En diciembre de este año se tendrá lista la viabilidad del proyecto para la ejecución del drenaje pluvial para Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria. Al respecto, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio – ARCC, señala que todo apunta a que, en el segundo trimestre del 2022, paralela a la formulación del expediente técnico, se inicien los primeros trabajos de la ansiada obra.
“Nosotros hemos estado muy preocupados por la obra de drenaje pluvial, pues se nos dio la posición contractual de parte del Ministerio de Vivienda; es decir, nos pasaron este contrato. Ha tenido muchos problemas, pero hemos puesto lo mejor de nosotros, tanto la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios como la empresa que ha estado a cargo, y hemos sacado adelante este contrato. Eso nos permite afirmar que en el mes de diciembre vamos a declarar la viabilidad; es decir, va a ser un Proyecto de Inversión Pública – PIP. ¿Qué significa esto? Que hacia el siguiente año, luego de tener la viabilidad, en cuatro meses más podríamos estar firmando el contrato para iniciar el proyecto en las primeras etapas, eso significa la viabilidad, explica a Expresión Amalia Moreno Vizcardo, directora ejecutiva de la ARCC.
A partir de la suscripción de contrato se iniciará la formulación del expediente técnico, lo cual no es impedimento para el inicio de los primeros trabajos, toda vez que por la metodología que aplica la ARCC, es posible la realización de obras al ritmo que avanza la elaboración del documento.
“Nosotros utilizamos la metodología del ‘Fast Track’, la cual significa que una vez licitado este proceso vamos a iniciar el diseño, es decir el expediente técnico, pero no necesitamos acabar el expediente para iniciar obras. Entonces, una vez que tengamos un avance razonable del expediente técnico podemos iniciar obra. Por eso decimos que el drenaje pluvial hacia el año 2022 va a ser una realidad, no se va a culminar, obviamente, pero se va a iniciar tanto el diseño como la obra”, detalla.
Características de la obra
Moreno Vizcardo menciona que aún no se tiene un estimado de cuánto costará la obra, cuya importancia radica en la mitigación de inundaciones en Chiclayo y la zona conurbada.
El proyecto del drenaje pluvial fue incluido en el Plan de Reconstrucción aprobado por el gobierno nacional en el 2017, tras el Fenómeno El Niño Costero.
“Dentro de la tecnología que se está utilizando, se está aprovechando mucho que el drenaje sea superficial, y solo donde sea necesario el drenaje será subterráneo. ¿Por qué? Porque cuando se hace que todo el drenaje sea subterráneo el porcentaje de mantenimiento y la vida útil de la obra misma, puede perjudicarse en el tiempo, por esa razón es que estamos haciendo un mix de ambas alternativas, tanto el drenaje superficial como el drenaje subterráneo”, precisa.
Refiere que la propuesta es que la obra sea sostenible y resiliente. “Estamos pensando en el día después de inaugurar la obra del drenaje pluvial, cómo se va a mantener, quién lo va a mantener y cómo es que se va hacer. Todo eso se está pensando desde ahora”, señala Amalia Moreno.
El saneamiento básico
La responsable de la ARCC menciona que el drenaje es una obra complementaria del sistema de saneamiento básico, el mismo que fue declarado en emergencia por la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, debido a su permanente colapso.
Las autoridades regionales solicitaron a la Reconstrucción considerar la ejecución de un proyecto integral de renovación y mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado para Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria. Empero, el pedido no fue acogido.
Amalia Moreno explica que la decisión no obedece a un problema de recursos, sino más bien de competencias.
“La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios no tiene facultades para intervenir en una obra de esta naturaleza, no en la forma en la que fue planteada. Esa es una competencia del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, hemos escuchando las voces de las autoridades y por ello se aprovechará la intervención en las ciudades como parte de los trabajos del drenaje pluvial para poder mejorar algunos colectores, principales y secundarios, para por lo menos ir avanzando en este proyecto”, señala.
Anota que este proceso será importante para llamar la atención del gobierno nacional respecto a la problemática del saneamiento básico, pues con la intervención de las calles (perforación de zanjas), se evidenciará con pruebas técnicas y fidedignas cómo está la red de agua y alcantarillado.
