instituto del Mar del Perú – IMARP, como entidad competente en representación del Estado.

“Esto no beneficia a ningún sector. La ONG Oceana busca que todos los barcos del norte, desde Tumbes a Áncash se dediquen a la pesca recreativa. El objetivo es regalar las 188 millas a barcos extranjeros y sacarnos del mercado”, denunció Orozco Nuntón.

No fue aprobado

El lunes, la Comisión de Producción del Congreso debatió por segunda vez el pre-dictamen de una nueva Ley General de Pesca. Luego de las intervenciones de los congresistas, se confirmó el consenso que existe en todas las bancadas sobre la urgente necesidad de actualizar la ley, pero igual se aprobó una cuestión previa (tal como sucedió en la sesión anterior) para que haya más debate sobre el dictamen final.

De acuerdo a lo informado por Oceana, “esta cuestión previa pone nuevamente en pausa la aprobación de cuatro proyectos de ley de diferentes bancadas (los PL 712/2021, 828/2021, 1477/2021 y 2236/2021), los cuales buscan, en esencia, evitar la sobreexplotación de nuestros recursos en las primeras cinco millas del mar peruano a partir de una adecuada reclasificación de la flota pesquera: es decir, enviar a las embarcaciones de menor escala que utilizan redes de arrastre o cerco mecanizado (las cuales son poco selectivas y dañan el fondo marino) fuera de esta zona, debido a su vital importancia en la sostenibilidad de nuestros recursos. Además, el dictamen busca la implementación de mecanismos de transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones futuras”.

El nombre de la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, suena cada vez con mayor fuerza para la presidir la Mesa Directiva del Congreso de la República. Expresión conversó en exclusiva con la parlamentaria, actual presidenta de la Comisión de Justicia, quien señaló que nunca ha evadido responsabilidades.

“Todavía no está definido y no es una cuestión de gustos, es un tema de responsabilidades. En la vida he asumido las responsabilidades que me han tocado, que me han perseguido, y en este caso depende de la decisión de los grupos parlamentarios y con sinceridad lo digo: no lo he buscado, no lo busco. Estaré donde Dios me ponga”, señala Echaíz Ramos al ser consultada sobre la posibilidad de encabezar una lista multipartidaria para la Mesa Directiva.

Hasta el momento, diversos grupos parlamentarios como Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular han expresado su apoyo a la postulación de Gladys Echaíz, quien llegó al Congreso como candidata de Alianza Para el Progreso.

La agrupación aún no decide si postular a Gladys Echaíz a la presidencia del Congreso, aunque desde fines de junio el vocero de bancada, Eduardo Salhuana, indicó que en contra de esa posibilidad se tenía las votaciones de la exfiscal, muchas veces contrarias a la decisión partidaria.

La provisionalidad de magistrados

Sobre su evaluación del sistema de justicia en la actualidad, la parlamentaria considera que la provisionalidad de jueces y fiscales no constituye mayor problema, pues el nombramiento de un magistrado titular no cambia en absoluto su conducta si este arrastra desde antes un accionar poco ético.

“¿El título convierte en bueno a un magistrado? El provisional cuida su puesto, porque lo pueden sacar de manera más rápida, mientras el titular se escuda en que hay que seguir todo el proceso y se deben respetar las garantías. Sin embargo, los valores no los da un título, eso es falso. Por eso yo no sé por qué satanizan a la provisionalidad, hay otros temas de la reforma de justicia que considero más urgentes”, señala.

Carrera jurisdiccional

Uno de esos de esos temas es la implementación de una verdadera carrera jurisdiccional.

“Creo que el problema pasa más por la forma de formación y selección de los magistrados, la carrera. A eso estoy abocada. Creo que hay que introducir una reforma constitucional para que se cree la escuela nacional de la magistratura, a efecto de que quienes aspiren a ser magistrados se formen, se capaciten igual como lo hace un sacerdote, un militar, un diplomático y otros profesionales y servidores. Necesitamos que se dé formación adecuada de quienes ingresan al sistema de justicia”, acota.

Añade que actualmente la Academia Nacional de la Magistratura, de la que fue presidenta, dicta cursos transversales para jueces y fiscales que no son de formación, sino de capacitación, pero no en el nivel que se requiere para alcanzar niveles óptimos.

“Quien asume un cargo de juez o fiscal debe estar por encima del primer promedio del nivel profesional de todos los abogados del foro, o sea, debe tener un título y debe seguir capacitándose para elevar su nivel competencial a efectos de poder trabajar y dar una respuesta, incluso a lo más complejo que se le pueda poner al momento de tomar una decisión jurisdiccional”, manifiesta.

