¿Han incrementado los casos de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en lo que va de la emergencia sanitaria? Jennie Dador Tozzini, especialista en Género y Derechos Humanos refiere que sí, debido a que por estadística se sabe que las agresiones más recurrentes se dan dentro del hogar, por lo que el confinamiento entre mediados de marzo y junio de este año permitió que el número de víctimas aumente.
“El escenario de la pandemia nos colocó a muchas de las mujeres justamente en el espacio de mayor riesgo durante el confinamiento. Hay dos cosas a analizar, primero si el confinamiento absoluto era o no una medida adecuada en términos sanitarios y, si lo era, debía pensarse que este confinamiento podía desencadenar situaciones de violencia, porque los datos estadísticos que tenemos en el Perú nos dicen que la violencia contra la mujer sucede, mayormente, dentro del hogar”, señala.
LECTURA INADECUADA
Dador Tozzini afirma que el gobierno nacional cayó en el error de no considerar el nivel de vulnerabilidad de las niñas, adolescentes y mujeres con la aplicación de la cuarentena cerrada, como medida de contención frente al incremento de los casos de Covid-19.
“Los datos estadísticos no sirven solamente para escandalizarnos y horrorizarnos, sino también para que los tomadores de decisiones evalúen y adopten las medidas correctas. Faltó la capacidad de anticiparse a la problemática, analizar qué sucedería si se cerraban las escuelas y los espacios públicos, confinando a todos en el espacio doméstico. Lo que hubo no fue un brote de coronavirus, sino de violencia”, afirma.
Enfatiza que son las niñas y adolescentes el grupo más vulnerable de la violencia sexual, siendo los agresores más recurrentes los que forman parte del entorno familiar.
En término de violencia sexual, aproximadamente el 80 % de las víctimas son niñas y adolescentes en el Perú.
Anota, sí, que los casos de tentativa de feminicidio y feminicidio descendieron considerando que los principales atacantes son exparejas o terceros ajenos al entorno familiar, quienes hostigan permanentemente a sus víctimas hasta perpetrar el crimen.
CAMBIOS CONSTANTES
“Lo que poco ha ayudado en lo que va de la emergencia sanitaria son los permanentes cambios en el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En este período hemos tenido tres ministras: Gloria Montenegro, Rosario Sasieta y ahora la ministra Silvia Loli. Al cambiarse al titular de un ministerio se cambian todas las direcciones y jefaturas y, en este caso, la dirección del Programa Nacional Contra la Violencia. Esto también resta posibilidades de una mirada de mayor continuidad en las intervenciones que se realizan”, menciona.
Ante la emergencia por el Covid-19, otros países consideraron que la escuela resultaba un espacio esencial para la convivencia de las niñas y adolescentes, como medida preventiva de la violencia.
“Esto que ha sucedido es un aprendizaje para que en adelante cualquier medida que se tome desde el Estado debe pensarse en el impacto de género, a fin de evitar condiciones que propicien mayor violencia, sobre todo dentro del hogar”, manifiesta la especialista.
LAS CIFRAS
De acuerdo con información del Programa Nacional Aurora, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hasta el 31 de octubre de este año se reportó 111 casos con características de feminicidio.
Asimismo, se atendió 79 mil 220 denuncias en los Centro Emergencia Mujer – CEM, 407 implementados a nivel nacional, en tanto la Línea 100 recibió 200 mil 270 llamadas.
“La Línea 100 ha sido una posibilidad de tener, por lo menos, un canal de comunicación abierto, porque los Centros de Emergencia Mujer también se cerraron, no se consideraron como servicios esenciales. La Línea 100 ha respondido y se ha jugado con todo en el momento del confinamiento. Hay que mencionar también que no solo ha servicio para canalizar denuncias, sino también para solicitar apoyo frente a situaciones de crisis, de ansiedad e incluso de orientación en salud, sirviendo la línea como un articulador intersectorial”, precisa Jennie Dador.
El abogado Germán Vásquez Merino cuestionó que la fiscal Karin Ninaquispe Gil haya programado una serie de diligencias en la investigación que se sigue contra el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, regidores y funcionarios, por el caso ‘Veólia’, acción que – a su entender – solo buscaría dilatar los plazos.
Vásquez Merino recordó que a fines del año pasado la Gerencia Regional de Control emitió un informe concluyente respecto a las irregularidades detectadas en la contratación directa de la empresa Veólia, por parte de la Municipalidad Provincial de Chiiclayo, para el recojo de los residuos sólidos en la ciudad, entre mayo y julio del 2019.
En el informe, Contraloría detalla cómo es que se dieron los pasos previos a la contratación directa, que incluyeron la declaratoria del desabastecimiento inminente del servicio de recojo de residuos sólidos con votación mayoritaria del concejo provincial.
Los regidores que se opusieron a la medida son Percy Espinoza Gonzales, Andrés Puell Varas y Jony Piana Ramírez, quienes denunciaron el hecho al Ministerio Público, asumiendo las investigaciones la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
PRUEBAS A LA VISTA
“La fiscalía realizó un operativo de incautación de todos los documentos del proceso de contratación, lo que se ha contrastado con lo detectado por la Contraloría, que ha detallado en su informe de fines del año pasado los pasos y señas de cómo se armó la contratación de Veólia”, explica Germán Vásquez.
