“Municipalidad de Lambayeque, Gobierno de Puertas Abiertas Para Todos”, reza el eslogan de la presentación del Portal Web Institucional, que es la puerta de acceso al Portal de Transparencia de la entidad, pero está frase no es cumplida por la gestión del alcalde Ricardo Velezmoro Ruiz, quien, junto a sus funcionarios más cercados, habría decido bloquear el acceso al espacio en el que se consigna información de los gastos que se hacen en la casa municipal.
El mencionado portal al que cualquier ciudadano puede ingresar de manera virtual y determinar si la Municipalidad Provincial de Lambayeque viene cumpliendo con las disposiciones previstas en la normatividad, regula la transparencia y acceso a la Información Pública.
Sin embargo, en un claro atentado y violación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica N° 27806, y su modificatoria Ley N° 27972, desde noviembre del 2016, los ciudadanos no pueden acceder al Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, para realizar una verificación de cumplimiento.
En consecuencia, se desconoce el registro de las cuentas económicas y es que los dineros del Estado no estarían siendo declarados en el portal de Transparencia Económica-
Lo más preocupante, es que hasta el momento el Órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, no se ha pronunciado ante el superior jerárquico por este caso.
¿SIN RESPONSABILIDAD?
De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública la designación del funcionario o funcionarios responsables de entregar la información y del funcionario responsable de la elaboración y actualización del portal se efectuará mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad – el Alcalde- y tendrá que ser publicada en el diario oficial El Peruano, pero es el caso que en el portal web de la comuna lambayecana, así como en el portal de transparencia no existe el nombre de la persona responsable. Es más, el Portal de Transparencia se encuentra bloqueado.
Con el objetivo de ingresar al rubro temático de Datos Generales del Portal de Transparencia de la Municipalidad de Lambayeque, se descubrió que la página se encuentra en blanco, teniendo solamente un logo de la Municipalidad de Lambayeque, con el slogan “Gobierno Abierto, con puertas abiertas para todos”.
Los lambayecanos y los propios funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, así como Ministerio Público, no pueden ingresar para consultar sobre el gasto diario, el gasto mensual, el ingreso diario y el gasto de mantenimiento diario.
No se puede obtener información sobre Planeamiento y Organización, Información Presupuestal, Proyectos de Inversión, Participación Ciudadana, Información de Personal, Información de Contrataciones, Actividades Oficiales, Información Adicional e Informe de Obras Públicas.
CIEGOS, SORDOS Y MUDOS
El “congelamiento” del Portal de Transparencia de la Municipalidad de Lambayeque hace notar que la comuna, a través del alcalde Ricardo Velezmoro Ruiz y sus más cercanos funcionarios, no cumple con los lineamientos para la puesta en actividad e implementación del Portal de Transparencia.
Con el bloqueo del citado Portal Web no se puede acceder al bloque informativo y acceder para conocer el nombre y cargos de los principales funcionarios de la comuna lambayecana, así como a la declaración jurada de ingresos, de bienes y rentas de los funcionarios, los que están obligados a presentarla cada vez que el funcionario o servidor que asume un cargo, cumple un año en el cargo y durante el cese del cargo.
En cuanto al rubro temático de “Planeamiento y Organización”, se advierte que tampoco se puede ingresar virtualmente a la plataforma de Presupuesto Participativo, el cual es un instrumento de gestión pública donde la Sociedad Civil organizada y el Gobierno Local, de manera concertada, priorizan la inversión de los recursos públicos, materializados en Proyectos de Inversión, para lograr el desarrollo de la provincia, mejorar la calidad de vida de los vecinos y asegurar una inversión eficiente de los recursos.
De igual manera, tampoco se puede acceder a Participación Ciudadana para conocer todo lo referente a audiencias públicas de rendición de cuentas, convocatorias, agenda, registro de participantes, actas, documentos o informes presentados.
