El rector de la casa de estudios superiores, Jorge Oliva Núñez, confirmó que una comisión de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria - SUNEDU, comunicó la decisión de no otorgarle el licenciamiento institucional al no cumplir con las condiciones básicas de calidad que exige la Ley â„– 30220, Ley Universitaria.
Oliva Núñez señaló que junto a las autoridades de la casa de estudios coordinaría las acciones a seguir, pues la medida afecta directamente a más de 13 mil estudiantes de la macro región norte.
Hace unos días, el vicerrector Académico de la universidad, Bernardo Nieto, informó a Expresión que desde inicios de año no había respuesta de la SUNEDU respecto al levantamiento de observaciones al plan de adecuación que la casa de estudios había formulado.
Tras la decisión de la superintendencia, la UNPRG se convierte en la primera universidad nacional del norte del país a la que se le niega el licenciamiento institucional, pues sus pares de Tumbes, Piura y Trujillo lograron superar con éxito los criterios de evaluación.
En el departamento, SUNEDU negó el licenciamiento a las universidades Particular de Chiclayo, de Lambayeque y Juan Mejía Baca.
¿QUÉ SE ENCONTRÓ?
Entre las deficiencias que motivaron la denegatoria de licencia, la SUNEDU encontró que el 47 % de sus programas académicos de nivel de posgrado no cumple con la Ley Universitaria y su normativa; la universidad carece de información consistente sobre la cantidad de postulantes e ingresantes en los procesos de admisión realizados en los últimos dos años, a nivel de posgrado y segunda especialidad, lo que impacta en la capacidad de planificación del servicio, y la universidad implementó una modalidad de ingreso a nivel de pregrado (examen complementario), que contraviene su propio Estatuto y la Ley Universitaria.
Asimismo, la casa de estudios no cuenta con instrumentos de gestión de calidad universitaria que permita garantizar mejoras en la formación académica de la comunidad universitaria; las instalaciones universitarias no cuentan con estándares mínimos de seguridad, incumpliendo con su normativa interna vinculada a la seguridad y salud en el trabajo, y poniendo en riesgo la integridad y salud de la comunidad universitaria, y no garantiza la continuidad del servicio de agua en sus instalaciones durante todo el horario académico, debido a que carece de alternativas técnicas para ello; lo que afecta la calidad del servicio educativo.
También se identificó que la gestión que realiza la universidad para la planificación, ejecución y monitoreo del presupuesto de mantenimiento no brinda garantías para la preservación y cuidado de su infraestructura, equipamiento y mobiliario; la universidad no implementó el 27 % de los Comités de Ética de sus facultades; además de incumplir su propia normativa en lo que respecta a la designación de los docentes investigadores y no instauró todos sus órganos de gestión de la propiedad intelectual; no garantiza contar con mecanismos que promuevan la mejora de la calidad del desempeño docente. Tampoco demostró haber evaluado el desempeño de todos sus docentes durante los últimos cuatro semestres, y no garantiza contar con equipamiento y realizar actividades para la prestación de servicios culturales, ni la gestión e implementación de las actividades orientadas a la protección del medio ambiente.
Del mismo modo, no existe una estructura y funciones específicas de la Oficina de Seguimiento al Graduado y su rol respecto a las unidades de seguimiento al egresado de las facultades. De este modo, no se garantiza una adecuada gestión de graduados a nivel institucional ni coordinaciones institucionalizadas con las facultades.
Los mecanismos que implementa la universidad para promover la inserción laboral y apoyar la empleabilidad de los graduados no evidencian una implementación efectiva; la bolsa de trabajo no presenta ofertas laborales vigentes y las que tenían solo estaban destinadas a egresados de 2 de sus 151 programas académicos. Asimismo, los convenios para la inserción laboral no fueron ejecutados durante el 2019-II, excepto 1 que solo tuvo beneficiarios de dos facultades.
REACCIÓN INSTITUCIONAL
“Es posible que SUNEDU haya tomado su decisión con una fotografía de hace meses. Creo que es una clamorosa injusticia la que se comete con la universidad”, señaló Bernardo Nieto Castellanos, vicerrector Académico de la UNPRG.
“La región Lambayeque conoce lo que la universidad ha estado haciendo y hace no solo a favor de sus estudiantes, sino también como parte de la responsabilidad social. Lamentablemente esta es a una noticia para mí inesperada. Queda mirar para adelante, nosotros seguimos trabajando. De acuerdo a la normativa hay un espacio de reconsideración de 15 días en los que quedará sustentar y rebatir los puntos que SUNEDU ha adoptado y saber si es que rechazó el plan de adecuación”, añadió la autoridad.
