La presidente del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, explicó los lineamientos de la Política General de Gobierno, cuyo eje central son los derechos básicos de la gente.
Lucha contra pandemia de la covid-19
Se potenciarán las acciones de lucha contra la pandemia de la covid-19, principalmente la vacunación y la atención hospitalaria. El Ejecutivo presentará la propuesta de Ley de Unificación del Sistema Nacional de Salud y que se implementarán 300 nuevos centros de salud mental comunitaria y el fortalecimiento de los 203 ya existentes.
Para cerrar la brecha de infraestructura en Salud se desarrollan proyectos de inversión por 2.3 mil millones de soles, entre los cuales se encuentra la construcción de un hospital de nivel III para San Juan de Lurigancho y el Plan Nacional de Construcción de Infraestructura Hospitalaria, que se coordinará con los gobiernos regionales de la zona del VRAEM.
Seguridad alimentaria
Se viene implementado un registro unificado de comedores y ollas comunes. A la fecha, se han identificado más de 2500 olas comunes registradas en la plataforma Canastas Perú. Dentro del Presupuesto Público para el 2022 que se ha presentado al Congreso, se garantiza la continuidad del servicio de atención alimentaria de Qali Warma, cuya cobertura será ampliada desde el 2023.
Desnutrición y anemia
A diciembre del 2021, producto del trabajo articulado del Minsa y Midis con los gobiernos regionales y locales, se tiene previsto lograr que 500 mil niñas y niños reciban atenciones para la prevención y control de la anemia a nivel nacional.
Además, se aprobará la Política de Desarrollo e Inclusión Social centrada en las personas y basada en la coordinación con otros sectores y niveles de gobierno. Para ello se desarrollará, durante el 2022, un observatorio de desarrollo e inclusión social.
Bono Yanapay
Este bono ha beneficiado a 13,5 millones de ciudadanos que fueron afectados por la pandemia. Por primera vez se viene entregando un bono a cada miembro integrante del hogar, con el fin de garantizar la cobertura de las necesidades básicas de los hogares peruanos cuyos ingresos pudieron haberse visto afectados por la pandemia de la COVID-19”, remarcó Vásquez.
Agro y reactivación económica
De otro lado, en el marco de la Segunda Reforma Agraria, señaló que se impulsará la Ley de Cooperativas y se aprobará el Reglamento del Registro Nacional de Cooperativas Agrarias.
Vásquez Chuquilín enfatizó que uno de los objetivos principales del Gobierno es la reactivación de la economía, que permita generar puestos de trabajo. “Nuestro objetivo es que para el 2021 crezcamos más del 10.5 % y para el 2022, más del 4.8 %, con un promedio de 5.5 % en el periodo 2021-2025. Como ha dicho el Fondo Monetario Internacional, estas proyecciones son factibles y colocarán a nuestro país como el de mayor crecimiento en la región en este y el próximo año”, indicó Vásquez.
Actividad turística
Mediante el programa “Turismo Emprende”, la primera ministra destacó que se beneficiará hasta 770 MYPEs del sector turismo en las 25 regiones del país. Asimismo, también se creará un Fondo de Estímulo del Desempeño, que busca brindar el soporte técnico-financiero a los gobiernos regionales y locales para mejorar la gestión del turismo en casa uno de los territorios, bajo un enfoque de competitividad.
Promoción de empleo con derechos
Vásquez señaló que 11,250 personas serán beneficiadas con servicios de Capacitación Laboral, Capacitación para el Autoempleo, Certificación de Competencias Laborales y Becas “Jóvenes Bicentenario”. “Desconcentraremos los servicios de inspección del trabajo en cada región del país, con la meta de instalar a julio del 2023 10 nuevas plataformas de inspección del trabajo cercanas a la clase trabajadora y sus centros de trabajo”, mencionó.
Inversiones
Vásquez habló de la asignación de s/ 3,000 millones a los Gobiernos regionales y locales para la aceleración de inversiones vinculadas al cierre de brechas de infraestructura y acceso a los servicios de diferentes sectores, tales como salud, educación y agricultura, entre otros.
Debido a que existen localidades rurales que no cuentan con ningún servicio público de telecomunicaciones, el gobierno adjudicará en los próximos meses un concurso público de bandas AWS-3 y 2.3 GHz, con el objetivo de incentivar inversiones obligatorias directas y en corto plazo.
