Pese al notable descenso de nuevos casos y fallecidos por Covid-19, en las últimas semanas se alertó que en los nosocomios del Ministerio de Salud y la seguridad social en Lambayeque ya no había camas de Unidad de Cuidados Intensivos – UCI, disponibles. Para el gerente regional de Salud, Víctor Echeandía Arellano, esto obedece a que Lambayeque, precisamente Chiclayo, es una ciudad de referencia para la atención de los pacientes más graves en toda la macrorregión norte, debido a la complejidad de sus hospitales. En virtud de ello, la capacidad hospitalaria se ve mermada por los enfermos que llegan de otros departamentos.
“Chiclayo, además de tener un mayor número de especialistas, cuenta con los hospitales más complejos, por eso recibe pacientes de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Piura. Tenemos que compartir nuestras camas UCI con ellos, por eso es que prácticamente no hemos tenido disponibles” alertó.
Disponibilidad
Echeandía Arellano apuntó que en el Centro de Atención Temporal ubicado en el distrito de La Victoria cuentan con 25 camas UCI, de las cuales solo puede usarse seis, debido a la falta de especialistas. Explicó que todas estas camas están debidamente equipadas con monitores, ventiladores, respiradores, electrocardiógrafos e incluso cuentan con enfermeras y técnicas que, si bien no son especialistas en cuidados intensivos, a lo largo de la emergencia sanitaria han adquirido experiencia en el manejo de pacientes críticos.
El problema recae en la falta de médicos especialistas, pues ya todos están ocupados por los diferentes hospitales. Señaló que se está conversando con ellos para que brinden horas complementarias, pero una gran parte no está de acuerdo con hacerlo, toda vez que el riesgo del contagio aumenta y las remuneraciones por horas adicionales no se cancelan a tiempo.
“Los médicos analizan que existe un mayor riesgo al dar horas complementarias en UCI porque atenderán directamente a los pacientes covid graves, a quienes hay que intubarlos, estar cerca de ellos, exponiéndose a la posibilidad de contagiarse. También exigen un pago adecuado, ya que sacrificarán el tiempo con su familia, toda vez que serían 150 horas más de trabajo y, lamentablemente, a veces no tenemos el presupuesto para pagarles en el momento adecuado sus remuneraciones de las horas complementarias. Ese presupuesto viene cinco o seis meses después. Le hemos exigido a la ministra de Salud un monto adicional para asegurar la presencia de todo el personal en Lambayeque”, comentó.
Explicó que también persiste un temor en la población para hospitalizar a sus familiares graves. Quienes cuentan con los recursos económicos, optan por comprar oxígeno y contratar médicos para que atiendan a sus pacientes en casa. Sin embargo, advirtió que esta práctica no es aconsejable, porque un paciente en esa condición requiere ser monitorizado cada media hora e incluso en los casos más severos cada cinco minutos.
“No es lógico tener a un paciente grave en casa y que el médico lo vea al día siguiente o que el oxígeno se les acabe por la noche. A esos pacientes y sus familiares les ruego que lleguen pronto al hospital. En el Centro de Atención Temporal de La Victoria tenemos cien camas para atención de pacientes leves, estamos usando un promedio de 85. Pueden ir allá”, indicó.
Pruebas
Por otro lado, señaló que – más allá de la disponibilidad de las pruebas – los médicos están capacitados para el diagnóstico de las enfermedades, entre estas el contagio por Covid-19, a través de las preguntas que le hacen a los pacientes sobre sus antecedentes, si han estado cerca de personas sospechosas de ser portadoras del virus, de la medición de la saturación de oxígeno y la solicitud de radiografías de tórax, tomografías, entre otros procedimientos.
“Podemos contar con laboratorios en los hospitales para medir PCR, análisis de gases sanguíneos, con eso podemos hacer el diagnóstico clínico, pero esas pruebas son secundarias, allí están incluidas las moleculares y las rápidas. Estas últimas tienen capacidad de diagnóstico baja, entre 45 % o 50 %. Es decir, en la mitad de las veces la prueba saldrá negativa cuando realmente la persona está infectada”, aseveró.
Echeandía Arellano indicó que el laboratorio de la Gerencia Regional de Salud – GERESA, cuenta con capacidad para procesar 150 muestras por día, lo cual origina una demora en la entrega de resultados.
