Uno de los principales problemas para la agricultura familiar en Lambayeque es la falta de agua, toda vez que el recurso proviene directamente de Cajamarca. Este año, las lluvias estacionales del verano no cumplieron con las expectativas del sector, lo que originó que se declara la emergencia por déficit hídrico. Para el gerente regional de Agricultura, Juan José Chapoñán Sánchez, una alternativa de solución a esta problemática es la reforestación de cuencas, principalmente de los distritos altoandinos del departamento.
Chapoñán Sánchez señaló que a mediano y largo plazo se deben reforestar cuencas como las de Cañaris e Incahuasi, para lo cual la Gerencia de Agricultura cuenta con un proyecto de reforestación de más de 80 mil hectáreas, el cual estaba encaminado con el anterior ministro de Agricultura, Jorge Montenegro Chavesta, y que espera sea continuado por el actual titular de la cartera.
“Nosotros le presentamos al ministro anterior una propuesta para que en Lambayeque haya una entidad, ya sea la gerencia de Agricultura, el PEOT o el gobierno regional, que tome la batuta de un proyecto muy ambicioso sobre reforestación y forestación de nuestras cuencas. Debemos tener en cuenta que, si no trabajamos en ello, no vamos a tener el recurso. Siempre he discrepado ante el Ministerio de Agricultura y otras entidades en las que participo sobre el que no se puede estar reforestando por partes: Agricultura, 200 hectáreas; Agrorural, 300; SERFOR, 200; lo que se tiene que hacer es unir y que el gobierno regional conduzca un proyecto de esta naturaleza que mínimo empiece con 20 mil hectáreas”, destacó.
Otras alternativas
Asimismo, Chapoñán Sánchez comentó que otra de las alternativas es hacer reservorios, a fin de que el agua almacenada pueda servir para trabajar en las cosechas durante todo el año. Resaltó que ya se haya dado la luz verde para el reservorio Las Delicias, pero aún queda pendiente La Calzada, el cual ayudará a mitigar la ausencia de agua en el Valle La Leche.
“A esto debemos sumar otras acciones como el revestimiento de canales, las defensas ribereñas, lo mismo que los pozos, para lo cual con el gobernador ya tenemos un convenio con la Autoridad Nacional del Agua - ANA. Todo esto es a mediano y largo plazo. Se debió hacer hace muchos años, no se puede hacer de la noche a la mañana”, mencionó.
Adicionó la perforación de pozos como otra alternativa, pues cuando el río La Leche no trae agua los distritos de Mórrope, Íllimo, Pacora y Jayanca dejan de sembrar. Actualmente, EPSEL tiene cerca de 70 pozos a su cargo, mientras que la ANA, 40. El problema – precisó - es la falta de presupuesto para mantenimiento. A su juicio, todas las acciones para solucionar el déficit hídrico se resumen en la extensión agraria, que por lo mínimo demorará entre 15 y 20 años.
“Gracias a Dios esta vez sí tenemos un gobernador que apoya estas iniciativas, pero lamentablemente los políticos que han pasado no le han tomado la importancia porque saben que no podrán inaugurarlo en cuatro años, técnicamente es así. Este es un proceso que demora entre 15 a 20 años y en el Perú no hay un proyecto de extensión agraria hace 50 años”, apuntó.
Racionalización
Por otro lado, indicó que – si bien desde el 15 de noviembre se cerró la dotación de uso agrícola en algunos sectores por un período de dos semanas - desde hace dos días empezó a llover en la sierra, lo cual aumentó en un millón de metros cúbicos la capacidad del reservorio Tinajones.
“Hasta el momento estamos racionalizando para saber con todo el grupo del Plan de Aprovechamiento de disponibilidades hídricas – PADH, cómo viene la campaña de cultivo masivo, que está fija para el 1 de diciembre, pero iremos evaluando de acuerdo al volumen, sino lo postergaremos hasta la quincena”, anotó.
Indicó que el volumen ideal de agua para uso poblacional debe ser en promedio 70 millones de metros cúbicos.
Sobre la utilización del 10 % del presupuesto que autorizó el gobierno nacional para que los gobiernos regionales y autoridades locales atiendan la emergencia por déficit hídrico, señaló que en la práctica esto no se ajusta a las normas, por lo cual no se ha podido hacer uso de este recurso. A la fecha, lo destinado para el mantenimiento de pozos supera el medio millón de soles.
Desde el 13 de septiembre pasado, Lambayeque atraviesa un estado de emergencia por déficit hídrico. Esta situación ha puesto en vilo a más de 30 mil usuarios del valle Chancay, que dependen del recurso para lograr las cosechas de sus cultivos. Al respecto, el jefe de la Autoridad Nacional de Agua – ANA, en Lambayeque, Luis Paz Veliz, afirmó que es necesaria la identificación y perforación de pozos, a fin de obtener el recurso hídrico subterráneo y no depender exclusivamente del agua superficial.
Precisó que el estado destinó un millón 800 mil soles para la identificación de 32 pozos en el norte del país, labor en la cual la ANA coadyuva. No obstante, si bien el gobierno nacional anunció que las autoridades regionales y locales podrían hacer uso del 10 % de su presupuesto para atender la emergencia por déficit hídrico, hasta el momento no se ha hecho efectivo por problemas administrativos.
Afirmó que la ANA ha identificado ocho pozos que deberán ser activados a través de Agrorural. Si bien con eso no alcanzará para cubrir la demanda, si ayudará a paliar el déficit hídrico.
En ese sentido, resaltó que la industria azucarera también se ha visto afectada por la escasez de agua, pero ha hecho uso de los pozos para atender su demanda. Así, por ejemplo, a la Agroindustrial Pomalca, que tiene seis mil hectáreas de caña instaladas, se le da dos mil 600 litros de agua por segundo, lo que no representa ni el 50 % de lo que requiere. Sin embargo, la empresa activó sus pozos y debido a ella cuenta con más de mil litros de recurso hídrico subterráneo.
