Todo empezó en Trujillo, cuando a fines de enero de este año la Fiscalía Especializada Corporativa contra la Criminalidad Organizada dispuso la investigación preliminar, por ocho meses, contra la presunta organización denominada “Hermandad del norte”, que de acuerdo a las declaraciones del colaborador eficaz FPCLL15012016, sería liderada por los hermanos Sánchez Coronel. En aquella disposición, como en las posteriores, no se precisó quiénes eran los presuntos integrantes.

Chiclayo se ha convertido en la capital de las organizaciones criminales, al menos eso es lo que el Ministerio Público procura demostrar. En los últimos cinco años son varias las presuntas redes delictivas que investigaciones nacidas a partir de los dichos de colaboradores eficaces y testigos clave han ido desbaratándose.

Este año cayeron los presuntos integrantes de los “Sicarios del norte” y los de la banda de Carlos Mimbela Cabrera, alias “Gordo Calín”; en el 2015 la mira del Ministerio Público apuntó a la supuesta red denominada “Los wachiturros”, cuyo foco de acción habría sido la Empresa Agroindustrial Tumán; y también sobre “Los intelectuales de Lambayeque”, que operaban en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

En el 2014 se desarticuló a la presunta organización “Los limpios de la corrupción”, en el 2013 al “Nuevo clan del norte” y en el 2012 a “La gran familia”, de Ángel León Arévalo, alias “Viejo Paco”, y a la red extorsiva de José Luis Torres Saavedra, alias “El burro”.

En todos estos casos existen factores similares, como por ejemplo que parte de los colaboradores eficaces son reos en cárcel, algunos ya sentenciados por delitos como extorsión u homicidio, o que las investigaciones han pasado por las manos del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, quien desde mayo de este año tiene a su cargo la Fiscalía Contra el Crimen Organizado en Chiclayo.

LA NUEVA ORGANIZACIÓN

Precisamente desde la Fiscalía Contra el Crimen Organizado se recurrió al Poder Judicial para solicitar la detención preliminar por 15 días, allanamiento, descerraje, incautación y registro domiciliario, y autorización para visualización de la información en los teléfonos celulares, chips, laptops y/o tablets a incautarse a los presuntos integrantes de la organización “Hermandad del norte” y otra denominada “Los empresarios del norte”, sumando a un total de 35 involucrados.

El requerimiento del fiscal fue acogido por la titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Mary Núñez Cortijo, quien con Resolución N° 1, del Expediente 05972-2016-26-1706-JR-PE-07, del 2 de noviembre pasado, autorizó las diligencias.

Entonces, la orden de captura se emitió contra los hermanos Epifanio, Hernán, Santos y Rodil Sánchez Coronel; Yelisthin Sánchez Tello, Cela Vásquez Cabrera, Alejandro Goicochea Vega, John Díaz Ponce, José Zambrano Huamán, Ángel Barrantes Vílchez, Javier Gil Contreras y Noé Verona Medianero.

También contra los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano, Alexander Siesquén Sampén, Wilson Huamán Servián, Joseph Salazar Silva, Fulgencio Rivera Maza, Heraclides Arenas Delgado, Fredy Mejía Vega, Óscar Bustamante Idrogo, Alfredo Coro Arbildo, Errol Santisteban Chávez, Segundo Torres Quevedo, Emilio Bruno Zapata, Alberto Gonzales Gonzales, Silvia Francia Sánchez, Emérita Benavides Julca, Walter Rodas Gallardo, Mary Fernández Ugaz, los hermanos Hebert y Ángel Mosquera Pérez, Osiel Benavides Julca, Víctor Paiva Llenque y Wilmer Zegarra Bonilla.

De los 35 imputados por el Ministerio Público, 16 fueron capturados en el megaoperativo que se realizó la madrugada del jueves 3, en el que participaron 320 efectivos de la Policía Nacional y 34 fiscales.

LAS IMPUTACIONES

La Fiscalía dio a conocer al Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo que la Policía Nacional, con Informe N° 108-2016 del Departamento de Investigación Criminal, emitido el 28 de octubre pasado, se obtuvo información sobre los hechos delictivos de la organización “La hermandad del norte”, cuyos cabecillas serían los hermanos Hernán y Santos Sánchez Coronel, y la organización “Los empresarios del norte”, presuntamente liderada por Jhon Díaz Ponce, que se habrían formado entre los años 2011 o 2012, dedicándose a extorsiones, robo agravado, sicariato, homicidios calificados y otros delitos. Esto se aseveró recogiendo lo declarado por un colaborador eficaz, quien asegura haber participado de estos hechos.

Para elaborar su tesis, el Ministerio Público ha valorado las versiones de cinco colaboradores eficaces y siete testigos clave, quienes dieron alcances de la posible participación de hasta 50 personas en las operaciones de ambas organizaciones, las mismas que habrían tenido funciones específicas.

Según lo indicado por uno de los colaboradores del Ministerio Público, las organizaciones se dedicaron inicialmente al “chalequeo” de empresas, y luego a las extorsiones en el sector transportes, para desde el 2013 ocuparse de asesinatos por encargo.

PRESUNTAS VÍCTIMAS

El Ministerio Público sostiene que ambas organizaciones habrían planificado y ejecutado el asesinato de Nelson Torres Mera, ocurrido en febrero de este año, y de Luis Cieza Herrera, entonces supervisor del equipo de auditores de la SUNAT en Chiclayo, Teodosia Flores Vásquez, Ángel Álvarez Guevara, Hugo Sánchez Calderón y Manuel Gallardo Molina, en el 2015.

Asimismo, la muerte de Sotero Villalobos Cabanillas y Damián Custodio Palacios, en el 2014, y de Carlos Musayón Sandoval, en el 2012.

EL SEGUIMIENTO

De acuerdo al expediente de la investigación, cuando en enero desde Trujillo se dispuso el inicio de la investigación preliminar a la organización “Hermandad del norte”, también se autorizó la videovigilancia de los investigados respecto de las actividades que realizaban en la vía pública, así como en los exteriores de sus viviendas, también por un período de ocho meses, encargándose dichas diligencias a la jefatura de la Región Policial Norte de La Libertad, de acuerdo a lo autorizado por el fiscal William Rabanal Palacios.

El 20 de mayo la fiscal coordinadora de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de La Libertad, Magdalena Cisterna Burga, dispuso derivar el caso, con Carpeta N° 2306015600-2016-6-0, al despacho recién implementado en Chiclayo.

Cisterna Burga remitió la carpeta conteniendo 91 hojas, un tomo auxiliar de dos folios, un cuaderno de intervención de las comunicaciones con 41 páginas, dos cuadernos de colaborador eficaz (uno de 249 hojas y otro de seis), un sobre lacrado con bienes incautados y dos sobres lacrados con datos identificatorios del colaborador.

Días después, le fue entregada también la carpeta fiscal N° 5344-2015, referida al asesinato de Luis Cieza Herrera, que hasta ese momento investigaba la fiscal Tania Bravo Vigo, de la Segunda Fiscalía Penal de Chiclayo.

Asumida la investigación a la organización “Hermandad del norte”, los procedimientos fueron asignados al fiscal Germán Montero Ugaz, adjunto de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Chiclayo, quien inició las gestiones para determinar la vinculación entre los integrantes de la presunta red y el asesinato del exauditor de la SUNAT.

Así, el Ministerio Público cruzó información con el RENIEC y EsSalud, a fin de conocer quiénes accedieron a la ficha de identidad de Luis Cieza Herrera entre enero del 2014 y diciembre del 2015, debido a que el Poder Judicial sentenció este año a Paolo Pérez Caipo y Ayrton Ushñahua García, quienes confesaron haber realizado reglaje desde marzo del año pasado al servidor de la SUNAT con el propósito de victimarlo, y que para su plena identificación se valieron de una ficha registral.

En septiembre, la fiscalía cruzó información por el Departamento de Investigación Criminal de Chiclayo a fin de recabar las grabaciones de radio escucha que vinculen con hechos delictivos a un total de 46 personas, presuntamente vinculadas a la “Hermandad del norte”, asimismo para que se determine en qué otras investigaciones podían estar inmersas tanto en Chiclayo, Lima, Trujillo, Piura y Jaén.

INFORME POLICIAL

El Ministerio Público investigaba a Carlos Roncal Miñano, Ernesto Flores Vílchez y otros personajes vinculados a la empresa Agropucalá por lavado de activos en atención a una denuncia presentada por el hoy prófugo abogado Wilfredo Chero Villegas, cuando este se desempeñaba como gerente legal de la azucarera.

Como parte de la investigación, desarrollada por la fiscal Judit Pinto Zavalaga, se requirió a la SUNAT audite la información financiera y contable de los denunciados. En el caso de Roncal Miñano, la auditoría ejecutada entre abril y junio del 2015 estuvo a cargo de los funcionarios Martín Vargas Flores y Mario Pastor Fernández, quienes determinaron que el empresario debía pagar aproximadamente 600 mil soles a la entidad para regularizar su situación tributaria correspondiente a los años 2013 y 2014. El pago de las obligaciones se realizó antes de junio del año pasado.

En tanto, la auditoría a Ernesto Flores Vílchez y sus empresas sí estuvo a cargo de Luis Cieza Herrera, cuya muerte constituye para la policía y la fiscalía el hecho de vinculación entre los hermanos Roncal Miñano y las organizaciones delictivas desarticuladas.

El informe policial, elaborado por la sección de Investigación de Homicidios y que sirvió de base para el requerimiento fiscal a la jueza Núñez Cortijo, fue enviado al despacho de Carrasco Millones el 28 de octubre pasado, acompañado del Oficio N° 9814-2016, firmado por el comandante Néstor Arrascue Camus, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Chiclayo.

El fiscal Montero Ugaz había solicitado a mediados de julio que la Policía Nacional realice los actos de investigación para corroborar lo dicho por el colaborador eficaz FPCLL1502016, a partir de quien nace la investigación dispuesta en enero pasado en Trujillo.

MUERTE DE CIEZA

Según este colaborador, en marzo del año pasado, los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano habrían solicitado los servicios de los hermanos Sánchez Coronel, sindicados como líderes de la “Hermandad del norte”, para asesinar a Luis Cieza Herrera. Para dicha acción, por intermediarios, habrían tomado los servicios de Paolo Pérez Caipo y Ayrton Ushñahua García.