“Como mínimo, 1561 localidades rurales tendrán cobertura móvil de la tecnología 4G y, con ello, podrán contar con servicios digitales”, precisó. Asimismo, se impulsarán 21 proyectos de electrificación rural, lo que representa una inversión de 354.5 millones. Esto beneficiará a más de 91 mil habitantes de 977 localidades de las regiones Áncash, Apurímac, Ayacucho y Cajamarca.
Reforma tributaria
Vásquez señaló que el objetivo es implementar una reforma tributaria que permita generar ingresos adicionales sin comprometer la competitividad de la economía, ni afectar derechos adquiridos por inversionistas.
En el caso del sistema de pensiones, Vásquez indicó que actualmente se elabora una reforma integral de la ONP y de las AFP. “Nuestro objetivo es aumentar la cobertura de la pensión 65 como pilar público de un sistema nacional de pensiones que responda a las necesidades de la mayorías”, explicó.
Retorno seguro e inclusivo a las aulas
La jefa del Gabinete Ministerial manifestó, asimismo, la voluntad del Ejecutivo de garantizar un retorno seguro e inclusivo a las aulas, destacando la asignación de recursos para el sector Educación. “Hemos propuesto en el proyecto de la ley de presupuesto 2022, enviado al Congreso, un incremento significativo en los recursos para el sector Educación que representa el mayor incremento en los últimos tres años, contemplando s/ 2,626 millones adicionales”.
Añadió que se destinarán 593 millones para finalizar la entrega de tablets con internet, contratar plan de datos para Educación Básica y Superior, así como el fortalecimiento de Aprendo en Casa, Perú Educa y los Territoriales Tecnológicos.
Descentralización
De acuerdo con la presidenta del Consejo de Ministros, se impulsará el fortalecimiento del Consejo de Coordinación Intergubernamental, recientemente instalado en el mes de agosto. “Ahora corresponde reestructurar los espacios del GORE y MUNI ejecutivo con mayor enfoque de la gestión descentralizada y eficacia en el cumplimiento de los acuerdos”, precisó.
Lucha contra la violencia y corrupción
El gobierno impulsará la creación del Sistema Nacional de Cuidados para: proteger el derecho al cuidado de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia o de quienes lo requieran. Además, se garantizarán las condiciones adecuada y de derechos de las personas que brindan estos cuidados.
Se presentará, de acuerdo con Vásquez, una iniciativa legislativa que aborde esta problemática y desarrolle el funcionamiento del sistema. Además, se fortalecerá el Sistema Nacional Especializado de Justicia, dotándolo de mayor presupuesto para que se garantice su acceso, calidad y continuidad a nivel nacional.
Lucha contra las drogas y narcotráfico
“Queremos lograr, bajo el liderazgo de una Devida fortalecida, acuerdos vinculantes con los productores para un nuevo empadronamiento y la adopción de un control social que ayude al cumplimiento de la ley y a reducir las áreas y la producción de coca impulsando la política de cultivos alternativos”, indicó.
En cuanto a la protección de los derechos humanos, se dijo que se fortalecerá y dotará de recursos para una adecuada implementación de las medidas de prevención y protección previstas por el “Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos”. Por otro lado, se priorizará el proceso de búsqueda de personas desaparecidas con enfoque humanitario.
Ciencia y acceso a la tecnología
Se anunció la promulgación de la Política Nacional de Transformación digital, debido a que esta se ha convertido en una pieza fundamental para que los países aceleren la reactivación económica de las familias, los negocios y las comunidades. Asimismo, anunció que en diciembre se lanzará la primera versión de la Plataforma Nacional de Autenticación de la Identidad Digital IDGOB:PE, que permitirá que la ciudadanía ingrese con una sola clave a los servicios del Estado de manera progresiva.
Fuente: Andina.
Un sector de la derecha empresarial, con apoyo de la oposición en el Congreso, “coordina acciones” para desestabilizar al régimen de turno y así crear el escenario para una posible vacancia del presidente Pedro Castillo. Tras la aprobación de la ley que regula la cuestión de confianza, queda abierto el camino para este propósito que lo planean desde que el mandatario asumió el cargo. En los últimos 30 años la derecha se ha erigido en medio de sombras y caminos sinuosos.
