¿Quiénes están involucrados en las 29 obras paralizadas que actualmente hay en Lambayeque? La siguiente es la lista de los ingenieros residentes y supervisores, así como de los contratistas inmersos en el escandaloso caso de los proyectos que representan más de 151 millones de soles de inversión estatal y que hoy están inconclusos.
La información está contenida en el listado de proyectos que actualiza permanentemente el portar Infobras de la Contraloría General de la República.
Tal como informó Expresión en la edición 967, las 29 obras paralizadas representan en total 151 millones 709 mil 769.2 soles, presupuestos que datan, en algunos casos, incluso desde el 2010 y que hasta el momento no han sido honrados con la culminación de los trabajos.
MÓRROPE
En el distrito de Mórrope se encuentra paralizado el proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico de los caseríos Positos, Tranca Sasape, Tranca Fanupe, Casa Blanca, Fanupe Barrio Nuevo y anexos”, valorizado en nueve millones 216 mil 31.08 soles y que se inició el 12 de febrero del 2010 y debió concluir 240 días después.
El proyecto fue contratado a la empresa Construcciones Civiles SA – CONCISA, y hasta el momento solo registra un avance del 69. 58 %. Como residente fue designado el ingeniero Lizardo Guillermo Cabrera Sánchez, quien hace dos años y 11 meses se dedica a la consultoría de obras y trabajó tres años en la Municipalidad Distrital de Pimentel.
El supervisor del proyecto fue Johnny Richard Ramírez Chirinos.
Otra obra que no se ha concluido en el distrito es la “Ampliación y mejoramiento del servicio académico de la Institución Educativa Primaria y Secundaria Miguel Grau Seminario”, del caserío Tranca Sasape.
Para este proyecto se asignó un presupuesto de siete millones 780 mil 995 soles y se contrató al Consorcio Unión para su ejecución. Los trabajos se iniciaron en diciembre del 2015 y deberían concluir en agosto de este año. El residente es Holger Jeison Rodríguez Florián, quien antes trabajó en la comuna de Chiclayo, y la supervisión fue encargada al Consorcio Moche Supervisión.
PIMENTEL
En Pimentel hay tres obras en la misma situación: el “Mejoramiento y renovación del servicio de agua y alcantarillado y conexiones domiciliarias de las calles El Sol, Australia y El Dólar, en la Urbanización La Plata”, presupuestado 542 mil 961.58 soles. Ahí el supervisor es José Francisco Vega Barturén, quien hasta hace unos meses fue Subgerente de Obras de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, en La Libertad.
El supervisor, según la Contraloría, debería ser el ingeniero Fernando Enrique Sandoval Alvarado, quien hoy se desempeña Jefe de Obras de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de la Capilla, en Cutervo, Cajamarca.
En el proyecto “Instalación de la red de alcantarillado y conexiones domiciliarias en el asentamiento humano Sagrado Corazón de Jesús y la ampliación Molina Alta”, valorizado en 14 mil 15.58 soles, aparece como residente Lizardo Guillermo Cabrera Sánchez, el mismo de la obra de CONCISA en Mórrope; en tanto como supervisor aparece Jorge Xavier Fallaque Collantes.
Ambas obras se ejecutaban por administración directa. La primera inició en julio del 2014 y la segunda en mayo del 2013.
También está paralizado el “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal en las calles: Prolongación Alfonso Ugarte, Bayóvar, Tupac Amaru, Primero de Mayo, Diego Ferré y Los Parques del sector Victoria Viuda de Dall’orso”, con 128 mil 397.76 soles, la misma que se encuentra a cargo del municipio. El supervisor era José Francisco Vega Barturén, que aparece líneas arriba en otra obra paralizada, en tanto el residente era Carlos Alberto Mendoza Medina.
CIUDAD Y PUERTO ETEN
Otro proyecto es el “Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de la zona este del distrito de Ciudad Eten”, con un presupuesto de cinco millones 351 mil 81.75 soles, encargado a la comuna local. Los trabajos se iniciaron en diciembre del 2013 y debieron concluir en agosto del año siguiente.
La obra solo alcanzó el 0.81 % de avance.
El residente fue Alfonso Luis Arteaga Lora y el supervisor Carlos Alberto Gómez Neciosup, actual Jefe de Área Técnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, Santa Cruz, Cajamarca.
En el mismo distrito están paralizados los trabajos de “Mejoramiento de la infraestructura vial de la calle Bolognesi, cuadra nueve”, para los cuales se asignó una partida de 166 mil 459.47 soles. El proyecto estuvo planificado para concluirse en 60 días, pero fue paralizado cuando tenía solo el 51.42 % de ejecución. Esta obra sin supervisor, tuvo como residente a Carlos Alberto Gómez Neciosup,
Se ha reportado también la paralización de la obra “Mejoramiento de veredas en la Avenida José Antonio García y García”, primera y segunda cuadra, del distrito de Puerto Eten, con un presupuesto de 58 mil 882.70 soles. El residente fue Juan Pedro Llontop Cornejo y el supervisor Luis Moisupe Esquén.
SAN JOSÉ
Asimismo, está paralizada la “Ampliación y mejoramiento integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado” del distrito de San José, valorizado en 31 millones 782 mil 707 soles.
La obra fue dada por contrata al Consorcio San José y se inició en noviembre del 2014, estando programada su finalización para abril de este año. Los trabajos solo llegaron al 16.39 % de avance. El residente fue Wilmar Santiago Morales Portilla y el supervisor Segundo Francisco Barboza Cabrera.
En San José también está paralizada la obra “Creación del paseo peatonal en el pasaje Atahualpa”, valorizada en 81 mil 697.39 soles, ejecutada por administración directa e iniciada en octubre del 2015.
Dichos trabajos debieron concluir en 45 días, pero fueron abandonados cuando el proyecto estaba al 48.76 % de su realización. Aquí fueron residente y supervisor, Eufemio Gustavo Lozano Sánchez y Roger Humberto Obando Bardales, respectivamente.
LAGUNAS
El “Mejoramiento del Parque Principal del pueblo tradicional de Mocupe”, a cargo de la Municipalidad Distrital de Lagunas, también está paralizado.
La obra, para la cual se asignó un presupuesto de 58 mil 635.62 soles, comenzó en noviembre del 2015, pero está paralizada pese a que se estimó como plazo para su ejecución un mes. La obra estuvo en manos de Walter Ricardo Dávila Ramos, actual jefe del Área Técnica de la comuna, y de Manuel Eduardo Sánchez Mora, como supervisor. Este último fue regidor de Pucalá y estuvo involucrado en la investigación iniciada a la exoneración de una obra de saneamiento.
Del mismo modo, la obra de “Mejoramiento de calles del anexo Úcupe, lado norte”, adjudicada al Consorcio Úcupe Norte, con un presupuesto de cinco millones 86 mil 460.74 soles, fue iniciada en octubre del 2014 y debió concluir en marzo del 2015. Sin embargo, solo se avanzó hasta el 80.01 % del proyecto.
El residente fue César Augusto Tiparra de los Santos y el supervisor Manuel Enrique Leyva Alvitez.
