Mientras el distrito de José Leonardo Ortiz se “desangra” por el abandono en que se encuentra por parte de sus autoridades, el alcalde Epifanio Cubas Coronado y sus once regidores se han beneficiado con el cobro de casi un millón de soles por concepto de sueldo y dietas.

Con el objetivo de conocer el trabajo desarrollado por la autoridad municipal y sus más cercanos colaboradores, Expresión -en base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del artículo 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades- 27972- sobre las Atribuciones y Obligaciones de los Regidores- solicitó información en cuanto a las funciones realizadas en sus dos años y medio de gestión.

También se requirió por conducto regular que se informe los pedidos y mociones de orden del día formulados por los regidores. También, el desempeño por delegación de las atribuciones políticas del alcalde, así como el desempeño de funciones de fiscalización de la gestión municipal.

Sin embargo, grande ha sido la sorpresa recibir por parte de la Oficina  de Secretaria General Municipal a cargo de Elizabeth Crespo Chiroque, que a 30 meses de gestión; es  decir, en dos años y medio, el alcalde junto a sus regidores solamente han propuesto como iniciativa la formulación y aprobación de 21 Acuerdos de Concejo, la mayoría direccionados a declarar el desabastecimiento inminente del Programa del Vaso de Leche durante el año 2015, 2016 y 2017, así como a aprobar que se compre en forma directa.

La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo cuatro señala que la estructura orgánica de la municipalidad está compuesta por el Concejo Municipal y la Alcaldía. Además, precisa que el Concejo Municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras. Asimismo, el inciso 33 del artículo 9 de la misma Ley, establece que es atribución del Concejo Municipal, fiscalizar la gestión de los funcionarios de la comuna.

LOS ELEGIDOS

Como parte de la investigación en cuanto a la productividad legislativa, normativa y fiscalizadora de los integrantes del concejo municipal de José Leonardo Ortiz, se escogió como muestra de su productividad a los principales defensores del alcalde Epifanio Cubas Coronado: el teniente alcalde o primer regidor Wilder Bravo Valdivieso y el regidor Robert Paredes Chávez.

Amparados en la Ley de Acceso a la Información Pública, el 7 de junio último – a través de escrito formal- se solicitó al área responsable se haga conocer información de carácter público con referencia al trabajo y a la productividad que vienen desarrollando los regidores antes descritos.

Ante la negativa de entrega de la información dentro de los plazos establecidos por la Ley, mediante carta dirigida a la jefa de la Oficina de Control Institucional – OCI, Carla Patricia Távara, el 21 de junio último se volvió a solicitar la entrega de información productiva en cuanto al trabajo legislativo, normativo y fiscalizador de los regidores oficialistas.

Ante la queja en Control Interno – OCI, la información recién fue entregada el último 27 de junio, pero no con la calidad informativa que se esperaba sobre la productividad de los fiscalizadores.

TRABAJO POBRE

La información procedente de la Secretaria General de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, a cargo de Elizabeth Crespo Chiroque, demuestra que el trabajo de la totalidad de los regidores, especialmente de oficialistas Wilder Bravo Valdiviezo y Robert Paredes Chávez, es pobre y casi nula. En resumen, no compensa con lo que la comuna leonardina ha invertido hasta la fecha en el pago de dietas, viáticos y gastos de representación.

Elizabeth Crespo Chiroque, a través del área correspondiente de Acceso a la Información Pública, solamente entregó un total de 21 Acuerdos de Concejo, correspondiente a 30 meses de gestión municipal, a lo equivalente a 120 sesiones de concejo ordinarias y extraordinarias, las que están más orientadas a los problemas del desabastecimiento del Programa del Vaso de Leche del año 2015, 2016 y 2017, así como a la declaratoria de emergencia y la compra directa del producto por un monto de 184 mil 436.40 soles, en uno de los casos, según acuerdos de concejo N° 019-2015; N° 022-2016; N° 050-2016; N° 050-2016; N° 037-2016.

Entre los Acuerdos Municipales también existen propuestas para emplazar y denunciar a la Entidad Prestadora de Servicio de Lambayeque – EPSEL, por causar daño y deterioro a la infraestructura del distrito, erradicar criaderos de chanchos, así como remitir a la Oficina de Control Interno –OCI, los actuados de algunas obras que en su debido momento fueron cuestionadas por la comunidad organizada, como la obra San Carlos y la calle América.

