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La Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque continúa desenmarañando los alcaldes de la corrupción que en los últimos cuatro años se extendió en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, bajo el liderazgo del recluido alcalde David Cornejo Chinguel. A eso se suma la decisión del Primer Juzgado de Trabajo que dispuso la detención por 24 horas contra el gobernador Humberto Acuña Peralta.
CASO ACUÑA PERALTA
La orden de detención contra el gobernador regional de Lambayeque fue emitida por el juez del Primer Juzgado de Trabajo de Chiclayo, José Alfaro Sotomayor, en el Expediente Judicial N° 02701-2011-0-1726-JR-LA-01, por incumplimiento de disposiciones y normas laborales en perjuicio de Manfredo Coronado Castillo.
La medida fue notificada el 7 de diciembre pasado al Comandante de la Comisaría del Norte con el Oficio N° 02701-2011-0-1°JPLCH-JOR/JDY. La decisión del juez está contenida en la Resolución N° 39.
El caso se origina luego del despido de Manfredo Coronado como trabajador del Gobierno Regional de Lambayeque, quien interpuso una demanda judicial logrando que se ampare su pedido de reincorporación, decisión que no fue ejecutada por el Gobierno Regional de Lambayeque.
“Ante la reiterada negativa de la demandada a dar cumplimiento al mandato judicial ordeno la detención del titular del pliego, Humberto Acuña Peralta”, señaló el juez en la Resolución 39.
La controversia se genera debido a que la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Lambayeque acreditó que Coronado Castillo fue reincorporado como trabajador, recibiendo sus remuneraciones. Sin embargo, el juez se ratificó.
“Ante el reiterado desacato judicial, este juzgado se encuentra autorizado de hacer uso de las facultades coercitivas (...) la decisión adoptada, es producto de una evaluación del mayor beneficio que obtendría la parte trabajadora de ver concretizado su derecho (...)”, reza la resolución judicial.
NUEVAS DETENCIONES
Por otro lado, el jueves 13 d.c., al vencerse la detención preliminar contra el suspendido alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, regidores y funcionarios, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR, presentó el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses contra los imputados, pedido que se revisará en audiencia hoy viernes a las 11 de la mañana en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que despacha la jueza Cecilia Grandez Rojas.
La misma magistrada ordenó la detención de otros 13 integrantes de la presunta red criminal denominada “Los corchines de la corrupción” o “Temerarios del crimen”.
Estos son: Nilton Monje Sampén, ex jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo; Samuel Carrasco Calderón, ex gerente de Desarrollo Urbano; los regidores Luis Carlos Cabrejos Ucañay y Boris Bartra Grosso, ambos ex candidato en el reciente proceso electoral a regidor y consejero regional, respectivamente, por Fuerza Popular, y el electo alcalde de Olmos por el partido Podemos Por el Progreso del Perú, Willy Serrato Puse, quien se encargó de articular las candidaturas que dicha agrupación presentó en las votaciones de octubre.
En la lista aparecen también el trabajador Julio César Vives Garnique, la empresaria Mirtha Gonzales Yep; el exdiputado aprista Miguel Ángel Nureña Sanguinetti, el exsacerdote y excandidato a la alcaldía de Chiclayo por Peruanos Por el Kambio, Michael Llontop Ruiz, los hermanos Wilfredo y Antonio Becerril Rodríguez, este último recientemente candidato a gobernador por Fuerza Popular, Susana Culqui Pacaya, ex pareja sentimental de Willy Serrato Puse y ex subgerente de Coordinación de Alcaldía, y Orlando Yvan Niño Vásquez, ex jefe de la Unidad de Abastecimiento de la comuna de Ferreñafe.
RECONOCE DELITOS
La FECOR Lambayeque señala que ejecutada la medida limitativa de detención preliminar contra David Cornejo y sus funcionarios, el pasado 28 de noviembre, dando cumplimiento a la Resolución Judicial N° 2, emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, fue posible la captura de 14 integrantes de la organización criminal “Los temerarios del crimen” o “Los corchines de la corrupción”.
“En el proceso de investigación preliminar se ha logrado obtener la declaración del cabecilla de la organización criminal David Cornejo Chinguel, el cual reconoce los delitos que se le imputan, manifestando detalladamente cada uno de los hechos ilícitos y funcionarios públicos que lo ayudaron, así como el nombre de personas particulares en su condición de cómplices, de donde ha podido establecer otros hechos e implicancias de otros miembros o colaboradores de la organización criminal”.
