A través de la Resolución Jefatural N°000382-2020-JN/ONPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, publicó el pasado 3 de noviembre un conjunto de siete protocolos de seguridad y prevención contra el COVID-19, que deberán seguirse para las elecciones de este 11 de abril. Estos están referidos la actividad en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales – ODPE, en el local de votación y espacios abiertos, en las mesas de sufragio, en los electores, personeros, observadores y periodistas.
Al respecto, el jefe de la ODPE Lambayeque, José Carlos Vergiú Canto, explicó que el proceso electoral iniciará desde las 7:00 de la mañana y culminará a las 7:00 de la noche. La votación se desarrollará de forma escalonada, según horarios. Se ha dispuesto que de 7:00 a 9:00 de la mañana acudan a votar los adultos mayores, personas con discapacidad y población vulnerable en general.
En tanto, explicó que de 9:00 a 10:00 de la mañana votarán las personas, cuyo último dígito del DNI sea el uno; de 10:00 a 11:00, el dos: de 11:00 a 12:00, el tres; de 12:00 a 1:00 de la tarde, el cuatro; de 1:00 a 2:00, el cinco; de 2:00 a 3:00, el seis; de 3:00 a 4:00, el siete; de 4:00 a 5:00, el ocho; de 5:00 a 6:00, el nueve; y de 6:00 a 7:00 de la noche, el cero.
“Este voto escalonado es para prevenir la aglomeración de las personas. Se le va a permitir votar a quienes lleguen después de su horario, pero le sugiero a la población que lo respete. Tratemos de cumplir todos los protocolos (…) La población vulnerable debe acudir temprano a votar, pero si por algún motivo no pudiese, igual se le dará la preferencia durante el día”, comentó.
Seguridad
Asimismo, en la entrada al local de votación los electores deberán pasar por la medición de temperatura. Si esta es superior a 37 grados, se le deberá restringir el ingreso, lo mismo que si no llevan puesta correctamente la mascarilla y el protector facial. De cumplir con estos requisitos, se procederá a la aplicación del alcohol en gel.
“Le pedimos a la población que lleve su lapicero azul, que tenga su DNI a la mano y respete la distancia de metro y medio. Además, salvo que requiera de la asistencia de un tercero, se le exhorta a que no vaya acompañado”, indicó.
Destacó que en los días previos al 11 de abril se dispondrá la limpieza de los locales de votación y el mismo día también habrá momentos para realizar la desinfección en cada aula. El propósito es que los 532 mil 645 electores acudan a votar con seguridad.
Proceso
Vergiú Canto informó que se han dispuesto 332 locales de votación en 25 distritos y 33 centros poblados, lo cual supone un aumento de casi el 100 %, respecto al promedio de 160 que hubo en la última elección general. Dicho incremento obedece a la necesidad de cumplir con la reducción del aforo al 50 %, como señala la citada resolución jefatural.
Precisó que con el aplicativo ‘Elige tu local de votación’, un total de 109 mil 454 electores solicitaron su cambio de local de votación en Lambayeque. Además, se eligieron a 10 mil 956 miembros de mesa, quienes recibirán sus capacitaciones el 28 de marzo y el 4 de abril.
Añadió que, terminado el proceso electoral, los miembros de mesa procederán con el escrutinio, el cual se hará a la brevedad posible para enviar la información al centro de acopio. “La rapidez del conteo dependerá de las distancias. Tenemos locales que están a seis u siete horas. Nuestra meta es terminar lo más rápido posible”, apuntó.
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Cuando el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, intervino a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, en el 2017, el índice de pérdida de agua, es decir, el recurso hídrico no facturado, alcanzaba el 46 %. Tres años y medio después, este porcentaje creció al 52 %, según denunció el secretario del Sindicato Único de Trabajadores de Servicio Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque – SUTSELAM, Marco Castañeda Serrano.
Castañeda Serrano explicó que este índice hace referencia al agua que se pierde, ya sea por filtraciones de tuberías que ya cumplieron su ciclo, conexiones clandestinas por las que no se paga, entre otros motivos.
“Sí tenemos agua en Lambayeque, lo que necesitamos es mejorar la infraestructura, construir una tercera planta. ¿Qué ha hecho Óscar Pastor (ex director ejecutivo de OTASS) de esta empresa? La ha llevado al retroceso más grande. ¿Qué ha hecho OTASS por mejorar las condiciones de perdida de agua? Esta es agua no facturada que debemos recuperar”, indicó.
Cuestionó que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, tampoco haya emitido una opinión sobre la pérdida de agua en EPSEL, pese a tener una oficina descentralizada en Lambayeque y tener como fin regular, normar y supervisar la provisión de este servicio.
OTASS
OTASS intervino EPSEL el 12 de julio del 2017, en el marco del Decreto Legislativo N° 1280 – ‘Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento’, que define el Régimen de Apoyo Transitorio a las EPS, el cual tenía por objetivo mejorar su eficiencia y brindarle sostenibilidad económica.
Sin embargo, para Castañeda Serrano, la OTASS a lo largo de estos tres años y siete meses solo ha debilitado a EPSEL, pues no ha sabido darle solución a las principales demandas de la población usuaria, que alcanza los casi 150 mil. Sumado a ello, existen una serie de cuestionamientos sobre recursos que habrían sido mal utilizados. En total, OTASS le transfirió más de 61 millones de soles a EPSEL para la ejecución de 63 fichas técnicas dentro del Plan de Acciones de Urgencia.
“¿De qué sirvió esa inversión para mejorar la prestación del servicio? De nada. Pero sí ha servido para comprar cinco generadores, de las cuales dos no sirven. Sí ha servido para seguir un proceso de adquisición de 22 electrobombas, de las que 16 se malograron (…) Tenemos un parque automotor que no sirve para nada y se dieron el lujo de comprar cinco generadores cuando se necesitan a gritos camionetas. Se compraros dos cisternas de más de 30 mil galones, cuando tenemos nueve cisternas chicas. Se han preocupado por comprar y comprar”, criticó.
El dirigente de los trabajadores señaló que esa inyección financiera debió emplearse en mejorar las plantas de tratamiento 1 y 2, construir una tercera planta y descolmatar las lagunas Boró I y II. En suma, mejorar la infraestructura que – a su juicio – se encuentra en “pésimas condiciones”, pues mucha de esta cuenta con más de 50 años de antigüedad.
Para el secretario de SUTSELAM, la situación de EPSEL con la intervención de OTASS ha llegado a ser peor incluso que cuando era regentado por la Junta General de Accionistas, a la que pertenecían los alcaldes.
“(Arturo) Colchado (gerente general de la empresa) manifiesta que los informes arrojan que la continuidad (horas de servicio de agua al usuario) es de 14 a 16 horas, pero eso es una gran mentira. ¿La OTASS vino a ayudarnos o vino a enterrarnos? Creo que amerita nuestro cuestionamiento serio, responsable, porque nosotros no pedimos aumento de sueldo ni gollerías. Exigimos una gestión que haga llegar en buenas condiciones el servicio que la población requiere, sobre todo en este tiempo de pandemia”, manifestó.
Dirigentes
El pasado 21 de diciembre, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, designó a Hugo Ortega Polar como nuevo director ejecutivo de OTASS. En el marco del Decreto Legislativo N° 1280, el Consejo Directivo de OTASS conformó 19 nuevas Comisiones de Dirección Transitoria – CDT, en las empresas intervenidas por esta entidad. En el caso de EPSEL, la funcionaria nombrada para presidir esta instancia es Sonia Álvarez Quintana.