La reforma – explica – implica costos para el Estado, pero se debe buscar consenso a nivel político.

“Lo más elemental para cualquier Estado es la justicia, si no hay justicia no hay paz social. Eso, junto a la seguridad ciudadana creo que puede aliviar y darle tranquilidad a los gobiernos para que puedan desarrollar todos sus planes y políticas que hayan diseñado para llevar al crecimiento económico del país, y solucionar el problema social. Una cosa lleva a la otra, no todo se soluciona elevando las penas, necesitamos prevenir y mejorar la formación de los administradores de justicia”, anota.

“Las transformaciones tecnológicas y su impacto social llevan a considerar un nuevo análisis de las relaciones entre las instituciones de educación superior y la comunidad y a fortalecer la relevancia del rol estratégico de la universidad”.

La solemnidad de una ceremonia. Las autoridades de la Universidad Señor de Sipán (USS), uno de los claustros universitarios más importantes de la zona norte del país, desarrollaron con éxito, en el día central de los veintitrés años de vida académica, una nutrida ceremonia académica, la misma que estuvo presidida por la Dra. Carmen Rosa Núñez Campos y el Dr. Huber Rodríguez Nomura, presidenta de la Junta General de Accionistas y rector de la USS, respectivamente.

En la ceremonia también estuvieron presentes el MBA. Richard Acuña Núñez, presidente del Directorio, la Lic. Kelly Acuña Núñez, accionista USS, los doctores Erick Salazar Montoya y Pablo Millones Gómez, vicerrector académico y de investigación, respectivamente; además, los decanos de cada una de las cuatro facultades, directores académicos y administrativos y personal docente y se contó con la participación de autoridades políticas, culturales, civiles y militares.

El acto protocolar fue propicio para otorgar la distinción de doctor honoris causa al connotado profesional del ámbito universitario tanto a nivel nacional como internacional, Dr. Humberto Llempén Coronel, quien se desempeñó como rector de esta casa de estudios por casi 17 años. Tras la entrega del reconocimiento, el profesional desarrolló la conferencia magistral titulada: La universidad como institución de impacto social.

Es su discurso, la Dra. Carmen Rosa Núñez Campos, refirió que lo vertiginoso de las transformaciones tecnológicas y su impacto en la sociedad llevan a considerar un nuevo análisis de las relaciones entre las instituciones de educación superior y la comunidad y a fortalecer la relevancia del papel estratégico que cumple la educación superior en el desarrollo de los pueblos y las naciones.

“La globalización de la economía y la importancia estratégica del conocimiento exigen reformas tanto en lo administrativo como en la gestión que favorezcan la adquisición de un mayor nivel de destrezas, mejor preparación y mayor equidad en el reparto de la fuerza laboral que le permita ser competitiva en el mercado de trabajo internacional para avanzar hacia mayores niveles de desarrollo y equidad social. Ese es nuestro compromiso con los casi 20 000 estudiantes con los que contamos”, aseguró Núñez Campos.

Por su parte, el MBA. Richard Acuña Núñez dijo que la USS es una de las universidades más jóvenes del Perú y América Latina y es reconocida por su calidad y exigencia académica. Cuenta con un modelo educativo innovador, prospectivo, basado en competencias que incluye la investigación formativa y la integración de tecnologías de última generación para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de manera autónoma y colaborativa.

“Nuestra propuesta educativa, de acuerdo con la misión institucional, se orienta a formar profesionales competitivos para el mundo, con visión empresarial, con base en la investigación, la excelencia académica y la responsabilidad social. Para ello, ha diseñado planes de estudios en correspondencia con las exigencias sociales y del mercado. Asimismo, su compromiso transfronterizo posibilita a estudiantes y docentes participar de programas de movilidad académica internacional, promoviendo una formación global y multicultural, de la misma forma les anuncio que en la USS nos estamos preparando para el retorno a la actividad presencial y reforzar nuestra política de mejora continua”, refirió Acuña Núñez.

La ponencia central de aniversario

Durante su discurso, el flamante doctor honoris causa de la USS, Dr. Humberto Llempén Coronel, se refirió al rol social de las universidades, indicando que en el ámbito de la educación superior el impacto social a causa de la actividad científica se ha convenido en denominar la “tercera misión” de la universidad, además de las ya conocidas: docencia e investigación. En ese contexto, la responsabilidad social universitaria se ha de entender como habilidad y efectividad de la universidad para responder a las necesidades de transformación que la sociedad necesita, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible y bienestar de los habitantes.

