El comercio informal es un problema social transversal que se ha generalizado en todo el país y data de hace mucho tiempo, pero se ha profundizado en las últimas cuatro décadas, teniendo una incidencia mayor en las ciudades de la costa por la fuerte migración de la población del interior del país hacia Lima y las grandes capitales, en busca de mejores oportunidades para vivir. Los diferentes gobiernos, nacional y subnacionales, han emprendido campañas para permitir la formalización de este voluminoso sector; pero no han alcanzado el éxito deseado por diversos factores, entre ellos las trabas burocráticas que emanan del Estado para afrontar este complejo tema, la rigidez de las normas en materia tributaria, además de la ausencia de incentivos fiscales que estimulen a que un trabajador informal se convierta en formal. El Banco Central de Reserva (BCR) señala que la informalidad debe entenderse como un fenómeno complejo y multifacético.
Hasta antes de la pandemia de la Covid-19 la informalidad en el país era aproximadamente de 70%, según cifras oficiales del INEI; pero a un año y medio de esta enfermedad que asola al mundo el problema ha crecido en más del 80%, pues en esta etapa más de un millón de trabajadores de empresas formales fueron despedidos arbitrariamente, quienes ante la necesidad de generar ingresos para mantener a sus familias ganaron las calles, complicando aún más el panorama de la informalidad. A ello hay que sumar los miles de migrantes venezolanos que en los últimos tres años ingresaron al territorio (según la Superintendencia Nacional de Migraciones hasta mayo de 2019 habían más 750 mil ciudadanos; pero la cifra actual se acercaría al millón) y que en su mayoría se dedican al comercio ambulatorio y otras actividades informales. Sólo basta ver la situación en ciudades como Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes, en el norte, donde las vías públicas de mayor transitabilidad peatonal, y aquellas próximas a los mercados, han sido prácticamente tomadas por ciudadanos del país llanero, sumándose al ejército de la monstruosa informalidad.
Realidad ineludible
Este complicado panorama ha supuesto un dolor de cabeza para las administraciones municipales, que lidian con esta problemática a salto de mata diariamente y no encuentran una solución definitiva al mismo, solo disponen de medidas temporales que con el paso del tiempo se diluyen y se regresa al mismo cuello de botella. Esta informalidad engendra un comercio desordenado, precario, que usurpa las vías públicas de uso vehicular y peatonal ante el escaso e ineficiente control por parte de los ayuntamientos, poniendo en peligro la vida de los compradores y de los propios mercaderes. Además, esta práctica no regulada por un marco legal es un medio para inducir a actos de corrupción en los diferentes niveles de gobierno, especialmente en las municipalidades. De allí que los operativos de desalojo de los ambulantes muchas veces abortan por infidencias de los funcionarios, y por lo general no tienen una consecución feliz, porque al poco tiempo las calles nuevamente son invadidas. Las autoridades aparentemente tienen temor de enfrentar esta difícil realidad.
¿Pero por qué no se ha podido reducir el comercio ambulatorio en los últimos 30 años? Diversos especialistas señalan que esta problemática política y económica abarca desde la precariedad en la que vivimos como sociedad, hasta la falta de incentivos fiscales que promuevan la posibilidad que estas personas dejen la informalidad. Otro tema de vital importancia es que la informalidad tiene como causa los altos costos de involucra la formalidad, es decir los trámites engorrosos que el Estado impone, elevados impuestos, la ineficiencia y corrupción de las instituciones públicas. La formalidad es vista como un asunto demasiado rígido, tenso, que no se adapta a las necesidades de las personas que trabajan en el espacio público. Un análisis del BCR sobre las “Causas y consecuencias de la informalidad”, señala que en el Perú el 60% de la producción se realiza informalmente; el 40% de la fuerza laboral está autoempleada en microempresas informales; y sólo el 20% de la fuerza laboral está afiliado a algún plan de pensiones formal, que incluye a aquellos trabajadores que laboran para empresas grandes.
Un estudio sobre “¿Cómo afecta la informalidad a la economía del país?”, (https://www.mvorganizing.org/), refiere que la informalidad laboral afecta negativamente el crecimiento económico (hay una fuerte evasión tributaria), la productividad de los trabajadores y el bienestar social (dificulta el acceso al crédito y, al reducir la recaudación tributaria, induce una menor cobertura y calidad en la provisión de bienes y servicios públicos). Según el INEI, el empleo informal concierne aproximadamente a tres de cada cuatro peruanos de la Población Económicamente Activa Ocupada (población ocupada). Y la informalidad se da como una estrategia de sobrevivencia ante la constante precarización y desaparición del empleo formal en la economía.