Al respecto, Castañeda Serrano exigió a estos dos funcionarios, Orteaga Polar y Álvarez Quintana, que auditen la gestión de Óscar Pastor Paredes en EPSEL, pues existen cuestionamientos en diferentes procesos, como el de la adquisición de 80 mil medidores por cerca de 25 millones de soles, y la elaboración de la ficha de catastro técnico comercial por ocho millones de soles.
Además, demandó el cambio del gerente general, Arturo Colchado Bolívar, y todos los gerentes de línea. Precisó que en EPSEL las principales gerencias están ocupadas por ingenieros petroleros, económicos e industriales, en vez de sanitarios, lo cual demuestra improvisación en la gestión.
“La empresa debe ser auditada, tener acción de control, para ello ha llegado el director ejecutivo y esperamos que así lo haga. ¿O es que acaso quiere seguir con el mismo gerente general y sus gerentes de línea? Existe un acuerdo de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable – FENTAP, para exigir la salida de los gerentes en las 18 empresas intervenidas, de las cuales EPSEL es la más grande”, comentó.
Añadió que en EPSEL hay profesionales con muchos años de experiencia que podrían asumir esos puestos gerenciales. Sin embargo, hasta el momento no se les ha dado la oportunidad de demostrarlo.
“También habría que evaluar a los subgerentes y jefes de oficina. Si bien ellos no son elegidos por la OTASS, han formado parte de la gestión. Que los funcionarios que han dado resultados se queden y los que se han coludido con el engranaje de la OTASS, los que obedecían las órdenes de Pastor desde Lima, sean cambiados. Hay responsables en la Gerencia Operacional, Comercial, Administrativa y de Proyectos y Obras”, apuntó.
No obstante, indicó que la gestión entrante de Orteaga Polar y Álvarez Quintana no ha dado respuesta a las cartas enviadas por el sindicato, pese a que la ministra de Vivienda, Solangel Fernández Huanqui, sí ha demostrado apertura al diálogo y sostendrá en los próximos días una entrevista con la FENTAP.
“Sé que Orteaga Polar y la ingeniera (Álvarez Quintana) han formado parte de la gestión de Óscar Pastor, que ha sido un rotundo fracaso. Por eso les exijo que inicien las investigaciones a la gestión anterior, ya que ellos mismos han hablado de transparencia y de rendir cuentas”, aseveró.
Personal
Por otro lado, el dirigente denunció la falta de personal operativo en EPSEL. Por ejemplo, advirtió que en el Departamento de Cortes y Reconexiones solamente hay dos trabajadores para atender a los cerca de 185 mil usuarios, cuando lo mínimo que se requieren son 15, pese a que su labor es indispensable, pues de ellos depende que la cobranza se agilice.
“En mantenimiento de redes antes había 60 trabajadores, ahora solo hay 28. Deben duplicar su esfuerzo. La empresa necesita personal operativo para esta área en cada una de las zonales de Lambayeque, Ferreñafe y Monsefú. La empresa necesita operativos para que vayan a hacer cortes, tomas de lectura y solo se ha contratado a puros profesionales, administrativos. Que sobre eso averigüe el nuevo director ejecutivo”, apuntó.
Pandemia
En tanto, refirió que en lo que va de la pandemia del COVID-19 se han contagiado 125 trabajadores, de los cuales 12 de ellos fallecieron. Sin embargo, aseguró que la OTASS poco o nada ha hecho para apoyar a los servidores en cuanto a sus tratamientos.
“La OTASS no ha transferido un solo sol para contrarrestar la pandemia el año pasado. El sindicato ha estado asumiendo los gastos, más de 70 mil soles hemos destinado al cuidado de la vida y salud de los trabajadores. Si Chiclayo ha tenido agua ha sido gracias a los trabajadores” resaltó.
El Consejo Privado de Competitividad – CPC, publicó el Informe de Competitividad 2021, documento que recoge la problemática de nueve sectores claves y postula un total de 19 propuestas para retomar la senda del crecimiento económico. Uno de estos sectores es infraestructura, en el cual la investigación arroja que, tras el pico de inversión pública alcanzado en el 2014, en los siguientes años hubo una caída de casi siete mil millones de dólares.
Así, el CPC detalla que en el 2014 la inversión pública fue 16 mil 889 millones de dólares, lo que representó más del 8 % del Producto Bruto Interno – PBI. Este monto comprende las licitaciones públicas, Asociaciones Público Privadas (APP) y obras por impuestos. No obstante, al 2019 la inversión fue de nueve mil 896 millones de dólares, equivalente a cerca del 5 % del PBI. Entre ambos años la diferencia es de seis mil 993 millones de dólares.
El CPC explica que esto se debe a diversos factores como la demora en la formulación de los proyectos del Invierte.pe, ya que los estudios de preinversión privilegian la información de los costos unitarios en vez de la brecha de servicios; y la duplicidad en más del 75 % del contenido entre el estudio de preinversión a nivel de perfil y el informe de evaluación para una APP cofinanciada; entre otros.
Además, esta disminución de la inversión pública también se explica por los retrasos en las adjudicaciones de obras por licitaciones públicas. Por ejemplo, Provías Nacional registró en el 2019 una demora de 178 días para la entrega de la buena pro, respecto a lo programado inicialmente. De igual forma, existe una demora de 76 días en promedio por la participación de la Contraloría para emitir opinión cuando las prestaciones adicionales de obra superan el 15 % del expediente técnico.
Por lo antes expuesto, el CPC propone en su informe simplificar el contenido de los estudios de preinversión, la ficha técnica y el registro de las Inversiones de Optimización, Ampliación marginal, Reposición y Rehabilitación – IOARR; incorporar mecanismos alternativos para la contratación de obras públicas para proyectos de gran envergadura como acuerdos Gobierno a Gobierno y contratos de uso estándar internacional; analizar la evidencia de los incrementos adicionales de obra para establecer un nuevo umbral, entre otras.
Eficiencia del sector público
Por otro lado, el informe da cuenta sobre la duración promedio en meses de los directores generales en los diferentes ministerios: en Salud, 6.9; Transportes y Comunicaciones, y Trabajo y Promoción del Empleo, 10.4; Vivienda, Construcción y Saneamiento, 11; Producción, 11.9; Justicia, 12.1; Desarrollo e Inclusión Social, 12.1; Educación, 12.6; Economía y Finanzas, 15.2; y Energía y Minas, 18.5.
Además, de acuerdo al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, actualmente el 85 % de las municipalidades no dispone de un catastro completo, actualizado y en uso.
Para las dos problemáticas descritas, el CPC propone contratar directivos y servidores públicos en puestos claves en función de la meritocracia y con nombramiento regulado; y agrupar la función de elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural de las municipalidades distritales; y consolidar la información catastral en una plataforma única e interoperable como recaudación tributaria y ordenamiento territorial.
Sistema de justicia
En tanto, al 2019 el sistema de justicia tenía una carga procesal total de cuatro millones 292 mil 288 procesos, 10.4 % más que en el 2018. En el desagregado, hubo dos millones 376 mil 823 procesos pendientes, ingresaron un millón 915 mil 465 nuevos expedientes y se resolvieron un millón 860 mil 669. Esto significó un aumento respecto al 2018 del 11.4 %, 9.3 % y 7.9 %, respectivamente.