OLMOS
El distrito con más obras paralizadas es Olmos. Ahí se mantienen postergados los trabajos de instalación, ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico rural (agua potable y letrinas), para la cual se destinó una partida de siete millones 195 mil 926.59 soles, obra contratada al Consorcio Palo Santo y que debió concluir en noviembre del 2014.
El residente fue Oscar Segundo Torres Alabrin, quien también fue residente de la cuestionada obra de saneamiento de Pípito. El supervisor fue José Herminio Quintana Acuña.
Otro proyecto es la instalación del saneamiento básico en los caseríos de la zona noroeste del distrito, con un presupuesto de nueve millones 727 mil 534.33 soles. Esta obra adjudicada al Consorcio Los Algarrobos debió entregarse también en el 2014, pero solo avanzó hasta el 63.33 %.
Como residente se desempeñó Santiago Francisco Cucat Vílchez y como supervisor Víctor Hugo Recuenco Céspedes.
En el 2013 se inició también un proyecto para la instalación de los mismos servicios en 14 caseríos del sur este de Olmos, por siete millones 371 mil 948 soles, trabajos que avanzaron solo en un 80.96 %. Fueron supervisor y residente Luis Alberto Granda Tume, quien ese mismo año estuvo involucrado en una obra de saneamiento en Castilla, Piura, donde al mismo tiempo de laborar para el municipio prestaba servicios a la empresa contratista, y Severiano Macedonio Ore Falcón, respectivamente.
Hay otros tres proyectos que versan sobre agua y saneamiento para la zona rural que también están paralizados. Uno que debió beneficiar a 23 caseríos, con un presupuesto de 15 millones 944 mil 78.53 soles, encargada al Consorcio Nuevo Horizonte, donde fue residente Walter Javier Muñoz Delgado, y supervisor Manuel Irigoyen Tenorio, quien según su perfil de LinkedIn es secretario general en EPSEL.
También el proyecto para 33 caseríos con una partida de 13 millones 927 mil 367 soles, dado al Consorcio San Cristóbal, cuyo residente fue Luis Quiroz Quiñones, y el supervisor Víctor Guillermo Vera Ruiz.
Asimismo está la obra para 30 caseríos con 19 millones 552 mil 24 soles de presupuesto, contratada al Consorcio Ejecutor Olmos, donde fue supervisor Roger Alberto Vílchez Renteria, y residente James Rolando Segura Hernández.
TÚCUME
Del mismo modo, la “Construcción de 44 puentes rurales en los caseríos Puplan, Trapiche de Bronce y anexo, San Bernardino, Los Pocitos, El Horcón, Sequiones, Tranca Fanupe, pueblo joven Federico Villareal, Tabacal, Puente Tabla, Hacienda Vieja, Mendoza Campodónico, Granja Sasape, Los Chapoñanes, Alto Perú, Los Riojas, Los Dami”, en el distrito de Túcume, valorizado en 562 mil 49.43 soles.
Esta obra debió culminar en el 2014, pero solo se avanzó hasta el 23.69 %. Fueron supervisor y residente Nicolás Vidaurre Granados y José Augusto Llontop Suclupe.
Aparece en la Contraloría General de la República como obra paralizada la “Instalación del sistema de agua potable del anexo Trapiche”, ejecutado por administración pública con 366 mil 197.85 soles de presupuesto. Los trabajos solo llegaron al 84.71 %. El residente fue Carlos Esteban Santamaría Mondragón y Jannyna Beatriz Bernilla Gonzales.
MÁS DISTRITOS
En José Leonardo Ortiz está paralizado el “Mejoramiento del complejo deportivo en el pueblo joven María Parado de Bellido”, para el cual se presupuestaron 140 mil 4.58 soles.
El complejo debió concluirse en diciembre del 2013, pero los trabajos llegaron al 74 % de avance. Aquí fueron responsables Segundo Óscar Padilla Acha, como supervisor, y Hugo Pabel Cubas Chávarry, como residente.
Asimismo, en Leonardo Ortiz no se ha concluido el proyecto “Creación de veredas de las calles del pueblo joven Villa Hermosa”, valorizado en 381 mil 882.70 soles. La obra estuvo a cargo del residente Lino Alcibiades Gayoso Santacruz y del supervisor Aaron Wili Dueñas Paysig.
Otra obra paralizada es la “Creación de la losa deportiva con graderías del centro poblado Santa Rosa”, del distrito de Pucalá, ejecutada en modalidad de administración directa, cuya entrega estuvo programada para noviembre del 2014. Los trabajos costaban 109 mil 228.65 soles. En este proyecto participaron el residente Bruce Vladimir Vásquez Saavedra y el supervisor Andrés Esteban Ángeles Niquen.
En Ferreñafe está paralizada la “Instalación del servicio de protección contra inundaciones en la zona noroeste de la localidad – Acequia Tutumo”, presupuestada en cuatro millones 103 mil 650.39 soles, la que debió concluir en enero del 2015. Dicha obra también se ejecuta por administración directa. La obra fue encargada para la supervisión a Marcos Alexander Chanamé Juárez y en la residencia a José Américo Perla Céspedes.
La comuna de Ferreñafe tiene también pendiente la culminación del parque en el centro poblado Huayrul, en el distrito de Incahuasi, obra de 359 mil 103.22 soles. Fueron supervisión y residencia Ricardo Manuel Palacios Lamadrid y
Fernando Enrique Quispe Chavesta.
En tanto, en Mochumí está inconcluso el “Mejoramiento de alcantarillas en los caseríos La Capilla, San Roque, La Calzada, El Salitral, El Cerezo, Collique y Huaca Reloj”, por 203 mil 386.36. Participaron los ingenieros Julio César Navarro García y Segundo Rufino Quiroz Bances, como supervisor y residente.
Por otro lado, el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, tiene pendiente el mejoramiento del Canal Espino, en Pítipo, por un millón 516.014 soles. La obra fue licitada al Consorcio Espino, integrado por Vega Aybar Jorge Pascual- J&M Servicios Generales S.A- Femn Contratistas Generales S.A.C - CJ Ingenieros S.A.C, siendo supervisor Percy Clarence Llontop Montenegro y residente Gervasio Serquén Tineo.
En la Gerencia Regional de Agricultura, la construcción de defensas ribereñas en las márgenes del río Reque, estimada en nueve millones 544 mil 105.58 soles. Ahí fue residente el ingeniero Lucio Aladino Vásquez Mejía y el supervisor fue Phidram S.R.L.
“A veces es fácil criticar a un magistrado desde afuera, pero sentarse a tomar decisiones relacionadas a la vida y la liberad del ser humano es realmente una tarea difícil, y considero que esa tarea solamente la deben ejercer quienes tienen vocación para hacerlo, porque quienes no la tienen deberían estar afuera”, reflexiona la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Ana Salés del Castillo, quien participó de una jornada de conferencias con jóvenes estudiantes reunidos en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
La también exdocente universitaria señala que el profesional del Derecho debe ganarse la condición de magistrado, y para ello ser consciente de lo que implica dicha responsabilidad.
“¿Qué implica? A veces dejar de lado al hogar, darle más horas de atención al trabajo, enfrentar la abrumadora carga procesal y saber que cada caso es un caso, que no existen casos iguales. Puede haber casos semejantes, pero no iguales, porque cada uno encierra toda una vida, relaciones, conflictos de intereses de cada parte. El magistrado tiene que asumir con responsabilidad cada caso; no existen plantillas”, menciona.
