Con la experiencia de haber desempeñado el cargo de secretario, tesorero y vicepresidente del Jockey Club de Chiclayo, el médico Alfonso Díaz Gálvez apunta llegar a la presidencia con el objetivo – afirma – de continuar con los cambios logrados en los últimos años para beneficio de la institución. Las elecciones se realizarán este domingo 27 de marzo.
“Nosotros queremos que el socio sea el principal beneficiado con las mejoras en infraestructura, deportes, actividades sociales y culturales. Las obras que hemos venido realizando, a pesar de los dos últimos años de pandemia, en los que no hemos tenido ingresos, están ahí, siendo la obra emblemática la piscina temperada en su primera etapa. Vamos a continuar la línea de trabajo de quienes nos vemos comprometidos con el resurgimiento del club. Este cambio se inició hace 10 años, y vamos a consolidarlo”, menciona.
Bajo el eslogan de “Jockey es familia”, Díaz Gálvez acota que la institución se sostiene por los lazos de fraternidad y amistad.
“Esta es una elección para saber quiénes van a dirigir los destino del club. No es una campaña política en la que vamos a pelearnos. Somos socios, somos amigos, somos hermanos. Las propuestas ya están expuestas y debo confesar que no entiendo a qué se refiere el doctor Carlos Palomino cuando dice: ‘Recuperar las buenas costumbres’. Dicen ellos: ‘Rescatemos el club’. ¿El club está perdido? Si está perdido, ¿por qué usan las instalaciones del club para hacer su campaña electoral? Hay que ser coherente con lo que uno dice”, asevera.
Explica que el Jockey Club paga un impuesto predial de 450 mil soles anuales a la Municipalidad Distrital de La Victoria, por las 26 hectáreas que mantiene de propiedad.
“El Jockey tuvo antes 52 hectáreas, pero gestiones anteriores vendieron, regalaron o hipotecaron las áreas por montos irrisorios. Nosotros, en la gestión que concluye, con el ingeniero Carlos Burgos, no hemos vendido un metro del patrimonio del club. Nosotros vamos a continuar con los cambios y mejoras que el Jockey necesita”, indica.
Caso DHmont
Ante las aseveraciones del candidato Carlos Palomino, sobre el caso de la inmobiliaria DHmont y el arbitraje que ganó para hacer valer la concesión que le fue otorgada sobre terrenos del Jockey Club en el 2003, Alfonso Díaz sostiene que la controversia no está cerrada.
“Este proceso está todavía en marcha porque hay apelación tras apelación. Que el señor Palomino no venga a decir que ya se perdió, si así fuera DHmont se hiciera dueño de las hectáreas en controversia, circulara y tomara posesión. Lo que pasa es que cuando estamos fuera, somos críticos y seguimos lo que comenta la gente. Lo que sí hemos perdido son 26 hectáreas en gestiones anteriores. Desde que empezamos el cambio, hace diez años, nuestra línea ha sido no vender un metro cuadrado. Ahora hay candidatos que están hablando de grupos empresariales. ¿Qué quieren? ¿Vender los terrenos, enajenarlos?”, precisa.
Acceso del público
Sobre el cuestionamiento de Palomino Guerra a la apertura que se ha dado al club para el acceso de no asociados, Díaz Gálvez responde que lo que se debe entender es que los tiempos cambiaron.
“Chiclayo era antes una cosa, el Jockey también. Ahora todo ha cambiado. Para asociarse al club se debe pasar por un filtro de tres personas, pagar el ingreso que es 18 mil soles y pagar su membresía mensual. ¿Por qué vamos a negar el ingreso a nuevos socios? ¿Tiene que tener un apellido exclusivo para entrar, como sucedía antes? No puede darse ese nivel de discriminación. Ahora tenemos varios socios jóvenes, con condiciones económicas para pertenecer al club”, acota.
Añade que hablar de restringir el acceso de los no asociados resulta ilógico, pues el socio tiene el derecho de invitar a sus familiares y amigos, lo que no afecta el derecho de los demás asociados para hacer uso de las instalaciones.
