El decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, reiteró el compromiso de su orden profesional con la sociedad, aportando de manera técnica y fiscalizando a los ejecutores del presupuesto público, razón por la cual anunció que fomentarán el voto responsable para que la ciudadanía se decida por la mejor opción en las próximas elecciones regionales y municipales.

El decano del colegio de Ingenieros saludó a los 15 mil agremiados de las diferentes ramas de la ingeniería al celebrarse este 8 de junio el Día del Ingeniero y, en el presente año, 60 años de creación de su orden profesional.

Burgos Montenegro señaló que tienen la alta responsabilidad, por ley, de integrarse a la sociedad civil y poner los ojos en los ejecutores del presupuesto público, orientarlos y ponerse al servicio y bienestar de los conciudadanos.

Señaló que, en tal sentido, desde el Colegio de Ingenieros impulsan proyectos como el Terminal Portuario Regional, a partir del cual se deberán ejecutar otras obras. “De ahí no hay quién nos pare a nivel norte”, enfatizó.

Participación

Lamentablemente - subrayó - aún las autoridades no terminan de entender que sin la participación de la sociedad civil y los colegios profesionales no pueden avanzar. “No se trata de poner obstáculos a toda obra, la inversión es bienvenida, pero debe tener una cuota de participación o socialización con los colegios profesionales”, anotó.

Señaló que el Colegio de Ingenieros de Lambayeque cuenta con 14 comisiones técnicas, entre estas citó a la Comisión Agraria, de Saneamiento y de Grandes Proyectos.

Carlos Burgos dijo que cada una aborda problemas de la comunidad como la salinización de las tierras, entre otros, puesto que como ente rector de la ingeniería puedan dar aportes y soluciones.

Proyectos

Manifestó que en esa línea presentó observaciones técnicas y económicas en la obra emblemática del drenaje pluvial.

“Inicialmente había sido presupuestada en mil 200 millones de soles y luego de las observaciones y socialización con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se redujo a 980 millones de soles”, anotó.

Agregó que aún pueden seguir reduciendo el monto, si les permiten seguir haciendo observaciones de carácter técnico.

Subrayó que en los últimos años hubo una inversión en obras públicas por 100 mil millones de soles. Sin embargo, lamentó que no se haya logrado el cambio de redes de agua y desagüe de la ciudad de Chiclayo.

En el caso del drenaje pluvial, agregó que la frecuencia de lluvias no es anual, sino cada 10, 12 o 15 años, lo que aumentaría el costo de mantenimiento.

Puso como ejemplo el paseo Yortuque, cuya obra no debió ser recibida por el alcalde de Chiclayo, debido a que no tenía presupuesto de mantenimiento, por ello ahora puede verse las consecuencias de su deterioro.

Retomando el tema del drenaje pluvial, señaló que aún puede reducirse en infraestructura y equipamiento. “Muchos kilómetros pueden tratarse a nivel de superficie y no de manera subterránea para abaratar los costos”, agregó.

Indicó que en los puntos críticos como el barrio Magisterial y avenida Grau, a la altura del Colegio Santa María Reina, donde se producen embalses por los rompemuelles, zona en la que debería tener otro tratamiento.

“Nuestros aportes deberían ser escuchados para reducir el aspecto económico y mejorar la obra”, anotó.

Hizo un llamado a los medios y funcionarios de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para hacer un recorrido por todos los drenes que no han sido considerados para evacuar agua de las lluvias, uno de estos podría ser el canal Yortuque en la avenida Chinchaysuyo.

Indicó que este año, la Comisión de Saneamiento se ha reunido con los funcionarios de la ARCC, inclusive acudieron a la ciudad de Lima para hacer llegar sus observaciones habiendo obtenido el ofrecimiento que en el mes de abril venían. “Ante la indiferencia de las autoridades hemos optado por un pronunciamiento”, indicó.

También manifestó que la Comisión de Saneamiento se constituirá para ver el proyecto de agua y desagüe de 12 pueblos jóvenes en Chiclayo-Pomalca.