La acción demuestra que los regidores, entre ellos los defensores de Epifanio Cubas Coronado, carecen de productividad. Han pasado dos años y medio, y pese a que cuentan con el aval de la población y mensualmente reciben sus dietas por estar unas cuantas horas en la casa edil, hasta la fecha no han presentado propuestas que conlleven al desarrollo del distrito, así como Ordenanzas Municipales que regulen el orden y control jurídico para el desarrollo de José Leonardo Ortiz, o por lo menos hayan sido los promotores de la firma de convenios con instituciones públicas o privadas.

Mientras ello ocurre con los regidores, el alcalde Epifanio Cubas Coronado tampoco exhibe importantes resultados a pesar que su haber mensual se encuentra al día.

¿Y EL DESARROLLO?

A pesar que la Ley los faculta y obliga a proponer proyectos de Ordenanzas Municipales que signifiquen desarrollo, orden, seguridad y control en el distrito y la casa edil, los aludidos fiscalizadores, según lo reportado por la Secretaria General de la comuna, no han presentado ninguna propuesta de Ordenanza Municipal en los dos años y medio de gestión.

De acuerdo a la Ley, si no cumplen con lo que se les encomienda, incurren en el delito de abuso de autoridad en la modalidad de omisión, toda vez que se trata de una obligación, y en forma colegiada, como miembros del Concejo, también es su atribución legislar.

Asimismo, la Ley los obliga a fiscalizar la función de los funcionarios, pero esto no significa que lleguen a excesos de conminarlos a que se le entregue la información, todos los pedidos de información deben de ser dirigidos al alcalde y este disponer a las diferentes gerencias se le proporcione lo solicitado, los pedidos no pueden estar dirigidos a los gerentes de las áreas. En el mejor de los casos, en la propia solicitud de información se coloca con la atención a la gerencia correspondiente.

De acuerdo al material informativo brindado, tampoco habrían cumplido con esa función y por ello es que semana a semana en la comuna leonardina se denuncian presuntos actos de corrupción en adquisiciones, presuntos direccionamientos de obras, contratación de personal que no reúne el perfil profesional o simplemente ocupan cargos sin tener el mínimo requisito profesional para desempeñarse.

MILLONARIO GASTO

Conforme a la información ofrecida por la Secretaria General de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, mensualmente a los leonardinos les cuesta mantener en el cargo de alcalde a Epifanio Cubas Coronado, la suma de 5 mil 850 soles. En dos años y medio de gobierno esto ha significado desembolsar la suma de 175 mil 500 soles, solamente en el sueldo del edil.

Del total del haber del alcalde, los regidores perciben el 30 %, pero bajo el concepto de dietas; es decir, cada regidor percibe mensualmente de mil 755 soles.

Si se multiplica por los 30 meses que tiene de gestión municipal, un regidor le viene costando  al distrito de José Leonardo Ortiz –hasta el momento- la cantidad de 52 mil 650 soles.

Considerando que el concejo está compuesto por 11 regidores, el distrito de José Leonardo Ortiz ha desembolsado la cantidad de 579 mil 150 soles en sus dietas.

Ahora bien, si se suman los montos totales tanto del alcalde Epifanio Cubas Coronado y los 11 regidores municipales, el pueblo de José Leonardo Ortiz ha desembolsado hasta la fecha la cantidad de 754 mil 650 soles. A ello, habría que sumarle los gastos por viáticos y de representación.

DESAPERCIBIDOS

Los regidores Robert Paredes Chávez y Wilder Bravo Valdivieso han presido las comisiones de limpieza pública y mercados, pero su trabajo al frente de dichos grupos de trabajo pasa desapercibido. 

La responsable de Secretaria General Municipal, en el informe que hace entrega, no detalla si los regidores presentan mensualmente o no, y por escrito, sus informes de gestión municipal, donde demuestren que se ven obligados a actuar como veedores o fiscalizadores en las licitaciones que realiza la entidad municipal.