Tampoco se puede acceder para obtener información del Concejo de Coordinación Municipal, para conocer sobre la composición, convocatorias, agenda, actas de elección de representantes de la sociedad civil y las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias.
El bloqueo del portal de Transparencia también impide hurgar en el rubro temático sobre información de contrataciones, así como actividades oficiales del alcalde y las agendas de sesión de concejo municipal. Asimismo, tampoco se puede acceder para verificar el Registro de Visitas a Funcionarios Públicos.
Asimismo, no se puede acceder a obtener información sobre pedidos atendidos y no atendidos, así como su remisión a la Presidencia del Consejo de Ministros
Sin embargo, en la sección de “servicios web” o portal web institucional de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, existen un link que contiene el nombre del alcalde y los regidores, así como declaraciones juradas de éstos. También los nombres de algunos funcionarios y los montos de los sueldos que perciben, nombres de oficina, entre otros.
+ NOTICIAS
Como lo anunció en Expresión, el Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Guillermo Segura Díaz, confirmó la reorganización del Centro del Empleo – Lambayeque, con el objetivo de optimizar los servicios que esta dependencia ofrece a la ciudadanía y, sobre todo, transparentar los procesos para evitar que se presenten irregularidades como las denunciadas el año pasado.
Segura Díaz, manifestó que dichas acciones vienen desarrollándose en el marco de la implementación de políticas de reordenamiento y reorientación en la gestión. Asimismo, sobre las denuncias de presuntos actos de corrupción en el Centro del Empleo, difundidas por diversos medios de comunicación, local manifestó que su despacho ha adoptado medidas necesarias a fin de garantizar la atención al usuario de manera sostenible y transparente.
“Se ha dispuesto el reordenamiento y reorientación de la Gerencia Regional de Trabajo que comprende a la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral o Centro del Empleo. Esta medida se da en principio porque los hechos lamentables que se habían presentado generaron desorden y desorientación, no solo ante la opinión pública, sino también entre los propios servidores de la entidad”, explicó Segura Díaz.
ROTACIÓN
Informó que el exjefe del Centro Guzmán Enríquez se encuentra dentro de un proceso administrativo disciplinario, bajo medida de suspensión que lo inhabilita para asistir a su centro de labores. Respecto a la secretaría, la funcionaria ha sido rotada a la Gerencia Regional de Trabajo. En este caso aún no se ha abierto proceso administrativo.
El gerente regional de Trabajo anunció que a los nueve trabajadores que estaban bajo la modalidad CAS y cuyos contratos vencieron el 28 de febrero se les notificó la culminación de la relación laboral en el marco del cumplimento del Decreto Legislativo N° 1057. También se dispuso que las plazas salgan a concurso público como lo estipula la normativa en mención; manifestando la igualdad de condiciones de todos los postulantes en esta nueva convocatoria.
“Agradecemos los servicios prestados por estos trabajadores, sus hojas profesionales no tienen ningún tipo de observación por su desempeño. Ha culminado su trabajo y la gerencia resolvió no renovar y convocar a concurso público la cobertura de dichas plazas. Esperamos que el concurso nos permita hacer mucho más eficientes las labores que se han desarrollado en el Centro del Empleo, porque es deber de todo funcionario público hacer cada vez más eficiente la administración de los recursos del Estado”, indicó.
Añadió que los trabajadores salientes pueden participar del concurso debido a que su retiro obedeció a la culminación de contratos, más no sanciones.
REORIENTACIÓN
“Estas políticas que se han adoptado responden al sentir de la colectividad, que esperaba acciones concretas para mejorar los servicios. Buscamos que la Gerencia Regional de Trabajo reoriente sus decisiones hacia consolidar una imagen de una dependencia comprometida con la defensa de los derechos laborales. Esta área del Estado debe jugar un rol importantísimo para lograr el desarrollo de las actividades económicas y productivas en el país”, manifestó Guillermo Segura.