“Hemos programado una visita a las obras paralizadas, menos mal se ha resuelto vía centro de conciliación el retomo de la obra y el Colegio de Ingenieros estará presente”, remarcó.

Diálogo

Manifestó que a la fecha no ha recibido ninguna invitación del alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, para dialogar. Sin embargo, manifestó que espera que en el corto tiempo que le queda haga las cosas bien.

Precisó que aun así la Comisión de Infraestructura ha observado que en la avenida Balta, cuadra 0, se han detectado predios con varios medidores de agua y un solo punto de desagüe, por eso se producen los atoros constantes.

“Lo hemos  hecho saber a los funcionarios de supervisión y residencia, incluso EPSEL no están facturando ni cobrando”, advirtió.

De igual modo, puntualizó que la Comisión de Electrificación ha observado que en esta misma obra no se haya considerado cablería subterránea para erradicar la maraña de cables aéreos que afecta y contamina la ciudad.

Así también la Comisión de Medio Ambiente y Forestal ha indicado que las especies sembradas no han sido las indicadas, pues al crecer las raíces el doble de la extensión del árbol malogrará las veredas o pistas. Además la planta, necesita nutrientes si crece de manera inclinada puede convertirse en un peligro. Igualmente manifestó que debe considerarse que si se derriba un árbol se está quitando el habitad de alguna especie silvestre.

Sobre las obras del GORE Lambayeque, anunció que la próxima semana la Comisión de Infraestructura estará visitando la avenida Colectora para dar sus aportes y recomendaciones como comisión técnica especializada.

Hizo un llamado a las autoridades para impulsar proyectos como el Terminal Portuario y el mejoramiento del aeropuerto José Quiñones Gonzales, para garantizar el acceso de entrada y salida de la ciudad.

“Deben unirse con los cinco congresistas para sacar adelante la segunda etapa del terminal aéreo, que está aprobada, pero no hay voluntad política”, señaló.

También expresó su preocupación por el colapso del colector en el tramo de las avenidas Bolognesi y José Leonardo Ortiz.

Agregó el compromiso del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales – CONREDES, que próximamente contará con nuevo directorio para trabajar colegiadamente.

Finalmente, anunció que promoverán el voto responsable, “para que no nos volvamos a equivocar, pues Chiclayo vive una desgracia hace décadas”.

El ex congresista y ex gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, dialogó con Expresión sobre la situación política del país, los candidatos al gobierno regional y sobre los proyectos de la Universidad César Vallejo. El también empresario criticó la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo, señalando que por el bien del país debe renunciar y que siguiendo el ejemplo del Gobierno de Transición de Valentín Paniagua, se elija al mejor congresista como presidente para que lleve adelante el proceso de nuevas elecciones generales.

Acuña Peralta, quien dirige la Universidad César Vallejo en Chiclayo, anunció un plan de inversiones a nivel nacional por 170 millones de soles, precisando que las mejoras se harán en los Campus de Ate, San Juan de Lurigancho, Chimbote, Piura, Trujillo y Chiclayo.

Específicamente en Chiclayo se invertirán cinco millones de soles en mejoras de la infraestructura, específicamente en aulas y laboratorios.

Señaló que en el segundo semestre del año continuarán las clases virtuales, en tanto, se espera para el próximo año retornar a la presencialidad con nuevos ambientes, equipamiento y tecnología de calidad.

Destacó los esfuerzos de los trabajadores, tanto de la parte administrativa como académica, para brindar lo mejor a sus estudiantes, además de intercambios y pasantías nacionales e internacionales. “Estamos mejorando los procesos”, anotó Acuña Peralta.

Rigor académico

Sobre la criticada tesis de maestría del presidente Pedro Castillo, que estuvo en el ojo de la tormenta por presunto plagio, señaló que más que daño a la universidad se hace a los alumnos y egresados.

“Es un tema político muy lamentable, otras universidades han tenido el mismo problema. Sin embargo, no tuvieron la repercusión de este caso”, anotó el ex gobernador regional.