Tampoco se detalla si los regidores, dentro de sus funciones, han visitado las obras que se encuentran en ejecución, así como participar de las reuniones vecinales y recoger los pedidos de la población.

No se detalla si ante las denuncias de presuntos actos de corrupción, los regidores han tomado acciones –por escrito- para evitar y denunciar ante las autoridades competentes las posibles irregularidades.

POR PAGARLES

A pesar de la deficiente gestión y al calamitoso estado en que se encuentra el distrito de José Leonardo Ortiz y las arcas fiscales de la casa edil desde el punto de vista administrativo y de desarrollo, la comunidad aún le tiene que pagar la suma de 105 mil 300 soles por concepto de sueldo a Epifanio Cubas Coronado, por los 18 meses de gestión que aún le falta para culminar su gestión.

En el caso de los once regidores, los también tienen que pagar por los siguientes 18 meses que les queda de gestión la suma de 31 mil 590 soles a cada uno, a razón de mil 755 soles por mes. El pago de dietas será hasta el 31 de diciembre del 2018.

Entre los 11 regidores, la población de José Leonardo Ortiz tendrá que desembolsar la suma de 347 mil 490 soles, por concepto de dietas.

Con el propósito de afianzar la administración de manera dinámica, responsable, eficiente e íntegra en cada uno de los procesos de obtención agroindustrial establecidos en la azucarera Pomalca S.A.A., lo cual se logra proporcionando una sólida red tecnológica e informática, una alta capacitación profesional y una continua orientación técnica competitiva para que posicione permanentemente a sus actores como líderes del sector, el Directorio de la Empresa tomó la decisión de remover a las principales líneas gerenciales.

Desde el miércoles 28 de junio asumió la Gerencia General el magíster en Administración de Negocios Walter Culqui Carrera, un experimentado profesional de grandes retos y experiencias en el rubro agroindustrial.

Culqui Carrera reemplaza en el cargo al ingeniero César Alva Azula, quien ha pasado a presidir el Directorio de tan importante empresa azucarera lambayecana.

“Cuando uno camina solo, no avanza, cuando somos todos, no solo la empresa avanza, sino avanzamos todos. Mi compromiso con todos los que integramos esta empresa es desarrollar un trabajo horizontal que reúna fuerzas, compromiso y perseverancia. Creo que esta será la única manera que nos convirtamos en la empresa líder de la zona norte del país”,  aseguró el nuevo funcionario agroindustrial de Pomalca.

Durante su primera alocución con los gerentes de línea y mandos medios, insistió  en el trabajo de equipo que se debe realizar para sacar adelante la empresa. “Este es el momento de reafirmar que tenemos la visión de ser desde Lambayeque la mejor empresa agroindustrial del país y en el mercado internacional, lo que tenemos que poner en práctica es la actitud de entrega total por la empresa, pensar en positivo, tener una filosofía de emprendimiento y de ganadores”, sostuvo.

Agregó que la manera de trabajar de la gestión que representa desde la fecha es de puertas abiertas para los más de dos mil 100 colaboradores que contarán con todo el equipo los siete días de la semana y los 365 días del año. En su primer día de labor, sostuvo una serie de reuniones, la primera de ellas con las gerencias respectivas.

El nombramiento de Culqui Carrera se dio a través de elección en el Directorio de la agroindustrial, mientras que José Gamarra Mizrraji ex presidente del Directorio,  ahora cumplirá las funciones de Presidente Corporativo, despacho que se encargará de diseñar y evaluar los planes operativos y de inversión, gestionar proyectos y negocios inmobiliarios y promover el desarrollo de nuevos negocios agroenergéticos.

Nuevo gerente

Culqui Carrera asumió tan importante cargo con el objetivo de hacer de Pomalca una de las más productivas y de gran desarrollo en el norte del país, en su experiencia profesional destaca su desempeño en empresas de primer nivel en el sector agroindustrial, minero y de servicios en tecnología digital, tales como Contador General de la Holding Azucarera del Grupo Gloria, Contador General en Agroindustrial Laredo, Contralor en NCR de Perú SAA, Contralor en Mardel Foto Perú S.A.-Konica Corporation y con funciones en el Grupo Manuelita de Colombia.