Además, a marzo del 2020, la carga procesal de las procuradurías públicas a nivel nacional ascendió a un millón 205 mil 81 casos, mientras que a noviembre del año pasado se habían tramitado 180 mil expedientes electrónicos desde la aplicación de esta herramienta digital en el 2017. Esta cifra solo constituye el 9.4 % del total de procesos ingresados en el 2019.
En virtud de ello, el CPC propone modificar el Código Procesal Civil y ampliar las competencias de los notarios y jueces de paz letrados, crear un marco normativo de descarga procesal de los procesos contenciosos-administrativos, modernizar la gestión del despacho judicial y regular el uso de herramientas tecnológicas.
Capital humano y competencias
Asimismo, el CPC da cuenta que la tasa de matrícula de la población de 17 a 24 años en la educación superior se redujo de 39.1 % a 30.5 % entre el segundo trimestre del 2019 y el 2020, a raíz del impacto de la pandemia. Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas asignó 272.9 millones de soles al Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC, para asegurar la continuidad de estudios superiores en la población afectada por la emergencia sanitaria, para este año la Ley de Presupuesto redujo en 25.1 % el monto destinado para este programa.
Además, durante el 2019, el 54 % de las empresas tuvieron dificultades para cubrir vacantes, porcentaje que se eleva al 67 % en las grandes empresas. Precisamente, entre el segundo trimestre del 2019 y el 2020, la tasa de desempleo en personas con educación superior técnica y universitaria incrementó en 7.8 %.
Al respecto, el CPC propone el incremento en la oferta de créditos educativos orientados a financiar carreras demandadas por el mercado laboral y la implementación de esquemas de pago basados en los ingresos.
Salud
Respecto a salud, el informe detalla que uno de los problemas es la dispersión de las unidades ejecutoras, pues existen un total de 231, de las cuales 194 corresponden a los gobiernos regionales y 37 al gobierno nacional. En tanto, el 77.8 % de los establecimientos de salud del primer nivel no cuentan con una adecuada capacidad instalada, haciendo que se requieran 281 más a lo largo del territorio nacional.
Asimismo, los recursos del Seguro Integral de Salud – SIS, se distribuyen de forma desigual, pues mientras en Moquegua se gastan mil 13 soles por afiliado, en Cajamarca solo 266. El promedio nacional es de 520.7 soles.
Por ello, el CPC plantea implementar unidades de gestión en las instituciones prestadoras de servicios de salud, lo cual permita separar las funciones de rectoría y prestación del Ministerio de Salud, además de reducir la fragmentación de los fondos públicos de salud para que el SIS maneje gradualmente un presupuesto mayor al actual, que es del 8.3 % del total.
Mercado laboral
Por otro lado, el CPC consigna que durante el 2020 se perdieron entre 580 mil y 900 mil empleos, por lo cual propone implementar un régimen laboral temporal, que brinde facilidades de contratación y liquidez, y aplique solo a las empresas más afectadas por el COVID-19.
Asimismo, sugiere simplificar los regímenes tributarios, a través de un régimen único de impuesto a la renta, con tasas marginales crecientes, que graven la renta neta anual.
Logística
En otro orden de ideas, el CPC da cuenta de una reducción de 11.6 % durante el 2019 en infraestructura relacionada con logística (puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, etcétera). En cuanto a infraestructura portuaria, se determinó que el actual plazo de concesión de 30 años genera restricciones para seguir invirtiendo en la medida en que se avance a la fecha límite de la concesión.
Entre las propuestas del CPC está modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional para adecuar los plazos permitidos para concesiones portuarias a las normas del Sistema Nacional de Inversión Privada (hasta 60 años) y así generar los incentivos para una mayor inversión en dicho sector.
Negocios
En cuanto a la burocracia administrativa para mejorar el clima de negocios, el CPC señala que la obtención de la licencia de funcionamiento para un local de riesgo alto es el proceso con mayor duración para abrir un negocio, pues implica el 73 % del tiempo de los trámites. En tanto, la obtención de los permisos de construcción requiere de 11 trámites que en promedio duran 155 días.
La propuesta del CPC para mejorar los procedimientos de apertura de negocios y la de obtención de permisos de construcción es crear ventanillas únicas que integren a las entidades involucradas en cada proceso.
Ciencia, tecnología e innovación
Finalmente, se evidencian dificultades para la ejecución de los recursos públicos destinados a Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), lo cual ha hecho que este monto sea solo el 0.09 % del PBI, pudiendo haber llegado al 0.13 % si se ejecutaba el total del Presupuesto Institucional Modificado y los incentivos fiscales.
Esto se refleja en diferentes datos: el Perú cuenta con 0.1 investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa – PEA, lejos del promedio de Latinoamérica, que es el 2.1; en el 2019 solo se publicaron 13.2 documentos en Scopus por cada cien mil habitantes, mientras que el promedio en la región es de 30; y el Perú ocupa el puesto 106 de 126 países en el ranking global del índice de Colaboración Academia – Empresa.
Para paliar esta situación, el CPC propone aprobar la actualización del Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Investigación; crear un portal único de información para CTI; incorporar incentivos para fomentar la articulación de investigadores y empresas, a fin de aumentar la calidad y el impacto de la producción académica; e impulsar la creación de laboratorios de innovación en las entidades públicas.
El Consejo Regional de Lambayeque aprobó por mayoría la elección de Óscar Cárpena Recoba como el responsable de asumir transitoriamente la gobernación de Lambayeque, en tanto dure la suspensión del titular, Anselmo Lozano Centurión, quien actualmente está sometido a un mandato de detención preliminar.
Del mismo modo, se eligió al actual consejero delegado, José Carmona Salazar, para asumir transitoriamente la vicegobernación, en reemplazo de Luis Díaz Bravo, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Votación
Esta fórmula fue propuesta por el consejero Alonso Barturén Pizarro, la cual alcanzó seis votos a favor y uno en contra. Por su parte, la consejera Glender Núñez García propuso a Mónica Toscanelli Rodríguez y a Williams Velásquez Bardales en los cargos de gobernador y vicegobernador, respectivamente. Sin embargo, ambos dimitieron, por lo cual su propuesta no fue considerada.
Al final, la propuesta de Barturén Pizarro alcanzó el voto en mayoría, por lo cual Cárpena Recoba y Carmona Salazar asumirán el cargo por tres días como período inicial, en tanto se defina la situación de Lozano Centurión y Díaz Bravo, contra quienes el Ministerio Público podría requerir mandato de prisión preventiva.
En tanto, los consejeros Nicolás Vallejos Celis y Manuel Huacchillo Gonzales no pudieron votar por haber llegado minutos después de iniciada la sesión extraordinaria. Al respecto, este último denunció que el impedirles participar de la votación obedecía a la intención de que no se presente otra lista alternativa a la de Cárpena Recoba.
“Lamento esta posición abusiva que están tomando, porque a más del 90 % de los consejeros en muchas oportunidades se les ha permitido participar de la votación, habiendo iniciado la sesión. Ustedes no quieren que se presente otra lista alternativa. Que hoy se evidencie el abuso de poder en el que han limitado mi participación”, indicó.