Médicos
En otro orden de ideas, manifestó no haber estado de acuerdo con que se haya enviado a gran cantidad del personal de salud a realizar trabajo remoto, toda vez que no todos eran mayores de 65 años o padecían de enfermedades que les generasen un sistema inmunológico debilitado. Apuntó que durante la etapa más crítica de la emergencia sanitaria Lambayeque solo tuvo al 30 % de su personal sanitario trabajando de forma presencial, lo cual provocó dificultades en la atención.
Del mismo modo, cuestionó que algunos médicos se nieguen a atender a pacientes covid, pese a que tienen otras patologías.
“La obligación de los médicos es atender a los pacientes, sean o no portadores del Covid-19. Si la paciente viene con una hemorragia ginecológica, se le tendrá que poner suero, sangre, habrá que operar. Los médicos hemos hecho un juramento de atender a cualquier paciente. No nos han dicho que a quienes tienen Covid no los atendamos porque nos vamos a contagiar”, remarcó.
Asimismo, indicó que La GERESA y sus unidades ejecutoras están abastecidas con Equipos de Protección Personal – EPP, ya que hace poco se ha comprado un lote de cinco millones de estos.
Presupuesto
Consultado sobre la ejecución presupuestal de la GERESA, que actualmente alcanza el 77.2 %, aseguró que antes de fin de año se llegará al 99 %, pues la meta es no devolver prácticamente nada de los recursos al tesoro público. Del mismo modo, indicó que los 12 millones de soles que recibieron por parte del Sistema Integral de Salud – SIS, fueron invertidos íntegramente en compras de insumos, equipos básicos, arreglo de ambulancias, entre otros.
Además, resaltó que se han realizado modificaciones presupuestales para aumentar el monto destinado a la estrategia contra el Covid-19 y que se viene gestionando el pago de los bonos Covid a los trabajadores, al igual que sueldos atrasados y montos por concepto de deuda social.
“La forma que tiene el Ministerio de Economía para medir la ejecución presupuestal es a través del devengado, es decir, cuando se hace efectivo el pago, y para ello uno tiene que recibir el producto y probarlo, allí recién devengas. Confío en el personal de la GERESA, que trabaja incluso hasta la medianoche para que se ejecute el presupuesto, pero también depende de que los proveedores cumplan con los plazos de entrega”, manifestó.
En tanto, indicó que se han contratado a 70 enfermeras para asegurar las inmunizaciones de los niños menores de cinco años y la población vulnerable. Para ello han agilizado las vacunaciones, a fin de cerrar la brecha de 30 mil niños que se había generado durante los meses de confinamiento.
Finalmente, aseguró que la huelga de los trabajadores del sector salud no traen perjuicio alguno a la atención de los pacientes, pues estas manifestaciones se están desarrollando en las horas libres del personal.
“Estamos en una etapa de la pandemia en que los casos positivos disminuyen cada día, pero todavía sigue muriendo gente. Hay cuatro o cinco pacientes que fallecen diariamente, cuando el promedio nacional de letalidad es 3.5. No tenemos indicadores de que vaya a haber una segunda ola, pero el virus no ha desaparecido. Se está permitiendo que los niños y jóvenes asistan libremente a los supermercados. Si ellos contraen el virus, probablemente sean asintomáticos, pero cuando regresen a sus casas van a contagiar a sus familiares mayores, que sí van a desarrollar un cuadro grave de la enfermedad, ese es nuestro temor”, precisó.
Como en botica. Las nóminas de candidatos al Congreso de la República para las elecciones de abril del próximo año están casi listas. Casi, porque aún falta la designación de postulantes por invitación, facultad que las organizaciones políticas se han reservado para el final. Sin embargo, tras las primarias se conoce a la mayoría de los aspirantes a una curul para el período parlamentario 2021-2026.
Entre los candidatos hay variedad: están lo que ya tienen experiencia parlamentaria, los que han postulado en veces anteriores sin mayor suerte y, claro está, los que tienen una serie de perlas por exhibir, muchas de ellas no tan brillantes, en su trajinar político, profesional o empresarial.
El regreso de Alejandro
Candidatura oleada y sacramentada como cabeza de la lista congresal de Fuerza Popular por Lambayeque es la de Alejandro Aguinaga Recuenco, médico de cabecera de Alberto Fujimori y hasta hace poco ácido crítico de Keiko Fujimori y los modos en la que esta condujo a la agrupación tras el proceso electoral del 2016.