“Creo que eso hará que el Ejecutivo tome una decisión más rápida y con mayores elementos de juicio para poder financiar y dar el presupuesto que necesita la región Lambayeque”, registra.
Manejo de cuencas
Respecto al manejo integral de las cuencas en los cinco valles del departamento, otro de los objetivos del plan de reconstrucción, Moreno Vizcardo menciona que ya se realizó la selección de los proyectos para los ríos Motupe y La Leche, y está en marcha el proceso para los ríos Zaña y Olmos.
“Creemos que hasta la quincena de enero ya estaríamos firmando este contrato, y se vienen otros 500 millones de soles para Lambayeque. Quiero también resaltar que solamente a través de los convenios Gobierno a Gobierno, en la región Lambayeque, este año, hemos invertido aproximadamente mil 500 millones de soles, que se invertirán hasta el 2023”, manifiesta Amalia Moreno.
En relación a la oposición de los alcaldes de la Mancomunidad del Valle La Leche al planteamiento definido por el Consorcio Ríos del Norte para la intervención en el río del mismo nombre, la jefa de la ARCC refiere que el proyecto aprobado no interfiere en la realización del proyecto La Calzada, pues el trabajo de la reconstrucción apunta, únicamente, a mejorar las defensas de cara a posibles desbordes,
“Lo que en realidad vamos hacer son defensas ribereñas. Yo creo que La Calzada como tal y nuestra intervención, son proyectos que no se oponen, no significa que el hecho de que se haga el reservorio La Calzada, que tiene el objetivo de cerrar brechas de agricultura y demás, se opongan a las defensas ribereñas que se van hacer en el rio La Leche. Quizá, lo que falta es mayor detalle e información respecto a las obras que vamos a realizar. La Calzada apunta a cerrar brechas con la agricultura y nosotros, a través de las defensas ribereñas y los reservorios de laminación, queremos evitar las inundaciones. Ambos proyectos son importantes y ambos proyectos tienen que ejecutarse”, manifiesta.
Lo recurrente. Todo hace indicar que a la interna de la comuna de Mórrope los procesos de selección que se convocan para la ejecución de obras de gran impacto social, constantemente son cuestionados, esto por el deficiente accionar de los comités encargados de realizar los actos de admisión y evaluación de las ofertas presentadas por los participantes. Peor aún, los procesos son adjudicados a aquellos que presentan documentos presuntamente no adecuadas a la legalidad.
Con fecha 28 de noviembre del año en curso, el comité de selección presidido por Eduardo Esteban Torres Gonzáles e integrado por los miembros José Gilberto Chapoñan Acosta y Edgard Rolando Rivera Flores, realizó el acto de admisión, evaluación y calificación de las ofertas presentadas por los postores en el Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 001-2021-MDM, convocado por la Municipalidad Distrital de Mórrope para la ejecución de la obra “Recuperación de la I.E. Manuel Ruiz Sánchez del CP Santa Isabel”.
La buena pro de la obra fue adjudicada a la constructora Trébol Ingeniería SAC, con RUC N° 20603079214, representada por su gerente general, Eduardo Sáenz Falen, ofertando el monto de ocho millones 762 mil 997 soles.
La irregular documentación
A folios 13 de la oferta del adjudicatario de la buena pro, obra el Anexo N° 1 – Declaración Jurada de Datos del Postor, en el cual – como se muestra en la imagen – Trébol Ingeniería SAC consignó como domicilio legal la Calle Elías Aguirre 830 Oficina 203 – Chiclayo-Lambayeque, la cual no le pertenece, por cuanto de acuerdo a la Información Histórica del portal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, esta se encuentra de baja desde el 30 de noviembre del 2019.
De acuerdo a la consulta RUC, se puede advertir que el Domicilio Fiscal actual de Trébol Ingeniería SAC está ubicado en la avenida San Luis N° 2631, Interior 401 (Cruce con la avenida San Borja Sur) San Borja - Lima, el cual también se encuentra consignado en el Registro Nacional de Proveedores – RNP, domicilio que incluso se encuentra como “Habido” y el RUC como “Activo”, información corroborativa que permite establecer que el domicilio consignado en el Anexo N° 1, es inexacta y carece de veracidad.