Además se dispuso evaluación de los inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, destacados en la Gerencia Regional de Trabajo, a fin de garantizar la transparencia en la emisión de órdenes inspectivas. Estas medidas han sido tomadas para garantizar el cumplimento de la ley, la normatividad laboral, el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores para propiciar la paz social.
“A veces las dependencias del Estado se convierten en combustible entre los conflictos laborales que afectan la paz social, y esto porque muchas veces existe indiferencia. Parte de esta política de reorientación que hemos iniciado se sustenta en una gestión de puertas abiertas a todos los gremios sindicales, diálogo permanente con ellos, y toma de decisiones justas, con las que podamos demostrar que aquí no hay privilegios, sea para empresarios o trabajadores. Queremos demostrar que la administración pública no discrimina a nadie y tampoco tiene preferencias por nadie. Estamos comprometidos a que se cumplan las metas estatales”, señaló.
Por los delitos de omisión de funciones, rehusamiento y demora de actos funcionales, fue denunciado penalmente el gerente general de la Empresa Prestadora de Servicios de Lambayeque – EPSEL, Néstor Salinas Vásquez.
La denuncia también recae sobre sus principales funcionarios que podrían estar involucrados al no ofrecer un buen servicio de atención y mantenimiento de las redes de alcantarillado, las que vienen colapsando y causando daño en la propiedad privada y salud de los leonardinos, sin que sean atendidos en su debido momento e incluso, en algunos casos, sin dar importancia a los pedidos de ayuda y atención por parte de la población.
EPSEL, ante el peligro inminente por la presencia del Fenómeno de El Niño pronosticado para el año 2015-2016, solicitó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la transferencia de cuatro millones 562 mil 65 soles, dinero que le fue depositado para atender la necesidad de emergencia en el distrito de José Leonardo Ortiz.
Asimismo, el año pasado, ante el colapso permanente de los colectores primarios y secundarios del distrito, EPSEL solicitó al Ministerio de Vivienda que se le transfieran cinco millones 195 mil 986.54 soles más, para la reposición de los tramos de los colectores colapsados. Sin embargo, hasta el momento no se tiene una información exacta de los trabajos de prevención que realizó.
LA DENUNCIA
De acuerdo a la denuncia que formulara el Procurador Municipal de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, Óscar Raúl Cornejo Custodio, en sesión de concejo el alcalde Epifanio Cubas Coronado hizo conocer que con oficio N° 649-2016-GR-LAMB/PR-OEDNCSC, del 31 de agosto del año 2016, el jefe de la Oficina Ejecutiva de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Lambayeque, dio a conocer las acciones ejecutadas para sustentar la declaratoria de estado de emergencia en el distrito de José Leonardo Ortiz, por el colapso del sistema de alcantarillado.
Asimismo, con oficio N° 317-2016-MDJLO/A, del 8 de setiembre pasado, la autoridad municipal respondió la misiva enviada por Balarezo Mesones, sobre acciones ejecutadas para sustentar declaratoria de estado de emergencia, sustentado en el informe N° 219-2016-MDJLO/GPPTO, de la Gerencia de Presupuesto, en la cual se hizo conocer la no disponibilidad presupuestal de intervención por el permanente colapso del sistema de alcantarillado en el distrito de José Leonardo Ortiz.
Una de las razones era los escasos recursos con los que cuenta la municipalidad, además de no estar dentro de la programación de inversiones de ese año. De igual manera, se remitió el informe N° 045-2016-MDJLO/SGDC, de la subgerencia de Defensa Civil, en el cual se detallan las acciones ejecutadas dirigidas a reducir los efectos dañinos del potencial impacto por el colapso del sistema de alcantarillado.
LA OMISIÓN
De igual manera, con oficio N° 326-2016-MDJLO/A, del 14 de setiembre del 2016, el alcalde Epifanio Cubas Coronado se dirigió al gerente general de EPSEL, Néstor Salinas Vásquez, y le hizo conocer sobre diferentes puntos críticos de colapso de desagüe en el distrito.