Aguinaga, natural de Trujillo, fue congresista por Lambayeque entre el 2016 y el 2011, llegando a ser, por breve tiempo, presidente del Congreso de la República. Fue también ministro de Salud en el segundo mandato de Fujimori, gestión que es recordada por el caso “Esterilizaciones forzadas”, que aún no está cerrado.
En la última campaña presidencial marcó distancia de Keiko Fujimori, pues junto a otros viejos cuadros del partido naranja fue dejado de lado so pretexto de la renovación.
La hermana Mary
El caso de María Grimanesa Acuña Peralta es, quizá, uno de los más saltantes. Encabezará la lista congresal de Alianza Para el Progreso, el partido que lidera su hermano César, por Lambayeque. Es la tercera vez que postula al Congreso. Lo hizo en el 2006 y el 2011.
‘Mary’, como se le conoce en fueros apepistas, ocupará la primera ubicación, puesto que en las votaciones congresales extraordinarias de este año llevó su hermano Humberto y que en las elecciones del 2016 tuvo su hermano Virgilio, hoy distanciado del seno familiar.
María Acuña es esposa de Elver Díaz Bravo, ex procurador anticorrupción de Lambayeque y sentenciado, junto a Humberto Acuña, por cohecho activo genérico a pena suspendida en su ejecución, al probarse que fue el intermediario para ofrecer un soborno al exagente de la Policía Anticorrupción, Joel Ugaz Cubas, para que ayude al menor de los hermanos Acuña en una investigación por asociación ilícita. Los esposos, además, poseen denuncios mineros en la serranía de Lambayeque.
El dulce Edgar
La cabeza de la lista congresal de Acción Popular recae en Edgar Cayotopa Martínez, actual secretario regional de la organización en Lambayeque.
Cayotopa se impuso en las elecciones internas, pese a que buena parte de la militancia del partido de la palana lo responsabiliza aún de haber propiciado que Acción Popular se quede sin la mayor parte de sus candidaturas municipales en las elecciones del 2018, dejando incluso fuera de inscripción al candidato a la provincial de Chiclayo.
El abogado de profesión fue a inicios del 2000 asesor de la Fiscalía de la Nación, así como administrador judicial de AgroPucalá, empresa azucarera de la que salió duramente cuestionado por presuntos malos manejos.
En el 2018 postuló al Gobierno Regional de Lambayeque.
Nuevamente Janet
A la cabeza de la lista de Juntos por el Perú postulará Janet Cubas Carranza, quien en las extraordinarias de enero pasado logró la más alta votación congresal en Lambayeque, pero no alcanzó curul debido a que la organización política no superó la valla electoral.
Cubas Carranza no es nueva política: fue regidora provincial de Chiclayo en dos ocasiones por Acción Popular, postuló en el 2014 a la alcaldía de esta ciudad por el partido de la palana y en el 2018 como representante de Juntos por el Perú, bajo el liderazgo el exgobernador regional Yehude Simon Munaro.
Con todos los pergaminos académicos sobre ella, Cubas Carranza se considera independiente, pues representa al colectivo denominado Chiclayo 100 %.
Ay Martín
El Partido Nacionalista Peruano ha ungido con el número 1 de su lista parlamentaria por Lambayeque a Martin Rivas Teixeira, excongresista en el período 2011-2016 y de pobre producción legislativa.
Rivas quiso ser congresista en el 2006 por UPP y ese mismo año presidente regional. Antes, en 1998, postuló a regidor de Lambayeque con el movimiento denominado FUJI 2000.
Cuando fue parlamentario presidió la Comisión de Energía y Minas, y en alguna ocasión se denunció que habría ejercido su poder político para conseguir puestos de trabajo en EsSalud.
Cambio de posta
Finalmente, Podemos Perú eligió al abogado Walter Torres Vera como candidato con el número 1 por Lambayeque, para las congresales del próximo año.
Torres Vera, ex gerente general de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, es esposo de la actual parlamentaria María Gallardo Becerra, quien representa a la misma agrupación política. Gallardo fue una de las candidatas menos votadas en enero de este año, pero la cifra repartidora la favoreció.
Los pobladores del distrito de Pacora bloquearon esta semana la carretera Panamericana Norte Antigua, vía de acceso al nororiente peruano a través de la carretera Fernando Belaunde Terry. Con justicia, demandan una solución definitiva a la problemática por contaminación del agua por arsénico, pues desde el 2018 se identificó que las familias se abastecían del recurso no apto para el consumo humano, pese a la existencia de sistemas de potabilización. Más de ocho mil habitantes resultan afectados.