“Lo ideal es que el juez sea una persona excelente en todo el trajinar de su vida, no se puede ser juez de lunes a viernes, se es juez todo el día y por ello la conducta dentro y fuera del Poder Judicial tiene que ser la misma, respetando los valores éticos. No es posible ser juez cuando se trabaja y fuera del horario llevar una vida desordenada, manejar en estado de ebriedad, cometer violencia contra la esposa o los hijos. Esa no es la conducta de un juez, este debe ser íntegro”, añade.
La magistrada afirma que si un juez muestra una conducta intachable dentro y fuera de la judicatura, no habrá influencias externas que pesen sobre sus decisiones.
CONTRA LA PRESIÓN
Asimismo, Salés del Castillo remarca que la función jurisdiccional implica también la revisión a fondo de casa expediente, para que de esta manera la decisión del juzgados, por más impopular que resulte, se ajuste a Derecho en todos sus frentes.
“Hay muchas veces en las que los jueces no solo hemos tenido que resolver teniendo al frente a la presión de la prensa e incluso del propio Estado, veces en las que hemos tenido que hacer valer lo ajustado al Derecho”, remarca.
Citando un ejemplo, comentó lo sucedido con los detenidos de Cajamarca durante las protestas en rechazo al proyecto minero Conga, en el 2011. Los comuneros intervenidos fueron trasladados para ser procesados en Chiclayo, pese a no ser su jurisdicción natural, con investigaciones a cargo de fiscales de Lambayeque, la mayoría de ellos sin conocer siquiera la zona donde se habían presentado el conflicto social y las protestas.
La decisión de primera instancia dispuso el internamiento de los detenidos en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, ex penal de Picsi. Sin embargo, la medida fue en revisión a la Primera Sala Penal de Apelaciones, que por ese entonces integraba Ana Salés, la misma que dispuso la liberación inmediata de los detenidos. Sobre ninguno de ellos existían elementos de convicción suficientes para mantener la prisión preventiva.
“Cuando nos tocó revisar ese caso pudimos advertir que ni siquiera concurría uno de los requisitos de la prisión preventiva. El primer requisito eran los suficientes y graves elementos de convicción que vinculen a las personas con el delito y estos no existían. Los habían capturado de manera indistinta cuando ya habían pasado los tumultos, la policía no había realizado el reconocimiento de personas, no habían videos en los que se visualice la participación de los detenidos en los actos vandálicos. Frente a ello se programó la audiencia para los 20 procesados y en ese mismo día se dispuso su libertad. El órgano de control nos pidió cuentas de las decisión que habíamos tomado, pero nosotros, los miembros de la sala, ya sabíamos que esas cosas podían suceder. Nos defendimos en la decisión debidamente fundamentada. La OCMA pidió que se investigue a los fiscales, porque estos no hubieran cumplido. Si nos hubiéramos llevado por la presión, esas personas hoy estarían aún en el penal”, rememora la jueza.
Dicho esto, Salés del Castillo enfatiza que en la función jurisdiccional es fundamental que un magistrado garantice y defienda su independencia para administrar justicia.
“Es cierto que el nivel de desaprobación del Poder Judicial es alto, pero habría que revisar quiénes son los que responden esas encuestas. ¿Son personas que litigan o ciudadanos que solo perciben lo que se dice en los medios y en base a ello responden? No niego que como en toda institución en el Poder Judicial puedan darse actos de corrupción, como sí se han dado, pero no significa que todos seamos corruptos”, afirmó.
CONTRA LA CORRUPCIÓN
Mencionó que como parte de su labor en la presidencia de la Corte de Justicia de Lambayeque realiza visitas a los diferentes órganos jurisdiccionales para reunirse no solo los magistrados, sino también con los trabajadores del Poder Judicial, a fin de sensibilizar sobre la lucha contra la corrupción.
“Hablamos del riesgo que corren por asumir conductas que no corresponden, les pido que piensen en sus familias, en su profesión y en la institución. Por los actos de corrupción su vida puede cambiar de una día para otro, de estar gozando de la libertad a llegar a un penal, no para cumplir una pena corta, sino larga”, señaló.
Añadió que desde la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, en abril del 2009, se han reducido las quejas contra los magistrados porque la resolución de los casos es mucho más célere y expeditiva. “Esperamos que eso también se aplique en materia laboral, porque la carga es aún muy alta. En la medida en que los jueces asuman el compromiso de hacer las cosas bien y trabajar en las líneas de la honestidad y transparencia vamos a superar esas dudas y vallas”, acotó.
En enero de este año el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chiclayo sentenció a cuatro años de prisión al exalcalde de Pueblo Nuevo, Diego Sernaqué Paiva, fallo que se encuentra en apelación ante la Primera Sala Penal de Apelaciones que el próximo 21 de julio deberá emitir su sentencia. El Ministerio Público acusó a la exautoridad por presuntamente haber incurrido en el delito de falsedad ideológica por aprobar la independización de un predio que hoy no se sabe con exactitud si pertenece a la jurisdicción del distrito que gobernaba o de Ferreñafe.
El caso se remonta al año 2007, cuando la Cooperativa Agraria Fala, por entonces en liquidación, solicitó a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, la independización, sin cambio de uso, de un área de diez hectáreas ubicadas en el sector Jesús de Mocupuc, requerimiento que fue aprobado por el alcalde con la Resolución N° 169-2007.
La resolución expedida por el alcalde Paiva Sernaqué se basó en los informes técnicos y legales elaborados por el municipio.
En Informe N° 166-2017 de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la comuna, suscrito por el técnico Luis Castro Macalopú, entonces responsable de Catastro e Informática, y el ingeniero Alfredo Paredes Zuloeta, gerente de dicho despacho, señala que el predio en cuestión se encontraba “debidamente inscrito en la Partida N° 02234943 del Registro de Propiedad Inmueble, Oficina Registral Chiclayo”, consignado como perteneciente a la jurisdicción del distrito de Pueblo Nuevo, de acuerdo a documento emitido en mayo del 2006 por la Zona Registral N° II – Chiclayo, de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP.
Asimismo, se había corroborado que la Cooperativa Agraria Fala era contribuyente en el distrito.
En dicho informe, los funcionarios también señalan que de acuerdo al proceso de evaluación de límites de los distritos de Ferreñafe, que por aquél entonces realizada el Gobierno Regional de Lambayeque, existía la controversia respecto a la real ubicación del predio, por lo que se sugería la opinión legal. Dicha opinión fue favorable a la independización.
“El informe legal refiere que no existía información material con la cual era posible determinar si el predio pertenecía a Pueblo Nuevo o a Ferreñafe, por lo que se dio peso a la existencia de la partida en Registros Públicos y a la condición de contribuyente de la cooperativa en Pueblo Nuevo, procediéndose así a la emisión de la resolución”, explica el abogado Juan Carlos Chero Puse.
Emitida la resolución de alcaldía, los representantes de la cooperativa acudieron a Registros Públicos para inscribir la independización del predio, pero se observó la necesidad de cambiar la denominación de rústico a urbano, por lo al presentarse la solicitud al municipio este expidió la Resolución N° 193-2007, donde se aprueba el cambio de uso.