Hasta el momento se ha identificado a 32 integrantes de la presunta organización liderada por Cornejo Chinguel, secundado por su hermano Noé Cornejo Chinguel, seguido de Isaías Merino Chavesta, Edgar Vásquez Díaz, Martín Guevara Rosado, Emiliana Garnique Gonzales, Mario López Correa, Homero Vigo Quintana, Juan Carlos Pérez Bautista, Jhon Vega Sánchez, Waldramina Aguilar Cueva, César Guzmán Castillo, Washington Aliaga Marín, Manuel Odar Farro, Daniel Coronado Tarrillo, Marco Medina Villena, Eberth Gil Otiniano, Alfredo Montenegro Bermeo y Miguel Quiroz Míñope.
Por su experiencia en el seguimiento a los procesos de selección que se realizan en las entidades públicas de Lambayeque, el especialista en contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, señala con convicción que existen hechos sobre los cuales los organismos de fiscalización, como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público se han mantenido inertes frente a las denuncias presentadas por presuntos actos de corrupción en la ejecución de obras públicas, sobre todo en el Gobierno Regional de Lambayeque.
¿Año crítico el 2018 por todos los sucesos de corrupción que se han conocido?
Es un año muy triste, sobre todo por la cuestión moral y ética. A nivel internacional se ve que en el país caen todas las semanas funcionarios y autoridades por actos de corrupción, lo cual es vergonzoso.
Como ha sucedido en Chiclayo con la detención del alcalde David Cornejo Chinguel…
Es un hecho que se repite, el mismo modus operandi. Todo ha sido copiado, es un calco de lo hizo su antecesor. David Cornejo Chinguel hizo lo mismo que Roberto Torres Gonzales, no hay nada que los diferencies. Inclusive los actores y operadores han tenido la misma relación con la autoridad. Es el mismo sistema, pero con diferentes personas.
¿David Cornejo, a la luz de lo que se conoce por las investigaciones fiscales, realizó una gestión mucho más irregular que la desempeñada por Roberto Torres?
Eso se está evidenciando. Según lo que se conoce, ha cometido más actos de corrupción que los realizados por el señor Torres Gonzales, lo cual es gravísimo. A nadie se le desea la cárcel, pero si el señor David Cornejo es culpable de todo lo que el Ministerio Público le imputa, entonces le corresponde una sanción severa.
En mi opinión sí amerita un castigo de la justicia, porque solo con ver la ciudad y el estado en el que se encuentra es fácil entender que hubo mucho de irregular y corrupto en sus casi cuatro años de gobierno.
¿Era David Cornejo un personaje de fiar?
Nunca lo fue, recordemos todo lo que ofreció y cómo se condujo una vez en el gobierno. Ganó con el 22 % de los votos, lo que no garantizaba nada y ahí tenemos los resultados.
Su caída tenía que darse y esto debe servir como punto de inflexión para todo Lambayeque. Lo que vemos son escándalos en diferentes municipalidades, investigaciones que se realizan todo los días, pero, por ejemplo, del gobierno regional nadie dice nada.
Por su experiencia como investigador y especialista en contrataciones del Estado, ¿en qué obras de la Municipalidad Provincial de Chiclayo detectó irregularidades en los procedimientos seguidos?
En varias, personalmente denuncié ante el Ministerio Público la obra de las calles Cajamarca, Tumbes y Arequipa, donde hubo serios hechos de corrupción, direccionamientos groseros, a la vista de cualquier persona. Llama la atención que habiéndose denunciado tanto a la fiscalía como al Órgano de Control Interno – OCI no haya habido una respuesta.
Esa inercia de los entes de fiscalización y control es lo que ha generado que autoridades como David Cornejo sigan en lo mismo. No hay sanciones o juzgamientos para que los malos funcionarios entiendan que las entidades públicas no son su chacra ni sus arcas personales. El dinero lo han malversado como han querido, han sacado plata en efectivo del Centro de Gestión Tributaria – CGT. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? En verdad es indignante.
¿Considera entonces que el trabajo del Ministerio Público todavía es incipiente frente a los actos de corrupción que se han configurado?