De acuerdo a lo señalado por los colaboradores, tras el fallido intento de marzo, que terminó con la captura de Pérez Caipo y Ayrton Ushñahua, se habría buscado hasta en dos oportunidades más el asesinato de Cieza Herrera, quien finalmente fue victimado el 23 de diciembre del 2015 por Joseph Salazar Silva y Fulgencio Rivera Maza.

Para la comisión del crimen, los sicarios tuvieron acceso a una ficha RENIEC del auditor, la que habría sido proporcionada por Hugo Santín Lamadrid, trabajador del Banco de la Nacional de la agencia distrital de La Victoria.

De acuerdo al reporte alcanzado por el RENIEC a la fiscalía, desde el Banco de la Nación se hicieron dos consultas de la ficha de Cieza Herrera, una el 16 de marzo y la otra el 6 de mayo del 2015.

En el informe, la policía también elabora sus hipótesis, en base a lo dicho por los colaboradores, sobre las muertes de Sotero Santa Cruz Cabanillas, Teodosia Flores Vásquez, Ángel Álvarez Guevara, Hugo Sánchez Calderón, Manuel Gallardo Molina, Carlos Musayón Sandoval, Damián Custodio Palacios, Nelson Torres Mera, Santos Hernández Longa, Fermín Cruz Horna, Edón Carlos Heredia.

A la “Hermandad del Norte” y a los “Empresarios del norte”, se les atribuye también el intento de homicidio en agravio de Pablo Díaz Cieza, Rodolfo Garrido Dioses, Tito Arteta Alania, John Cornetero Guzmán, y la extorsión a María Fernández Montoya, a la agrupación musical Matices, a Ronald Cotrina Mendoza, y otros ilícitos más. 

Mientras que OCI observó reparto y pago publicitario, regidores cuestionan gasto mensual de 6 mil soles en abogados para desarrollar defensa externa, cuando ente recaudador cuenta con una Oficina de Asuntos Legales y dos profesionales en derecho.

Ante la presunción que en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, se le estaría dando mal uso a los dineros destinados para la promoción publicitaria de orientación y educación a los administrados de la provincia de Chiclayo, así como a las campañas publicitarias mensuales, seis regidores de la Municipalidad de Chiclayo solicitaron se les haga entrega de copias de los contratos de publicidad, planes de medio, así como del plan anual de marketing.

Pero eso no es todo. Ante el conocimiento que desde el año 2015,  en el ente recaudador se hace un gasto mensual de seis mil soles por concepto de pago de asesor legal, los fiscalizadores no encuentran una explicación y razón por la cual existen dos personas en una jefatura o área de Asesoría Legal del CGT, ganando jugosos sueldos cuando para enfrentar o desarrollar un proceso tienen que contratar y pagar a abogados de fuera.

De acuerdo al expediente signado con el N° 2016028506,  por mesa de partes del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo bajo la responsabilidad de Jenny Valiente Vásquez, ingresado a las 2:19 de la tarde del pasado tres de noviembre, los regidores Guillermo Segura Díaz, Liliana Barrantes Piscoya, Laura Irene Hernández Gonzales, César Torres Gálvez, César Edgardo Sisniegas Vergara y Víctor Raúl Rojas Díaz, solicitan al jefe del ente recaudador Nilton César Monje Sampén, copia de todos los contratos de publicidad escrita, radial y televisiva, suscritos por el ente recaudador y terceros, que pueden ser personas naturales y jurídicas.

También han requerido que tanto Nilton Monje Sampén y la persona responsable de llevar y mantener la imagen de la institución y las relaciones públicas, sustente con antecedentes las razones y motivos administrativos y de necesidad  que dieron origen a la contratación de la publicidad con personas naturales y jurídicas, desde el primero de marzo del año 2015 hasta la actualidad.

CONTROL INTERNO

La petición sobre los contratos y los antecedentes publicitarios, interesó a los regidores luego que a sus manos llegara el oficio N° 02-013-000000040-2016 del jefe de la Oficina de Control Interno -OCI, Robert Vargas Tepe,  quien se dirige a Nilton César Monje Sampén y le hace conocer que al revisar la Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad estatal, se ha detectado valores de riesgo y recomienda disponer de acciones preventivas que estime pertinentes, las cuales deben ser comunicadas en un plazo de diez  días hábiles.

LAS ALERTAS

En el anexo del oficio antes descrito, Robert Vargas Tepe hace conocer a Nilton Monje Sampén que en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT- se cuenta con un documento denominado “Plan de Publicidad” de la Oficina de Imagen Institucional 2016, que contiene en forma general sólo un cronograma de actividades y la indicación de las partidas presupuestales para la contratación de los servicios y adquisición de materiales para fines de difusión.

Sin embargo –señala- en su observación el responsable de la Oficina de Control Institucional hace conocer que no se evidencia que el referido documento haya sido formalmente aprobado, ni que dicho plan se encuentre alineado a los objetivos y metas del Pan Estratégico y Plan de Operaciones del CGT.

Asimismo, carece de la descripción y justificación de las campañas que se van a realizar, y de la justificación técnica para la selección de medios de difusión.

De igual manera, Robert Vargas le hace conocer a Nilton Monje que a la fecha el CGT no viene cumpliendo con publicar los contratos de publicidad en el portal web, tampoco se informa a la Oficina de Control Institucional las razones por las que se contrató con tal o cual medio de comunicación y difusión, y mucho menos se hace conocer los resultados la evaluación de los resultados de la publicidad tal y como lo dispone la Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad estatal.

El vigilante de los dineros del Estado concluye en su misiva que en todo ello, existe riesgo e inobservancia a la normativa que regula la publicidad estatal.

La misiva N° 02-013-000000040-2016 del jefe de la Oficina de Control Interno, Robert Vargas Tepe,  hacia el jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, Nilton César Monje Sampén, fue enviada el 15 de abril pasado; y en su parte resolutiva Robert Vargas Tepe le recomendaba valorar los riesgos descritos y le sugería disponer las acciones preventivas, las cuales debieron haber sido comunicadas o resueltas en un plazo no mayor de 10 días hábiles; es decir, que las observaciones debieron haber sido levantadas a más tardar el 29 de abril, y puestas en conocimiento de la Oficina de Control Interno, mediante informe, a más tardar el 2 de mayo del presente año.

EN CUATRO MESES

El lunes 18 de abril Nilton Monje hace llegar el memorando N° 01-012- 000000179 a Lucila María Ganoza Ubillús, quien se desempeña como gerente de administración del CGT, pero a la vez es responsable de Imagen Institucional del CGT, e indica que tiene que subsanar observaciones realizada por la Oficina de Control Institucional del CGT al Plan de Publicidad de la Oficina de Imagen Institucional 2016.

Además, le otorga un plazo de 8 días hábiles de recibido el presente documento para que cumpla con levantar las observaciones y sea elevado a la Oficina de Control Institucional, por existir riesgo e inobservancia a la normativa que regula la publicidad estatal.

Sin embargo, tras cuatro meses y medio, para ser exacto, el 26 de agosto último, la gerente de administración quien también es la jefa de la Oficina de Imagen Institucional, Lucila María Ganoza Ubillús, recién emite el informe N° 01.1-0010-00000035-2016 a Nilton Monje Sampén, en donde señala que ha levantado las observaciones en el Plan de  Estrategia Publicitaria 2016.

EXTRAÑO SILENCIO

Lo más preocupante, es que a pesar de haber impuesto un plazo de 10 días hábiles tal y como lo estable la Ley para subsanar observaciones o entregar información de carácter público, el jefe de la Oficina de Control Interno del CGT, Robert Vargas Tepe, no haya actuado de oficio por la negativa por parte de los funcionarios del ente recaudador, y haya tenido que dar cuenta a la Contraloría General de la República para que se tomen las acciones pertinentes.     

De igual manera, para el mes de diciembre no solamente está aprobado el gasto publicitario, sino que ya está elaborado y aprobado el informe de medios en donde se publicitará, lo cual llama la atención de los regidores porque en el CGT no se estaría respetando la Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad estatal, y siguen en su actitud de dar vida al riesgo e inobservancia a la normativa que regula la publicidad estatal, pero causa suspicacia que Control Interno no haya actuado en forma inmediata conforme a sus facultades.

EN ASESOR LEGAL

En la carta  de código L201-2016, los regidores también solicitan copia de todos los contratos por concepto de asesoría  legal suscritos por el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo y terceros como personas naturales y jurídicas, así como la totalidad de antecedentes (informes) que dieron origen a la contratación desde el primero de julio del año 2016, hasta la actualidad.

Llama la suspicacia de los regidores que se contraten abogados externos, cuando en el CGT existen muchos hombres y mujeres de leyes que fácilmente pueden asumir funciones de acción y defensa del ente recaudador. En la actualidad –señalan- en el CGT existe la Oficina de Asuntos Legales bajo la jefatura de Yuri Gali Díaz Cajo, quien tiene como asistente a la abogada Elita Marita Bonilla Terán, con sueldos que no son nada despreciables.    

Ante ello, los fiscalizadores han solicitado a Nilton Monje Sampén entregue copia de los documentos de requerimiento de asesores externos por parte del área correspondiente.

De igual manera, se pide se informe si se ha contratado o se encuentra en proyecto contratar el servicio de asesoría legal externa durante lo que resta del año, adicionales a los dos abogados externos con los que ya cuenta el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.

Además, también se ha solicitado se informe el gasto que mensualmente se hace por concepto de asesoría externa, teniéndose entendido que a cada abogado externo, entre ellos María M. Effio Arroyo, se les paga la suma de tres mil soles mensuales, acción ilógica cuando existe una Oficina de Asuntos Legales con dos abogados, listos, capacitados y preparados, dispuestos a accionar y defender al ente recaudador.  

DESDE EL 2015

Sin embargo, tras la formulación del pedido de entrega documentaria, los fiscalizadores de la comuna de Chiclayo – según hicieron conocer- fueron alertados que en el CGT se cuenta con asesoría legal externa desde el año 2015, los que le cuestan al ente recaudador un pago de seis mil soles mensuales, para enfrentar los procesos judiciales que el ex SATCH tiene de modo activo y pasivo.

Las acciones de gasto extra de dinero salió a la luz cuando Yuri Díaz Cajo, jefe de la Oficina de Asuntos Legales, hizo público el informe N° 0013-2016 del último 22 de agosto, de la asesora legal externa, María Effio Arroyo, hace conocer sobre los procesos constitucionales que se encuentran a su cargo desde el mes de mayo hasta agosto del presente año, y en los cuales se tiene como demandante al ciudadano Víctor Luna Victoria Menacho.

