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Haciendo gala de su florido verbo, el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, ofreció una entrevista al canal del Estado, TvPerú, en su condición de presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades del Perú – AMPE, espacio en el que hizo aseveraciones que no corresponden a la verdad, como, por ejemplo, que la Contraloría General de la República no interviene en la comuna local, pese a los reiterados pedidos que hace.
“Pido al contralor de la república, que los contralores, los jefes de OCI, pertenezcan a los comités de adquisiciones, a los comités de compras, que ellos participen, que también estén vinculados. (El control concurrente) No existe, desde el 2019 lo vengo escuchando. Realmente, no existe, no lo he visto en la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Pedimos la participación de la Contraloría, pero no existe. Solamente mandan opinión después, pero no quieren firmar, en ese momento, opinión. Solamente después lo hacen. El control concurrente, aún, es una necesidad y una ilusión”, aseveró Gasco Arrobas.
El edil añadió que en el 2019 habló con el contralor de la república, Nelson Shack Yalta, sin que haya resultados a su pedido. ¿Cuál era? Según Marcos Gasco, la implementación del control concurrente.
“Lamentablemente no se ha podido concretar, quizá por la pandemia, quizá por los cuatro presidentes y ha tenido problemas, como también lo han tenido los alcaldes, pero, ¿por qué no hace algo más rápido? Que los mismos contralores de cada municipio del Perú entren y sean uno más en los comités de compra, que son comités totalmente fuera de las municipalidades, totalmente aislados y toman sus propias decisiones”, dijo.
Pedido inviable
En su afán por sorprender a la prensa nacional, Gasco Arrobas hizo una serie de afirmaciones falsas e inexactas. En principio, porque los comités encargados de las contrataciones en las entidades del Estado son designados, para cada proceso, por el titular del pliego, en el caso de una municipalidad el alcalde, o por el funcionario en orden jerárquico que este designe, que puede ser el gerente general o gerente municipal. Así lo señala la Ley de Contrataciones del Estado.
La misma norma no contempla la posibilidad de que los integrantes de un Órgano de Control Institucional – OCI, que tiene autonomía para actuar, conformen comités de selección, por lo que su pedido no solo resulta impreciso, sino también ilegal.
Responsabilidad penal
Respecto de la intervención de la Contraloría en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Marcos Gasco también mintió.
A través del N° 009-2022-2-0425-SCE, emitido la semana pasada, el ente de control detectó el perjuicio económico por un millón 300 mil soles en la compra de 14 compactadoras en la gestión de Marcos Gasco, además de responsabilidad penal en los integrantes del Comité de Selección encargado del proceso, toda vez que estos trasgredieron la Ley de Contrataciones del Estado para otorgar la buena pro a un consorcio que no cumplía los requisitos exigidos en las bases.
El comité estuvo conformado por Gino Chanamé Díaz, como presidente, y Pedro Reyes Tassara y Carlos Montalvo Calderón, como primer y segundo miembro titular, respectivamente.
“Los hechos expuestos afectaron el principio de legalidad, al evidenciarse que en la etapa del procedimiento de contratación inobservaron la normativa de contrataciones del Estado, así como afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública, al desarrollar un procedimiento de selección bajo criterios no objetivos ni legales, ocasionando por el actuar al margen de la normativa, de los miembros del comité de selección en la etapa a su cargo de la fase de selección de la licitación pública”, señala el informe.
En el mismo, se pide al órgano instructor realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo comprometidos en los hechos observados y se solicita al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción “iniciar las acciones legales penales contra los funcionario y servidores” involucrados.
En el 2019, Contraloría también detectó un perjuicio económico por más de 240 mil soles en la contratación directa de Veolia para el recojo de residuos sólidos, caso por el que el Ministerio Público pide seis años de cárcel contra Gasco Arrobas por el delito colusión agravada. El requerimiento plantea una pena accesoria de cuatro años por negociación incompatible.
Los implicados en la acusación son Marcos Gasco Arrobas, alcalde de la comuna; Cinthya Flores Huamanquispe, exgerente de Asesoría Jurídica; el también gerente de Asesoría Jurídica José Flores Cabanillas, los exgerentes del municipio Cristian Rosenthal Ninapaytan; Ricardo Romero Rentería y Luis Ponce Ayala; Juan Ibáñez Álvarez, ex gerente de Administración; Óscar Ahumada Ramos, ex jefe de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos; Adriana Ghersi Burga, jefa de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos; Edgardo Siaden Ortega, jefe de la Unidad de Logística; Juan Bendezú Zevallos y Ralph Montoya Vega.