Cárpena Recoba sostuvo que una de sus prioridades será continuar con la compra de balones de oxígeno para abastecer el primer nivel de atención de salud y garantizar el funcionamiento de las plantas de oxígeno. Además, mencionó como una de sus primeras acciones agilizar el inicio de la construcción de la planta de tratamiento de agua para Pacora.
¿Quiénes son?
Cárpena Recoba ingresó al Consejo Regional como representante de Alianza Para el Progreso, partido al que renunció el año pasado, inscribiéndose como militante de Avanza País, agrupación de la que también dimitió en enero de este año. En el 2020 fue delegado del consejo.
Hace meses se difundió un video con contenido sexual en el que Óscar Cárpena aparecía junto a otras personas, llevándolo a pedir disculpas públicas a su familia. Durante el debate, la consejera Glender Núñez (APP), dijo que este estaba en incapacidad moral para asumir la gobernación debido a tal precedente.
En tanto, Carmona Salazar llegó al consejo como representante de Somos Perú por la provincia de Ferreñafe, habiendo ocupado el cargo de delegado en el 2019, encargatura que este año nuevamente le fue dada.
Anselmo Lozano
Por otro lado, este jueves desde las 10:30 de la mañana se desarrollará la audiencia de apelación contra el mandato de detención preliminar dispuesto hacia Anselmo Lozano Centurión.
Lozano Centurión fue detenido el 27 de enero en su domicilio, acusado de liderar la presunta organización criminal, denominada ‘El imperio del mal’. La tesis de la fiscal Karim Ninaquispe Gil es que esta organización habría operado desde que el hoy detenido era alcalde de La Victoria, negociando las obras de la comuna.
“Ahora solo se le pide justicia a los señores magistrados de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que verán la apelación del gobernador regional Anselmo Lozano, que se analice el proceso con imparcialidad, tras esta detención injusta que ha sufrido al igual que sus funcionarios en la gestión municipal y ahora en el gobierno regional”, mencionó su abogado Luis Martínez Coyco.
El 22 de julio del 2004, el Gobierno Regional de Lambayeque y la empresa Concesionaria Trasvase Olmos S.A. firmaron el contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción y operación de las obras de trasvase por un período de 20 años. La ejecución de la Presa Limón, el Túnel Trasandino y las obras auxiliares iniciaron en el 2006 y concluyeron en el 2011.
Posteriormente, el 11 de junio del 2010 se firmó el contrato de concesión entre el gobierno regional y la concesionaria H20lmos S.A. para la concesión del componente de irrigación, con el objetivo de diseñar, financiar, construir y operar las obras por un período de 25 años. Estas (la bocatoma Miraflores, el embalse Palo Verde, entre otras) iniciaron en el 2012 y culminaron en el 2014
Desde que en el 2006 se puso en marcha el Proyecto Trasvase e Irrigación Olmos, la generación de empleo ha crecido a pasos agigantados. El gerente de la concesionaria H2Olmos, Alfonso Pinillos Moncloa, detalló que el total de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, fue de 108 mil 964 en el 2009 y en el 2019 alcanzó los 391 mil 100. En una década, el promedio anual de empleos generados fue de 161 mil.
El empleo directo también creció de 724 en el 2009 a 23 mil 500 en el 2019. En cuanto al empleo solo para Lambayeque (directo e indirecto), este aumentó de 15 mil 500 entre el 2006 y el 2008 a 63 mil 100 en el 2019. De esta última cifra, el empleo agrícola representó 49 mil 800 puestos de trabajo; el ligado a comercio, cuatro mil 800; a manufactura, dos mil 800; a transporte, dos mil 200; a construcción, mil 800; alojamiento, mil 200; telecomunicaciones, 300; y otros servicios, mil 100.
“Un proyecto agroindustrial no solo genera trabajo directo, sino indirecto. Aquí se incluyen a las empresas de transporte que trasladan al personal todos los días a Olmos, las de alimentación, los proveedores de fertilizantes, insecticidas y suministros. Hay una cadena de valor que se genera para la agroindustria. (…) La curva de empleo ha sido impresionante, desde el inicio de las obras en la etapa constructiva hasta la etapa de operación, en la cual las agroindustriales comienzan a sembrar sus campos, a cultivar. Allí viene un ascenso importante en la contratación de trabajadores, tanto de técnicos como profesionales”, indicó.
Salarios
De igual forma, los salarios en el Proyecto Olmos crecieron a un ritmo del 21 % anual, pasando de 773 soles en el 2015 a mil 609 en el 2019. En cuanto al área de influencia (las tres provincias de Lambayeque, Huancabamba y Jaén), del 2015 al 2019 el salario promedio mensual fue de mil 810 soles, y – según un estudio elaborado por la empresa MAXIMIXE – de no hacer existido el Proyecto Olmos los sueldos serían de mil 485 soles.
Además, el nivel de pobreza en el área de influencia también se redujo de 57.4 % en el 2009 a 30.6 % en el 2019. De no haber existido el Proyecto Olmos, la reducción hubiera sido de 60.9 % a 37.2 %. En cuanto a la pobreza extrema, la situación es similar. Esta se redujo de 21.5 % en el 2009, a 7.3 % en el 2014 y 5 % en el 2019.
Inversión
Pinillos Moncloa detalló que la inversión total en el Proyecto Olmos desde el 2006 ha sido dos mil 409 millones de dólares. Durante la etapa de la Concesionaria Trasvase Olmos se ejecutaron 288 millones, mientras que la Concesionaria H2Olmos ha hecho lo propio con 221 millones. En tanto, los usuarios de las tierras nuevas han invertido mil 900 millones.
La inversión de los usuarios se divide en 41.6 % para activos biológicos, 22.3 % de riego y pozos, 15.4 % en la planta de producción, 9.1 % en infraestructura, 7.3 % en preparación de terrenos y 3.5 % en otros.
“El dinero invertido por las concesionarias se puede apreciar en las obras, las presas, los canales, mientras que de los mil 900 millones de las empresas agroindustriales el 40 % está en activos biológicos, es decir, los cultivos. Hay que comprar las plantas, instalarlas, hacerlas crecer, toda esa inversión es el 40 %. Después hay otro 23 % que se resume en los sistemas de riego y la perforación de pozos de la poligonal. El Proyecto Olmos busca el aprovechamiento eficiente del recurso hídrico que viene del río Huancabamba. No se riega mediante canales abiertos o gravedad, sino que se instalan sistemas de riego por goteo, que buscan maximizar su aprovechamiento. Otra inversión es la construcción de las plantas empacadoras, de frío, la propia infraestructura de las agroindustriales. Finalmente, otro monto importante de cerca de 50 millones de dólares se destina a la preparación de la tierra, porque hay que nivelarla, echarle abonos, etcétera”, precisó.
En tanto, el Proyecto Olmos sumó en promedio anual cuatro mil cien millones de soles al Valor Agregado Bruto – VAB nacional. Si se comparase con otros grandes proyectos, el aporte de Olmos es mayor que la construcción de 60 Colegios de Alto Rendimiento, ocho hospitales de alta complejidad, lo invertido para las obras de los Juegos Panamericanos del 2019 y la modernización del Aeropuerto Jorge Chávez.