Condiciones requeridas
Las bases del procedimiento requirieron que los participantes acreditaran contar con experiencia en la ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria por un monto cercano a los nueve millones de soles.
Para tal fin, Trébol Ingeniería SAC presentó en su oferta, entre otros, un contrato celebrado con el Instituto de Investigación Agraria – INIA, y el Consorcio El Trébol, del cual fue integrante, cuyo objeto consistió en el “Acondicionamiento de la Infraestructura de la Estación Experimental Agraria Santa Anita”, cuyo valor acreditado y considerado en el Anexo N° 10, de acuerdo al porcentaje de su participación en el consorcio, ascendió a cuatro millones 495 mil 544.66 soles.
Las bases del procedimiento en cuestión requirieron que los postores demuestren haber ejecutado obras bajo las condiciones siguientes: Construcción y/o Rehabilitación y/o Adecuación y/o Ampliación y/o Instalación de Instituciones Educativas públicas o privadas, entre otros condicionantes, pero no consideró acreditar obras de “Acondicionamiento”.
Es decir, bajo esta modalidad no acorde con lo establecido en las bases, el comité de selección no debió validar dicho contrato, por lo tanto, debió rebajar el porcentaje obtenido de 100 puntos respecto a la acreditación de la experiencia por parte del ganador de la buena pro.
La variación de las bases
El proceso primigenio fue declarado “desierto” por el Tribunal de Contrataciones del Estado TCE, bajo el fundamento de la irregular presentación de las Cartas de Línea de Crédito alcanzadas por el consorcio conformado por Trébol Ingeniería SAC y FEDECO Contratistas Generales SAC, situación que fue advertida por Ingeniería Civil Montajes SA – ICM.
Ante la declaratoria del primer proceso como “desierto”, las bases debieron mantenerse sin variación alguna. Sin embargo, para la segunda convocatoria el comité, en forma subrepticia, incrementó una condición no establecida en las bases anteriores, agregando el requisito que los postores demuestren haber ejecutado “edificaciones en general”.
Al parecer, el comité amplió este requisito con la presunta finalidad de que la empresa que obtuvo la buena pro pudiera participar y adjudicarse la obra, como así sucedió, presentando para tal fin el contrato celebrado con INIA a pesar de que este no cumplía con las condiciones requeridas en las bases del procedimiento.
Opinión
Este medio de comunicación, buscó la opinión técnica del consultor en contrataciones del Estado Jorge Chávez Pita, quien manifestó que a la luz de las evidencias, tanto el postor que obtuvo la buena pro como el comité de selección habrían actuado al margen de la ley, ya que de acuerdo a los documentos de corroboración, el postor ganador presentó documentos incongruentes e inexactos, materia de una infracción sancionable.
“El comité de selección, al margen de no haber efectuado los controles posteriores correspondientes, convalidó documentos con referencias que las bases integradas del procedimiento no habían considerado, variando incluso las mismas sin fundamento legal aparente”, manifestó.
Luego de que el Tribunal Electoral Nacional de Colegio de Ingenieros del Perú le enmendase la plana a la Comisión Electoral Departamental, Carlos Burgos Montenegro participará este 21 de noviembre como cabeza de la Lista 7: ‘Los ingenieros lo hicimos, los ingenieros lo haremos’, en los comicios para elegir al próximo decano regional de la orden profesional. Su principal propuesta es construir la Clínica del Ingeniero en el terreno que adquirió para dicho fin durante su anterior gestión, del 2016 al 2018.
“Vamos a hacer realidad esa obra emblemática como es la Clínica del Ingeniero. En nuestra primera gestión compramos al contado el terreno ubicado en la avenida Pase del Deporte. Es un área de más de 15 metros de frontera por 25 de fondo, donde edificaremos a partir del primer día hábil del próximo año nuestra clínica para las familias de los ingenieros”, asevera.