La adjudicación de la buena pro para la contratación directa de Veólia se dio en abril del 2019, días antes que la empresa obtenga el certificado autoritativo del Ministerio del Ambiente para convertirse en operadora del recojo de residuos sólidos, requisito exigido en las bases del procedimiento. Sin embargo, en el acta de buena pro se consignó que la empresa cumplía con dicho requerimiento.
Vásquez Merino informa que lo mismo sucedió con la nómina de conductores para los camiones compactadores que Veólia ofrecía para el servicio.
Aún así, el municipio de Chiclayo concretó la contratación por 90 días calendario a un costo superior al millón 800 mil soles.
“Todo se hizo mal, desde la declaratoria del desabastecimiento inminente hasta la contratación, pues se vulneró de manera flagrante la Ley de Contrataciones del Estado. Contraloría advirtió todo ello con tres informes preliminares y aún así la gestión del alcalde Gasco continuó con las acciones, hasta que a fines del año pasado se emitió el informe del caso, el cual es contundente”, explica.
Como señala, el informe de Contraloría concluye que en efecto hubo irregularidades en la contratación de Veólia, generando un perjuicio económico al municipio provincial estimado poco más de 200 mil soles.
MEDIDAS COERCITIVAS
“Con ese informe, la fiscal Karin Ninaquispe tenía herramientas suficientes para solicitar alguna medida coercitiva contra los involucrados, pero no ha sido así. Lejos de ello, ha programado una serie de diligencias que no van a cambiar en absoluto el caso, porque todo ya ha sido documentado y probado por Contraloría. Eso solo dilata los tiempos y ofrece ventaja a los investigados para que coordinen alguna estrategia para eludir a la justicia”, menciona.
A decir de Vásquez Merino, la representante del Ministerio Público desconoce que entre su institución y la Contraloría General de la República existe un convenio que faculta a las fiscalías a emplear los informes de control como prueba suficiente para avanzar en sus investigaciones, considerando que la Contraloría no emite opiniones sobre supuestos, sino sobre hechos probados.
“Se ha determinado que cuando la municipalidad planteó la contratación directa con Veólia tenía un convenio con el Gobierno Regional de Lambayeque para que este le provea de maquinaria y operarios para atender el problema de la basura. La municipalidad solo debía poner el combustible, lo cual era más barato que pagar el contrato con Veólia. Se ha probado también que se dio una conformidad presupuestal irregular para la contratación, que se descartó una cotización más económica y que se adecuó el proceso para beneficiar abiertamente a la empresa”, detalla.
Para Vásquez Merino, estos hechos resultaban suficientes para que la fiscal requiera la detención preliminar, impedimento de salida del país, arresto domiciliario y prisión preventiva contra los investigados.
“La fiscal quiso inhibirse de seguir el caso y su superior le ha ordenado que continúe. Nosotros la hemos quejado, porque se está haciendo un retardo innecesario en un caso donde todo ya está documentado”, manifestó.
Para fomentar la recaudación y darle beneficios a los ciudadanos con rentas no declaradas, el congresista de Alianza Para el Progreso por Cajamarca Walter Benavides Gavidia ingresó el Proyecto de Ley N° 6645/2020-CR, ‘Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1264, decreto legislativo que establece un régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas, a fin de establecer un nuevo plazo para la regularización y cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias’.
La iniciativa legislativa busca replicar el Decreto Legislativo N° 1264, el cual fue promulgado el 9 de diciembre del 2016, y permitió a las personas naturales, sucesiones divisas y sociedades conyugales tributar, declarar y/o repatriar e invertir en el Perú las rentas no declaradas antes de cualquier ejercicio gravable anterior al 2017.
Según el legislador, si bien la iniciativa planteada en el 2016 fue positiva, las posteriores modificaciones que sufrió el decreto legislativo limitaron el impacto que debió tener. En virtud de ello, ahora propone nuevamente su aplicación.
La ventaja que ofrece, al igual que en el Decreto Legislativo N° 1265, es que la tasa del impuesto es del 10 % y del 7 % si el dinero es repatriado e invertido en el Perú, a diferencia del régimen general donde la tasa llega hasta al 30 %. Además, este régimen sustitutorio no aplica multas ni intereses.
PLAZOS
El proyecto de ley propuesto por Benavides Gavidia plantea que sea aplicable para quienes cuenten con rentas no declaradas generadas hasta el ejercicio gravable del 2017, es decir, dos años más que en el Decreto Legislativo N° 1264. Del mismo modo, podrán acogerse al régimen las personas naturales, sucesiones divisas y sociedades conyugales que hubieran tenido la condición de domiciliados en el país hasta antes del 2018.
Asimismo, la base imponible propuesta en el proyecto son los ingresos netos percibidos hasta antes del 31 de diciembre del 2017.
REPATRIACIÓN E INVERSIÓN
En tanto, el proyecto de Benavides Gavidia aumenta de tres meses a un año el plazo que debe permanecer en el país el dinero repatriado. De no cumplirse con el tiempo, se aplicará la tasa sobre la base imponible respecto al importe no repatriado o invertido, más los intereses previstos en el Código Tributario calculados desde el 30 de diciembre del 2020 hasta la fecha de pago.
Para acogerse al régimen, los contribuyentes deberán presentar una declaración jurada hasta el 21 de febrero del 2021, donde se señalen los ingresos netos que constituyen la base imponible así como aquellos que califiquen como rentas no declaradas y que estén representados en bienes, derechos y/o dinero.