Además, en la misiva se da cuenta de la omisión por parte de EPSEL al no realizar el mantenimiento permanente de las redes de agua y alcantarillado de los diferentes sectores del distrito, responsabilidad y competencia que es exclusiva de la empresa, solicitando la urgencia de la intervención.
También, Epifanio Cubas expuso que la problemática viene afectando a toda la población, las aguas servidas ya han inundado las viviendas, las instituciones educativas y diversos comercios, expuestos a que se produzcan epidemias y contraer enfermedades.
A LA FISCALÍA
Asimismo, con oficio N° 327-2016-MDJLO/A, del 14 de setiembre del 2016, el alcalde puso de conocimiento de la Fiscalía de Prevención del Delito, sobre la omisión de funciones por parte de Epsel, al hacer caso omiso respecto al mantenimiento permanente de las redes de agua y alcantarillado de los diferentes sectores del distrito de José Leonardo Ortiz, es responsabilidad y competencia exclusiva de dicha entidad.
Ese mismo día, con oficio N° 328-2016-MDJLO/A, Cubas Coronado acudió a la Defensoría del Pueblo para hacer conocer la omisión de funciones por parte de los responsables de EPSEL, al no atender en el tiempo previsto, tras el pedido y la queja, el mantenimiento de las redes de agua y alcantarillado de los diferentes sectores del distrito. El alcalde solicitó la intervención del Defensor del Pueblo y que exhorte a EPSEL para que cumpla con sus funciones y responsabilidades. No hubo respuesta de parte de la empresa.
¿Y EL DINERO?
En la denuncia se hace conocer al Ministerio Público que mediante oficio N° 691-2016/Vivienda /VMCS/PNSU/1.2, del 16 de setiembre del 2016, el ingeniero Dante Arbolado Arroyo, jefe de Infraestructura y Sostenibilidad del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pone en conocimiento al presidente del Gobierno Regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, los gastos de los recursos asignados por dicho portafolio a EPSEL.
Se detalla el estado situacional de los convenios, los que están relacionados a la transferencia de recursos financieros para ejecutar actividades de mantenimiento y reposición de bienes operacionales de los sistemas de agua y alcantarillado, así como la reposición de los tramos de los colectores primarios y secundarios colapsados en el distrito leonardino.
Asimismo, mediante informe N° 268-2016 –Vivienda /VMCS/PNSU/1.2.2, emitido por el ingeniero Guillermo Carrillo Alemán, profesional especialista PMR – Equipo de Sostenibilidad –UIS-PNSU, dirigido al ingeniero Dante Arbolado Arroyo, jefe de la Unidad de Infraestructura y Sostenibilidad, se informa que ante la declaratoria del Estado de Emergencia por el peligro inminente, ante la presencia del Fenómeno de El Niño 2015-2016, EPSEL S.A. solicitó al Ministerio de Vivienda la transferencia de cuatro millones 562 mil 65 soles.
El objetivo era ejecutar actividades de mantenimiento y reposición de bienes operacionales de los sistemas de agua y alcantarillado en el ámbito de su administración, y para ello, se suscribió un convenio y la transferencia de los cuatro millones 562 mil 65 soles, materializada el 2 de diciembre del 2015.
De igual manera, ante el colapso de los colectores primarios y secundarios del distrito de José Leonardo Ortiz, EPSEL S.A solicitó al Ministerio de Vivienda se le transfiera cinco millones 195 mil 986.54 soles, para la reposición de los tramos de los colectores colapsados, por lo que se suscribió otro convenio. La transferencia del dinero se dio el 22 de marzo del año 2016
LOS DELITOS
El último reporte mensual remitido por EPSEL S.A, señala que las actividades por las cuales adquirió el dinero se encuentran en ejecución; sin embargo, el desarrollo de cada una de estas refleja lentitud.