SUPUESTO ILÍCITO
Concluido este procedimiento en la comuna distrital, en el 2012 la Asociación de la Universidad Autónoma de Ferreñafe presentó la denuncia penal contra Sernaqué Paiva por el presunto delito de falsedad ideológica, argumentando que el terreno independizado a favor de la cooperativa era de su posesión y que, además, este se ubicaba en la jurisdicción del distrito de Ferreñafe.
“La tesis del Ministerio Público es que el señor Sernaqué Paiva concertó con los representantes de la cooperativa para que se emita la resolución de alcaldía, se independice el predio y se pueda abrir una partida registral, afectando con ello a un tercero que en este caso sería la Universidad Autónoma de Ferreñafe, que se apersonó como afectada acreditando una propiedad en jurisdicción de Ferreñafe. En resumen, se le ha responsabilizado por emitir una resolución sobre un terreno que supuestamente no era jurisdicción del distrito donde era alcalde”, comenta Chero Puse.
Sin embargo, hasta el momento tampoco se ha podido determinar que el predio en cuestión se encuentra en área de la capital de la vecina provincia, máxime porque en el 2011 y el 2012 Registro Públicos emitió informes en los que se señala que no es posible determinar a qué distrito le pertenece el sector de Jesús de Mocupuc.
Por ejemplo, el Informe Técnico N° 1559-2011-Z.R.N°11/OC-CHI-(R), del 9 de marzo del 2011, firmado por el ingeniero Ernesto Lazo Robles, jefe del Área de Catastro de la Zona registral N° II – Chiclayo, señala que “no se puede determinar la existencia de duplicidad entre los predios (…), ya que no se cuenta con datos técnicos y documentación gráfica (planos)”, en el título archivado a nombre de la asociación universitaria que data del octubre de 1995.
“Este problema se origina a partir de un problema mayor que es el la falta de límites definidos entre los distritos e incluso entre los departamentos, algo que es de conocimiento de Registros Públicos. El asunto está en que los informes de Registros Públicos son posteriores a la fecha de emitida la resolución de alcaldía emitida en el 2007. Es decir, en ese año no se podía exigir al alcalde que tenga la certeza de quién era el predio, más si cinco años después tampoco se pudo definir a qué jurisdicción pertenecía, y porque la resolución se basó en los informes técnicos y la documentación que se tenía”, señala.
SIN DOLO
Para el abogado no existió dolo en el proceder del exalcalde de Pueblo Nuevo, en tanto este no tenía conocimiento si es que realmente estaba en tela de juicio la propiedad. “Un procedimiento regular se inicia con una solicitud, que es lo que presentó la cooperativa, a lo que siguieron los informes y las resoluciones. Cuando se inicia un procedimiento administrativo existe la presunción de veracidad, es decir que el alcalde asumía como cierto lo indicado por el solicitante, lo que difiere del derecho penal que exige una corroboración previa”, explica el abogado.
“Han pasado tantos años y hasta ahora no se puede establecer a qué distrito le pertenece el predio y no se me puede acusar por un hecho irregular cuando yo, en el 2007, sí tenía documentación que acreditaba que el área se encontraba bajo jurisdicción de Pueblo Nuevo. No incurrí en falsedad ideológica cuando fui alcalde de Pueblo Nuevo”, dice Diego Sernaqué Paiva.
El juez José Merino Iberos, del Sexto Juzgado Unipersonal Supraprovincial de Chiclayo, basó su sentencia contra Sernaqué Paiva y los representantes de la cooperativa en los informes de los años 2011 y 2012, sin considerar que en el 2007 existían documentos a favor de la pertenencia del predio a la jurisdicción de Pueblo Nuevo.
“Nosotros esperamos que la Sala pueda tener en cuenta los nuevos elementos presentados por la defensa técnica, pero además que el supuesto dolo no existió por cuanto mi patrocinado al momento de expedir las resoluciones sí contaba con pruebas para sostener que el área se encontraba dentro de Pueblo Nuevo. Al no poder acreditarse el dolor no se habría cometido la falsedad ideológica. El Ministerio Público ha denunciado al señor Diego Sernaqué en calidad de coautor, pero tampoco se ha establecido cuál fue el rol desempeñado por los otros coimputados”, menciona el abogado.
La Municipalidad Distrital de Olmos denunció en el 2015 a los representantes de las empresas que compraron tierras en el proceso de la subasta pública del Proyecto Irrigación Olmos realizado en el año 2012, por los presuntos delitos de cohecho y colusión. Y al ex Willy Serrato Puse por malversación de fondos y otros ilícitos.
Esta investigación se encuentra en su etapa preparatoria y la lleva adelante la fiscal Ana Zegarra Azula.
HECHOS
Si bien en el fondo la controversia entre la Municipalidad Distrital de Olmos y los representantes de las empresas que adquirieron tierras en el Proyecto de irrigación es de profundo arraigo legal y tributario (Legalidad de un préstamo privado al municipio y cálculo de la base imponible para la determinación del Impuesto de Alcabala resultante de la venta de las tierras del proyecto irrigación, como producto de la subasta pública realizada en el marco del Contrato de Concesión del Proyecto Irrigación Olmos) la comuna interpone una denuncia que deja de lado el asunto tributario convenientemente y construye una teoría en la cual casi 20 representantes de empresas se habrían coludido con el ex alcalde Willy Serrato para pagar menos impuestos y defraudar al municipio y al Estado Peruano.
INVESTIGACIONES
Según se pudo conocer, como producto de esta denuncia, el Ministerio Público tiene hoy dos investigaciones abiertas: Una donde los representantes de las empresas y el ex alcalde Serrato son investigados por los presuntos delitos de cohecho y colusión, otra por el presunto delito de defraudación tributaria.
Toda una novela que demanda la atención de la ciudadanía y a la que el equipo de investigación del Semanario Expresión.
ha dedicado muchas horas de trabajo para buscar los elementos reales, en virtud de la trascendencia de las investigaciones en curso dada la in-mensa responsabilidad que el actuar de una autoridad municipal electa como Juan Mío Sánchez en materia de seguridad jurídica, de respeto por el estado de derecho y en hacer de Olmos y Lambayeque un destino moderno de inversiones agrícolas, agroexportadoras, inmobiliarias y otras de las que el futuro de Olmos y de nuestra región dependen para su desarrollo y progreso.
MIENTE A LA FISCALÍA
Nuestro equipo de investigación ha podido corroborar, en el marco de esta pesquisa que la doctora Ana Zegarra de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, remitió el Oficio Nº C-14-152-2016-MP-2DI-FPCEDCF-LAMBAYEQUE/A.Z.A. a la Municipalidad Distrital de Olmos para que esta entregue copia del Informe Tributario de la doctora Sandra Sevillano Sánchez, denominado “Consultoría Especializada en Materia Tributaria para la Emisión de Opinión sobre el Cobro de Impuestos Predial y Alcabala referidos a los Predios transferidos en el Año 2012, por la Municipalidad Distrital de Olmos en el marco del Proyecto Olmos”.