La misma problemática se vive en el distrito de Mórrope. En este se identificó la presencia de arsénico en valores superiores a 1.5 mililitros por litro de agua, en tanto en Pacora el valor es de 2.6 mililitros por litro de agua. Lo permitido es de 0.1.
La presencia de arsénico en el agua por encima de los valores permitidos genera severos problemas de salud, como lesiones en la piel, neuropatía periférica, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. La arsenicosis, es la enfermedad directamente relacionada a este tipo de contaminación del agua.
Han transcurrido dos años desde que se identificó el problema sanitario, ante lo cual el gobierno nacional ha ido prolongando la declaratoria de emergencia.
“Pacora fue declarado en emergencia no solo por la contaminación del agua, sino también por los daños que la empresa EPSEL ha generado a la salud pública, ya que hace algún tiempo tanto el COEN como INDECI señalaron que la presencia de arsénico en el agua la convertía en no apta para el consumo humano. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una respuesta concreta o una solución definitiva ni por parte de la empresa, ni del gobierno regional ni nacional, a pesar que se declaró el estado de emergencia”, señala Frank García Castillo, vocero de la población.
Medidas
Inicialmente se suspendió el abastecimiento de agua por Red pública en 14 localidades de Mórrope y otras ocho de Pacora, luego se adquirieron filtros para los pozos de bombeo y, tiempo después, se distribuyeron más de tres mil filtros domiciliarios. Sin embargo, ninguna de estas medidas ha resultado sostenible ni determinante para la solución del problema.
Actualmente la población de estos distritos se abastece de agua por cisternas.
“Tenemos el servicio de agua potable suspendido, porque se ha detectado nuevamente niveles altísimos de arsénico. Además, 167 niños ya han sido identificados con arsénico en la sangre y estamos a la espera de los resultados de 400 pruebas más que se han aplicado. El panorama es muy alarmante en el distrito, por lo cual no podemos mantenernos indiferentes”, refiere.
Comenta que hace aproximadamente tres semanas la Gerencia Regional de Salud determinó que existen elevados altos de arsénico en el agua, por lo que se dispuso la suspensión del suministro de agua por cañerías.
“EPSEL está ahora distribuyendo el agua por cisternas, pero de una manera totalmente desordenada, generando aglomeraciones de la población que debe recoger el líquido en baldes, tinas o depósitos, estando aún latente la emergencia por el Covid-19. Considerábamos que el problema ya se había solucionado con la colocación de filtros en la planta de abastecimiento, pero los estudios han determinado que el agua sigue contaminada”, denuncia.
Abastecimiento
García Castillo refiere que según EPSEL el abastecimiento de agua por cisternas es interdiario. Empero, la realidad es distinta.
“Vivo en el pueblo joven Primer de Mayo y la cisterna ha pasado una vez cada siete días y las veces que pasó fue por presión de los pobladores que la cisterna entraba a todas las calles, porque se nos respondía que algunas zonas no estaban dentro del plan de recorrido. Es más, hay caseríos que tienen sistema de agua potable administrados por EPSEL a los que no llega la cisterna, porque se dice que no están incluidos en el croquis que ha elaborado la empresa. Eso es verdaderamente lamentable, un atentado a la dignidad de nuestro distrito”, menciona.
El vocero denunció que es mínimo el apoyo del gobierno regional, al punto que el gobernador Anselmo Lozano Centurión habría respondido al alcalde distrital, Virgilio Vidal Arboleda, que no era su competencia solucionar el problema existente.
Antes de culminar el año, los vecinos de Pueblo Nuevo contarán con el mejoramiento y la ampliación de tres instituciones educativas del nivel inicial: la N° 102, 310 Y 314, según anunció el alcalde Jaime Antonio Chicoma Perleche. Las tres obras, valorizadas en cinco millones 300 mil soles, fueron iniciadas por la gestión anterior, pero tuvieron una serie de observaciones que originaron su paralización. En virtud de ello, la actual administración municipal trabajó para subsanar las mismas y poner en marcha la edificación de los colegios.
Chicoma Perleche explicó que su gestión debió recuperar dos millones 700 mil soles, que eran para dichas obras, pero se habían revertido al erario nacional por su falta de ejecución. Afirmó que los tres colegios ya están próximos a inaugurarse, pero todavía queda un arbitraje con la empresa que durante la gestión anterior ganó la buena pro para edificar las instituciones.