“Se requiere de inversión que permita seguir generando el desarrollo de los campos. Ahora es importante dar seguridad jurídica y normas adecuadas para que los inversionistas sigan apostando por el proyecto. Para que este siga creciendo hay una obra importante que debe hacerse y es la ampliación de la Presa Limón, que hoy tiene una altura de 43 metros, pero debe crecer hasta los 86, a fin de permitir que el actual volumen de represamiento se multiplique por cinco o seis veces más y llegue hasta los 190 metros cúbicos para así guardar el agua del Huancabamba y usarla en épocas de estiaje. Eso le dará garantía a la empresa agroindustrial de que sus cultivos y la ampliación de sus áreas no se verán afectadas por la falta de lluvia”, explicó.
Productos
Por otro lado, del 2014 al 2019, los usuarios del Proyecto Olmos sembraron 23 mil hectáreas de las 38 mil disponibles, lo que representa el 70 %. En esta extensión de terreno se han desarrollado 17 productos, entre los que destacan la uva, el arándano, la caña de azúcar, la palta y los espárragos. Todo ello ha hecho que Lambayeque se convierta en el quinto departamento agroexportador del Perú.
En total, la producción agrícola en el Proyecto Olmos durante el 2019 alcanzó los 270.9 millones de soles. De este total, el arándano representa el 65.8 %; la caña de azúcar, el 22 %; la palta, el 7.5 %; el espárrago, el 2 %; la uva, el 1.2 % y el resto de productos el 1.5 %. Todo lo producido en Olmos representa el 26.3 % del total en Lambayeque.
“Hay una serie de productos que responden a las características del clima, del suelo y del agua de Olmos. Siempre escuchábamos que en Olmos estaban una de las mejores tierras del Perú y hoy eso ha sido probado. Los niveles de productividad están por encima a los de otras zonas. Sin ánimo de comparar con otros proyectos, los rendimientos que tenemos en Olmos son impresionantes. El producto estrella en exportaciones es el arándano, que ha revolucionado a nivel país. Nunca pensamos que con el arándano, que típicamente es un producto de Chile, Argentina y de zonas frías, se logre desarrollar una variedad para los climas cálidos de Olmos”, mencionó.
Hasta el 2019, los arándanos de Olmos representaron el 15.9 % del total de toneladas de la exportación agrícola nacional, la palta el 5.5 %; el espárrago, el 0.8 %; y la uva, el 0.3 %. En cuanto a dinero, la exportación de arándanos fue de 147.6 millones de dólares; de palta, 107 millones; de caña de azúcar, 10.4 millones; de uvas, 62 millones; y de espárragos, 27.2 millones.
“Las empresas agroindustriales se toman un tiempo para desarrollar sus fundos, entender cuáles son las variedades de los diferentes cultivos, cómo se adaptan. Hoy vemos que hay ciertas variedades de arándanos que son las más eficientes en Olmos, la palta, la caña de azúcar. Es un proceso de aprendizaje”, indicó.
Pandemia
Pinillos Moncloa afirmó que en lo que va de la emergencia sanitaria ni la concesionaria ni las empresas agroindustriales han detenido sus acciones, habiendo logrado adecuarse a los protocolos de salud que exige la pandemia. Explicó que en el caso de H2Olmos son cerca de 200 los trabajadores que acuden diariamente, a quienes se le hace pruebas de descarte del COVID-19 cada que llegan al campamento y cuando retornan a sus casas.
“Tenemos programas de difusión de las medidas de restricción, equipos médicos y de enfermeras que acompañan a nuestros trabajadores cuando alguno se enferma. También hacemos estrecho seguimiento a la parte emocional y psicológica. Cuando todo esto comenzó había mucho temor, desconocimiento, tuvimos que reinventarnos para lidiar con todo esto. Tanto las empresas, la Municipalidad de Olmos, el gobierno regional y la concesionaria hemos realizado campañas de desinfección y de donación de víveres a las comunidades en las que tenemos impacto. Esto es sumamente importante para salir adelante”, concluyó.
Ica va camino a convertirse la región más golpeada en la segunda ola. En Piura, Lambayeque, Arequipa y Cusco las autoridades piden adoptar medidas más restrictivas, mientras en Puno persiste la desconfianza por las cifras oficiales.
Diez regiones del país han puesto freno a la reactivación económica hasta el 14 de febrero a causa del aumento vertiginoso del covid-19. El Gobierno declaró a Lima, Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurimac y el Callao en nivel de alerta extremo imponiendo restricciones y reduciendo la movilización social lo más posible. Los casos positivos se han disparado y los sistemas de salud nuevamente se encuentran al límite de su capacidad de respuesta.
El Perú presenta una tendencia al alza con niveles de transmisión por encima de los registrados en noviembre y diciembre, con cerca de 40 mil casos positivos y mil 294 muertes en la última semana. Una clara muestra de la gravedad de la situación es la tasa de mortalidad y morbilidad en 16 regiones, repitiéndose las cifras de mayo y junio del año pasado, señala el científico en computación y miembro de Open Covid – Perú.
“Si tú miras las curvas del Sinadef en general, los valores para el 30 de enero eran 936 muertes diarias. Uno de los picos que tuvimos fue el 15 de junio, cuando había 969 muertes diarias, ahora estamos llegando a eso”, señaló.
Las medidas preventivas se relajaron en Navidad y Año Nuevo generando que la curva se disparara rápidamente. Burhum manifestó que la aplicación de cuarentenas focalizadas se implementó en algunas regiones demasiado tarde, pese a que se notaba el crecimiento de la curva desde fines de noviembre y diciembre.
Los periodistas de los medios que integran la Red de Medios Digitales del Perú analizaron la incidencia de muertes por covid-19 en sus regiones en base a lo que reportan las direcciones y gerencias de salud y también lo que registra el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), encontrando por ejemplo que regiones como Ica presentaban un brusco aumento de los fallecimientos.
Lambayeque: a un paso de alcanzar el riesgo extremo
Los primeros meses de la emergencia sanitaria fueron catastróficos para Lambayeque. Los indicadores de letalidad llegaron, entre abril y mayo del 2020, a más de 10 % en algunos distritos, siendo Chiclayo y Ferreñafe las provincias más afectadas por el número de fallecidos. Diez meses después, iniciada la segunda ola y con condiciones más duras, la evolución de la letalidad en el departamento es ascendente.
El 14 de marzo del 2020 se reportó el primer caso de Covid-19 en Lambayeque y el 26 del mismo mes el primer fallecimiento. El incremento, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, fue de seis mil casos entre abril y mayo, en tanto entre mayo y junio fue de siete mil. Al 30 de junio, el sector reportó 13 mil 858 casos en el departamento. Al 31 de diciembre del año pasado, Lambayeque sumó 33 mil 391 casos confirmados de Covid-19 y tres mil ocho muertes: dos mil 800 con diagnóstico positivo y 208 fallecidos con sospecha.
De acuerdo al Sistema Informático Nacional de Defunciones – SINADEF, el 17 de marzo del año pasado hubo tres muertes consideradas “no violentas” en Lambayeque. En esta clasificación se incluye a los fallecidos por COVID-19 y otras enfermedades. Desde ese día, la cifra fue escalando. El 2 de abril el número se había duplicado (14), el 25 de abril llegó a 35; luego, el 1 de mayo ascendió a 42 y el pico más alto se registró el 13 de mayo con 51 decesos.
Iniciado el 2021 los números volvieron a subir. El 1 de enero los fallecidos por muerte “no violenta” eran siete en el departamento. Para el 4 de enero ya sumaban 13 y 15 el 18 de enero. Desde ese día, la cifra promedio es 10 fallecimientos por día, un escenario similar al de la primera semana de abril.