Sobre las denuncias de falta de seguridad en las instalaciones, refiere que se están tomando las medidas correctivas. “En una eventual gestión mía la discoteca y el otro local donde ha habido problemas saldrán. Si quieren reubicarse, se hará o de lo contario se rescindirá el contrato”, afirma.
Plan de trabajo
Alfonso Díaz ofrece a los asociados la construcción de una piscina temática para niños, el techado de la piscina temperada, la construcción del coliseo de tenis de mesa y la construcción del sauna para asociados.
“Es necesario corregir y mejorar las fallas que hayan podido haber en esta gestión, que es natural de las personas que hacen trabajo, porque solo los que no hacen nada no se equivocan. Tenemos que buscar la tranquilidad de los asociados y para ello se revisarán los contratos con los concesionarios. Además, proponemos la implementación de una vocalía que se encargará de fiscalizar y presentar los casos a la Comisión de Honor. He sido muy claro con el equipo que me acompaña, que si queremos poner orden y mejorar, en algunos casos nos tocará chocar con nuestra propia gente. Quienes deben ser sancionados, serán sancionados. Vamos a poner orden en casa”, enfatiza.
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El abogado Carlos Palomino Guerra postula a la presidencia del Jockey Club de Chiclayo. Lidera el Movimiento Green, nombre con el que se ha bautizado un grupo de socios cuya principal consigna es – tal como asegura – devolverle a la institución las buenas costumbres y recuperar los espacios para los asociados.
“Hace dos años formamos el Movimiento Green, que tiene el color verde, el color de la esperanza, y que está conformado por socios que no están de acuerdo con muchas cosas que suceden en el Jockey Club. Obviamente toda gestión con el tiempo se desgasta y es necesario un cambio verdadero. El movimiento, que viene trabajando por recuperar las buenas costumbres del club, ha decidido en consenso que vaya como candidato a la presidencia y obviamente me siento muy complacido. En la lista va gente muy honorable que quiere recuperar el club, tal como quisieron los socios fundadores”, señala.
Club para los socios
Afirma que en los últimos años se ha acentuado la apertura del club al público en general, lo que priva a los asociados de disfrutar de las instalaciones, aun cuando son estos los que dan sostenibilidad a la infraestructura.
“Lo que queremos es que el club vuelva a ser de los socios. No es un acto discriminatorio decir que el club debe ser de los socios. Lo que sucede es que a nuestro club puede ingresar cualquier persona sin necesidad de estar asociada. Nosotros nos esforzamos para tener un club social, pero hay personas que sin el esfuerzo de pagar una cuota de ingreso o una mensualidad ingresan al club como si fuera de ellas. Ya no es un club para socios, ahora es un club para todos. O sea, lo mantiene un grupo, pero otros lo aprovechan”, manifiesta.
Refiere que esta situación genera incluso problemas de seguridad para los asociados y sus familias, lo que mella la imagen de la institución y atenta contra el espíritu con el que fue fundado el club.
“La piscina para ocupada por gente que no es socia y los hijos de los socios no pueden hacer uso de las instalaciones. En la cancha de tenis igual, son ocupados por talleres que no son de los hijos de los socios y en los que ni siquiera se nos ofrece un descuento especial. Los socios han perdido su espacio para poder compartir con quienes aportan al club. Los fundadores no quisieron un club abierto. Yo no podría hablar mal de mi institución, pero los socios saben de la problemática que se tiene. El club, para muchos, se ha convertido en un centro comercial, porque entran todos. Un socio que no está al día en sus pagos, no puede ingresar, pero cualquier persona que dice que va al restaurante o a la discoteca, puede ingresar. Es un contrasentido. La seguridad se ha perdido y ahora se tienen denuncias por acoso, pérdidas y robos. Eso no había en el club. Se han perdido las buenas costumbres de las personas”, cuestiona.
Situación legal
Añade que también preocupa qué puede suceder si es que la empresa DHmont demanda al club por daños y perjuicios.