Según el informe antes descrito que luego la abogada María Effio Arroyo le da la connotación de carta, sostiene que en sólo tres meses se han interpuesto siete procesos constitucionales contra el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, de los cuales  expresa su preocupación por tales expedientes los que han sido generados por retraso en la contestación, respecto a solicitudes de información.

Además, como queriendo proteger a Yuri Díaz, la asesora legal externa del CGT en temas legales, le pide a Yuri Díaz Cajo que informe a las áreas responsables de brindar accesos a la información, a fin de que informen por qué no se está respondiendo en los plazos establecidos en la normativa, puesto que dicho incumplimiento le ha significado al CGT la apertura de siete procesos judiciales, los cuales están acarreando a que se sigan interponiendo más procesos de Habeas Data”.

Advierte –también- que a la larga está trayendo como consecuencia que el CGT se vea envuelta en procesos constitucionales, gastos económicos  en el pago de costos y costas, sumado a ello a una mala reputación de ineficacia y violación al derecho de acceso a la información pública.

De igual manera, pide que lo informado por su persona al área de asesoría jurídica sea puesto en conocimiento a las oficinas y responsables relacionados, a las áreas cuestionadas a fin de evitar más procesos constitucionales como el caso del expediente 908-2016 por Habeas Data.

Control Interno hizo varias observaciones a construcción de segundo en gerencia regional, pero jefe de ese entonces no habría tomado importancia a la sanción  

El ex Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones, Miguel Ángel Paz Vélez, salvó

de ser sancionados y denunciados administrativamente, debido a que los responsables de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, no actuaron dentro de los plazos que dispone la Ley para sancionar. Debido al tiempo transcurrido, la acción disciplinaria fue declarada prescrita, quedando el funcionario exonerado de todo tipo de responsabilidad.

De acuerdo a la resolución gerencial general N° 128-2016-GR-LAMB/GGR del 28 de octubre último, firmada por el Gerente General Regional, Francisco Gayoso Zevallos, la acción disciplinaria sancionadora en contra del ex Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lambayeque, Miguel Ángel Paz Vélez, se inició desde el 18 de abril del año 2011, cuando el jefe de la Oficina de Control Institucional Regional, Jorge Sabroso Ambulodegui, remitió a Paz Vélez, mediante oficio N° 085-2011-GR-LA;B/DRTC-OCI, el informe N° 001-2011-GR-LA;B/DRTC-OCI, examen especial de Construcción del Segundo Nivel de las Oficinas de la Dirección Regional de Transportes y comunicaciones de Lambayeque, donde le daba cuenta de algunas observaciones realizadas a la obra.

Sin embargo, mediante memorando N° 0288-2011-DR del 20 de abril del 2011, y el oficio N° 082-2011-GRTC-DECT, Paz Vélez traslada al presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Lambayeque, el informe de la Oficina de Control Interno -OCI, pero es el caso que la mencionada comisión, el 5 de diciembre del 2011, comunica los resultados de la evaluación con referencia a la construcción antes descrita, acordando por unanimidad recomendar la apertura del proceso administrativo a los servidores involucrados.    

Sin embargo, mediante oficio N° 054-2014-GR.LAMB/GRTC-OEIC, del 15 de abril del 2014, el jefe de la Oficina Ejecutiva de Control Institucional, advierte actuaciones irregulares y omisión de deberes funcionales por parte de Miguel Paz Vélez, al estar permitiendo que el proceso a los servidores responsables no se apertura y prescriba por el tiempo transcurrido.

SE SALVARON

Es el caso que el 13 de mayo del 2015, mediante oficio N° 36-2014 GR- LAMB, William Mendoza Aurazo, en calidad de nuevo Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones, pone en conocimiento del presidente regional Humberto Acuña, Peralta los resultados de la investigación a la obra antes descrita, y que el tiempo para desarrollar la investigación contra los servidores responsables había prescrito, y que agotamiento de la fecha era por omisión del anterior gerente regional de Transportes y Comunicaciones; es decir, de Miguel Ángel Paz Vélez.

Es así que mediante oficio N° 403-2014-GR-LAMB-PR, del 14 de mayo del 2014, se remite los actuados prescritos y tras una evaluación de los documentos, se dispone abrir Proceso Administrativo Disciplinario contra Miguel Ángel Paz Vélez, por presuntamente haber permitido que hayan prescrito los actos cometidos por los funcionarios públicos que participaron en la construcción del segundo piso de la sede regional de Transportes y Comunicaciones.

EL PROCESO

Conforme al registro del Proceso Administrativo Disciplinarios, el 3 de marzo del 2015 el Dr. Víctor Torres Anaya, Gerente Regional de Salud, y presidente de la Comisión  de Procesos Administrativo Disciplinarios N° 04, mediante oficio N° 00626-2015-GR.LAMB/GERESA, remitió los actuados al  Secretario Técnico del Procedimiento Sancionador, Jorge Rojas Córdova, con la finalidad de dar cumplimiento a lo indicado por la disposición Transitoria Única de la Directiva N° 1-2015-GR.LAMB, de sancionar administrativamente a los que resulten responsables.

De igual manera, éste emite informe N° 059-2015-GR-LAMB/STPAD-SR del 10 de setiembre del 2015, quien señala que habiendo evaluado los hechos concluye que existen elementos suficientes que revelan una presunta responsabilidad administrativa por parte del ex funcionario Miguel Ángel Paz Vélez, por lo que recomienda el inicio del proceso administrativo disciplinario de manera inmediata.

Sin embargo y de acuerdo al análisis desarrollado por la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, contenido en el informe Técnico  N° 50-2016-GR.LAMB/STPAD, se ha tenido en cuenta en hacer conocer y alertar que los hechos se habrían advertido por las actuaciones irregulares u omisión de deberes funcionales por parte de Miguel Paz Vélez, hechos que habían sido identificados mediante el oficio N° 054-2014-GR.LAMB/GRTC-OECI, pero no hubo ninguna actuación para dar cumplimiento al proceso administrativo y a la sanción.

LA PRESCRIPCIÓN  

Sin embargo, debido al tiempo transcurrido en lo referente a plazos, se desprende que de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional N° 4059-2004-AA/TC, establece que el proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año, contando a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad.

Además, con referencia a lo establecido por el Tribunal Constitucional  y el informe legal emitido por Servir N° 197-2011, se señala como requisito que para determinar en qué momento ha prescrito la acción administrativa, se debe determinar en qué momento la autoridad competente tomó conocimiento de la falta disciplinaria y de la identidad del presunto infractor.

          
Asimismo, tras el debate los miembros de la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios declararon prescrita la acción administrativa a favor de Miguel Ángel Paz Vélez, en su calidad de ex Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones.

Además, en la presente resolución se dispone el inicio de las acciones indagatorias orientadas a deslindar responsabilidades a que hubiere lugar de los funcionarios o servidores públicos, que injustamente hayan dejado prescribir la acción administrativa en el presente caso, y pudiendo haber sancionado a los responsables. 

Sujeto que “colabora” con la Justicia puede decir la verdad, como que podría estar “comprado” o “sobornado” para incriminar a alguien o desviar la atención de algo o llevar por otro camino una situación legal.

“Con la premisa que se luche contra la criminalidad, no podemos abusar y vulnerar los derechos de los demás, acusándolos de formar parte de bandas organizadas y mientras se investiga o determina su grado de responsabilidad o si tendría algo que ver, se le envía 18 y hasta 36 meses a una prisión, para luego, en caso no hallarle responsabilidad, ni disculpas públicas darle por el error cometido”, sostuvo el Decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, Carlos Martínez Oblitas, con referencia al abuso del pedido de prisión preventiva que vienen desarrollando algunos fiscales, y por ende algunos jueces que no rebuscan en pruebas, y simplemente se lavan las manos ejecutando la petición de cárcel  por parte del representante del Ministerio Público.

Martínez Oblitas afirma ser un convencido que en la actualidad los peruanos, especialmente los lambayecanos estamos viviendo frente a un peligro permanente, tanto por parte de los fiscales como de los jueces. Los fiscales acusan a las personas, mucha veces sin fundamentos consistentes o simple y llanamente, porque un sujeto llamado Colaborador Eficaz enfila baterías de falsedades contra alguien que apenas o ni siquiera conoce, y los jueces, para no verse cuestionados por la prensa, no les importa si el acusado es culpable o inocente, lo envían a prisión.

El Decano de los hombres de leyes en la región se pronunció sobre los últimos acontecimientos ocurridos en Chiclayo, donde por la simple versión de una persona a la que llaman colaborador eficaz, sin nombre y sin rostro, proceden a detener o capturar a personas que tienen mucho arraigo en la región.

“Hace unos años atrás, los lambayecanos hemos sido testigos de la detención de un oficial de la policía, de un jefe policial, en su propia oficina, porque un sujeto presentado por el Ministerio Público como colaborador eficaz  lo sindicó de ser parte de una organización criminal, siendo enviado a una cárcel de máxima seguridad mientras es investigado, pero ha transcurrido el tiempo y no se le ha demostrado responsabilidad penal. ¿Quién le devuelve su honra, a él  y a su familia?, el daño moral causado, su imagen, su trabajo”, explicó el letrado.

GARANTÍA

Martínez Oblitas aclara no estar en contra del Ministerio Público y del Poder Judicial, pero como todo ciudadano conocedor de sus derechos exige que no se vulneren el derecho de las personas y se saque provecho de las facultades que el Estado le otorga a los fiscales y jueces para mantener el orden, el control y la seguridad ciudadana en el país.

Señala que la prisión preventiva es buena y funciona en todo el mundo, y  está dentro del marco del proceso penal. Es una forma de garantizar que quien está procesado o siendo investigado de un delito donde tiene responsabilidad penal, pueda concurrir permanente a la investigación para que ésta no se quiebre.

“Si una persona es investigada y el fiscal demuestre con  hechos formales los suficientes elementos de convicción o pruebas sustentables, entonces estamos hablando de una persona responsable de un delito penal que amerita estar internado en un penal mientras dura el periodo de investigación y el fiscal demuestre el grado de responsabilidad que ha podido tener”, señaló.