No son aliados

Acuña Peralta negó que su partido Alianza para el Progreso – APP, esté protegiendo al jefe de Estado. “Eso no es así”, enfatizó, descartando cualquier blindaje de su agrupación, que cuenta con 15 representantes en el Legislativo.

A su criterio, lo que hace la bancada de Perú Libre en el Parlamento es generar división y distraer a la sociedad, siguiendo el esquema de la izquierda “divide y reinarás”.

Sobre la posibilidad de presentar una lista encabezada por APP para la mesa directiva del Congreso, aclaró si esto se da será una decisión del partido, mas no de manera individual de algún  legislador.

Crisis nacional

Sobre el audio de la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, donde habla de la vacancia a Pedro Castillo, dijo que es lamentable, puesto que siendo ella el nexo entre el Legislativo y el Ejecutivo no puede generar más inestabilidad de la que se está viviendo.

“Lo ideal es que se vayan todos, tomando la experiencia del ex presidente Valentín Paniagua, que se elija a un presidente de consenso entre los 130 congresistas y vayamos a nuevas elecciones”, anotó Acuña Peralta.

Enfatizó que lo mejor que le puede pasar al país es que Pedro Castillo renuncie, pues él mismo ha llevado a esta crisis política al designar a ministros sin experiencia y con denuncias de todo tipo.

Citó como ejemplo el caso más escandaloso el del ex ministro de Transportes, Juan Silva, que ocupó una de las caretas más importantes del Ejecutivo sin cumplir el perfil.

Señaló que de esta forma el país no avanza. “Necesitamos ministros que digan este es nuestro plan de trabajo y aquí queremos llegar”, anotó.

También cuestionó el silencio del mandatario de la Nación que lleva más de 100 días sin hablar con los medios de comunicación.

“Es pésimo, tiene la obligación de comunicarse con los ciudadanos a través de la prensa y responder por las graves denuncias en su contra”, acotó.

Elecciones regionales

Sobre el candidato de APP, Alexander Rodríguez, para ocupar el sillón regional, precisó que cuenta con la experiencia y la capacidad luego de 12 años de gerenciar recursos del Estado como alcalde distrital y provincial.

“Con toda su experiencia, dirigir el GORE será más fácil, sobre todo ahora, que con la Ley de Foncor dispondrá de 700 millones de soles”, señaló.

Lamentó que la actual gestión no sepa qué hacer con tantos recursos, “el avance de la inversión no llega ni al 20 % de ejecución cuando estamos a medio año”, remarcó.

Señaló que Lambayeque necesita gente que conozca de gestión pública; es decir, un gestor con capacidad y experiencia demostrada.

“Esa experiencia la tiene el candidato a APP Alex Rodríguez quien como alcalde de la provincia de Lambayeque ha ejecutado importantes proyectos y ha trabajado el tema de seguridad ciudadana”, resaltó.

Proyectos regionales

Precisó que durante su gestión al frente del GORE Lambayeque dejó un banco de proyectos que lamentablemente han sido desactivados por falta de actualización.

Recordó la ejecución de importantes obras como la prolongación de la avenida Bolognesi y el Colegio Militar Elías Aguirre. Sin embargo, lamentó que existan proyectos que aún no se culminan como la Comisaría de la Mujer en José Leonardo Ortiz.

Señaló que hay proyectos pendientes como la apertura de nuevos anillos viales dentro de la ciudad y circuitos para unir distritos como la carretera Ferreñafe - Lambayeque y San José – Lambayeque, y la vía hacia Lagunas.

Destacó además la importancia de terminar la nueva ciudad de Olmos e impulsar la ejecución de la represa La Montería y Sicán.

“Hay mucho por hacer, uno de los proyectos importantes también es el saneamiento de Chiclayo”, anotó.

Sobre la candidatura regional del exfiscal Juan Carrasco Millones, por Juntos por el Perú, se ratificó en sus críticas sobre su actuación, señalando además que no tiene ninguna experiencia en gestión pública.

