Este sábado 2 de abril son las elecciones en la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque para el período 2022-2024. Al proceso se ha presentado una lista de consenso, liderada por el empresario Olivio Huancaruna Perales, quien sostiene que la centenaria institución debe liderar la gesta por la ejecución del Terminal Portuario Regional.
La lista encabezada por Huancaruna Perales, reconocido empresario exportador en el rubro de la uva y el café, lleva como primer vicepresidente a Franco Chiappe Polar y en la segunda vicepresidencia a Carolina Medrano Vargas. Para el cargo de tesorero postula a Lindon Vela Meléndez y para pro tesorera a María Espinal Tapia, en tanto en las vocalías se ubican Michell Gamboa Delgado, Elkin Venegas Murillo, José Lecaros de Marzi y Víctor Orosco Nunton, todos destacados empresarios y representantes de importantes compañías asentadas en Lambayeque.
Huancaruna Perales representa a Induamerica Servicios Logísticos SAC; Chiappe Polar a Comercial Lavagna SAC; Medrano Vargas a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SAC, Vela Meléndez al Instituto Economía y Desarrollo SAC; Espinal Tapia al Consorcio Turístico Sipán Tours SAC; Gamboa Delgado al BBVA Continental; Orosco Nunton al Group Violeta; Venegas Murillo a Quicornac SAC y Lecaros de Marzi a la Asociación de Propietarios de Nuevas Tierras de Olmos.
“Hemos conformado una lista de consenso, que bajo el lema ‘Gestión con innovación y tecnología para el desarrollo’, busca apuntalar aspectos importantes avances para Lambayeque, como la ejecución del Terminal Portuario, obra de fundamental para el crecimiento, la industria, la economía, el empleo y el progreso del departamento. Nosotros lo hemos dicho antes y lo ratificamos ahora: si el Terminal Portuario no se ejecuta, Lambayeque quedará postergada”, afirma.
Búsqueda de inversionistas
El miércoles último, Huancaruna Perales, quien se desempeña como presidente de la Asociación Regional de Exportadores – AREX, e integrante del consejo directivo de la CCLAM, presidido por Carlos Burgos Montenegro, recibió la visita del gerente general de la División Gobal – Sucursal del Perú de Dohwa Engineering Co. LTD, Jin Man Cheong, empresa surcoreana que ha mostrado interés en la ejecución del proyecto del Terminal Portuario Regional.
Acompañados del gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque, Marty Llontop Samillán, así como de los alcaldes de Reque, Julio Huerta Ciurlizza, y Puerto Eten, Edward Díaz Periche, representantes del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, e integrantes de la cámara de comercio, se trasladaron hasta playa de Lobos, al sur del Terminal Multiboyas de Petro Perú, donde se proyecta la construcción del Terminal Portuario, según el Plan Maestro aprobado.
El funcionario de Dohwa fue informado in situ de todo el proceso seguido hasta el momento para la consolidación del proyecto lambayecano, cuya ejecución demanda de una inversión aproximada de 600 millones de dólares.
La visita ha abierto la posibilidad de la presentación de una iniciativa privada a cargo de empresas chinas y coreanas, para la construcción, operación y mantenimiento del Terminal Portuario Regional.
“Lo que nos corresponde a los gremios empresariales es trabajar para difundir el proyecto y ayudar en la búsqueda de inversionistas que puedan ejecutar el Terminal Portuario. El rol promotor es del Estado, a través de Proinversión, pero a veces resulta un proceso lento. Puerto Eten es viable en todos los sentidos, en el ingenieril, en el económico, en los flujos de carga y descarga. Es la puerta de salida de todo el nororiente al Asia y es una oportunidad que no podemos desaprovechar”, mencionó Olivio Huancaruna.
El empresario dijo que existen intereses en las regiones vecinas para que el Terminal Portuario de Lambayeque no se ejecute, pues sus condiciones son mucho más ventajosas que los puertos de Paita y Salaverry, lo que les restaría flujos de carga.