“Nosotros estamos preocupados porque la información que tienen los socios no es completa. En el 2003 se hizo una concesión a la empresa DHmont, a la que se otorgó cinco hectáreas. Gestiones anteriores han perdido la demanda judicial que el Jockey le planteó a la empresa. Firmamos un convenio y posteriormente el club no quiso reconocerlo, por lo que DHmont en el 2017 nos ganó el arbitraje y al ganarlo le da pie a la empresa para plantear una demanda millonaria contra el club. El 95 % de los socios no lo saben, es algo gravísimo”, afirma.
Refiere que DHmont ha sido ratificada en su concesión de 40 años, pero además puede presentar una demanda por daños y perjuicios, porque durante 16 años no se le ha permitido ejercer su derecho de concesión.
El Jockey Club tiene dos mil socios habilitados, aproximadamente.
Propuestas
Palomino Guerra ofrece trabajar en cuatro objetivos, el primero de ellos centrado en la salud de los socios. Para ello propone implementar cámaras de seguridad e iluminación con sistema inteligente y ecológico; proteger las áreas exclusivas de los socios limitando el acceso a personas ajenas al club; gestionar un seguro de vida para cada socio; promover campañas médicas e implementar los primeros auxilios en el club.
En servicios, que es el segundo objetivo, se ofrece la implementación de la Alameda del Deporte, que será un circuito para caminar y trotar; ejecutar un espacio temporal para brindar estacionamiento a terceros; habilitar el acceso con mascotas y reforestar las áreas áridas.
Asimismo, en deportes se propone apoyar y promover el tenis, renovar la cancha sintética y mejorar las tribunas del campo de fútbol, habilitar canchas de gras natural exclusivas para socios y habilitar canchas de vóley y básquet.
Finalmente, para la sostenibilidad se compromete a celebrar un acuerdo con las discotecas, restaurantes y áreas de fisioterapias, que se encuentran alquiladas, para reglamentar su uso; implementar la promotora del Jockey Club para realizar eventos deportivos, culturales y sociales, y realizar eventos de confraternidad para los socios.
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La lista de Carlos Palomino está integrada por Ramiro Amenero, Orlando Calvay, Luis Farro, Fernando García, Baxter Gonzales, Jerry Ochoa, César Alva, Juan Pablo Giribaldi y Luis Noriega.
Una vieja práctica en la administración pública vuelve a sonar fuerte, esta vez en la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo. El Órgano de Control Institucional – OCI, ha detectado la no rendición de cuentas de viáticos asignados a funcionarios y trabajadores, lo que suma miles de soles que hasta el momento no se han podido justificar.
Los resultados de la investigación realizada por el OCI están plasmados en el Informe de Orientación de Oficio N° 003-2022-OCI/0512-SOO, denominado “Rendición de viáticos y pasajes otorgados al personal de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo”.
Más de 12 mil soles
Una de las primeras situaciones advertidas por el organismo está referida a los viáticos y pasajes otorgados a servidores y funcionarios de la entidad, que se encuentran pendientes de rendición por el importante ascendente a 12 mil 811.30 soles, lo que en opinión de los auditores de la Contraloría “afecta el correcto funcionamiento administrativos de la entidad y los recursos económicos, al desconocerse el uso y destino de los mismos”.
Conforme a la Directiva N° 002-2014-UASA-SBCH, denominada “Directiva para la programación, solicitud, asignación, otorgamiento y rendición de cuentas de pasajes y viáticos por comisión de servicios”, aprobado mediante la Resolución de Presidencia de Directorio N° 140-2014-P-SBCH, del 1 de agosto del 2014, el personal designado debe presentar el informe de viaje y la rendición de cuentas de viáticos y gastos de viaje en un plazo no mayor de ocho días calendarios para viajes dentro del territorio nacional.
Siendo así, OCI solicitó los comprobantes de pago emitidos por concepto de viáticos y pasajes, así como el reporte de la ejecución presupuestal, correspondiente al período 2018-2021, de cuya revisión y evaluación se evidenció que algunos servidores y funcionarios de la SBCH, a la fecha de retorno y culminada la comisión de servicios, no cumplieron con la rendición de cuentas dentro del plazo indicado en la directiva antes citada. Es más, hasta la fecha no han realizado la rendición de cuentas.