“En el subsuelo tenemos más de 300 millones de metros cúbicos por explotar. ¿Por qué no pensamos en activar pozos como el propio Estado ha hecho? Ya hay pozos construidos a los que debemos darles mantenimiento, ponerlos activos para dotar a todos los agricultores de esa agua. No estamos hablando de un pozo para una hectárea, sino de varias hectáreas, que nos ayude a surtir en puntos estratégicos y verter al canal. Dada la situación, ¿por qué no tenemos una batería de pozos y vertemos todo al canal para que el usuario siga regando? Explotar esto nos ayudará a liberar el acuífero y mejorará la calidad del tipo de suelo que tenemos”, afirmó.
Racionalización y siembra
En línea con lo descrito, Paz Veliz señaló que desde agosto pasado se empezó una política de racionalización, según la cual cada 15 días se entregaba agua al valle para los cultivos y luego se cerraba, a fin de priorizar el uso poblacional. Esto se hizo también con la finalidad de evitar la sustracción del recurso por parte de las personas que se encuentran alojadas a lo largo del canal Taymi o incluso de los mismos usuarios.
Mencionó que la ausencia de lluvias ha hecho que se evalúe la fecha inicial estimada en el Plan de Aprovechamiento de Disponibilidades Hídricas para la campaña de arroz, la cual estaba planteada para el 1 de diciembre, pero podría extenderse hasta la quincena del mismo mes o incluso enero, según cómo se presente el panorama.
“Sería irresponsable hablar de una fecha ahora, en unos días se tomará la decisión. El escenario hídrico no nos ayuda a definir cuándo será, lo estamos evaluando con el Grupo PADH (Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas). En cuanto tengamos el aporte necesario del río y una mayor cantidad de agua en el reservorio, empezaremos”, refirió.
Señaló que a diferencia de la selva, donde se hacen hasta tres campañas de arroz al año, la realidad hídrica de Lambayeque es diferente. Por ejemplo, en la costa se utiliza el 1.5 % del agua que hay en el país, proveniente de la vertiente del Pacífico, mientras que en la selva es el 98.2 % del recurso hídrico, que proviene de la vertiente del Atlántico.
“Las campañas de arroz obedecen a un plan nacional de siembra. En base al área que se nos designa es que debemos ser cautelosos, porque sino se sembrará más y se producirá una sobreoferta en el mercado, lo cual hará que el precio baje perjudicando al agricultor… En la selva es un escenario diferente, partiendo de la disponibilidad hídrica. Tiene tres cosechas, porque la cantidad de agua y el clima son apropiados”, mencionó.
Disponibilidad
Actualmente, el reservorio Tinajones cuenta con una capacidad de 93 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales 60 son considerados reserva técnica, por lo cual el volumen útil es de 33 millones. Según Paz Veliz, el uso poblacional está asegurado no solo por el reservorio, sino por el aporte de los mismos ríos. La dotación que se le entrega a EPSEL para todo Lambayeque es de mil 780 litros por segundo.
Sin embargo, advirtió que el reservorio Tinajones fue diseñado para atender 68 mil hectáreas y actualmente se abastece a 118 mil, lo cual no se condice con el nuevo marco de gestión del agua, que establece su uso óptimo con riego tecnificado y con cultivos que no tengan tanta demanda hídrica.
A este problema se suma que hay 40 mil hectáreas que no cuentan con derechos de permiso. Son áreas para cultivo transitorio como el chileno, la menestra, el algodón o el maíz, que requieren de poca agua y se abastecen durante tres o cuatro meses al año, que forman parte del período de lluvias.
“Estamos evaluando el superávit hídrico, todo derecho que se viene dando está siendo evaluado según la disponibilidad hídrica del valle. Lo lógico es ya no ampliar la frontera agrícola. Hablamos de 118 mil hectáreas, con ello la demanda es bastante y se generan problemas. En cada estudio venimos midiendo y evaluando la disponibilidad que cada usuario nos sustenta para seguir otorgando estos permisos en coordinación con las juntas de usuarios, porque ellos nos indican hasta dónde van los cultivos, la infraestructura hidráulica, en suma, los requisitos para contar con este derecho”, aseveró.
Asimismo, indicó que las actividades de mantenimiento (descolmatación) de canales, las cuales ayudan a mejorar el sistema de captación, se realizan una vez al año, aunque hay canales internos en los que se desarrolla hasta dos veces al año, para la campaña grande y la chica.
Desorden
Por otro lado, comentó que la escasez hídrica también se agudiza por el desorden en la planificación y ejecución de las campañas agrícolas. Comentó que, cuando fue designado (febrero de este año), uno de los problemas que tuvo fue la capacidad del reservorio, pues se habían sembrado 55 mil hectáreas de arroz, pese a que se habían planificado muchas menos. Sin embargo, como ANA se vieron obligados a atender a todos los productores, a fin de evitar que tengan pérdidas económicas.
“Es un desorden. Si tenemos planificado 25 mil hectáreas, por qué sembramos 10 mil o 15 mil más. Eso debe sincerarse. Sé que el arroz es un cultivo con un mercado tan amplio que todos quieren sembrarlo, pero no reparan en si el suelo es apto o no, por ejemplo. Tenemos áreas de cultivo donde se gasta casi el doble de agua que en una apropiada. Si la dotación es de 14 mil litros por hectáreas, hay algunas que requieren de 20 mil o 30 mil”, cuestionó.
En tanto, apuntó que se autorizó el cultivo de dos mil 400 hectáreas de algodón, cuya instalación terminó el 15 de noviembre. Dichos cultivos demandan 20 millones de metros cúbicos de agua, pero aún no se conoce la cantidad exacta del área que se ha sembrado.
