Aunque históricamente a la izquierda en el Perú se le ha puesto la etiqueta de asistencialista, el postulante al Congreso por Juntos Por el Perú, Ernesto Zunini Yerrén, asegura que la propuesta de su organización política que lleva a Verónika Mendoza como candidata a la presidencia se centra en el viejo adagio popular de no regalar el pescado, sino enseñar a pescar. Por ello, apunta que apuestan por el desarrollo de programas productivos como el ‘Plan Chamba’, que busca otorgar 200 mil puestos de trabajo producto de la inversión directa del al menos dos puntos del Producto Bruto Interno – PBI, en obras de infraestructura como agua, alcantarillado, pistas y veredas.
“Quien impulsó los programas asistencialistas fue el fujimorismo, no nosotros (la izquierda). Lo que proponemos es justamente el desarrollo de programas productivos como el Plan Chamba, que le dará empleo a la gente, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, entre otras cosas, pero sobre la base de una reforma tributaria. No pensamos regalar el pescado, sino enseñar a pescar (…) Estos 200 mil puestos de trabajo van a servir para que los seis millones y medio de peruanos que han perdido su trabajo puedan tener un empleo temporal para salir de la crisis que enfrentamos en este momento”, manifiesta.
MEDIDAS
Zunini Yerrén, quien es sociólogo de profesión, apunta que para mejorar la recaudación tributaria lo primero que hará un futuro gobierno de Juntos Por el Perú será cobrar las deudas que tienen desde hace dos décadas las grandes empresas con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, producto de los beneficios tributarios. Lejos de reinvertir su dinero en el país o mejorar la calidad de los servicios que brindan – señala - lo que han hecho es consolidar posiciones monopólicas.
“También estoy llevando una iniciativa para establecer una ventanilla única de atención a todos aquellos emprendedores que quieran formalizarse, porque eso hará los trámites muchos más simples, eficientes y disminuirá los costos. Hoy, un joven que quiere constituir una pequeña empresa o un trabajador que quiere formalizar su emprendimiento debe buscar asesoría legal y tributaria. Todo es muy engorroso para la mayoría de personas que no está familiarizada con el Estado. Por lo tanto, es deber de este simplificar, unificar y articular para promover la formalización de los pequeños emprendedores”, indica.
CORRUPCIÓN
Por otro lado, sostiene que la actual Constitución facilita la corrupción, en virtud de lo cual Juntos Por el Perú va a convocar a un referéndum constitucional para revisar, entre otros temas, los contratos ley que han sido lesivos a los intereses del país.
Además, propone modificar la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, a fin de: reducir la discrecionalidad con la cual los funcionarios públicos adjudican las buena pro a las empresas, agilizar la ejecución de las obras y regular el número de adendas, que amplían el presupuesto original de los proyectos.
“Vamos a regular el ‘lobby’, a terminar con aquellos gerentes de empresas privadas que terminan siendo ministros o con aquellos que se aseguran una chambita haciéndole favores a grandes empresas para terminar siendo gerentes de estas. Eso va a quedar prohibido con una regulación antilobby. También vamos a ampliar el catálogo de delitos con sanciones penales para personas jurídicas, dígase las empresas que rompen la mano a los funcionarios públicos”, anota.
A todo lo mencionado añade una iniciativa legislativa para fortalecer el Sistema Nacional de Planificación, orientado a que se respeten los proyectos de inversión que han sido priorizados con la sociedad civil y que se aterrizan en la Programación Multianual de Inversiones, instancia donde deben priorizarse los recursos públicos.
“Así nos evitamos que los alcaldes tengan que estar viajando con su carterita de proyectos a Lima, a pedir favorcitos a las autoridades de turno, a esos altos funcionarios, que de manera discrecional deciden a qué proyecto le dan presupuesto y a cuál no. Fortaleciendo el Sistema Nacional de Planificación se va a respetar el enfoque de cierre de brechas en materia de infraestructura y el orden en el cual se deben ejecutar los proyectos de inversión en nuestra región”, asegura.