“Alex Rodríguez tiene los méritos, la experiencia y la capacidad para ganar esta elección”, anotó, recomendándole  planificar y organizar bien su plan de gobierno pensando en el desarrollo de Lambayeque.

La Asociación de Propietarios Unidos por el Boulevard ha solicitado la inmediata intervención de las autoridades municipales y judiciales de Chiclayo, para que se paralice la obra denominada “Ampliación de construcción de cisternas en el Centro Comercial Boulevard”. En tal sentido, se han dirigido a la municipalidad provincial y al Poder Judicial; en este último interponiendo demanda de interdicto de recobrar de áreas comunes afectadas en ese establecimiento comercial.

El pedido, planteado al alcalde Marco Gasco Arrobas y al juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil, por el presidente de esa organización, Orlando Garay Farro, se basa en “la vulneración al principio del debido procedimiento, presunta falsa declaración jurada y falta de legitimidad para obrar del presidente de la junta de propietarios del centro comercial Boulevard, Juan Carlos Colona Sánchez”.

Todo comenzó cuando Caja Trujillo ofrece en subasta la futura ampliación "B" con 2,334.83 m2 y luego vende a la clínica Auna, de Chiclayo la ampliación del sector "B" con 2,596.59 m2; es decir, 61.7 m2 demás. Aquí está la respuesta a todo. Como figura en la escritura, le vendieron con rampa, pozos de agua, cuatro cisternas y un cuarto de residuos sólidos y áreas de evacuación con salida a la calle Gloria que, como áreas comunes, les pertenecen a todos los propietarios.

En tal sentido, los propietarios han demandado, a través de un interdicto, para recobrar todos estos espacios; pero la empresa Auna exige a Caja Trujillo reubicar las cisternas y demás por cuanto, alega, es propiedad privada. Así, Caja Trujillo inicia el trámite de reubicación, usando para ello la alameda II que es zona común. Lo que es peor: habría iniciado la obra no para darles las 4 cisternas a los propietarios, sino 3, con lo que se les quitaría una cisterna que es para el sistema contra incendio. Encima, estas 3 cisternas tendrían menos metros cúbicos.

Según la denuncia de los propietarios, el expresidente de la junta, gerente de Caja Trujillo, Juan Carlos Colona, inició el trámite de licencia el año 2019, pese a que no habría tenido facultades ni poder vigente. Aun así, habría presentado una declaración jurada, además de firmar en todo el expediente técnico en el que señala que Auna ha comprado la ampliación.

Hasta ahí los propietarios no sabían nada y recién a fines del 2021 se les convocó a asistir a una sesión virtual. Muchos propietarios tenían deudas por la pandemia y no los dejaron participar. En dicha sesión, la Clínica Auna, que es la accionista mayoritaria, con tres personas más autorizaron la reubicación. Los propietarios se opusieron; por lo que fueron denunciados por coacción. El caso fue archivado y luego los propietarios denunciaron por usurpación.

El hecho, según indican, es que Caja Trujillo habría venido vendiendo el patio de comida, patio de juegos, la azotea y otras áreas comunes.

“Pero ahora nos encontramos en peligro, porque hemos perdido una cisterna contra incendios y se sacaron las puertas corta fuegos y se han cerrado las áreas de evacuación con salida a la calle Gloria”.

En la MPCH

Según Garay Farro, con fecha 23 de mayo de 2022, solicitó al MPCH la nulidad de la Resolución de Licencia de Edificación N° 342-2019, “por ser nulo de pleno derecho, por contravenir la constitución Política del Estado, artículo 70° la inviolabilidad del Derecho de propiedad, y el principio de legalidad contenido en el artículo IV numeral 1.1. de la Ley N° 27444”.

Se pregunta: ¿siendo la licencia de construcción el documento que acredita que los planos del proyecto han sido revisados por profesionales calificados, que se cumple con las normas vigentes y el Reglamento Nacional de Edificaciones, cómo es posible que no se hayan subsanado oportunamente las observaciones señaladas el 29 de abril del 2019, en la que textualmente dice: “Falta firma del propietario”?

