La candidata al Congreso con el número 5 por Alianza Para el Progreso, Ada Chicoma Sotomayor, intenta llegar por primera vez al Congreso para impulsar reformas en el sector salud. Una de estas es integrar a los subsistemas del sector con los institutos especializados para que los pacientes oncológicos puedan recibir una atención totalmente gratuita.
Chicoma Sotomayor explica que su propuesta busca integrar al Seguro Integral de Salud - SIS, el Seguro Social de Salud – EsSalud, la Sanidad Policial y de las Fuerzas Armadas con los institutos especializados del Ministerio de Salud – MINSA, tales como el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN, el Instituto de Oftalmología – INO, el Instituto del Corazón – INCOR, entre otros.
“El paciente de EsSalud, a pesar que aporta, si algún día se enferma de cáncer y acude al seguro, no recibirá una atención especializada, pues, aunque hay oncólogos, el único instituto especializado nivel III es el INEN, donde tampoco recibirá una atención gratuita, pues pagará desde su ingreso, empezando por la consulta. Es decir, este paciente queda totalmente desamparado, pese a que toda su vida aportó a la seguridad social”, resalta.
Salud
Asimismo, Chicoma Sotomayor señala que impulsará la creación de veedurías ciudadanas para el sector salud, conformadas por equipos de profesionales y miembros de la sociedad civil, a fin de monitorear la ejecución del presupuesto en el sector y garantizar que no falten medicamentos e insumos, así como que la infraestructura y el equipamiento del personal sea de primer nivel.
De igual forma, la candidata propone declarar de necesidad pública la construcción del Instituto Regional del Norte Materno Perinatal, ya que el Perú es el país de Latinoamérica con más gestantes infectadas por el COVID-19, además que entre el 2019 y el 2020 el índice de mortalidad materna incrementó en 42.3 %, pasando así de 302 a 430 fallecidas.
Además, también propone la Ley del Bono por Contaminación para el Personal de Salud, la cual pretende otorgarle un bono económico al personal de los diferentes niveles de atención, que se encuentra expuesto en el ejercicio de sus funciones, ya sean asistenciales o administrativas.
“Esta ley la tienen los bancos, pero el personal de salud, que está expuesto a virus, microbios, bacterias, fluidos y sangre, que expone además a sus familias, no lo tiene. La contaminación la llevamos en los cabellos, en la ropa, en los zapatos. Si antes nadie contempló esta ley, pues yo la propongo para todo el personal de salud en los diferentes subsistemas que existen en el Perú”, asegura.
Otras propuestas relacionadas son: incorporar a todo el personal de salud a la asignación de horas complementarias, a fin de optimizar el recurso humano durante la pandemia; implementar programas de integración y desarrollo del potencial humano en todos los niveles de atención, con pasantías internacionales en articulación con la empresa privada; y fortalecer el primer nivel de atención, mediante la articulación con las redes integradas de salud, de modo tal que se combata efectivamente problemas de salud pública como la anemia, la tuberculosis, el embarazo adolescente, entre otros.
Juventud
En cuanto a la juventud, propone la creación del programa ‘Jóvenes con oportunidades’ para fomentar el emprendimiento y el mejoramiento de sus competencias, brindando herramientas para crear y gestionar sus propios negocios. En esa misma línea, impulsará un fondo de crédito, operado por las cooperativas y cajas de ahorro, que les otorguen microcréditos para cristalizar sus emprendimientos.
Asimismo, resalta que promoverá la relación entre las empresas públicas, privadas y las universidades, para facilitar la incorporación flexible de los estudiantes a puestos de trabajo en los diferentes momentos de su formación.
Añade que impulsará la creación de un programa de financiamiento estudiantil para las familias de escasos recursos económicos.
El domingo 14 de febrero, el Ministerio Público anunció el inicio de las diligencias preliminares contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, tras haber recibido de forma irregular, en octubre del año pasado, la vacuna contra el COVID-19 elaborada por el laboratorio chino Sinopharm, con el cual a la postre se cerró un contrato por 38 millones de dosis.