Sin embargo – aclara- si no existen elementos de convicción -como llama la fiscalía- suficientes y probados, que amerite la imposición de una pena superior a 4 años de cárcel, entonces no amerita estar detenido en una cárcel por el periodo que dura la investigación, sino que la investigación la puede enfrentar en libertad, pero los fiscales en su gran mayoría optan por pedir la prisión preventiva sin importarles que esa persona es un trabajador, un profesional, un padre de familia, lo cual constituye un grave daño ya que al momento de culminar el periodo de investigación puede salir libre.

“Quien le devuelve el tiempo que ha estado en la cárcel, el daño que le han causado, el haber perdido su trabajo, el que le hayan quitado su colegiatura profesional, el cargo que tuvo, el daño familiar. En la actualidad hay muchos fiscales que no ven eso y piden prisión para las personas sin ningún tipo de cargo de conciencia”, explicó.

USO Y ABUSO

La máxima autoridad de la orden profesional del Derecho en Lambayeque,  fue contundente en señalar que en el Perú tanto fiscales como jueces, están haciendo uso y abuso de las facultades que el Estado les ha otorgado para mantener el orden, control y la seguridad interna en el país.

“El abuso del poder está en los fiscales y jueces, los que arbitrariamente y en el mismo sentido, casi a todos los investigados los envían a la cárcel preventivamente, y sin tener los suficientes medios probatorias”, señaló.

Explica que los jueces se lavan las manos, y bajo la fachada de ser mejores jueces, mandan a la cárcel a cuanta persona el Ministerio Público le pone en su frente. Ellos –señala- se consideran ser mejores fiscales o jueces si a la cárcel envían a la mayor cantidad de personas que caen sus manos como denunciadas, perjudicando honras y nombres.

“En los últimos meses somos testigos que se ha dejado de lado la presunción de inocencia, derecho amparado por nuestra Carta Magna, y también en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que  toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”, sostuvo el Carlos Martínez.

Agrega, que antes que se pruebe el delito, existe la presunción de inocencia, pero en el Perú – detalla- a uno lo sentencian antes de ser investigado y procesado. Los jueces están más preocupados en actuar en función a lo que dice el periodismo, y no en la demostración de culpabilidad o inocencia del investigado o procesado.

“Los jueces sucumben a lo mediático, son miedosos, están más preocupados el que dirá la prensa y la opinión pública, antes darse cuenta si ordenan la detención de una persona responsable de un delito o de un inocente. El mal actuar  de jueces y fiscales está generando una situación de mucha zozobra en la sociedad”, puntualizó.

COLABORADORES EFICACES

El decano de la orden profesional es un convencido que la prisión preventiva es de última ratio –de último tramo-, y en los últimos meses el Poder Judicial a través de sus jueces, no están tomando en cuenta los presupuestos procesales para evitar que una persona sospechosa o investigada afronte su problema en libertad y bajo reglas de conducta.

“Hay personas que por ciertas razones tienen problemas con la justicia, pero el Poder Judicial no toma en cuenta que tiene trabajo y domicilio conocido, arraigo familiar, e igual mente los envían a prisión por el solo hecho de no ser cuestionados por la prensa”, señaló.  

Ahora bien – explica- para que una persona sea considerada un colaborador eficaz es necesario que cumpla ciertos requisitos, como por ejemplo que abandone voluntariamente sus actividades delictivas; es decir, que sea un delincuente que se arrepiente y que quiere contribuir con la justicia, pero en la mayoría de casos son sujetos que quieren evitar ir a la cárcel, y en su desesperación de salvarse de estar encerrado en una celda hacinada, dicen tontería y media contra otra persona, que muchas veces son mentiras.

“Otro requisito es que admita y no se contradiga en los hechos en que ha participado y revele los nombres de sus cómplices, señalando la función y el grado de participación de cada uno, pero al igual que el requisito anterior, aquí también hay sujetos que fantasean mucho”, mencionó Carlos Martínez.

El último requisito – detalla- es que el famoso colaborador eficaz se presente ante el fiscal mostrando disposición de proporcionar información eficaz; es decir, comprobable en el acto o dentro de los plazos más cortos, pero se da el caso que transcurren 18 meses y hasta más, y el fiscal no logra comprobar o demostrar lo dicho por el colaborador eficaz,  lo que a simple vista y por lógica jurídica hace notar que ese sujeto ha mentido con la única intención de no ir a la cárcel o hacer daño a una persona en particular.

DERECHO PENAL PREMIADO

Para el letrado, los colaboradores eficaces son parte de una figura legal que se utiliza para desbaratar bandas delictivas, descubrir o establecer la responsabilidad de una persona en un acto delictivo; todo esto es valedero, y en la actualidad en el Perú se le conoce como “derecho penal premiado”, porque el delincuente arrepentido, delata a sus cómplices o supuestos cómplices. Todos van a la cárcel, menos él, cuando también debe estar recluido por ser un delincuente.

El Nuevo Código Procesal Penal es garantista, lo que quiere decir que si la figura jurídica del Colaborador Eficaz es válido porque delata o colabora con la justicia para esclarecer un delito, eso no quiere decir que la sola expresión del sujeto pueda significar para el fiscal o el juez que existe una sola verdad y por lo tanto hay que detener y enviar a la cárcel a cuanta persona sea mencionada por el colaborador eficaz.

“La función del fiscal, quien es defensor de la legalidad; es decir, no solamente defiende al agraviado o denunciante, sino también al acusado, es contractar mediante una serie de pruebas si lo dicho o revelado por el colaborador eficaz es verdad, para determinar con legalidad y certeza si lo dicho por el sujeto contra otro es verdad o no”, añade Martínez Oblitas.

¿COMPRADO O SOBORNADO?

Los administradores de justicia tienen que tener mucho cuidado cuando recogen la versión o confesión de un colaborador eficaz, porque éste sujeto puede estar “comprado” o “sobornado” por otro con el objetivo de incriminar a alguien con la finalidad de desviar la atención de algo o llevar por otro camino una situación.

“La simple declaración de un colaborador eficaz no es una prueba plena y su dicho tiene que estar corroborado por el Ministerio Público y el mismo juez tiene que exigirle al fiscal que muestre y sustente las pruebas al momento que solicita la detención de una persona.

Es difícil confiar en un colaborador eficaz, porque no es más que un delincuente, pero arrepentido, que para evitar tener una condena y encerrado en la cárcel, puede incriminar a muchas personas. Es más, hasta puede ser sobornado para acusar a alguien, desviar una investigación o esconder las acciones de un verdadero culpable, o simplemente hacer daño a alguien por indicación”, explica el Carlos Martínez Oblitas.

ACUSETE

Para el Decanos del Colegio de Abogados de Lambayeque, muchas veces el Ministerio Público aparece como “acusete” en una sala penal o durante un proceso de prisión preventiva o de Investigación Preparatoria. Además, en algunos fiscales se desborda la incapacidad de aceptar y decir públicamente que una persona es inocente o que se equivocaron al pedir su detención.

“A muchos fiscales poco les importa cargar en su conciencia con un sentimiento de culpa y para lograr enviar a una persona a prisión o retenerla en ella, comienzan a crear una serie de historias sin fundamentos, solamente con supuestos”, detalló.

Aclara que el Ministerio Público está para defender la legalidad, pero parece que la desconocen porque en la actualidad tenemos bandas de 80 a 90 personas, lo cual resulta algo increíble.

“No podemos negar que existen bandas organizadas de delincuentes, pero no que la integran 60, 70, 80 ó 90 personas. Hay sujetos al margen de la Ley que actúan entre sí, pero que agrupen a tanta gente, resulta preocupante. Hay gente que es involucrada por el Ministerio Público tan sólo porque saludó a un investigado o porque éste lo llamó a su teléfono por algún trabajo, y vaya a ver las historias fantasiosas que los fiscales fabrican”, sostuvo.

Explica también que en las últimas noticias de índole policial en Chiclayo, se trata de incriminar a un trabajador del Banco de la Nación por el sólo hecho de haber entregado una ficha Reniec a un supuesto delincuente, cuando todos sabemos que obtener la ficha Reniec de una persona desconocida es algo muy sencillo, previo pago de una tasa.

La defensa legal del empresario Carlos Roncal Miñano, implicado en la investigación iniciada por la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR, apeló la decisión de la jueza Mary Núñez Cortijo, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, que dispuso el 2 de noviembre pasado la detención preliminar, allanamiento, descerraje e incautación contra los presuntos integrantes de las organizaciones “Hermandad del nortgge” y “Empresarios del norte”.

El lunes 7 ingresó al Poder Judicial la apelación presentada por el abogado Jovino Castillo Castillo, patrocinador del empresario azucarero Carlos Roncal Miñano, observando la Resolución N° 1 del Expediente N° 05972-2016-26-1706-JR-PE-07, de la jueza Núñez Cortijo, a fin que la sala superior penal analice si con su decisión la magistrada incurrió o no en flagrante violación de los derechos de su defendido, y de ser así mande revocar los efectos de la resolución, entre ellos la detención preliminar, las órdenes de captura a nivel nacional y las medidas de allanamiento, descerraje e incautación.

Según el abogado, la resolución de la jueza Núñez Cortijo presenta una serie de errores que no solo vulneran el debido proceso en perjuicio de los empresarios investigados, sino que además podría representar la comisión de ilícitos como el prevaricato, al invocar normas derogadas para validar la severidad del mandato de detención preliminar fijado para este caso.

“La juez ha violado flagrantemente la garantía fundamental de la motivación de las resoluciones judiciales tratándose de la privación de la libertad prevista en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Penal, pues en ninguna parte de la resolución impugnada aparece la razón por la que ha implementado tan gravosa medida para fines de investigación preliminar, por lo que la misma resulta arbitraria”, explica Castillo Castillo.

Añade que la magistrada del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo también habría incurrido en arbitrariedad, y por lo tanto en nulidad absoluta subsumible, al afectar la libertad individual de Roncal Miñano disponiendo su detención preliminar por 15 días recurriendo a la Ley N° 27379, norma que se encuentra derogada, lo que incluso puede tipificarse como prevaricato.

SIN MOTIVACIÓN

Para Castillo Castillo, que en las 18 páginas de su resolución la jueza no exponga las razones por las que ordenó la detención preliminar de los presuntos integrantes de las supuestas organizaciones criminales trasgrede el marco jurídico vigente.