DESCENTRALIZACIÓN
En tanto, plantea también modificar la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, con el objetivo de que las empresas tributen en los departamentos donde generan sus utilidades, de modo que tal que esos recursos sean utilizados en el cierre de brechas de infraestructura.
“Las empresas que generan sus utilidades, ganancias, riquezas en nuestra región, deben tributar aquí, bajo un esquema de coparticipación tributaria que no es novedosos, ya lo ha planteado la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Creemos que esta sí es una solución viable para que muchas empresas, que tienen su domicilio fiscal en Lima, especialmente en San Isidro, empiecen a tributar en Lambayeque”, afirma.
La Oficina Regional de Control y los Órganos de Control Institucional – OCI, emitieron el año pasado más de 700 informes, advirtiendo situaciones irregulares en la administración de los recursos públicos en el marco de la emergencia sanitaria. Tomás Tello Banzaquen, responsable de Contraloría en Lambayeque, refiere que la entidad ha adaptado sus mecanismos de intervención, debido a que buena parte de su personal aún realiza trabajo remoto por pertenecer a grupos de riesgo.
“El 2020 lo iniciamos asumiendo que sería un año regular, normal, hasta que en marzo se inició la situación de emergencia y eso hizo que los servicios de control estén enfocados en supervisar las ingentes cantidades de dinero que el Ejecutivo empezó a transferir a los gobiernos regionales y locales para enfrentar la pandemia y justamente una de las primeras acciones, luego que se terminara el confinamiento del sistema nacional de control, fue realizar el acompañamiento en la entrega de canastas de víveres a la población más vulnerable, así como verificar la implementación de los equipos de protección personal y los establecimientos temporales de salud”, menciona el funcionario.
Comenta que a inicios de año se realizó un balance del trabajo desplegado en la etapa más crítica de la emergencia sanitaria, arrojando cifras saltantes de la intervención del ente de control.
“Hemos realizado a comienzos de este año un balance de los resultados obtenidos el año pasado en la región a través de los servicios desplegados, tanto directamente de la oficina principal como de los 19 Órganos de Control Institucional – OCI, en todo el ámbito de Lambayeque. Los OCI de las tres municipalidades provinciales tienen ámbito de acción en todas sus distritales, porque aún no tenemos capacidad para tener un órgano de control en cada una de ellas”, explica.
RESULTADOS
Tello Benzaquen refiere que en el 2020 se elaboraron 779 informes de control, de todo tipo, tanto de control simultáneo como posterior. Estos permitieron identificar responsabilidades en 200 funcionarios y servidores públicos, y establecer 375 responsabilidades, de las cuales 217 son de tipo administrativo, 46 de tipo civil y 112 de tipo penal.
“No hemos podido identificar responsabilidades administrativas que pasen al procedimiento administrativo sancionador, porque ya no contamos con esa facultad. Siempre hacemos ver que eso está dejando una sensación de impunidad en lo que respecta a la responsabilidad administrativa, porque ahora nuestros informes tienen que recomendar que el mismo titular de la entidad, en la que se encuentran los hechos irregulares, sea el que finalmente, a través de su secretaría técnica, sancione al personal que labora con él”, detalla.
El jefe de la Oficina Regional de Control precisa que antes, cuando la Contraloría General de la República tenía potestad sancionadora, se aplicábamos sanciones ejemplares, con las cuales se llaga a inhabilitar a los funcionarios públicos hasta por un máximo de cinco años, impidiendo que estos vuelvan a trabajar en la administración pública.
“Eso persuadía al servidor a pensarlo dos veces antes de echar mano al erario nacional”, remarca.
PEDIDOS DE INTERVENCIÓN
Ahora, como resultado del trabajo de auditoría, el producto final que Contraloría emite es un informe que tiene dos tipos de recomendaciones: las que buscan que haya una mejora en la gestión y están dirigidas a los titulares, para que una vez implementadas, los hechos y causas que promovieron las situaciones advertidas ya no se repitan en el tiempo, y las que apuntan al inicio de acciones penales.
“Cuando detectamos alguna comisión de delito o perjuicio al Estado, nuestros informes tienen como recomendación que el procurador realice las denuncias correspondientes. Si es en una municipalidad, actúa el procurador de esta, si el informe ha sido elaborado por la Gerencia Regional de Control, el que actúa es el procurador de la Contraloría”, expone.
