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El presidente del Congreso, Manuel Merino, dijo que la aprobación de la devolución de los aportes al Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Previsional - ONP, fue por un tema de responsabilidad social.
"El Congreso ha respondido a la necesidad y compromiso que debe tener el estado con los trabajadores del Perú", señaló, tras desestimar que este asunto implique un enfrentamiento con el Ejecutivo.
Según refirió, la ONP debe contar con las cifras de cuántos aportaron y dejaron de aportar, cuántos lo hicieron 19 años, 5 o 10 años, y cuántos se encuentran en el límite de edad para no seguir aportando.
A su juicio, correspondería responder al tema de la devolución con una fórmula que vaya más allá de la situación económica y que no se diga que no se puede pagar.
Consultado sobre cómo se procederá en caso el Ejecutivo observe o presente una demanda constitucional, sostuvo que primero esperarán las observaciones, pues a lo mejor ahí hay alternativas que podrían ser recogidas por el Legislativo.
En caso las comisiones competentes no recogieran las observaciones y se decida ir por la insistencia, el Congreso seguiría ese camino, mencionó.
DERECHO A LA PENSIÓN
Al respecto, el jefe de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez, sostuvo que dicha ley afecta el derecho fundamental a una pensión de las personas adultas mayores.
“Consideramos que, en la actualidad, existe un serio problema referido al gran número de personas, que, a pesar de haber contribuido durante largos años al Sistema Nacional de Pensiones, no puede acceder a una pensión de jubilación al alcanzar los 65 años. Esta situación que es claramente injusta”, afirmó.
A través de un comunicado dijo que, si bien este proyecto persigue resolver, a corto plazo, esta situación, es evidente que los efectos serán contraproducentes para millones de peruanos y peruanas.
“El Sistema Nacional de Pensiones enfrenta desafíos estructurales. Dado que los aportes de los trabajadores no son suficientes para financiar el pago mensual de los pensionistas, el sistema opera con un déficit financiero, que requiere transferencias anuales del Estado”, recordó Walter Gutiérrez.
En ese sentido, precisó que, en los últimos 5 años, previos al inicio de la pandemia, se han transferido más de 1,800 millones de soles cada año para cumplir con el pago; “lo que refleja que el sistema, tal como está diseñado, resulta inviable”.
“Resulta vital no poner en riesgo el trabajo que viene impulsando la Comisión Especial Multipartidaria del Parlamento, junto a otros actores políticos y de la sociedad civil, de emprender una Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano, con normas que harían más complicado hallar una solución”, apuntó.
Para la Defensoría del Pueblo, es indispensable someter a un amplio y participativo debate el rediseño del sistema actual para garantizar que más personas cuenten con pensiones durante su vejez.
Por ello, dijo, considera que no debe aprobarse una propuesta que desnaturaliza la seguridad social en perjuicio de los y las pensionistas.
INCONSTITUCIONALIDAD
De otro lado, sostuvo que el proyecto aprobado resulta abiertamente inconstitucional, pues vulnera el deber del Estado de garantizar el acceso de toda persona al derecho fundamental a una pensión, previsto en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Perú.
“Según estas normas, la intangibilidad de los fondos y las reservas de la seguridad social constituyen una garantía institucional para proteger este derecho y permitir que las personas adultas mayores cuenten con una fuente de ingresos segura durante la vejez”, enfatizó.
Agregó que la iniciativa desconoce la esencia del concepto de pensión contributiva, que deriva de un fondo común, solidario y colectivo.
De igual modo, dijo que para la Defensoría del Pueblo el retiro masivo de estos fondos es, además, una amenaza a la dimensión social del principio constitucional de equilibrio financiero, que hoy, más que nunca, debe preservarse.
“Más aún, encontrándonos en un período de recesión económica debido a la pandemia. La norma, del mismo modo, desconoce que los congresistas no tienen iniciativa de gasto y que deben respetar el principio de legalidad presupuestal reconocidos en los artículos 78 y 79 de la Constitución”, apuntó Walter Gutiérrez.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo consideró que, en periodos de crisis como el actual, muchas personas requieren del apoyo excepcional del Estado para subsistir o evitar caer en la pobreza.