“Si bien el presidente de la junta de propietarios nos representa, la junta somos todos los que siendo dueños de la propiedad exclusiva, también tenemos acciones y derechos como copropietarios de las áreas comunes, donde se ha autorizado la construcción de tres cisternas, no siendo una ampliación de construcción como se ha denominado, puesto que para abastecer ahora a todo el centro comercial Boulevard solo vamos a contar con dos cisternas para consumo humano y una para abastecer el sistema contra incendios; es decir, que de las cuatro cisternas que bajo un estudio técnico se construyeron para todo el centro comercial, ahora resulta que solo se construirá tres, las que no serían suficientes teniendo tres pisos el centro comercial y con un área de 4,608.73m2, poniéndonos en riesgo inminente; aunado a este hecho, la falta de  puertas corta fuego y el recorte de las áreas de evacuación”, señala.

Orlando Garay aclara que su accionar como propietarios del centro comercial Boulevard no es un mero capricho, sino hacer valer su derecho, “no solo porque las áreas comunes les pertenecen a todos los propietarios y por ello pagamos el mantenimiento de dichas áreas, sino porque estaríamos poniendo en riesgo nuestra integridad física y nuestro patrimonio”. La abogada Silvia Lucila Delgado Martínez, con registro ICAL N° 4403, representa a los propietarios, para realizar cualquier trámite e interponer los recursos administrativos correspondientes.

Ante el juzgado

En cuanto al pedido planteado ante el Poder Judicial, el interdicto solicita se disponga de manera inmediata la restitución de la posesión de las áreas comunes presuntamente afectadas por los demandados, como consecuencia de una compra venta de un terreno o área a favor de Auna-Oncosalud SA.

Entre las áreas afectadas figurarían las cisternas con motobombas, el segundo pozo, el pasadizo de evacuación y primer pozo de agua; el pasadizo de evacuación general y primera cisterna; el cuarto de residuos sólidos, la rampa general de acceso e ingreso al centro comercial; la rampa colindante; todas forman parte del área común y esta colindante al colegio Karl Weiss; y la puerta de salida con la calle Gloria y pared colindante con el Karl Weiss.

Problema que se arrastra

Ante la Fiscalía, Orlando Garay narró que el 17 de junio de 2021, junto con otros propietarios, se acercó a la Alameda 2 del Centro Comercial Boulevard, porque los señores de Caja Trujillo y el administrador Javier Sosa Cornejo habrían intentado despojarlos de sus áreas comunes.

“Este es un problema que se viene suscitando desde hace tres años aproximadamente, en el cual los señores de Caja Trujillo venden un área denominada sector B o ampliación B, yo cuento con el documento de la subasta pública realizada por la Caja Trujillo en julio de 2018, donde se precisa que la ampliación B era de 2,322 metros cuadrados aproximadamente, pero me doy con la sorpresa de que, en diciembre de 2018, en el documento de compraventa que se realiza a favor de OncoSalud el área es de 2596.59 metros cuadrados. Eso quiere decir que Caja Trujillo de manera irresponsable vendió un área mayor a la que les pertenecía, incluyendo en esa área excedente nuestras áreas comunes”, narró.

Ante la decisión de la Fiscalía Suprema de Control Interno de declarar la nulidad de la Resolución N° 03, que impuso la sanción de amonestación contra el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco por no haber observado los plazos legales y cumplir con la debida celeridad procesal en la presentación del Requerimiento Acusatorio en la Carpeta Fiscal 2447-2014, del caso “Los Limpios de la Corrupción”, la fiscal adjunta superior Liliana Delgado Martínez, solicitó al fiscal quejado, un informe respecto a las pericias de Lavado de Activos; así como también, incidencias relacionadas a ella y la elaboración de algún requerimiento posterior. El fiscal Zapata Orozco respondió con el Informe N° 02-2022-3°FPPC-CH/SLZO, en el cual, en su afán de justificarse, responsabilizó al Ministerio Público por falta de apoyo en la gestión del único caso a su cargo.