En tanto, han transcurrido 11 meses desde que se realizó la transferencia del dinero y aún no han sido culminadas, y en otros casos, aún no han sido iniciadas, hecho que contradice la urgencia con que EPSEL solicitó la atención que prioriza dicha actividad.
Con los informes hechos por EPSEL, claramente se puede determinar que ha hecho caso omiso a sus funciones y responsabilidades que le competen, por ser la unidad ejecutora, de acuerdo a la transferencia realizada.
Con los referidos informes sustentados se puede determinar que EPSEL, ha hecho caso omiso a sus funciones y responsabilidades que le competen, por ser la unidad ejecutora de acuerdo a la transferencia realizada por el Ministerio de Vivienda de nueve millones 757 mil 960.04 soles, sin que hasta la actualidad se hayan culminado con el mantenimiento y reposición de bienes operacionales de los sistemas de agua y alcantarillado, así como los tramos de los colectores primarios y secundarios colapsados en Leonardo Ortiz.
PUNTOS CRÍTICOS
Ante el latente problema, con informes N° 057-2016-MDJLO/SGDC, N° 059-2016-MDJLO/SGDC, del 18 y 25 de noviembre del 2016, así como N° 020-2017-MDJLO/SGDC, del 31 de enero del 2017, el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, Arturo Huancas Bejarano, informó sobre los puntos críticos de colapso del sistema de alcantarillado.
Algunos de esos puntos críticos son los pueblos jóvenes Las Palmeras y Nuevo San Lorenzo, cuyos vecinos viven en la inmundicia e impotencia, debido al colapso de los desagües, los que han inundado sus viviendas hasta en medio metro de altura, poniendo en peligro la salud y la vida.
Lo más delicado del asunto es que a pesar de advertencia y entrega de más de 9 millones de soles por parte del Ministerio de Vivienda, EPSEL no toma ningún tipo de interés en solucionar el problema, lo cual se agrava con la presencia de locales destinados al lavado de vehículos, atorando las alcantarillas al verter agua con barro, aceites y grasas, provocando que las aguas servidas se salgan por las alcantarillas a los domicilios e inunden las viviendas.
De acuerdo a lo manifestado por moradores de la cuadra uno, dos y tres de la calle San Lucas, así como de la calle Caramilla, quienes se entrevistaron con el primer vecino del distrito, los atoros y colapsos de los desagües se vienen dando desde hace varios meses y con la caída de las lluvias y arrojo de agua con barro y grasa por parte de lavaderos de vehículos clandestinos, los desagües colapsan con mayor frecuencia.
+ NOTICIAS
La Asamblea de Delegados de Organizaciones de la Sociedad Civil de Lambayeque – ADOSCIL, actúa en la esfera pública generando un espacio independiente y autónomo del Estado e insta y convoca a la ciudadanía a participar colectivamente a fin que sus intereses confluyan en torno a una visión y objetivos estratégicos, de tal manera que expresen la necesidad, demanda y aspiraciones comunes a los gobiernos y el Estado, realizar vigilancia de los acuerdos y compromisos, generando una corriente de opinión sobre los asuntos públicos.
Precisamente, siguiendo esa visión y con el propósito de elaborar e impulsar la Agenda Regional para el Desarrollo de Lambayeque como propuesta de sociedad civil organizada emergió del Plan Operativo del Consejo Directivo de ADOSCIL la realización de la XIII Conferencia Regional de Desarrollo Social – Coredes Lambayeque 2016, que tuvo una importante participación de los delegados de las diversas organizaciones del campo y la ciudad.
MIRADA A LAMBAYEQUE
Como conclusión de la conferencia realizada, la sociedad civil señala que es reconfortante que a pesar de las grandes dificultades la población regional sigue creciendo, pasando de los 192 mil habitantes, en 1940, a más de un millón 300 mil habitantes en el 2016.