“Sin embargo, las medidas que se adopten para garantizarlo deben respetar el marco constitucional. La norma aprobada, no obstante sus nobles propósitos, inevitablemente afectará a aquellos a quienes busca proteger, e inexorablemente será declarada inconstitucional”, remarcó.
“Las soluciones planteadas a los problemas del Sistema Nacional de Pensiones, lejos de ser coyunturales, deben ser el resultado de un debate responsable que evalúe una reforma integral con mayores niveles de solidaridad, una fuente de financiamiento sostenible y el acceso a pensiones justas a mediano y largo plazo”, finalizó.
Fuente: Andina.
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OPINAN LOS ESPECIALISTAS: COINCIDEN EN EL QUE EL EJECUTIVO OBSERVARÁ DEVOLUCIÓN DE APORTES A LA ONP
El Congreso aprobó el proyecto de ley que dispone la devolución de hasta una UIT por aportante (cuatro mil 300 soles) de los fondos que administra la Oficina Normalización Provisional - ONP. En virtud de ello, Expresión conversó con el abogado laboralista José Asunción Reyes y el economista Juan Miguel Valdivia Goycochea, quienes coincidieron en señalar que dicha medida sería inconstitucional.
Al respecto, Asunción Reyes manifestó que este proyecto de ley, que aparentemente beneficia a los afiliados bajo el Decreto Ley 19990, vulneraría tres principios constitucionales: el de intangibilidad, puesto que dichos fondos no pueden tocarse, salvo para el fin que fueron destinados, es decir, el otorgamiento de la pensión; el de solidaridad, pues la ONP es un sistema de fondo común; y el de socialización, pues la premisa es que el sistema de pensiones se abra a una mayor cantidad de ciudadanos.
Por su parte, Valdivia Goycochea precisó que la medida adoptada por el Congreso es inconstitucional, pues este poder del Estado no tiene iniciativa de gasto, ergo, no puede determinar en qué gasta el Ejecutivo.
"Esto es sumamente peligroso, pues mañana el Congreso puede dictar que se le aumente el sueldo a los médicos o a los profesores, cuando la responsabilidad del Presupuesto General de la República es exclusiva del Poder Ejecutivo", mencionó.
Sobre ese punto, Asunción Reyes refirió que se vulnera el artículo 79 de la Constitución, que establece que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Añadió que se generará un forado de 16 mil millones de soles que afectará tanto a los actuales pensionistas, muchos de los cuales perciben apenas 415 soles, y a los futuros afiliados.
MEDIDA POPULISTA
El jurista calificó de populista la medida y refirió que el Ejecutivo la observará y - de ser necesario - planteará una medida de inconstitucionalidad.
Explicó que debería discutirse otras medidas, tales como la reevaluación de los requisitos para acceder a una pensión, la ampliación de la base de pensionistas, que Pensión 65 tenga un carácter definitivo dentro del Sistema Nacional de Pensiones, entre otras.
"Vamos a un camino sin sentido, que generará más pobreza. Si antes de la crisis ya estábamos bastante golpeados, ahora esta se acrecentará. El gobierno actúa de momento, sin mirar un horizonte. Debería haber un estudio más serio y prolijo", advirtió.
En tanto, Valdivia Goycochea mencionó que - por una cuestión de plazos - es casi seguro que el Ejecutivo plantee la demanda de inconstitucionalidad antes de que se produzca el primer desembolso a los pensionistas.
Indicó que si el gobierno de verdad buscaba una reactivación económica debió otorgar un bono universal a los ocho millones 500 mil hogares peruanos.
"Algunos podrán decir que dando un bono universal se beneficiarían quienes sí cuentan con recursos, lo cual es cierto, pero así se aseguraría que le llegue a quienes si lo necesitan y no estemos como ahora sacando bono tras bono para tratar de cubrir a toda la población", refirió.
La pandemia del Covid-19 ha cambiado todo y la comunicación no ha sido ajena a esto. Eso lo saben bien William Santa Cruz Ortiz, Diógenes Saavedra Vallejos y Juan Carlos Matta Fernández, tres comunicadores que laboran en instituciones públicas y durante el último semestre debieron adaptarse a la coyuntura para seguir transmitiendo la información desde las jefaturas de imagen que lideran.