“El fin de educar a partir de la universidad ha sido desde siempre el mismo: crear, transmitir y difundir el conocimiento. Si ese conocimiento, como sabemos, es el lugar central de todo proceso social contemporáneo, las universidades que son parte de esta actividad juegan un rol trascendente para fortalecer las formas educativas de tal manera que tengamos nuevas generaciones no solo con excelencia académica, sino, sobre todo, con actitudes solidarias respecto a los demás y a la naturaleza”.

“De esta manera, con el fin de adecuarse al mundo y sus galopantes cambios las organizaciones, incluidas las universidades, deben trabajar incansablemente en la innovación de productos, servicios y hasta relaciones entre sí y entre las personas que la integran, así como nuevas maneras de desarrollar las tareas para adaptarse a los cambios. Tales son los cambios que las universidades han dejado su enfoque antiguo relacionado tan solo a la educación para instalarse ahora en el trabajo de investigación y formación de profesionales capaces de vincularse con su entorno social y mejorarlo”, refirió Llempén Coronel.

Otras actividades desarrolladas en torno al aniversario de la USS

Otras de las actividades programas en torno al veintitrés aniversario de la USS fueron el concurso de talentos Talent Night 2022 realizado el pasado 25 de junio, el Encuentro de Gestores 2022 y la presentación de la nueva identidad visual de la Universidad Señor de Sipán realizada esta última en la explanada del Museo Nacional Tumbas Reales de Sipán, ambas actividades se desarrollaron el pasado 1 de julio. El martes 5 de julio se desarrolló la misa central de aniversario en la Iglesia Santa María Catedral de Chiclayo y posterior a ello, toda la familia sipanense disfrutó de un agasajo ofrecido por la Alta Dirección de esta casa superior de estudios.

Se conoció que, el 8 de julio se llevó a cabo el Encuentro de Egresados 2022, actividad a cargo de la Jefatura de Bolsa y Seguimiento al Egresado y el 11 la Dirección de Gobierno de Personas de la USS distinguió en una ceremonia especial a los docentes que han destacado en el primer semestre de 2022.

El ministro de Justicia y Derechos Humano, Félix Chero Medina, dialogó con Expresión sobre la situación del gobierno y las investigaciones que pesan sobre el presidente Pedro Castillo y su entorno más íntimo.

Lo sucedido con Yenifer Paredes, cuñada del presidente de la república, Pedro Castillo, y su presupuesta participación en procesos de contratación del Estado, ¿ponen al gobierno en una situación más crítica por las denuncias de presunta corrupción?

Sin lugar a dudas es una preocupación. Sin embargo, debemos aclarar que en el Ejecutivo hacemos todos los esfuerzos por trabajar y resolver los grandes problemas del Perú y cualquier caso aislado que se produzca por un miembro del gobierno o algún familiar, es justamente eso, un caso aislado que debe ser investigado.

De ninguna manera, por estos hechos, se puede involucrar al presidente de la república, porque cualquier persona, cualquier miembro del Ejecutivo y hasta familiares pueden tomar el nombre.

En este momento yo estoy dando esta declaración y no sé si algún funcionario de mi despacho o algún familiar está tomando mi nombre de manera, tal vez, irresponsable, inmadura y eso de ninguna manera podría vincular los actos de gobierno.

Reitero, estamos haciendo todos los esfuerzos por resolver los problemas más álgidos del país y por eso es que hacemos casi semanalmente los consejos de ministros descentralizados, en los que escuchamos a la población, a las organizaciones civiles y a las autoridades locales.

Sin embargo, el cuestionamiento desde que empezó el gobierno sigue siendo el mismo: el gobierno del presidente Pedro Castillo despierta sospechas y no suma esa vocación de trabajo que usted señala. ¿Qué más hace falta para que el Ejecutivo lo comprenda?

Definitivamente hay actores y actores, hay personas vinculadas al gobierno que cometen algunos exabruptos, hay exfuncionarios que han participado de actos que son materia de investigación, pero como lo dijo el presidente de la república en su primera presentación ante el Congreso: investigación y sanción para todos aquellos que incurran en actos de corrupción, aun cuando sean vinculados al gobierno.

Debemos ser claros en señalar que nuestro propósito y objetivo como Ejecutivo es realizar todos los actos de gobierno para que se resuelvan todos los problemas de los sectores más necesitados, pero también tenemos que hacer un alto a todo tipo de concertación para ponernos a trabajar armónicamente por las grandes necesidades del país.

Usted es un hombre de Derecho y académico, además. ¿Cómo se ha sentido cuando ha escuchado al presidente Castillo señalar que se somete a los usos y costumbres y a una investigación de las rondas campesinas, sabiendo que estas no tienen función jurisdiccional? ¿Por qué no ha habido un pronunciamiento similar de sometimiento al Ministerio Público, pues lejos de ello la defensa del presidente ha buscado anular las investigaciones en su contra?