Pienso que en Lambayeque los entes de fiscalización tienen que responder, porque ha habido denuncias oportunas sobre actos de corrupción. Yo, a título personal, las he presentado y fueron archivadas. Considero que no debieron ser archivadas y que deberían ser reabiertas. Con la coyuntura que se está viviendo, es lo que corresponde.
Ha mencionado al Gobierno Regional de Lambayeque, ¿también existen indicios de corrupción en los procesos que esta entidad ha realizado?
Siempre he venido sosteniendo: en el Gobierno Regional de Lambayeque hay serios indicios de corrupción, cosas por investigar de hechos evidentes. Por ejemplo, la carretera Pomalca-Saltur-Pampa Grande, el Colegio Nuestra Señora del Rosario, el Colegio Militar Elías Aguirre o la carretera Positos – Mórrope. Hay documentos falsos, se ha denunciado todos los hechos irregulares y no hay ninguna acción de enmienda.
¿Qué ha hecho el procurador del Gobierno Regional de Lambayeque al respecto?
Nada. En estos casos están involucrados los funcionarios, hay operadores muy bien identificados que son los encargados de cometer todos estos actos de corrupción. Todos las obras, todos los procesos para la ejecución de proyectos, tienen serios indicios de corrupción. Direccionamientos que se pueden demostrar.
Veamos a la Municipalidad Provincial de Chiclayo y dos alcaldes que ya tienen a la justicia sobre ellos. ¿Y en el gobierno regional? ¿En los ocho años no hubo nada?
¿Los ochos años de gobierno de Humberto Acuña Peralta deben ser auditados?
Tienen que ser auditados. La Contraloría General de la República ha mostrado mucha inacción. Yo he presentado diferentes denuncias ante el Órgano de Control Interno y hasta ahora no me responde.
Yo estoy propuesto, lo digo así, a sacar a la luz nuevamente todas mis denuncias y que se investiguen todos esos hechos. No hay menos de diez casos en los que he detectado irregularidades en las denominadas obras emblemáticas.
Repito, lo que ha pasado hace unos días en la municipalidad de Chiclayo debe significar un punto de quiebre para todas las entidades de la región.
¿Preocupan los adicionales y las adendas a los contratos de las obras del gobierno regional?
Los adicionales es solo una parte del problema. Sobre estos ha habido reintegros. En el Colegio Militar Elías Aguirre se otorgaron más de cinco millones de soles en adicionales, pero además dos millones 700 mil soles de reintegro por los cuatro adicionales que se dieron. Es decir, más dinero de lo presupuestado.
Eso es algo inaudito que merece una investigación para que los funcionarios respondan.
Otros casos son los de constructoras como ICM, por ejemplo, a la que la región le otorgó obras pese a la oposición de integrantes del Comité de Selección.
Uno de los integrantes del Comité de Selección para la obra del complejo policial se opuso porque detectó algo irregular, que era la inclusión de dos propuestas presentadas por empresas que no tenían capacidad de contratación con el Estado, lo que permitió obtener un cálculo promedio que benefició a ICM.
Ese caso se ha publicado en Expresión y es evidente que habría existido cierto favorecimiento hacia la empresa, lo que debería investigarse. OCI ya intervino, pero veremos qué es lo que pasa, porque también se ha encontrado documentación presuntamente falsa.
Que es algo que se presenta continuamente en las obras públicas…
Es un hecho reiterativo y la ley es muy clara: debe hacerse un control posterior a los procesos de selección que realizan las entidades públicas. Además, la norma es bastante firme al señalar que aun cuando el contratista haya suscrito el contrato, al haber trasgredido el principio de Veracidad al presentar documentación falsa, el titular de la entidad puede anular el contrato. No importa que esté iniciada la obra. Eso sucedió en la obra de saneamiento de San José, cuando se encontró las fianzas falsas.
Contraloría, ¿está realizando un buen trabajo?
La Contraloría, bajo mi punto de vista, no está siendo diligente. Le pido a esta entidad que actúe de manera efectiva frente a las irregularidades que se denuncian.
Una muestra palpable de su comportamiento es la siguiente: en la época del señor Roberto Torres Gonzales como alcalde de Chiclayo la Contraloría no hizo nada. Ahora encontramos lo mismo en la administración del señor David Cornejo.