A tres meses de la actual gestión presidencial, es evidente que los partidos políticos de derecha y sus más preclaros representantes todavía no asimilan la derrota electoral del pasado 6 de junio, y siguen con sus actitudes intolerantes, con una obcecación peligrosa, empecinados en promover la vacancia del mandatario Pedro Castillo Terrones, pese a que ello provocaría más caos, incertidumbre y devendría en una anarquía. Desde diversos sectores empresariales confabulan para desestabilizar al Gobierno, y así propiciar el escenario perfecto para la salida del jefe de Estado. Eso se desprende de unas conversaciones de WhatsApp entre varios empresarios agremiados a la Sociedad Nacional de Industrias, denominada la ‘Cofradía del Pisco’, donde “se planificaría y definirían estrategias” para debilitar al Ejecutivo (estaba en marcha un paro de transportistas, pero se suspendió tras una reunión con el MTC), según lo reveló el portal El Foco. Estos chats habrían ocurrido poco después de que Castillo asumió el cargo.
Lo que queda claro es que la derecha empresarial agrupada en torno a la Confiep, sumado a congresistas de agrupaciones de la derecha y ultraderecha -Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular y Acción Popular-, en todo momento alientan a dar un golpe de Estado, porque no quieren perder las gollerías que han usufructuado desde la década del ‘90, gracias a los beneficios que les confirió la entreguista y condescendiente Constitución Política de 1993. Como bien precisa la última portada del semanario Hildebrandt en sus Trece, “la oposición ha decidido que la única salida es la vacancia presidencial. Y cuanto antes, mejor”. Y un paso en esta perspectiva ha sido la aprobación por insistencia de la ley que regula la cuestión de confianza, promovida por la Comisión de Constitución, que en opinión de constitucionalistas rompe el equilibrio de poderes. El Gobierno ha acudido al Tribunal Constitucional (TC) y ha declarado que dicha ley es inconstitucional.
¿Pero quiénes integran el consejo consultivo de la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Patricia Juárez, que asesoró en este polémico tema? Veamos. Lourdes Flores Nano y Oscar Urviola, quienes defendieron la tesis de Fuerza Popular sobre el supuesto fraude electoral; Ángel Delgado, abogado del sentenciado exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry; el joven abogado Lucas Ghersi, impulsor de la recolección firmas contra la asamblea constituyente; Gustavo Gutiérrez, defensor del excandidato de la derecha extrema Rafael López Aliaga; entre otros. Entonces no es muy difícil ver por dónde viene la cosa. La mayoría de ellos estuvo en primera fila objetando el triunfo de Castillo e hicieron comparsa a la tesis del fraude electoral de la derrotada Keiko Fujimori, sin que existan las pruebas contundentes que respalden su teoría. Y la opinión de este consejo ha sido determinante para impulsar la aprobación de esta controvertida norma que se dirimirá en el TC.
Opiniones y cambios
El exministro de Educación y sociólogo, Nicolás Lynch, en su artículo “La derecha peruana: de la hegemonía a la crisis (1990-2020)”, plantea el origen y el desarrollo de la derecha peruana como una derecha neoliberal. “En un primer momento, con el fujimorismo se trató de una derecha autoritaria, y en una segunda etapa, de una derecha que mantiene la continuidad del modelo, pero que transita a la democracia. Sin embargo, es una transición inacabada, ya que la continuidad neoliberal promueve una democracia limitada administrada por tecnócratas. Los escándalos de corrupción de los últimos años revelan el agotamiento de este modelo”. El periodista César Hildebrandt señala que “Nosotros somos los únicos que tenemos una derecha tan burra, cerrada, ensimismada en sus goces que no quiere cambiar la Constitución de 1993, la cual debe ser reformada porque el mundo ha evolucionado, panorama que no comprenden los partidos políticos de derecha”. Dos visiones de lo que significa la derecha actualmente en Perú, que no comprende que se requiere de una carta magna más inclusiva, socialmente igualitaria, que no solo genere riqueza al gran empresariado, sino que esta se distribuya de manera equitativa para lograr un desarrollo sostenido.