Nieto Castellanos precisó que lo que corresponde, en adelante, es que el Ministerio de Educación designe a profesionales para las áreas de Administración y Logística, quienes se sumarían al equipo de gestión durante un año, tiempo en el cual la universidad deberá adecuarse al plan de emergencia y buscar nuevamente el licenciamiento.
MEDIDAS DEL MINEDU
En su calidad de promotor de la universidad pública, el Ministerio de Educación anunció que seguirá acompañando a la UNPRG a lo largo de todo su proceso orientado al licenciamiento institucional. Con esta finalidad, en un plazo de 10 días se conformará una comisión técnica que estará a cargo de la elaboración y seguimiento de la ejecución del mencionado plan.
Según lo dispuesto en el D.S. N.° 016-2019-MINEDU, la UNPRG se encargará de implementar el Plan de Emergencia en un plazo máximo de 12 meses. Asimismo, deberá cumplir con el Reglamento del Proceso de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado, dispuesto por SUNEDU.
Como todas las universidades con licenciamiento denegado, la UNPRG está impedida de admitir nuevos estudiantes mediante cualquier modalidad. No obstante ello, debe continuar brindando el servicio educativo a sus estudiantes matriculados. Asimismo, los grados y títulos que emita la universidad seguirán teniendo validez y serán inscritos por la SUNEDU en el Registro Nacional de Grados y Títulos.
TRABAJO PREVIO
El MINEDU informó que como ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, ha invertido más de mil millones de soles para mejorar la calidad del servicio que brindan las universidades públicas.
Así, entre los años 2017 y 2020, el Ministerio de Educación ha transferido a la UNPRG alrededor de 14 millones de soles para financiar el incremento de remuneraciones a docentes, nuevas plazas docentes, la implementación progresiva de la bonificación para el docente investigador, entre otras acciones.
Asimismo, la UNPRG ha recibido asistencia técnica para la formulación de proyectos de inversión, por 142 millones. Como resultado de este trabajo conjunto, se logró pasar de una ejecución presupuestal de 16 % en 2016, a 89 % en 2019.
Además, se brindó asistencia técnica en la formulación del presupuesto para el año 2019, con el objetivo de conseguir una mayor asignación de recursos, por el monto de cinco millones 600 mil soles. Este presupuesto estuvo destinado a financiar la adquisición de equipos de laboratorio y la contratación de técnicos, el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento, y la compra de mayores raciones para el comedor estudiantil.
Sentencia se emitirá el 1 de septiembre.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque dejó al voto la apelación de la sentencia de pena suspendida contra el ex gobernador regional Humberto Acuña Peralta y su cuñado, Elver Díaz Bravo, quien se desempeñó como procurador anticorrupción. El 1 de septiembre los magistrados emitirán su pronunciamiento, con el cual puede declarar nula o confirmar la decisión de primera instancia.
Durante dos horas, el colegiado escuchó los alegatos de la defensa de los procesados y del Ministerio Público.
Acuña Peralta y Díaz Bravo fueron sentenciados en diciembre del año pasado por el Décimo Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a tres y cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución, respectivamente, por el delito de cohecho activo genérico.
El caso se inició luego que el Ministerio Público los acusara de haber sobornado al exintegrante de la Policía Anticorrupción Joel Ugaz Cubas (fallecido el 27 de noviembre del año pasado), para que ayudara a Acuña Peralta en una investigación que se le seguía por asociación ilícita y otros, iniciada en mayo del 2014, la misma que fue derivada a la Policía Anticorrupción, designándose como instructor al exagente.
DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
La fiscalía llegó a dicha conclusión al recabar el contenido de audios obtenidos a través de escuchas telefónicas autorizadas por el Poder Judicial en septiembre del 2014 contra Ugaz Cubas, investigado en ese momento como integrante de la presunta organización “Los limpios de la corrupción”.
Para la primera instancia judicial quedó acreditado que Acuña Peralta autorizó a su cuñado para que coordine con Ugaz Cubas para que este redacte una falsa declaración a cambio de dinero.
El fiscal superior Luis Piscoya adjunto de la Fiscalía Superior Penal Liquidadora de Lambayeque, expuso que entre el 26, 27 y 29 de septiembre del 2014 se interceptó las llamadas entre Ugaz Cubas y Díaz Bravo, advirtiéndose que este último le ofreció 750 soles a cambio de que elabore la falsa declaración.
“El dinero iba a ser financiado por Humberto Acuña Peralta con la finalidad de que el servidor público (Ugaz Cubas) no solo elabore las preguntas, sino también las respuestas que debía dar Humberto Acuña”, indicó.