OCI ha logrado establecer, por ejemplo, que Manuel Irigoin Fernández, colaborador de la Oficina de Asesoría Jurídica, recibió 600 soles de viáticos y hasta el momento no ha rendido cuentas, pese a que han transcurrido más de tres años y dos meses desde la comisión que le fue encargada.
Con tres años sin dar cuenta del dinero recibido aparece el exintegrante del directorio Miguel Calleja Vela, a quien se le entregó 880 soles; el chofer Miguel Martos Zeña debe rendir cuentas de 180 soles (dos años y cuatros meses), el jefe de la Unidad de Recursos Humanos, Fernando Arias Becerra, 630 soles (ocho meses); el ex gerente general Juan Grandez Orbegoso, cuentas de los mil 50 soles recibidos (ocho meses); la gerente de la Gerencia de Asistencia y Promoción Social, Karin Delgado Santa Cruz, de 870 soles (ocho meses) y el exdirector Alexander Torres Arroyo, de 960 soles (tres meses).
En la lista figuran también la expresidenta del Directorio, Erika Araujo Gonzales, quien tiene que rendir cuentas por un total de cuatro mil 987 soles, siendo el período más antiguo sin rendición ocho meses; la ex gerente general Macarena Wester Pérez, con dos mil 24 soles, y la ex gerente de Asistencia y Promoción Social, Karin Delgado Santa Cruz, con mil 500 soles por rendir.
Por períodos
En el informe, OCI señala que hay 600 soles de viáticos otorgados en el 2018 que hasta el momento no se rinden a la entidad; mil 60 soles por viáticos del 2019 y 11 mil 151.30 soles del 2021. De este último concepto, ocho mil 290 soles corresponden a viáticos y dos mil 861.30 a pasajes.
“De la documentación alcanzada por la entidad se advierte que a la fecha existe un monto de 12 mil 811.30 soles por concepto de viáticos y pasajes no rendidos durante los años 2018 al 2021, siendo el caso que la entidad, pese al vencimiento del plazo establecido en la Directiva N° 002-2014-UASA-SBCH, para la representación de la rendición de cuentas, no ha llevado a cabo el recupero del monto señalado; más aún, si los comisionados en su requerimiento de viáticos presentaron el formato denominado: ‘Documento de compromiso de presentación de rendición de cuentas y autorización para descuento por planilla única de pago de remuneraciones o recibo por honorario, según corresponda’. Sin embargo, hasta la fecha la entidad no ha procedido con realizar el descuento correspondientes a los servidores”, señala el informe de OCI.
La directiva invocada establece en su apartado de “Medidas disciplinarias”, que cuando el comisionado o encargado no cumpla con presentar la rendición de cuentas dentro del plazo establecido, y tenga contrato vigente con la SBCH, esta procederá a descontar de los honorarios netos el íntegro del efectivo otorgado para el desempeño de acciones o el desarrollo de actividades, incluido el pago de los intereses legales. Asimismo, no se le otorgará un siguiente viático o encargo en caso se requiera, quedando bajo se responsabilidad el cumplimiento de la comisión de servicios que le pudiera ser encomendada.
Sin análisis
También se ha detectado que la cuenta contable del rubro de viáticos del balance de comprobación y estados financieros, carece de análisis y/o saneamiento contable, situación que afecta la razonabilidad y confiabilidad de la información de los estados financieros.
El 14 de octubre del año pasado, la jefe de la Unidad de Contabilidad, hizo de conocimiento el balance de comprobación al 21 de diciembre del 2020, detallando que el saldo deudor de la cuenta “Viáticos” es de 25 mil 297.29 soles.
Sin embargo, OCI ha identificado incongruencias. Por ejemplo, la Unidad de Contabilidad de la SBCH, en el Informe N° 071-2021-SBCH/UC, del 14 de octubre pasado, indicó que en el 2018 existe un saldo de viáticos pendiente de rendición correspondiente a tres comprobantes de pago por el monto total de mil 920 soles. Sin embargo, de la revisión efectuada se constató que solo se tiene un comprobante pendiente de rendición, por el importe de 600 soles.