Mediante Disposición s/n de fecha 7 de octubre de 2014, el fiscal a cargo de la Carpeta N° 2447-2014, dispuso la elaboración de una pericia económica, financiera y contable, que le permita acreditar que los exfuncionarios investigados, efectivamente cometieron el delito de Lavado de Activos. Es así que, entre los años 2015 y 2016 solicitó hasta en cinco oportunidades (27 de febrero, 26 de marzo y 7 de diciembre de 2015; y 15 de julio y 4 de agosto de 2016), la designación de una terna de peritos contables especializados que se encarguen de la referida tarea.

Al respecto, debemos señalar que con fecha 24 de noviembre de 2016, la Gerencia General del Ministerio Público autorizó el servicio pericial solicitado por Sergio Lucio Zapata Orozco por el monto de s/ 13 mil 330.00 para cada perito. Sin embargo, la entonces presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Giovanna del Rio Carreño, solicitó al Fiscal de la Nación que la transferencia aprobada recién se efectúe en enero de 2017, lo que - refiere Zapata Orozco - motivó que en febrero de 2017, se tenga que reiniciar el trámite para la realización de dicha pericia.

Finalmente, las labores de los peritos recién comenzaron el 7 de noviembre de 2017 (un año después de autorizado su financiamiento por parte del Ministerio Público), debiendo concluir, según Zapata Orozco, el 12 de marzo de 2018, lo que, pese a sus requerimientos, recién ocurrió el 24 de mayo de 2019, fecha en que se recibió la pericia contable en soporte DVD y mediante Disposición N° 347, de fecha 03 de junio de 2019, se dispuso su comunicación a los investigados por el delito de lavado de activos.

¿Mentiras o simples omisiones?

Lo que el fiscal Zapata Orozco no menciona en su informe es que él mismo prorrogó el plazo de entrega de la pericia contable, cuando solicitó que la contratación de los peritos se amplíe para una “segunda etapa” de culminación del informe final pericial de la investigación seguida en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, otorgando un plazo adicional de noventa días, lo que quedó consignado en los Términos de Referencia adjuntos al Oficio N° 2447-2014-MP-3°FPPC-CH-SLZO, de 18 de abril de 2018, documento que el fiscal dirigió a Jorge Luis Granados Santamaría; Gerente Administrativo del Distrito Fiscal de Lambayeque, quien posteriormente autorizó las Órdenes de Servicios 345, 346 y 347, con fecha 20 de junio de 2018, por lo que el plazo de entrega de las pericias, considerando el plazo de 90 días, no venció el 12 de marzo de 2018, sino que, a la propia solicitud de Zapata Orozco, debió producirse el 18 de septiembre de ese año.

El otro “olvido” del fiscal provincial Zapata Orozco es que el personal pericial presentó en físico los resultados de la pericia el 13 de diciembre de 2018 (fechadas 30 de noviembre de 2018) y no el 24 de mayo de 2019 como asegura en su informe. Lo que sucede es que él mismo no otorgó la conformidad por cuanto no contaban con las especificaciones técnicas exigidas en los requerimientos técnicos mínimos, argumento con el que la fiscal adjunta superior Liliana Delgado Martínez, desestimó este alegato como válido para el incumplimiento de plazos.

Se queja por falta de personal

Un segundo aspecto por el que según Zapata Orozco, no pudo cumplir oportunamente con presentar el Requerimiento Acusatorio en el caso “Limpios de la Corrupción” es que progresivamente la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque le fue quitando el personal que originalmente estuvo abocado a exclusividad a este emblemático caso.

En su informe del 9 de mayo del 2022, el fiscal sancionado, señala que el equipo de fiscales destacados a la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, inicialmente estuvo integrado por cuatro fiscales provinciales penales: Sergio Lucio Zapata Orozco, Pamela Ysabel Elías Bravo, Isabel del Carmen Valdiviezo Ludeña y José Félix Tejada Ramos, y cinco fiscales adjuntos provinciales.