NULIDAD DE LA PRUEBA
En su exposición ante la sala, la defensa de Acuña Peralta señaló que el juez de primera instancia había valorado y admitido una prueba prohibida (audios) y que la resolución de sentencia era carente de motivación, por lo que requirió al colegiado que ampare la apelación presentada. Además, indició que se había violado el principio de presunción de inocencia.
El abogado Alex Ganoza Céspedes, defensor del ahora congresista por Lambayeque, cuestionó que el magistrado de primera instancia haya emitido sentencia incluyendo a Joel Ugaz pese a que este había fallecido el 27 de noviembre del 2019.
RESPUESTA FISCAL
El representante del Ministerio Público rebatió los argumentos de la defensa señalando que era ilógico que en la etapa de apelación se cuestione la validez de la prueba (audios), habiendo los procesados sometido a peritaje las escuchas que, además, fueron obtenidas con mandato judicial, por lo que no cabía la posición de cuestionar su legalidad.
Asimismo, refirió que había quedado acreditada la comunicación entre Díaz Bravo y Ugaz Cubas y que el fallo emitido por el juez de primera instancia era válido, toda vez que el adelanto de sentencia se comunicó el 19 de noviembre, cuando el exintegrante de la Policía Anticorrupción aún vivía.
Luis Piscoya añadió que también ha quedado demostrado que los procesados, al momento de la interceptación telefónica, hacían uso de los números de teléfonos desde los cuales se realizaron las llamadas de coordinación, conforme se ha demostrado en el caso de Ugaz Cubas cuando fue detenido por el caso “Limpios de la corrupción”, el 30 de septiembre del 2014.
La Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque dirigió un operativo que permitió la detención de integrantes de la Unidad Ejecutora N028 II Dirtepol Lambayeque y proveedores, implicados en la adquisición de elementos de bioseguridad y artículos de limpieza para dicha institución durante la emergencia del Covid-19, por un monto que supera el millón 200 mil soles.
Entre los detenidos figuran el comandante Marcel Carbajal Tarazona, los suboficiales PNP Jean Oswer Yampufé Sánchez, Eduardo Nicanor Fuentes Carmona, Reinulfo Hoyos Gil, César Augusto Acosta Cajusol.
Además, los proveedores Giovana Genoveva Luna Rojas, Ramón Augusto Andonayre Martínez, Luis Janeth Verónica Baldeón Limaylla, Melisa Belén Puente Oliver, Luis Adolfo Guevara Torres y Denissis Paola Mccoy Milanés.
La medida se ejecuta ante una orden de detención preliminar, allanamiento, descerraje e incautación por tres días, solicitada por el fiscal provincial José Guevara Gilarmas, la que comprende quince inmuebles de Chiclayo, Ferreñafe, Íllimo y los distritos limeños de Surco, La Victoria, Magdalena del Mar y la provincia constitucional del Callao.
En la diligencia participaron 22 fiscales Anticorrupción, peritos informáticos de la oficina de peritajes del Ministerio Público y 150 efectivos de la Policía Anticorrupción y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.
A los intervenidos se les vincula el presunto delito de colusión agravada, por cuanto habrían concertado de manera ilícita con varios proveedores para defraudar al estado con un perjuicio de 756 mil 791.65 soles, durante la emergencia sanitaria.
SEPARACIÓN
El pasado mayo el exjefe de la Segunda Macroregión Policial de Lambayeque, Julio Díaz Zuloeta, fue separado del cargo, tras verse involucrado en las citadas compras sobrevaloradas de productos de limpieza y desinfección.
Según el peritaje realizado por el Ministerio Público, la Dirección Territorial Policial - DIRTEPOL de Lambayeque, Amazonas y Cajamarca, adquirió alcohol en gel adulterado. El componente metílico de este producto alcanzaba el 11 %, cuando el parámetro establecido por el Ministerio de Salud exige como mínimo el 60 %. Con esa deficiencia, no se asegura la eliminación de virus y gérmenes.
No obstante, Díaz Zuloeta no fue incluido en el operativo de detenciones desarrollado por la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.
La crisis sanitaria ha hecho que diversos gremios se pongan de pie en pos de ayudar a la población. Uno de estos ha sido la Sociedad Nacional de Industrias - SNI, cuyo presidente Ricardo Márquez Flores, aseguró en exclusiva para Expresión que tienen toda la predisposición para gestionar la adquisición y distribución de una planta de oxígeno para Lambayeque, tal como lo han hecho ya en otros departamentos del país.