Otras medidas
En línea con lo expuesto, indicó que la ANA, a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos, trabaja articuladamente con la Junta de Usuarios en la reforestación de la parte media y alta de las cuencas.
Asimismo, realizan estudios hidrogeológicos en algunas cuencas para determinar el volumen explotable del agua subterránea en lo que corresponde a la Autoridad Local del Agua – ALA Chancay Lambayeque.
“Le digo a todos los agricultores que las decisiones que tomamos como ente rector no son por capricho, sino que obedecen al escenario hidrológico. Preferimos no aventurarnos en una campaña, antes de que inviertan dinero y luego les debamos decir que no tenemos agua para atenderlos. Estamos trabajando en la planificación responsable de la siembra y las decisiones que tomamos son técnicas, sin perder la mirada al tema social y económico”, concluyó.
Cada vez son más los jóvenes que se suman al clamor popular de un cambio de rumbo en la gestión municipal de Chiclayo, que hasta el momento no ha dado resultados. Una de estas jóvenes es Jessica Pérez Bravo, ingeniera industrial de profesión, quien resaltó la actitud de la ciudadanía de protestar contra la administración de Marcos Gasco Arrobas, pero hizo hincapié también en la importancia de ofrecer propuestas que acompañen las manifestaciones.
“Estuve presente en la marcha nacional que se realizó a raíz de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y puedo dar fe de que la manifestación no era solo contra Manuel Merino, sino contra la corrupción en sí. Tampoco pasa solo por un tema nacional, sino que también es local. Es la indignación de muchos ciudadanos que ven que no se realizan las obras que necesita la ciudad. Lo que sí creo es que las protestas deben ir acompañadas de propuestas. Si se pide la salida de Marcos Gasco, sería bueno saber qué se hará después, que quien venga cumpla con lo que requiere la ciudad y realmente se haga una mejora”, mencionó.
Problemas
Pérez Bravo señaló que si bien el plan de gobierno de más de 90 páginas del alcalde Marcos Gasco contiene propuestas en cuanto a residuos sólidos, transporte, medio ambiente, informalidad y sistema vial, ninguna se ha cumplido. Por ello, invitó a los ciudadanos a cuestionar en las próximas elecciones a los candidatos sobre cómo piensan realizar los ofrecimientos que hacen en campaña.
“Este no es un problema solo de la actual gestión, sino de las anteriores. Creo que cuando uno se propone algo, debe cumplirlo. Si él sabía de esta situación, debió realizar propuestas viables. En todo caso, si él ve que su gestión no da para más, debe dar un paso al costado para que alguien con mayor capacidad lo haga. Hay muchos chiclayanos talentosos que se han ido a otros lugares porque aquí no les dieron las oportunidades. Yo converso con otros jóvenes y me cuentan que tienen proyectos en distintos temas, están allí, pero no se toman en cuenta”, acotó.
Asimismo, señaló que el burgomaestre propuso en su plan de gobierno trabajar con el presupuesto participativo (proceso en el que las autoridades y la población deciden la prioridad de los recursos), pero hasta ahora no se ha visto el diálogo con las organizaciones de base ni las juntas vecinales. A ello se suma que la actual administración solo ha ejecutado el 43 % de su presupuesto, pese a las carencias de la provincia.
“Uno sale a las calles y ve las deficiencias de la actual gestión. Hay muchas obras por hacer, pero las que sí se realizan, se hacen mal. Ejemplo de estos es el parchado de las pistas que nunca dura. Viene una lluvia y al día siguiente vuelven a su estado anterior. No queremos soluciones a corto plazo, sino que se invierta bien y las obras duren”, aseveró.
Anotó que el alcalde debe hacer un ‘mea culpa’ y, en caso de continuar al frente de la administración municipal, rodearse de un equipo técnico, especializado en cada tema.
Reciclaje
Por otro lado, la ingeniera industrial afirmó que los ciudadanos también pueden empezar a cambiar la ciudad desde casa, mediante actividades sencillas como minimizar el uso de bolsas plásticas y priorizar el uso de otras de material como la tela, el yute o el tocuyo. Asimismo, aconsejó usar un coche para hacer las compras en el mercado y tomatodos para evitar las botellas de plástico.
Del mismo modo, resaltó que muchas empresas también estén usando empaques de material biodegradable para la presentación de sus productos y que en general ahora se pongan en marcha propuestas ecológicas. Todo ello – aseveró – debe ir acompañado del esfuerzo municipal por poner tachos de basura en las calles e implementar infraestructura para darle el debido tratamiento a los residuos sólidos.
“La basura en sí es un negocio, lo que botamos se puede reutilizar en compostaje. Además, se le puede dar otro uso al plástico, al vidrio, al cartón. Creo que privatizar el servicio del recojo de residuos sólidos sería una solución espléndida. Si tuviéramos la cultura de segregar la basura, sabríamos que eso que botamos es insumo para el negocio de otra persona. No pagaríamos por la limpieza, nos pagarían a nosotros por nuestra basura. Me parece que esa mirada no la ha tenido Marcos Gasco, quizá porque su visión es muy micro”, manifestó.
Mencionó que la gestión municipal podría empezar con proyectos piloto de residuos sólidos en algunas urbanizaciones y – según su funcionamiento – replicarlo en más zonas.
La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial que presentara el Poder Ejecutivo respecto al primer pedido de vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra sigue dando que hablar. El declarar improcedente la demanda por considerar que existe sustracción de la materia ha generado la crítica de un gran sector de la población que esperaba un pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución sobre el tema de fondo. Sin embargo, el docente y abogado Luis Fernando Falla Sayaverdi ha hecho hincapié en algo que pocos han reparado: los criterios que ha fijado el voto en singular de Marianella Ledesma Narváez sobre cómo debe desarrollarse el proceso de vacancia por incapacidad moral permanente.