Más obras
El burgomaestre destacó que, mediante un convenio con Trabaja Perú, se realizó un proyecto de pavimentación de pistas, veredas y jardineras, que dio trabajo directo a 60 familias. De igual forma, con el mismo programa se realizó un parque en la urbanización Santo Tomás de Aquino. En total, de los cinco proyectos con Trabaja Perú, cuatro ya han sido culminados y el restante terminará en enero.
A ello se suma que este año la gestión de Jaime Chicoma obtuvo un presupuesto de tres millones de soles que fue prorrateado en ocho obras, entre las que se encuentran cuatro de pavimentación y un proyecto de agua y desagüe para el pueblo joven Santa Felicia.
Asimismo, apuntó que pavimentarán la avenida Augusto B. Leguía y construirán un complejo deportivo. Además, realizarán el cambio de cien luminarias en los parques y puntos críticos del distrito. Estas serán entregadas a Electronorte para su instalación, que debe realizarse antes de las fiestas navideñas.
“Estamos trabajando en la ejecución del cementerio municipal. Aquí nunca hubo uno, pero ya tenemos el terreno comprado. Este año empezaremos la construcción de la fachada y algunos nichos”, mencionó.
Agua
Actualmente, Pueblo Nuevo cuenta con 14 mil pobladores, de los cuales el 92 % pertenece a la zona urbana y el 8 % a la rural. Precisamente, en la zona rural la administración de Jaime Chicoma está ejecutando un proyecto de desagüe por un millón 113 mil soles, que beneficiará a 63 personas. El avance de dicha obra está al 50 %.
Sobre el proyecto de agua para todo el distrito realizado en el 2015, manifestó que actualmente es un “elefante blanco”, pues de los 25 litros que se requerían en cada uno de los pozos de agua, la capacidad al día de hoy es de solo ocho y siete litros.
“El tema del desagüe es un proyecto que se hizo hace dos gestiones. La obra ya ha sido transferida a EPSEL, pero estamos trabajando con ellos y con el Ministerio de Vivienda para cerrar el proyecto. Nosotros solo encontramos dos pozos de ocho y siete litros, los cuales los hicimos operar, pero en julio se quemó el transformador y las bombas. En diciembre debemos estar poniendo operativo un pozo. Sobre el segundo estamos haciendo estudios, porque hay rastros de arsénico y queremos hacer el descarte para también poner a funcionar el pozo con una capacidad de 12 a 14 litros, con lo cual la población tendrá un par de horas más de agua”, indicó.
Actualmente, el 30 % de los moradores de Pueblo Nuevo solo tiene agua por un promedio de tres a cuatro horas al día, la cual proviene de Ferreñafe. Solo la parte baja del distrito tiene el recurso hídrico todo el día. En total, las obras de saneamiento mal ejecutadas en gestiones anteriores le costaron a la comuna 18 millones de soles.
La autoridad precisó que requieren de por lo menos tres millones de soles para hacer nuevos pozos y poder dotar de agua a toda la población.
Este año, el presupuesto asignado para Pueblo Nuevo es de 10 millones y medio de soles. De estos, se ha ejecutado el 72 %. La meta – indicó el alcalde – es llegar al 98 % a fin de año.
Covid-19
A la fecha, Pueblo Nuevo registra 419 contagiados por Covid-19 y 19 fallecidos. Si bien ha sido uno de los distritos de Ferreñafe más golpeados por la pandemia, resaltó que su administración gestionó con el Comando Covid la adquisición de 800 pruebas rápidas que se aplicaron a los trabajadores municipales, los comerciantes en el mercado y a la población en general, a través del centro de salud.
“Conseguimos donaciones de una empresa local que nos dio cinco mil pollos, gracias a la Gerencia Regional de Producción también conseguimos pescado, la SUNAT nos dio cien sacos de arroz. Como comuna hemos hecho la fumigación y desinfección de todo el pueblo, y un trabajo de sensibilización sobre el lavado de manos y el distanciamiento social”, comentó.