“No es un secreto que en las regiones vecinas existe celos del proyecto de Lambayeque, porque son conscientes que nuestra regiones tiene potencialidades de conexión, cercanías, tierras, recursos, que la hacen más competitiva. El problema, en los últimos años, es que esa consciencia no existe entre todos los lambayecanos, sobre todo en las autoridades, por eso es que se ha perdido tiempo valioso para impulsar el proyecto. Ese es el tiempo que queremos recuperar a través de la cámara de comercio, que es el gremio empresarial más grande y el que permanentemente ha estado poniendo el tema del puerto en agenda”, explicó el empresario.
Desde el Gobierno Regional de Lambayeque se explicó que, en paralelo, en Lima el gobernador regional, Luis Díaz Bravo, se reunió con el flamante presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, Manuel Hinojosa.
La cita sirvió para agilizar los trámites de reactivación y acreditación de los representantes de la Autoridad Portuaria de Lambayeque y programar una próxima reunión en la primera quincena de abril.
En la reunión participó el gerente general de la APR, Guillermo Bouroncle, y el director de Planeamiento y Estudios Económicos del gobierno regional, Ricardo Guimaray Hernández.
Proceso del proyecto
De acuerdo al Plan Maestro de Desarrollo Portuario, la infraestructura deberá construirse a seis kilómetros al sur del distrito de Puerto Eten, apuntando a ser un punto de salida que conecte a los departamentos que componen el Corredor Nor amazónico con todo el mundo, a través del Océano Pacifico, permitiendo el comercio de los productos agrícolas y de manufactura.
El proyecto contempla dos fases. En la primera deberá realizarse la construcción del puente de acceso (la plataforma portuaria se ubicará dos kilómetros mar adentro para evitar los problemas de arenamiento), el pantalán, las instalaciones en el mar, en tierra, las obras civiles y el rompeolas, indispensable para proteger la infraestructura portuaria.
En tanto, la segunda fase contempla la instalación del multiboyas, el incremento del puente de acceso, el rompeolas, las motas de cierre, el muelle de contenedores, el relleno de la explanada, y las obras civiles de instalación y el equipamiento.
La inversión total del proyecto se estima en 600 millones de dólares. Se ha realizado el saneamiento físico y legal de las tierras que son parte de la zona de influencia del terminal y desde el 22 de enero del 2018 se autorizó el proceso de promoción de la inversión privada.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, incluyó al Terminal Portuario de Lambayeque en su cartera de inversiones con el objetivo de allanar el camino para que Proinversión inicie el concurso público para la iniciativa estatal con financiamiento 100 % privado y se ha comprometido a mantenerlo en el plan de inversiones 2023-2026.
Compromiso institucional
Olivio Huancaruna señaló que el trabajo de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque deberá seguir siendo el de ente articulador de la sociedad civil, de la mano con los colegios profesionales y las demás organizaciones que sí tienen interés en el progreso económico del departamento.
“La pandemia y el ruido político son factores que siguen generando impactos negativos sobre las inversiones y ante ello nosotros, como el gremio empresarial más importante y representativo debemos ser la voz articuladora que impulse a las autoridades a trabajar con honestidad y eficiencia, y genere escenarios de confianza para el capital privado”, enfatiza.
No habrían dicho la verdad. Las ofertas presentadas por el consorcio ganador de la buena pro para la adquisición de compactadoras en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, muestran que sus integrantes habrían declarado que su representante legal no se encontraba impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado, lo cual no se ajustaría a la verdad.
De acuerdo a las ofertas presentadas por el Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú publicadas en el portal del Sistema de las Contrataciones con el Estado - SEACE, a quien el comité de selección le adjudicó la buena pro de los Ítems 1 y 2 para la adquisición de 12 camiones compactadores de 15 m3 y 2 de 17 m3, muestran que este se conformó el 27 de octubre de 2021, integrado por Perú Business Corporation S.A.C., con un porcentaje de participación del 10 %, Gruppo Ambientale S.A.C., con el 40 % y Automotores Inka S.A.C., con el 50 % de participación, empresa que según las obligaciones contraídas es la operadora tributaria, es decir, emitirá la facturación respectiva y efectuará el cobro de la misma.
El representante sentenciado
Mediante las promesas de consorcio presentadas por el adjudicatario por cada ítem, sus integrantes designaron como representante común del mismo a Carlos Jesús Potesta Valencia, apoderado de una de las empresas consorciadas, en este caso Perú Business Corporation SAC, a quien le otorgan las facultades para participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección y la “suscripción y ejecución del contrato” con la MPCH, como así lo expresa dicho acuerdo textualmente.