¿Muy contrario a lo que pasó cuando Nelson Guevara Altamirano estuvo al frente de la Contraloría en Lambayeque? Detectó siete procesos irregulares al inicio de la gestión de David Cornejo y solicitó el congelamiento de las cuentas de la municipalidad. El alcalde pidió el apoyo de los congresistas Javier Velásquez y Héctor Becerril, quienes lo ayudaron y pidieron incluso el cambio del funcionario…
Y lo lograron, porque salió el señor Guevara. Era una persona que iba a las obras, llegaba ante las denuncias y mostraba interés en investigar. Le presenté varias denuncias y fue muy diligente, pese a que él tenía a cargo una importante jurisdicción como era Lambayeque y Cajamarca.
La sociedad civil también debe involucrarse en la fiscalización y la lucha contra la corrupción, lacra que no solo nos hace un enorme daño físico, sino también moral. Somos vistos como un país de quinta categoría.
La corrupción agudiza la pobreza, el atraso y pérdida de confianza en las instituciones públicas.
Finalmente, ¿cuál es su reflexión sobre lo sucedido con las obras de saneamiento de Olmos?
En las obras de saneamiento por 120 millones de soles lo primero que se encontró fue cartas fianzas que ingresaron después de la firma de los contratos. Se incluyeron con fecha posterior.
Existen investigaciones a nivel fiscal que hasta ahora no arrojan ningún resultado, ya concluyó la gestión del vacado alcalde Juan Mío Sánchez y en enero regresa el señor Willy Serrato Puse, el que licitó esos proyectos.
¿Cree que con todas las investigaciones que pesan sobre Willy Serrato este podrá realizar una gestión óptima en el municipio de Olmos?
Lo primero que debería hacer es ordenar su situación, tiene serios problemas y denuncias. Si él persiste en la posición que ha tenido siempre, definitivamente no le auguro una buena gestión. Si los valores y los principios los tiramos en el suelo, vamos a tener más de lo mismo y como ejemplos tenemos a Roberto Torres y a David Cornejo.
El plazo de detención preliminar contra el alcalde David Cornejo Chinguel y sus funcionarios se venció este jueves y la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR de Lambayeque avanzó a toda máquina para tener listo el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses, a fin de profundizar en las investigaciones al accionar de la presunta organización criminal que habría liderado la primera autoridad de la provincia. En tanto, una pregunta cae de madura: ¿Qué hizo la Contraloría General de la República durante este tiempo ante las irregularidades sucedidas en la municipalidad de Chiclayo?
Como primera respuesta puede señalarse que fue precisamente la Contraloría la entidad que otorgó insumos a la FECOR Lambayeque, a cargo del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, para robustecer su investigación contra la red denominada “Los corchines de la corrupción” o “Temerarios del crimen”, esto tras determinar irregularidades en varias obras licitadas por el municipio de Chiclayo en el marco del proceso de reconstrucción por el Fenómeno El Niño.
Así, el Ministerio Público recibió los expedientes e informes de control de obras como la rehabilitación de la Avenida Elvira García y García, en el tramo comprendido entre las avenidas José Leonardo Ortiz y Juan Tomis Stack; la rehabilitación de la Avenida Fitzcarrald, desde la carretera Chiclayo – Pomalca hasta la Avenida Bolognesi; la rehabilitación de la Avenida Francisco Cúneo Salazar, entre la Panamericana Norte y la calle Bernardo Alcedo, y la rehabilitación de la Avenida Paseo del Deporte, entre la Avenida Zarumilla y la calle El Virrey.
En suma, la Contraloría General de la República ha formulado 17 auditorías de cumplimiento en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, estableciendo una serie de responsabilidades administrativas, civiles y penales, que involucran directamente al suspendido alcalde David Cornejo Chinguel y a sus funcionarios.
MÁS OBRAS
En un comunicado de respuesta a las versiones del fiscal Juan Manuel Carrasco, por una supuesta falta de colaboración a la lucha contra la corrupción, la Contraloría General de la República ha numerado otras obras en las que también identificó irregularidades, como es el caso de la rehabilitación de la Avenida Miguel Grau, en el tramo comprendido entre la Vía de Evitamiento y la calle Elías Aguirre, también ejecutada con recursos de la Reconstrucción con Cambios.