Al respecto, Márquez Flores señaló que – como parte de la campaña Respira Perú – la SNI ya empezó con la compra de las plantas de oxígeno, cuyo valor en promedio oscila entre 180 mil y 200 mil dólares, según sea el tiempo de entrega. Explicó que por lo general los proveedores hacen la entrega 45 o 60 días después.
De esta forma, indicó que ya llego la primera planta de oxígeno a Arequipa y en los próximos días estarán llegando otras tres más a Lima. Sumado a ello, otras empresas también vienen gestionando la entrega de estas plantas, por lo que proyecta en los próximos 30 días llegarán unas al Perú.
Asimismo, la SNI, en alianza con el sector privado y la sociedad civil, adquirió dos mil respiradores artificiales para Lima. Precisamente, mañana se hará la entrega oficial de un lote de estos a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler.
Consultado sobre la posibilidad de hacer lo propio con Lambayeque, Márquez Flores aseguró que son conocedores de la necesidad del departamento y están dispuestos a gestionar la entrega de ayuda en coordinación con la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, y la Asociación Regional de Exportadores.
EMPLEO
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, en el segundo trimestre del año seis millones 720 mil peruanos perdieron su empleo, a comparación del mismo período en el 2019. De estos datos, el empleo urbano es el más afectado, ya que se redujo de 13.2 millones a 6.7 millones, es decir, casi el 50 % de puestos de trabajo respecto al 2019.
Márquez Flores sostuvo que las cifras del empleo en el segundo trimestre se dan en el contexto de una caída del PBI del 18.6 % y un acumulado de enero a junio del 17.37%. Explica la caída del PBI por una sensible reducción de la demanda interna reflejada en el menor consumo de hogares (-31.76 %), caída de inversión en construcción (-44.64%) y el menor nivel de exportaciones tradicionales y no tradicionales (-30.54%.).
En virtud de ello, el presidente de la SNI destacó que han propuesto al Gobierno la emisión de un bono para toda la población hasta fin de año. Señaló que esto es factible porque así se reactivará el consumo y por ende habrá movimiento con el pago del IGV.
“Lo que más pena me da es que el empleo formal está bajando y ese es el que básicamente te da los ingresos tributarios. Tenemos que sentarnos a trabajar el sector público y privado. Los números no engañan. Nosotros no queremos dar quejas, venimos a proponer”, indicó.
Indicó que el Gobierno ha dado incentivos a las empresas y las personas para que, a través del Programa Mivivienda, puedan reanudar las obras de construcción, pero estas se ven frustradas por los permisos municipales que pueden tardar hasta un año, razón por la cual la SNI se está reuniendo con las municipalidades y los gremios profesionales de arquitectos e ingenieros para eliminar las trabas burocráticas.
Asimismo, cuestionó la poca celeridad en la ejecución del presupuesto que tienen las municipalidades, el cual al 30 de julio alcanza el 19 % en promedio a nivel nacional.
“Tiene que haber un tercero que alerte de inmediato los errores. No puede ser el mismo Estado el que controle la ejecución presupuestal. Hemos llegado a niveles demasiado bajos. Tenemos que hacer que cada 15 días se supervise esto. Deben saber gastar”, precisó.
SECTORES
Finalmente, señaló que el sector que es prioridad para la SNI es la pesca de consumo humano, pues actualmente el Perú exporta mil 500 millones de dólares, mientras que Ecuador seis mil millones y Chile nueve mil millones, pese a compartir el mismo mar.
Cabe mencionar que, a nivel sectorial, la producción de Manufactura disminuyó en 6.83 %. El subsector primario creció en 8.57 %, impulsado por la mayor elaboración y conservación de pescado (70.36 %) y la elaboración de azúcar (10.25 %). En tanto, disminuyó la elaboración y conservación de carne (2,04%), metales preciosos (12,62 %), así como la refinación del petróleo (60,92 %). Por el contrario la manufactura no primaria se redujo en 13.4% por la menor producción de la industria de bienes de consumo (15,05 %); bienes intermedios (6,61 %) y bienes de capital (65,83 %).
El 17 de agosto del año pasado Expresión publicó el libro ‘Juan Aita Valle: Obrero de la seguridad social’, en virtud de conmemorar el centenario de su natalicio. Hoy, un año después, Rafael Aita Campodónico conversó en exclusiva con este medio para recordar la labor de su padre y comentar la respuesta sanitaria en este contexto de pandemia.