TRABAJO COORDINADO
Tomás Tello manifiesta que los funcionarios de Contraloría se reúnen constantemente con los titulares de las otras instituciones para intercambiar ideas de cómo se viene trabajando y revisar, en el caso del Ministerio Público, el flujo de información que es requerida por los fiscales, quienes tienen muchos casos en marcha.
“En reunión con el presidente de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Alejandro Lamadrid, este nos manifestaba que un punto débil que tiene el Ministerio Público es el de los peritos. Si bien nosotros tenemos una capacidad operativa importante, como ya lo ha dicho el contralor general, la demanda de control supera la oferta. Los pedidos y llamados son numerosos, además de la situación de emergencia ante la cual no somos la excepción, porque nos ha golpeado en el tema de la capacidad operativa. Tenemos mucho personal en grupos de riesgo, al que no vemos desde que empezó la emergencia, pero realiza trabajo remoto, aunque muchas de esas situaciones deben ser corroboradas en campo”, señala.
Los informes que emite Contraloría y tienen alguna conclusión penal son alcanzados al Ministerio Público. Siendo este el titular de la acción penal es que bajo sus atribuciones, como ha pasado en numerosas oportunidades, puede ampliar las investigaciones sobre los planteamientos realizados, incorporando a más responsables, postulando nuevos delitos y demás.
A nivel de instituciones públicas, a las cuales se envían los informes, como los gobiernos locales, estas tienen que implementar las recomendaciones, de las cuales la más común es que si un informe identifica responsabilidad penal se le pide al titular de la entidad que autorice a su procurador para que presente la denuncia correspondiente en defensa de los intereses del Estado.
“Ellos no están facultados para revisar los contenidos de los informes. Los únicos que pueden hacerlo, por ley orgánica, son los auditores de Contraloría, es decir realizar una revisión de oficio de manera selectiva y pedir algún tipo de reformulación. Las instituciones están obligadas a acatar las recomendaciones de la Contraloría”, manifiesta.
VACUNAS
Respecto a la implementación de la estrategia de control al proceso de la vacunación contra la COVID-19, que incluye las fases de recepción, almacenamiento, distribución y la propia vacunación, la Contraloría General de la República viene concretando un total de 300 informes de control simultáneo en los que se revelaron diversos riesgos que podrían afectar los procesos evaluados por los auditores desplegados a nivel nacional.
Del total de informes de control simultáneo emitidos, al 11 de marzo, en todas las regiones del país, 295 se realizaron bajo la modalidad del control concurrente, cuatro son orientaciones de oficio y una visita de control.
En total se supervisaron a más de 100 entidades públicas que están involucradas en el proceso que debe seguir la vacunación de los trabajadores de diversas instancias del sector salud, así como adultos mayores, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Entre las principales entidades supervisadas figuran el Ministerio de Salud (Minsa), el Seguro Social de Salud (EsSalud), el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), Direcciones Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud, Hospitales, Institutos Nacionales de Salud, Redes de Salud, entre otras.
Mientras que las materias analizadas fueron principalmente: la adquisición de equipos y complementos de cadena de frío; almacén de productos refrigerados para la conservación de las vacunas; elaboración y aprobación de protocolos para la vacunación; recepción, almacenamiento y control de stock de primera entrega de vacunas; y la distribución y aplicación de vacunas.
En Lambayeque, la Contraloría General detectó que la infraestructura del cuarto de frío y del área de despacho del almacén de vacunas de la Gerencia Regional de Salud no cuenta con las condiciones técnicas apropiadas, situación que limitaría un adecuado almacenamiento y afectaría la seguridad del personal y de los productos almacenados durante posibles siniestros.
Según el Informe de Hito de Control N° 3641-2021-CG/GRLA-SCC, cuyo periodo de evaluación es del 9 al 15 de febrero de 2021, se señala que este hecho podría afectar los resultados o el logro de los objetivos del proceso de recepción, almacenamiento, conservación, distribución, control del stock y aplicación de las vacunas en las próximas fases de inmunización en la región.