 Remarca el fiscal Zapata Orozco que al año 2017, se redujo el personal fiscal a dos fiscales provinciales y cuatro fiscales adjuntos provinciales, y a partir de 2019 se retornó a la fiscal provincial Pamela Elías Bravo y a los fiscales adjuntos Luisita Ruíz Chapoñan, Elí Pérez Díaz y Jhonny Raúl Sotero Zeta a su plaza de origen, quedando desde el año 2020 solo Zapata Orozco y el fiscal adjunto Eliú Arisméndiz Amaya a cargo del caso.

Ante ello, el Órgano Desconcentrado de Control Interno (ODCI) respondió que el fiscal sancionado no solo ha vulnerado el plazo legal, sino que además ha vulnerado el plazo razonable, siendo que las audiencias en las que ha participado el fiscal Zapata Orozco han sido esporádicas ,habiendo contado con fiscales y apoyo logístico, por lo que, ha incurrido en negligencia en el cumplimiento de sus funciones, habiendo tenido el tiempo suficiente para analizar la pericia de lavado de activos y presentar el correspondiente requerimiento acusatorio o de sobreseimiento, recordándole la serie de exhortaciones efectuadas por los distintos presidentes de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque para su cumplimiento.

Colaboradores Eficaces

Según el fiscal Zapata Orozco, al 23 de marzo de 2022, se han generado 13 procesos de colaboración eficaz, de los cuales, a pesar de los casi ocho años de tiempo transcurrido, solo cuatro cuentan con sentencia condenatoria confirmada: el CE-10-2015, CE-15-2015, CE-16-2015 y CE-17-2015, los cuales serían empresarios que decidieron reconocer los delitos que cometieron.

Otros nueve, la mayoría presumiblemente exfuncionarios, solo alcanzaron el status de “aspirantes” (condición inexistente en la actual normativa penal): el CE-09-2014, CE-22-2014, CE-25-2014, CE-48-2014, CE-70-2014, CE-11-2015, CE-05-2016, CE-77-2016 y CE-78-2016.

A todos ellos, el Poder Judicial les ha denegado el Acuerdo de Colaboración Eficaz solicitado, ya sea por el pretendido excesivo beneficio premial o por la falta de precisiones y presentación de elementos de convicción, con excepción del CE-09-2014 (próximo a cumplir ocho años de aspirante) de quien se ha presentado el Acta de Acuerdos y Beneficios y Colaboración al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, sin que hasta le fecha, que se tenga conocimiento, se haya aprobado o desestimado el referido acuerdo. Un aspecto que llama poderosamente la atención es que, en el caso del CE-22-2014 y el CE-05-2016, se trataría de la misma persona, ya que, en el informe del fiscal Zapata Orozco, se les consigna en forma conjunta como si fuesen uno solo.

Por otro lado, son cinco los imputados que se encuentran prófugos de la justicia: Fernando Fernández Bravo (sentenciado), Mercedes Janina Ramos Suyón (sentenciada), Arsenio Carranza Díaz (sentenciado), Rubén Stalin Rafael Campos (prisión preventiva) y Teresa Yolanda Benavides Campos (reo contumaz).

Sentencias condenatorias

En una próxima edición estaremos analizando cómo es que de tener veinte investigados, el caso pasó a tener más de 150 imputados, lo que ha vuelto sumamente complejo el caso; así como los procesos desacumulados y cuántos de ellos han alcanzado alguna sentencia condenatoria.

Lo cierto es que después de casi ocho años a exclusividad en el caso, la productividad del fiscal Zapata Orozco es sumamente pobre como lo reconoce el ODCI cuando emitió la resolución sancionadora. Una auditoria permitiría establecer si la gestión de la Carpeta Fiscal N° 2447-2014 ha sido la más adecuada y ha estado ajustada a la normatividad penal y procesal vigente.