Informes sobre su gestión
Contraloría detectó también el incumplimiento de perfiles para la designación de cargos de confianza en la gestión de Marcos Gasco, irregularidades en la distribución de canastas para familias vulnerables en el marco de la pandemia por el Covid-19, irregularidades en la ejecución de trabajos de pistas y veredas en la Urbanización Bancarios y ha intervenido por el caso de presuntos proveedores fantasma.
Asimismo, irregularidades en la ejecución de las instituciones educativas Capullitos de Rosa y César Vallejo, deficiencias en la gestión tributaria a cargo del SATCH, perjuicio económico de 261 mil soles en el contrato del servicio de notificaciones de papeletas de tránsito, irregularidades en el proceso de contratación para la pavimentación de la Urbanización Los Parques y otros más.
Defensa en caso Veolia
“Tengo 49 investigaciones, de las cuales 39 ya están archivadas. El caso Veolia es el único caso de corrupción por el que estoy siendo investigado y abro las puertas del municipio”, dijo en la entrevista Marcos Gasco con total tranquilidad.
Acto seguido, el alcalde pasó a defender – una vez más – la contratación directa con Veolia por la cual el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios pide cárcel en su contra.
“Le voy a decir algo, Veolia es la empresa más grande del mundo en gestión de los residuos sólidos. Es una empresa francesa gigantesca. A pesar que hubo una propuesta de desabastecimiento inminente, con lo que se puede decir que se compra (contrata) con uno y no más, a quien se elija a dedo. Fue una propuesta de desabastecimiento inminente y compra directa que se aprobó en el concejo provincial. Sin embargo, invitamos a varios, para hacerlo transparente”, acotó.
Yendo en contra de lo señalado por la investigación fiscal, afirmó que los regidores de la comuna recibieron los informes correspondientes para arribar al acuerdo de desabastecimiento. Sin embargo, Contraloría confirmó que la información fue incompleta y desactualizada.
“Costó 136 soles la recolección de una tonelada de residuos en Chiclayo, con costos mayores al proveedor. ¿Usted sabe cuánto cuenta en Lima Metropolitana? 260 soles, y es información pública. Ahí es un tema administrativo, quizá, que no tiene por qué empañarme a mí, pero son efectos mediáticos. Lamentablemente el Ministerio Público está totalmente mediatizado y eso hace que se den este tipo de cosas, que considero totalmente injustas”, manifestó.
Consorcio sí fue favorecido. De acuerdo al Informe de Control Especifico N° 009-2022-0425-SCE emitido por el órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, se determinó que el comité de selección, para llevar a cabo el proceso para la compra de 14 compactadoras, inobservó flagrantemente la normativa de las contrataciones del Estado a fin de favorecer al Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú.
El otorgamiento de la buena pro del Ítem 2, referente a la adquisición de dos compactadoras de 17 metros cúbicos se dio el 27 de octubre del 2021.
Según los argumentos de hecho especifico presuntamente irregular evidenciados por el OCI, los cuales han sido plasmados en el acápite II, numeral 2 del informe emitido concerniente a la publicación del consentimiento del otorgamiento de la buena pro de dicho ítem, el OCI precisa que este procedimiento ha sido realizado posterior al plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - RLC, incluso vulnerando la séptima disposición general de la Directiva n° 003-2020-OSCE/CD.
La fundamentación legal
El informe en mención, en uno de sus considerandos, hace referencia que al haberse presentado una sola oferta en el proceso del ítem 2, y habiéndose otorgado la buena pro el 27 de octubre de 2021, el comité de selección debía haber consentido la misma ese día, para que esta sea publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE el 28 de octubre de acuerdo a lo establecido en el tercer y cuarto párrafo del artículo 64° del RLC.
Dicho artículo señala que en caso se presente un solo postor – como así sucedió para el Ítem 2 -, el otorgamiento de la buena pro y su consentimiento se efectúa el mismo día y se publica al día siguiente. Sin embargo – refiere el informe -, se evidencia que esto no ocurrió, por cuanto se notificó únicamente el otorgamiento de la buena pro el 27 de octubre en el SEACE, originando que el consentimiento del otorgamiento de la buena pro se realice el 3 de noviembre de 2021, es decir, tres días hábiles después del plazo previsto en la norma reglamentaria.