Falla Ssayaverdi señaló que Ledesma Narváez recomendó declarar fundada en parte la demanda competencial, pues a su juicio sí existe identidad en la materia entre el primer pedido de vacancia, motivado por el caso Richard Cisneros, y el segundo en torno a la gestión de Martín Vizcarra como gobernador de Moquegua, toda vez que ambos persiguen presuntos hechos de corrupción.
“Nos hemos centrado en la decisión final y no en el tema de fondo en el contenido de la resolución. La sentencia del Tribunal Constitucional fija criterios a futuro con sus votos en minoría. La doctora Ledesma, muy hábilmente, ha lanzado una suerte de salvavidas. Ella, al igual que Carlos Ramos Núñez, ha dicho que – si bien son votos en minoría – eso no significa que el tema de identidad no se dé. Marianella Ledesma, sobre todo, recomienda y establece criterios que deben tomarse en cuenta para saber qué contiene la expresión de vacancia por incapacidad moral permanente”, apuntó.
Los votos en mayoría fueron de Ernesto Blume Fortini, Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales y José Luis Sardón de Taboada. En tanto, los votos singulares fueron de Carlos Ramos Núñez, Marianella Ledesma Narváez y Eloy Espinosa-Saldaña.
Criterios
El letrado explicó que uno de los criterios fijados por Ledesma Narváez en la sentencia es que debe existir congruencia entre lo que se resuelve y lo que se pide en el Congreso. Para Falla Sayaverdi, eso no existió, pues todo se trató de una “vendetta política”.
Asimismo, apuntó que otro criterio fijado por la magistrada es que los documentos o medios probatorios que acrediten la supuesta incapacidad moral deben ser examinados por una comisión especial de investigación. Es decir, que la moción de vacancia pase por una primera instancia antes del pleno, tal como ocurre con los legisladores, cuyos casos se ven antes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Además, la presidente del Tribunal Constitucional recomienda que se otorgue el tiempo y los medios necesarios para la defensa del presidente, lo cual – para Falla Sayaverdi – no se cumplió en la vacancia, toda vez que esta se hizo de forma “exprés”, sin reparar en la presunción de inocencia.
“El cuarto criterio que fija Marianella Ledesma es que no debería proceder la vacancia por incapacidad moral en el último año del ejercicio de la presidencia. A esto le agregaría que tampoco debería proceder en situaciones como la que vivimos de emergencia sanitaria. El quinto punto es que se requiera de una segunda votación en el pleno para consolidar la vacancia”, apuntó.
Explicación
Para Falla Sayaverdi, los magistrados del Tribunal Constitucional, que votaron en mayoría, no habrían querido comprometer su desarrollo profesional, toda vez que el período de seis de ellos ya venció. En virtud de ello, se habrían decantado por no opinar sobre el tema de fondo y argumentar la sustracción de la materia.
“Cuatro miembros del Tribunal Constitucional se han enmarcado dentro de un concepto totalmente positivista. Han sostenido que, habiéndose solucionado el problema por el cual se interpuso la primera demanda de acción competencial, ya no habría razón para pronunciarse. Tampoco lo habría sobre el segundo pedido, porque los elementos que dieron origen al primero eran totalmente distintos”, mencionó.
Paz social
Por otro lado, si bien el docente consideró que el Tribunal Constitucional ha perdido una gran oportunidad de resolver el tema de fondo, indicó que no le falta razón a Ernesto Blume cuando dice que la propuesta de Marianella Ledesma no contribuiría a la pacificación del país, pues si se declaraba fundada la acción competencial se hubiese generado una convulsión social. Anotó que en el derecho existe la figura del ‘consecuencialismo’, que hace referencia a que cuando un magistrado resuelve un problema entre dos partes debe evaluar la repercusión que esto tiene en la sociedad.
“No estoy a favor de la sentencia, pero hay que ser responsables. (Declararla fundada) hubiera azuzado a la gente y habría motivado que vuelva a las calles, proteste, y en poco tiempo tendríamos un problema inimaginable sobre la pandemia. El voto minoritario en la resolución expedida por el Tribunal Constitucional ya fijó criterios con los cuales el mismo presidente Francisco Sagasti podría proponer una reforma constitucional a efectos de que la vacancia sea evaluada a futuro con los criterios que ha fijado Ledesma, que a mi parecer son razonables”, comentó.
Inconstitucionalidad
Resaltó que para él la vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra fue inconstitucional, pero ha sido avalada con la decisión emitida por el tribunal. Con ello, se abre la posibilidad de que incluso este parlamento pueda vacar al presidente Francisco Sagasti si en algún momento resulta incómodo para sus intereses.
“Esta es una espada de Damocles. Si yo hubiese sido miembro del Tribunal Constitucional, habría declarado infundada la demanda competencial para no generar más caos, pero me hubiese pronunciado sobre los criterios que deberían primar en el futuro para que quede como un precedente”, indicó.
Añadió que el Tribunal Constitucional pudo anexar en la resolución la precisión de que esta era de carácter vinculante, concepto jurídico que obliga a otras instituciones decisoras, entre ellas el Congreso, a aplicar la interpretación dada por este órgano.
“Parte de la culpa la tiene el mismo Martín Vizcarra al no cuestionar la decisión tomada por el Congreso. Él dijo que no interpondría ninguna acción judicial, aunque creo que con el paso del tiempo su postura fue la más salomónica porque hubiera sido rociar más gasolina al ambiente. No obstante, ello no quita que se ha generado un mal precedente. Los congresistas representan al pueblo, no puede dejarse llevar por apetitos personales o servir a grupos de poder”, manifestó.