Asimismo, una vez vencido el plazo para acogerse al régimen solo podrá presentarse una declaración rectificatoria, en caso la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, detecte inconsistencias provenientes de errores materiales en la declaración presentada, siempre que ello no implique la reducción de la base imponible. En dicho caso, el plazo para presentar la rectificación es 30 días después a la alerta de SUNAT.
“Este régimen temporal permitió que aquellos contribuyentes que generaron rentas al 2015 sin ser declaradas puedan acogerse a una tasa preferencial, siempre que declarasen y acrediten el pago hasta el cierre del 2017. Si bien los ingresos por esta medida resultaron por debajo de lo previsto, alcanzó la meta de inscritos al acoger a más de siete mil 500 contribuyentes con cerca de 12 millones de soles en rentas no declaradas”, se lee en la justificación del proyecto.
El Colegio de Profesores del Perú – CPPe, logró que el Tribunal Constitucional declare fundada en parte la acción de inconstitucionalidad que presentó contra la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial, en el sentido de que el Estado debe reconocer la totalidad de años de servicios prestados por un docente al magisterio y no con un tope de 30 años, como señala la norma promulgada en el 2012.
El 20 de noviembre, con Oficio N° 0300-2020-CPPe-JDN.DN, el decano nacional de la orden profesional, Alex Paredes Gonzales, se dirigió al ministro de Educación, Ricardo Cuenca Pareja, para pedir el acatamiento y cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el 10 de octubre pasado.
El colegio planteó ante el TC la inconstitucionalidad del Artículo 63 de la Ley de Reforma Magisterial.
APLICACIÓN DE LA SENTENCIA
“En mi condición de decano nacional, representante legal del Colegio de Profesores del Perú y miembro titular del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, creado por Ley N° 28948, actuando con intereses, legalidad y legitimidad, conforme el Estatuto del Colegio de Profesores del Perú, Artículo 24 .- Funciones de Decano Nacional (…) solicito el acatamiento y cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, publicada en el diario oficial El Peruano el sábado 10 de octubre del 2020, correspondiente a la Causa N° 023-2018-Al, en mérito a la Acción de Institucionalidad presentada por el Colegio de Profesores del Perú contra el Artículo 63° de la Ley de Reforma Magisterial”, se lee en el oficio.
En ese sentido, Paredes Gonzales pidió al Ministerio de Educación la modificación inmediata del Artículo 136.3 del Decreto Supremo N° 004-2013-Ed, en mérito al estricto cumplimiento y acatamiento de la sentencia del TC, por ser inconstitucional, por lo que debe disponerse a las Unidades de Gestión Educativa Local – UGEL y direcciones y gerencial regionales de educación de todo el país, que reconozcan en la resolución de cese de los docentes todos los años de servicios trabajados para el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios – CTS, y “nunca más injustamente se reconozca solo 30 años de labor docente.
PRECISIONES
En atención a la comunicación cursada por el Colegio de Profesores del Perú al ministro de Educación, el 24 de noviembre se emitió el Oficio Múltiple N° 00086-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, dirigió a las direcciones y gerencias regionales de educación, UGEL y colegios militares, informando sobre la obligatoriedad de dar cumplimiento a la sentencia del TC.
En el oficio se da cuenta que el Código Procesal Constitucional, en su Artículo 81, señala que “las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre las cuales se pronuncian, tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos. Se publican íntegramente en el diario oficial El Peruano y producen efectos desde el día siguiente de su publicación.
“En mérito a ello y habiéndose publicado la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 00023-2018-PI/TC, en el diario oficial El Peruano el 10 de octubre del 2020, dicha sentencia surte efectos desde el 11 de octubre. (…)”, indica el oficio.
Por tal razón, la Dirección Técnico Normativa de Docentes del Ministerio de Educación ordena calcular el beneficio de la Compensación por Tiempo de Servicios – CTS por la totalidad de años de servicios oficiales cumplidos del docente al momento de su cese, pudiendo ser incluso mayor a los 30 años, considerando para el cálculo el 14 % de la Remuneración Íntegra Mensual – RIM, por cada año de servicios o fracción de año si este supera los seis meses.
“Lo resuelto por el Tribunal Constitucional solo se refiere a la CTS de los profesores nombrados bajo la Carrera Pública Magisterial de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, por lo tanto no alcanza al cálculo y reconocimiento de la CTS para los profesores contratados y auxiliares de educación, a quienes se les otorga este beneficio conforme a las normas que lo regulan (Ley N° 30328 y Ley 30493, respectivamente)”, detalla el oficio múltiple.
La ex ministra de la Mujer, exembajadora del Perú en el Uruguay y actual candidata al Parlamento Andino Aida García Naranjo afirmó que el miedo persistente en un sector de la población ante la posibilidad de que un candidato de izquierda gane las elecciones generales del próximo año surge porque las grandes corporaciones mediáticas intentan satanizar las ideas progresistas.
"Hay una corporación mediática que está en manos de los dueños del Perú, que son personas conservadoras, reaccionarias, no progresistas, gente de derecha que está encargada de promover exclusivamente ideas contrarias a que cualquier persona con un pensamiento de izquierda pueda llegar al poder, ya que ellos tienen el poder y lo controlan a través de sus medios", afirmó.
Apuntó que existen muchos ejemplos de gobiernos de izquierda exitosos en el mundo. Entre estos citó al de México, con Manuel López Obrador; Argentina, con Alberto Fernández; Uruguay, con José Mujica y Tabaré Vásquez; Bolivia, con Evo Morales y Luis Arce; entre otros.