La semana pasada, a través de una denuncia periodística, se alertó sobre el hecho de que el exmandatario y su esposa Maribel Díaz Cabello se vacunaron contra el COVID-19 antes del proceso regular de inmunización. Inmediatamente, Vizcarra Cornejo afirmó que había recibido la vacuna como parte de los 12 mil voluntarios que participaron en la fase 3 de los ensayos clínicos de Sinopharm en el Perú. Sin embargo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia - UPCH, que lidera este proceso investigativo, desmintió dicha afirmación.
Poco después se supo que en septiembre del año pasado, cuando Vizcarra Cornejo aún era presidente, Sinopharm ofreció tres mil 200 dosis adicionales a las 12 mil de los ensayos clínicos. Con este lote de ‘cortesía’ es que se habrían vacunado Vizcarra Cornejo y otros altos funcionarios, entre los que destaca la excanciller Elizabeth Astete y la ex ministra de Salud, Pilar Mazzetti.
Hipótesis fiscal
Al respecto, Carlos Mesía Ramírez, congresista de Fuerza Popular y exmagistrado del Tribunal Constitucional, manifestó que el Ministerio Público debería sostener como hipótesis que Martín Vizcarra habría retrasado al máximo la compra de las vacunas para generar así una escasez artificial, de modo tal que cuando intentase adquirirlas en el mercado internacional ya todos los laboratorios tengan comprometida su producción y al gobierno peruano no le quede otra alternativa que comprárselas a Sinopharm.
“Se ha creado artificiosamente la escasez para permitirle al Estado comprar a cualquier precio. Hemos terminado comprando una vacuna, que es la peor de todas, a 75 dólares, bajo el argumento de que nos hemos quedado rezagados en la cola, cuando ya había una colusión, un soborno, un acuerdo de voluntades entre funcionarios del Estado y los chinos para crear una falsa escasez, a fin de vender una vacuna que debería valer tres o cuatro dólares a 75”, indicó.
Añadió que esta escasez también le hubiera servido al gobierno de Vizcarra para justificar el alto costo de las vacunas ante una eventual intervención de la Contraloría.
Cabe resaltar que la información oficial es que las vacunas finalmente han costado 26 dólares, cada dosis.
Cortesía
Señaló que el Ministerio Público debe valorar la posibilidad de que para octubre, mes en el que se le administraron a Martín Vizcarra las dos dosis (los días 2 y 23), posiblemente Sinopharm ya había terminado de desarrollar su vacuna y solo faltaba que obtuviese la licencia sanitaria por parte de la dependencia pertinente en China.
“Lo que a él (Martín Vizcarra) se le puso es una vacuna, una muestra gratis, de esas que los médicos entregan por cortesía cuando te quieren vender un medicamento. Le dieron la vacuna para que la pruebe y vea que es buena para después comprarla”, destacó.
Al respecto, según el comunicado emitido por la Universidad Cayetano Heredia, estas tres mil 200 dosis tenían como destino el equipo de investigación y personal relacionado al estudio, y de su aplicación no se iban a recolectar datos con propósito de análisis, pues no formaban parte de la actividad de investigación, a diferencia de las 12 mil de los ensayos clínicos que fueron administradas a los voluntarios.
“A estos funcionarios que se han vacunado les dijeron que la vacuna que se les inoculó ya estaba al 100 %, lo único que faltaba era un trámite administrativo, burocrático, para que la dependencia pertinente en China les dé el registro sanitario. Pruébala, te la damos, pero haces el contrato con nosotros, debieron decirles”, mencionó.
De igual forma, precisó que la ex ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez, habría incurrido en otra falta al recibir la vacuna contra el COVID-19 el 22 de enero, pues para esa fecha las dosis de Sinopharm no contaban aún con la licencia sanitaria en el Perú. Lo mismo aplica para la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien se vacunó el 12 de enero, y para Martín Vizcarra, si se comprueba que no formó parte de los voluntarios de los ensayos clínicos.