Informalidad en Chiclayo
El pasado viernes, la comuna de Chiclayo procedió al desalojo de unos seis mil ambulantes apostados en las arterias cercanas al mercado Modelo, por disposición del Segundo Juzgado Civil que ordenó la recuperación de dichos espacios públicos. No hubo altercados ni enfrentamientos, pero sí hay muchas preguntas sueltas que provocan desconfianza en la ciudadanía respecto a la eficacia y vigencia que tendrá esta acción represiva hacia el futuro. Por ejemplo, ¿Por cuánto tiempo las calles recuperadas estarán libres de ambulantes?, ¿La municipalidad dispone de los recursos logísticos y humanos para sostener en el tiempo la medida judicial?, ¿La entidad edil tiene un plan B para evitar el retorno progresivo del comercio informal a esas zonas liberadas? La respuesta a estas interrogantes las tiene el alcalde Marcos Gasco, quien debe imponer el principio de autoridad en este controvertido tema; para ello debe gestionar ante las instancias nacionales la transferencia de partidas económicas para asegurar un patrullaje permanente en esas vías.
Recordemos que anteriormente las gestiones de los exburgomaestres Roberto Torres Gonzales y David Cornejo Chinguel, ambos presos por presuntamente liderar organizaciones criminales, trataron de “reordenar” el comercio ambulatorio alrededor del principal centro de abastos de la ciudad; pero no tuvieron éxito porque al poco tiempo los negociantes volvieron a ganar las calles en la cara de las autoridades. Pues las administraciones ediles no tuvieron un plan adecuado de reubicación de los informales a espacios estratégicos que les permita un nuevo inicio, no se generaron las condiciones para que los desalojados sientan que el Estado no los abandona. Pero todo se hizo a la prepo y los trasladaron a zonas no consolidadas en cuanto a accesibilidad del transporte público y peatonal, eran extensas zonas que carecían de servicios básicos. Como era de esperarse, los comerciantes poco a poco fueron regresando a sus habituales espacios de la informalidad para proseguir con sus actividades. El tema de la corrupción ya había galopado en ambas gestiones, y eso habría sido determinante para que los desalojos caigan en saco roto.
Solo el tiempo dirá si este quinto operativo tendrá la repercusión que tanto exige la ciudadanía en aras de preservar las áreas de dominio público, o si se trata solo de una acción mediática para lavar la cara a la cuestionada gestión del alcalde Gasco. El sociólogo César Cardoso ha criticado la falta de eficiencia de las autoridades municipales para ejecutar medidas adecuadas para lograr el reordenamiento del comercio informal, el cual debe ser un tema en agenda de los gobiernos locales en el país. Agregó que la pobreza no es la única causa de la informalidad, también la corrupción y la ineficiencia del Estado. “Esta situación se agravó en Chiclayo a consecuencia de los actos al margen de la ley que se registran hace más de dos décadas en la comuna provincial. La municipalidad no lidera un trabajo articulado con los diferentes actores de la sociedad civil para atender esta problemática, pues los intereses políticos y personales priman en la entidad”, precisó.
(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación.
Conocedor de la realidad socioeconómica y social de José Leonardo Ortiz, el abogado Luis Herrera Lozada, chiclayano de nacimiento y residente leonardino desde hace más de 40 años, dialogó con Expresión y refirió que los principales problemas por los que atraviesa el distrito son el saneamiento del alcantarillado, el saneamiento físico legal y la falta de titulación de los diversos asentamientos humanos de la jurisdicción, que creció sin planificación y sin interés de los políticos.
Actualmente, el distrito de José Leonardo Ortiz cuenta con una población de 199 mil 771 habitantes, de los cuales el 49.375 % corresponde a varones y el 50.625 % a mujeres. Los habitantes leonardinos pasan en estos momentos por el peor momento de su historia ante los graves problemas por la falta de servicios básicos que ponen en peligro la vida, salud y tranquilidad de los pobladores del distrito más grande de Lambayeque.
Presupuesto
A estos graves problemas se suma la corrupción en predios municipales a lo largo de los últimos veinte años, la cual ha golpeado al distrito. Lo más triste -asegura- es que no se ha sentado un firme precedente de castigo a quienes no invirtieron bien en obras públicas que el habitante leonardino necesita y exige.
Herrera Lozada recordó que, del total del presupuesto que tiene la comuna leonardina para el presente año, que alcanza los 83 millones 493 mil 222 soles, el gasto registra -a diez meses y medio de concluir el 2021- el 33.3 %. Es decir, se han gastado 26 millones 804 mil 956 soles al 18 de octubre, conforme el portal del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.
Además, el abogado refirió que del presupuesto para proyectos de inversión durante el 2020, el cual fue de 66 millones 125 mil 337 soles, solo se pudo gastar el 51.3 %, mientras que del presupuesto del 2019, que ascendió a 66 millones 125 mil 337 soles, el gasto llegó al 51.3 %.