El efecto de la demora
Nuestro consultor en contrataciones con el Estado, Jorge Chávez Pita, manifiesta su percepción respecto al efecto de la irregular dilación advertida en el informe del OCI.
En primer orden concuerda con el informe emitido respecto a la demora procedimental en la que ha incurrido el comité de selección al momento de consentir la buena pro del Ítem 2, la cual – de acuerdo a su apreciación técnico legal - ha servido para que el Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú pudiera presentar la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento en el plazo supuestamente regular establecido en el artículo 141° del reglamento, el cual establece lo siguiente: “Dentro de los ocho días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el postor ganador presenta los requisitos para perfeccionar el contrato”, entre ellos, para este ítem, opcionalmente una Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.
En ese sentido, refiere el consultor, que al no haberse publicado en el SEACE el consentimiento de la buena pro al día siguiente de su otorgamiento (28.10.2021), sino irregularmente el 3 de noviembre de 2021 - como así lo advierte el OCI - esto con la finalidad subrepticia de que el plazo de ocho días rija a partir del día siguiente del consentimiento publicado (04.11.2021), más no desde la fecha que formalmente debió haberse realizado (28.10.2021).
Esta actitud a todas luces intencional – precisa el consultor - ha dado motivo para que el Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú haya presentado para la firma del contrato la Carta Fianza N° 6652539 emitida por la Positiva Seguros con fecha 11 de noviembre, la cual no resultaría ser válida, por cuanto esta fue presentada tomando en cuenta la fecha del consentimiento de la buena pro el 3 de noviembre, más no la que debió haber sido publicado el 28 de octubre de 2021, para luego a partir del día 29 contabilizar los ochos ocho días hábiles para la presentación de la misma que se cumplía el 10 de noviembre, es decir, la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento emitida el 11 de noviembre fue presentada fuera del plazo establecido por el RLC, por ende el contrato por el ítem 2 no debió ser suscrito.
Los beneficios
Incida el consultor que de acuerdo al acta del proceso publicada en el SEACE, se muestra que para el Ítem 2 participó un solo postor, otorgándosele la buena pro el 27 de octubre de 2021 como único participante, en este sentido, refiere Chávez Pita que el consentimiento efectivamente debió aparecer publicada al día siguiente del otorgamiento de la buena pro (28 de octubre), y no el 3 de noviembre, como así se evidencia en el referido portal de transparencia.
Como quiera que el artículo 64°, numerales 64.3 y 64.4 del reglamento han servido como condición fáctica al OCI para sustentar la demora procesal respecto al consentimiento de la buena pro que irregularmente dilató y publicó el comité de selección, en este caso el 3 de noviembre de 2021, el artículo 141° del reglamento respecto a los plazos y procedimientos para el perfeccionamiento del contrato, en el litera a) del mismo establece lo siguiente: “Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, el postor que la obtuvo presenta los requisitos para el perfeccionamiento del contrato”, en este caso opcionalmente para el Ítem 2 una Carta Fianza garantizando el Fiel Cumplimiento de la contratación, manifiesta el consultor.
La corroboración
De acuerdo al acta del proceso publicada en el SEACE, se muestra que el mismo día 27 de octubre de 2021, el comité de selección otorgó igualmente la buena pro al Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú por el ítem 1 para la adquisición de 12 compactadoras, cuya publicación – igual que el ítem 2 - fue realizada el 27 de octubre de 2021, para luego de los ocho días hábiles posteriores a la publicación de la buena pro, publicar su consentimiento el 10 de noviembre de 2021, debido a la existencia de un segundo postor, cuya oferta fue descalificada y podía haber apelado la decisión del comité dentro de este plazo, conforme lo prevé el RLC, y de esta manera cumplir irrestrictamente con lo establecido en el cuerpo normativo - lo que no sucedió en el proceso anterior -, tal es así que, como corroboración implícita el consorcio presentó la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento emitida por la Positiva Seguros el 19 de noviembre como fecha límite para su presentación.
El flamante presidente de la Autoridad Portuaria Regional – APR, Marty Llontop Samillán, quien a la vez se desempeña como gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque, habló con Expresión sobre el reinicio de las actividades de la entidad para reanudar la gestión y promoción del anhelado proyecto que apunta a la construcción del Terminal Portuario.