Sin embargo, en ambas promesas del consorcio se incluyeron informaciones no acordes a la realidad. En el literal c) de las mismas los conformantes manifiestan textualmente los siguiente: “Así mismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado”, aseveraciones que no se serían ciertas.
De acuerdo a las informaciones periodísticas encontradas (El Comercio / Radio Cutivalú), Carlos Jesús Potesta Valencia fue sentenciado por el juez del Sétimo Juzgado Penal Unipersonal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Ronald Soto Cortez, quien le impuso la condena de tres años de pena suspendida por el delito de colusión agravada en calidad de cómplice del exalcalde de la comuna de 26 de Octubre, Práxedes Llacsahuanga Huamán, cuando la empresa SIGMA Equipment del Perú SAC, representada por Potesta Valencia integrando un consorcio, ganó la buena pro en dicha comuna para la adquisición de tres camiones compactadores con precios sobrevalorados.
Presunta información falsa
Advertido la presunta información falsa, Expresión recabó la opinión técnica del consultor en contrataciones con el Estado, Jorge Chávez Pita, quien manifiesta que tanto el literal n) del artículo 11° de la Ley de Contrataciones con el Estado y el artículo 7° de su reglamento, respecto a los impedimentos en los que están inmersos los representantes o personas vinculadas que hayan sido condenadas mediante sentencias consentidas por delitos cometidos, entre ellos en procesos de selección, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, impedimento que recae incluso en aquellos representantes nombrados como tales cuando su participación sea integrando un consorcio, como sería el caso
Menciona que la configuración de una presunta información falsa contenida en la oferta del consorcio, estaría referida no solo al estatus legal del representante, sino fundamentalmente en la aseveración supuesta por parte de los integrantes del consorcio no acorde con la realidad respecto a la condición legal de quien los representó y suscribió los documentos presentados en la oferta del consorcio ganador, pese a que el mismo estaría incurso en el impedimento que la norma prevé al respecto.
El suspicaz cambio
Como quiera que la oferta del Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú fue suscrita totalmente por el representante común, Carlos Jesús Potesta Valencia, se advierte – según el portal del SEACE - que sin sustento alguno los representantes de los tres integrantes del consorcio decidieron el cambio de dicho representante legal común antes de la firma de los respectivos contratos, el cual fue propuesto a la MPCH según la Carta s/n de fecha 28 de octubre del 2021, mediante la cual le informan a la MPCH su declaratoria expresa del acuerdo tomado de realizar dicho cambio para la “firma del contrato” en los dos ítems, nombrando a Andrés Fernando Salas Colonna, quien resulta ser el gerente general de Perú Business Corporatión S.A.C., empresa en la que el anterior representante ocupa el cargo de apoderado, hecho que permite presumir que el cambio realizado habría sido producto de la situación legal del mismo y que pudo ser advertido antes de la firma del contrato, como así sucedió.
La corroboración
Mediante los Contratos de Consorcio publicados en el portal del SEACE antes de la firma de los contratos respectivos con la MPCH, suscritos el 29 de octubre de 2021, en su parte introductoria se hace mención al nuevo representante común Andrés Fernando Salas Colonna, cuyo cambio, incluso forma parte de la Cláusula Primera de los contratos celebrados con la MPCH por los dos ítems adjudicados, en las que textualmente se hace referencia que mediante documento notarial de fecha 11 de noviembre del 2021, el representante común Carlos Jesús Potesta Valencia y los integrantes del Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú suscriben un convenio estableciendo el cambio del representante común, quien al final fue quien suscribió los contratos correspondientes con la MPCH por los ítems adjudicados.
Deudas con la SUNAT
De acuerdo a la información obrante en el portal de la Superintendencia de Administración Tributaria - SUNAT, se puede advertir que el integrante del consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú S.A.C., con RUC N° 2050154289, representado por su gerente general Andrés Fernando Salas Colonna, a la vez representante el consorcio, mantiene a la actualidad un endeudamiento con la SUNAT en proceso de cobranza coactiva y reportado a las centrales de riesgo de un monto aproximado a los 160 millones de soles, producto del incumplimiento del pago por impuestos al Tesoro Público en los meses de marzo del 2020, noviembre y diciembre del 2021 y enero del año en curso, como así también por el aportes dejados de pagar a EsSalud en noviembre y diciembre del 2021 y enero del 2022.