Sus años de trabajo lo han llevado a especializarse en costos industriales y de planeamiento financiero, cursos llevados en la NCR de Chile y Estados Unidos, respectivamente. Además, ha desarrollado una maestría en administración y negocios y otra en tributación y asesoría fiscal de empresas.

AGROINDUSTRIAL POMALCA

La empresa se encuentra ubicada en el kilómetro 7 de la carretera Chiclayo- Chongoyape en el distrito de Pomalca, se dedica a producir azúcar a partir del cultivo de caña de azúcar, así como sus derivados (melaza, chancaca y bagazo), al cultivo de remolacha azucarera en fase de experimentación, y a la agroexportación en menor escala con cultivos de pimientos dulces y picantes como páprika, guajillo, jalapeños habaneros y eventualmente alcachofas, basados en normas ambientales y de responsabilidad social; estando a la vanguardia en la aplicación de tecnologías de última generación. 

Actualmente la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. cotiza en la Bolsa de Valores de Lima con respaldo del Grupo Oviedo como inversionista. Desde el ingreso de este grupo empresarial, enormes han sido los esfuerzos para mejorar los campos, la fábrica, la producción de caña y la obtención de azúcar. 

Unido a los cambios sustanciales en fabricación, es la responsabilidad social un punto fundamental que no está ausente. Todo ello es reflejo de un trabajo ordenado y serio que transformó a la agroindustrial en una empresa viable, competitiva y rentable. Son diversos los proyectos que se han implementado en la comunidad regional, como salud, educación, medio ambiente, aspecto laboral, capacitación del recurso humano, cumplimiento tributario tanto al Estado como a las instituciones públicas tal cual como la ley gubernamental confiere efectuar.

Actualmente, los trabajadores de Pomalca reciben sus remuneraciones completas puntualmente, situación que no sucedía hace varios años. Trabajan a diario con la seguridad que a fin de mes cobrarán sin problema alguno, el pago que le corresponde por su labor. 

El Grupo Oviedo es el inversionista privado nacional que ha mejorado la situación de la Empresa Pomalca, y con su presencia la situación crítica fue posible revertir. Hoy en día, Pomalca se ha transformado en una empresa innovadora, promotora de desarrollo de productos alternativos, que genera y abre nuevos mercados. 

La azucarera continúa esforzándose para cumplir los más altos estándares de organización industrial, calidad productiva y ética laboral, cumplimiento que lo posiciona acorde a las exigencias de la mercadotecnia internacional.

El consumo de agua potable en la zona rural presenta uno de los índices más bajos en Lambayeque, incluso dentro de los 26 distritos en los que EPSEL tiene influencia. Por lo general, son las municipalidades las que encargan a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento – JASS, el manejo del recurso. Sin embargo, la falta de equipamiento y capacidades de gestión han generado serias complicaciones en el control.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, el 62.4 % de hogares rurales tiene acceso a la red pública de saneamiento, pero ninguno de estos recibe agua clorada, situación que tiene implicancias directas sobre la condición de salud de los habitantes, principalmente de las gestantes y los niños menores de cinco años. La falta de acceso al agua potable está asociada a problemas sanitarios como la parasitosis, las enfermedades diarreicas y la desnutrición crónica.

Esto motivó a que la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento del Gobierno Regional de Lambayeque emprenda un programa piloto de asistencia técnica a las JASS, con el objetivo de mejorar la gestión de los servicios que administran y asegurar que la población asentada en las zonas no urbanizadas accedan al agua potable.

“Estamos articulando con las municipalidades, específicamente con las Áreas Técnicas Municipales – ATM y, por ende, con las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento – JASS, para ver la calidad del agua que los pobladores beben. Desde que empezamos a trabajar en esto al principio hubo cierto rechazo, porque la gente estuvo consumiendo por muchos años agua entubada y con el cloro esta adquirió un sabor distinto. También ha estado acostumbrada al agua del pozo o de la acequia y ante ello hemos comenzado a trabajar haciendo incidencia en que los niños tengan mejor calidad de vida”, explica Julio Huerta Ciurlizza, gerente del sector.