“Eso quiere decir que las exministras se han puesto una vacuna que corresponde al lote de tres mil 200 adicionales que dieron los chinos, porque las vacunas formalmente licenciadas llegaron en febrero. El presidente, las exministras y los altos funcionarios se inmunizaron, dejado a un lado a los médicos, enfermeros, policías, al personal de primera línea”, resaltó.
Cuestionamientos
Añadió que, aún cuando el ex jefe de Estado hubiese participado como voluntario de los ensayos clínicos, también existe un problema de carácter ético, pues si hubiese tenido una reacción adversa, esto habría puesto en riesgo su continuidad en el gobierno.
Asimismo, cuestionó que en su defensa del lunes 15 de febrero el expresidente haya mostrado como prueba una supuesta cartilla de vacunación como voluntario, ya que esta no tendría el código de barras que identifica a todos los que participaron de los ensayos clínicos.
“En el caso de la cartilla de Vizcarra no está el código de barras que contiene el nombre del paciente, el lote de la vacuna, el frasco, el insumo, cuándo llegó, la identificación completa del paciente. Allí hay un problema que suscita mi duda. Entre un presidente que mintió sistemáticamente y una universidad como la Cayetano Heredia, que no está dispuesta a tirar por la borda todo su prestigio, prefiero creerle a esta última antes que a Vizcarra”, aseveró.
Juicio político
Por otro lado, Mesía Ramírez explicó que la Constitución contempla tres figuras procesales que se aplican a altos funcionarios (presidente y ministros) en sus artículos 99 y 100. La primera es el antejuicio político, que es una prerrogativa de la cual gozan los citados funcionarios para que no puedan ser procesados por delitos cometidos en el ejercicio de la función, sin previo consentimiento del Congreso.
Explicó que la segunda son los procesos que se siguen por infracciones a la Constitución, como en las que el Congreso consideró que había incurrido Martín Vizcarra al cerrar el parlamento, aunque posteriormente el Tribunal Constitucional lo avaló.
Señaló que la tercera es el juicio político, el cual no está ceñido a la comisión de un delito, sino a cuestiones estrictamente políticas, por las cuales el funcionario puede ser sancionado, ya que se vuelve indigno del cargo. Este sería el camino ideal que debería tomar el Congreso para poder inhabilitar a Vizcarra Cornejo por diez años.
"El juicio político es la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por diez años. No es por delitos, para eso está el antejuicio, eso se verá luego en el proceso judicial correspondiente. El juicio es por causas políticas que convierten a la persona en indigna del cargo", indicó.
Añadió que en un estado constitucional el principio de publicidad de los actos de los funcionarios estatales una base fundamental de la democracia, por lo cual un presidente no puede ocultar su participación del ensayo experimental de una vacuna. Por ese solo hecho – aseveró – se haría indigno del cargo y el Congreso podría inhabilitarlo por diez años.
Finalmente, aseguró que la bancada de Fuerza Popular no comparte la posición de la legisladora Martha Chávez, quien pidió que se restituya la mesa directiva del Congreso elegida en marzo del año pasado y que Manuel Merino de Lama se encargue nuevamente del despacho presidencial.
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Con una experiencia previa en las elecciones congresales extraordinarias del 2020 y una postulación a la gobernación regional de Lambayeque, el ingeniero mecánico Norbil Vega Orozco busca llegar al Congreso por Lambayeque de la mano del Partido Popular Cristiano, del cual señala que tiene como uno de sus principales objetivos defender la institucionalidad y la Constitución Política que rige al país desde 1993.
“Si algo ha fallado no es la Constitución, sino los gobiernos que hemos tenido, incluido el presente. Lo que sí podemos plantear son reformas políticas, reformas parciales. Por ejemplo, el acceso al voto voluntario. Creemos que la ciudadanía no debe estar obligada a ejercer el voto. También creemos necesario implementar cambios para volver a la bicameralidad, porque se ha dado el caso que en este último Congreso hemos tenido leyes que han sido observadas por el Tribunal Constitucional, lo que se debe precisamente a que no existe el filtro de una segunda cámara que nos dé mejores leyes”, anota.