Con fecha 20 de mayo de 2016 la Municipalidad Distrital de Olmos remitió el Oficio Nº 348-2016-MDO/A respondiendo a la Fiscalía el Informe Tributario Sevillano no era parte del acervo documentario de la municipalidad distrital.
Lo indicado por la municipalidad es de particular relevancia, pues no es consistente con otros documentos que sí constan en el acervo documentario de la Municipalidad Distrital de Olmos como lo es la respuesta a un ciudadano que solicitó el mencionado Informe Tributario con base en la Ley de Acceso y Transparencia a la Información. Tan cierto es lo mencionado que el 9 de marzo de 2016, mediante Oficio Nº 024-2016-MDO/A, suscrito por el alcalde Juan Mío Sánchez, este respondió que no podía facilitar copia del mismo porque había sido remitido a la Fiscalía como parte de una investigación en curso, lo cual a todas luces resulta falso de cara a lo expresado en su oficio de mayo al Ministerio Público.
“… Ponemos en su conocimiento que la información solicitada por ustedes ha sido presentada ante el Ministerio Público (Carpeta Fiscal 46-2015 de la Fiscalía Mixta Corporativa de Olmos) y que a la fecha sigue en proceso investigatorio, en consecuencia existe una limitación legal en la entrega de información, por consiguiente no corresponde brindar lo solicitado, lo que no significa una restricción o negativa dolosa, sino por el contrario es un acata-miento a la normatividad establecida, máxime si la investigación permitirá determinar responsabilidades evitan-do que terceros empañen la función de investigar y sancionar.
En conclusión, por expreso mandato de la Ley Nº 27806 y estando acreditado que la información ha sido presentada al Ministerio Público, la entrega de la información documentaria solicitada por ustedes es ahora Improcedente”, señala la respuesta municipal.
FACSÍMIL DE RESPUESTA
Claramente el alcalde reconoció en marzo que tal informe sí forma parte del acervo documentario de la Municipalidad Distrital de Olmos, pero a la Fiscalía le declaró que no era parte del acervo documentario en mayo. Este comportamiento, a nivel de un proceso penal puede ser considerado como comisión de una serie de delitos como Falsedad Genérica (mentir), Fraude Procesal (esconder información al Ministerio Público / Fiscalía para que esta concluya de forma errada en un proceso) y obstrucción de una investigación. No son delitos menores y sus penas incluyen la privación de la libertad en algunos casos por períodos superiores a los cuatro años, máxime si son cometidos por un funcionario público electo, quien carga la responsabilidad de hacer valer el Estado de Derecho en su actuar. Una autoridad condenada por delitos como los antes mencionados puede ser vacada por el Jurado Nacional de Elecciones.
MIENTE A LA POBLACIÓN
En este punto resulta de máxima importancia saber qué dice el informe de la Consultoría Especializada elaborada por la doctora Sandra Sevillano, reconocida especialista en materia tributaria y renombrada catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Recientemente este informe de consultoría especializada ha sido obtenido en exclusiva por el equipo de investigación del Semanario Expresión.
Cabe resaltar que su existencia no es novedad pues el alcalde de Olmos, Juan Mío, declaró en entrevista a este semanario que tal informe de consultoría especializada efectivamente existía, pero que se trataba de un documento que él había pedido a título personal, minimizando así su trascendencia. Sin embargo, la labor investigativa ha permitido obtener copia del mismo, así como otros documentos relevantes.
Aun así, de forma temeraria e irresponsable el alcalde emprende una causa penal contra los empresarios que han apostado por el desarrollo de Lambayeque ocultando información de máxima relevancia al Ministerio Público.
Después de leer el informe de la consultoría especializada de la doctora Sandra Sevillano, que está dirigido a Mío Sánchez como alcalde de la municipalidad distrital y no a él como persona natural, se observa que realiza un profundo análisis jurídico de los hechos y jurisprudencia en materia de determinación de la base imponible del impuesto de alcabala. Específica y resumidamente en la página 4 se leen sus conclusiones:
“Respecto de las preguntas formuladas, las conclusiones – cuya sustentación y razona-miento se desarrolla en lo que sigue del presente informe – son:
1. En lo que refiere al Impuesto de Alcabala
1.1 En el marco legal y jurisprudencial vigente no se encuentra posibilidad o elementos para intentar reconstruir jurídicamente una eventual base imponible diferente a la que considera únicamente el Pago por las Tierras, y pretender incluir dentro de ella el denominado Pago por Capacidad.
1.2 La MDO carece de la capacidad legal para pactar la extinción de Impuestos de Alcabala deven-gados y para renunciar a su facultad de fiscalización y determinación sobre el mismo tributo.
1.3 La MDO debió concluir los procedimientos contenciosos tributarios con la emisión del acto administrativo que correspondía y carecía de competencia para diseñar cualquier otra forma de conclusión de dichos procedimientos.
1.4 La MDO no ha debido emitir nuevas Resoluciones de determinación con el mismo tenor que las anteriores sin ofrecer ninguna fundamentación adicional y sin aportar ninguna motivación que permita justificar el cobro”.
En las páginas 16 y 17 del citado informe encontramos también importantes conclusiones que transcribimos:
“1.1.5 Conclusión: la base imponible es solo el Precio pagado por las Tierras
En el marco legal y jurisprudencial vigente no hay posibilidad o elementos o la posibilidad es remotísima, para intentar recomponer la base imponible del Impuesto de Alcabala que recayó en la transferencia de los Lotes y pretender considerar dentro de ella el denominado pago por capacidad.
Las conclusiones del informe son contundentes en lo que refiere a la determinación de la base imponible del impuesto de Alcabala, tal como se observa en los textos transcritos del informe y expone claramente por qué el alcalde prefiere mentir a la población y a la Fiscalía antes de exponer la verdad: Porque no tendría fundamentos para sustentar su denuncia, pues la determinación y pago del impuesto de Alcabala por parte de los compradores de tierras del 2012, fue realizada de forma correcta.
También son contundentes al analizar el préstamo que estas hicieron a favor de la Municipalidad Distrital de Olmos en el 2012, pues claramente concluyen que este ha lícito y no se ha transgredido ninguna ley aplicable, conclusión que definitivamente incomoda al alcalde Mío Sánchez, pues su teoría de los hechos y denuncia formulada al res-pecto, se basa en que el convenio de préstamo también habría sido ilegal.
Las conclusiones con relación a la determinación del impuesto de Alcabala son coincidentes con las conclusiones a las que arribó la Contraloría General de Re-pública quien en su Oficio Nº 00225-2016-CG/CRN del 15 de febrero de 2016 remitido al alcalde Mío, tal como ya fue publicado por este semanario; al respecto le dice en su conclusión:
“De la revisión de la documentación evaluada con relación al cálculo y pago del Impuesto de Alcabala; así como, del Estado de los recursos de reclamación desarrollados, como de la normativa de tributación municipal, el Impuesto de Alcabala grava la transferencia de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos, a título oneroso o gratuito, no consignando otro tipo de concepto para el cálculo de dicho Impuesto. Aspecto que este Organismo Superior de Control sugiere tener en cuenta en los procedimientos administrativos en curso con las empresas mencionadas, a fin de evitar contingencias que puedan afectar patrimonial-mente a la entidad y al Estado.” (subrayado nuestro).