A nivel distrital, por toda causa de muerte (“no violenta” y “violenta”), Chiclayo encabeza la lista con 97 fallecimientos entre el 1 y 28 de enero de este año. La lista continúa con José Leonardo Ortiz, La Victoria, Ferreñafe y Lambayeque distrito, según la Gerencia Regional de Salud.
Un equipo de microbiólogos del Hospital Regional encontró una mutación inusual en muestras tomadas en abril del 2020 a pacientes contagiados, procedentes de cinco distritos de Lambayeque. El microbiólogo Franklin Aguilar, quien trabaja en el Laboratorio de Virología e Inmunología del citado nosocomio, explicó que los estudios arrojaron una mutación inusual en la proteína M del SARS CoV-2. Esto podría explicar por qué Lambayeque fue uno de los departamentos más afectadas durante la primera ola en cuanto a número de contagios e índice de letalidad.
Mientras tanto, las autoridades han invocado a la población a no bajar la guardia. “Debemos seguir manteniendo la protección indicada en los protocolos: la mascarilla, el protector facial y mantener una distancia mayor al metro y medio(…)”, insiste el presidente del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga de EsSalud, Juan Cruz Venegas. Explica que el riesgo más alto de contagio lo constituyen las reuniones y celebraciones, la asistencia a bares y discotecas.
De igual manera, Ruperto Sandoval Macalopú, quien está cargo de la Gerencia Regional de Salud, anota que las cifras departamentales son alarmantes. El 28 de enero, el Comando Regional COVID informó que el número de casos positivos asciende a 35 mil 373, con un total de defunciones por la enfermedad de tres mil 238.
“Mucho se debe a que nuestra población es prácticamente indiferente a las medidas que dicta el gobierno. Aparte de eso, tenemos un sistema de salud que es precario, de infraestructura inadecuada, con desabastecimiento en equipos e insumos, y el recurso profesional tanto médico como no médico siempre ha sido insuficiente. Afrontar en esas condiciones una pandemia me parece que va a ser difícil, porque mucho se habla de que se han comprado ventiladores, camas UCI, pero en realidad no lo vemos (…)”, comenta.
La región enfrenta la pandemia en medio del déficit de médicos intensivistas, añade. Cruz Venegas y Sandoval Macalopú coinciden en que Lambayeque debería ser considerada, como Lima, en riesgo extremo y, en consecuencia, aplicarse la cuarentena focalizada.
En Piura fallecen entre 20 y 25 personas a diario
En setiembre de 2020, la reactivación económica en la región Piura empezó en Talara, la provincia donde se ubican las playas más conocidas del norte del país. Allí se incrementó la llegada de turistas a balnearios como Máncora, Vichayito y Los Órganos. Meses después, Piura fue una de las primeras regiones que registró rebrotes serios de covid-19.
Según la Sala Situacional de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura, entre marzo de 2020 y enero de 2021, la región suma más de 80 mil 100 contagios y 3 mil 136 muertes confirmadas por coronavirus. Este panorama se evidencia en las afueras del hospital Santa Rosa, donde decenas de personas esperan, incluso durmiendo en carpas, la recuperación de sus familiares que se encuentran internados a causa del virus.
Solo en el primer mes de este año, 230 personas han fallecido a causa del virus en Piura, según la Diresa, y 24 médicos dieron positivo al coronavirus, de acuerdo con el Colegio Médico de Piura.
Pero estas cifras no están ni cerca de las que maneja el Ministerio de Salud. Hasta el 31 de enero Piura apenas se contabilizaban 45 mil 727 casos confirmados y 2 mil 289 muertes.
Sobre este desfase, el director regional de Salud, José Nizama Elías, explicó que el Minsa elabora un consolidado a partir de tres sistemas de registro, pero le falta sincerar datos. Además, no se ha tomado en cuenta indicadores sanitarios, sino también económicos y de desarrollo.
“Son varios los indicadores que se ha evaluado para la clasificación de las regiones. Estemos o no clasificados, las medidas de prevención deben ser las mismas. Estas dos semanas nos van a permitir seguir cuidándonos”, expresó Nizama.
Eddy Leyva Villalonga, jefe de Inteligencia Sanitaria de la Diresa, confirmó que en los últimos días se ha registrado un aumento considerable de decesos a causa del coronavirus. “Confírmanos que hemos tenido un incremento de fallecidos en la región, ahora hay entre 20 y 25 muertos por día”, manifestó.
Además, enfatizó que sí se viene realizando las pruebas suficientes por día para el descarte de la enfermedad en los establecimientos de salud correspondientes: “Se viene haciendo de 130 a 140 pruebas moleculares diarias”.
Para la Federación Médica de Piura, las cifras de muertes por coronavirus tampoco cuadran. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), entre el 2018 y 2019, Piura tenía un promedio de 6 mil 100 defunciones por año. Y en el 2020, se registró un total de 11 mil 305 decesos, casi el doble en comparación de años anteriores.
Debido a las cifras, el presidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite, se ha opuesto a que la región descendiera en el nivel de alerta (del Muy Alto a Alto) y ha propuesto “Ley Seca” y confinamiento regional.
No solo el desfase es un problema. En una reciente aparición pública, el gobernador regional de Piura, Servando García, recomendó a la población piurana el uso “preventivo” de la ivermectina, un antiparasitario cuyo uso contra la Covid-19 no tiene ningún sustento científico.
“Yo la uso [la ivermectina] de manera preventiva, cada 30 días tomo mi dosis correspondiente, Gracias a Dios, hasta hoy no he tenido problemas. Como digo, es para disminuir la sintomatología, en caso se presente [la covid-19], siempre bajo prescripción médica”, ha dicho.
La libertad: crítica falta de personal médico
En la región La Libertad, la cifra de nuevos infectados por covid-19 también va en aumento y ya no hay disponibilidad de camas UCI en ninguno de los establecimientos de salud.
El titular de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Fernando Padilla Bartra, confirmó que, si bien hoy en día cuentan con 68 camas UCI, actualmente todas están ocupadas y existen entre 20 y 23 pacientes en lista de espera, a quienes se les atiende en camas pre UCI, es decir, con una ventilación no invasiva y con oxígeno a alta presión.
“Recordemos que cuando empezó la emergencia, el año pasado, solo había ocho camas UCI en el hospital Regional Docente de Trujillo. El hospital de Alta Complejidad Virgen de La Puerta de EsSalud empezó con cinco camas y luego subió a diez. Con el pasar del tiempo se fueron habilitando más camas. Mucha gente que no era covid se dejó de atender y entonces esas camas UCI pasaron a ser netamente covid. En el transcurso del tiempo, poco a poco se fue creciendo y hoy tenemos 68 camas UCI activas”, explicó Padilla Bartra.
De acuerdo a la distribución, 34 camas UCI están en el hospital de Alta Complejidad, 22 en el hospital Regional, 3 en el hospital Belén y entre 5 y 9 en la clínica San Pablo, dependiendo de su disponibilidad. Asimismo, indicó que están evaluando que el hospital temporal Ramón Castilla de Huanchaco ya no solo atienda a pacientes leves sino también a moderados.
Pero, más allá del equipamiento, el titular de la Geresa en La Libertad indica que el mayor problema que enfrenta el sector salud en la región para enfrentar esta segunda ola del covid-19, radica en el recurso de personal médico.