Asimismo, propone reactivar el centro médico ‘Virgen de la Merced’, que está instalado en el sexto piso del edificio principal de la orden y cuya inversión durante su gestión fue mayor a 200 mil soles para adecuar los ambientes para administrativos, médicos, enfermeras, así como cinco consultorios donde rotaban galenos de diferentes especialidades y un laboratorio. No obstante, señala que la actual gestión clausuró el establecimiento.
Complicaciones
La participación de Burgos Montenegro en las elecciones del CIP Lambayeque estuvo en suspenso durante algunos días, debido a que el 21 de octubre la Comisión Electoral Departamental resolvió excluirlo de la contienda, mediante la Resolución N° 12-2021-/CED/CIP-CDLAMBAYQUE. El motivo obedeció a la omisión de la huella dactilar del ingeniero responsable de la recolección de firmas de adherentes.
Sin embargo, una semana después, mediante la Resolución N° 013-2021-TEN, el Tribunal Electoral Nacional declaró fundado el recurso de amparo interpuesto por el personero de la lista de candidatos que postula a Burgos Montenegro, tras considerar que el incumplimiento de la exigencia de la huella digital no puede ser causal de exclusión del proceso, pues el formato oficial del padrón de adherentes no incluye un espacio para dicha exigencia.
Otras propuestas
Por otro lado, Carlos Burgos indica que reactivará la Comisión de Cultura del CIP Lambayeque, a fin de poner en marcha nuevamente la orquesta sinfónica del Colegio de Ingenieros. De igual forma, indica que reactivará el Centro de Conciliación y Arbitraje, al cual añadirá la Junta de Resolución de Disputas, tal como lo ofrece la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.
“También vamos a reanudar actividades deportivas como las olimpiadas, en las que cada capítulo realizaba sus campeonatos de confraternidad. Asimismo, nuestra asistente social debe ir nuevamente a los hogares de los colegas que se encuentran delicados de salud. Muchos de ellos necesitan el traslado a un hospital y debemos apoyarlos”, indica.
Destaca que también se continuará la política de viviendas para los colegiados, en virtud de lo cual señala que los agremiados que han adquirido un lote de terreno pueden tener la tranquilidad de que su directiva continuará con la implementación.
Adhesiones
Precisa que actualmente el Colegio de Ingenieros cuenta con un promedio de casi ocho mil integrantes hábiles, pero se espera que hasta antes del cierre del padrón esta cifra aumente a nueve mil o diez mil, pues incluso llegarán desde departamentos vecinos para sufragar. Detalla que su lista se ha inscrito para estas elecciones con más de dos mil 350 adhesiones, fruto del trabajo de los ocho encargados de los capítulos y los 20 asambleístas.
Asimismo, invita a los miembros vitalicios de la orden a votar este 21 de noviembre. Si bien la norma no les obliga, rescata que ha recibido muestras de apoyo de muchos de ellos, por lo que les exhorta a participar de esta fiesta democrática.
“Los colegas que se convertían en vitalicios durante mi gestión recuerdan que gozaron de un fin de semana todo pagado en el Royal Decameron de Punta Sala. Incluso el traslado se hizo en nuestro propio bus. Fue un fin de semana de sano esparcimiento en Tumbes. Tampoco se olvidan de los recreos campestres semanales que se hacían a Túcume, Sipán, Pacasmayo. Esos reencuentros se han perdido, pero los retomaremos de manera inmediata”, expresa.
Acompañan a Burgos Montenegro los ingenieros Ricardo Paredes Ojeda (vicedecano), Ricardo Rojas Bustamante (director secretario), Eduardo Arrascue Becerra (director prosecretario), Maruja Peralta Inga (directora tesorera) y Juan Pablo Córdova Mera (director protesorero).
El juez René Zelada Flores, del Octavo Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chiclayo y Ferreñafe, rechazó la querella presentada por Diego Romero Soto contra el Semanario Expresión y su directora, Rosa Chambergo Montejo, por los presuntos delitos de calumnia y difamación agravada.
Con la Sentencia N° 225, contenida en la Resolución N° 5, del 20 de octubre, en el Expediente N° 05391-2019-0-1706-JR-PE-08, el magistrado absolvió a Expresión, representado por su gerente general Lena Manuela Chambergo Montejo, su ex gerente Angie Villena Chambergo, y su directora Rosa Chambergo Montejo, así como al abogado José Asunción Reyes.