Santa Cruz Ortiz, jefe de Imagen del Gobierno Regional de Lambayeque, señaló que ha sido difícil recoger la información durante esta emergencia sanitaria, pues de ocho colaboradores que trabajan en dicha oficina, solo quedaron dos laborando de forma presencial. Pese a ello, echaron mano de las herramientas comunicativas digitales para entregar a los medios de comunicación la información oportuna de lo que ocurre con las autoridades regionales.
“La experiencia en campo de muchos años y toda mi vida periodística como reportero la he abocado al trabajo en la sede regional. Hemos entregado el mejor producto posible a los medios de comunicación para que nos ayuden a difundirlo. Donde ha habido problemas, allí hemos estado. Cada que llegó un personaje nacional difundimos su presencia, pero a la vez de qué manera favorece a Lambayeque”, destacó.
Precisó que a raíz de esta pandemia se generaron hechos periodísticos adversos a las autoridades que no se encontraban en la agenda, como el de las mascarillas encontradas en los almacenes de la Gerencia Regional de Salud – GERESA, sin ser repartidas, hecho sobre el cual tuvo que ir personalmente a dicha dependencia para averiguar el porqué del inconveniente. “El gobernador tiene desde las 6:00 de la mañana los diarios en su casa y durante el día el reporte de lo que se ocurre en las redes sociales”, mencionó.
EDUCACIÓN
Por su parte, Diógenes Saavedra, jefe de imagen de la Gerencia Regional de Educación, indicó que el Año Escolar 2020 significó un reto en cuanto a la adaptación de las plataformas virtuales, no solo de los docentes, sino también de los directivos, padres de familia y alumnos, en virtud de lo cual desde la jefatura que presidente han segmentado la información y la normatividad dada por la cartera sectorial para transmitirla al público objetivo.
“Si ya de por sí en la modalidad presencial habían problemas, en lo virtual estos se acrecentaron, pero tanto la gerencia como las UGEL han estado a la altura. Estas últimas son por norma las más cercanas a las instituciones educativas y han tenido un trabajo más directo. Son 341 mil alumnos de las instituciones educativas, casi la tercera parte de la población lambayecana. No es fácil adaptarse, pero con el empuje de todos se salió adelante”, refirió.
Sobre las quejas por el tema de matrículas y pensiones, el comunicador señaló que estas aumentaron debido a que en algunos colegios los alumnos no habían siquiera empezado a recibir el servicio educativo y ya se les había empezado a cobrar. En esa situación su labor fue articular con los organismos pertinentes como INDECOPI para que se efectúe la fiscalización y sanción correspondiente.
SALUD
Por su parte, Juan Carlos Matta, jefe de Imagen de la Gerencia Regional de Salud, refirió que su trabajo no inició en quincena de marzo con la aparición de la pandemia, sino desde febrero cuando se realizaron las primeras campañas preventivas en aeropuertos y terminales terrestres. Por dichos meses la GERESA estuvo abocada también a trabajar en la campaña comunicacional sobre el dengue.
“El sector salud, muy pujante, fue golpeado por diferentes situaciones. En todas las gestiones se busca reflotarlo, pero esta pandemia ha desnudado hasta los aparatos más sofisticados a nivel mundial. Al inicio se hizo el esfuerzo por conseguir los Equipos de Protección Personal y dar una respuesta lo más acertada posible. Nuestra labor desde la comunicación fue identificar los riesgos potenciales para lanzar los mensajes”, graficó.
Manifestó que la consigna bajo la que trabajan en la jefatura que preside es que la información vertida transmita alternativas y que además sea totalmente transparente. “Cada vez que tenemos titulares fuertes nos reunimos con los gerentes para analizar todos los puntos de vista, procesos, inconsistencias y sobre todo reconocer si hay algún inconveniente o hecho denunciable”, finalizó.
El Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, reporta 599 casos de violencia ocurridos en lo que va de la emergencia sanitaria en Lambayeque, lo que evidencia el serio riesgo al que están expuestas mujeres y niños dentro de sus viviendas.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, hasta el año pasado el 57.7 % del total de mujeres en el país, cuya edad es entre 15 y 49 años, sufrió algún tipo de violencia por parte de su pareja, estadística que para el caso de Lambayeque es del 45. 8 %.