Tanto la doctora Sandra Sevillano como la Contraloría General de la República coinciden con que el Impuesto de Alcabala grava únicamente la transferencia de propiedad (Pago por Tierras) y que otros conceptos como el Pago por Capacidad no constituyen base imponible para la determinación del mismo.
Claramente el alcalde Mío Sánchez ha optado por hacer caso omiso en el tiempo a las opiniones especializadas en materia tributaria y pretende desaparecer todo rastro de cualquier opinión que le es desfavorable, con el único propósito de emprender un causa contra los representantes de Usuarios y el ex alcalde que no tiene base técnica, legal ni fáctica que la sustente.
¿EL ALCALDE, PRETENDE ALGO MÁS?
Considerando el actuar en este caso, documentadamente fraudulento y doloso del alcalde Juan Mío, que lo expone al riesgo de ser denunciado por la fiscalía o por cualquier ciudadano por la comisión de delitos que lo pueden llevar a condenas que, como mínimo, le pueden causar la vacancia del cargo de burgomaestre y hasta eventualmente ser condenado con pena privativa de libertad cabe especular sobre las reales motivaciones del alcalde Mío Sánchez.
En este escenario sólo nos queda especular si la denuncia a los representantes de las empresas que hoy invierten decenas de millones de dólares en el Proyecto Irrigación Olmos -donde ya se han nivelado 26,000 hectáreas y sembrado casi 12,000 hectáreas y que generan ya más de 4,000 empleos en la zona - ¿fue esta una estrategia de perjuicio para obtener algún beneficio propio en la que no tuvo éxito y que ante ello ha optado por cometer delitos penales en el tiempo con tal de mantener las investigaciones abiertas para tener palanca de negociación de un mega daño?
Es difícil contemplar un escenario donde el burgomaestre Mío transgrede las leyes, como de hecho ya lo estaría haciendo, buscando que el ex alcalde Serrato sea declarado culpable de algún delito a expensas de los representantes de las empresas que más invierten en la región Lambayeque, sabiendo lo expresado por la Controlaría General de la República y por el Informe de la doctora Sevillano dirigido a la municipalidad distrital de Olmos que no tiene argumentos ni tributarios ni penales válidos que sustenten sus denuncias. De ser, o haber sido, esta su estrategia claramente necesita contratar nuevos asesores y reflexionar sobre la inmensa responsabilidad que es ser alcalde del Distrito de Olmos en esta nueva era donde el Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos ya no es un sueño sino un realidad que madura a pasos agigantados y donde los pobladores de Olmos y los inversionistas serán los grandes observadores del cumplimiento de la leyes y del estado de derecho. En este escenario hoy no hay espacio, ni lo habrá en el futuro, para alcaldes mentirosos y dispuestos a defraudar a sus pobladores y a las instituciones del Estado como hoy lo hace Juan Mío Sánchez.
Los ojos de los olmanos, de Lambayeque y el país está en manos del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público que con pruebas al canto deberá determinar quién tiene la razón, quién mintió, quién distrajo a la justicia de verdaderos hechos ilícitos a los que se tiene que aplicar todo el rigor de la justicia.
En ceremonia especial, la Universidad Señor de Sipán, celebró sus 17 años de vida académica forjando profesionalmente a la juventud de Lambayeque y del norte del Perú. Diecisiete años en que esta institución ha logrado posesionarse a la vanguardia de una formación científica y humanista.
En el evento se le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa al doctor Walter Alva Alva, por su destacada labor académica en el campo de la investigación arqueológica y su aporte a la cultura de nuestra tierra lambayecana.
La ceremonia estuvo dirigida por la Presidenta de la Junta General de Accionistas de la USS, doctora Carmen Rosa Núñez Campos y el rector doctor Roger Pingo Jara. Asistieron a la misma, autoridades políticas, civiles, militares y académicas, entre las que destacan el embajador de Costa Rica señor Melvin Sáenz Biolley, y el congresista de la República abogado Alberto Beingolea Delgado.
También asistieron al evento académico el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias-Lambayeque, Carlos Quiroz Orrego, el presidente de la Asociación Regional de Exportadores-Lambayeque, Max Santolaya Silva, el presidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque, Olivio Huancaruna Perales, entre otros.
En abril pasado, edición 956, Expresión abordó al detalle el problema presentado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, por la designación de docentes mayores de 70 años en cargos administrativos, pese a lo señalado por la Ley N° 30220, Nueva Ley Universitaria. La situación puso contra la espada y la pared al actual rector Jorge Oliva Núñez, quien fue notificado por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, de lo irregular que esto resultaba. Tres meses después, la trasgresión a la norma se repite.
Si bien, a raíz del Oficio N° 049-2016, dirigido en marzo por el jefe de la Dirección de Fiscalización y Sanción de la SUNEDU, Aurelio Echecopar Talleri, donde se le pedía un pronunciamiento a la UNPRG por la designación irregular, la gestión de Oliva Núñez aplicó los correctivos pertinentes con el Oficio Circular N° 014-2016-R-UNPRG, del 12 de abril, con el cual ordenó a los decanos de las 14 facultades de la casa de estudios cesar, en un plazo de tres días hábiles, a los profesores mayores de 70 años ubicados en cargos administrativos.
La orden fue dada por el rector días después de hecho público el problema por este medio.
El Artículo 84 de la Ley Universitaria, validada con sentencia del Tribunal Constitucional, señala que “la edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria pública es de setenta años. Pasada esta edad solo podrán ejercer la docencia bajo la condición de docentes extraordinarios y no podrán ocupar cargo administrativo”.
LOS CASOS
El mismo rector había incurrido en la falta al designar como presidente de la Comisión Reorganizadora de la Escuela de Postgrado de la universidad a Carlos Quiñones Farro, quien en noviembre de este año cumplirá 71 años de edad.
La SUNEDU, en su Oficio N° 048-2016, del 26 de febrero, advirtió también la irregularidad cometida en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación – FACHSE, donde se había designado con Resolución N° 1, del 4 de enero de este año, a Carlos Salvador Reyes Aponte, como jefe de la Oficina de Administración, aun cuando tiene 72 años de edad. La falta se repetía con Félix López Paredes, quien con 80 años había sido designado con Resolución N° 17, del mismo día, como Director General de la Sección de Pregrado, en tanto a Manuel Bances Acosta, de 72 años, se le había dado el cargo de Director del Programa de Diplomados – Sección Educación Permanente.
Otros casos de la misma facultad eran los de Jorge Ordemar Rico, de 72 años, nombrado como Director del Programa de Complementación Académica Docente, y el de José Pastor Balderrama, de la misma edad, puesto en el cargo de jefe de la Oficina de Imagen Institucional.
Todas las resoluciones de nombramiento habían sido emitidas por el decano de la facultad Néstor Tenorio Requejo.
Persistir en la desatención de la norma, es decir, mantener a dichos profesores en los cargos, habría acarreado incluso sanciones y multas económicas contra la universidad, tal como sucedió en otras casas superiores del país, toda vez que el Reglamento de Infracción y Sanciones de la SUNEDU señala que es considerado falta muy grave la designación de profesores septuagenarios en funciones administrativas.