Remarca que bajo ningún punto de vista el Partido Popular Cristiano admite la derogatoria de la Constitución de 1993. Sin embargo, sí considera que es necesario realizar algunas reformas parciales a fin de modernizar el texto. En esa línea, incluye como una reforma constitucional necesaria el establecimiento del juicio por residencia para los presidentes de la república.
“Para que no suceda lo que pasa ahora, que tenemos expresidentes con procesos judiciales o encarcelados. Esas son nuestras propuestas más importantes a nivel constitucional, pero bajo ningún punto de vista compartimos la idea de cambiar el Capítulo Económico, porque ese el que ha posibilitado el desarrollo del país, llevándonos a mejores niveles de bienestar a nivel nacional”, considera.
Improvisación
Vega Orozco cuestiona que en los últimos años el Congreso haya sido copado por personas que no están identificados con ningún partido político, lo cual ha generado que su accionar político sea improvisado. Al respecto, de los 130 parlamentarios que fueron parte del Congreso disuelto, solo el 23 % militaba en el partido por el cual fue elegido.
“Integro el Partido Popular Cristiano – PPC, y a lo largo de este tiempo he visto que lamentablemente al Congreso llegan personas que no están preparadas, pero fundamentalmente que no pertenecen a partidos políticos y como resultado hemos tenido a congresistas que se cambian de bancadas a cada momento o salen con leyes populistas que luego son derogadas y rechazadas por el Tribunal Constitucional”, señala Norbil Vega Orozco, candidato por Lambayeque.
Vega Orozco, quien ya ha ocupado cargos en la función pública afirma que de llegar al Congreso promoverá iniciativas que beneficien a los sectores productivos menos favorecidos, haciendo una permanente defensa de la institucionalidad y los parámetros constitucionales.
“Esta constitución nos ha permitido el desarrollo del país. Nosotros, por supuesto, que la defenderemos y estamos en contra de los partidos que propugnan el cambio de la Constitución sin saber exactamente qué es lo que quieren cambiar, que de alguna manera están pretendiendo llevarnos a un modelo chavista, a un modelo venezolano, viendo lo que ha resultado para ese país, con un éxodo de personas que supera los siete millones de ciudadanos. Yo busco llegar al Congreso en defensa de la Constitución de 1993”, enfatiza.
Apoyo al agro
Añade que de resultar elegido también se encargará de presentar ante el Parlamento proyectos que afiancen el desarrollo regional, por lo tiene como prioridad la irrigación de los diferentes valles, a través de la construcción de represas como La Calzada, Las Delicias y Montería.
Precisa que si bien la función del congresista es legislar por toda la nación, sí es posible impulsar iniciativas que permitan ofrecer mayor apoyo a los agricultores del departamento.
“Por ejemplo, podemos impulsar que el pequeño agricultor tenga acceso a créditos, pero no con las tasas que fijan los bancos comerciales. De ser elegido congresista trabajare para que el pequeño agricultor tenga acceso a un crédito agrario con tasas reducidas. Lo que propongo es que el Banco Agrario sea una entidad de crédito de primer piso y no de segundo piso, como lo es actualmente”, señala.
Vega Orozco menciona también que el pequeño agricultor necesita orientación tecnológica para desarrollar mejores sembríos.
“No es posible que las tierras de la región se sigan salinizando, cuando en otras regiones, en las que hay hasta dos cosechas al año, las tierras no se salinizan porque tienen apoyo tecnológico para combatir ese problema. También impulsaremos esas reformas para los pequeños agricultores, dándoles facilidades económicas”, se compromete.