A través del Hito de Control N.º 006-2021-OCI/0425-SCC, la Contraloría General de la República alertó irregularidades en el proceso de licitación desarrollado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo – MPCH, para la compra de compactadoras por tres millones 130 mil 417.77 soles. Entre estas se encuentran que la Subgerencia de Residuos Sólidos había realizado modificaciones sin sustento a las especificaciones técnicas y que el estudio de mercado había determinado que no existían postores que cumpliesen con las características requeridas por el área usuaria.
Debido a esta situación, los regidores de oposición solicitaron que se declare la nulidad del Proceso de Licitación Pública N° 001-2021-MPCH-CS. Este pedido no pasó desapercibido por el ejecutivo municipal y, en diálogo con Expresión, el alcalde encargado Junior Vásquez Torres anunció que el proceso fue declarado nulo y se realizará una nueva convocatoria.
“Lamento que las cosas no se hayan hecho con bastante cautela desde el inicio, porque cuando se hace un estudio de mercado, cuando los términos de referencia se hacen con los tiempos y motivaciones específicas, esto no sucede. Siempre habrá un postor al que no le gusten o que no alcanza los términos que exige la municipalidad y va a estar observando, como ha ocurrido en uno de estos casos, según me han podido explicar los integrantes del comité”, sostuvo.
NUEVA CONVOCATORIA
Vásquez Torres resaltó que la comuna pudo haber subsanado las observaciones de Contraloría y continuar con el proceso de licitación, pero en aras de evitar las suspicacias decidió declarar la nulidad del proceso, a fin de corregir el estudio de mercado y las observaciones planteadas por los postores.
Indicó que esta segunda convocatoria ya no será por licitación pública, sino en la modalidad de adjudicación simplificada, que requiere de menos tiempo. Además, señaló que estas deficiencias en el proceso de licitación se debieron a la presión que se ejerció sobre los funcionarios para agilizar la adquisición de las compactadoras, dada la problemática que hay con el servicio de limpieza pública.
“Esta nueva convocatoria debe salir, porque ya no podemos esperar más tiempo. Hay postores que están reclamando porque tienen interés en que les compremos a ellos, pero hay que ver precios y calidad. De ninguna forma nosotros los regidores, y entiendo que también el titular del pliego, tenemos la intención de beneficiar a alguien en específico”, manifestó.
ALQUILER DE VEHÍCULOS
Respecto al alquiler de dos vehículos el año pasado por 68 mil 400 soles para el área de Coordinación de Alcaldía, indicó que la municipalidad no cuenta con unidades móviles con la seguridad adecuada para que el alcalde pueda trasladarse, por lo cual se recurre al alquiler de los autos.
“Tampoco es entendible ni justificable que el alcalde se movilice en unidades móviles propias. Y así lo quisiera, tampoco podría. Él tendría que contratar a un chofer y comprar gasolina de su bolsillo, porque está prohibido que la municipalidad le ponga combustible a vehículos que no sean de su propiedad. Me parece que es un alquiler por gran tiempo, por todo el año o por lo que dure la gestión, no creo que sea por uno o dos meses”, señaló.
Consultado sobre por qué con ese monto no se adquirió mas bien una unidad móvil, en vez de alquilar, solo atinó a decir que eso deberá responderlo el alcalde Marcos Gasco. En lo que a él le compete como burgomaestre encargado, aseguró que rechazó la asignación de camionetas alquiladas para su uso en el ejercicio temporal del cargo.
FUNCIONARIOS
En cuanto a los funcionarios sobre quienes se habrían detectado responsabilidad en la presunta compra irregular de repuestos para la maquinaria, afirmó que va a sostener una reunión con el gerente municipal, Juan José Salazar García, a fin de tomar cartas en el asunto. Sin embargo, apuntó que su intención es mantener al mismo equipo de trabajo hasta que el alcalde Marcos Gasco retome los hilos de la comuna.
“Lo que he hecho en esta gestión es mantener tal cual están las cosas para que cuando venga el alcalde titular los remueva, porque para mí no hubiera sido ningún problema retirarle la confianza a los funcionarios, desde el gerente general hasta los que tienen los más ínfimos cargos, pero entiendo, por experiencia, que esto hubiera paralizado aún más la situación de la municipalidad”, expuso.