LAS JASS

Comenta que se ha logrado avanzar en el mejoramiento del suministro de agua potable en casi el 15 % de los centros poblados en los que operan las JASS, lo que ha significado también un paciente trabajo de promoción de la cultura del agua, capacitación en la operación de los sistemas e integración de los vecinos en el cuidado del recurso.

Los promotores de la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento encontraron casos en los que la población utilizaba el agua potable para la elaboración de adobes o la crianza de animales, por ejemplo.

En Lambayeque hay en promedio mil 500 centros poblados, de los cuales aproximadamente el 70 % tiene en funcionamiento una JASS.

Estas se encargan de abastecer del recurso hídrico para consumo humano a casi 400 mil personas, y cobran entre seis y ocho soles por la dotación del servicio a los usuarios.

AGUA CLORADA

Huerta Ciurlizza indica que aun cuando Lambayeque ha sido uno de los departamentos más beneficiados con la asignación de recursos para la ejecución de obras de saneamiento en la zona urbana y rural (mil 125 millones de soles en los últimos diez años), la brecha de accesibilidad todavía es muy amplia, debido a que varios de los proyectos financiados no cumplieron los objetivos, se encuentran paralizados, en arbitraje o judicializados.

“Por ejemplo en Chiclayo, por más que se paralizó la obra de saneamiento, la gente tienen agua, pero en las zonas rurales como la de Olmos, donde ha habido problemas de intervención en los proyectos, la población no tiene el recurso. En estos casos lo que nosotros hacemos es apoyarnos en el sistema que han tenido tradicionalmente, porque la necesidad de agua es latente”, señala.

Otro esfuerzo con un propósito similar es el realizado por la Gerencia Regional de Salud con la distribución de cloro en el distrito de Mórrope, gracias a un convenio suscrito con la comunidad campesina de la zona.

“Nosotros hemos hecho un estudio y con este se determinó que es mejor que el sistema de agua tenga su bomba potabilizadora, para que todas las viviendas automáticamente al conectarse al sistema reciban el agua clorada. Las botellas que distribuía la gerencia de Salud sí ayudaron y eran utilizadas por la gente, pero colocando una bomba dosificadora de cloro en el sistema garantizamos que el agua en general esté en mejores condiciones”, explica.

PROYECTO PILOTO

Gracias al cumplimiento de metas en el Fondo de Desempeño del Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno nacional asignó una partida económica a la gerencia sectorial para continuar con la capacitación y el monitoreo de las JASS.

Dentro del plan, la gerencia ha intervenido en 70 centros poblados de 19 distritos, en las tres provincias, e instalado 70 bombas dosificadoras de cloro que benefician a casi 40 mil personas.

Esto ha significado también un proceso de organización a través del cual los pobladores quedan comprometidos al cuidado de los equipos y a la adquisición del cloro para la potabilización del agua.

“Recibimos aproximadamente un millón de soles por el cumplimiento de metas y con ese dinero no solo hemos comprado las 70 bombas dosificadoras de cloro, sino también realizado el mejoramiento del sistema eléctrico, la instalación del equipo, el mantenimiento y la desinfección del sistema para que se trabaje sin problemas”, menciona.

Dados los resultados, el proyecto fue presentado al concurso nacional de Buenas Prácticas en Gestión Pública que convoca año a año Ciudadanos al Día. La iniciativa ha pasado la primera etapa y ahora se evalúa el cumplimiento de los objetivos y la articulación que se ha puesto en marcha con los sectores Salud y Educación, teniendo en cuenta que el uso del agua potable es un tema transversal y de responsabilidad multisectorial.

CAPACITACIÓN

Los técnicos de la gerencia actualmente visitan colegios para enseñar la importancia del lavado de manos y del cuidado del agua entre los niños, así como difundir el control que debe ejercer Salud a fin de asegurar que el agua que se provee en la zona rural cumpla con los parámetros establecidos por las normas sanitarias.

“Estamos yendo a los 70 centros poblados y viendo el beneficio de mejor calidad del agua, ya ellos cuidan el recurso, se organizan mejor, ya no existe mucha morosidad”, resalta el funcionario.

Para la adquisición de las bombas la gerencia estableció dos criterios: que las JASS se encuentren en condiciones óptimas respecto al manejo de sus recursos y que tenga organización plena y documentos de gestión.