“De este total nos preocupan las condiciones de nuestra población menor de 5 años, que son más de 115 mil habitantes, y nuestros adultos mayores de 65 años, que suman más de 90 mil. Nos preguntamos qué tenemos que hacer para que toda nuestra población pueda tener una vida digna, sea valorada y respetada en su diversidad de origen étnico o situación económica”, explica Álvaro Mendoza Cortijo, presidente de la asamblea de delegados.
La sociedad civil ha demandado la transparencia de los presupuestos y de la ejecución del gasto, en tal sentido reconoce que el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, es una fuente creíble de información presupuestal. “De dicho portal obtenemos la información que el presupuesto institucional mejorado 2016 total para Lambayeque fue de tres mil 490 millones 170 mil 956 soles. El presupuesto mencionado fue ejecutado por tres niveles de gobierno”, anota.
Al analizar el presupuesto total del pliego del Gobierno Regional de Lambayeque por unidades ejecutoras, se encontró el crecimiento del presupuesto del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, que casi tuvo el mismo presupuesto de la sede central y es mayor que el presupuesto de las UGEL Lambayeque y Ferreñafe. “Debemos analizar también que gran parte del presupuesto del PEOT termina en Odebrecht, a la que se le cancela un promedio de 110 millones de soles anuales por la construcción de la infraestructura mayor del Proyecto Olmos”, resalta Mendoza Cortijo.
CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN
Explica que la aspiración por una cobertura de calidad y universal de los servicios básicos como salud, agua, saneamiento y educación, colisiona con una realidad de la persistencia de la desnutrición y la anemia, que en algunos distritos supera el 50 % de niños menores de 5 años. A ello se añade los problemas de atención y dotación de medicamentos en los centros de salud.
“El acceso al agua segura es un derecho humano, y por ello preocupa que muchos pueblos tengan agua por horas poco segura y que el servicio de alcantarillado sea limitado; siendo el caso más evidente el del distrito de José Leonardo Ortiz, que es un anticipo de lo que sufrirán otros distritos si no se hace un cambio institucional profundo”, remarca el presidente de la asamblea.
Añade que existe la percepción que se puede hacer más en un contexto de incremento presupuestal. “No se ha hecho lo suficiente, eso nos lo recuerdan las evaluaciones censales que ubican a Lambayeque en el puesto 9 y que implica un retroceso en los últimos 15 años. Este retroceso tiene como causa principal al ‘ingreso familiar per cápita’, que ocupa el puesto 15 de los 24 departamentos, y cuando vemos el caso a nivel de provincias nos sorprende que en los últimos diez años la provincia de Chiclayo haya descendido 9 puntos, Lambayeque 34 puntos y Ferreñafe 43”, señala.
EVALUACIONES Y RESULTADOS
Para las organizaciones de la sociedad civil también resulta preocupante que el Gobierno Regional de Lambayeque no haya tomado debida nota de estos resultados “y lejos de producir cambios significativos se ha embarcado en realizar dos encuestas regionales orientadas a obtener mejores resultados y contrastarlos con la Encuesta Nacional realizada por el Ministerio de Educación”.
“Es reconocida la baja calidad de la educación que reciben nuestros estudiantes desde inicial hasta la universidad. Diversas publicaciones reiteran que las universidades peruanas están lejos de ocupar lugares visibles de calidad a nivel internacional y otros estudios como PISA revela las limitaciones de nuestra educación básica regional”, menciona Mendoza Cortijo.
Precisa que la Evaluación Censal de Estudiantes en Lambayeque tiene resultados contradictorios, pues por un lado se mejoran los resultados de un año para otro, pero la ubicación de Lambayeque en el ranking nacional se mantiene estancada y hasta retrocede a juzgar por el puesto 14 en Comprensión Lectora y el 20 en Matemáticas. Una mirada a nivel de provincias alerta que mientras que en Chiclayo en Matemáticas el 11.5 % de los estudiantes ha aprendido, en Ferreñafe lo ha hecho menos del 5 %.