Recientemente asumió la presidencia del Directorio de la reactivada Autoridad Portuaria Regional – APR. ¿Qué acuerdos iniciales han adoptado para impulsar la ejecución del Terminal Portuario de Lambayeque?
Lo que se ha aprobado en primer momento es investigar los antecedentes que tiene la Autoridad Portuaria Regional, para saber qué cosa tenemos y qué cosa tenemos que hacer.
Nos hemos encontrado con varias situaciones adversas, como, por ejemplo, la afectación por procesos judiciales de áreas colindantes, no área de desarrollo portuario, sino la zona de intervención que será posterior a la construcción del terminal.
Ante ello se ha pedido informes al responsable de Patrimonio Fiscal del Gobierno Regional de Lambayeque, así como al procurador público regional para que nos dé a conocer cuáles son los estadíos de estos procesos.
¿Se refiere concretamente a los procesos del empresario Galo Muñoz con los cuales ha logrado la adjudicación de tierras en el área de influencia del Terminal Portuario Regional?
Ustedes conocen que a través de la prescripción adquisitiva de dominio pretende obtener 243 hectáreas de la zona colindante y el procurador público ha expuesto todas las acciones legales que corresponden, entre ellas que se vuelva a notificar la sentencia del caso para recurrir de la manera que sea adecuada.
¿No son procesos ya concluidos?
No, no son casos terminados. Quienes han manifestado esto son personas que tienen un propósito personalísimo de que se haga escándalo dentro del Gobierno Regional de Lambayeque y se vea esto como una especie de deficiencia.
¿Quiere decir que aún se puede luchar por la propiedad de esas tierras a favor del Estado?
Claro que sí. El procurador público regional ha logrado que se incorpore o se sobrecarte, es decir, se vuelva a notificar la sentencia que es materia de cuestionamiento para impugnarla en la vía que corresponde. No se habla de cosa juzgada aún.
Por otro lado, ¿cómo se ha elegido al gerente general de la Autoridad Portuaria Regional?
Se ha elegido de manera democrática, hubo dos propuestas y de ellas salió elegido el señor Miguel Peralta Suárez, un reconocido profesional que también ha tenido experiencia en gobiernos anteriores en relación a la Autoridad Portuaria Regional – APR.
Todos los documentos de gestión de esta entidad pasaron un filtro y fue él, justamente quien se encargó de su revisión.
Hay personas que se consideran dueños de la verdad y eso no es así. Aquí, en el departamento de Lambayeque, sí existen profesionales idóneos como en este caso el señor Miguel Peralta, quien ha recibido nuestra confianza, por lo que recae en él la gerencia general de la APR.
¿Con qué presupuesto empieza a operar la APR?
Estamos iniciando con 430 mil soles exactamente, en estos momentos. Esto corresponde al ejercicio fiscal 2022.
Lógicamente nosotros la dejaremos con presupuesto asignado para el 2023, para que la nueva autoridad regional prosiga.
Como se sabe, nosotros tenemos una prosecución en el directorio y por ello nos vamos a encargar de que se tenga todo el presupuesto para echar a correr este megaproyecto que nunca tuvo una real prioridad en el programa multianual de inversiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC.
¿Con cuántas personas empieza a funcionar la APR?
Con ocho personas: el gerente general, el administrador, la jefa de finanzas, la responsable de contabilidad, el responsable de almacén y logística, y el responsable del área técnica pertinente.
¿Desde que ha asumido la conducción del directorio ha notado el interés de alguna empresa o consorcio interesado en el megaproyecto?
Claro, recordemos que hace poco más de un mes estuvo aquí una delegación coreana que está muy interesada en poder invertir en el proyecto.
Por recomendación de la Autoridad Portuaria Regional, este megaproyecto no debe salir de una forma distinta a una Alianza Pública Privada – APP. Es decir, se debe lograr una declaratoria de interés y a razón de eso es que nosotros debemos dirigirnos.
Las personas, los consorcios, el empresariado, los grupos de poder que estén interesados en el Terminal Marítimo de Puerto Eten no tienen otra cosa más que solicitar todo el marco que tenemos como resumen ejecutivo para tener en consideración de qué manera apostar.
Justamente en estos próximos días ya está comisionado el gerente general para articular con la Autoridad Portuaria Nacional y con los grupos empresariales que se tengan para llevar a cabo la socialización del proyecto.
¿Entonces se puede tener optimismo respecto al proyecto?