La defensa legal de Expresión estuvo a cargo del abogado Alexander Villalobos Obando.
La querella
Diego Romero Soto querelló a los abogados José Asunción Reyes por el presunto delito contra el honor en su figura de calumnia y difamación agraviada por medio de prensa, luego que estos denunciaran a través de Expresión la presunta estafa y falsedad ideológica que el querellante habría cometido.
En el caso de Expresión, se le incluyó en el proceso como tercero civilmente responsable, pues supuestamente este medio habría publicado una noticia falsa.
La publicación sobre el caso se realizó en la Edición 1073, del 26 de julio al 2 de agosto del 2018, con el titular: “Por presunta estafa y falsedad ideológica: interponen denuncia contra conciliador de la zona de trabajo”.
En aquel momento, Romero Soto se desempeñaba como servidor de la Gerencia Regional de Trabajo de Lambayeque, por lo que – a consideración de este medio – el caso expuesto en la publicación era de relevancia pública.
El querellante pidió al Poder Judicial que se imponga una pena de un año y medio y 120 días multa, así como el pago de una reparación civil ascendente a 90 mil soles.
El caso
El caso que motivó la publicación realizada por Expresión versa sobre la entrega de dinero, a través de depósitos, que realizó el abogado José Asunción Reyes a Diego Romero Soto, por la suma ascendente a 17 mil 100 soles, entre el 8 de julio del 2015 y el 13 de mayo del 2016.
Asimismo, según el abogado, hubo otras entregas no registradas por 36 mil soles más.
Esto, porque Romero Soto había ofrecido a Asunción Reyes un negocio jurídico de compra o adquisición de lotes en la Urbanización Los Libertadores, Lambayeque, negociación que el ex servidor de la zona de trabajo reconoció.
Pese a las comunicaciones cursadas, Romero Soto no dio respuesta sobre la documentación de los lotes, por lo que en el 2018 Asunción Reyes interpuso una denuncia en sede fiscal, iniciándose la investigación por los presuntos delitos de estafa y contra la fe pública.
El 17 de julio del 2018, Romero Soto aceptó en sede fiscal que se encargó de tramitar 12 lotes a favor de Asunción Reyes, así como la recepción del dinero, aunque reconoció únicamente la suma de 11 mil 200 soles.
El abogado defensor de Expresión, expuso ante el juez que Expresión procedió a dar cuenta del caso teniendo como precedente la Carpeta Fiscal N° 7220-2017, que se encontraba en trámite al momento de la publicación.
La relevancia
Rosa Chambergo expuso al juzgado que la publicación era de relevancia e interés colectivo, pues el involucrado directo en el caso era un servidor público, debiendo este mostrar un comportamiento ético.
“Era un trabajador público y mucho más que pertenecía a
un sector importantísimo como lo es el sector trabajo. Según la denuncia, el señor Diego Romero Soto había sostenido negocios paralelos al trabajo que él desempeñaba como conciliador en la zona de trabajo por la venta de terrenos, y que no había cumplido con la persona con la que había hecho ese tipo de negocios. Esta denuncia, además, estaba contenida en un instrumento público como es la denuncia fiscal”, expuso la directora de Expresión.
El abogado Alexander Villalobos argumentó que dentro de la Ley de la Carrera del Empleo Público estas personas tienen un deber de conducirse con honestidad con ciudadanía y en ese sentido, es que se realizó la publicación.
“En ninguna parte de la publicación de la Edición N° 1073 ni en la que aparece publicada en la página web, ni tampoco en la publicación N° 1078 aparece algún término que exceda los límites de la denuncia o de la investigación fiscal. No aparece ningún término que cualifique al señor Diego Javier Romero Soto, no aparece ninguna terminología que exceda el respeto y exceda el derecho a la libertad de expresión para publicar una noticia de la cual tuvieron conocimiento, no se advierte y que es la esencia del tipo penal, que se busque mancillar el honor, que se busca ofender a la persona como tal; y, ello tiene amparo legal”, señalo Villalobos Obando.
