Diversos analistas y periodistas, entre ellos Fernando Noblecilla Merino, me ha referido que la acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, no pasará. La razón -según él- es que a los fujimoristas golpistas no les alcanzan los votos. Creo, sin temor a equivocarme, que el fujimorismo golpea el orden constitucional, pues sin fundamento jurídico ha declarado procedente la acusación contra el correcto fiscal Pablo Sánchez.

Sí señores, este es un golpe a la institucionalidad y a la democracia. Considero así este despropósito de dos congresistas como Daniel Salaverry y Yeni Vilcatoma, que ojalá no sean apoyados por otras bancadas cuando el asunto pase al pleno de Congreso.

Es innegable que este pedido absurdo de estos legisladores afecta la estabilidad de las instituciones autónomas y el necesario equilibrio de poderes, pero además, por si no lo han visto de manera más profunda, este desafuero a Sánchez afectaría las investigaciones sobre el enorme caso de corrupción conocido como Lava Jato.

Nada, absolutamente nada, justifica el argumento que el Fiscal de la Nación haya omitido funciones al no investigar a las socias de Odebrecht, porque la facultad de designar a los fiscales es precisamente que estos sean autónomos y no permitan ninguna injerencia de nadie. ¿Acaso el fiscal de la Nación podría ser acusado de impedir que un fiscal nombrado pueda investigar, por ejemplo, a las empresas nacionales que formaron consorcio con Odebrecht? No, no sería posible. Ello sí sería una infracción y un delito.

Esta aventura y posición mediática de los legisladores Salaverry y Vilcatoma  tiene un ingrediente político escondido y el razonamiento lo hago acompañada de mi sentido común, pues las investigaciones a la lideresa Keiko Fujimori involucrándola en tema de crimen organizado no ha sido bien recibido ni por la familia Fujimori, como tampoco por los miembros de Fuerza Popular.

Al respecto diré que este escenario es el más importante para el fujimorismo, pues es la oportunidad para demostrar que no hay nada que temer, que respetan del orden institucional y democrático de nuestro país y ello implica someterse a toda investigación, venga de donde venga, pues así afianzarán el reconocimiento de la población que por muchos años lo siguen y acompañan en cada proceso electoral.

Este es el momento de ser firmes, de reconocer que estamos frente a una situación difícil y que todos soseguemos nuestros ánimos para afrontar con entera convicción que el orden institucional hay que respetarlo y defenderlo para que no se repitan las historias del pasado.

Tenemos que ser responsables al abordar este gran problema de la acusación contra el Fiscal de la Nación y digo esto porque la población de a pie ni siquiera está enterada de lo que sucede y quienes de una u otra manera estamos al día con la noticia tocamos este tema porque nos preocupa con la inusitada celeridad con la que se está desarrollando el caso. Qué casualidad que se presentó la denuncia, de inmediato pasó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se aprobó con los votos exclusivamente de Fuerza Popular y, de inmediato, pasó a la Comisión Permanente. ¿Cómo se llama eso?

Creo que el Congreso, con la mayoría fujimorista, proyecta una imagen de dictadura parlamentaria, es lo que observo continuamente. Recordemos las ofensivas contra los ex ministros de Educación, de Transportes, de Salud, y ahora la anunciada interpelación al ministro de Agricultura. ¿No es esto una dictadura?

¿Dónde quedó la promesa de Keiko Fujimori de respetar las decisiones institucionales y afianzar la democracia de nuestro país, que fue avasallada por su padre?

Por tanto creo que las prácticas antidemocráticas de una fuerza congresal con mayoría desencantan a un pueblo ingenuo que creyó en quienes hoy ocupan una curul con sus votos. No hay motivo para sustentar una infracción que a todas luces no ha cometido el Fiscal de la Nación.

Desde aquí saludo la decisión principista de los fiscales a nivel nacional, quienes en vigilias han protestado por la acusación planteada contra quien los representa.

Este es el momento de condenar esta práctica antidemocrática, también de exhortar a las instituciones a levantar su voz de protesta y reflexionar con todos los ciudadanos que hay que defender nuestra institucionalidad, la que aún no es sólida, porque hay quienes quieren, con sus actitudes, regresar a un pasado que nos dejó un país con valores alicaídos, cuyas consecuencias enfrentamos día a día.