Sí. Yo vi con mucho optimismo el Proyecto Olmos y se materializó, y justamente yo también era un colaborador del Gobierno Regional de Lambayeque. Ahora, veo con ese mismo optimismo el tema de la Autoridad Portuaria Regional.
¿Que hemos perdido tiempo? Sí, lo debo reconocer y debo hacer una mea culpa. Sin embargo, ahora con el liderazgo del gobernador Luis Díaz Bravo estamos poniendo en marcha la Autoridad Portuaria Regional.
Entonces, ¿es un hecho que esta gestión dejará encaminado el proyecto para que se ejecute con las nuevas autoridades que vengan?
Estamos justo caminando con los Términos de Referencia para las Iniciativas Público – Privadas, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que deseamos en este terminal, y por eso es que nuestra preocupación es la seguridad de los terrenos anexos que se encuentran cerca al área de desarrollo. Esa es nuestra perspectiva.
El gerente general está comisionado para buscar los mejores Términos de Referencia que coadyuven a esta iniciativa privada para socializarla a través de una iniciativa de interés, como corresponde.
¿En qué tiempo se deben tener esos Términos de Referencia?
Considero que en el transcurso de este ejercicio podremos hacerlo.
Por otro lado, preocupan los avances de las obras de las avenidas Colectora y Cieza de León. ¿Cómo se encuentran estos, se concluirán conforme estaba concebido? ¿Se superaron los problemas legales con supuestos dueños de las áreas intervenidas?
Las denuncias que se tuvo por supuesto abuso de autoridad han sido archivadas a nivel de diligencia preliminar en el Ministerio Público; es decir, no han pasado a una formalización. El fiscal ha considerado que no existen elementos para formalizar una investigación.
Debo señalar que las mismas personas que acudieron a la fiscalía para denunciar el supuesto abuso de autoridad, ahora han presentado una denuncia por supuesta usurpación agravada con los mismos argumentos. Quieren darle una tipificación distinta y entiendo que con los mismos argumentos será desestimada esta pretensión, que no tiene otro objetivo más que detener la obra pública, pero eso no se va a dar.
¿El Gobierno Regional de Lambayeque no va a detener los trabajos?
Definitivamente no, nosotros continuamos con la ejecución.
¿Se mantienen ustedes en la posición de que la Municipalidad Provincial de Chiclayo es responsable de la controversia generada?
La responsabilidad de la municipalidad recae por haber sido la unidad formuladora, por lo que debió hacer el saneamiento físico legal en el que se está haciendo la intervención de la obra pública. Sin embargo, eso no es óbice para que nosotros nos detengamos, porque somos responsables de la ejecución. Se determinará la responsabilidad en quien tenga que recaer. El gobierno regional es firme en este propósito: no vamos a detener la obra de la avenida Colectora y en los próximos días se sabrá cuándo se concluye la obra.
Respecto a la avenida Cieza de León, que tuvo algunos inconvenientes por parte del contratista ya se reanudó desde la semana anterior.
¿Se ha considerado la posibilidad de prolongar esta pavimentación hasta el puente Las Palmas?
Sé, por referencias, de que ese es el propósito de la prosecución, para darle mejor calidad de vida a los población, que es el afán que debe perseguir todo tipo de autoridad. Sin embargo, nuestra ejecución va solo hasta donde manda el expediente técnico.
Mal haríamos en ofrecer algo que no tenemos planificado ni presupuestado. En todo caso, es una tarea que queda para el próximo gobierno.
¿Hay quienes han pretendido lucrar frenando la ejecución de la avenida Colectora?
Considero que sí, porque a pesar que tienen conocimiento de causa que existen postes de sub estación, insisten en que es su propiedad. Los postes de sub estación y el alcantarillado no pasan por la propiedad privada, sino por espacios públicos. En esa área que ellos reclaman intervino Electro Norte, primero, luego EPSEL y ahora, cuando interviene el Gobierno Regional de Lambayeque recién reclaman. Eso es muy cuestionable.
¿En estos pocos meses que le quedan a la gestión donde estarán concentrados los esfuerzos del gobierno regional?
En obras emblemáticas como el Hospital Referencial de Ferreñafe, vamos a poner nuestros mayores esfuerzos en ello y ya lo anunció el gobernador que esto se gestionará a través de UNOPS para darle mayor celeridad. También está la construcción del Instituto López Albújar, por más de 53 millones de soles, la compra de ambulancias, el mejoramiento de 77 centros de salud y la conclusión de obras educativas.