Julio Huerta comenta que se encontró juntas que no cumplían dichos requisitos y en esos casos se brindó asistencia técnica para la mejora de la administración. Hoy, la gerencia apunta a aplicar el mismo proyecto en otros 70 centros poblados para duplicar el número de beneficiarios.

A la par, la dependencia regional ha tomado mayor acercamiento con las municipalidades para que implementen las ATM y se incluya su funcionamiento en los documentos de gestión. De este modo se garantiza el acompañamiento que requieren las JASS para operar con eficiencia los servicios de la población rural.

“Las municipalidades tienen que velar por este sistema de servicio de agua y saneamiento. Sin embargo, las áreas técnicas municipales no estaban siendo organizadas, a veces algunos alcaldes no entendían que la ATM tenía que contar con un profesional exclusivo, algo que poco a poco se ha ido corriendo”, precisa, añadiendo que los funcionarios también trabajan en la capacitación de los pobladores.

EL ALCANTARILLADO

Pero el problema del agua potable no es el único existente en la zona rural. Mucho más agudo es el del alcantarillado.

El funcionario explica que hasta antes de la aprobación del Decreto Legislativo 1280, era posible que el Estado financie proyectos de agua o desagüe de manera independiente, lo que dejaba a muchos sectores sin el segundo servicio.

Ahora la norma exige que el saneamiento básico sea integral y esto permite que se avance en la dotación del acceso al alcantarillado a la población rural, asegurándose además que el sistema considere instalaciones domiciliarias para garantizar el cumplimiento sanitario.

Anota que de acuerdo a la norma solo es posible la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando la población beneficiaria supera los dos mil habitantes. Si el número es mejor se trabaja con otros sistemas complementarios como los biodigestores instalados en Pátapo.

En la actualidad, el Gobierno Regional de Lambayeque trabaja, en función de un convenio suscrito, un proyecto para la instalación de biodigestores en Chóchope.

“El gobierno regional no puede intervenir directamente en obras de saneamiento debido a que estas son de competencia municipal, solo se puede trabajar previa la suscripción de un convenio. En estos momentos tenemos convenios vigentes con Monsefú, Salas, Motupe, Chóchope y Lambayeque”, desataca. 

Al mismo estilo de los funcionarios de confianza del exalcalde Roberto Torres Gonzales, en su primera gestión municipal, Nerio Villarreal Santamaría y Marcial Rocky Serquén Seclén, y que les costó varios años de cárcel; en la actual administración de Chiclayo se habría dejado de comprar insumos lácteos con la finalidad de declarar el desabastecimiento inminente del Programa del Vaso de Leche, para de esta manera comprar en forma directa.

Ante ello, el abogado Germán Vásquez Merino demandó la inmediata intervención de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, para que accione al interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y se ponga al descubierto una presunta colusión entre funcionarios y regidores para declarar el desabastecimiento inminente en el Programa Vaso de Leche.

Vásquez Merino sostuvo que de acuerdo a la Ley que establece normas complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche – PVL- 27470 y su modificatoria N° 27712, en cada municipalidad provincial, distrital y delegada, a inicios de cada año, se conforma un Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, el mismo que es aprobado mediante resolución de Alcaldía con acuerdo del Concejo Municipal.

“El referido Comité está integrado por el alcalde, un funcionario municipal, un representante del Ministerio de Salud y tres representantes de la Organización del Programa del Vaso de Leche, elegidas democráticamente por sus bases, de acuerdo a los estatutos”, señala.

EL TRABAJO

Advierte que con el objetivo de demostrar transparencia y evitar problemas durante los meses de trabajo y del siguiente año, el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche debe empezar a actuar ni bien es reconocido, con el objetivo de convocar a concurso de selección de manera transparente, la que debe hacerse desde el mes de mayo a junio con proyección a encontrar al proveedor para el siguiente año.

“El proceso de selección se debe hacer público a partir del segundo trimestre del año, con la finalidad que en el mes de octubre a noviembre se pueda tener a la empresa ganadora que proveerá del producto a los Comités del Vaso de Leche durante el próximo año”, indicó.