En dicha obra, la entidad de fiscalización – señala – realiza el control concurrente y a la fecha ha emitido tres informes en los que evidencia distintos riesgos y omisiones por parte de la comuna provincial.
Asimismo, en el caso de la Avenida Paseo del Deporte, ha emitido dos informes de control con similares características.
A ello suma que concluyó con la auditoría de cumplimiento a los actos preparatorios, proceso de selección y suscripción del contrato, identificando responsabilidades administrativas y penales. Los actuados fueron remitidos a la FECOR a solicitud del fiscal.
“Como se puede evidenciar de lo anteriormente expuesto, la CGR viene ejerciendo de manera proactiva el control a las obras públicas que se ejecutan en el marco de la Reconstrucción Con Cambios en la provincia de Chiclayo y precisamente son estos resultados los que vienen contribuyendo a las investigaciones fiscales”, señala el comunicado.
DECLARACIONES JURADAS
La entidad también ha dado respuesta al cuestionamiento hecho por Carrasco Millones sobre la entrega de información referida a las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de las autoridades y funcionarios del municipio provincial.
Al respecto, da cuenta que el 23 de octubre recibió el Oficio N° 2979-2018-FECOR-CH-MP-FN/JMCM, el cual fue atendido tres días después, informándole a Carrasco Millones que en el archivo de la Contraloría existían declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de 14 de las 28 personas que él consultó.
En el mismo documento, el fiscal fue informado que conforme a ley y a los protocolos establecidos por el propio Ministerio Público, corresponde al Fiscal de la Nación solicitar a los organismos públicos autónomos la información y documentos necesarios para el eficaz ejercicio de sus funciones.
“Es preciso señalar que, desde el 6 setiembre del 2017, por disposición del propio Ministerio Público, los señores fiscales tienen conocimiento que los requerimientos de información referentes a declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas, deben ser canalizados a través de la Secretaría General del Ministerio Público, conforme el Oficio Circular N° 055-2017-MP-FN-SEGFIN de esa institución, procedimiento que fue reiterado el 7 setiembre del 2018, y que tiene como finalidad coadyuvar con la labor fiscal y evitar dilaciones que pudieran perjudicar los plazos de las investigaciones fiscales, tal como lo señala el Ministerio Público en sus comunicaciones”, informa la Contraloría.
Después de la comunicación remitida por la Contraloría, Carrasco Millones no volvió a requerir las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas existentes en el archivo de la institución.
Juan Saavedra Jiménez cierra su ciclo como gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, cargo al que ascendió en el 2015. En su gestión se afianzó el avance de la irrigación Olmos, se concluyó la factibilidad para la infraestructura de riego del Valle Viejo y se dieron los primeros pasos para concretar los estudios definitivos de algunos componentes del Plan Hidráulico Regional. El camino – señala – está trazado.
“La coyuntura presentada por el caso Lava Jato hizo que el trabajo en la gerencia general del PEOT sea muy complejo y muy difícil. Sin embargo, pienso que hemos salido adelante y se ha logrado lo que se planificó para este tiempo. Además, dejamos varias cosas encauzadas para que la siguiente gestión pueda continuarlas y concretarlas”, refiere Saavedra Jiménez.
El funcionario, que durante 11 años ocupó la Gerencia de Desarrollo del Proyecto Olmos, remarca que lo que heredará su sucesor es técnicamente viable, por lo que espera continuidad en todas las buenas acciones que se han planificado para consolidar la irrigación Olmos, el sistema Tinajones y el Plan Hidráulico Regional.
“El PEOT es una unidad técnica que tiene una visión determinada para constituirse en una institución líder en la ejecución de los grandes proyectos hidráulicos de Lambayeque, con un criterio de sostenibilidad. En esa visión, se tiene claro que el manejo que debemos procurar es el de las cuencas de forma integral. La gestión integral de los recursos hídricos es muy importante y en ella tenemos que integrar a todos los actores”, señala.
Juan Saavedra destaca que durante su administración como gerente general del PEOT fue posible realizar acciones coordinadas con otras instituciones vinculadas al desarrollo de las cuencas y el manejo hídrico y, sobre todo, la institución ganó credibilidad entre la sociedad.
“Al margen de las personas desinformadas que siempre sacan noticias falsas, los actores principales de los sectores en los que nos desarrollamos nos tienen bastante confianza”, asevera.