Se advierte de igual forma que el consorciado Gruppo Ambientale S.A.C., con RUC N° 20608182153, representado por Cecilia Gastañeta Soto, a pesar de haber iniciado sus actividades el 1 de julio de 2021, actualmente mantiene una deuda impaga equivalente a mil 200 soles, producto del incumplimiento de sus aportes a los sistemas de salud (EsSalud) y pensiones (ONP).
Respecto al operador tributario
En función al acuerdo y las obligaciones contenidos en las promesas y los contratos de consorcios suscritos entre los integrantes del Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales del Perú, se designó como operador tributario a la empresa Sociedad de Automotores Inka S.A.C., representado por su gerente general, Diego Enrique Peramas Rojas, con domicilio en la Car. Panamericana Norte s/n Fnd. Iris – Distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo, quien según los acuerdos suscritos es el mayor participacionista con el 50 % y será quien se encargue de emitir las facturas correspondientes y el cobro de las mismas, es decir tendrá a cargo el manejo financiero y tributario de la contratación con la MPCH.
Cabe precisar que el consorciado Sociedad de Automotores Inka S.A.C., actualmente, según el portal de la SUNAT no cuenta con deudas pendientes de pago al ente recaudador, razón que le permitirá realizar el cobro de los montos facturados sin que estos pudieran ser retenidos para el recupero de las deudas pendientes que sus consorciados mantienen con la SUNAT.
El Órgano de Control Institucional – OCI, de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, emitió el Informe de Orientación de Oficio N° 003-2022-OCI/0512-SOO, denominado “Rendición de viáticos y pasajes otorgados al personal” de la entidad, el mismo que contiene información inexacta al considerar a exfuncionarios en la lista de omisos a la rendición, aun cuando sí cumplieron con remitir los reportes de sus gatos e incluso reembolsaron recursos.
Este es el caso de la expresidenta del Directorio, Erika Araujo Gonzales, y la ex gerente general Macarena Wester Pérez, quienes presentaron a Expresión la documentación que oportunamente remitieron a la entidad, así como al Órgano de Control Institucional.
Según el Informe de Orientación de Oficio N° 003-2022-OCI/0512-SOO, ambas tenían por rendir montos ascendentes a cuatro mil 987 soles y dos mil 24 soles, respectivamente. Empero, OCI no recogió la documentación que ambas entregaron sobre el particular, pese a que revisó la rendición de viáticos en el período 2018-2021. El informe fue cerrado el 8 de marzo.
Caso Araujo Gonzáles
El 16 de marzo, Erika Araujo se dirigió por escrito a la actual presidenta de la SBCH, Ángela Zavaleta Gonzáles, para efectuar precisiones sobre la presunta omisión de rendición de viáticos.
En el escrito, la exfuncionaria señala haber cumplido con las rendiciones dentro de los plazos correspondientes, debiendo tener en consideración que mediante el Memorándum N° 039-2021-P-SBCH, signado con registro número 214567.001; el Informe de Viaje S/N, signado con registro número 217020.001; el Informe N° 003-2021-P-SBCH, y el Informe N° 004-2021-P-SBCH, con registro número 218226.008, se procedió a presentar las correspondientes rendiciones de viáticos, junto con las documentales que sustentan las mismas.
“Me resulta bastante inverosímil y temerario que se afirmen situaciones contrarias a la verdad en el referido documento (informe de OCI)”, señala Erika Araujo.
“En salvaguarda de la reputación que he forjado a nivel personal y profesional, hago las aclaraciones correspondientes y recomiendo que proceda a exhortar a las unidades orgánicas competentes para que le den cuenta el por qué de la inexactitud de las afirmaciones, máxime si de la revisión del estado del trámite mediante el sistema habilitado en la página web de la Beneficencia de Chiclayo se valida que todo obra en la Unidad de Contabilidad, la misma que pertenece a la Oficina General de Administración. Los informes se presentaron dentro del plazo que contempla la directiva vigente”, refiere la expresidenta del Directorio.