Constitución
De otro lado, hizo hincapié en que la discusión sobre la conveniencia o no del cambio de Constitución debe desarrollarse en espacios académicos, a fin de determinar si el país necesita un cambio total de la carta magna o solo reformas puntuales.
“No es bueno decir quiero cambiar la Constitución porque sí, hay que ver en qué ha fallado, qué reformas se pueden hacer y si ahora resulta conveniente una nueva. Tenemos que ver si el sistema neoliberal es pertinente o no. Hoy nos regimos por una economía social de mercado, donde la oferta y la demanda mueven la economía. ¿Eso es malo? Habrá que discutirlo. No hay que actuar con el hígado, sino con el cerebro”, expresó.
Finalmente, opinó que el presidente que asuma funciones desde julio del próximo año deberá trabajar en cuatro ejes fundamentales: educación, salud, trabajo y familia. “Podemos tener la mejor Constitución, pero si no tenemos hombres probos e interesados en ponerla en práctica a favor de la población, de qué nos vale”, preguntó.
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En un irregular procedimiento, un juez civil de Amazonas ordenó que se inscriba en Registros Públicos una Comisión Transitoria de Gobierno para la Universidad de Chiclayo – UDCH, pese a que la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, ha reconocido a Danilo Escobar Gutiérrez como rector de la casa de estudios.
El pasado 4 de noviembre, el abogado Lito Becerra Angulo, en representación de los exdocentes de la UDCH María Zambrano de Bernal, Celinda Ortiz Prieto, Virna Layme Cáceres, Martha Piscoya Riojas, Ricardo Mendo Otero y Yanina García Puicón, presentó una demanda constitucional de amparo ante el Juzgado Civil Permanente de Chachapoyas, a fin de desconocer las resoluciones que acreditan a Danilo Escobar Gutiérrez como rector de la casa de estudios superiores.
El juez Edinson Polo Huamán emitió una medida cautelar, con la cual se dispuso la reposición de los docentes demandantes e incluso que se inscriba una Comisión Transitoria de Gobierno en la UDCH, desconociendo así la autoridad de Escobar Gutiérrez, pese a que desde el 8 de octubre fue reconocido como rector por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria - SUNEDU, mediante el Oficio N° 3677-2020-SUNEDU-021502.
En virtud de ello, el área de Asesoría Legal de la UDCH presentó una demanda de excepción de incompetencia territorial ante el Juzgado Civil Permanente de Amazonas, la cual fue declarada fundada el 19 de noviembre, toda vez que tanto los demandantes como los demandados tienen su domicilio habitual en Chiclayo, con lo cual se dispuso que se remita el expediente al juzgado civil de esta ciudad.
Cuestionamientos
Nelson Espinoza Guerrero, asesor legal interno de la UDCH, explica que los exdocentes se "autoproclamaron" miembros de una Comisión Transitoria de Gobierno, en la que Ricardo Mendo Otero era el presidente y Yanina García Puicón la secretaria. Incluso empezaron a firmar resoluciones de nombramiento de decanos y directores académico y administrativos. Todo esto les obligó a tomar acciones en defensa de la estabilidad institucional.
Por esta razón, la universidad ha formulado una denuncia ante la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo por el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas contra los citados personajes y han denunciado también ante la Procuraduría General del Estado a Lito Becerra Ángulo por ejercer la defensa legal de los exdocentes, pese a que es procurador de Amazonas, lo cual no se condice con la norma que prohíbe a estos funcionarios ejercer el patrocinio, representación o mandato de particulares.
Proceso sancionador
Asimismo, la Oficina de Asesoría Legal Interna de la UDCH solicitó el inició de un proceso sancionador ante el Órgano de Control de la Magistratura - OCMA, contra el juez Edinson Polo Huamán, del Juzgado Civil Permanente de Chachapoyas, por presunta inconducta funcional.
El pedido se sustenta en que el magistrado, extralimitando el petitorio de reposición laboral presentado por el grupo de exdocentes, ordenó inscribir en Registros Públicos la Comisión Transitoria de Gobierno para la universidad, pese a que dicha medida no se encuentra dentro de los planteamientos de los demandantes.
“¿En qué extremo los demandantes solicitan la instalación de una Comisión Transitoria de Gobierno? ¿En qué extremo los demandantes solicitan la inscripción de una Comisión Transitoria de Gobierno? ¿Es los mismos vigencia, validez y eficacia de Acta de Sesión de Instalación de Asamblea Universitaria con la instalación de una Comisión Transitoria de Gobierno? Si bien se trata de una decisión jurisdiccional, tiene implícita una conducta funcional, pues, el quejado como juez tiene el deber de resolver en forma congruente, es decir, resolver solo los pedidos hechos por las partes y no más allá del petitorio. Por lo tanto, dicha conducta funcional, deben ser, por lo menos, investigados, pues, no nos explicamos tanta incongruencia procesal”, cuestiona Espinoza Guerrero.
Además, se cuestiona que el juez haya declarado admitida la demanda y emitido el proceso cautelar (medida de reposición provisional) conexa en un plazo de 24 horas, cuando todos los exdocentes son residentes en Chiclayo.
“En el sistema CEJ, se evidencia, que la demanda fue ingresada el 13 de octubre del 2020, al día siguiente fue admitida a trámite, el 14 de octubre del 2020 y, notificada a la parte demandante, el 15 de octubre del 2020. Es decir, que en menos de 24 horas la demanda fue admitida y en menos de 24 horas que fue admitida, se notificó a la parte demandante. Las preguntas que nos hacemos son las siguientes: ¿Cuántas demandas al 13 de octubre del 2020, tenía el Juzgado en calificación? ¿Cuántas demandas, el Juzgado ha calificado en 24 horas? ¿Cuántos admisorios, el juzgado ha notificado en 24 horas? Dichas conductas funcionales deben ser, por lo menos, investigados, pues no nos explicamos tanta celeridad procesal”, señala el asesor legal de la universidad.