En tanto, en el rubro de proyectos de inversión, referido a presupuesto de obras, la comuna dispone de 47 millones 784 mil 719 soles este año, pero el gasto al 18 de octubre es de solo el 15.1 %.
El año pasado, de 27 millones 148 mil 976 soles, el gasto llegó solo al 11.6 % y el 2019, de 15 millones 344 mil 658 soles, el gasto terminó en 80.8 %.
Capacidad
“En el distrito de José Leonardo Ortiz lo que falta es mucha gestión, honestidad, capacidad, unión y vigilancia ciudadana, para lograr enrumbar el distrito, cuyo potencial económico no es aprovechado de manera correcta en beneficio de los ciudadanos de este populoso distrito”, comentó el abogado y vecino leonardino.
Luis Herrera Lozada fue candidato en las elecciones complementarias al Congreso de la Republica y en esta oportunidad intentará tentar el sillón municipal del populoso distrito de José Leonardo Ortiz, pues refiere tener la capacidad suficiente para solucionar su problemática.
“De postular en las próximas Elecciones municipales, realizaré obras de gran envergadura. Si asumo la gestión municipal 2023-22026, dejaré huella y sentaré las bases para la verdadera transformación del José Leonardo Ortiz”, concluyó.
Al cierre de esta edición, la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, acogió el pedido del Gobierno Regional de Lambayeque y declaró en estado de emergencia los distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz por el colapso del sistema de alcantarillado, al considerar que pone en inminente peligro la salud pública.
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Uno de los problemas más severos en el sector construcción es la informalidad, la cual ocasiona no solo accidentes en el trabajo, sino también edificaciones que no perduran en el tiempo. El ingeniero civil Germán Puican Zarpán, gerente de Puican Zarpán Inmobiliaria, señala que ocho de cada diez construcciones en el Perú son informales, hecho sobre el cual tienen gran responsabilidad las municipalidades.
Puican Zarpán indica que el marco legal para la regulación de las edificaciones en el Perú no tiene nada que envidiarle al de otros países de América Latina. Es más, afirma que la investigación en Ingeniería Civil se desarrolla a grandes pasos en casas superiores de estudio como la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Católica. El verdadero problema -anota- está en el irrespeto a las leyes.
“La municipalidad a veces se acobarda al encontrar una construcción ya existente. Dice, bueno ya lo hicieron, colocan una multa o no se cobra o no se castiga. No se corrige. Hay falta de decisión por parte de los municipios. Algunos sí aplican la norma y la desarrollan, pero son poquísimos, de esa manera le estamos dando pase a la informalidad”, sostiene.
Informalidad
El ingeniero explica que toda obra de construcción debe contar una licencia de ocupación de vía pública, la cual no se refiere a un permiso para cerrar la calle, sino para ocupar parte de la vereda o la pista, sin que esto afecte el tránsito.
“En el Perú ocurren cosas como que el vecino, que está construyendo informalmente, va y te deja el desmonte en la puerta de tu construcción. Cuando llegan los fiscalizadores de la municipalidad no saben qué hacer porque se encuentran con una obra que no tiene ni nombre ni apellido ni licencia. La autoconstrucción ha tomado bastante terreno y somos nosotros los que lo hemos permitido, los ciudadanos que construimos”, apunta.
Destaca que los gobiernos deberían ver a la construcción civil no solo como una actividad que dinamiza la economía, sino como una de alto riesgo, que puede generar accidentes en el trabajo.
“Hace poco vimos a un obrero que murió aplastado, otro que cayó en una zanja. Debemos abordar esto con preocupación, no solo el gobierno, sino también los privados. A veces no estamos en la misma sintonía. No todo es negocio, comercio, construir y vender”, opina.
Informalidad
El ingeniero explica que toda obra de construcción debe contar una licencia de ocupación de vía pública, la cual no se refiere a un permiso para cerrar la calle, sino para ocupar parte de la vereda o la pista, sin que esto afecte el tránsito.
“En el Perú ocurren cosas como que el vecino, que está construyendo informalmente, va y te deja el desmonte en la puerta de tu construcción. Cuando llegan los fiscalizadores de la municipalidad no saben qué hacer porque se encuentran con una obra que no tiene ni nombre ni apellido ni licencia. La autoconstrucción ha tomado bastante terreno y somos nosotros los que lo hemos permitido, los ciudadanos que construimos”, apunta.
Destaca que los gobiernos deberían ver a la construcción civil no solo como una actividad que dinamiza la economía, sino como una de alto riesgo, que puede generar accidentes en el trabajo.
“Hace poco vimos a un obrero que murió aplastado, otro que cayó en una zanja. Debemos abordar esto con preocupación, no solo el gobierno, sino también los privados. A veces no estamos en la misma sintonía. No todo es negocio, comercio, construir y vender”, opina.