La directiva a la que hace alusión es la N° 002-2014-UASA-SBCH, denominada “Directiva para la programación, solicitud, asignación, otorgamiento y rendición de cuentas de pasajes y viáticos por comisión de servicios”, aprobada mediante la Resolución de Presidencia de Directorio N° 140-2014-P-SBCH, del 1 de agosto del 2014, según la cual el personal designado debe presentar el informe de viaje y la rendición de cuentas de viáticos y gastos de viaje en un plazo no mayor de ocho días calendarios para viajes dentro del territorio nacional.
Caso Wester Pérez
Un día después, el 17 de marzo, la ex gerente general de la Beneficencia de Chiclayo, Macarena Wester también se dirigió por escrito a la presidencia del Directorio, con el objetivo de hacer sus descargos ante los señalamientos contenidos en el informe de la OCI.
“Me presento ante su despacho para precisar que eh cumplido con efectuar las rendiciones dentro de los plazos correspondientes, debiendo tener en consideración que tanto mediante los Informes N° 022-2021-SBCH/GG, y el N° 023-2021-SBCH/GG, se procedió a presentar las correspondientes rendiciones de viáticos, junto con las documentales que sustentas las mismas, motivo por el cual me resulta bastante inverosímil y temerario que se afirmen situaciones contrarias a la verdad en el referido documento”, menciona.
Wester Pérez señala que resulta bastante contradictorio que al momento que la Unidad de Tesorería ha alcanzado la información a los integrantes del equipo del Órgano de Control Institucional de la SBCH, haya omitido deliberadamente cotejar el referido acervo documentario, “enervándose los fundamentos contenidos en el documento de la referencia”.
Flamante Director de Cultura de Lambayeque habla sobre sus políticas de gestión.
Con la Resolución Ministerial N° 0082-2022-DM-MC, del 21 de marzo, se designó a Julio César Fernández Alvarado como jefe de la Dirección Desconcentrada de Cultura - DDC Lambayeque, y se le encargó de manera temporal la jefatura del Proyecto Especial Naylamp.
Fernández Alvarado, quien se desempeñó como gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, es arqueólogo por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide - España, y doctor en Bienestar Social y Desarrollo Local por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
En diálogo con Expresión el flamante funcionario señaló que su gestión estará enfocada en trabajar en los diversos aspectos del quehacer cultural, procurando la participación de los ejecutores culturales y las instituciones.
¿Cuáles serán las prioridades de su gestión en la Dirección Desconcentrada de Cultural?
En primer lugar, lo que nosotros estamos viendo, es en relación al patrimonio arqueológico, al patrimonio histórico, la interculturalidad y las industrias culturales. Lo que tenemos claro es que debemos mejorar el servicio que ofrecemos a los ciudadanos, porque al mejorar estos obviamente habrá mejores resultados.
En segundo término, nuestro propósito es transparentar la gestión totalmente, en todos los aspectos. Por ejemplo, si un ciudadano quiere saber cuántos Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, planes de manejo o planes de monitoreo se han hecho, poder alcanzarle una estadística. Eso no se tenía.
Nuestro propósito a mediano plazo es tener data, tener información que sea compartida, socializada con la población y, al mismo tiempo, promover y difundir toda actividad cultural. También queremos establecer a través de una estrategia de marketing digital las operaciones que tienen que ver con las actividades culturales.
Asume también la jefatura de la Unidad Ejecutora Naylamp. ¿Cuáles son los planes en ese sentido?
Necesitamos fortalecer y al mismo tiempo incentivar la capacidad de gasto, porque toda unidad ejecutora debe tener capacidad de gasto, que significa que los recursos del Estado sean adecuadamente invertidos, en los tiempos y modos que se establecen conforme a ley.
Esto es lo que particularmente vamos a propiciar, que se gaste en relación a los proyectos de inversión pública que están establecidos. Hay cinco proyectos a la fecha, otros que están encaminados y que están en función a la asignación de recursos públicos que establezca el Estado Peruano.
¿Qué proyectos de investigación arqueológica se tiene en desarrollo en estos momentos?
Hasta el año pasado había prácticamente cinco: uno tiene que ver con el Museo Nacional Sicán, otro con Túcume, otro con cerro Saltur y otros más. En gasto corriente se ha llegado al 98 %, pero lo que necesitamos es fortalecer la capacidad de gasto en los proyectos.