LOCADORES
Sobre la denuncia del regidor Jony Piana Ramírez, respecto a que la actual administración municipal llevaría gastando 10 millones de soles en contratos por locación de servicios desde el inicio de la gestión (2019), apuntó que esa cifra es inexacta, aunque reconoció que para este año sí se ha presupuestado la contratación de locadores, pues hay áreas de la municipalidad que sí lo necesitan, además de que el 40 % de personal nombrado sigue guardando cuarentena.
“No podemos decir alegremente que se contrata personal porque se quiera contratar. En el caso de los locadores de servicio, hay personas que son estrictamente necesarias y que ni siquiera el alcalde las ha requerido, sino las gerencias y subgerencias para que la municipalidad continúe su trabajo. Reitero que la necesidad de contratar locadores también pasa porque la mayoría de empleados estén haciendo trabajo remoto”, recalcó.
Apuntó que en lo que va de este año se han contratado a no más de 150 locadores de servicios, por sueldos que van desde los mil soles hasta los cuatro mil 500 y, solo en casos excepciones de profesionales especialistas, se ha llegado a cinco mil soles.
Asimismo, señaló que la denuncia de que habría trabajadores fantasmas en la municipalidad no tiene fundamento. Alegó que solo hay una investigación, que ya está en fiscalía, en contra de una exfuncionaria que habría contratado agentes comunitarios para programas sociales, que habrían cobrado sin haber trabajado. Más allá de eso – afirmó – no han tomado conocimiento de otro caso afín.
“Varias veces, en sesiones de concejo, (los regidores) han planteado cuestiones previas y luego, tras darse cuenta que no tienen sustento técnico ni legal, han tenido que retractarse. Conozco el ímpetu de los colegas regidores y, sin afán de discrepar con ellos, entiendo su posición política, pero hay que ser bastante responsables cuando uno afirma algo. Les pediría que prueben lo que están señalando para que no generar en la población más dudas”, sostuvo.
DECEPCIÓN
Por otro lado, Vásquez Torres reconoció que la población chiclayana tiene derecho a sentirse defraudada de sus autoridades, pues esta gestión municipal no ha logrado solucionar el problema de la limpieza pública ni terminar con el recapeo de las calles del centro histórico de Chiclayo.
“Cómo no lo van a estar, es totalmente entendible. Como regidores siempre hemos dado nuestro punto de vista, hemos señalados las cosas tal como se han dado. Hubiéramos querido que sea distinto, pero esto pasa por un tema de decisión, por un tema ejecutivo. La población tiene que ser sensata en reconocer que cada regidor ha realizado su labor. Yo, por ejemplo, en el área de Tránsito he trabajado por las ordenanzas, siempre hemos tratado de dar impulso, también como presidente de la comisión de Asuntos Legales. Lamentablemente, hasta ahora no hay una obra emblemática de nuestra gestión, pero todavía queda año y medio”, opinó.
Anunció que se viene avanzando con una serie de gestiones: la buena pro para tres colegios, la transferencia de un millón 100 mil soles para la ejecución de ciclovías, la elaboración de los documentos técnicos para la inversión del terminal terrestre y el perfil del drenaje pluvial, cuya obra total cuesta dos mil millones de soles y podría empezar a ejecutarse el próximo año por la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios.
Añadió que también se avanza con obras de pistas y veredas en distintas zonas como el pueblo joven Ricardo Palma, José Olaya, San Antonio y la avenida Pedro Cieza de León.
“Voy a ser sensato y diré las cosas como son. No se podrá tener limpio a Chiclayo para su aniversario, como todos quisiéramos, porque a veces tenemos nueve compactadoras, otros días seis y en algunos cuatro. Vamos a hacer todo el esfuerzo para mantener limpia a la ciudad con la maquinaria que tenemos, pero la única forma de tener 100 % limpio a Chiclayo es con la adquisición de las compactadoras, cuyo proceso lamentablemente hoy se ha caído”, lamentó.
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