“La obligatoriedad de motivar en tanto un precepto constitucional, representa un principio jurídico político de controlabilidad , pero además el Tribunal Constitucional afirma constantemente que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende obtener una resolución fundada en derecho congruente”, señala el abogado, quien precisa – de acuerdo a lo que señala el investigador José Castillo Alva, “la exigencia de la motivación de las decisiones judiciales y más aun tratándose de la libertad de un ser humano, pretende sobreponer la voluntad y el poder del juez al sometimiento de la ley, por lo que su fundamento reside en someter al juez a la justificación de sus decisiones judiciales racionalizando el ejercicio de sus atribuciones”.

Anota que el Artículo 2, numeral 24, parágrafo ‘f’ y el inciso 5 del Artículo 139 de la Constitución Política son claros en señalar la obligatoriedad de motivar la decisión judicial que la dispone, pues “nadie puede ser privado de su libertad sino por mandato escrito y motivado del juez.

Menciona también que el Artículo 262 del Código Procesal Penal establece el deber fundamental del juez de la motivación del auto de detención, pues sostiene que este debe contener además de los datos del imputado la exposición sucinta de los hechos objeto de imputación (imputación mínima o necesaria), los fundamentos de hecho y de derecho, con mención expresa de las normas aplicables.

OMISIONES

“En el caso materia de impugnación la juez no ha cumplido en lo mínimo con el deber de motivación, pues no establece de modo alguno en qué consiste la imputación necesaria por la que se dispone la detención preliminar, pues solo existe la referencia a lo que el Ministerio Público señala. Tampoco establece de modo alguno cuál sería la imputación específica para poder determinar la razonabilidad de la medida respecto a mi patrocinado, pues solo hace el señalamiento genérico de la existencia de dos organizaciones criminales, sin fijar qué rol, función o acto determinado realizó”, expone Jovino Castillo.

Añade que la magistrada tampoco establece la necesidad urgente de la detención preliminar, máxime si la investigación preliminar data desde enero de este año. “Han transcurrido más de ocho meses, incluso ha sido llevada adelante sin intervención del investigado imposibilitando ejercer su defensa”.

“No establece en modo alguno el porqué de la durabilidad del plazo de 15 días, siendo este asunto además extraño, pues conforme a los Artículo 264, inciso 1, y 266, inciso 1 del Código Procesal Penal, es 24 horas prorrogable por siete días, previa audiencia y fundamentación ante el juez penal. En ninguna parte de la normatividad vigente se señala que sea de 15 días”, asevera.

LEY DEROGADA

Castillo Castillo precisa que en el tercer párrafo del considerando quinto de la Resolución N° 1, la jueza Mary Núñez Cortijo, hace referencia a la Ley N° 27379, Ley de Procedimiento para Adoptar Medidas Excepcionales de Limitación de Derechos en Investigaciones Preliminares, del 21 de diciembre del 2000, la misma que en su Artículo 2 establece el plazo de detención preliminar por 15 días, razón por la que ha dispuesto dicho plazo en su parte resolutiva.

“Como se sabe, la Ley N° 27379 tuvo vigencia a efectos de cubrir el vacío normativo relativo a la detención preliminar que producía el derogado Código de Procedimientos Penales de 1940, pues este no regulaba las medidas excepcionales como la detención preliminar, salvo lo que disponía la Constitución del Estado referido a la detención en flagrancia delictiva y la detención de casos excepcionales como el terrorismo, el espionaje y el delito de tráfico de drogas. Sin embargo, desde el 1 de abril del 2009, para el Distrito Judicial de Lambayeque se encuentra vigente en toda su magnitud el Código Procesal Penal, dejándose en consecuencia de aplicar toda norma procesal anterior, por vinculación directa del Artículo 103 de la Constitución Política y el Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Penal”, explica el abogado.

IRRETROACTIVIDAD

Precisa que el Artículo 103 de la Constitución Política contempla el principio de irretroactividad que incluye a las normas procesales penales, y este rige en todas las ramas del derecho porque en ellas tiene vigencia el principio de legalidad y su función de garantía de los derechos fundamentales de la persona. En consecuencia la irretroactividad de la ley tiene aplicación en el derecho procesal penal, y con esta el resto de las reglas del ámbito temporal de la ley que admite la carta política del Estado.

“La constitución señala que la irretroactividad de la ley tiene como fundamento al principio de legalidad, con el objeto de proteger los derechos fundamentales de la personas, en consecuencia es imposible sostener que sea aplicable al caso la Ley N° 27379. La ley procesal penal aplicable, tratándose de la fijación del juez competente o de normas de organización del proceso restrictivas de derechos fundamentales, es la del momento de realización del delito, porque es la mejor forma de permitir que el principio tempus regit actum cumpla con la función de garantía de la ley procesal penal de controlar el ejercicio de la potestad de castigar del Estado”, señala.

Jovino Castillo manifiesta también que según la resolución judicial se hace referencia de modo genérico a hechos que se han producido desde el 2010, tiempo en el que, para el caso del Distrito Judicial de Lambayeque, ya se encontraba vigente el Código Procesal Penal, por lo que la ley procesal penal aplicable es la del momento de la comisión de los presuntos hechos punibles.

“Sin embargo, la jueza Núñez Cortijo, sin ninguna justificación ha recurrido al Artículo 2 de la Ley N° 27379, violando la garantía constitucional y legal, por el contrario aplicó una ley procesal penal derogada, incurriendo en arbitrariedad, produciéndose el evidente agravio a mi patrocinado, al disponer la privación de su libertad sin motivación y aplicando una ley procesal penal derogada”, cuestiona. 

También por ocultar informes de gastos en gerencias y subgerencias por aniversario de Chiclayo, así como por la Coordinadora de Alcaldía, Susana Culqui, y Angelina Atoche Cuadros de Imagen Institucional.

Por negarse a entregar información de dominio público, sobre el trabajo y manejo de los dineros de todos los chiclayanos, seis regidores de la oposición interpusieron siete demandas de Habeas Data contra el alcalde David Cornejo Chinguel. La autoridad edil es acusada a nivel judicial de violar el Derecho de Petición y Acceso a la Información Pública, a la cual puede acceder cualquier persona.

De acuerdo a las acciones legales, los regidores Liliana Barrantes Piscoya, Laura Irene Hernández Gonzales, César Torres Gálvez, César Edgardo Sisniegas Vergara, Víctor Raúl Rojas Díaz y Guillermo Enrique Segura Díaz, junto a su abogado defensor, Víctor Luna Victoria Menacho llegaron el último siete de noviembre hasta las instalaciones del edificio donde despachan los juzgados civiles para denunciar al burgomaestre y a la Procuradora Pública Municipal, Karen Bustamante Sipión.

Los fiscalizadores ediles sustentan su demanda en que el día 19 de octubre, mediante carta L18’-2016, solicitaron al alcalde de Chiclayo proporcione información con referencia a las acciones realizadas con respecto a la agresión que sufriera el regidor Guillermo Segura Díaz. También se solicitó que informe si a la fecha existe, se inició o desarrollo investigación y proceso disciplinario bajo los lineamientos de la Ley Servir y su reglamento. También piden copia de todos los actuados y copia del expediente administrativo N° 28077 del 21 de junio último.

Sin embargo, a pesar de que la solicitud está amparada en fundamentos jurídicos, hasta el momento no se ha recibido respuesta alguna por parte del alcalde David Cornejo Chinguel, a pesar que ha transcurrido el plazo legal.

EXPEDIENTE DE FUNCIONARIOS

De igual manera, los regidores, en la segunda demanda, solicitan que el Poder Judicial ordene a la autoridad municipal, mediante sentencia, se entregue copia de los expedientes profesionales de los nuevos funcionarios designados en las diversas gerencias, subgerencias y órganos desconcentrados, efectuados desde el primero de enero del presente año.

También se ha requerido que el juzgador ordene a David Cornejo Chuinguel, entregue copia de las resoluciones de alcaldía o actos administrativos similares mediante la cual se designan a los funcionarios, así como copias de los expedientes administrativos N° 46978 y 55788, presentados el 21 de agosto y el 20 de setiembre del 2016.

GASTOS POR ANIVERSARIO

En una tercera demanda, los regidores Liliana Barrantes Piscoya, Laura Irene Hernández Gonzales, César Torres Gálvez, César Edgardo Sisniegas Vergara, Víctor Raúl Rojas Díaz y Guillermo Enrique Segura Díaz, demandan judicialmente la entrega de información detallada de los gastos efectuados por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a través de sus diversos órganos como gerencias, subgerencias y órganos desconcentrados, con motivo del aniversario de Chiclayo, desarrollado en el mes de abril del presente año.

En esta demanda también se solicita la entrega en copias fedateadas del expediente administrativo N° 28808, presentado el 21 de junio último, y hasta el momento se desconoce el resultado y trámite que ha seguido.

PISCINA MUNICIPAL

En una cuarta demanda, los regidores fundamental sus hechos de la acción judicial en que a la autoridad municipal se le ha solicitado con anterioridad informe de manera detallada sobre los ingresos y egresos de la recaudación en el Complejo Deportivo Municipal “Augusto Bernal Rodríguez”, desde el mes de enero a la fecha. En dicho lugar, la cobranza por el uso de las instalaciones se encuentra bajo responsabilidad del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.  

La solicitud de información se hizo luego que se tuviera conocimiento que una trabajadora del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, denunciara que desde el mes de setiembre venía siendo hostilizada por parte del administrador del lugar, Juan Pérez Díaz, debido a que se negara a entregar cuentas de lo recaudado, cuando no es la persona responsable de recibir el dinero, sino el área de Tesorería del ente recaudador.

De igual manera, al jefe de la División de Recaudación y Control de Deuda del CGT, Ángel López Castro, se le hizo conocer todo lo que estaba ocurriendo en el lugar, así como que los días martes y jueves de cada semana, personal de la Municipalidad de Chiclayo lleguen a jugar fútbol en horas de la noche sin pagar un solo sol.

También, que los días martes y viernes en horas de 7:30 a 8:30 de la noche personal del CGT hace uso de los campos deportivos y sin hacer un solo pago, ya que vendrían autorizados por Arturo Boyer Ramos, responsable del área de Recaudación no Tributaria del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo – CGT.

Finalmente, se habría hecho conocer que de lunes a sábado, después del cierre del lugar, 11 de la noche, algunas personas harían uso de los campos deportivos. Lo mismo habría estado ocurriendo los domingos, después de las 3:00 de la tarde. Se hizo conocer que en el lugar existen 6 canchas deportivas y el alquiler de una de ellas cuesta entre 40 y 50 soles la hora,

Asimismo, los demandantes han solicitado se informe de manera detallada el nombre del funcionario designado para la administración, así como conducción del lugar, con la correspondiente resolución administrativa, ya que lejos de tomarse las medidas correctivas ante lo alertado por la trabajadora, ésta fue cambiada a otro lugar presuntamente a pedido de Arturo Boyer Ramos y ejecutado por Ángel López Castro.