"Nos quieren arrinconar por el tema Venezuela, donde indudablemente hay una grave crisis, pero lo cierto es que caminan hacia nuevas elecciones el 6 de diciembre. Existe mucha desinformación. Venezuela es un país que dependió exclusivamente del petróleo y al ser bloqueada su venta de este producto al mundo - porque es un país bloqueado por Donald Trump - no han tenido economía. El objetivo no es tumbar al gobierno de Maduro, sino apropiarse de Venezuela, que es la reserva petrolera más grande del mundo", mencionó.
En esa línea, la candidata de Juntos por el Perú al Parlamento Andino mencionó que si bien la izquierda no ha logrado unificarse en una sola candidatura, lo mismo ocurre con la derecha, pues de los 24 partidos que participarán de la contienda electoral, 22 son de derecha.
"Confiamos en Verónika Mendoza. Considero que las mujeres somos la reserva moral del país. En este momento, el 35 % de los hogares peruanos están encabezados por mujeres. Estamos cansados del centralismo y ella es una mujer que viene del Cuzco, de la sierra, que es la región más olvidada del Perú. Necesitamos renovación en la política y ella ni siquiera ha cumplido 40 años y ya tiene una larga trayectoria", manifestó.
COVID-19
Por otro lado, García Naranjo señaló que la política de gobierno para enfrentar al Covid-19 ha sido errada, toda vez que no hubo un enfoque preventivo, sino hospitalario, que a fin de año podría tener como resultado más de cien mil compatriotas fallecidos.
"El Perú tiene dos mil 780 mercados y solamente fueron atendidos 22. Efectivamente, allí se falló con una estrategia hospitalaria en vez de una preventiva. El Perú ni siquiera ha tenido capacidad de entregar bonos en los bancos porque el nivel de bancarización es muy reducido. Se han demorado meses de meses en buscar otras soluciones a través de métodos virtuales, banca móvil", indicó.
EDUCACIÓN
Por otro lado, afirmó que el Congreso intenta tumbarse a Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, ya que los legisladores tienen intereses en las universidades, que están exoneradas de pagar impuestos. Indicó que en total las exoneraciones tributarias suman 15 mil 500 millones de soles.
“Los congresistas dueños de las universidades quieren tener más privilegios, no les basta con la exoneración de impuestos, sino que ahora no quieren cumplir ningún requisito de calidad académica, de infraestructura, de servicios. Ellos son los que estuvieron detrás de la vacancia porque quieren tener un pueblo analfabeto, inconsciente, que no razone. Deforman la conciencia nacional. Soy educadora, he trabajado 15 años en colegios estatales de Villa El Salvador. Necesitamos tener una educación pública gratuita de calidad, accesible en todo el país”, remarcó.
MUJER
En tanto, cuestionó que hasta ahora muchos de los Centros de Emergencia Mujer permanezcan cerrados a causa de la emergencia por el Covid-19. Indicó que las unidades móviles desplegadas para socorrer a las víctimas de violencia han sido insuficientes.
Añadió que debe implementarse un programa nacional de empleo femenino, a fin de evitar la dependencia económica de sus parejas.
Del 2010 al 2018, la pobreza en Lambayeque bajó del 30 % al 17 %. El último año, esta creció ligeramente al 20 %. Sin embargo, al cierre de este año podría haber aumentado en 30 % más, dado que esta cifra comprende a aquellas personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad y que con la pandemia por el Covid-19 habrían retornado a la pobreza, según alertó el coordinador de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza en Lambayeque, Luis Montenegro Serquén.
“Pese a que Lambayeque es eminentemente agrícola, hay un gran número de personas que tenía trabajos eventuales en el sector comercio, quienes quedaron desempleados con la pandemia. Lo mismo con los taxistas que dejaron de hacer recorridos. Todas estas personas eran vulnerables y ahora habrían retornado a la pobreza”, indicó.
Sumado a ello, señaló que la cifra de pobres extremos se habría duplicado del 3 % al 6 %, lo que equivale a un promedio de 70 mil personas, cuyos ingresos para una familia de cuatro personas son menores a los 3.50 soles.
“Esta población es la que vive en zonas rurales, marginales, principalmente de la serranía de Lambayeque. La pobreza es una situación injusta que viven muchos peruanos porque los excluye de las potencialidades del país. La pobreza en el departamento siempre ha fluctuado entre el 17 % y 20 %”, mencionó.
INDICADORES DE DESARROLLO
Sobre la respuesta del gobierno central frente a la pandemia, anotó que los bonos distribuidos a la población vulnerable tiene un impacto en la pobreza monetaria, mas no en el desarrollo integral, pues esa población sigue sin tener agua, desagüe, luz, caminos adecuados para ir a sus casas, escuelas, etcétera.
“El problema es el desarrollo social, en qué forma la persona se ve protegida por su comunidad, su distrito, su región. Esa protección se acentúa en las personas con discapacidad, los adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes. Por ese lado no hemos progresado, pese a que en el Perú del 2010 al 2018 existió un boom económico, que generó mucho dinero, pero las condiciones infrahumanas en la que vive mucha gente no cambiaron”, expuso.
ANEMIA Y DESNUTRICIÓN
En ese orden de ideas, Montenegro Serquén indicó que antes de la emergencia sanitaria el índice de desnutrición crónica en niños menores de cinco años era del 24 % en Lambayeque, mientras que la anemia oscilaba entre el 35 % y 40 %. Si bien no existen cifras de cuánto pudo haber aumentado, se estima que debe ser alrededor del 10 %.