A ello se suma que algunos comprobantes de pago por concepto de viáticos correspondiente al año 2019 no se ubican en los archivos de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, situación que limita la transparencia y/o sustento de las operaciones realizadas.
OCI ha hecho de conocimiento a la titular de la entidad de los resultados del informe, con la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan en el marco de sus competencias y obligaciones.
A través del Informe de Hito de Control N° 003-2022-OCI/0205-SCC, el Órgano de Control Institucional – OCI, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, detectó irregularidades en la adquisición de equipos y mobiliarios para los laboratorios y talleres de las diversas facultades, esto entre el 2021 y lo que va del año.
El servicio de control concurrente, se desarrolló a la etapa del cumplimiento de los documentos presentados por los postores ganadores para el perfeccionamiento del contrato y posterior suscripción, cuyos procesos de selección están publicados por la universidad en la página web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, a fin de que esta casa de estudios adquiriera equipos y mobiliarios para los diferentes laboratorios y talleres de las diversas facultades, con el propósito de mejorar la calidad del servicio académico y subsanar las observaciones comunicadas por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria - SUNEDU, además, de cumplir con el Plan de Emergencia aprobado con Resolución Ministerial Nº 431-2021-MINEDU, del 23 de octubre del 2020.
Los procesos
De la revisión efectuada al SEACE, OCI verificó un total de 14 procesos de selección publicados por el órgano encargado de las contrataciones de la universidad, los que se dividen de la siguiente manera:
“Adquisición de equipos y mobiliario de laboratorio para el mejoramiento de la calidad del servicio académico e investigación de la Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias”, publicado el 29 de diciembre del 2021, desagregado en cinco ítems; adquisición para la Facultad de Ingeniería Agrícola, del 3 de diciembre pasado, con un ítem; una segunda compra para la Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias, con un ítem (3 de diciembre), y adquisición para la Escuela Profesional de Medicina Humana, con siete ítems.
Asimismo, compra para laboratorio y talleres de la Facultad de Agronomía, con cuatro ítems; compra para la Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura, con tres ítems; adquisición para la Escuela Profesional de Enfermería, con un ítem, y la adquisición para la Facultad de Ingeniería Agrícola, con un ítem.
Hasta la emisión del informe de OCI, de los ocho procesos de selección, cinco se encontraban en la etapa de presentación de documentos para el perfeccionamiento de contratos y tres en ejecución contractual.
Hallazgos
De la revisión efectuada para su verificación y evaluación a la suscripción del contrato, se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad de los procesos, el resultado o el logro de los objetivos de la adquisición de equipos y mobiliarios para los laboratorios y talleres de las diversas facultades de la universidad.
Así, por ejemplo, se ha establecido que los perfeccionamientos de los contratos de los procedimientos de selección se efectuaron a pesar que algunos postores, ganadores de la buena pro, no presentaron en su totalidad la documentación requerida en las bases integradas, lo que generaría controversias en la suscripción y ejecución contractual para la adquisición de bienes.
Este es el caso de la Contratación Directa N° 006-2021-UNPRG/CS-1, denominada “Adquisición de equipos y mobiliario de laboratorio para el mejoramiento de la calidad del servicio académico e investigación de la Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias”, por el monto referencial de dos millones 434 mil 28.70 soles, compuesta por cinco ítems.
El 30 de diciembre del 2021 el órgano encargado de la contratación otorgó la buena pro a tres postores ganadores para que ejecuten los cinco ítems: BD Instruments SAC, Tawa SA y Servicios Generales José Torres y Fabrizio SAC.
La empresa BD Instruments SAC presentó los documentos requeridos en las bases de la contratación directa. Sin embargo, OCI constató que el plan alcanzado para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 no aparece registrado en el Ministerio de Salud, por lo que no cumplió con una de las exigencias de las bases.
La empresa Tawa SA no presentó el registro de domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, la declaración jurada de presentación del Plan de Vigilancia Covid, constancia de su remisión al Ministerio de Salud y el plan en sí. Similar situación se presentó con la tercera empresa adjudicataria.