“En el tema de los ventiladores mecánicos perdimos 15 y prácticamente nos están devolviendo 10 y luego otros 5, a nivel nacional probablemente nos distribuyan más. El tema fundamental no es si tengo el equipo o cama UCI más ventilador, que es lo que se requiere. El tema es si tengo quién lo maneje. Para atender una cama UCI se necesita un intensivista, enfermeras y técnicos. Es un equipo de cinco personas que tiene que cubrir 24 horas. En Salud, el recurso humano trabaja seis horas, es decir, necesito cuatro equipos por día. No son solo cinco personas, pasa a ser un grupo humano grande”, anota el jefe de la Geresa.
En la actualidad, La Libertad cuenta con 1 mil 475 profesionales médicos contratados, además de 3 mil 500 en lo que se refiere a personal de salud. Sin embargo, Padilla Bartra indica que para atender la demanda hospitalaria creciente se necesita por lo menos mil profesionales más.
“Ante la emergencia, hemos capacitado a personal de salud de carreras afines, internistas o médicos neumólogos o cardiólogos, que pueden manejar lo complicado del sistema. Debe entenderse que no es que el paciente llega y se conecta el ventilador y listo; eso necesita un monitoreo las 24 horas. Por ejemplo, nos pueden enviar 20 camas UCI más 20 ventiladores, pero no hay recurso humano para activarlos. Solo para aumentar 10 camas UCI con ventilador, por tres meses, se necesita más de 2 millones 100 mil 000 soles, pero el gobierno solo nos remite los equipos. Por eso, ahora estamos gestionando colaboraciones. Ya estamos viendo un apoyo de la Cámara de Comercio de La Libertad”, sentenció.
Letalidad supera el promedio nacional en Ica
La región Ica ingresó a cuarentena desde el 31 de enero pasado y, por lo pronto, va hasta el 14 de febrero. En la primera ola, la ciudad del eterno sol se encontraba entre las 10 regiones más golpeadas golpeada por la pandemia. Se llegaron a registran picos de hasta 300 casos diarios a mediados de agosto y más de 50 fallecimientos por semana, de acuerdo a las notificaciones de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ica. El viceministro de Salud, Luis Suarez, señalaba en agosto que Ica era la región con mayor riesgo de muerte a nivel nacional.
De acuerdo a la Sala Situacional de la Diresa Ica, la tasa de letalidad en esta región ha variado desde el inicio de la pandemia. El pico máximo se alcanzó en junio, cuando la tasa llegó a 8,85%, es decir, de 100 infectados, 9 no llegaban a sobrevivir. Para el mes de setiembre bajó a 6,77% y para el 31 de diciembre se produjo un paulatino incremento que llegó 7,02% en la región.
Para enero, la letalidad subió 7,22%, llegando a contabilizar 276 personas fallecidas, el doble si se compara con el 3.6% de la tasa nacional, de acuerdo al Ministerio de Salud.
En comparación con el registro del Sinadef, las cifras son muy superiores. Para el 28 enero, sumaban 344 fallecimientos asociados al coronavirus. El pico más alto se registró el día 25 con el fallecimiento de 13 personas en solo 24 horas. La curva comenzó a ascender sostenidamente desde principios de año con una media móvil (7 días) de decesos que fluctúan entre 25 y 31, muy cerca a lo registrado en junio, que era entre 37 y 42.
El director regional de salud de Ica, Marco Cabrera Pimentel, indicó que el trabajo conjunto permitió conseguir que, para octubre y noviembre, se aplanara la curva. Sin embargo, el paro agrario a fines de diciembre, junto a las festividades de fin de año, hicieron que el virus se disperse de nuevo. Las principales víctimas de la pandemia son mayoritariamente adultos de más de 60 años (191), seguido de adultos mayores de 30 años (79).
La región afronta esta segunda ola con los hospitales al límite, las camas UCI ya colapsaron y se han ocupado 450 de las 600 camas hospitalarias disponibles. La región hace los esfuerzos para que se instalen plantas de oxígeno y ampliar la capacidad en unas 80 camas. Sin embargo, la falta de personal médico y dinero para contratarlos son los principales obstáculos.
Muertes por covid-19 se comparan a primera ola en Arequipa
En el último mensaje, el gobierno del presidente Francisco Sagasti elevó el estatus de la región que pasó en 15 días a un riesgo muy alto. Si bien se implementaron algunas restricciones de movilidad y aforo, aún no se llegó a un confinamiento. No obstante, el sistema sanitario local ya lleva varias semanas saturado por las demandas de atención.
El martes 26 de enero, médicos y enfermeras del hospital Honorio Delgado expusieron el drama que afrontan. El propio director del establecimiento, Richard Hernández, reconocía que el personal estaba exhausto. Las semanas de trabajo continuo por la pandemia, sin vacaciones, y la exigencia por el rebrote los tiene al límite.
“Si el personal de salud cuidó a la población en la primera ola, ahora le corresponde a la población cuidar a los médicos. Estamos cansados, estamos agotados, estamos fatigados”. De esta manera el director del hospital covid, Richard Hernández, invocaba a los ciudadanos a tomar mayor responsabilidad ante la pandemia.
En las tres últimas semanas se triplicó el número de personas que acuden al nosocomio. De atender a 8 y 12 pacientes ahora reciben a más de 36 pacientes. Varios de ellos llegan en condiciones graves. Las 22 camas UCI se ocuparon totalmente en la segunda semana de enero y las 35 camas de alto flujo que se acondicionaron a mitad de mes se saturaron en menos de 7 días. En similares condiciones se encuentra el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Essalud, que tiene sus 35 camas UCI abarrotadas de pacientes.
En relación a las muertes por covid-19, la región superó lo registrado en todo noviembre y diciembre del 2020 en solo dos semanas. Un claro indicador del incremento en la velocidad de segunda ola respecto al final del año pasado.
A su vez, los dos registros de muertes por la enfermedad también reflejan una tendencia al alza. Tanto el registro de muertes totales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), como el de muertes covid oficiales de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), grafican el aumento continuo de muertes en la región.
Nuevamente, los promedios semanales de ambos indicadores para la última semana de enero coinciden con los de la tercera semana de junio del 2020. Respecto a los nuevos casos, la media de la última semana de enero fue de 487. No se registraba una cifra similar desde la cuarta semana de junio del 2020, cuando se contabilizaron 498.
La misma situación se presenta para los casos activos. Para el mismo periodo de enero, el promedio marcaba unos 6 mil 259. Nuevamente, junio del 2020 ofrece un número parecido, cuando su quinta semana tuvo unos 6 mil 676.
El jefe del Comando Operativo Covid Arequipa, Percy Miranda, señaló que la mortalidad llegaba ahora a 15 fallecimientos por día. “Teníamos más del 70% de la población susceptible. La apertura de la fase IV y salida de los niños habían sido un riesgo muy fuerte, pero no calculamos que iba tener una letalidad muy alta… la letalidad llega ahora a casi 15 fallecimientos diarios, cosa comparable solo con el mes de mayo del año pasado”, señaló recientemente.
El comportamiento de las estadísticas revisadas apunta hacia la inminente cresta de la segunda ola. Al igual que en el primer embate de la pandemia, los niveles de contagio y muertes se encaminan hacia sus picos.