Apuntó que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, determinó que en el Perú la pobreza en niñas, niños y adolescentes aumentó del 26 % al 39 %, cifra que le sirve como indicador a la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza para estimar cuánto sería el aumento de la anemia y la desnutrición crónica en Lambayeque.
“Por eso la entrega de dinero no necesariamente está supliendo las carencias de las personas pobres, ya que los niños posiblemente no tienen agua ni desagüe en sus casas y se infectan con parásitos, que son los causantes de la anemia. Es decir, mirar la dimensión económica no es suficiente. Se debe ver la dimensión de desarrollo social, medioambiental, institucional y ético y moral. Esta última es la que envuelve a todas las demás dimensiones y allí han fallado las municipalidades, la Policía y los médicos, con sus malas compras”, detalló.
PARTICIPACIÓN
Por otro lado, criticó que las autoridades municipales no hayan hecho uso del presupuesto participativo como herramienta para dialogar con la participación las medidas a tomarse en la lucha contra la anemia, la desnutrición crónica infantil, la tuberculosis y otras enfermedades derivadas de la pobreza.
Cuestionó que en Mórrope, Pacora y Mochumí la población tome agua contaminada con arsénico y plomo, toda vez que en un futuro los niños de esta generación padecerán de problemas cancerígenos.
Luego de seis años de haberse creado la Autoridad Portuaria Regional, el Proyecto del Terminal Portuario de Lambayeque está a poco de concretarse, tras haber sido incluido en el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas – IMIAPP 2020-2023, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según la Resolución Ministerial N° 0858-2020-MTC/01, publicada el 28 de noviembre en el diario oficial El Peruano.
Según explicó el exgerente de Autoridad Portuaria Regional – APR, Jorge Nakazaki Servigón, ahora el proyecto se encuentra expedito para que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión, se encargue de buscar a los inversionistas que quieran apostar por esta obra de mil 500 millones de soles. Para ello, en los próximos días la entidad remitirá un cronograma con las fechas que darán paso al concurso público.
GÉNESIS
Nakazaki Servigón recordó que el Terminal Portuario de Lambayeque empezó a gestarse en el 2014, cuando el entonces gobernador Humberto Acuña Peralta recurrió a la Autoridad Portuaria Nacional para iniciar los trámites. Allí se le indicó que debía crearse un organismo técnico, que fue la Autoridad Portuaria Regional, para elaborar el plan maestro, con el cual se determinó que la obra debía realizarse seis kilómetros al sur de Puerto Eten.
Posteriormente, el proyecto fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario y se obtuvo la aprobación del Ministerio de Defensa, ya que los puertos son parte del sistema de defensa nacional; de la Dirección Acuática del Ministerio de Transportes y de la Presidencia del Consejo de Ministros.
“Cuando Martín Vizcarra fue ministro de Transportes pidió unos estudios adicionales que hicimos en la APR. Con eso quedó expedito el proyecto para que pase a su etapa final. Esto no lo maneja la alcaldía ni la región, al ser una iniciativa estatal es Proinversión quien se hace cargo, pero necesita que el Ministerio de Transportes le haga la encargatura a través del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas”, precisó.
CENTRO ECONÓMICO
En tanto, señaló que si bien Lambayeque no posee minas de oro, plata o cobre como sí tienen los departamentos de la sierra, sí cuenta con una geografía especial que lo convierte en el centro de quienes vienen por las tres regiones o de norte a sur y viceversa. No obstante, hizo hincapié en que esa buena ubicación geográfica no sirve de nada si no se construye infraestructura para lograr la comunicación.
“La visión del crecimiento en Lambayeque debe ser tanto a nivel interno como externo, con el mundo. Tener buenas vías, carreteras, redes de comunicación, el aeropuerto. Nuestra idea es ser el centro económico del norte y para eso no basta solo el proyecto del puerto. Ese es un componente, pero si no se le añade un parque industrial al costado y una zona franca no conseguiremos los 400 mil puestos de trabajo. El puerto debemos usarlo como motor de desarrollo. Allí debemos comprometernos todos”, resaltó.
Añadió que si bien el Terminal Portuario es competencia del estado a escala nacional, el parque industrial debe ser impulsado por el gobierno regional, mientras que las carreteras y vías de acceso por gobiernos provinciales. En virtud de ello, todas las autoridades deben trabajar en conjunto para lograr un proyecto integral.
VENTAJAS
Por otro lado, aseguró que el puerto de Lambayeque tendrá ventajas respecto a otros como el de Salaverry, el cual indicó que fue mal diseñado, ya que este sufre de arenamiento, lo cual imposibilita que tenga una profundidad mayor a nueve metros. Similar situación ocurre con Paita. Resaltó que pare recibir a los grandes barcos que llegan de Asia la exigencia mínima es 14 metros de profundidad e incluso el puerto del Callao llega solo a 13.
“Viendo todo eso es que creamos este diseño tan particular del Terminal Portuario de Lambayeque, que tiene una forma de ‘T’. Todo eso fue trabajo de la Autoridad Portuaria Regional. No éramos un organismo político, sino técnico. Analizamos la morfología del mar, el oleaje, lo hicimos para tener un buen diseño”, comentó.