El 12 de agosto de 1936 se promulgó la Ley nº 8433, mediante la cual se creó el Seguro Social Obrero. Veintitrés años, después, en e1959, Juan Aita Valle asumió la dirección del Hospital Obrero de Chiclayo, a través de una plaza obtenida por concurso público.
“Con el doctor Aita se logró el famoso puente de la integridad, donde obreros y empleados eran lo mismo. Esa integración se logró gracias a su esfuerzo, por lo cual fue condecorado con la Medalla de Oro Hipólito Unánue”, destacó.
En 1970 Aita Valle fue designado director regional de Salud del Seguro Social del Perú de la Zona Norte, asumiendo el liderazgo de los hospitales de Piura, Chiclayo, Trujillo, Chocope y Chimbote. La fusión de los hospitales del Obrero y del Empleado se convertiría años más tarde en lo que hoy es el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo.
“Hoy hay gente capaz, inteligente, pero se ha perdido la responsabilidad de lo que significa atender la salud, sin la cual no hay vida, no hay economía, no hay nada. El doctor Aita tenía un gran espíritu y vocación social. En los últimos 20 años este tema se ha olvidado, pero espero que a partir de ahora se brinden más recursos desde el Gobierno para contratar personal, dotar de infraestructura y, en suma, mejorar el sistema”, añadió.
COVID-19
Por otro lado, Rafael Aita mencionó que esta pandemia no ha hecho más que desnudar las deficiencias del sistema de salud. Apuntó que el Gobierno, con todas sus deficiencias, está haciendo denodados esfuerzos por contener la situación, por lo cual la población también debe apoyar con su responsabilidad.
"Ya se habían ordenado un poco las cosas, pero en el afán de recuperar los cinco millones de empleos perdidos, la gente ha salido a las calles y se ha olvidado que la vida hoy es totalmente diferente. Ahora los contagios se están produciendo también por las reuniones sociales, siendo los niños los portadores de virus", anotó.
Consultado sobre la fusión de EsSalud y el MINSA, señaló que se está perdiendo el enfoque de lo que es una contraprestación. Explico que - si ya de por sí en la seguridad social por más que el asegurado paga muchas veces no es atendido - aumentar la demanda de pacientes solo agravará la situación.
Señaló que la política pública de salud sí debe ser una en general, pero la ampliación de la oferta hospitalaria puede darse internamente con convenios.
Finalmente, indicó que actualmente solo el 62 % del personal sanitario está atendiendo (el resto tiene licencia o dejó de hacerlo por temor a contagiarse), en virtud de lo cual se requiere de mayor presupuesto para contratar más personal.
La autoestima como la suma del juicio de valor y competencia que la persona realiza de sí misma, que en algunas ocasiones puede ser la causa y en otras las consecuencias de aquellas dificultades o maneras de afrontar el día a día; proceso en donde los eventos diarios tienen influencia en el desarrollo personal; la pandemia, por ejemplo, se ha convertido de manera potencial como aquel evento capaz de influenciar en la vida de la persona.
La existencia de una valoración global acerca de sí mismo, puede traducirse en una percepción de ser querido, valioso y estar contento de ser como se es; o, por el contrario, en un sentimiento de ser poco valioso, no querido y, por lo tanto, un sentimiento negativo y de no aceptación respecto de uno mismo. Es así que cuando la autoestima global es positiva, permitirá actuar eficazmente y hacer frente apropiadamente a las dificultades.
Es importante señalar que la percepción que el menor realice de sí mismo, se desplazará a la percepción que los demás tienen de él. Además de desplazarse de lo físico a lo psicológico, las descripciones de sí mismo van variando en función a la edad, desde aspectos conductuales, emocionales y situacionales, hacia características de personalidad social, tales como la capacidad de hacer amigos o aceptación de las normas sociales, que en tiempos de pandemia esas normas están direccionadas a la no propagación del virus.
Tomando en consideración que dicho evento está generando en la familia cambios a nivel conductual y emocional, es necesario enfatizar que la autoestima es una pieza fundamental que toda familia debe desarrollar entre sus miembros y ello significa prestar atención a los menores de edad; fortalecerla, es la mejor forma para combatir los cambios en la conducta, afrontar las vicisitudes y sembrar un precedente para el desarrollo personal, por tanto se enumeran estrategias, donde los padres puedan convertirse en gestores de las mismas:
Poner límites claros, es importante que el hijo reconozca y diferencie que el querer, amar y reforzar no es lo mismo que permitir o dejar hacer, es también reconocer cuando tendrá un espacio físico y emocional para desarrollarse y cuando es necesario descansar y detenerse para no generar rebeldías, desconfianzas e inseguridades.
Docente de la Escuela de Psicología USAT
