El miércoles último el Consejo Regional de Lambayeque aprobó por unanimidad el pedido del suspendido gobernador Anselmo Lozano Centurión para volver a ejercer el cargo. Días antes, Lozano se dirigió al Jurado Nacional de Elecciones – JNE, para que le restituya su credencial como autoridad.
Que el JNE lo rehabilitará como gobernador, es un hecho. Sin embargo, existe un problema de fondo que amerita el más sesudo análisis de los abogado, para ser más precisos, de los abogados constitucionalistas.
Como es sabido, Lozano Centurión fue apartado del Gobierno Regional de Lambayeque en enero del año pasado cuando se dispuso su captura como cabecilla de una presunta organización criminal denominada “El imperio del mal”, a través de la cual – según la tesis fiscal – cometió ilícitos cuando fue alcalde de La Victoria, distrito que gobernó por más de 19 años.
Por el mismo caso se abrió investigación contra el vicegobernador Luis Díaz Bravo, antes regidor de la comuna victoriana y hace unas semanas el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios presentó acusación contra ambos y otras personas. Para Lozano Centurión pide 21 años de cárcel y para Díaz Bravo, siete.
Así las cosas y concluida la investigación, Lozano Centurión ha recuperado su libertad, pues durante este tiempo se mantuvo bajo arresto domiciliario. El Poder Judicial le ha impuesto reglas de conducta por tener comparecencia restringida, lo cual no impide que vuelva a ocupar su cargo como gobernador.
Este último es un derecho constitucional que le asiste al haber sido elegido en un proceso democrático. Empero, dicho derecho podría colisionar con las reglas impuestas por el juzgado.
Y es que entre las condiciones para enfrentar el proceso en libertad está la de no mantener contacto o comunicación con alguno con sus coimputados y Díaz Bravo, a quien le corresponde retornar al puesto de vicegobernador es uno de ellos.
Es aquí donde nace la disyuntiva: ¿Al volver a la gobernación, Lozano Centurión viola o no las reglas de la comparecencia?
Es un absurdo suponer que estando la oficina del gobernador junto a la del vicegobernador y por razones propias de la función, ambos personajes estarán bajo la ley del hielo y a kilómetros de distancia con tal de no infringir el mandato judicial.
Si bien, faltan menos de cinco meses para que acabe el mandato para el que ambos fueron elegidos, es tiempo suficiente para que haya algún tipo de contacto y, como es sabido también, en dicho período el proceso judicial no habrá concluido.
Ante esto, Luis Díaz Bravo, quien se va despidiendo de la gobernación interina, ha remitido un escrito al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios emita una aclaración interpretativa de las reglas de conducta.
“Mediante Resolución Nº 45, de fecha 25 de julio de 2022, su despacho ha variado la medida coercitiva de arresto domiciliario por la de mandato de comparecencia con restricciones con respecto al imputado Anselmo Lozano Centurión, donde se le impone como reglas de conducta lo siguiente; d) no tener ningún tipo de comunicación verbal, ni por teléfono con los demás imputados, testigos, peritos y/o colaboradores eficaces, vale decir que el imputado en mención, no deberá tener comunicación alguna con ningún coimputado del presente proceso. Ante ello señor juez, la defensa técnica precisa ante su despacho que mi patrocinado Luis Alberto Díaz Bravo ocupa actualmente el cargo de Gobernador Regional de Lambayeque, quien ha sido designado de manera provisional, mediante credencial correspondiente; emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, de fecha 13 de mayo de 2021, funciones que ha venido cumpliendo de manera correcta y formal”, señala el escrito firmado por la abogada de Díaz Bravo, María Torres Uceda.
Con bastante lógica, la abogada le explica al juez que el retorno de Lozano Centurión al gobierno regional significaría la vulneración de la regla de conducta impuesta por su despacho, por lo que advierte que si bien este es libre de solicitar los derechos que le son asistidos (volver al cargo público), “también es cierto que no puede vulnerar las restricciones que le han sido impuestas por parte de su despacho”.
Añade que esta situación “afectaría el orden social, político y jurídico de la sociedad lambayecana, por la Inestabilidad que se podría generar”, sobre todo porque a partir de noviembre se iniciará el proceso de transferencia a las nuevas autoridades elegidas, proceso que es supervisado por la Contraloría General de la República.
Difícil controversia la que deberá evaluar el responsable del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, más aún porque el asunto toca directamente derechos constitucionales que no pueden ser afectados y como precedente se tiene el caso Castillo Chirinos, en el que el Tribunal Constitucional resolvió la controversia generada por posiciones encontradas entre el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones, ordenando que prevalezca, sobre todo, el derecho ciudadano a elegir y ser elegido.
Lo cierto es que, como no podría ser de otra manera, Lambayeque terminará pagando los platos rotos de este lío.