+NOTAS:
El 4 de diciembre, el Congreso de la República derogó la Ley N° 27360 – Ley de Promoción Agraria que, mediante el Decreto de Urgencia N.º 043-2019, había sido ampliada hasta el 31 de diciembre del 2031. Esta medida fue adoptada por el parlamento a raíz de las protestas de los trabajadores agrarios en distintos puntos del país. En virtud de ello, el empresario agroexportador Lucas Rodríguez Tineo apuntó que la nueva ley debe incluir reformas sustantivas como la eliminación de la tercerización a través de las ‘service’, duramente criticadas durante las manifestaciones.
Precisó que muchas empresas de agroexportación, principalmente las grandes, le sacaron la vuelta a la ley, ya que tercerizaron la contratación de sus trabajadores a través de las ‘service’, desligándose así de la responsabilidad que implica el manejo del personal. Indicó que a muchos de esos trabajadores ni siquiera se les ha pagado la remuneración mínima vital, puesto que las tercerizadoras les pedían una comisión a los agricultores para llevarlos a trabajar a las empresas.
“Hemos visto cómo algunos obreros son trasladados por las ‘service’ a sus centros de trabajo como si fueran ganado. Van parados entre 30 a 40 personas en una ‘motocar’. Debió haberse precisado en la ley que si te acogías a los beneficios la relación entre empresa y agricultor debía ser directa, sin intermediación”, anotó.
Beneficios tributarios
Lucas Rodríguez resaltó que la Ley de Promoción Agraria cumplió en su momento con el cometido de incentivar al sector, ya que invertir en agricultura es riesgoso, toda vez que la cosecha puede perderse por plagas, sequías o condiciones climatológicas adversas, en virtud de lo cual en todo el mundo se brindan subsidios e incentivos a quienes invierten en esta rama.
Sin embargo, aclaró que las grandes empresas han sacado un provecho desmedido de este dispositivo legal, pues – además de la tercerización – han copado todas las tierras que han sido subastadas, dejando sin posibilidad de acceder a nuevas hectáreas a la pequeña agricultura.
Sin embargo, aclaró que desde el 1 de enero del 2020 el régimen laboral agrario es idéntico al régimen general, en cuanto a lo que compete a los trabajadores, ya que las diferencias sustanciales están en las obligaciones tributarias con el Estado. Incluso, indicó que con la derogación de la Ley de Promoción Agraria los obreros pasarán al régimen general en diciembre, con el cual dejarán de percibir 39.19 soles por jornal para recibir solo 31.
Explicó que esto se debe a que en el régimen general los ocho soles de diferencia se incluyen en los beneficios laborales de Compensación por Tiempo de Servicio – CTS, y gratificaciones, a diferencia del régimen agrario en el que estos conceptos se prorratean diariamente en el jornal. Esta diferencia obedece a que el trabajo agrario es una actividad temporal, por lo cual se destina mayor cantidad de efectivo diario a los trabajadores, a diferencia del general que da la posibilidad de descontar esa liquidez para un fondo previsional.
Responsabilidad social
En ese orden de ideas, el empresario resaltó que algunas empresas agroindustriales se consideran como “socialmente responsables” porque colaboran en actividades como el pintado de colegios en su zona de influencia, pero a sus trabajadores los tienen desatendidos y desprotegidos laboralmente.
“Dar una propina para pintar aulas será un acto de filantropía, pero no de responsabilidad social. Lo segundo demanda el respeto por los derechos de los trabajadores, que aporten al país con el pago de sus impuestos. En suma, respetar la dignidad de los obreros, sobre todo en la agroindustria donde se requiere tanta mano de obra”, criticó.
Indicó que en la nueva Ley de Promoción Agraria el beneficio a las empresas tiene que ser escalonado, pues no se puede dar el mismo trato a la agricultura familiar que a la mediana o grande. “Así como ganan más, deben pagar más”, aseveró.
Rodríguez Tineo señaló que tampoco se debe satanizar a la agroindustria, porque es la generadora de 800 mil puestos de trabajo a nivel nacional.
En la Gerencia Regional de Agricultura, a cargo de Juan José Chapoñán Sánchez, parece que nadie escarmienta. Nuevamente la entidad vuelve a hacer noticia por las presuntas irregularidades en un proceso de contratación valorizado en más de dos millones de soles, en el que se ha adjudicado a una empresa que presentó la oferta más costosa y, además, una carta de línea de crédito irregular, según lo explicado por la SBS.
El 3 de noviembre pasado, el Comité de Selección integrado por César González Bernal, como presidente, y Lucio Vásquez Mejía y Carlos Arrascue Villegas, como integrantes, adjudicó al Consorcio La Cruz la “Ejecución de la actividad de rehabilitación de la bocatoma y canal Huaca de La Cruz, río La Leche, distrito de Íllimo, por dos millones 138 mil 144.65 soles.