Vulneración de la norma
Para el OCI, lo sucedido contraviene lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre del 2018.
Dicha normativa establece en su artículo 139 que es requisito para el perfeccionamiento de los contratos que “el postor ganador de la buena pro presente, además de los documentos previstos en el procedimiento de selección, los documentos que acrediten que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato”.
Asimismo, se invoca la vulneración de las bases de la contratación directa, en las que se señala en el literal g), h) e i), la exigencia de los documentos que, precisamente, omitieron los postores.
Se afecta también el cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 377-2020-MINSA, del 10 de junio del 2020, que delega en el Instituto Nacional de Salud, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, “la administración del registro del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 en el trabajo”.
Registros de recepción
El Órgano de Control Institucional advierte en su informe que respecto a los bienes adquiridos a través de procesos de selección para las Facultades de Ingeniería Agrícola, Enfermería e Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura, no cuentan con documentos de recepción del bien, ingreso y salida de almacén, situación que afecta el control de los bienes adquiridos, lo que podría generar pérdidas o sustracciones.
Al respecto, se menciona en el informe de control concurrente que la universidad no ha informado a la comisión de servicio las acciones preventivas y correctivas adoptadas respecto de las situaciones adversas comunicadas, por lo que las mismas subsisten.
Recomendaciones
OCI ha resuelto hacer de conocimiento al rector de la universidad, Enrique Cárpena Velásquez, el Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de control concurrente a la “verificación y evaluación para la suscripción del contrato”, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la adquisición de equipos y mobiliarios para los laboratorios y talleres de las diversas facultades de la universidad.
Muy a su estilo. Todo indica que en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - EPSEL, los procesos que se convocan para contratar la ejecución de obras, mayormente si no sufren dilaciones en su tramitación con argumentos inconsistentes, sirven para elegir a contratistas que recurrentemente incumplen los plazos previstos o la buena ejecución de los trabajos encargados.
El 21 de enero de este año, EPSEL convocó la Adjudicación Simplificada N° 1-2022, con la finalidad de contratar al contratista que tendría que ejecutar la obra “Renovación del colector primario en la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre, desde la calle Pablo Olavide, hasta la Av. Chinchaysuyo – Chiclayo”, valorizada en u millón 685 mil soles, para lo cual se nombró al comité de selección encargado de llevar a cabo el proceso, en este caso presidido por Jorge Xavier Fallaque Collantes e integrado por los miembros Eduardo Osmar Vásquez Figueroa y Shadia Grisel Salazar Dávila.
El objetivo del proyecto
El colector denominado Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicado desde la calle Pablo Olavide hasta la Av. Chinchaysuyo, se encuentra – según los técnicos de la entidad – en estado crítico, presentando actualmente un marcado asentamiento de la tubería en varios tramos, el cual genera múltiples colapsos y atoros diarios, debido a su antigüedad mayor a 50 años que en el transcurrir del tiempo se ha deteriorado con corrosiones muy marcadas.
La finalidad pública que se persigue
Con la finalidad de prestar un mejor servicio de abastecimiento de agua potable y el alcantarillado en la ciudad de Chiclayo, EPSEL, a través de la Gerencia de Proyectos y Obras de la entidad prestadora, ha considerado la ejecución de diversos proyectos de ampliación, mejoramiento y rehabilitación de los servicios de agua potable y alcantarillado, entre ellos, de carácter prioritario, la ejecución de la obra materia de la convocatoria mediante el expediente técnico aprobado con la Resolución de Gerencia General N° 211-2021-EPSEL S.A./GG, de fecha 25 de noviembre de 2021.
Las sospechosas demoras procesales
En el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, se evidencia que el proceso, habiendo sido convocado por el comité de selección el 21 de enero, ha sido reiteradas veces postergado.