El 42.3 % de los casos de violencia son de tipo psicológico, el 19.5 % físico y el 4.1 % sexual.
A ello se suma que a nivel país, el 12.6 % de adolescentes entre 15 y 19 años ha tenido un hijo o quedado en estado de gestación por primera vez, en tanto en Lambayeque en porcentaje alcanza al 9.3 % de este grupo poblacional.
DOS ÚLTIMOS AÑOS
El Programa Nacional Aurora es la estrategia implementada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
En el 2018, el programa registró en Lambayeque dos mil 464 casos de personas atendidas por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, de los cuales mil 97 se concentraron en el distrito de José Leonardo Ortiz.
Del total de casos, dos mil 147 están referidos a algún tipo de violencia contra mujeres, 317 contra varones, y 611 contra niños y adolescentes.
Ese año, se registraron tres feminicidios y dos tentativas de feminicidio.
El año pasado, la estadística se duplicó, pues se acumuló un total de cuatro mil 188 casos de violencia a nivel del departamento, tres mil 725 de los cuales se ejercieron contra mujeres. En los extremos de la violencia, hubo tres feminicidios y seis tentativas.
ESTE AÑO
La tendencia a la alza en la estadística se mantiene. Entre enero y marzo de este año, antes del inicio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Programa Aurora reportó mil 161 casos de violencia, de los cuales mil 17 fueron en agravio de mujeres. Asimismo se concretó un feminicidio y hubo cuatro tentativas.
La mayoría de las víctimas tiene entre 18 y 59 años de edad (69.5 %), en tanto el 24.5 % de las víctimas tenía menos de 17 años.
El 46.2 % de los casos están referidos a violencia psicológica, el 46.1 % a violencia física, el 7.3 % a violencia sexual y el 0.4 % a violencia económica.
Iniciada la emergencia sanitaria, el programa registró entre el 16 de marzo y el 1 de julio 372 casos de violencia, en tanto entre el 2 de julio y el 23 de agosto 227 más, lo que hace un total de 599 denuncias reportadas.
PREOCUPACIÓN
“Nosotros nos alarmamos por estas estadísticas, por eso hacemos un llamado de atención y sensibilidad a las demás autoridades regionales, los gobiernos locales y otras instituciones aliadas para invertir en la prevención de la violencia. Si bien las cifras son alarmantes, viéndolas desde otra perspectiva son 372 mujeres que se empoderaron, tuvieron el coraje de salir del entorno de violencia, confiaron en los servicios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y han denunciado”, expresa César Samamé Cornejo, jefe territorial del Programa Nacional Aurora en Lambayeque.
Añade que lo que se ha evidenciado en el estado de emergencia sanitaria es el incremento de los casos de violencia física, acompañada de la violencia psicológica.
“No podemos dejar de mencionar que la violencia sexual contra niños y adolescentes ha tomado mayor connotación en el estado de emergencia. Son cerca de 42 víctimas las que se han registrado en este período, principalmente en distritos de la provincia de Lambayeque como Olmos, Mórrope e Íllimo, así como en Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria”, menciona.
INSTITUCIONES DE JUSTICIA
Durante el estado de emergencia el Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo N° 1470, que ha flexibilizado en gran escala el principio de la debida diligencia y celeridad, con lo que se prioriza que tomado conocimiento del caso de violencia en sede policial hasta la emisión de la medida de protección no deben pasar más de 24 horas.
“En ese sentido, en Lambayeque los juzgado de Familia o los que están haciendo sus veces en diferentes lugares están cumpliendo con el plazo. Indistintamente de ello es preciso señalar que la medida de protección no se debe considerar como una resolución sancionadora, sino como una decisión que debe ayudar a neutralizar nuevos actos de violencia, porque lo que se requiere es proteger la integridad de la víctima de la violencia y de las víctimas indirectas, que muchos de los casos son niños y adolescentes”, detalla.
Explica que ya no es necesario celebrar una audiencia judicial ni que el magistrado tenga en su despacho el informe psicológico, social u otra ficha para la valoración de riesgo para emitir las medidas de protección.