Informalidad
El ingeniero explica que toda obra de construcción debe contar una licencia de ocupación de vía pública, la cual no se refiere a un permiso para cerrar la calle, sino para ocupar parte de la vereda o la pista, sin que esto afecte el tránsito.
“En el Perú ocurren cosas como que el vecino, que está construyendo informalmente, va y te deja el desmonte en la puerta de tu construcción. Cuando llegan los fiscalizadores de la municipalidad no saben qué hacer porque se encuentran con una obra que no tiene ni nombre ni apellido ni licencia. La autoconstrucción ha tomado bastante terreno y somos nosotros los que lo hemos permitido, los ciudadanos que construimos”, apunta.
Destaca que los gobiernos deberían ver a la construcción civil no solo como una actividad que dinamiza la economía, sino como una de alto riesgo, que puede generar accidentes en el trabajo.
“Hace poco vimos a un obrero que murió aplastado, otro que cayó en una zanja. Debemos abordar esto con preocupación, no solo el gobierno, sino también los privados. A veces no estamos en la misma sintonía. No todo es negocio, comercio, construir y vender”, opina.
Ahorro
Por otro lado, Puican Zarpán menciona que hoy la mayoría de personas prefiere encargar sus edificaciones a constructores empíricos antes que a profesionales de la ingeniería, ya que esto les representa un ahorro de entre 15 % y 20 %. No obstante, este ahorro es pírrico, ya que por lo general luego se requieren los servicios de un ingeniero para corregir los errores de un producto mal terminado, con lo cual el costo final de la obra termina siendo hasta un 35 % mayor.
“Cuando le hablas de ahorro al maestro de obra te dirá que no te preocupes, porque para un maestro de obra nada es imposible. Comienza a poner columnas acá, allá, cada tres metros y luego te das cuenta que no va tomando forma, que no sabe qué sistema estructural se está empleando. Para eso estamos nosotros como ingenieros, como parte de las instituciones”, asevera.
Capacitación
Por otro lado, anuncia que este 25 de octubre, en el marco del Día del trabajador de Construcción Civil, la inmobiliaria Puican Zarpán y la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque realizarán una jornada de capacitación virtual de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, con certificación gratuita.
“Por lo general, los albañiles toman el 25 de octubre como un día de festejo, pero en esta oportunidad queremos que sea un día de capacitación, un día en el cual el trabajador de construcción civil sepa que no todo es recibir órdenes, pues además de la fuerza, esta labor implica un trabajo mental, que abarca el cómo hacer para lograr un producto bien terminado y evitar accidentes”, sostiene.
El programa empezará a las 9:00 de la mañana con las palabras de bienvenida del ingeniero Carlos Burgos Montenegro. Posteriormente, la ingeniera Maribel Burgos tendrá a cargo la ponencia Procesos constructivos según sistemas estructurales.
“Muchos técnicos construyen a pedido de su cliente, pero a veces no tienen ningún proyecto a la mano, por eso es importante definir el sistema estructural que se va a emplear, eso abordará la ingeniera Maribel Burgos en su ponencia”, indica.
Después, a las 10:30 de la mañana, el ingeniero Arturo Mendoza Medina desarrollará el tema Criterios y recomendaciones en instalaciones sanitarias para edificaciones y a las 11:30 hará lo propio la ingeniera Karla Adrianzén Yarlaqué, con el tema Fabricación, colocación y curado del concreto.
“Muchos desarrollan autoconstrucciones, contratan a gente, les dejan que preparen el concreto, que llenen una columna, el techo, pero en realidad para preparar el concreto hay toda una receta que se sigue y en el Perú, que hay bastante informalidad, no conocen esa receta”, apunta.
Por la tarde, a las 3:30, el ingeniero Raúl Carvallo Guerra tendrá a su cargo la ponencia Criterios y recomendaciones en instalaciones eléctricas para edificios, mientras que a las 4:30 cerrará el ingeniero Germán Puican Zarpán con el tema Criterios constructivos y estructurales para intervenir en construcciones existentes.
“Hay gente que tiene construido un piso, dos y quiere montar encima un par de pisos más o ampliarlos, la pregunta es ¿lo que tengo está preparado para soportar más carga? ¿está bien estructurado? ¿necesito un reforzamiento? Para eso hay metodologías con las cuales se debe intervenir. De todo eso vamos a estar hablando”, apunta.
Indica que la actividad está dirigida a los trabajadores, técnicos en la construcción e incluso ingenieros. En general, para todos los involucrados en el proceso de construcción. “Como es virtual se están inscribiendo personas no solo de Lambayeque, sino de Lima, Ica, Cajamarca, Jaén, Piura. Nuestra cobertura es amplia”, apunta.
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