SUSANA CULQUI PACAYA

La quinta denuncia planteada al alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, se debe a la negativa de entregar información detallada referente a los gastos efectuados por la subgerencia de Coordinación de Alcaldía a cargo de Susana Esther Culqui Pacaya, correspondiente desde la fecha que  fuera designada, hasta el 15 de octubre del presente año.

También se ha resistido a entregar – la autoridad edil- copia de todos los comprobantes de gastos como facturas, boletas de venta, entre otros documentos, efectuados por la subgerencia de Coordinación de Alcaldía en relación a los gastos efectuados hasta la fecha de ingresado el documento de petición, el día 19 de octubre del año 2016.

La observación al área de Susana Culqui Pacaya saltó al ojo fiscalizador de la comunidad, luego que se hiciera público que un anticipo de siete mil soles otorgados en mayo de este año a Culqui Pacaya con un fin específico, fuera utilizado en compras rendidas recién en el mes de agosto, lo cual habría despertado sospechas de los regidores por cuanto sería un mecanismo para presuntamente eludir los procedimientos regulares en la compra de bienes para la comuna provincial.

Los regidores solicitaban los documentos para tener información precisa que el  anticipo de siete mil soles que recibió Culqui Pacaya el 16 de mayo del 2016, con el cheque N° 71521348 del Banco de la Nación, proveído con el Comprobante de Pago N° 2805, fue otorgado para cubrir de manera exclusiva los gastos generados en la ceremonia de bienvenida a estudiantes y docentes de la Universidad Weber State, de los Estados Unidos.

Sin embargo, dicha ceremonia se había realizado seis días antes, el 10 de mayo, y según informó Culqui Pacaya a la Gerencia de Administración y Finanzas del municipio, cuando acudió para devolver el dinero le dijeron que no podía extornar la suma, por lo que decidió destinarlo a gastos de la coordinación de alcaldía correspondientes a los meses de junio y julio, entregando cuentas el 1 de agosto con el Informe N° 091-2015-MPCH/SGCA.

 Esta situación fue advertida como anómala por el contador Manuel Soto Cabrera y por esta razón el informe le fue devuelto a la funcionaria por la entonces gerente de Administración, Rosa Gómez Ponce.

GASTOS LLAMASTIVOS

Entre los gastos que Susana Culqui realizó, aparece una compra en tiendas Ripley por 44.70 soles; cinco consumos en el Restaurante Tallo Verde, por montos de 133.50; 70,  70.50 y 48.50 soles; consumos en el Restaurante Vichayo por 101; 236 y 235 soles; consumos en el Restaurante Fiesta Gourmet por mil 747 soles (después de la sesión solemne del 27 de julio), compras en la tienda San Roque por 240 soles, en la dulcería D’Mella por 88.50 soles; en la panadería Don Benny, en la cafetería Astoria II, consumos en los restaurantes Balta 512, El Trébol, Resto Grill, La Taberna y Cannata, y compra de útiles en Tay Loy, Metro, Promart y Makro.

A esto se suma la entrega de dinero en efectivo a Luis Tequén Chicoma, Daniel Velásquez Rojas y Luis Chafloque Avellaneda.

De igual manera, el 20 de julio del 2015 mediante Comprobante de Pago N° 3182, a Culqui Pacaya se le otorgó la suma de dos mil soles como “anticipo para atender gastos por reunión a llevarse a cabo con el Ministro, Viceministro y 38 alcaldes de la región Lambayeque, el Directorio de EPSEL S.A., funcionarios de dicha empresa” y funcionarios de la comuna en el Salón Consistorial del Palacio Municipal, autorizado por la Gerencia de Administración y Finanzas.

En atención a ello se le giró el cheque 70329892, del Banco de la Nación, para que se disponga dinero de la cuenta de Recursos Directamente Recaudados N° 0950231-206663.

Ese mismo mes, el 23 de julio, Culqui Pacaya recibió dos mil 610 soles, con el cheque N° 70329926, del Banco de la Nación, también de la cuenta de Recursos Directamente Recaudados, “como reembolso por gastos efectuados, necesidades varias (…) Según Informe N° 093-2015-MPCH/SGCA”.

 EL 17 de septiembre del 2015 se extendió el Comprobante de Pago N° 4289, a través del cual se le dio el anticipo de dos mil soles “para gastos que se realizan en la alcaldía”, girándose el cheque N° 70895661 del Banco de la Nación.

Otro anticipo dado fue el del 7 de octubre del 2015, según el Comprobante de Pago N° 4614, por la suma de dos mil soles “para gastos urgentes relacionados a las atenciones que brinda la alcaldía”, otorgándosele el cheque N° 70521918.

El 21 de ese mes se le entregó anticipo, también por dos mil soles, “con cargo a rendir cuenta para realizar gastos diarios que requiere la dependencia”, según comprobante de pago N° 4824 y cheque N° 70521997.

 El 4 de noviembre recibió otro anticipo “para realizar gastos que se efectúan en la dependencia”, por el monto de mil 920 soles, según Comprobante de Pago N° 5084, atendiéndose el desembolso con el cheque N° 71521362 y recursos de la cuenta 0960231-212647, del Banco de la Nación, correspondiente a Impuestos Municipales.

En el año 2016, el 4 de febrero, Susana Culqui volvió a recibir un anticipo por dos mil soles “para gastos en alcaldía”, conforme el Comprobante de Pago N° 0479, autorizándose el giro del cheque N° 70896312.

OTROS GASTOS

En octubre del 2015, recibió dos anticipos de dos mil soles cada uno para “gastos varios”, los que le fueron desembolsados, de acuerdo al Comprobante de Pago N° 4852, del 22 de octubre, cuatro mil 736 soles, con el cheque N° 70522016, dinero que se dispuso de la cuenta de Impuestos Municipales.

Según se detalla en el comprobante, el dinero le fue reembolsado a Susana Culqui por “concepto de atenciones oficiales que se han brindado al embajador de Suiza, Hans Ruedi Bortis, según Informe N° 0139-2015-MPCH-SGA”.

La llegada del embajador de Suiza se produjo el 14 de octubre para la entrega de la maquinaria adquirida por el proyecto Chiclayo Limpio a la comuna provincial. Ese día se realizó una sesión solemne en el Palacio Municipal en la que se condecoró al diplomático, luego se realizó el acto de bendición de las unidades en el Parque Principal.

IMAGEN INSTITUCIONAL

De igual manera, se ha solicitado información detallada de los gastos efectuados por la subgerencia de Imagen Institucional y Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, la que se encuentra a cargo de Angelina Melina Atoche Cuadros, desde la fecha en que fuera designada hasta el 15 de octubre del 2016.

En esta área se ha requerido la entrega de copias fedateadas de los comprobantes de pago consistente en facturas, boletas y otros documentos, que sustenten y amparen los gastos efectuados.

También se ha requerido copia en su totalidad de los expedientes administrativos N° 55790 y 55783, presentados el pasado 20 de setiembre del 2016  

PROYECTOS DE INVERSIÓN

En la sexta demanda los regidores exigen se entregue informe en copia y se brinde acceso de la integridad de los 26 proyectos de inversión de infraestructura pública que obran en su despacho de acuerdo a lo que la autoridad edil informó en sesión de concejo, el 9 de julio del año 2015.

CON EL CGT

Finalmente, en la sétima demanda se pide que David Cornejo Chinguel informe de manera detallada sobre los presuntos cobros por concepto de limpieza pública, arbitrios municipales, así como de parques y jardines, que se estaría realizando a moradores de la urbanización Parque Residencial “Puerta del Sol”, que se ubica en la carretera a Reque, con el objetivo de determinar bajo que mecanismo se vendría obteniendo tal recaudación.

La aprobación del proyecto de Ley del IGV Justo, sin votos en contra en el Congreso de la República a fines del mes pasado, generó una serie de reacciones en el oficialismo por la prórroga de 90 días que la norma otorga para que las Micro y Pequeñas Empresas – MYPES, paguen sus impuestos, en caso sus clientes no les hayan cancelado sus facturas, lo que para los defensores de la iniciativa legislativa – fujimoristas principalmente – dará liquidez a las empresas y evitará las moratorias e intereses. El cuestionamiento nace porque el proyecto difiere ampliamente de la propuesta que el gobierno nacional tenía sobre el impuesto.

En respuesta el gobierno busca adaptar el mandato del Congreso a sus planes para dinamizar la economía en el sector MYPE, a fin de incrementar la base tributaria con la formalización de más unidades productivas, así como la generación de incentivos que faciliten su crecimiento y desarrollo.

El Viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción, Juan Carlos Mathews Salazar, dialogó con Expresión, a propósito de su reciente visita a Chiclayo, y explicó que lo que se está buscando es simplificación la administrativa y levantar las barreras burocráticas que encaran particularmente la micro y pequeña empresa.

“Recordemos que en el país 98.3 % de las empresas son MYPES, y, por lo tanto, la gran industria y la gran empresa siempre tienen mayores posibilidades de subsistir aún con sobrecostos, a diferencia de la pequeña. Ese tipo de medidas no solo de carácter tributario, sino de acceso al financiamiento y reducción de las barreras burocráticas en general, lo que están permitiendo es más oxígeno a las empresas, es decir eliminar sobrecostos, que significan tiempo, trámite y plata para el empresario, y en el caso particular del Impuesto General a las Ventas – IGV, permitirle mayor capital de trabajo. Sonaba muy injusto que el Estado, entre comillas, secuestrara el capital de trabajo que la pequeña empresa necesita para seguir operando”, señaló.

LA FORMALIZACIÓN

Añadió que si bien la norma aprobada por el Congreso no se ha dado en los términos que planteaba el Ejecutivo, se ha procurado que esta forme parte de varias medidas más que irán dándose de forma progresiva y que apuntan a facilitarle la vida a las empresas y a permitir que sea mucho más fácil el concepto de formalización.

“A una empresa no la voy a convencer con discursos sobre formalización salvo que expliquen las ventajas contundentes en pro de esta, versus mantenerse en el mercado informal. Recordemos que el Perú tiene una de las economías más informales de América Latina, cerca del 70 %; hay distintas maneras de medir la informalidad, pero en cualquiera aparecemos entre los principales o los más informales”, resaltó.