Agrega que a más tardar, en el mes de diciembre del año 2016, de acuerdo a Ley, se debió haber tenido conocimiento del nombre de la empresa que iba a abastecer con productos lácteos los almacenes de la municipalidad de Chiclayo, pero es el caso que a la actualidad existe un desabastecimiento de alimentos debido a que no se tiene a un proveedor seleccionado de acuerdo a lo que estipula la Ley.

“En el peor de los casos, en el mes de noviembre del año 2016 debía saberse quien iba a proveer de leche a los miles de niños agrupados en los comité de Vaso de Leche, pero a la fecha no se sabe nada y se compra de  manera directa con miles de soles”, sostuvo.

LEGALIZAR EL DELITO

Vásquez Merino añade que la gestión responsable de llevar adelante los procesos de selección para adquirir productos lácteos para los Comités de Vaso de Leche, de acuerdo a Ley, desde el tercer o cuarto mes de cada año, tendría que haber iniciado la convocatoria y selección del proveedor, con el objetivo que en el mes de enero del siguiente año no se tenga ningún problema de abastecimiento.

Sin embargo – explica – “estamos a escasas horas de finalizar el mes de junio y los Comités de Vaso de Leche se encuentran desabastecidos y en los almacenes de la municipalidad de Chiclayo no hay alimentos para cubrir la demanda”.

Refiere que lo más grave es que ahora “se pretende comprar a dedo”, invirtiendo varios miles de soles y para ello se busca y se cuenta con el aval de los regidores. Es decir, se buscaría legalizar la negligencia, omisión, irresponsabilidad o la acción intencional.

“Esta fecha no es para estar preocupándose por comprar alimentos para abastecer los Comités de Vaso de Leche, sino que a estas alturas del año se debe estar convocando a licitación pública para un nuevo abastecimiento a futuro y no estar desabastecido el próximo año, pero nada de eso se está haciendo y eso es una falta grave que el Ministerio Público debe indagar y buscar sancionar de acuerdo a Ley contra los que resulten responsables”, indicó el letrado.

¿DELITO?

Con la Ley de Municipalidades y el Código Penal en la mano, el letrado sostiene que la acción de desabastecimiento es grave y provocada, que ha podido ser a propósito con el presunto objetivo de eliminar el proceso de selección y más bien generar el desabastecimiento inminente.

Pero lo más delicado de todo – señala- es que la autoridad municipal lejos de tomar acciones para identificar y sancionar a los responsables, ha llevado el problema a sesión de concejo y con el voto de la mayoría que apoya a la gestión edil, logrado que se apruebe el desabastecimiento inminente y obtener el permiso para que se pueda comprar en forma directa y sin ningún tipo de problema al haberse declarado la emergencia.

“Esta acción, a simple vista de cualquier órgano de control, significa que aquí existe una responsabilidad directa de los funcionarios encargados y responsables de realizar el proceso de selección, pero hasta la fecha no ocurre nada y más bien se pretende comprar de manera directa a vista y paciencia de la Contraloría y de la misma Fiscalía Anticorrupción”, detalla.

INOPERANCIA

“Desde mi modesto punto de vista la Fiscalía Anticorrupción debe investigar, y ya debe haber ingresado a la municipalidad de Chiclayo para iniciar las investigaciones, pero hasta el momento no lo hace, por lo que se presume que existe inoperancia o desidia para actuar”, refiere.   

Agrega que la investigación no solo debe basarse en el desabastecimiento actualmente existente, sino que también se debe indagar qué empresa ha estado abasteciendo de alimentos a los Comités de Vaso de Leche en los primeros seis meses del año.

“La Fiscalía  también debe investigar si la municipalidad de Chiclayo ha hecho adendas o no para cumplir con el abastecimiento de alimentos, pero esas adendas deben estar dentro del marco legal, caso contrario allí también existe un delito”, acotó.

Apunta a que el titular del pliego, en este caso el alcalde David Cornejo Chinguel, debe responder ante el Ministerio Público los motivos y las razones por las cuales el año pasado  no se pudo encontrar un proveedor de productos lácteos para el 2017.  