Por otro lado, señaló que hay otros proyectos que deben realizarse para complementar al terminal de Puerto Eten. Entre ellos está la segunda etapa del Proyecto Olmos (40 mil hectáreas más), la exploración del yacimiento petrolero hallado en la isla Lobos de Afuera, el proyecto minero Cañariaco y la vía que una la carretera Panamericana con la zona portuaria.
El 1 de diciembre el Gobierno Regional de Lambayeque celebró su décimo octavo aniversario de creación en medio de una emergencia sanitaria que todavía se mantiene en curso. En ese contexto, el gobernador Anselmo Lozano Centurión destacó que su gestión ha priorizado los sectores salud y educación, cuyos resultados podrán verse al finalizar su mandato.
“La administración pública es compleja. Los gobiernos anteriores no tuvieron disciplina, no hubo control, todo fue un desorden, eso dilata el tiempo. Sin embargo, no significa que el carro no va a caminar. Durante el 2019 y este 2020 tenemos obras en todo el departamento, en salud y educación”, resaltó.
Hospitales
Lozano Centurión subrayó que en su primer año de gestión inauguró una planta de oxígeno en el Hospital Docente Las Mercedes, la cual es de mucha utilidad en esta pandemia por el Covid-19. Asimismo, indicó que está próxima a concluirse la planta de oxígeno en el Hospital Regional, que dotará de 160 metros cúbicos de este elemento por hora, mientras que en el Belén de Lambayeque hay dos pequeñas que alcanzan los 26 metros cúbicos.
Añadió que su administración también trabaja en la gestión del proyecto ‘Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del hospital de la provincia de Ferreñafe’ y ‘Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de Salud Motupe’. Al respecto, el 1 de diciembre el gobernador cursó dos documentos a la ministra del sector Pilar Mazzetti Soler para que se agilicen los trámites de los mismos.
“El expresidente Martín Vizcarra me dijo que si el 9 no pasaba nada (fecha en que se debatió la moción de vacancia), el 12 nos íbamos a reunir para ver las obras emblemáticas de Lambayeque como los hospitales de Ferreñafe y de Motupe. También le había hablado sobre el Docente Las Mercedes, que desde el 2010 Defensa Civil advirtió que su infraestructura era riesgosa. Incluso se estaban haciendo las proyecciones con el Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS, para el Hospital de La Victoria, pero ocurrió la vacancia de Vizcarra y todo quedó paralizado”, precisó.
Distritos altoandinos
Agregó que su gestión también está gestionando la construcción de un hospital categoría I-4 para Incahuasi, que costaría entre 30 a 40 millones de soles. Además, han adquirido ambulancias para dicho distrito, las cuales están equipadas para brindar asistencia a los pacientes hasta que lleguen a un hospital especializado. A ello se suma que estos vehículos son 4X4 para poder atender emergencias aún en temporada de lluvias, cuando los caminos se vuelven más agrestes.
“Estamos invirtiendo 10 millones de soles para realizar el concurso correspondiente de las obras de agua y alcantarillado en Incahuasi y Cañaris, ya que para mí la vida del ser humano no comienza con el cemento, sino con el agua. ¿Cómo podemos pregonar en esta pandemia a nuestros hermanos de estos distritos que se laven las manos con agua y jabón si no cuentan con estos servicios?”, cuestionó.
Del mismo modo, indicó que se están trabajando tres carreteras de asfalto en caliente: la que une Mayascón con Incahuasi, Salas con Cañaris y Motupe con Cañaris. Apuntó que estas obras viales se enlazan con el turismo, pues los visitantes podrán acceder de forma más sencilla y rápida a estos distritos, aunque resaltó que debe construirse también infraestructura hotelera con todos los servicios de calidad para que los turistas se queden a pernoctar allá.
“Estamos elaborando expedientes en 20 caseríos de Incahuasi para pilotos de electrificación, no monofásicos, porque esos solo sirven para luz domiciliaria, sino trifásicos, a fin de que los pobladores de esas zonas puedan poner cualquier industria. También estamos implementando colegios y centros de salud”, aseveró.
Otros proyectos
Indicó que otro de los proyectos que maneja su gestión es la construcción del puente sobre la quebrada Juana Ríos en Chongoyape, de modo tal que se evite la interrupción del transporte de alimentos y productos de pan llevar en época de lluvias, donde frecuentemente se genera inundaciones. Al respecto, el 1 de diciembre el gobernador elevó un documento al nuevo ministro de Transportes, Eduardo González Chávez, para ponerlo al tanto del proyecto.
Asimismo, destacó que trabaja en la ejecución de la presa Montería, proyecto de 600 millones de dólares, con el cual se regarán 21 mil hectáreas de tierra, incluidas las pampas de Reque.
En cuanto al Terminal Portuario de Lambayeque, refirió que él ha insistido a través de documentos a los titulares de la cartera de Transportes para incluyan al proyecto en el Plan Multianual de Inversiones.
“Lo más duro fue ganar el diferendo con Inversiones Stop (empresa que reclamaba la concesión de mil 300 hectáreas de la zona de influencia del terminal portuario), el resto ahora ya camina… Gracias a dios tuve el honor de exponer los hechos frente al Tribunal Constitucional, que posteriormente emitió una sentencia favorable para Lambayeque. Les dije a los magistrados que en sus manos estaba el desarrollo del departamento o el atraso del mismo. Este proyecto para mí es de suma importancia porque generará riqueza y empleo. Pienso convocar a los gobernadores de San Martín, Cajamarca y Amazonas para que sus productos no vayan a Bayóvar, sino por Lambayeque”, comentó.