El consorcio está conformado por Inversiones Vidaurre Chimoy SAC y Erco SAC.
El Procedimiento Especial de Contratación N° 003-2020-GR.LAMB/GRA, fue lanzado a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el 19 de octubre, con un valor referencial de dos millones 194 mil 411.61 soles, con recursos financiados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
Lo saltante de este caso es que el Comité de Selección desestimó la oferta presentada por otro de los participantes: el Consorcio América, ascendente a un millón 755 mil 529.29 soles, cifra que es menor a la adjudicada a favor del Consorcio La Cruz en 382 mil 615.36 soles.
Argumentos del comité
El comité rechazó la oferta del Consorcio América, no admitiendo su participación en el proceso, al señalar que incumplía con dos de los ocho requisitos documentarios para la admisión de la propuesta. Básicamente: carecer de un contrato de consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado y, carecer de Carta de Línea de Crédito confirme a los montos y condiciones señaladas en las bases.
Sobre el primer argumento, el comité se justificó indicando que el Consorcio América había usado el formato de las bases estándar de la normativa de contrataciones del Estado y no el del proceso especial de contratación, aun cuando en las bases de dicho proceso no existe ni formato ni modelo para la presentación del contrato de consorcio. Por el contrario, solo se establece que “el contrato del consorcio debe cumplir con la información mínima”.
Respecto a la segunda razón, el comité explicó que no admitía la oferta porque en las bases se había solicitado una carta de línea de crédito, mientras que en la presentada por el postor no se señala el porcentaje que asume cada consorciado. El forzado justificante no se condice con lo señalado en el Artículo 37, numeral 37.7 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.
El Consorcio América presentó cuarto cartas de línea de crédito bancaria, que en suma cubren el valor referencial exigido por las bases del procedimiento. El 60 % del valor, bajo responsabilidad de la Constructora Paramax SAC y el 40 % bajo responsabilidad de Importaciones y Servicios EIRL, ambas integrantes del consorcio en mención.
La carta del ganador
Llama la atención la manera en la que el comité calificó al Consorcio La Cruz. El Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios señala expresamente que las cartas de garantía deben ser emitidas por entidades autorizadas y supervisadas por la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP – SBS.
El consorcio al que se le adjudicó la buena pro de la obra presentó una Carta de Línea de Crédito emitida por la Cooperativa de Ahora y Crédito Niño Rey, de Huamanga, Ayacucho, con RUC N° 20600851536, cuyo patrimonio efectivo – según Oficio N° 31656-2020-SBS, del 28 de octubre de este año – es de 533 mil 711.54 soles, pero la carta emitida a favor del Consorcio La Cruz asciende a dos millones 194 mil 411.61 soles, total del valor referencial del proceso convocado por la Gerencia Regional de Agricultura.
La carta en mención está signada con el código LCNR-SG/0097-2020, del 30 de octubre pasado.
A ello se suma que la misma cooperativa emitió otras dos cartas de línea de crédito por un valor total de 11 millones 239 mil 411.61 soles, monto que excede notablemente el patrimonio efectivo de la entidad. La primera es la LCNR-SG/0135-2020, del 13 de octubre del 2020, y la segunda es la LCNR-SG/0058-2020, del 21 de septiembre pasado.
Lo extraño es que la carta de línea de crédito presentada por el consorcio (0097-2020) es más reciente en fecha a la que tiene numeración posterior (0135.2020).
Pronunciamiento de la SBS
El 1 de diciembre pasado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, remitió el Oficio N° 38674-2020-SBS, en el cual señala que si bien la cooperativa ubicada en Ayacucho está autorizada para la emisión de avales y fianzas a favor de sus socios.
Sin embargo, SBS hace la precisión que de acuerdo al Reglamento General de Cooperativas de Ahorro y Crédito – COOPAC, “el monto total de financiamientos que otorguen las cooperativas del Nivel 2 a un socio o grupo de socios que no constituyan COOPAC, directa e indirectamente, o trabajador, no puede exceder el diez por ciento (10 %), del patrimonio efectivo de la COOPAC”.
Para ello se considera lo dispuesto sobre vinculación por riesgo único establecido en el Artículo 203 de la Ley General y las Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico aprobadas por la Resolución SBS N° 5780-2015.