El presupuesto se va a ejecutar a no menos del 98 % y seremos nuevamente primeros a nivel nacional.
¿A cuánto asciende el presupuesto de inversiones para este año?
Solo a nivel de sede estamos por encima de los 229 millones de soles y es muy problema que, por haber quedado en primer lugar el año pasado a nivel nacional, recibamos un adicional, con lo cual se recibirían 300 millones de soles, aproximadamente.
El Sindicato de Obreros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo espera que la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas atienda su Pliego de Reclamos y mejore no solo las condiciones remunerativas, sino también de equipamiento y recuperación de la maquinaria que se encuentra en desuso.
Manuel Farroñan Chapoñan, secretario general del sindicato, señala que los obreros siempre han sufrido por problemas de tipo laboral, más porque con 20 o 25 años de servicios siguen percibiendo una remuneración de mil 500 o mil 800 soles, pese al incremento del costo de vida y de la canasta familiar.
“Los trabajadores, desde las 3:00 de la mañana salen a trabajar y una movilidad o un taxi les cobra entre 12 y 13 soles, que para el sueldo que reciben resulta demasiado. Se le ha hecho un petitorio al alcalde, estamos coordinando con los funcionarios y lo que le pedimos a la autoridad es que se ponga una mano en el pecho y sea justo con los obreros municipales. Somos nosotros los que brindamos el servicio a la ciudad, para que la población pague sus impuestos y con ello se cubra el gasto municipal”, refiere.
Actualmente, la comuna de Chiclayo tiene mil 327 obreros en planilla. Sin embargo, no existe una cifra exacta de cuántos trabajadores contratados han ingresado en la presente gestión municipal. Se estima que el número supera los mil.
“Como sindicato hemos llegado a un acuerdo con los funcionarios y lo que se está haciendo es evaluar la necesidad de esas contrataciones y se está reduciendo el número, porque no debe elevarse mucho el presupuesto, pues al final nos afecta a los estables con nuestros sueldos. La semana pasada se nos informó que a un promedio de 300 trabajadores ya no se les había renovado el contrato, lo cual ha permitido reducir la cifra. Sin embargo, es necesario que se siga retirando personal para no afectar las arcas municipales”, indica Manuel Farroñan.
En el sindicato hay mil 200 afiliados. Estos gozan de una jornada laboral reducida, dado el horario en el que inician la jornada, 14 sueldos al año, dos bonificaciones al año y la bonificación denominada ‘La escobita’, que equivale al 33 % de la remuneración en noviembre. El régimen de contratación en el que se encuentran es el 728.
Compactadoras
De las 14 compactadoras adquiridas recientemente por la gestión de Marcos Gasco, con un presupuesto superior a los ocho millones de soles, cuatro presentan fallas técnicas y se encuentran bajo revisión a cargo del Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú, empresa a la que se le adjudicó la compra de la maquinaria en un proceso que es cuestionado por la Contraloría, con un perjuicio de un millón 300 mil soles a la comuna.
Las fallas que presentan las compactadoras están en el sistema eléctrico, además dos unidades tiene fuga de aire y una está averiada.
“Son los órganos de control los que tienen que actuar de acuerdo a ley, nosotros como trabajadores vemos que hay algunas deficiencias y desde un principio se les ha exigido a los funcionarios de que sean los trabajadores estables los que manipulen o manejen estas unidades. En el choque reciente de una de las compactadoras, quien conducía era un trabajador contratado. Si hay deficiencias, los órganos de control deben intervenir”, menciona.
Anota que en Maestranza, hay maquinaria municipal que debe ser repotenciada para integrarse al servicio de recojo de basura en la ciudad.
Según el dirigente del sindicato, en Chiclayo se producen aproximadamente 320 toneladas de basura al día y el municipio solo contaba con ocho compactadoras operativas para el recojo.
“Con la maquinaria nueva se está trabajando a dos turnos y se ha avanzado en el recojo. Sin embargo también falta trabajar en la cultura de los ciudadanos para que saquen la basura en los horarios que corresponden”, anota.
Gestión Gasco
Para el dirigente, la gestión de Marcos Gasco como alcalde de Chiclayo es regular y la califica con una nota aprobatoria de 12 sobre 20.
Reconoce que ha existido de parte de la autoridad poca disposición al diálogo, por lo que espera que los reclamos del sindicato, respecto a las mejoras laborales, sean atendidas.