INTERVENCIÓN DE LA CONTRALORÍA
También en abril, el Gerente de la Oficina de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de la República, Nelson Guevara Altamirano, se dirigió al rector Oliva Núñez a través del Oficio N° 00500-2016, por el cual da a conocer que se habían hallado indicios de irregularidad en el informe de Alerta de Control elaborado por su presentada.
En dicho documento, Guevara Altamirano otorgó un plazo de 20 días hábiles para que la universidad, a través del despacho rectoral, pueda informar de las medidas correctivas a implementar, concretadas por el circular dirigido a los decanos para que destituyan a los docentes irregularmente designados.
“Nosotros nos dirigimos oportunamente a la universidad para que se corrija esa situación, porque se estaba incumpliendo lo señalado por la ley, que es bastante clara respecto a las prohibiciones que se tienen para el acceso a los cargos administrativos”, confirmó a Expresión el jefe de la oficina de control.
Guevara Altamirano, señaló que de presentarse casos nuevos, aun sabiendo las autoridades universitarias de lo que indica la ley, ameritaría una nueva intervención de la Contraloría, además de las acciones de sanción que pueda implementar la SUNEDU, las mismas que están fijadas en el reglamento de la superintendencia.
LA ESTRUCTURA Y CARGO
Lo advertido por el Gerente de la Oficina de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de la República ha sucedido, y para ello se dieron desde mayo pasado una serie de cambios en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación – FACHSE.
El 12 de mayo, con Resolución N° 0751-2016, el decano de la facultad Néstor Tenorio, aprobó, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, la nueva estructura “de las asignaciones únicas mensuales de responsabilidad funcional de autoridades y personal directivo” de la FACHSE, de acuerdo a la adecuación de la nueva Ley Universitaria y el estatuto de la casa de estudios.
Con ello se crea el cargo de Asesor de Procesos Académicos de los Programas Especiales, en el esquema del Centro de Producción de Servicios Educativos, para el cual se asigna una remuneración mensual de dos mil 485 soles, que deberán ser pagados – conforme señala la resolución – para los próximos ocho meses del año (mayo – diciembre), sumando un total de 19 mil 880 soles.
Días después, el 20 de mayo, Tenorio Requejo emitió la Resolución N° 0841-2016, por la cual procede a “actualizar, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad”, los cargos asignados a los directivos, de acuerdo al cambio de nominación de las oficinas por adecuación a la nueva Ley Universitaria y al estatuto de la UNPRG.
De este modo, el decano dispone que la jefatura de Sociodata, que era un despacho de la facultad encargado de evaluaciones y estudios sociales, sea reconvertida en el de Asesor de Procesos Académicos de los Programas Especiales, estableciendo la remuneración antes mencionada.
OTRA VEZ REYES APONTE
Lo dispuesto no tendría nada de extraño si el 8 de junio de este año, con Resolución N° 0962-2016, el decano no habría nombrado a Carlos Salvador Reyes Aponte como asesor de Procesos Académicos del Centro de Producción de Servicios Educativos de la FACHSE.
Reyes Aponte es el mismo profesor por el cual la SUNEDU presentó la notificación al rector Jorge Oliva en marzo pasado, puesto que en agosto cumplirá 73 años de edad, según su ficha RENIEC.
La resolución firmada por el decano Tenorio Requejo y la encargada de la Secretaría Docente de la Facultad, Julia Santa Cruz Mío, especifica que el Asesor de Procesos Académicos depende jerárquicamente del Decanato, coordina con el Subgerente del Centro de Producción de Servicios Educativos y los directos de los programas del mismo.
Dicha resolución, según indica su artículo tercero, debe ser de conocimiento del Rectorado, el Vicerrectorado Académico y las demás oficinas de la alta dirección de la universidad, entre ellas la de Asesoría Jurídica.
Actualmente en la FACHSE el Consejo de Facultad está inactivo, de ahí que cada resolución del decano señala “con cargo a dar cuenta”.
“NO HAY MÁS CASOS”
El jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la universidad, Gilberto Carrasco Lucero, señaló a Expresión que no se conoce de más casos de designaciones irregulares en los cargos administrativos de la universidad.
Refiere que ser asesor de una facultad no significa cumplir cargo administrativo, aunque no precisa si esto se aplica luego que la nominación de un área haya sido modificada, tal como sucede en el caso de la FACHSE.
“Ser asesor de una facultad no es cargo administrativo porque en todo caso ese cargo no existe en la estructura funcional de la universidad. Puede ser un asesor ad honoren, puede ser un asesor por la amistad que tengan. No existen en las facultades cargos de asesores”, mencionó.
Consultado qué sucedería en el caso que se haya cambiado de nominación a un cargo para que con dicha partida se le pague la remuneración a un asesor, Carrasco Lucero precisó que se debería tener el visto bueno del rectorado.
“Para hacer eso tiene que pasar por el rectorado, y eso hasta el momento no se ha dado. Si hay eso en alguna facultad debe ser de alguna cuestión, alguna nominación interna entre ellos, pero que no está dentro de la estructura de la universidad”, aseveró.
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, José Gallardo Ku, inauguró el proyecto de Internet de banda ancha en ceremonia oficial realizada en el Colegio Inca Garcilaso de la Vega en el distrito de Mórrope. El representante del Ejecutivo hizo referencia a las principales ventajas del proyecto que busca conectar a colegios, postas médicas y comisarías. Asimismo, el facilitará programas en otros sectores como Salud y Cultura.
Son 355 localidades con más de 200 mil pobladores de Lambayeque que desde ya pueden acceder al servicio de Internet de banda ancha gracias a la ejecución del proyecto “Conectividad integral en banda ancha para el desarrollo social de la región Lambayeque”.
Gallardo Ku señaló que este nuevo proyecto acompaña a una estrategia nacional, siendo el primero en empezar y en terminar. Sin embargo, no es el único proyecto que tiene el MTC.
“Este proyecto es importante por lo que significará en la reforma del Estado. Solo imaginemos a todo el país con fibra óptica. Las instituciones del sector público cambiarán muchísimo para brindar mejores servicios y con un menos costo”, afirmó.
Proveer el acceso a Internet de alta velocidad al sector público es uno de los objetivos principales del proyecto, pues serán más de 500 instituciones, entre ellas 311 colegios, 115 postas médicas, 19 comisarías y demás entidades del departamento, las favorecidas.
Además, el ministro de Transportes comunicó que se ha licitado ocho proyectos regionales de 21 proyectos en total. Igualmente, indicó que el acceso a las telecomunicaciones o Internet en la Amazonía requiere otra tecnología y no la fibra óptica.
“Ya hemos licitado ocho proyectos regionales y entre los más cercanos están Piura, Tumbes y Cajamarca. En la región central para Huancavelica, Apurímac, Cusco y Ayacucho. También hemos dejado en ProInversión la continuación que es Ica, Lima Provincias, Amazonas y también Junín y Puno. Así, hasta completar los 21 proyectos regionales”, aseguró.
PROYECTO
El proyecto “Conectividad integral en banda ancha para el desarrollo social de la región Lambayeque” radicó en la construcción de una red de 700 kilómetros de fibra óptica, nodos de transporte y acceso, respaldados por la tecnología inalámbrica y enlaces vía microondas.
