Estamos a un mes de conmemorar el aniversario patrio, del bicentenario de la República, aunque en lo real la independencia del Perú se consolidaría recién tras la capitulación de Ayacucho, ocurrida el 9 de diciembre del 1824. Algunos, más acuciosos, señalan que la fecha precisa empieza tras la rendición de las fortalezas del Callao, en 1826.
Al margen de la exactitud del bicentenario de la República, el 28 de julio próximo tiene especial significado para el Perú, pues se trata del fin de un quinquenio plagado de incertidumbre y disputas políticas, de enfrentamientos entre poderes del Estado y desazón generalizada.
Desde el 2016, los peruanos hemos sido testigos de la manera en la que nuestra clase política (aunque no nos guste es muy nuestra), ubicó a la nación en medio de un fuego cruzado. Desde el 2016 las luchas intestinas, viscerales, fratricidas, nos han notificado una y otra vez de la enorme y pendiente tarea de reconciliación entre peruanos, un proceso que en 200 años, e incluso en mayor tiempo, no hemos logrado concretar con éxito.
Así, para nadie es un secreto que el próximo presidente recibirá a un país golpeado, agotado y débil, no solo por la pandemia por el COVID-19 y la crisis económica, también por la corrupción casi intacta, la inseguridad creciente y la cada vez más aguda pérdida de la institucionalidad, esa que tanto falta nos hace para sobreponernos a nuestras diferencias en la construcción de un país justo, transparente y participativo.
Si a todo ello le sumamos las secuelas del turbulento del proceso electoral presidencial, la situación es aún más crítica. Eso sí, debo ser honesta en reconocer que la turbulencia ha sido generada no por los entes responsables de su desarrollo: el JNE, la ONPE y el RENIEC, sino por los otros actores: candidatos y partidos, que con sus comportamientos y mensajes convirtieron la fiesta democrática en una suerte de lucha en el coliseo romano, donde cada quien se esmeró por mostrar su brutalidad y barbarie.
¿Qué nos espera entonces a partir del 28 de julio? Probablemente el próximo gobierno ingrese con las ganas de ordenar medianamente la casa y darnos algunas respuestas a las necesidades que hoy tenemos.
Es innegable el avance de la vacunación contra el COVID-19 bajo la presidencia de Francisco Sagasti, ritmo que esperamos se mantenga con la nueva administración, pero también resulta innegable la alta necesidad de mejor atención en salud, con oportunidad y prontitud frente a los males que nos aquejan a nivel sanitario, y no me refiero únicamente al coronavirus, sino al resto de enfermedades que por años han cobrado miles de vidas en el Perú, y a las que poca atención se les ha dado.
El país, además de reconciliación, tranquilidad y un horizonte claro de hacia dónde nos conducen los líderes políticos, tiene ansias de mejores servicios básicos, de educación de calidad, de infraestructura que aliente el desarrollo, de seguridad que promueva la inversión, de legislación que combata verdaderamente a la corrupción y el crimen, de instituciones que respondan como se debe a las tareas que se imponen a diario, ya sea por la acción de la naturaleza o del hombre.
El país espera que los próximos en asumir el manejo de la cosa pública estén a la altura de la responsabilidad y den muestra real de su compromiso con el bienestar de todos los peruanos; que entiendan que fueron elegidos o designados para servir y no para servirse, y que de su acción dependerá no solo lo bien que nos vaya en los cinco años siguientes, sino la paz social y el bienestar común.
A 30 días del 28 de julio, solo nos queda poner lo mejor de nuestro esfuerzo como ciudadanos para acompañar a quien resulte proclamado o proclamada como gobernante, en el afán de iniciar la nueva centuria de la República con mejor aliento y convencidos que sí es posible construir un país en igualdad y justicia social.
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Directora / Fundadora.