CONTRALORÍA
Durante este tiempo la Contraloría General de la República tuvo presencia activa en el desarrollo de las actividades del PEOT, revisando documentación y procedimientos, atendiendo también las denuncias presentadas por supuestas irregularidades.
Una de esas denuncias fue la que se presentó por la sedimentación de la Presa Limón, en el componente de trasvase Olmos, lo que motivó una acción de control concurrente de la Contraloría.
“Ellos advirtieron ciertos riesgos en la Presa Limón, situación que debe entenderse como natural y lógica. La sedimentación nunca será igual en una presa construida a un lado del río que en una construida sobre el lecho del río, como es el caso de la Presa Limón. Contraloría asume la sedimentación como una cuestión contractual porque revisan el expediente técnico que es parte del contrato, lo que no quiere decir que se haya incumplido el contrato. Contraloría ha revisado hasta los anexos, en los que se habla del control de la sedimentación y los ha comparado con los informes realizados por los expertos que arrojan una determinación acumulada de sedimentos. Al encontrar que lo programado en el expediente no coincide con lo real lo asumen como un asunto contractual”, manifiesta.
Saavedra Jiménez argumenta que el PEOT mantiene la posición de que la Presa Limón debe crecer hasta los 87 metros de altura. Actualmente tiene 43 metros de elevación, porque ese fue el criterio con el que Proinversión licitó el proyecto de trasvase en el 2004.
“Hemos sacado adelante un proceso para la elaboración del perfil sobre el recrecimiento de la presa. Ya se otorgó la buena pro y estamos próximos a la firma del contrato. Ese estudio nos permitirá proyectar el incremento de la altura de la presa, sea a través de una concesión o con intervención del Estado, trabajos que permitirían hacer un control mucho más preciso de los sedimentos con lo que las comparaciones entre el estudio definitivo del proyecto, que habla de una presa de 85 metros, sea mucho más cercano a la realidad. Contraloría hace la comparación de ese estudio con la presa que tiene 43 metros de altura”, explica.
INFORME LAVA JATO
Sobre el informe de la Comisión Lava Jato, aprobado por el Congreso de la República, que señala responsabilidades de índole penal y civil sobre algunos exfuncionarios por su toma de decisiones en la ejecución del Proyecto Olmos, Saavedra Jiménez señala que hasta el momento su despacho no ha recibido ninguna documentación al respecto.
“Desconozco el informe, hasta ahora no nos han notificado de nada. Lo que sí puedo afirmar es que cuando fui invitado a la Comisión Lava Jato sentí una enorme decepción por las preguntan que hicieron, lo que denotaba un claro desconocimiento de cómo se manejó el proyecto, pero además la falta de autoridad técnica de los asesores que trabajaron con dicha comisión. Formulaban preguntas que me motivaban a cuestionar la clase de personas que estaban participando”, comenta.
Anota que el entendimiento del Proyecto Olmos es sumamente complejo, sobre todo en lo referido a los trabajos realizados en el componente de trasvase con la perforación del Túnel Trasandino.
“Un error grueso de la comisión es que, por ejemplo, dijo que acta de trato directo o transacción extrajudicial para resolver la controversia con la concesionaria por el caso del túnel tenía mi firma. Personajes del departamento incluso afirmaron que yo había firmado el acta, pero si se revisa el documento en él no aparece ni mi firma ni mi visto. Otro caso es que la comisión no invitó a varios de los asesores y técnicos que participaron del proyecto, por lo que se configuró una situación un poco extraña”, manifiesta.
Saavedra Jiménez añade que siendo el PEOT el supervisor de la operación y mantenimiento de los componentes del Proyecto Olmos, realiza permanentemente revisiones a los procedimientos que se ejecutan, a fin de garantizar que las concesionarias cumplan con los contratos suscritos con el Estado Peruano.
“Como PEOT no solo le ahorramos los 74 millones de dólares que la concesionaria demandaba por sobrecostos, dinero que quizá otras instituciones hubieran pagado, también le ahorramos casi 50 millones de dólares al Estado en la ejecución de las obras de trasvase. Nosotros le hicimos demoler dos vigas muñón en la Presa Limón por un error en el encofrado, hicimos que cambien el material en la margen derecha de la presa hasta con una profundidad de diez metros, que cambien el sostenimiento en el talud del aliviadero porque las condiciones encontradas fueron totalmente diferentes y complejas a las esperadas y le hicimos demoler mil 200 metros de losa que estaban mal construidos”, detalla.