En consecuencia, la carta presentada por el Consorcio La Cruz al proceso convocado por la Gerencia Regional de Agricultura carece de validez, pues excede el patrimonio efectivo de la cooperativa que la emitió, lo que genera las condiciones suficientes para que se declare la nulidad del contrato para la ejecución de la obra en el río La Leche.
A poco de culminar el año, los alcaldes de las distintas municipalidades se apresuran para devengar la mayor cantidad de su presupuesto. Lambayeque no es la excepción. Sin embargo, el burgomaestre Alexander Rodríguez Alvarado indicó que esto se debe a las transferencias adicionales de recursos que obtuvo el ayuntamiento.
El Presupuesto Institucional de Apertura para Lambayeque fue de 44 millones 476 mil 183 soles, el cual se incrementó a 117 millones 601 mil 88, según el Presupuesto Modificado. De ese monto, se han devengado 38 millones 641 mil 230 soles.
“La gente erróneamente dice que deberíamos tener el 60 % o 70 % de ejecución, pero no llegamos a esa cifra porque hemos traído más recursos. Mientras más dinero, es más difícil gastarlo. Por poner un ejemplo, el que tiene 10 soles seguro lo gastará en uno o dos días, pero el que tiene 100 demorará más en gastarlo. Además, los procesos son lentos en la administración pública. Puedo asegurar a la población que los recursos no se revertirán porque ya los tenemos comprometidos con contratos, licitaciones”, manifestó.
Obras
Rodríguez Alvarado apuntó que su gestión tiene diversas obras por mostrar como la de saneamiento del pueblo joven Santa Rosa, cuya inversión es de seis millones 800 mil soles; el mejoramiento de la Avenida Huamachuco, por más de cuatro millones 200 mil soles; el proyecto de seguridad ciudadana, por más de ocho millones y medio de soles; el mejoramiento de la infraestructura educativa en los colegios de la zona rural y urbana; y otras obras a nivel de gobierno central como la construcción de celdas transitorias para el recojo de residuos sólidos.
Añadió que existen otras obras que se ejecutan con el presupuesto participativo del año pasado y otras por cumplimiento de metas del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN. Mencionó entre estas al puente sobre el río Penachí, en Salas, cuya inversión es de un millón 400 mil soles; el mejoramiento de los puentes en Huamantanga y el caserío Muy Finca; los parques La Ramada y Los Rosales; y el colegio San Pedro.
Asimismo, señaló que consiguió incluir en el presupuesto nacional del próximo año la obra de la carretera Lambayeque – San José, la cual había sido un compromiso asumido en campaña electoral. Para ello, la municipalidad elaboró el perfil y el expediente técnico, que fueron aprobados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El monto asignado para la obra es de ocho millones de soles.
“Este año hemos conseguido transferencias importantes gracias a los proyectos que teníamos encaminados como el mejoramiento de las trochas carrozables de toda la provincia. En el primer paquete de la reactivación económica recibimos más de 22 millones de soles para ejecutar 290 kilómetros. En Lambayeque tenemos un promedio de cien kilómetros en la zona rural que estaban totalmente abandonados y que ahora contarán con su afirmado compacto para que la gente saque sus cosechas, lleve sus productos. Así mejoraremos su vida”, apuntó.
Bicentenario
Por otro lado, señaló que para el 27 de diciembre, día de la celebración del bicentenario de la independencia de Lambayeque, llegará el presidente de la república, Francisco Sagasti, la presidente del Congreso Mirtha Vásquez y otras autoridades regionales, locales y nacionales.
“Quiero felicitar a todos los miembros de la Comisión Bicentenario Lambayeque y a las instituciones que colaboran desde al año pasado de forma desinteresada en elaborar una agenda celebratoria. La llegada de la pandemia afectó mucho y hemos tenido que reprogramar algunas actividades y descartar otras, pero creo que han quedado las más importantes, las culturales y académicas”, destacó.
Resaltó que su gestión está visitando todos los distritos de la provincia para hacer reportajes, que ayuden a recabar la historia de los pueblos, en aras de revalorar su legado de cara al bicentenario de la independencia.
Indicó que ya cuentan con el logotipo oficial del bicentenario, la canción distintiva de la fecha y en los próximos días estarán llegando artistas de talla nacional e internacional para el concurso de canto, que se hará con motivo de los 200 años de la independencia de Lambayeque.