El 1 de febrero empieza a publicarse una primera postergación debido – según lo informado – a la solicitud de reconformar el comité por no haber quórum para continuar con la absolución de las consultas y observaciones a las bases propuestas por los participantes, publicándose el 10 del mismo mes la reiteración de la motivación de la reconformación solicitada, en cuanto según la publicación obrante en el SEACE, la falta de quórum se debe a que parte del comité de selección se encontraba con descanso médico por covid, como así también con descanso vacacional.
Continúan las demoras
El 17 de febrero el trámite del proceso sufre una nueva postergación, en esta oportunidad bajo el argumento de no haberse realizado la reconformación del comité “por falta de personal en la Gerencia de Proyectos y Obras por Covid”, tal como precisa la información, con el agregado que a la fecha se esperó la reincorporación de sus vacaciones del segundo miembro suplente, razón por la cual el día 18 del mismo mes se publica la motivación incongruente, refiriendo que el comité continuará con la absolución de consultas “por término de jornada laboral”, prosiguiendo el 21 de febrero con la integración de las bases.
A partir de dicho acto procesal, el comité de selección, comienza a publicar sucesivas postergaciones del proceso, arguyendo entre los días 1 al 8 de marzo que se continuará con la evaluación y calificación de ofertas “por término de jornada laboral”, para luego el día 9, recurrentemente continuar con una siguiente e inconsecuente postergación contraria a la finalidad pública del proyecto considerado como prioritario, en esta oportunidad debido a la “recarga laborar de uno de los miembros del comité”, para luego, entre los días del 10 al 14 del mes en curso, publicar tres postergaciones más, una de ellas “por la recargada labor de un miembro del comité”, razón por la cual – refiere la última información publicada - el proceso de evaluación será continuado el 14 de marzo, sosteniendo una nueva postergación ese mismo día, arguyendo que se continuará con la etapa de evaluación y calificación por el “término de la jornada laboral”.
Incumplimiento de fecha de buena pro
El cronograma modificado publicado en el SEACE estableció, luego de la serie de postergaciones realizadas otorgar, la buena pro el 15 de marzo del presente año, procedimiento que hasta el cierre de nuestra edición no se ha realizado, pese a los dos meses transcurridos desde la convocatoria del procedimiento selectivo.
La norma prevé que este tipo de procesos denominado Adjudicación Simplificada debe ser concluido como mínimo en 12 días hábiles a partir de su convocatoria, plazo que ha sido superado ampliamente por el comité de selección, producto de las inconsistentes postergaciones decididas en las etapas del proceso que aún no ha sido adjudicado.
La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva Prieto, visitó Lambayeque y recorrió colegios y hospitales, como parte de la semana de representación. Desde Chiclayo no dudó en cuestionar la inestabilidad en el Ejecutivo, al señalar que en ocho meses de gestión el gobierno de Pedro Castillo Terrenos ya suma 50 ministros.
“Hemos venido esta semana de representación para fiscalizar colegios y hospitales. Hemos estado en el Hospital Referencial de Ferreñafe y en el Colegio Augusto Castillo, que alberga a 900 alumnos, y en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Nuestra función aquí es de representación, de ver, visualizar en qué estado se encuentran las infraestructura, la atención y, sobre todo, porque hemos empezado en el Congreso esta campaña de ‘Colegios en emergencia’”, señaló la titular del Legislativo.
Alva Prieto comentó que en el Colegio Augusto Castillo Muro Sime se ha corroborado la urgencia de construir una nueva infraestructura, debido a la situación ruinosa del plantel, ubicado en caserío Silaupe Baca, en Lambayeque.
“Lo que hemos visto en el Colegio Augusto Castillo es que necesita restructurarse totalmente, debe hacerse una nueva infraestructura, no tiene equipos de cómputo, mobiliario, es una vergüenza, y el agua que tienen es de pozo. Conjuntamente con las autoridades locales y regionales estamos viendo cómo apoyar para que se pueda hacer un colegio nuevo. Lamentablemente el 28 de marzo empiezan las clases todos los estudiantes y después de dos años de virtualidad nos encontramos con esta triste realidad y muchos niños no podrán empezar las clases. Esa es una realidad no solo de esta región, sino a nivel nacional”, cuestionó la legisladora de Acción Popular.