Precisa además que la concesionaria asumió costos por fallas geológicas encontradas en la vertiente del Huancabamba, debido a que la supervisión fue firme en no aceptar el pago de sobrecostos o adendas.
Indica que ni Concesionaria Trasvase Olmos ni H2Olmos han tenido, hasta el momento, dificultades para garantizar la operación y mantenimiento de los componentes del Proyecto Olmos, teniendo en cuenta que los pagos de concesión están garantizados por el Estado.
PLAN HIDRÁULICO
En relación al Plan Hidráulico Regional, Juan Saavedra comenta que hasta el momento el PEOT ha avanzado con la formulación del perfil del Hidráulico Sicán y del Embalse La Montería, ambos para el valle Chancay – Lambayeque.
“Sicán es muy interesante porque ayudará al almacenamiento de agua para el abastecimiento poblacional de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe”, destaca.
Relieva que la iniciativa privada que presentó la constructora Queiroz Galvão para la ejecución de un proyecto hidráulico cofinanciado para el valle Chancay – Lambayeque aún está vigente. En dicha iniciativa, el Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, se comprometió a cofinanciar el 80 % de la inversión, asumiendo el gobierno regional el 20 % restante.
“La situación actual es que hay una propuesta ante Proinversión para reemplazar al proponente. Hay una empresa hindú que está interesada en asumir la iniciativa y Queiroz Galvão ha oficiado tanto a Proinversión como al gobierno regional señalando que está dispuesto a ceder su propuesta. Eso me parece saludable, porque al haberse incluido a Queiroz Galvão en el caso Lava Jato es preferible que se aleje del proyecto”, manifiesta, destacando que la iniciativa privada busca, también, avanzar en la implementación de un sistema de drenaje en el valle que permita la recuperación de las casi 60 mil hectáreas de cultivo que actualmente se encuentran salinizadas.
VALLE VIEJO
El gerente general del PEOT refiere que la entidad ha logrado entregar el estudio de factibilidad para la infraestructura menor de riego del Valle Viejo de Olmos, componente de la irrigación que le corresponde ejecutar al Estado para beneficiar a los agricultores de la Comunidad Santo Domingo.
En julio pasado, el PEOT cumplió con ingresar el estudio, que proyecta una inversión superior a los 200 millones de dólares para cubrir la necesidad de infraestructura de riego en esa parte de la localidad, donde debe beneficiarse a cinco mil 500 hectáreas con aguas del trasvase Olmos.
“Las obras del Valle Viejo debieron trabajarse desde el 2003, antes de la firma del contrato con Odebrecht para el trasvase. Cuando yo entré en la gestión promoví el perfil para la infraestructura menor financiado con los propios recursos del PEOT. Lo mismo hemos hecho con la factibilidad. Nos comprometimos con la comunidad que en julio de este año entregaríamos la factibilidad y así ha sido. Ahora ya tenemos un código SNIP y está ingresada al Ministerio de Agricultura. Este proyecto debe seguirlo la próxima gestión regional y del PEOT. El camino ya está trazado”, manifiesta.
Finalmente, Juan Saavedra destaca que hasta el momento la irrigación Olmos ha generado 12 mil empleos directos, 25 mil indirectos y hay 22 mil hectáreas en plena producción superando a Chavimochic.
El candidato a decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, Carlos Palomino Guerra, cabeza de la lista N°3, expone cuáles serán sus prioridades de ser electo por sus colegas.
“El Colegio de Abogados necesita una reingeniería porque los colegas no están haciendo las cosas bien. Necesitamos una orden profesional que tenga presencia y prestancia en el desarrollo socioeconómico de Lambayeque”, dice.
Agrega que el Colegio de Abogados debería ser una institución reflexiva y propositiva en temas de derecho para mejorar la sociedad injusta.
Es la tercera vez que Carlos Palomino postula. En el anterior proceso electoral quedó en segundo lugar. El abogado laboralista refiere que, de ser electo, su gestión será reflexiva y colaboradora del crecimiento.