Dijo que la manera de convencer al pequeño y micro empresario para que se formalice es no solamente mostrándole este tipo de ventajas que se están empezando a dar, sino también señalarles que si siguen en la informalidad el costo de su financiamiento será el triple, que no podrá negociar con el principal comprador que existe en el país, que es el Estado, y, por lo tanto no le queda otro camino que formalizarse. Una alternativa interesante es el negocio de exportación y solamente los formales pueden participar de él.

“Mostrarles en número lo que significa mantenerse en la informalidad versus las enormes ventajas que le ofrece la formalización de sus actividades, perderle un poco el temor a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, entender que es la únicamente forma de crecer es esa, sino eternamente será una empresa pequeña”, precisó.

VENDERLE AL ESTADO

En los últimos años el Estado le ha dado un mayor impulso a las micro y pequeñas empresas a través del Programa Compas MYPERÚ, con el cual estas proveen de uniformes, buzos y calzado al sector Educación, Salud y las Fuerzas Armadas. Actualmente el gobierno nacional trabaja también en la simplificación de trámites en este sector, porque hasta hace poco una pequeña empresa tenía pocas probabilidades de ganar una licitación, pero sí podía ser suministrador de una empresa grande que sí le vendía al Estado.

“Esto porque se ponía como requisito tener récord de ventas al Estado y nunca lo había hecho, entonces nunca aparecía. Lo que se está buscando es que cuando una empresa pequeña le venda a otra más grande que contrata con el Estado, se reconozca su participación como parte de su experiencia en contrataciones públicas, de tal manera que esta pueda, más adelante, contratar directamente”, explicó.

Mathews Salazar refirió que lo que también debe entender la empresa es que el Estado la ayudará en la medida que sea competitiva. “No estamos actuando solamente porque hay que ser solidarios con las MYPES, y por eso hay que darles más posibilidades o un cupo mínimo de participación. No. Lo que aspiramos es darle la posibilidad a la MYPE competitiva, a la que saca un producto bueno”, señaló.

La MYPE competitiva tiene que ver con tres aspectos: precio, calidad y oportunidad de entrega.

“Si necesita soporte para ayudarse a lograr esos estándares, nosotros se lo damos, pero tiene que tener esos estándares para venderle al Estado. El Estado es un comprador cualquiera, que también es exigente y que negocia como cualquier otra empresa”, dijo.

MÁS MEDIDAS

El gobierno nacional también trabaja en la posibilidad de que las MYPE puedan pagar el Impuesto a la Renta de manera trimestral, evaluaciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, en coordinación con otros portafolios como el de Producción.

“Se están haciendo evaluaciones de ese tipo y no solamente de corte tributario, sino también financiero y de reducción de trámites en forma general. El Ministerio de la Producción está tomando el liderazgo en representación de la micro y pequeña empresa, y la industria en general, para coordinar con el resto de actores del Poder Ejecutivo para tratar de ir levantando esas barreras”, indicó el viceministro.

Comentó que se ha realizado diagnóstico con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, y se han identificado 208 barreras que encaran las empresas en el Perú, las que se ubican en el aspecto laboral, financiero, tributario, logístico, de transporte terrestre, aéreo y marítimo, temas en los que se trabajan medidas de solución.

“Se están lanzando las diez primeras medidas y progresivamente se van lanzar más, siempre con esa mira de lograr que la micro y pequeña empresa sea más competitiva y tenga menos sobrecostos para operar y desarrollarse”, resaltó.

PARQUES INDUSTRIALES

Otro de los temas importantes en el sector es el desarrollo de la industria a nivel nacional, sobre todo en las regiones y en relación a ello se hace cada vez más necesaria la habilitación de parques industriales con mejores condiciones, accesibilidad y servicios, labor en la que deben concertar autoridades regionales, locales y del gobierno nacional.

Juan Carlos Mathews informó que se están desarrollando cinco estudios completos y planes maestros de parques industriales modernos, uno es el de Tacna, que fue entregado formalmente la semana anterior, otro corresponde a Ilo, en Moquegua; también el de Ancón, al norte de Lima; La Libertad y Paita, en Piura.

“La idea es que un parque industrial no se ampare simplemente en el concepto antiguo de zona franca o centros especiales de desarrollo, en los que había una serie de exoneraciones tributarias, porque la historia nos ha demostrado que cuando se sostiene esto con subsidios, cuando estos se regulan desaparecen las empresas. La idea es que los parques industriales se conviertan en centros de competitividad pura y dura, es decir donde se tenga a los operadores logísticos, los currier, los bancos, las evaluadoras y servidoras de calidad concentrados en un solo lugar, un puerto eficiente, un aeropuerto de carácter internacional, seguridad, conectividad, de tal manera que sea casi un necesidad. Lambayeque sí está en los planes, pero se ha arrancado con estas primeras cinco propuestas de parques industriales, el objetivo es mirar al país en su conjunto y ver en qué partes corresponde la creación de estos espacios”, finalizó. 

La Oficina Defensorial de Lambayeque realizó entre julio y octubre de este año diversas visitas de supervisión a los hospitales y establecimientos de salud del departamento a fin de constatar las condiciones en las que se brindan los servicios asistenciales a la población beneficiada con el Seguro Integral de Salud – SIS. Los resultados de la evaluación son preocupantes en la medida que se identificó serios problemas de desabastecimiento de insumos básicos como alcohol, algodón y jeringas.

En el marco de la supervisión el equipo de la Defensoría del Pueblo visitó el Hospital Regional de Lambayeque, el Hospital Docente Las Mercedes, el Hospital Belén y diez puestos y centros del primer nivel de atención administrados por la Gerencia Regional de Salud.

“Lo que hemos encontrado, en principio, es el desabastecimiento tanto de medicamentos, insumos y material médico. Lo segundo que hemos verificado es que los lugares que se utilizan para el almacenamiento de los medicamentos no son los adecuados, y además que la distribución de los insumos que realiza la Gerencia Regional de Salud debería mejorar”, explica la comisionada de la Defensoría, Lizeth Arteaga Muñoz.

Esto último – señala – es alarmante debido a que los encargados de las farmacias de los centros de salud de la zona altoandina tienen que viajar, incluso pagando de su dinero personal los viáticos, hasta Chiclayo, para recoger y trasladar los medicamentos e insumos, con el riesgo que esto supone por las posibilidades de robo o accidentes.

“En los establecimientos de la periferia, de la zona rural, es el propio técnico encargado de Farmacia quien tiene que acercarse al almacén de la Gerencia Regional de Salud a recoger mensualmente los medicamentos de acuerdo a la programación que se tiene. En muchas ocasiones los trabajadores nos han informado que ese gasto lo tienen que asumir con dinero de su propio bolsillo, y con el peligro que esto implica, poniendo en riesgo el recurso destinado para la adquisición de los insumos. Lo correcto es que la gerencia sectorial, para garantizar la seguridad de los medicamentos, sea la que los traslade a los establecimientos”, anota.

RAZONES DEL DESABASTECIMIENTO

A diferencia de la seguridad social, donde la compra de medicamentos e insumos se realiza a nivel nacional para todos los centros de atención, en el caso de los hospitales y postas del Ministerio de Salud existen tres niveles para la adquisición de estos recursos: el nacional, el regional (a través de las gerencias sectoriales), y los propios hospitales que se desempeñan como unidades ejecutoras de presupuesto.

En el caso de Lambayeque son unidades ejecutoras el Hospital Regional, el Hospital Las Mercedes y el Hospital Belén.

“Hay muchas causas del desabastecimiento, como problemas en los procesos de compra a nivel nacional, a nivel regional y de las propias unidades ejecutoras. En julio detectamos que el Seguro Integral de Salud – SIS, transfiere los recursos que deben emplearse para la compra de insumos y medicamentos al gobierno regional y este luego los deriva a las unidades ejecutoras, entre ellas la Gerencia Regional de Salud. El problema es que este procedimiento demora y esto genera retrasos en las compras”, menciona Arteaga Muñoz.

De acuerdo a lo identificado por la Defensoría del Pueblo, el proceso de transferencia de las partidas económicas desde el gobierno regional a los hospitales y la gerencia sectorial puede tardar hasta más de 30 días.

“Esa trasferencia debería ser rápida, pero no es así, demora entre 20 y 30 días. Es decir, el dinero del SIS no llega directamente a la gerencia de Salud y a los hospitales, primero llega al Gobierno Regional de Lambayeque y este debe reasignarlo. En julio se recomendó al gobierno regional que se agilice este procedimiento  a fin de reducir los problemas de abastecimiento en los centros de atención”, comenta.

COMPRAS CORPORATIVAS

El Ministerio de Salud desarrolla las denominadas compras corporativas para todos los establecimientos asistenciales del país, cuya distribución está a cargo de las gerencias regionales sectoriales.

En estos casos también se presentan demoras e incluso algunos procesos de adquisición son declarados desiertos o anulados.

“Cuando no se ejecutan a nivel nacional las compras son delegadas para que se realicen a nivel regional, y esto también puede generar demoras. A raíz de todos estos hallazgos es que la Defensoría del Pueblo ha recomendado al titular del pliego, en este caso el gobernador regional Humberto Acuña Peralta, la elaboración de un diagnóstico con la participación de sus unidades ejecutoras a fin de identificar dónde están y cuáles son los puntos críticos del abastecimiento de insumos y medicamentos”, refiere la comisionada.

Arteaga Muñoz  menciona que el diagnóstico es importante debido a que permitiría corregir las falencias que en el ámbito regional dificultan la adquisición oportuna de insumos y medicamentos.

“También, en el caso los problemas sean de origen nacional, lo que tiene que hacer el titular del Gobierno Regional de Lambayeque es darlos a conocer al Ministerio de Salud, proceso de reclamo en el que la Defensoría del Pueblo tiene que acompañar”, asevera.

MALAS CONDICIONES

Los espacios de almacenamiento representan otro serio problema para la adecuada gestión de los insumos y medicamentos. La Defensoría ha detectado que los centros de salud evaluados no cuentan con ambientes debidamente acondicionados para este propósito, e incluso se ha corroborado que el almacén del Hospital Docente Las Mercedes ha superado su capacidad.