Licenciamiento
Por otro lado, Espinoza Guerrero aseguró que esta situación no pone en riesgo el proceso de licenciamiento, toda vez que este se desarrolla "por cuerdas separadas" y hay una comisión encargada de cumplir con los requerimientos de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria - SUNEDU.
"Estamos convencidos de que vamos a obtener la ampliación de tres años para lograr el licenciamiento. De esto ya tiene conocimiento la SUNEDU, sabe que han querido detener el desarrollo de la universidad, nos han paralizado las cuentas, han querido asfixiarnos, pero no ha prosperado", aseveró.
Indicó que esta comisión de licenciamiento tiene avanzado a un 90 % el trabajo para acceder al plazo ampliatorio de tres años que da la SUNEDU, con lo cual tendrían el tiempo suficiente para subsanar todas las observaciones y obtener el tan ansiado licenciamiento.
Actualmente, la UDCH cuenta con un promedio de mil 500 alumnos. En los últimos meses cerca de 500 se han reincorporado, ante la esperanza de que la UDCH no sea cerrada definitivamente.
Marco Siqueira, presidente de OEC (Odebrecht Engenharia y Construcción), asegura que no volverán a aparecer más obras con pago de sobornos. Señala que la constructora brasileña ya cumplió con los pagos de reparación civil de los años 2019, 2020 y 2021.
Luego de tres años, un monitor independiente designado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos certificó el nuevo programa de integridad de OEC. Se corroboró que el sistema de conformidad de la empresa, incluyendo sus políticas y procedimientos, está diseñado e implementado para prevenir y detectar violaciones a las leyes anticorrupción.
Para Marco Siqueira, este es el inicio de un nuevo ciclo para la constructora, tras el escándalo de corrupción Lava Jato. Su gestión en la firma brasileña empezó desde hace seis meses aproximadamente. Su primera meta es recuperar las inversiones en Brasil y otros 13 países a partir del próximo año.
¿Cuáles son las metas próximas para OEC?
Nos vemos trabajando la próxima década. Nuestra visión es instituir todos los intereses de la sociedad en primer lugar. Una gestión y un trabajo adoptando todas las características de ética. Buscamos retomar con fuerza nuestras operaciones en Brasil. En ningún lugar hemos parado totalmente de operar.
Queremos vivir un nuevo ciclo de inversiones en lo público y privado. Ser una empresa con la certificación que tenemos ahora con la capacidad técnica y de realizar proyectos importantes de infraestructura en todo el mundo.
¿Qué de nuevo hay en esta nueva certificación que puede garantizar que no se van volver a cometer los hechos delictivos del pasado?
La forma en que la empresa opera hoy está protegida. Si ocurre cualquier mala intención o una mala postura de cualquier directivo, esta se va detectar para que se corrija y remedie cualquier mal intento. Antes teníamos un modelo muy dependiente, de confianza total hacia las personas que, por ello de algún modo, hemos visto tomaron decisiones personales que marcaron el futuro de la empresa.
¿Qué tienen ahora?
Un sistema de confianza total con las personas, pero con una serie de políticas y directrices y procesos instaurados de forma. Estamos atendiendo los intereses de la sociedad y de la empresa que es seguir haciendo grandes obras sin caer en malos hechos o buscando situaciones de esa naturaleza.
¿Ya no tienen la famosa Caja 2?
No. Ahora es un sistema centralizado para todos los pagos de la compañía en todos los países. Hoy todos los pagos son autorizados por el área financiera desde Brasil auditado internamente y externamente. Eso es un cambio porque antes teníamos un sistema de pago descentralizado por operación.
¿Este sistema será implementado en Brasil o también en el Perú?
Sí, a nivel mundial. No solo vamos a seguir reglas de las autoridades americanas, sino es un compromiso de la empresa de replicar este sistema en el mundo.
¿Todos los directivos implicados en ilícitos ya fueron retirados?
Sí, ya fueron todos identificados. No están aquí. Hay personas transparentes, y si se diera una conducta incorrecta, la empresa será la primera en divulgar esos actos.
¿OEC sigue en crisis económica?
Hoy vivimos un ciclo final de crisis en todo el sector de las infraestructuras, de hecho, en todo el mundo. Después del ciclo de las materias primas, el ciclo del petróleo y el gas, desde 2014, 2015. Es cierto que el mercado de las empresas de ingeniería ha experimentado una crisis mundial en este sentido. Por supuesto que tenemos nuestras dudas, pero recientemente tuvimos la noticia de que renegociamos nuestros bonos y aumentamos el plazo de vencimiento en más de 5 años y con una reducción de deuda de más del 55 %. Esto también fue una prueba más de la confianza de los inversionistas y tenedores de estos bonos en la recuperación de nuestras operaciones de que estamos siguiendo el camino correcto. Decidieron seguir invirtiendo en la empresa antes que poner fin a estas deudas.
Pero cómo está OEC en este año de pandemia.
Ahora, el 2020, es un año, debido a Covid, fuera de toda normalidad, si podemos decirlo, y estamos experimentando estabilidad en los ingresos, incluso con estos problemas. Por eso creemos que hoy tenemos una situación de mayor estabilidad y que a partir de 2021 este vector de inversión será positivo. Está claro que los gobiernos pasan y pasarán por situaciones fiscales difíciles, debido también a esta crisis que demanda mucho apoyo social que ejerce mucha presión sobre la recaudación del gobierno porque reduce la base de recaudación tributaria. Por tanto, la capacidad de inversión es menor, pero al mismo tiempo sabemos que para la reanudación de una economía no hay mejor forma que invertir en infraestructura. Por tanto, creo que el vector de 2021 es positivo.
¿Ya tienen nuevas obras en Brasil?