SALUD
La sociedad civil organizada ha elaborado una serie de recomendaciones para la mejora de las condiciones de vida de la población departamental, abordando cada uno de los factores que se han evaluado, partiendo por la salud pública hasta llegar a la seguridad ciudadana.
Respecto a Salud, por ejemplo, se pide a las municipalidades la evaluación e implementación de un nuevo empadronamiento focalizado de los integrantes del SIS; que se desarrolle la capacitación al personal de salud para acelerar el proceso de focalización; que se fortalezca la vigilancia a las instituciones de salud exigiendo mayor calidad de atención y transparencia ante la corrupción existente.
Asimismo, proponen que las familias efectúen un solo pago para que sus integrantes tengan acceso a la seguridad social; que se dé cumplimiento y vigilancia a las políticas preventivas de salud; que se dé a conocer e impulsar la medicina natural en los programas de salud y que se priorice la atención a los niños de 0 a 5 años de edad.
SANEAMIENTO BÁSICO
Se pide la modernización del servicio de EPSEL en tecnología, gestión y cumplimiento de normas, evitar la intervención de los alcaldes en la administración del agua (porque la politizan), y que se respete la participación de la sociedad civil en el Directorio de la empresa prestadora del servicio de saneamiento.
Del mismo modo, que la fiscalía de prevención del delito realice inspecciones periódicas a las platas de tratamiento del agua para reconocer la calidad del suministro; que se fortalezca la vigilancia del agua desde las cabeceras de cuenca, y exigen la construcción de lagunas de oxidación para el tratamiento del agua.
NIÑEZ Y JUVENTUD
Las organizaciones convienen en plantear que cada municipio sea responsable en la creación de programas para la niñez, juventud y adulto mayor; también que se implemente un programa de educación en valores ejecutado entre las familias y las escuelas para prevenir embarazos no deseados en adolescentes.
Asimismo, que se apliquen políticas públicas en salud y educación, priorizando a la niñez en extrema pobreza.
COBERTURA Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Se propone la intervención del eje de género en programas educativos con participación de hombres y mujeres; trabajo multidisciplinario en el sector educativo (docentes, psicólogos y asistentes sociales), la creación de un hospital pediátrico a nivel regional y que exista un currículo a nivel regional, con evaluación constante.
MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD
Finalmente, se ha planteado la necesidad de dar cumplimiento a la Ley de Contaminación Sonora y Visual; la exhortación a las empresas privadas para que financien planes de difusión del cuidado del medio ambiente; la aprobación del Plan Territorial de Lambayeque, que se establezca una agenda al 2030 como política de Estado, y que se informe de manera transparente el desarrollo del programa Chiclayo Limpio.
Respecto a seguridad ciudadana, proponen la formación de un comité de fiscalización para el cumplimiento de las normas referidas a esta problemática; la formación y fortalecimiento de los comités de seguridad en los distritos; que se transparenten los presupuestos destinados para este objetivo y que se impulse la reforma judicial.
El rector encargado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, Bernardo Nieto Castellanos, junto a otras autoridades y funcionarios de la primera casa superior de estudios, denunció la existencia de intereses subalternos en la paralización iniciada esta semana por los trabajadores administrativos, quienes mantienen tomada la ciudad universitaria.
Según denunció, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UNPRG tiene nexos con los rostros más visibles de la gestión del exrector Agustín Ramos García, quien además habría visitado despachos congresales solicitando apoyo político para la intervención de la casa superior.
Nieto Castellanos, quien reemplaza en el cargo a Jorge Oliva Núñez por encontrarse en período vacacional, dijo además que la medida de los administrativos cae en ilegal en tanto no se cumplieron los procedimientos correspondientes para el inicio de la medida de protesta, la cual debió ser notificada a la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lambayeque.