“La institución responsable de dar cumplimiento a las medidas de protección es la Policía Nacional del Perú. El Artículo 23, inciso b), del Decreto Legislativo N° 1386, así como el Decreto Supremo 04-2019-MIMP, establecen que la policía es la responsable de velar por el cumplimiento de las medidas. Por esta razón es necesario articular un mapa gráfico y georeferencial de aquellas mujeres que se encuentran bajo protección, para que se realice el patrullaje integrado conforme manda la norma”, asevera.
Sumado al personal sanitario, en la primera línea de la emergencia sanitaria también están los bomberos, quienes cumplen una destacada labor en el contexto de la pandemia por el Covid-19. Al respecto, el comandante de la Compañía de Bomberos Voluntarios Salvadora N° 27 de Chiclayo, Giovanni Custodio Muñoz, señaló que en los últimos cinco meses atendieron 350 emergencias (70 en promedio por mes), entre amagos de incendios, rescates vehiculares, fugas de gas, personas atrapadas en ascensores, etcétera.
Mencionó que durante la cuarentena se registraron más amagos de incendio producto de velas encendidas, fugas de gas o cortocircuitos, que en un contexto normal, pese a que las personas se mantienen en sus domicilios, en virtud de lo cual exhortó a la población a darle mantenimiento continuo a sus balones de gas, revisar las mangueras de conexión, las válvulas y taparlos siempre con un trapo húmedo.
En paralelo a las emergencias que atienden, los bomberos también deben lidiar con las llamadas falsas de inescrupulosos vecinos. Custodio Muñoz aseguró que en promedio la mitad de las 70 llamadas que reciben a diario son falsas. “Ni en la pandemia han dejado de hacerlas”, lamentó.
Esta acción se encuentra penada por el Decreto Legislativo N° 1277, el cual establece una multa de hasta el 50 % del valor de una Unidad Impositiva Tributaria – UIT, por realizar llamadas falsas a centrales de emergencias de manera reiterativa. Es decir, dos mil 150 soles.
CONTAGIADOS
Por otro lado, mencionó que durante la emergencia sanitaria 18 bomberos de la Salvadora N° 27 dieron positivo al Covid-19. De estos, dos fallecieron: Ever Espinoza Mestanza y Manuel Ayasta Agapito, ambos ex comandantes departamentales, mientras que el resto ya se recuperó satisfactoriamente.
Refirió que se les ha tomado en cuatro oportunidades pruebas de descarte del Covid-19, de las cuales en la última ningún bombero de la Salvadora N° 27 dio positivo.
En tanto, a nivel nacional la cifra de bomberos contagiados por el Covid-19 asciende a 600, mientras que la de fallecidos a causa de este virus alcanza los 33.
REDUCCIÓN DE VOLUNTARIOS
Indicó que actualmente están laborando 15 bomberos en la dependencia de Chiclayo. Hasta antes de la emergencia sanitaria acudían entre 32 a 40 voluntarios diariamente. La disminución se debe a una disposición del comando nacional que limitó la capacidad a ocho personas por turno. Sumado a ello, está el hecho de que algunos dejaron de asistir por ser población vulnerable.
Detalló que actualmente la Salvadora N° 27 cuenta con cinco unidades: una cisterna, una máquina de primera respuesta, un vehículo escala, una unidad médica y una auxiliar. De estas, el vehículo escala presenta deficiencias, pero pese a ello se sigue utilizando, con el riesgo de que – al acudir a una emergencia – esta se averíe a medio camino.
Por último, indicó que - si bien han recibido Equipos de Protección Personal y materiales de limpieza y desinfección - siempre se necesita más, por lo cual algunas empresas privadas y vecinos de la comunidad han apoyado con sus donativos.
“El comando nacional nos ha enviado equipos de bioseguridad, con los cuales nos hemos podido mantener, pero hay que tener en cuenta que son equipos descartables, se van desechando y no nos duran para el trabajo de toda la comandancia. Se necesita mascarillas, alcohol. Hay empresas que nos han apoyado con máquinas para fumigar y también hay familias que hacen sus donaciones”, resaltó.