Asimismo, esta iniciativa beneficia a un total de 296 entidades en la provincia de Lambayeque entre las cuales se encuentran 192 colegios, 63 centros de salud, ocho comisarías y otras 33 instituciones. En la provincia de Chiclayo favorece a 69 colegios, 30 centros de salud, siete comisarías y otras 15 entidades adicionales, sumando un total de 121 entidades. Igualmente, 83 entidades en la provincia de Ferreñafe entre 50 colegios, 22 centros de salud, cuatro comisarías y siete entidades adicionales.
El proyecto fue adjudicado a la empresa Telefónica del Perú y financiado por el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL. Asimismo, demandó una inversión de 59 millones dólares.
BENEFICIOS
Durante la ceremonia de entrega del proyecto, se pudo observar cómo se realizaba una ecografía a una paciente gestante del centro de salud Mórrope, quien fue atendida por la médico residente, Yesenia Flores Limo. Gracias al acceso a Internet de banda ancha pudo enviar imágenes en tiempo real al Hospital Regional Lambayeque – HRL, donde el ginecólogo José Paredes Loli pudo observar y ayudar en el procedimiento realizado.
“Si eso lo extendemos a una visión nacional y conectamos al HRL con Lima, ya podemos ver lo que vendrá a nuestro país. Solo el 82 % de los especialistas médicos viven en tres ciudades del país y principalmente en Lima. ¿Cómo hacemos para llevar el conocimiento de ese especialista a la necesidad, por ejemplo, en Mórrope, o Namballe, en la frontera con Ecuador, o Pampachiri, en la frontera de Apurímac con Ayacucho? Ese especialista llegará con Internet de alta velocidad. Entonces, el propio Estado se va a reformar para dar el servicio también de esa manera”, afirmó el ministro.
Asimismo, el proyecto también considera la distribución de 22 mil 250 tabletas electrónicas en los siguientes 10 años a los colegios para mejorar el aprendizaje de los alumnos y enseñarles a “acceder a un nuevo mundo que se abre con la Internet de alta velocidad”.
La banda ancha ayudará a las reformas emprendidas por el ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduví, respecto a la igualdad educativa entre colegios públicos y privados.
“Ya sabemos que tenemos el bachillerato internacional, pero para que estos esfuerzos de sector educativo realmente puedan hacerse realidad necesitamos también especialistas. ¿Cómo un profesor en Mórrope se puede apoyar en ellos? Por ejemplo, si queremos estudiar inglés, lo podemos hacer a través de Internet con la capacitación de nuestros profesores en Mórrope por especialistas. Nuestros niños cuando hablen más de un idioma podrán acceder a las clases de los mejores colegios y universidades del mundo, ese es el sueño de la inclusión, donde todos podamos hacer lo mismo”, indica.
Asimismo, José Gallardo consideró que la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica Pensemos ayudará, a través de la telecultura, a que los estudiantes de diferentes partes del país puedan ver en directo los diferentes eventos realizados en Lima.
“En Lima los estudiantes de los colegios pueden ir al Gran Teatro Nacional y observar el ensayo de la filarmónica o del ballet. Si las niñas en Mórrope, desde el colegio Garcilaso, quieren ver a la primera ballerina, podrán hacerlo al tener Internet e inspirarse con los espectáculos. Pensemos en teletrabajo, en telecapacitación y en todo lo que esto nos va a abrir. Este proyecto también simboliza que nuestro país empieza a ser cableado con fibra óptica y causará una reforma del Estado, porque las posibilidades que se abren para ser un país mejor son infinitas. Vamos a hacer mucho más con menos presupuesto”, afirma.
LA RED DE FIBRA ÓPTICA
El ministro dio a conocer que la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica se inaugurará antes del término del gobierno de Ollanta Humala. Esta red conecta y lleva capacidad ilimitada de Internet a 180 capitales de provincia de las 196 que tiene nuestro país.
De igual forma, esta red resulta un complemento para las bandas de tecnología 4G LTE por la calidad y cantidad de datos que se podrán transmitir a altas velocidades. Asimismo, permitirá reducirán los costos de acceso a Internet hasta en un 80 %. Según ProInversión, las compañías de telefonía móvil e Internet tendrán costos menores de transporte de señales de telecomunicaciones, lo cual les permitirá bajar sus tarifas de servicios como Internet, telefonía fija, móvil, televisión, entre otros.
“Estamos en las pruebas finales de las etapas cinco y seis. El proyecto de red dorsal sirve para que estas redes regionales se conecten y para cubrir todos los servicios de telecomunicaciones. La capacidad que este está llevando a las capitales de provincia le permite a cualquier concesionario comprar esa capacidad al 10 % de su valor, es decir, la inversión hecha en la red dorsal es para subsidiar el acceso de gran parte del país que no tenía Internet de alta velocidad y hacer una oferta comercial en Internet, televisión de paga y telefonía móvil”, expresó el ministro.
SALDO DE LA GESTIÓN
El titular de Transportes resaltó que se ha logrado brindar acceso de telefonía móvil a dos mil 327 pueblos con más de 400 habitantes cada uno. Asimismo, destacó la instalación de Virgin Mobile como el primer operador virtual móvil, del cual se espera que genere más competencia, calidad y mejores precios para los usuarios.
“La satisfacción del sector va también en el tema de la expansión de la parte vial. En el año 2001 la Red Vial Nacional tenía poco más de ocho mil kilómetros. En la administración del 2001 al 2006, se hicieron como dos mil 800 kilómetros, pero sobre todo para la rehabilitación de las carreteras de asfalto”, afirma.
También, asegura que en la gestión del expresidente Alejandro Toledo, la Red Vial Nacional creció en apenas 38 kilómetros en asfalto. Y considera que se dio un “gran salto” durante el gobierno de Alan García, porque los ocho mil kilómetros se convirtieron en 12 mil 500, logrando una ampliación de más de cuatro mil.
“Actualmente, la Red Nacional Vial está en casi 19 mil 500 kilómetros, es decir, se ha ampliado en más de siete mil kilómetros. Estamos dejando ya licitadas otros tres mil kilómetros, lo que para quiere decir que en el 2017 pasaremos a tener 23 mil kilómetros pavimentados, es decir prácticamente el 99 % de la Red Vial Nacional recibida en el 2011”, aseveró.
Gallardo Ku afirmó que las necesidades del país aún no terminan y que el reto de la próxima administración radica en concluir la Red Vial Nacional y reforzar la Red Vial Departamental y la Red Vial Vecinal.
Finalmente, agradeció la presencia de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante; el gobernador regional, Humberto Acuña Peralta; el secretario técnico de FITEL, Luis Montes Bazalar; y el presidente de Telefónica del Perú, Javier Manzanares.
“Quiero también dejarles un abrazo del Presidente de la República, quien viene empujando los proyectos e inspirando la idea de un país donde todos seamos parte del esfuerzo productivo y beneficiaros de los servicios de calidad. La visión de inclusión que es lo que Paola Bustamante, a través de sus programas sociales también viene trabajando y es el presidente quien viene empujando esto, ya le quedan pocos días y como él dice, trabajará hasta el último minuto para que esto siga haciéndose realidad”, finalizó.