Consideraciones del juez
En el numeral 5.3 de su resolución de sentencia, el juez René Zelada señala que “se puede apreciar con meridiana claridad, que no se trata de imputación de hechos falsos, puesto que los hechos atribuidos a Diego Javier Romero Soto se tiene que: Es verdad la existencia de una denuncia en su contra por la venta de unos lotes de terreno en la carretera Lambayeque, por las que este recibió dinero (A nivel fiscal se ha probado que recibió la suma de 17,000.00 soles, hecho que ha aceptado parcialmente indicando recibir una menor cantidad de dinero) y el comprador José
Asunción Reyes nunca recibió los predios que le compró, por ende afirmar en el semanario expresión esta circunstancia no constituye un hecho falso”.
“Bajo ese contexto, respecto a lo publicado en el Semanario Expresión en sus Ediciones N°1078 y N° 1073, repetido en Facebook, queda claro que la información que
contienen y se está comunicando, corresponde al contenido de la denuncia interpuesta por el señor José Asunción Reyes, la cual se encontraba abierta a la fecha de las publicaciones, por ende nos encontramos dentro del marco de la exceptio veritatis regulado en el artículo 134 inciso 2 del Código Penal”, señala el magistrado.
Liderando la Lista 6: Ingenieros en acción, Lucio Asalde Vives intentará este 21 de noviembre retornar al decanato del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Lambayeque, cargo que ocupó hace 18 años. Entre sus propuestas destaca la construcción de un centro de entrenamiento y especialización profesional en el terreno que inicialmente se adquirió para edificar la Clínica del Ingeniero. En su opinión, este centro es un proyecto más realista y que le generará mayores réditos a la orden profesional a largo plazo.
“Ni el mismo Colegio Médico tiene una clínica. Cuando Carlos Burgos fue decano hizo un pequeño centro médico, que al cabo de su gestión dejó una importante deuda que debió asumirla la siguiente directiva. El problema con un proyecto así es que va generando un pasivo y nosotros no somos especialistas, por eso no usaría el terreno para la clínica, sino para un centro de entrenamiento profesional muy grande para Chiclayo, el Perú y América Latina, que será complementado con otras actividades”, asevera.
Otras propuestas
Lucio Asalde apunta que de ser elegido decano creará un fondo intangible que sirva para socorrer a los ingenieros en momentos de necesidad, como los ocurridos a causa del COVID-19. Este fondo se generará a partir del 10 % de las utilidades de todas las actividades empresariales del colegio.
Asimismo, propone crear una bolsa de trabajo para promocionar a todos los ingenieros a nivel nacional, a fin de buscar las mejores condiciones laborales para ellos, y anuncia que lanzará un programa de vivienda, dirigido especialmente para los jóvenes profesionales.
“También planeamos mejorar el centro de esparcimiento en varios aspectos y hacer un centro de convenciones, ya que actualmente Chiclayo no tiene uno. Por eso cualquier evento internacional que hay en el Perú pasa de Piura a Trujillo, y Chiclayo no existe”, sostiene.
Presencia
En tanto, destaca que le devolverá al Colegio de Ingenieros la presencia que tuvo antaño en Lambayeque. Para ello, asegura que convocará a todos los actores de la sociedad civil, tal como lo hizo en el 2003 para la consecución del Proyecto Olmos.
“La última vez que fui decano logramos la realización del Proyecto Olmos después de 84 años. Eso significó organizar a la sociedad civil en todos los niveles. Junté a sindicalistas, dirigentes de mercados, colegios profesionales, gremios empresariales, entidades de servicio, universidades y líderes del periodismo. Fuimos a una reunión con el entonces mandatario, almorzamos en Palacio y de allí salimos con el dinero para la contraparte del Proyecto Olmos”, asevera.
Indica que desde el Colegio de Ingenieros velarán por la realización de los proyectos de infraestructura agraria, pues Lambayeque a comparación de Piura y La Libertad no cuenta con agua ni con ingresos producto de la minería como el canon o el sobrecanon.