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El 10 de febrero, la entonces ministra de Salud Pilar Mazzetti Soler aseguró que sería la última dentro del sistema de salud en vacunarse contra el COVID-19, ya que “el capitán es el último en abandonar el barco”. Tres días después, el 13 de febrero, la funcionaria presentó su renuncia a la cartera de Salud, tras los cuestionamientos del Congreso hacia su persona, respecto a si habría estado o no enterada de que al expresidente Martín Vizcarra se le aplicó la vacuna. En aquel momento, el mandatario Francisco Sagasti calificó de injusto el trato que le dieron los parlamentarios a Mazzetti Soler. No obstante, el 15 de febrero, a través de una carta pública, la médica cirujana admitió haberse vacunado el 12 de enero. “Cedí ante mis miedos, fue el peor error que cometí”, mencionó en su misiva. Como corolario, el jefe de Estado publicó una resolución suprema en la cual le retiró el agradecimiento a la funcionaria por los servicios prestados al país.
Para el presidente de la Federación Médica en Lambayeque, Paul Larrea Alvarado, el accionar de Mazzetti Soler no hace más que desprestigiar al gremio médico, pues trasgrede el principio ético de poner por delante la vida y salud de los pacientes antes que los intereses personales. Sin embargo, para él el peor error de la ex ministra de Salud no fue vacunarse a escondidas de la población, sino el no haber gestionado de forma correcta la respuesta a la pandemia y que hoy haya decenas de médicos fallecidos, que no haya abastecimiento de oxígeno y que los hospitales no cuenten con camas de Cuidados Intensivos ni hospitalarias.
Asimismo, cuestionó que un directivo del Colegio Médico del Perú, como Ciro Maguiña Vargas, también haya recibido la vacuna. Por ello, demandó al titular de la orden, Miguel Palacios Celis, que dé un paso al costado en la comisión investigadora que lidera Fernando Carbone Campoverde y que está encargada de investigar qué otros funcionarios se beneficiaron irregularmente con la vacuna de Sinopharm. Lo emplazó a que, en todo caso, delegue a otro integrante como su representante de la citada comisión.
“Vemos que hay muchos médicos involucrados en la investigación, que se cogen del hecho de ser cercanos al proyecto de los ensayos clínicos o ser parte del comité de asesores para justificar su vacunación. Creemos que no puede haber una cantidad tan grande de investigadores, que hubo un aprovechamiento de cargos (..) Los funcionarios entrarán en una evaluación diferente, porque ellos no pueden aprovecharse de su cargo para sacar ningún tipo de ventaja, ya sea económica o sanitaria. Luego están los aspectos éticos. Aún sin ser funcionarios, quienes se beneficiaron de la vacuna sacaron ventaja en relación a la esperanza de vida con quienes no. Y, en tercer lugar, está el aspecto de humanidad, de sensibilidad, de colocarse por encima de los colegas que están exponiendo su vida día a día. Eso demuestra falta de sensibilidad, de solidaridad, de empatía”, aseveró.
Sanciones
En esa línea, Larrea Alvarado exigió que se les aplique las sanciones correspondientes a los funcionarios y el entorno cercano de estos, que recibieron la vacuna contra el COVID-19. De igual forma, demandó que también se investigue al Instituto Nacional de Salud, pues nada en el sector se realiza sin conocimiento de este organismo ejecutor, sobre todo cuando se trata del proceso de vacunación.
“Sabemos que no todos recibirán sanción porque son personas naturales, en ellos no hay delito, pero probablemente sí lo haya en la persona que les facilitó la vacuna. No es que estos personajes abrieron la refrigeradora y decidieron vacunarse. Alguien tuvo que facilitarles la logística. Esto probablemente sea solo la punta del iceberg. Sospechamos que hay personas que han recibido tres dosis de la vacuna, cuando la teoría manda que sean solo dos. No sabemos si allí se esconde a alguna persona y por eso figuran dosis fantasmas.”, advirtió.
Añadió que una de las consecuencias más graves de esta situación es que se menoscaba aún más la credibilidad de la gestión pública y se pone nuevamente al Perú en la vitrina mundial por hechos negativos. Ergo, aseguró que no tendrá sentido que se haya hecho pública esta denuncia, si no se aplican sanciones.
Sin embargo, mencionó que no hay precedentes alentadores en salud, pues en el 2017 saltó a la luz una denuncia contra el médico Carlos Moreno Chacón, quien era asesor del despacho presidencial de Pedro Pablo Kuczynski y presuntamente se aprovechaba de su cargo para realizar negocios. Nunca se determinaron sanciones penales por este caso.