En este segundo semestre en Brasil, principalmente de inversionistas y empresas privadas, ganamos seis nuevos contratos: inversiones en fábricas, infraestructura y estamos trabajando aquí ahora en esta nueva visión y creo que, tanto para Perú como para otros países en América Latina, la infraestructura tendrá un papel central en la recuperación de la economía y por eso también estamos aquí para ser parte de este momento.
¿Y en el resto del mundo?
A nivel mundial tenemos más de 20 contratos activos. Hemos ganado contratos de construcción de carreteras y otros contratos industriales de captación y distribución del agua.
ENTRADA AL PERÚ
¿El objetivo del próximo año es seguir operando en Perú?
Tenemos una cartera con obras que serían muy fáciles de ser retomadas, entre ellas, la represa de Chavimochic III. Ponemos la certificación sobre la mesa para que los gobernantes lo sepan, que esta empresa ahora está transformada, no es la misma de finales del año 2016. Claro que vamos a cumplir con nuestras obligaciones, como las reparaciones civiles y todo. Para hacerlo, queremos continuar operando y tener la posibilidad de tener nuevos contratos. Esta certificación demuestra que somos una empresa transformada. En el mundo, hay otros casos como Siemens o Volkswagen que han estado en esta situación y al final consiguieron volver a operar. Vemos posibilidades de invertir en Perú y de crear empleos.
¿En los sectores público y privado?
Tenemos la expectativa de volver a participar en licitaciones y concursos. El próximo año es posible que se reactiven proyectos de minería, puertos, centrales hidroeléctricas. La otra posibilidad es que se reactive la represa de Chavimochic III. Este es un contrato de concesión que está hasta hoy en discusión en el Gobierno sobre qué hacer. Estamos a disposición de hacer un trato directo con un privado para ceder o vender esta concesión para poder seguir adelante. La idea es que este privado que sea el nuevo concesionario pueda contratar o mantener el contrato de construcción con el consorcio constructor del que somos parte.
¿Tienen nuevos contratos en este último año en Perú?
No. Este último año nos hemos abocado al acuerdo de colaboración eficaz y la situación financiera. No hemos tenido tiempo de participar en concursos. En los últimos cuatro años, no hemos participado en ningún concurso o licitación, la idea ahora es retomar ahora.
¿En obras solo tienen las interoceánicas en nuestro país?
Sí, las estamos ejecutando dentro de las carreteras interoceánicas como parte de las obligaciones del contrato de concesión.
¿Las van a vender?
No, por el momento no.
¿Y qué pasará con Olmos?
Se siguen cumpliendo todas las operaciones con el Estado y con los usuarios. La empresa está en fase de operación, no hay obra que hacer allí. La obra está concluida.
¿Y el futuro de Rutas de Lima?
La vendimos hace más de cuatro años. Hoy solo tenemos una acción minoritaria de las acciones, no podemos controlar las operaciones.
En Perú el próximo año habrá elecciones. Hay algunos precandidatos presidenciales que se han manifestado en contra de que OEC contrate con el Estado…
Entiendo que hay una identificación de la política del pasado, pero la empresa que está aquí está transformada con sistemas de certificación y con una ética limpia y transparente. ¿Por qué no trabajar con una empresa así? Entiendo la visión de venganza de algunos, pero hay que mirar la situación de hoy. Siempre estaremos abiertos a dialogar. Estamos listos para iniciar un nuevo ciclo.
COLABORACIÓN Y PAGO DE REPARACIÓN CIVIL
¿OEC sigue colaborando con los fiscales peruanos?
Seguimos colaborando con todo lo que está establecido en nuestros acuerdos.
¿Lo que se conoce hoy es todo, ya no van a aparecer más obras con pagos ilícitos?
Sí, eso ya quedó en el pasado. En el momento que se dio eso, tomamos la decisión de seguir por el camino de la reparación civil. De allí no más nada de malos hechos. Ahora tenemos un sistema implementado inscrito en los monitores del Departamento de Justicia de Estados Unidos para funcionar de esta forma. Ya no habrá pagos ilícitos ni asuntos de esta naturaleza.
En el acuerdo con Fiscalía y Procuraduría se fijó que la reparación civil se pague en 15 años. ¿Qué pasará si no tienen dinero en Perú para pagarla? ¿Vendrá el dinero de la matriz de Brasil?
Esto es una parte del acuerdo. Es más amplio. Ya pagamos una parte importante de la reparación cuando hicimos la venta de activos y otros. La expectativa también es tener obras, porque su mismo nombre lo dice, es un acuerdo. La idea es pagar y poder volver a la operación.
¿Cuánto ya pagaron de reparación civil al Perú?
Hicimos dos acuerdos de colaboración. En el primero, ya se pagaron S/ 65 millones. Ahora del segundo acuerdo, que son S/ 600 millones, hemos pagado S/ 80 millones con la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla. Luego, en el fideicomiso que se estableció para el pago de la reparación civil, se canceló cuota del año 2020 y también hay para cubrir la cuota del año 2021. El Perú debe saber que la cuota de este año y del próximo ya está depositada en el fideicomiso.
¿Cuánto hay aproximadamente en fideicomiso del Minjus?
Son aproximadamente S/ 120 millones, de los S/ 600 millones, que ya están pagados. Ahora lo que necesitamos es trabajar para juntar el dinero y pagar la cuota del 2022 y así en adelante.
¿Van a insistir en la demanda contra el Perú ante el Ciadi por el Gasoducto del Sur?
Las demandas son reservadas, los participantes no pueden hacer comentarios acerca de ello.
Fuente: Diario Gestión
Tras una minuciosa revisión de expedientes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, oficializó y publicó en su sitio web las listas de candidatos de los partidos políticos que participarán en las elecciones internas partidarias del 29 de noviembre y 6 de diciembre.