“No se puede hacer uso del derecho de huelga por sí solo, se tienen que cumplir determinados requisitos, y esto la ley lo ha regulado a través de la Ley de Negociaciones Colectivas. El trabajador, a través de su sindicato, tiene que convocar a una asamblea general en la que se acuerde mayoritariamente ir a la huelga cuando se haya agotado el diálogo y tratativas diversas con el empleador en relación a temas determinados. En ningún momento ha habido una relación entre el sindicato y las autoridades universitarias para cuestionar algunas condiciones laborales, sin embargo han ido a la paralización”, señaló el rector encargado.
INFORMACIÓN
Mencionó que en los próximos días viajará a Lima una comisión de trabajo de la universidad para entrevistarse con los congresistas de la República y alcanzarles documentación de todas las investigaciones que existen sobre las exautoridades para “que no se deben sorprender”.
Destacó, por ejemplo, que de las 19 denuncias presentadas contra las exautoridades de la gestión de Ramos García, tres casos ya han avanzado de manera eficiente. El primero es el de las famosas tesis falsas, que se encuentra en etapa de control de acusación, y por el cual el Ministerio Público está solicitando al Poder Judicial cárcel efectiva contra el exrector, el exdirector de la Escuela de Postgrado, Juan Aguinaga Moreno; el ex decano de la FACHSE, José Gómez Cumpa, y otras dos docentes.
El otro caso es el de las asignaciones especiales, en el cual también la fiscalía solicita la imposición de pena efectiva contra Ramos García y sus exvicerrectores, así como contra el exdirector de la Escuela de Postgrado.
Un tercer caso es el de la compra de materiales tecnológicos y equipos en la Galería La Pulga, por un valor superior al millón de soles, en el que se ha recibido la declaración de un colaborador eficaz que ha dado alcances de cómo se habrían presentado las irregularidades en dichas adquisiciones.
Anotó que de acuerdo a la norma vigente con 15 días de anticipación se debió notificar de la medida de protesta, y recibir de la Gerencia de Trabajo la procedencia de la huelga.
MEDIDA ILEGAL
Por su parte, el jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Universidad, Luis Carrasco Lucero, explicó si no se cumplen los requisitos estipulados por ley, la Gerencia de Trabajo tiene la facultad de declarar ilegal la huelga.
“La dirigencia sindical está induciendo a los trabajadores a que más adelante se declare la ilegalidad de la huelga. Estas paralizaciones, primero de 24 horas, luego de 48 horas y ahora de 72 horas, no tienen sustento normativo, no hay ningún marco legal que le diga al sindicato que para ir a la huelga tienen que hacer paralizaciones progresivas”, mencionó.
Carrasco Lucero anunció que le corresponderá a la autoridad universitaria tomar las acciones pertinentes a fin de restablecer el orden y sancionar a quienes están generando perjuicio a la universidad y resquebrajando la disciplina laboral que debe existir.
NEGOCIACIÓN POR INICIAR
“En este contexto se están desarrollando estas medidas de lucha que solo busca establecer un nexo indisoluble entre quienes están investigados y acusados por actos de corrupción y los que buscan generar inestabilidad en la universidad. La relación está acreditada”, dijo.
El abogado explicó que de acuerdo a la Ley de Negociaciones Colectivas en el primer trimestre del año tienen que presentarse los pliegos de reclamos y luego de ello conformarse la comisión negociadora entre empleador y trabajadores.
“No caben los reclamos porque todavía no se ha iniciado la discusión, es más, recién están en la etapa postulatoria de su pliego, con la precisión de que todos los acuerdo recién se harían efectivos a partir del 2018”, detalló, añadiendo que todos los requerimientos de los administrativos presentados en el 2016 han sido cumplidos por la universidad, como el pago de vales por alimentos, la entrega de sacos de arroz, pagos por navidad y entrega de uniformes.