“Es bueno que la población conozca que este problema no solamente se da en Chiclayo, sino que se ha convertido en algo común en casi todas las municipalidades de la región, las que a estas alturas del año vienen poniendo en práctica el desabastecimiento inminente para poder comprar en forma directa o a dedo la proveedor o empresa que mejor les parezca”, señaló.

Destaca que en el caso de Chiclayo no hay excusa por parte de los funcionarios, razón por la cual la Fiscalía Anticorrupción debe ingresar a investigar.

“Aquí no hay desconocimiento, incapacidad o negligencia. Aquí, hay una acción con conocimiento y responsabilidad, que debe ser asumida por los funcionarios, entre ellos el funcionario responsable del área de los programas sociales”, resaltó.

ACCIÓN INMEDIATA

Considera que el desabastecimiento de alimentos para los programas del Vaso de Leche en Chiclayo ha sido provocado con el propósito de comprar en forma directa a un proveedor que ya estaría listo para entregar alimentos.

“Insisto, el desabastecimiento no es por negligencia, desconocimiento u omisión, porque ya no es el primer año de la gestión municipal del alcalde David Cornejo Chinguel. La actual gestión tiene dos años y medio en el cargo, y resulta imposible que desconozca cuáles son sus funciones”, acotó.

Agrega que en esta oportunidad ya no está el exalcalde Roberto Torres, como para que le echen la culpa de su inoperancia e inacción funcional y “traten de tapar sus errores”.

“Como desde hace dos años ya no está Roberto Torres en la municipalidad, ahora solamente falta que digan que no se han comprado alimentos porque El Niño Costero no lo ha permitido. Eso sería algo inaudito, porque la compra de alimentos para el Programa Vaso de Leche debería haber estado lista entre los meses de octubre y noviembre del año pasado, tal y como lo dispone la Ley “, recalcó. 

Germán Vásquez es ácido en criticar la función que desarrollan los representantes del Ministerio Púbico, especialmente de la Fiscalía Anticorrupción, a quienes exhorto tomar acciones inmediatas y a cumplir con el papel para el cual han sido designados.

“El Ministerio Público no debe esperar a que el conocimiento venga de otro lado o del extranjero para recién tomar acciones, porque aquí no solo se tiene que velar por los intereses del Estado, sino también por la salud de los niños, la que en estos momentos se encuentra en peligro”, asestó.

REGIDORES

Le llama la atención que hasta el momento los regidores de la comuna chiclayana no hayan salido en defensa del interés del Estado y de los niños. Más bien que se hayan sumado a la figura del desabastecimiento inminente, programando una sesión especial para tratar y apoyar la compra de lácteos de manera directa.

“Hasta hace pocas horas los de oposición han puesto el grito al cielo y ha ido a la Contraloría y al Ministerio Público para poner en conocimiento el presunto delito, pero la capacidad de respuesta no es inmediata, y eso sí que llama la atención”, indicó.

LA DENUNCIA 

Desde las últimas horas, una denuncia más enfrenta el alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel por los presuntos delitos de omisión de funciones y falsedad genérica.

Ante la inercia del Ministerio Público para actuar de oficio en defensa de los interés del Estado y de los niños de la Capital de la Amistad, los regidores de oposición acudieron a la sede fiscal en compañía de su asesor legal, el abogado Víctor Luna Victoria Menacho, quien basa la denuncia en cuanto a los fundamentos que expuso al concejo edil el alcalde para que el oficialismo declare el desabastecimiento inminente del programa Vaso de Leche.

Víctor Luna Victoria, junto a los regidores Víctor Rojas, Laura Hernández, Guillermo Segura y César Torres  Gálvez, manifestaron en su denuncia la existencia de fundamentos que probarían las comisiones ilícitas.

“El 21 de junio pasado, en sesión de concejo, el alcalde David Cornejo manifestó que un día antes de anularse el proceso de selección para adquirir productos alimenticios por más de un millón de soles, recién se conocieron las observaciones de la Contraloría General de la República”, explicó el letrado.

De igual manera, detalla que lo dicho por el burgomaestre es falso, ya que el día 13 de junio se dejó sin efecto el proceso de selección, pero en el mes de abril la Contraloría ya había emitido los documentos de observación, lo que refleja la existencia de un delito con la intención de favorecer a algún proveedor de productos lácteos.