“Tiene que hacerse una evaluación de cómo están los almacenes de medicamentos sobre todo en la zona rural. Respecto a la cadena de frío no hay problema, hemos constatado que las vacunas se encuentran en congeladoras y a temperatura adecuada, e incluso que en los distritos altoandinos haya paneles solares en los centros de salud para evitar el corte del suministro de energía. El problema está en el tratamiento que se le da a los medicamentos, porque hay establecimientos que los tienen en cajas y en el piso, yendo en contra de la norma técnica que regula el almacenamiento. Aquí hay una responsabilidad directa de la Gerencia Regional de Salud”, señala.

La comisionada de la Defensoría del Pueblo añade que también se ha encontrado que varios de los almacenes de medicinas e insumos en el departamento no tienen el termómetro necesario que mida la temperatura y permita garantizar la conservación adecuada de los insumos.

“No tiene el termohidrómetro, que es fundamental para cuidar la conservación de los medicamentos. La Gerencia Regional de Salud tiene que velar porque todas las condiciones en este aspecto mejoren”, señala.

SIN JERINGAS, ALGODÓN NI ALCOHOL

Lizeth Arteaga comenta que cuando se realizó la inspección al Hospital Regional de Lambayeque se confirmó la falta de algodón y alcohol para la atención de los pacientes, insumos básicos que la jefatura de Farmacia había requerido con la anticipación debida pero que no habían sido proveídos por la administración del nosocomio.

Era tal la problemática interna que el Hospital Regional había prestado ambos productos al almacén del Hospital Las Mercedes, con cargo a reponerlos cuando se les dé el abastecimiento.

“En el caso de los centros de salud hemos verificado que si bien hay desabastecimiento en el caso de medicina, estas no son de gran demanda. El problema radica sí en la falta de insumos como jeringas, agujas, guantes descartables, baja lenguas y suturas. Se trata de materiales indispensables, que tienen que ser comprados por los propios pacientes”, señala.

Añade que los centros de salud tampoco pueden adquirir de manera directa los insumos que requieren porque dichas compras no serían reconocidas por el Seguro Integral de Salud – SIS y, por lo tanto, el dinero no repuesto.

El informe final de la Defensoría del Pueblo fue presentado este lunes al despacho del gobernador regional de Lambayeque, y se ha solicitado una reunión de trabajo en la cual el equipo evaluador de la Oficina Defensorial pueda exponer a las autoridades competentes la problemática encontrada a fin que se le dé solución progresiva.

“Tenemos que garantizar que la población más pobre, cuando vaya a un centro de salud, no solo reciba atención a medias o parcial, sino también los medicamentos e insumos que requiere”, concluye. 

Chiclayo celebró por lo alto los 25 años de vida institucional de la Universidad César Vallejo – UCV, en una ceremonia especial que contó con la presencia del presidente fundador de la casa superior de estudios, César Acuña Peralta; del rector, Humberto Llempén Coronel, y de las principales autoridades políticas, civiles y militares de Lambayeque. En dicho acto la máxima autoridad académica de la universidad señaló las líneas maestras de lo que se proyecta para la UCV en los próximos años.

“Nuestra universidad, después de 25 años, es un eje que ha cambiado la vida de miles de peruanos en base a la educación, y esos padres de familia que confiaron en la universidad cuando se fundó llevaron a sus hijos, los de la primera generación. Esos hijos le han dado la felicidad a sus hogares y apoyan al desarrollo de su región. Es, por lo tanto, una satisfacción saber lo que tenemos en el presente y mirar con mayor compromiso el futuro”, señaló emocionado Llempén Coronel.

El académico mencionó que la Universidad César Vallejo no solo es una institución educativa, sino que es formadora de profesionales y se siente orgullosa de su principal finalidad: “Formar profesionales muy competitivos.

“Esta universidad tiene un sello propio, diferente, este sello es la praxis de la inclusión social y lo ha demostrado a través de sus 25 años al abrir sus puertas y sus aulas a miles de jóvenes impedidos de estudiar en otras universidades”, destacó.

UNIVERSIDAD INTEGRADORA

Resaltó que la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, al conocer a la Universidad César Vallejo, reconoció el carácter democratizador que otras universidades no tienen en el Perú.

“Miles de jóvenes en 25 años no solo han pasado por las aulas vallejianas, sino que han recibido el apoyo generoso para cristalizar su sueño de tener una profesión y participar en el desarrollo del país. En el libro ‘UCV 25 años: Historia y compromiso’, presentado hace pocos días en la capital de la República, nos da un interesante relato precisamente de la trayectoria de nuestra universidad, cuyo objetivo es hacer que las próximas generaciones de peruanos sean emprendedores y emergentes, que lideren el desarrollo del país, porque estamos seguros de poder proveer a nuestro querido Perú de gente capaz”, resaltó el rector.

Llempén Coronel dijo que en los 25 años de vida institucional de la UCV se ha visto crecer y consolidarse a los alumnos, quienes demuestran en la práctica ser profesionales idóneos, líderes y seres humanos valiosos al servicio de la sociedad.

“Son 25 generaciones formadas por nosotros, con valores significativos y herramientas que les serán útiles a lo largo de toda su vida, profesionales preparados para enfrentar cualquier reto. Estos 25 años quiero denominarlos como sinónimo de trabajo, que estoy seguro seguirá dando satisfacciones y tendrá muchos años más por delante. Hoy nos reunimos para dar gracias por lo que juntos hemos hechos y para pedir que podamos apoyarnos y ser testigos de una verdad y agentes de un proyecto que es valioso. Pido fuerzas con el fin de mejorar a toda la comunidad vallejiana y no desfallecer ante las dificultades e incomprensiones, porque las ha habido. Es el momento de reafirmar nuestras raíces ante las nuevas circunstancias, es el momento de actualizar nuestros ideales. Es el momento de tener todos ideas emprendedoras como la tuvo nuestro fundador hace 25 años”, afirmó Humberto Llempén.

CAMBIOS EN EL 2017

Para enfrentar los nuevos tiempos, el rector señaló que la universidad tiene “una gran fortaleza y una misión bien definida”, con un proyecto desafiante.

“Recuerdo que con ocasión de la acreditación en estos últimos meses los pares evaluadores que nos visitaron se impresionaron al ver cómo esta comunidad tan grande en todo el país comparte una misión. Creo que de verdad somos una respuesta a las grandes demandas de la sociedad, procuramos dar una educación de calidad, integradora e inclusiva, respetuosa y pluralista, que promueve el humanismo. Es en torno a eso que tenemos que agruparnos, pues todos somos corresponsables de este nuevo proyecto”, enfatizó.

Llempén Coronel anunció que para el 2017 la UCV presentará su proyecto: “Una universidad innovadora para formar emprendedores”, para tener profesionales que no soliciten trabajo, sino para que estos ayuden a dar trabajo para el país.

“Con un nuevo currículo lograremos esto, y el segundo punto importantísimo es internacionalizar a nuestra universidad. Tenemos el proyecto que a partir del siguiente año nuestros padrinos académicos serán la Universidad Los Andes de Colombia, la Universidad Autónoma de México y la Universidad de Salamanca de España. Haremos los convenios respectivos para tener en movilidad estudiantil a profesores e investigadores de manera permanente para la capacitación de los nuestros. Ese trabajo es nuestro nuevo camino, nuestra nueva ruta, por eso a los jóvenes estudiantes les pido ese gran compromiso de foguearnos académicamente con cualquier universidad del mundo”, explicó.

Dijo ser consciente que este es un proyecto ambicioso que requiere trabajo, dedicación, identidad y lealtad, y que se podrá lograr siempre y cuando se trabaje en equipo, y se deje de lado la resistencia al cambio.

“Han pasado 25 años, no sigamos haciendo más de lo mismo, involucrémonos para garantizar un buen proceso en la formación profesional de calidad para los hijos de esta querida región y así estén orgullos sus padres y familiares. Respondamos con trabajo a la confianza depositada en nuestra institución, al permitir que sus hijos estudien en esta universidad. No defraudemos y permítanme decirles que dejar de pensar creativamente es no menos diferente que dejar de vivir, como dijo Benjamín Franklin”, finalizó Llempén Coronel entre el aplauso de los asistentes.

CONFIANZA EN LOS JÓVENES

A su turno, el presidente fundador de la Universidad César Vallejo, César Acuña Peralta, reiteró el compromiso expresado hace unas semanas ante los estudiantes de la Filial Chiclayo, de continuar con el plan de inversión y desarrollo de capacidades entre los actores de la casa de estudios para consolidar la calidad académica y humanística con la que se forma a los alumnos.

Acuña Peralta resaltó que la UCV es actualmente la universidad más grande del país con más de 140 mil estudiantes.

“Le voy a legar al país tres universidades: la César Vallejo, la Señor de Sipán y la Autónoma del Perú, que juntas representan una población de 200 mil alumnos, 200 mil jóvenes que confían en nosotros y 200 mil familias peruanas que acceden a la formación superior gracias a esa visión que hemos tenido sobre la educación con calidad y democracia”, señaló el empresario.

Acuña Peralta recordó los inicios de la Universidad César Vallejo en base a la Academia Preuniversitaria Ingeniería, en la ciudad de Trujillo, en la que llegó a tener hasta cuatro mil jóvenes deseosos de ingresar a formación superior.

“Tengo más de 36 años hablando con los jóvenes, porque siempre he dicho que todo este esfuerzo y éxito es por los jóvenes y para los jóvenes, y quiero que ellos se conviertan en los nuevos líderes del país, porque para eso se están formando”, expresó.

Del mismo modo, el director general de la filial, Raúl Valencia Medina, destacó el trabajo interinstitucional emprendido por la casa superior con el resto de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil en Lambayeque, en aras de impulsar los grandes proyectos departamentales como el Terminal Marítimo de Puerto Eten, el Plan Hidráulico y el Plan Vial Regional.

Valencia Medina mencionó también que la filial trabaja de manera esforzada para posicionarse como la mejor entre las demás sedes de la UCV a nivel nacional, por lo que se ha trazado el objetivo de la internacionalización a través del próximo año con programas de intercambio estudiantil y docente.

+ NOTICIAS

• La Universidad César Vallejo tiene 12 campus a nivel nacional y proyecta su expansión a la macroregión sur del país instalándose en Arequipa y Cusco.
• En Chiclayo, desde su filial, tiene alcanza a cuatro sub sedes en Jaén, Chachapoyas, Cajamarca y Chota, sumando en total más de 12 mil estudiantes en sus diferentes programas académicos de pre y postgrado.
• En la Escuela de Postgrado, la UCV Chiclayo ofrece ocho maestrías y dos doctorados.