La comparativa que salta a la luz es con la segunda mitad de junio del 2020. De repetirse el mismo escenario del año pasado, Arequipa afrontaría la etapa crítica de nuevos casos y defunciones en unas tres o cinco semanas, entre mediados de febrero y mediados de marzo. Es decir, un equivalente a lo vivido entre julio y la primera mitad de agosto.
En vista del agravamiento reciente de la pandemia, médicos del hospital Honorio Delgado han pedido que se disponga un confinamiento estricto los fines de semana. Mientras que un sector de la población considera que debió ingresarse a una cuarentena como la que se vive en Lima y nueve regiones del país. ¿Se trataría de una medida efectiva o llegaría muy tarde?
Falta de sinceramiento de las cifras de la pandemia en Puno
El 25 de enero del 2021 el Sistema Informático Nacional de Defunciones, contabilizó en la región Puno 30 muertes no violentas; sin embargo, el reporte de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno para el mismo día contaba solo 5 fallecidos por covid-19.
El representante de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona, dijo que la región Puno podría encontrarse atravesando una segunda ola de la COVID 19 si se consideran las cifras del Sinadef. Aunque para la Diresa Puno, la región se encuentra atravesando por un rebrote y solo podría subir al nivel extremo si se contabilizan 25 muertes diarias.
Asimismo, Ticona ha mencionado que las cifras de la pandemia que maneja la Diresa evidencian aún inexactitud debido al cambio constante del funcionario responsable del área de Epidemiología. En un año se han realizado hasta cuatro cambios, lo que ocasiona demora al momento de recabar la información de las 11 redes de salud. Según el representante de la Defensoría del Pueblo, la falta de transparencia en el manejo de las cifras oficiales alienta a la sospecha poniendo en duda la fidelidad de los datos con la realidad.
“Diresa Puno tiene que tener precisión (y una) política de transparencia con todas sus redes, para brindar a la población y al Gobierno Central un reporte exacto y oportuno, para que la Sala Situacional tenga una información precisa de fallecidos por covid”, acotó el representante del Defensor del Pueblo en Puno.
Por su parte, el director Regional de Salud de Puno, Walther Oporto Pérez, declaró que la Diresa registra el número defunciones por covid, de acuerdo a los certificados de defunción que emiten los establecimientos de salud, por lo que le sorprende la diferencia de cifras de muertes con SINADEF.
Se comprometió a convocar a una reunión a los responsables de Epidemiología de las Redes de Salud para analizar y solucionar esta disparidad de muertes en pandemia entre SINADEF y Diresa.
“Por el incremento de casos de Covid, la situación de Puno es de rebrote, los casos registrados no han superado las estadísticas de la primera ola de los meses de julio, agosto y septiembre del pasado año”, añadió.
La falta de transparencia sobre muertes por COVID, impide medir el impacto que tiene la enfermedad con un sistema de salud colapsado y las personas buscando el pan de cada día en las calles.
Según el reporte al 30 de enero, en Puno 161 pacientes se encuentran hospitalizados, y 20 personas se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos, en tanto que se informaba de 18 fallecidos. Entre ellos, 5 murieron en el área Covid del hospital regional Manuel Núñez Butrón de Puno.
Cusco: un alto subregistro de muertes
En la primera crisis sanitaria que atravesó el sistema de salud de Cusco, se llegaron a contabilizar entre 5 a 10 fallecidos a diarios entre los meses de julio y agosto. La situación conllevó a que las morgues de los dos hospitales que pertenecen al Minsa y EsSalud rebasaran de cadáveres. Las cifras nuevamente comenzaron a replicarse este año. En la última semana se han producido 10 muertes diarias por covid-19, en promedio. Incluso, se ha llegado a picos de 17 fallecidos en 24 horas a fines de enero.
La región llegó a junio con 15 camas UCI para una población que supera los 400 mil habitantes. En medio de la oleada, se pusieron en funcionamiento 100 camas en el hospital temporal del Minsa y otras 200 en la villa médica que instaló Essalud. Actualmente, el número de camas UCI asciende a 23 y podría duplicarse, siempre y cuando se consiga el personal suficiente, señalan las autoridades sanitarias.
La región Cusco fue duramente golpeada en la primera ola. Entre marzo y diciembre fallecieron 1 mil 321 personas, a consecuencia de la covid-19, según estadísticas de la Sala Situacional de la Gerencia Regional de Salud. Solo en agosto, el mes más fatídico, se produjeron casi la mitad de los decesos, registrándose un total 660 muertes.
Las estadísticas del Sinadef también muestran un crecimiento sostenido entre julio y agosto. Para la cuarta semana de julio la media móvil oscilaba entre 27 y 38, mientras que para el siguiente mes se alcanzó el pico más alto con promedios de 48 y 51 muertes diarias. En base a esta cifra, desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de diciembre los médicos notificaron más de 6 mil 500 defunciones, muy por encima de las 1 mil 439 notificadas por el sector salud.
La gran diferencia acentúa la percepción que en las regiones existe un alto subregistro de decesos que están fuera de las cifras oficiales que se reportan. En lo que va del año, según el Sinadef, Cusco registra 640 fallecimientos no violentos; mientras que la Sala Situacional Covid de la Geresa Cusco, contabiliza 148 muertes por Covid 19, notándose una diferencia de 465 defunciones en la región Cusco. La tasa de letalidad se mantiene en 2.96%.
Las autoridades de salud coinciden en que algunas provincias de la región deben ingresar a una cuarentena focalizada, en especial Cusco, La Convención y Chumbivilcas. Mientras tanto, invocan a la población a continuar protegiéndose para evitar que se reproduzcan episodios como los de agosto.
En enero Loreto reportó más de 70 muertes
La región amazónica de Loreto fue en la primera ola una de las más afectadas por el coronavirus. Las autoridades de salud llegaron a notificar hasta 40 muertes en un solo día. El primer caso se registró el 16 de marzo de 2020, cuando un turista llegó a Iquitos desde Asia.
La primera semana de diciembre del 2020 en los hospitales de EsSalud y de la Diresa en Iquitos, ambos catalogados como "hospitales covid19", se tenía 18 hospitalizados. Desde esa primera semana se notó un incremento de contagiados que ingresaron a ser internados por presentar síntomas del virus.
Luego, las estadísticas oficiales señalan que durante el primer mes del año se han registrado 72 muertes en la región Loreto por covid-19. En las dos últimas semanas el promedio de muertes diarias se ha mantenido entre 1 o 2 muertes. Según el director regional de Salud de Loreto, Carlos Calampa del Aguila, el aumento de casos ya se preveía por el comportamiento social de las festividades de Navidad y Año Nuevo, donde la población se relajó y descuido las medidas sanitarias.
Desde esa fecha los casos han ido en aumento y hasta el último día de enero se tenía 199 hospitalizados y 729 en aislamiento domiciliario. 2,542 fallecidos se han registrado desde el 16 de marzo del 2020, día que se presentó el primer caso de contagio en Iquitos, a través de un turista llegado desde Asia.
El médico infectólogo, Juan Carlos Celis, dijo que no se puede hablar de una segunda ola pero sí de un incremento de casos que se debe a que la gente se está automedicando. A raíz del aumento de casos el gobernador regional de Loreto, Elisban Ochoa Sosa, convocó a reuniones permanentes del Comité Anticovid de Loreto y se ha puesto en funcionamiento el Hospital Modular, construido en los ambientes del Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias".