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La pandemia del Covid-19 ha cambiado todo y la comunicación no ha sido ajena a esto. Eso lo saben bien William Santa Cruz Ortiz, Diógenes Saavedra Vallejos y Juan Carlos Matta Fernández, tres comunicadores que laboran en instituciones públicas y durante el último semestre debieron adaptarse a la coyuntura para seguir transmitiendo la información desde las jefaturas de imagen que lideran.
Santa Cruz Ortiz, jefe de Imagen del Gobierno Regional de Lambayeque, señaló que ha sido difícil recoger la información durante esta emergencia sanitaria, pues de ocho colaboradores que trabajan en dicha oficina, solo quedaron dos laborando de forma presencial. Pese a ello, echaron mano de las herramientas comunicativas digitales para entregar a los medios de comunicación la información oportuna de lo que ocurre con las autoridades regionales.
“La experiencia en campo de muchos años y toda mi vida periodística como reportero la he abocado al trabajo en la sede regional. Hemos entregado el mejor producto posible a los medios de comunicación para que nos ayuden a difundirlo. Donde ha habido problemas, allí hemos estado. Cada que llegó un personaje nacional difundimos su presencia, pero a la vez de qué manera favorece a Lambayeque”, destacó.
Precisó que a raíz de esta pandemia se generaron hechos periodísticos adversos a las autoridades que no se encontraban en la agenda, como el de las mascarillas encontradas en los almacenes de la Gerencia Regional de Salud – GERESA, sin ser repartidas, hecho sobre el cual tuvo que ir personalmente a dicha dependencia para averiguar el porqué del inconveniente. “El gobernador tiene desde las 6:00 de la mañana los diarios en su casa y durante el día el reporte de lo que se ocurre en las redes sociales”, mencionó.
EDUCACIÓN
Por su parte, Diógenes Saavedra, jefe de imagen de la Gerencia Regional de Educación, indicó que el Año Escolar 2020 significó un reto en cuanto a la adaptación de las plataformas virtuales, no solo de los docentes, sino también de los directivos, padres de familia y alumnos, en virtud de lo cual desde la jefatura que presidente han segmentado la información y la normatividad dada por la cartera sectorial para transmitirla al público objetivo.
“Si ya de por sí en la modalidad presencial habían problemas, en lo virtual estos se acrecentaron, pero tanto la gerencia como las UGEL han estado a la altura. Estas últimas son por norma las más cercanas a las instituciones educativas y han tenido un trabajo más directo. Son 341 mil alumnos de las instituciones educativas, casi la tercera parte de la población lambayecana. No es fácil adaptarse, pero con el empuje de todos se salió adelante”, refirió.
Sobre las quejas por el tema de matrículas y pensiones, el comunicador señaló que estas aumentaron debido a que en algunos colegios los alumnos no habían siquiera empezado a recibir el servicio educativo y ya se les había empezado a cobrar. En esa situación su labor fue articular con los organismos pertinentes como INDECOPI para que se efectúe la fiscalización y sanción correspondiente.
SALUD
Por su parte, Juan Carlos Matta, jefe de Imagen de la Gerencia Regional de Salud, refirió que su trabajo no inició en quincena de marzo con la aparición de la pandemia, sino desde febrero cuando se realizaron las primeras campañas preventivas en aeropuertos y terminales terrestres. Por dichos meses la GERESA estuvo abocada también a trabajar en la campaña comunicacional sobre el dengue.
“El sector salud, muy pujante, fue golpeado por diferentes situaciones. En todas las gestiones se busca reflotarlo, pero esta pandemia ha desnudado hasta los aparatos más sofisticados a nivel mundial. Al inicio se hizo el esfuerzo por conseguir los Equipos de Protección Personal y dar una respuesta lo más acertada posible. Nuestra labor desde la comunicación fue identificar los riesgos potenciales para lanzar los mensajes”, graficó.
Manifestó que la consigna bajo la que trabajan en la jefatura que preside es que la información vertida transmita alternativas y que además sea totalmente transparente. “Cada vez que tenemos titulares fuertes nos reunimos con los gerentes para analizar todos los puntos de vista, procesos, inconsistencias y sobre todo reconocer si hay algún inconveniente o hecho denunciable”, finalizó.