“Ellos (Piura y La Libertad) tienen agricultura regulada en todos los valles, nosotros no tenemos nada. Con el Proyecto Olmos hemos tenido 28 mil hectáreas trabajando, pero hemos perdido 60 mil en Tinajones. O sea, nos hemos encargado de construir un proyecto, destruirlo y empujar otro para tratar de llegar, aunque sea a la mitad de lo que hemos perdido. Falta muchísimo sentido para ver holísticamente a Lambayeque y creo que eso puede proporcionar el Colegio de Ingenieros”, anota.
Legado
Asalde Vives recuerda que durante el tiempo en que fue decano se crearon las olimpiadas intercapítulos, que hasta hoy sirven como punto de encuentro durante el verano de todos los colegiados.
Además, resalta que durante su gestión los terrenos del centro recreacional fueron invadidos, por lo que tuvo que expulsar a los invasores y construir el primer cerco, así como la primera etapa del centro.
“También construimos el local de la calle Manuel María Ízaga hasta el tercer nivel, el auditorio y todo lo que está allí, que es parte de la obra que nosotros dejamos. Yo he vivido para la institución, he sido desde vocal, presidente del Capítulo de Ingeniería Civil, dos veces decano del colegio y presidente de muchas comisiones importantes como la de Grandes Proyectos”, sostiene.
Acompañan a Lucio Asalde los ingenieros Luis Alberto Calero Núñez (vicedecano), María Cristina Huamanchumo Leyton (secretaria), Juan Vicente Hernández Alcántara (tesorero), Alberto Enrique Samillán Ayala (prosecretario) y Víctor Gustavo Hernández Jiménez (protesorero).
De 145 a más de tres mil hectáreas. Así será el crecimiento en la siembra que tendrá este año la Empresa Agroindustrial Pomalca, lo cual marcará un récord histórico, pues la máxima cifra que registra es dos mil 100 hectáreas, la cual alcanzó en sus mejores años, según comenta Francisco Rodríguez Zelada, gerente de Campo de la azucarera.
Explica que el 2020 fue un año bastante malo debido a una severa sequía, que impidió cumplir con las proyecciones, pues se tenía previsto sembrar alrededor de mil 500 hectáreas. Este año, ya se han sembrado dos mil 555 hectáreas y para diciembre se planea lograr de tres mil a tres mil 50.
“En este momento estamos moliendo alrededor de tres mil toneladas de caña, con lo cual producimos aproximadamente seis mil o seis mil 100 bolsas de azúcar. La mitad de esa producción es propia y la otra mitad les corresponde a nuestros sembradores”, asevera.
Apunta que, debido al buen clima en el norte, en Pomalca se puede sembrar casi todo el año, a excepción de mayo a agosto, aunque esto depende de la disponibilidad hídrica.
“Las empresas azucareras normalmente deben renovar cada año un sexto de su plantación. Es decir, cada seis años se debería renovar totalmente, pero la sequía nos obligó a abandonar algunos campos, tuvimos que bajar la producción por el estrés hídrico. Gracias a dios este año estamos regando el doble, cumpliendo con el programa de siembra y el de fertilización y control de malezas”, comenta.
Señala que la meta de Pomalca es seguir creciendo, a fin de recuperar áreas de cultivo y en el futuro sembrar siete mil 500 hectáreas de caña propia, lo cual irá de la mano con el crecimiento de la fábrica, en aras de aumentar la capacidad de molienda.
Agua
Por su parte, José Luis Flores Durand, superintendente de Campo, menciona que hasta la fecha se ha pagado más de siete millones de soles a la Junta de Usuarios para obtener el agua suficiente que les permita lograr la meta de sembrar las tres mil hectáreas. En total, la inversión en campo supera los 20 millones de soles y llegará a los 25 millones a fin de año.
Flores Durand explica que Pomalca incluso paga por adelantado a la Junta de Usuarios. Por ejemplo, el agua que se recibe los lunes se cancela a mitad de semana. En total, cada siete días la empresa paga 154 mil soles para una dotación de cinco mil litros.
“Esta siembra se da en el medio de un contexto de pandemia y de otros problemas como el alza de los insumos. El año pasado, la urea costaba 60 soles, hoy cuesta tres veces más. Estos problemas afectan a la agricultura, pero pese a todo ello Pomalca está produciendo y proyectándose para el próximo año en beneficio de la empresa y los trabajadores”, asevera.