Por ejemplo, es necesario modificar el Capítulo Económico, de tal manera que el Estado tenga un rol más activo en el desarrollo socioeconómico del país, no puede ser un ente casi inexistente, ausente de los temas esenciales, que deja que el libre mercado determine todo (modelo neoliberal) y que el sector privado tenga todos los privilegios y concesiones, casi como un ser intocable, en los últimos 30 años. Esas prebendas son consecuencia de esta Constitución instaurada durante la dictadura de Fujimori, que con tal de atraer a los inversionistas promovió una serie de exoneraciones tributarias a las empresas (que se mantienen hasta hoy), vendió las compañías del Estado -varias estratégicas- a precios irrisorios bajo el argumento de que eran deficitarias, se fomentó una terrible corrupción, se agudizó el desempleo, la informalidad y la pobreza. Es por ello que la Constitución debe adecuarse a los nuevos tiempos, porque las demandas ciudadanas por mejoras económicas, por ser parte de este Estado que los ha olvidado e invisibilizado, son cada vez más urgentes. En el país vecino de Chile ya se redacta un nuevo estatuto tras dos años de convulsión política, pues la Carta Magna de 1980, gestada en la dictadura de Augusto Pinochet, perdió vigencia y la clase política consideró vital tener un nuevo documento que conduzca sus destinos. ¿Por qué en Perú no se puede hacer algo similar?
Actos deshonestos
En las tres últimas décadas hemos visto cuál ha sido el comportamiento de la derecha empresarial y los partidos políticos que los han apoyado para concretar sus intereses, sus objetivos siempre han sido obtener el poder y mantenerse allí el tiempo que sea necesario para consumar sus apetitos y codicias. Para ello no han escatimado esfuerzos de tipo económico para financiar campañas políticas, entregando maletas con miles de dólares y así lograr que “su candidato (a)” gane las elecciones (aunque en los últimos procesos el tiro les ha salido por la culata). Para ello han tenido como aliados a los medios de comunicación más poderosos e influyentes del país, que en aras de mantener el modelo económico y defender su statu quo, no han reparado en destruir al contrincante con medias verdades o noticias falsas, sin importar pisotear sus propios principios rectores. También hemos sido testigos de cómo gran parte de esta derecha empresarial y política cayeron en las garras de la corrupción, desde la década del 90 hasta revelarse el caso Odebrecht, que involucra a varios expresidentes de la República, quienes habrían recibido millonarios sobornos para entregar las obras públicas a la constructora brasileña. Así se ha conducido la derecha peruana en los últimos 30 años, en medio de sombras y caminos sinuosos, casi siempre ligados a actos de deshonestidad, inmoralidad e indecencia.
El constitucionalista Pedro Grandez señala que el Congreso busca el choque con el Ejecutivo y no quiere dejarlo gobernar, lo cual plantea un horizonte complejo en estos años y meses que vendrán. Lo que queda claro es que hay un sector golpista dentro del Legislativo, que no acepta al Gobierno del presidente Castillo, por ello el riesgo de vacancia presidencial está instalado desde el primer día. Estos parlamentarios golpistas están en consonancia con grupos de poder económico que claramente conspiran contra el régimen. Si bien Castillo ha incurrido en errores puntuales de gestión desde sus inicios, como la designación de Guido Bellido en el premierato, o la de algunos ministros con pasados tormentosos, tampoco es válido ni oportuno ir por el camino de la vacancia. El Congreso no se jugará tan temprano una bala de este calibre y seguramente dará el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez. Pero sí esperará el momento oportuno para desenvainar la espada y poner en jaque al presidente. En política no hay coincidencias y todo puede pasar.
Oportuna reflexión
Antes de terminar este artículo, les dejo una reflexión importante que el sociólogo Sinesio López Jiménez escribió en su blog sobre la derecha. “En el Perú no existen investigaciones históricas y empíricas que ayuden a definirla mejor. La peruana es una derecha difusa, borrosa, sin perfiles claros. Ella alberga a conservadores y a reaccionarios, a los defensores de la tradición y del statu quo, a los promotores del autoritarismo (la mano dura) y a los arribistas de toda laya. Los mueve el miedo a los otros que pueden desbordarlos (los indios, los cholos, los amazónicos). Prefieren el orden al cambio y a la libertad. Son elitistas y están contra toda participación de las masas. Son partidarios de la versión extrema del neoliberalismo (sólo mercado y nada de Estado, exportación primaria sin industrialización, apertura total al libre comercio sin protección de los intereses nacionales, autorregulación del mercado sin protección de la sociedad, libre movimiento de capitales sin regulación, explotación del trabajo sin derechos del trabajador, puro goteo y nada de distribución equitativa)”.
(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación.
