Y pasaron cinco meses de confinamiento debido a la pandemia COVID-19, un tiempo de agitación e incertidumbre con sentidos y significados muy distintos según quien lo experimenta. No cabe duda, que la población en general está sufriendo las consecuencias de la denominada mayor pandemia de este siglo, pero no perdamos de vista que el 69 % de fallecidos son Personas Adultas Mayores (PAM), convirtiéndolos tristemente en el foco de la atención en esta pandemia, por su alta vulnerabilidad.

De acuerdo a información que proporciona la sala situacional COVID-19 del Perú, el cuantitativo de casos al 16 de agosto 2020, son de 525,803 casos positivos y 26,075 fallecidos, siendo 18,077 fallecidos por COVID-19 que pertenecen a la población de 60 a más años.

¿Qué estamos haciendo frente a esta situación? Reconocemos las medidas que el gobierno viene tomando en esta pandemia, pero nada parece ser suficiente, pues día a día, somos testigos del vía crucis que tienen que pasar nuestros adultos mayores.

No solo nos referimos a los infectados u hospitalizados, también a aquellos adultos mayores que, por la situación de encontrarse más de 150 días en cuarentena, incrementan la sensación de sentirse aislados por el distanciamiento entre las personas significativas para ellos, privados de la capacidad de vivir independientemente o, lo que es peor, sentirse olvidados por las autoridades, frente a una violencia familiar que, en el contexto de la cuarentena y aislamiento, ha elevado sus estadísticas significativamente. Pero en realidad, esta situación que ya la sufrían nuestras PAM, apenas se ha tornado más visible con la pandemia.

ADULTO MAYOR

En ese contexto, nos tocó celebrar el 26 de agosto el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, fecha que hace cuatro décadas se celebra en el Perú y responde a los acuerdos internacionales promovidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los cuales fomentan la designación de este día, con el objetivo de promover sus derechos, revalorizar su imagen en nuestra sociedad y favorecer la toma de conciencia sobre el valor de la prolongación de la vida.

Qué mejor celebración, que frente al momento crucial que estamos atravesando, invitemos a los gobiernos y la población en general a recordar las razones de esta conmemoración. Ahora más que nunca precisamos (re)pensar el actuar hacia nuestros adultos mayores, enfocando la crisis del coronavirus, como una oportunidad para volver la vista sobre esos compromisos nacionales e internacionales para un envejecimiento activo y digno.

El envejecimiento activo y digno implica salud, conocimiento, derecho de participación social, seguridad y protección para las PAM. Su cumplimiento, no solo es una exigencia para los gobiernos; en nuestras manos está iniciar su práctica en el escenario de nuestro hogar.

CUIDADO Y RESPETO

Iniciemos esta práctica mirando a nuestros adultos mayores más allá de su salud y condición física, asumamos un cuidado holístico; respetando sus decisiones, resignificando sus vínculos afectivos, garantizando los derechos que le asisten; sobre todo, centrando nuestra atención en sus sentimientos, emociones, en sus opiniones respecto la pandemia y como ella impacta en su diario vivir.

Reto a los lectores de esta reflexión, que este año, la conmemoración del Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, sea individual, sea familiar, sea vecinal. Es en este escenario, donde tenemos la oportunidad de comenzar a actuar desde la conciencia y la coherencia, de asumir acciones que le ayuden al “viejo” de nuestra familia a envejecer con dignidad, con calidad de vida; reconociendo que la situación adversa que vivimos, es una oportunidad para trascender.

(*) Directora de Responsabilidad Social Universitaria USAT y coordinadora nacional de la Red de Enfermería en Salud del Adulto Mayor.

El 6 de julio el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, llegó a Chiclayo para inaugurar el Centro de Hospitalización Temporal construido en terrenos del Colegio ‘Carlos Augusto Salaverry’, en La Victoria. Los trabajos de implementación costaron 12 millones de soles y estuvieron a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Sin embargo, la realidad del recinto deja dudas sobre la eficiencia de su funcionamiento.

La estructura con capacidad de 100 camas para hospitalización temporal de pacientes leves y moderados y 25 camas de Cuidados Intensivos para pacientes críticos, se levantó con la intención de descongestionar el Hospital Regional de Lambayeque, colapsado por la cantidad de pacientes Covid-19 que ha recibido.

Empero, casi a dos meses de la inauguración, el funcionamiento sigue siendo deficiente.

“La Defensoría del Pueblo considera lo siguiente: se trata de un establecimiento temporal, en el cual el Ejecutivo, a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, invirtió 12 millones de soles para tener una infraestructura que permita atender a los pacientes covid. Esta obra ya concluyó, pero se ha advertido que hay diversos aspectos técnicos que faltan para su funcionamiento. Frente a esas irregularidades presuntas ha intervenido la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, y serán estas entidades la que deberán emitir un pronunciamiento respecto a lo que determinen sus investigaciones”, señala el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes.

INVESTIGACIÓN

El funcionario refiere que sin perjuicio del resultado de las investigaciones iniciadas por los entes de fiscalización, urge la necesidad de poner en operatividad integral al centro por lo que la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Gobierno Regional de Lambayeque que atienda las condiciones faltantes.

“Si bien hay irregularidades que se han denunciado o aspectos técnicos que faltan, hay que darle soluciones al problema. Es lo que nos parece corresponde de acuerdo a ley y frente a esta situación, porque no podemos estar girando sobre el problema. Lo irregular está siendo investigado por las autoridades competentes, pero hay una situación concreta por resolver”, explica.

“Hay una situación que requiere una exhaustiva investigación con resultados rápidos. El Ministerio Público, que investiga el delito, debe, en el más breve plazo, concluir la investigación y confirmar o confirmar las responsabilidades penales de las partes involucradas en esta situación. Lo mismo la Contraloría, que de encontrar algo irregular, deberá arribar a la estimación de responsabilidades administrativas”, añade.

En atención a las recomendaciones de la Defensoría, el gobierno regional ha elaborado un informe situacional sobre todos los faltantes en el centro temporal, a fin de gestionar el presupuesto que se requiere para darle trámite.

“Actualmente uno de los principales problemas es la falta de capacidad para el abastecimiento de oxígeno, porque el equipo de dotación que se tiene es insuficiente. Eso tiene un costo, alguien tiene que asumirlo, entonces debe ser el Ministerio de Salud a través del gobierno regional”, señala.

RESPUESTA DE GERESA

Al respecto, el Gerente Regional de Salud, Víctor Echeandía Arellano, anunció que en coordinación con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se instalará un equipo generador de oxígeno.

El funcionario, reconoció que la falta de una fuente segura de oxígeno ha limitado la atención a la población.

Manifestó que por ahora, la atención será a través de los triajes diferenciados de los establecimientos de salud y hospitales que no están atendiendo casos COVID-19, quienes harán la referencia al Hospital Regional Lambayeque para que se pueda determinar, según su estado de salud, si van a continuar la atención en el Ambiente de Hospitalización Temporal de La Victoria.

“Estamos trabajando intensamente y reuniéndonos con los gerentes de las redes de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, para que, una vez instalado el equipo generador de oxígeno, todos los pacientes que ellos van a captar y requieran un tratamiento con este elemento u otros medicamentos, sean atendidos en el Ambiente de Hospitalización Temporal”, puntualizó.