“Este destape no tendrá ningún sentido si después de todo no se generan sanciones o se elaboran nuevos reglamentos. Recuerdo hace algunos años el tema del doctor Moreno, sobre un supuesto aprovechamiento del cargo, de influencias. Lamentablemente, en la gestión pública muchas veces no vemos sanciones, por eso quienes llegan a ocupar cargos hacen uso y abuso del poder que tienen. Lo que estamos viendo es una muestra de lo que ocurre en la totalidad de la administración pública. No será un aprovechamiento económico, pero sí sanitario, y el común denominador siempre es primero yo, luego yo y tercero, mis conocidos, mi círculo cercano”, opinó.
Vacunación
Por otro lado, señaló que en Lambayeque se ha avanzado hasta el momento con poco más de la tercera parte de la meta de vacunación en esta primera fase, que es 12 mil 88 personas. Según cifras de la Gerencia Regional de Salud - GERESA, hasta el cierre de esta edición se inmunizó a cuatro mil 57 trabajadores del sector.
Larrea Alvarado señaló que el proceso de vacunación se ha realizado sin mayores contratiempos, a diferencia de lo ocurrido en Lima, donde hubo múltiples denuncias de médicos y enfermeras, que no estaban incluidos en la lista de trabajadores que recibirían las dosis de Sinopharm. Indicó que la segunda etapa de la vacunación debería culminar el jueves de la próxima semana.
Explicó que para el proceso de vacunación el Ministerio de Salud utilizó el aplicativo INFORHUS – Registro Nacional del Personal de la Salud. Y, si bien en Lambayeque no hubo problemas, en otros departamentos del Perú sí los hubo, dado que esta base de datos no se encuentra debidamente actualizada.
“La vacuna (contra el COVID-19) se convertirá en la diferencia entre la vida y la muerta. Tenemos que entender primero ese mensaje. Nosotros estamos vigilantes del proceso de vacunación, de que se les aplique las vacunas a la totalidad de la población asignada. No ha habido mayores contratiempos y los pocos que sí ocurrieron no han deparado en denuncias. Al personal que falta vacunar se le atenderá con el lote adicional. No esperábamos que el primer millón de vacunas llegue al Perú en dos partes, por eso tuvimos que hacer una reprogramación también de las jornadas de vacunación”, aseveró.
Señaló que la principal preocupación radica en el millón de dosis que se necesitan para los 500 mil miembros de mesa, pues deben recibir la primera dosis antes de que termine el mes de febrero para que en marzo reciban la segunda, ya que transcurren 35 días después de la última dosis para que se asegure la inmunización de los pacientes.
Indicó que la meta a nivel estatal es que el 70 % de peruanos sean vacunados este año, sin embargo, solo está asegurada la llegada de cinco millones de vacunas durante el primer semestre.
Realidad
En cuanto a Lambayeque, comentó que entre la quincena de enero y la quincena de febrero se recrudeció el índice de letalidad en los mayores de 60 años. Si bien el departamento pasó de nivel alto a muy alto en la última escala de riesgo que publicó el gobierno, consideró que esto no es suficiente, pues un grueso porcentaje de la ciudadanía no respeta los protocolos de bioseguridad.
“La gente ve al Estado y al confinamiento como un enemigo, como un limitante de la economía productiva y no como una forma de contener la pandemia y que disminuyan las muertes cercanas. Las cuarentenas se implementan porque no hay camas UCI ni hospitalización donde atender a los pacientes. Es cierto que no estamos como en Lima, donde el tema es muy complicado. Acá la situación es mala y podría empeorar en los próximos días. El respeto por las normas no es del todo adecuado, el control policial no es el mismo que el del año pasado en épocas críticas. Hay una suerte de desorden, cada uno decide su suerte. Creo que el desorden se perpetuará unas semanas más, creo que las cifras se mantendrán altas y la persistencia de la enfermedad continuará hasta finales de abril”, manifestó.