Precisa que en el 2020 se produjeron 180 mil toneladas de caña menos respecto al 2019. Este año se producirán 450 mil toneladas, debido a la sequía del año pasado. Sin embargo, para el próximo año se tiene previsto producir 610 mil toneladas, es decir, habrá un incremento de 160 mil a comparación de este año.
Inversiones
En tanto, Rodríguez Zelada señala que Pomalca cuenta a la fecha con 120 pozos activos, pero se trabaja en un programa para recuperar 80 más, lo cual garantizará la producción en el campo. Explica que recuperar cada pozo demanda una inversión promedio de 15 mil dólares, lo que en total supone un desembolso de un millón 200 mil dólares.
“Tenemos un plan que estamos reimpulsando sobre reactivación de pozos, revestimiento de canales e interconexión de pozos. Lo primero que queremos hacer es reflotar las 25 hectáreas que tenemos de riego tecnificado y por goteo, e incursionar en el riego por cañones y por aspersión. Es un programa de mediano a largo plazo, pero creemos que el próximo año podemos reiniciar el riego tecnificado. Ya empezamos con la inversión en pozos, continuaremos invirtiendo en mangas”, sostiene.
Asimismo, para la preparación de las tierras se ha contratado una flota de 20 tractores para realizar trabajos de rastra, subsolación, nivelación, acequiado, planchado, surcos y limpieza de campos.
De igual forma, este año se han invertido cerca de cuatro millones de soles en la fábrica, a fin de realizar mantenimientos periódicos que permitan asegurar la operatividad y mejorar el proceso de producción del azúcar. Hasta septiembre se habían realizado cinco paralizaciones por mantenimiento, siendo la más extensa la de agosto, que duró 24 días. Durante este tiempo se realizaron importantes reparaciones y obras civiles para garantizar el buen funcionamiento del ingenio azucarero.
Trabajadores
Indica que actualmente Pomalca cuenta con dos mil 169 trabajadores activos, de los cuales mil 493 laboran en campo, 301 en fábrica y 375 en el área administrativa. Además, hay más de tres mil jubilados, viudas y herederas.
“Hoy tenemos un excelente clima laboral, pues una de las primeras tareas de esta gestión ha sido cumplir con los pagos de los trabajadores, cuidando de que haya una armonía entre los trabajadores y toda la plana directiva, porque sin ellos no podríamos hacer nada. Con los trabajadores sembramos, preparamos la tierra, abonamos. Tenemos el apoyo de ellos, tanto así que hay días que por su propia iniciativa siembran en faenas comunales gratuitas, porque hay optimismo en cuanto a las perspectivas para el otro año”, asegura.
La azucarera actualmente cubre una planilla mensual de tres millones de soles, la misma que durante el año solo ha sufrido retrasos de máximo dos días. Hoy no se les adeuda a los trabajadores, quienes reciben, además de sus sueldos, el bono de 400 soles por escolaridad en marzo y las gratificaciones de julio y diciembre, equivalentes a un sueldo completo.
Hoy, el sueldo que los trabajadores de campo perciben oscila entre mil 200 a mil 400 soles.
“Pomalca es la única empresa azucarera que sigue en pie y cumple con sus trabajadores. Es la única que les da la posibilidad a los sembradores de Lambayeque de moler sus cañas. Cayaltí ya no existe y Tumán tiene serias dificultades, pues sus campos están sin caña, situación que nos entristece. Nosotros mantenemos un vínculo correcto y armonioso con nuestros trabajadores”, asevera.
Jubilados
Hasta el 2004, año en que el Grupo Oviedo asumió la dirección de Pomalca, la deuda laboral de la empresa era de cerca de 200 millones de soles, la misma que se está cancelando paulatinamente. Hasta septiembre de este año, ya se habían pagado más de 190 millones de soles.
Si bien existe un cronograma de pago de adeudos laborales ordenado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, que no se ha cumplido en su totalidad, la deuda sí se ha amortizado todos los años.
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