Más o menos, hasta junio del año pasado se tuvo una inversión de 37 millones de soles en estos cinco proyectos. Lo que nos toca buscar ahora es incrementar el gasto.
Uno de los principales problemas que tiene el patrimonio arqueológico de Lambayeque es la falta de saneamiento físico legal. ¿Cómo avanzar en ese sentido?
El problema está en que la Dirección Desconcentrada de Cultura, que es el ente que tiene las competencias para canalizar lo relacionado al saneamiento físico legal, todo lo coordina con Lima. El nivel central es el que nos tiene que apoyar en ese sentido.
Yo tengo bastante fe en que ese proceso mejore y de alguna manera se puedan acortar las distancias, aquí tenemos más de mil centros arqueológicos y muchos de estos no tienen saneamiento físico legal. Menos del 1 % está con saneamiento.
Es cierto que se necesita inversión, tiempo y muchos aspectos logísticos para ello, pero estamos convencidos que se puede hacer mucho con gestión. Sí se puede.
Cultura no solo es el patrimonio arqueológico ni monumental. ¿Cómo fortalecer la interculturalidad y las industrias culturales, de manera que la población sienta que estás son verdaderas locomotoras de desarrollo?
No tenemos una agenda cultura en Lambayeque y nuestra gestión apunta a resolver esa carencia, para establecer una agenda cultural regional. Eso es importante, necesitamos qué están haciendo los 38 distritos de la región, porque en cada localidad aparte de existir gerencias u oficinas de cultura y turismo, también hay sabios locales, asociaciones, puntos de cultura y más.
Nuestra labor será fortalecerlas y promover las actividades de estos puntos de cultura y también lo relacionado a lo que están haciendo diversos actores culturales en teatro, danza, música, etcétera. Un aspecto importante para nuestra gestión son las comunidades indígenas, ubicadas en la zona altoandina de nuestra región.
Las poblaciones de Cañaris e Incahuasi no requieren una dádiva de nosotros, sino la oportunidad de promover su cultura, su arte, sus danzas y reconocerlas como parte del proceso identitario de Lambayeque y eso es algo que debemos entender.
En el departamento se tiene una idea de que la identidad cultural es un enfoque monolítico, una sola cosa. La identidad cultural es un proceso de microidentidades. No somos una sola cosa, somos muchas cosas.
Hay dos monumentos en Lambayeque son icónicos pero que han recibido poca atención del Estado: el Politécnico Pedro Labarthe, de Chiclayo, en ruinas desde su derrumbe parcial, y la Casa Montjoy, de Lambayeque. ¿Qué hacer para ponerlos en valor?
Estos monumentos requieren lo que se conoce como proyectos de inversión pública y la Dirección Desconcentrada de Cultura no puede, lamentablemente, hacer inversiones en estos edificios por falta de recursos. La Unidad Ejecutora no tiene facultades de invertir en el patrimonio histórico, se concentra solo en el patrimonio arqueológico.
Lo que sí podemos hacer es coordinar lo relacionado a los expedientes técnicos, encaminarlos adecuadamente, para ver la manera de contribuir a la conservación de ambos monumentos.
Respecto al Politécnico Pedro Labarthe tengo entendido que el Gobierno Regional de Lambayeque tenía un expediente técnico. Falta fortalecer su formulación y viabilidad.
Sobre la Casa Montjoy amerita un proyecto integral de conservación y restauración del monumento, el cual no se puede hacer de manera unilateral, sino multisectorial, porque no hay otra forma de poder hacerlo.
Hay una obra a futuro que es importante para Chiclayo y la zona conurbada, como es el drenaje pluvial, que implica intervenir en el casco histórico. ¿Emprenderá desde la DDC Lambayeque las acciones de coordinación para evitar cualquier daño a los monumentos?
Todo se hace conforme al estricto cumplimiento de la ley, por lo que toda obra que se vaya a hacer dentro de un escenario de zona monumental ameritaría que se haga un plan de evaluación arqueológico e incluso de monitoreo. Esos proyectos están establecidos en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas – RIA. Todo gobierno debe cumplir con ello y solicitar la autorización de Cultura.
El drenaje es importante para Chiclayo, pero requiere seguir los lineamientos técnicos correspondientes para que se pueda ejecutar. Vamos a ser un facilitador para que esto se dé.
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