Dentro del Derecho formal y positivo, el presidente de la República ha concurrido a la fiscalía y ha declarado por más de cuatro horas respondiendo cada una de las preguntas en la investigación que se le viene realizando.

Cuando él ha señalado que se somete al tribunal comunal de las rondas campesinas es porque las rondas ejercen una justicia comunal de estándares morales de los que él proviene. Él es rondero y responde a esa expectativa social.

El mensaje es que el sometimiento a ese tribunal comunal es moral, de que puede responder no solo ante la justicia formal y organizada jurídicamente, sino también en aquellos espacios en los que el mensaje para el país son claros.

No podemos desconocer que las rondas han jugado un rol histórico en nuestro país incluso en la pacificación, cuando han combatido entre el 80 y el 90 al terrorismo. Es justo reconocer esa labor histórica de las rondas.

¿Quiere decir que si las rondas encuentran al presidente moralmente responsable, lo tomarán a chicotazos como se ha visto en estos días con mujeres, a las que incluso han secuestrado?

El presidente lo ha dicho de manera simbólica, él es rondero y ha dicho que se someterá a los usos y costumbres como un mensaje de transparencia y de reconocimiento a la justicia de las rondas y a la justicia comunal, pero entendamos que lo dice dentro del estándar moral que le permite vincularse con esta organización histórica.

Reitero, él se ha sometido a los interrogatorios de la fiscalía y viene respondiendo a los actos investigatorios como lo debe hacer cualquier ciudadano.

A días de cumplirse el primer año del gobierno, ¿cuál es la autocrítica que debe hacer el Ejecutivo de su desempeño al frente del país?

Tal vez no haber, razonablemente, propuesto una agenda país articulada con el Congreso de la República. Hemos caído, posiblemente en la provocación y hemos encontrado muchas confrontaciones.

Creo que es el momento en el que hagamos un alto a esas confrontaciones y nos pongamos a trabajar por el bienestar de todos los peruanos y peruanas, y desde el Ejecutivo y el Legislativo establezcamos una agenda país para resolver los grandes problemas. Estoy convencido que es posible, porque tanto el presidente como los congresistas han sido elegidos por un período de cinco años, pero para servir con vocación y convicción.

¿Acaso no se agudizado la confrontación con las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres? El premier emite sus pronunciamientos y comunicados en base a cómo evoluciona la política en el país, es muy enfático, muy vehemente, como lo somos todos los que somos voceros del gobierno. El premier tiene la firme voluntad y convicción de trabajar junto al Congreso e incluso ha dejado un acuerdo de gobernanza.

¿No deja algún mensaje el impase de la última semana que provocó la reacción del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas?

Es una forma de cómo a veces se desnaturalizan nuestras expresiones. El premier ya ha emitido un comunicado oficial en el que ha reproducido sus declaraciones y ha señalado que si se han sentido ofendidas las Fuerzas Armadas ofrece las disculpas del caso y su compromiso firme de trabajar por su empoderamiento y el de la Policía Nacional.

¿El presidente Castillo se ha puesto en una situación compleja con la publicación del Decreto Supremo que aprueba la intervención de una entidad de derecho privado como es la Derrama Magisterial? Usted es el la práctica el asesor legal del Ejecutivo, ¿se le consultó sobre esta medida?

Hay organizaciones, hay instituciones que históricamente tienen un conflicto y una pugna interna y creo yo que el Estado y el Ejecutivo tiene que tener un rol orientador, fiscalizador, para que cuando se desborden los estándares organizativos se den lineamientos y pautas jurídicas para una mejor administración de instituciones como la Derrama Magisterial, que sabemos, tiene grandes conflictos.

Pero es una entidad privada…

Vamos a revisar la propuesta y haremos las recomendaciones y sugerencias que el caso amerita. Creo yo que la iniciativa del presidente, como docente y miembro de los colectivos de maestros, es válida y en su momento el sector Justicia tendrá que revisarla y hacer los correctivos si el caso lo amerita.

El proyecto de ley impulsado por su despacho que busca restringir la información sobre investigaciones fiscales, ¿no es un atentado contra la libertad de expresión e información?

No hay de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de quien lo representa una intención de vulnerar los derechos fundamentales de los hombres y mujeres de prensa en nuestro país.

Es más, cuando estuvo aquí el alto comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos hecho ver cuál es el comportamiento que nosotros tenemos frente a los medios de comunicación.

Particularmente yo siempre he mostrado un gran respeto y conexión con los hombres y mujeres de prensa en el país. No hay ninguna intención encubierta en este proyecto de ley.

Lo que buscamos es salvaguardar la reserva de la investigación.