Problemática en salud
Respecto al Hospital Referencial de Ferreñafe, mencionó que también se ha encontrado una infraestructura totalmente deteriorada, que tiene 12 camas para atender a los pacientes de la vecina provincia, con falta de medicinas, aparatos médicos y personal, tan igual como pasa en el Hospital Almanzor Aguinaga.
El expediente para el nuevo hospital de Ferreñafe está presupuestado en 150 millones de soles y fue remitido al Ministerio de Salud para la asignación de recursos. Sin embargo, no se ha logrado nada.
“Los congresistas no tenemos iniciativa de gasto, nuestra función es visibilizar esta realidad para reunirnos y exhortar al Ejecutivo a que tome cartas en el asunto y atienda la realidad de estos hospitales y de las escuelas”, dijo.
Inestabilidad en cargos
Anotó que la problemática en los diferentes sectores se acentúa debido a la inestabilidad que existe en el Poder Ejecutivo, esto por la falta de personas idóneas para ocupar cargos de alcance nacional como los ministerios.
“En lo que va del gobierno ya son tres presidentes de EsSalud y es lógico que tanto cambio genere paralización de las instituciones. Lo que falta es gestión, gestión de los recursos humanos y decisión política. Y no solamente se ha cambiado a los jefes de EsSalud, tenemos 50 ministros en ocho meses. Este país está paralizado”, manifestó María del Carmen Alva.
Adelanto de elecciones
Sobre el proyecto de ley presentado por la congresista Bettsy Chávez, quien ocupa el ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para que se reforme el artículo 115 de la Constitución, a fin de incluir la convocatoria a elecciones generales de producirse la vacancia o renuncia del presidente de la república, la titular del Congreso dijo que la representante del Ejecutivo debería abocarse más a las responsabilidades de su portafolio.
“Creo que la congresista Bettsy Chávez está un poco preocupada por todas las denuncias y plagios que han salido sobre su tesis y ella que es ministra está actuando más como congresista. Debería preocuparse por la generación de empleo, porque realmente su ministerio no está haciendo nada al respecto y cada vez tenemos más informalidad, no hay trabajo y ella está preocupada en adelanto de elecciones. Creo que debería de cambiar de chip o es ministra o es congresista”, enfatizó.
En su exposición de motivos, el proyecto de ley señala que apelar a la elección popular es una salida a la situación actual que atraviesa nuestro país, por los constantes enfrentamientos entre los poderes del Estado.
Asimismo, menciona que la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política creada a fines del 2018, en su informe final sugirió modificar el artículo 115° de la Constitución para que precise que una vez dispuesta la incapacidad del presidente para ejercer sus funciones, se debe realizar la convocatoria a elecciones "para la Presidencia y el Congreso de la República.
Se precisa que la reforma constitucional que se plantea tiene como beneficio el fortalecimiento del sistema democrático en situaciones de crisis política, incorpora en caso de renuncia o vacancia presidencial la convocatoria a elecciones generales para un nuevo periodo de gobierno, a fin de promover la gobernabilidad y fortalecer la democracia.
De igual manera, se subraya que la iniciativa legislativa no genera mayor gasto al erario nacional, por el contrario, beneficia, al sistema democrático, al sistema de partidos y la participación ciudadana.
Debate de vacancia
Sobre la sesión programada para el lunes 28 de marzo, en la que se deberá participar el presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, y se tiene programado el debate de la moción de vacancia en su contra, dijo que espera que el mandatario responda a los cuestionamientos.
“El lunes está invitado el presidente, esperamos que asista y que responda las 20 preguntas de la moción de la vacancia. Lo escucharemos detenidamente, se debatirá y el Pleno decidirá qué decisión toma al respecto. Por ahora, a esperar”, señaló.
Por la tarde del miércoles, Alva Prieto participó de una ceremonia de reconocimiento a nombre del Congreso de la República al arqueólogo Walter Alva Alva, descubridor de la Tumba del Señor de Sipán en 1987 y fundador del museo que guarda los tesoros del hallazgo de Huaca Rajada.
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