“El colegio debería estar al servicio de sus agremiados, además de proponer capacitaciones y discutir lo que nos pasa como región y país, pero no hay un incentivo para que el abogado se acerque a su institución y viceversa”, menciona.
PROPUESTAS
Carlos Palomino enfatiza que lo esencial son las capacitaciones para sus profesionales por medio de instituciones y universidades privadas que brindan este servicio junto a su coordinación y liderazgo.
“Nuestra propuesta es un plan de gobierno de 16 páginas. No es un copia y pega de lo que se va a hacer. Los agremiados necesitan saber finanzas, contabilidad, calidad de servicio y muchas otras cosas más. Esas capacitaciones, en mi gestión, van a ser gratuitas”, señala.
Otra propuesta fundamental es una biblioteca café. El abogado sostiene que esta será un motivo para que los profesionales se reúnan y discutan temas de interés.
“La biblioteca ocupará todo el primer piso del Colegio de Abogados. Así lo consolidaremos como un centro de reflexión en materia jurídica, de política y sociedad”, indica.
Carlos Palomino explica que, para colegiarse, el Colegio de Abogados de Lambayeque pide un certificado de estudio. Por ello, propone eliminar las barreras burocráticas y así tener más agremiados.
“Hay que hacer gestión y mirar a la orden profesional como una institución que genere confianza y atraiga ingresos para el beneficio del colegiado. Por ello, otro aspecto importante es la urbanización”, sostiene.
La lista de Palomino Guerra está conformada por Víctor Rojas Herrera (Vicedecano), Yván Pérez Solf (Director Secretario), Yanis Piscoya Campos (Directora de Economía), Ángel Rodríguez Tello (Director Académico y de Promoción Cultural), Amado Tiznado León (Director de Ética Profesional), Edith Escajadillo Grosso (Director de Defensa Profesional), Gladys Ortiz Rodríguez (Director de Bienestar y Extensión Social), Edgar Salgado Torres (Director de Comunicación e Informática Jurídica), César Samamé Cornejo (Director de Biblioteca), Abel Gonzales Sánchez (Director de Derechos Humanos), Juan Conde Chero (Director de Estudio Jurídico Gratuito).
José Balcázar Zelada, candidato a decano del Colegio de Abogados de Lambayeque con la lista N° 1, para el periodo 2019 – 2020, propone recuperar el rol y el prestigio de la institución, además de promover la defensa de los derechos y la igualdad.
El candidato apuesta por diplomados gratuitos en Chiclayo y provincias con ponentes nacionales y extranjeros. Asimismo, suscribir convenios con universidades e instituciones extranjeras para acceder a una biblioteca virtual.
La defensa gremial es otro de los aspectos importantes para José Balcázar. Él propone que el Colegio de Abogados brinde defensa técnica a sus agremiados cuando sean objeto de abuso y discriminación en el ejercicio de su profesión. Al mismo tiempo, harán funcionar al Comité de Ética a fin de investigar malas prácticas.
José Balcázar refiere que la Asamblea de Delegados participará en las gestiones para la adquisición de terrenos para la II Urbanización del Abogado. Asimismo, hará estudios de los suelos de su centro de esparcimiento a fin de garantizar inversión.
Agrega que auditará la compra y los gastos del centro de esparcimiento a fin de trasparentar las operaciones de la institución.
“Se realizarán convenios con clínicas para los abogados litigantes que no cuenten con seguro social”, dice.
Otro de los aspectos importantes es el deporte. José Balcázar propone la donación de trofeos y pago de árbitros.
La lista de José Balcázar Zelada está conformada por Yuri Díaz Jaime (Vicedecana); Luz Saavedra Silva (Directora Secretaria); Rosa Pizarro Piscoya (Directora de Economía); Patricia Falen Guerrero (Directora Académica y Promoción Cultural); Elmer Fustamante Gálvez (Director de Ética Profesional); Eladio Roque Castillo (Director de Defensa Profesional); Ángela Sánchez Farfán (Directora de Bienestar y Extensión Social); Romina Guzmán Verona (Directora de Comunicaciones e Informática Jurídica); Jenny Alvarado León (Directora de Biblioteca); Edson Carrasco Rufasto (Directora de Derechos Humanos); Magaly Chávez Rojas (Directora del Estudio Jurídico gratuito).