Añadió como obra importante la culminación de la segunda etapa del aeropuerto José Abelardo Quiñones Gonzáles, de Chiclayo, y la planta de tratamiento de residuos sólidos.
Comentó que está tratando de lanzar todos los proyectos a concurso público hasta antes de marzo, a fin de no revertir presupuesto al tesoro público y acceder a parte de los mil millones de soles que está dejando el gobierno central para las entidades subnacionales como financiamiento para la continuidad de inversiones. Hasta el cierre de esta nota, el avance en la ejecución del Gobierno Regional de Lambayeque era del 77.4 %.
Gobiernos locales
Por otro lado, el gobernador señaló que una de sus principales tareas para los dos años que quedan de su mandato será conversar con los alcaldes para ayudar a que se agilicen los proyectos en sus distritos. Por ejemplo, señaló que en José Leonardo Ortiz se debe cambiar con urgencia las redes de agua y alcantarillado, ya que las actuales no sirven e impiden que se realice cualquier otra obra de ornato.
“Uno de los problemas en José Leonardo Ortiz es que todo lo que han hecho los alcaldes anteriores en cuanto a alcantarillado está mal, no sirve. Quería elaborar un expediente para pavimentar a todo el pueblo joven Garcés, pero este no se puede desarrollar porque las tuberías debajo ya cumplieron su ciclo de vida o están mal instaladas. Es una desgracia que este distrito esté condenado a vivir así.
Aseguró que él no propuso ni a Marcos Gasco ni a Wilder Guevara como candidatos de Podemos Perú a las alcaldías de Chiclayo y José Leonardo Ortiz, respectivamente. No obstante, hizo una autocrítica en que sí promovió la candidatura de Rony Olivera en La Victoria, por lo cual se comprometió en conversar con el burgomaestre para que cambie su política de gobierno por una de puertas abiertas a la población y la prensa.
“Le hable también al alcalde de José Leonardo Ortiz para pavimentar la Avenida Leguía de sur a norte y comencemos a cambiarle la cara al distrito, pero me doy con la sorpresa de que a la tubería que está debajo le han puesto arenilla en vez de material gravoso como piedra. Es decir, no sirve”, aseveró.
Añadió que la Contraloría debe centrarse en hacer el control concurrente en las municipalidades para evitar hechos de corrupción, pues de nada sirve el control posterior cuando el daño ya está hecho.
En tanto, señaló que todos sus gerentes están siendo evaluados, por lo que posiblemente el próximo año se oxigene a la gestión regional y se cambie a algunos funcionarios.
“El Estado tampoco puede ser una agencia de empleo. En los 20 años que estuve en La Victoria puse solo a 26 trabajadores. Estoy convencido de que tenemos que abrir el abanico de la inversión privada, hacer que en los municipios y en la región los trámites no sean engorrosos para que venga a invertir el privado, que es fuente de trabajo, genera riqueza. Con ello podemos invertir más en salud y educación”, concluyó.
De 18 a siete. A ese número plantea reducir Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, la cantidad de ministerios de llegar a la presidencia. Para el empresario nacido en Pomalca, de esa forma se disminuiría la burocracia y el gasto innecesario del aparato estatal en consultorías que se prestan a la corrupción.
“Creo que hay ministerios que son vitales, de prioridad absoluta, donde deben concentrarse todos nuestros esfuerzos, pero el resto debe reducirse porque existe mucha burocracia. Hay muchos Richard Swing que tienen chamba al toque en los ministerios con consultorías ridículas. He sido regidor de Lima y lo he visto. Una de estas, por ejemplo, era para conocer la diferencia entre la marinera y el landó. Costó 50 mil soles y nadie la leyó. Así estamos llenos de consultorías absurdas”, mencionó.
Ministerios
López Aliaga señaló que uno de estos ministerios sería el de Alimentación Popular, que surgiría de la fusión entre la cartera de Agricultura y el Viceministerio de Pesca y Acuicultura. Señaló que el Estado debería entregar todas las semanas una caja con suplementos vitamínicos y nutricionales a las gestantes, tal como se hace en Canadá, y otro subsidio alimentario para el recién nacido. A ello debe sumarse el que se mejore la ración de desayunos y almuerzos escolares, a fin de formar una generación de peruanos competitivos.
El segundo ministerio que mantendría sería el de Educación, sobre el cual destacó que una de sus primeras medidas será entregar tabletas digitales con Internet de alta velocidad (5G) a los estudiantes de las zonas rurales de todo el país. Dichos dispositivos contarán con conexión satelital.
En cuanto al tercer ministerio, Salud, aseguró que ante una futura emergencia sanitaria él no cerrará las postas médicas como ha hecho este gobierno, sino que las reforzaría y dotaría de oxígeno para servir como la primera línea de contención.
Asimismo, mantendría el Ministerio del Interior bajo el nombre de Seguridad Ciudadana, en el cual involucraría a las rondas campesinas dentro del sistema de seguridad nacional. Precisó que a estas se les debe dar un marco legal que las formalice, en virtud de lo cual está llevando como candidato al Congreso con el número 1 en Áncash a un dirigente rondero. En esa línea, indicó que a los vehículos policiales se les dotará de un sistema GPS.
En tanto, destacó que el último ministerio sería el de Infraestructura, que se encargará de realizar grandes proyectos viales como la autopista Chiclayo – Jaén - Chachapoyas, otra de Trujillo hasta la selva, siguiendo la ruta del Río Santa; Lima – Pucallpa, Lima – Cusco, entre otras.
“Tenemos carreteras como la IIRSA en la que no hay ni un camión por hora, para qué hacemos una vía que ha costado 40 mil millones de dólares para ir a Brasil si no tenemos tráfico. Deberíamos hacer una autopista de Chiclayo a Jaén, yendo por Pomalca, Tumán, hasta Chota. Esa estaría repleta de turismo y carga de ida y vuelta. Después podríamos hacer un ramal de la autopista que llegue hasta Chachapoyas. Si no hay autopistas el turista no va”, aseguró.
Los otros dos ministerios serían Economía y Justicia. A este último se anexaría lo correspondiente a programas sociales, que actualmente ve el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y las competencias del Ministerio de la Mujer, al cual cuestionó porque en el último año no se ha hecho una sola casa de acogida para las féminas víctimas de maltrato familiar.
Azucareras y pensiones
Sobre las empresas azucareras de Lambayeque, apuntó que tanto Pomalca, Tumán, Cayaltí y Pucalá deben tener un régimen distinto, que esté enfocado en la devolución de la propiedad y no en una administración judicial, sino una técnica. La finalidad – expresó – es que se retorne la propiedad a los cooperativistas antiguos, a fin de convertir las acreencias en capital. Para ello, está llevando en su lista congresal para Lambayeque a un dirigente azucarero de Cayaltí.
En ese sentido, señaló que su papá fue durante 20 años jefe de la fábrica de Pomalca y luego trabajó otros diez años más en Tumán. Sin embargo, cuando se jubiló solo recibió una pensión de 300 soles por parte de la Oficina de Normalización Provisional – ONP. En virtud de lo expuesto, afirmó estar de acuerdo con la devolución de los aportes a la ONP y – más aún – en un eventual gobierno suyo se aumentará la pensión básica al sueldo mínimo.
Constitución
Por otro lado, refirió estar en contra de un cambio de la Constitución, toda vez que esta ya ha sido modificada en 22 oportunidades y el tránsito por una Asamblea Constituyente paralizaría las inversiones en el país durante dos o tres años. No obstante, aseguró que sí está de acuerdo con realizar algunas modificaciones constitucionales como la eliminación de los monopolios, pues perjudican a la microempresa, que es la generadora del 90 % del empleo a nivel nacional.
“En el Perú hay monopolios por todos lados, eso hay que quitarlo de la Constitución. En Estados Unidos, por ejemplo, no podría haber un monopolio de farmacias, donde el 90 % pertenezcan a un solo propietario, tampoco podría ocurrir eso con los periódicos y menos que estén en manos de un corrupto como José Graña Miro Quesada. Lo mismo pasa con el monopolio de la leche. Los productores lecheros se quejan porque no hay un ente del Estado que ponga el precio adecuado y muchas veces terminan arrojando su producto al río. Creo que el Estado debe intervenir en la economía como se hace en Estados Unidos o en Francia, pero en el Perú apenas hablas de eso y te tildan como un hombre de izquierda. Creo que el Estado de ponerse al medio, ser un árbitro”, aseveró.
Minería
En cuanto a los proyectos mineros, señaló que todas las empresas que busquen hacer trabajos de exploración y explotación deben contar con la licencia social de la comunidad. Consultado sobre Tía María, cuestionó que la empresa ‘Southern’ le haya mentido a la población, pues en un inicio aseguró que usaría el agua del río Tambo, pero ante la presión social cambió su discurso y ahora manifiesta que desalinizará el agua de mar para su proyecto.
“Lo primero que deben hacer las empresas mineras es no mentir. Yo estoy metido en proyectos hidroeléctricos y tengo la licencia social porque siempre le expongo a la población cómo se harán los túneles en los cerros, le explico que no les quitaremos su negocio que puede ser la extracción de camarones o la minería aluvial. Tres años antes de plantear un proyecto hidroeléctrico pongo a tres sociólogos o antropólogos para que estudien cómo piensa la gente y se haga una propuesta acorde a sus requerimientos”, manifestó.
Añadió que luego realizan una asamblea popular para dar a conocer cuánto porcentaje de la utilidad, que por lo general es el 10 %, se destinará para hacer obra social en la zona de impacto del proyecto. Así, se construyen escuelas, carreteras y se implementan los servicios de agua, desagüe y electricidad.
Motivaciones
En otro orden de ideas, López Aliaga señaló que la candidatura presidencial para él supone un sacrificio, pues ha renunciado al directorio de 42 empresas y la campaña la está financiando íntegramente con sus propios recursos.
“Creo que es una obligación moral la que tengo (de postular a la presidencia) porque podría quedarme tranquilo en mis actividades, pero eso implicaría tres cosas: flojera de mi parte; cobardía, porque cuando te metes en política te insultan de alma, te dicen de todo, aunque a mis 60 años me importa muy poco la opinión de la gente; y lo tercero es el egoísmo. Yo podría seguir con mis temas, tengo estabilidad económica, pero no soy ni cobarde, ni flojo ni egoísta”, concluyó.
+NOTICAS:
Según señaló el candidato de Renovación Popular, él da trabajo directo a 10 mil personas, las cuales están en planilla, cuyo sueldo mínimo es de mil 500 soles. Además, tiene más de cien mil proveedores.