El 29 de noviembre, siete partidos políticos elegirán directamente a sus planchas presidenciales, a través de sus afiliados. Ese mismo día, las agrupaciones restantes escogerán a sus delegados, quienes posteriormente, el 6 de diciembre, elegirán sus fórmulas presidenciales y candidatos al Congreso.
Los partidos que participarán del proceso electoral son:
Alianza para el Progreso (por delegados): fórmula única conformada por César Acuña Peralta, María del Carmen Omonte Durand y Luis Carlos Antonio Iberico Núñez.
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad (por afiliados): fórmula única conformada por Marco Antonio Arana Zegarra, Leyla Berrocal Flórez y Magno Ortega Quispe.
Renacimiento Unido Nacional (por delegados): fórmula única conformada por Ciro Alfredo Gálvez Herrera, Sonia García Osores y Claudio Alejandro Zolla Suárez.
Partido Nacionalista Peruano (por afiliados): fórmula única conformada por Ollanta Moisés Humala Tasso, Ana María del Milagro Salinas Medina y Luis Alberto Otárola Peñaranda.
Fuerza Popular (por delegados): fórmula única conformada por Keiko Sofía Fujimori Higuchi, Luis Fernando Galarreta Velarde y Carmen Patricia Juárez Gallegos.
Partido Popular Cristiano (por delegados): fórmula única conformada por Alberto Ismael Beingolea Delgado y Lucía del Pilar Ledesma Martínez de Cruz.
Perú Patria Segura (por delegados): fórmula única conformada por Rafael Gastón Tadeo Milagros Santos Normand, Victoria Esperanza Paredes Sánchez y Oscar Andrés Reggiardo Sayán.
Perú Nación (por delegados): fórmula única conformada por Francisco Ernesto Diez Canseco - Távara, Nancy Cáceres Benavente y Manuel Eloy Salazar Vargas.
Partido Político Contigo (por delegados): fórmula única conformada por Máximo San Román Cáceres, Casimira Trinidad Mujica Zevallos y Pedro Miguel Angulo Arana.
Avanza País - Partido de Integración (por delegados): fórmula única conformada por Hernando de Soto Polar, Corinne Isabelle Flores Lemaire y Jaime Oswaldo Salomón Salomón.
Solidaridad Nacional (por delegados): fórmula única conformada por Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, Neldy Roxana Mendoza Flores y Jorge Carlos Montoya Manrique.
Partido Morado (por afiliados): tres fórmulas presidenciales lideradas por: Alejandro Joaquín San Martín Leveratto, Carolina Lizárraga Houghton y Julio Armando Guzmán Cáceres.
Democracia Directa (por delegados): fórmula única conformada por Andrés Avelino Alcántara, Elena Emperatriz Ascarza Quispe y Javier Felipe Espinoza Ayaipoma.
Frente de la Esperanza (por delegados): fórmula única conformada por Luis Fernando Olivera Vega, Elizabeth María del Rosario León Chinchay y Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez.
Juntos por el Perú (por afiliados): fórmula única conformada por Veronika Fanny Mendoza Frisch, José Antonio de Echave Cáceres y Luzmila Yalu Ayay Casas.
Podemos Perú (por delegados): fórmula única conformada por Daniel Belizario Urresti Elera, María Teresa Cabrera Vega y Wilbert Mariano Portugal Menéndez.
Restauración Nacional (por delegados): fórmula única conformada por George Patrick Forsyth Sommer, Ana Patricia Arévalo Majluf y Jorge Fernando Chávez Álvarez.
Partido Democrático Somos Perú (por afiliados): fórmula única conformada por Daniel Enrique Salaverry Villa, Matilde Fernández Flores y Jorge Luis Pérez Flores.
Acción Popular (por afiliados): cuatro fórmulas lideradas por: Edmundo del Águila Herrera, Luis Enrique Felipe Miguel Gálvez de la Puente, Yonhy Lescano Ancieta e Isaac Alfredo Barnechea García.
Todos por el Perú (por delegados): fórmula única conformada por Fernando José Cillóniz Benavides, Blanca Lucía Cecilia Wong Ronceros y Jaime José Eduardo Freundt López.
Partido Aprista Peruano (por afiliados): tres fórmulas lideradas por: Nidia Ruth Vílchez Yucra, Juan Carlos Sánchez Montes de Oca y Rafael Jerko Zevallos Bueno.
Perú Libre (por delegados): fórmula única conformada por José Pedro Castillo Terrones, Dina Ercilia Boluarte Zegarra y Vladimir Roy Cerrón Rojas.
Unión por el Perú (por delegados): fórmula única conformada por José Alejandro Vega Antonio, Haydee Ildarina Andrade Ríos y Daniel Hugo Ramos Barragán Coloma.
Frente Popular Agrícola FIA del Perú - FREPAP: no presentó candidatos a la presidencia, pero sí al Congreso y al Parlamento Andino. Utilizará la modalidad de delegados.
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Día a día los puentes de comunicación y empatía entre la administración pública y la ciudadanía son más distantes y/o escasos, trayendo como consecuencia la aguda crítica a las distintas gestiones públicas locales y una ausencia de activísimo por parte de la ciudadanía para ser propositivos de soluciones ante los problemas que aquejan a una población.
Existen múltiples ideas con la finalidad de lograr orientar una gestión y me referiré a la gestión de primera línea frente a la población, como lo es la gestión municipal, este espacio permitirá desarrollar de manera general recomendaciones para mejorar la Gestión Pública Local. Asimismo, de brindar indicadores para un desempeño eficiente, que sean medibles en los futuros controles de desempeño que deberán realizar los entes fiscalizadores, siendo los siguientes:
Lograr una planificación integral
Conocedores que la planificación estratégica es un proceso activo que desarrolla las capacidades de las entidades del Estado, para que puedan establecer objetivos en forma conjunta, observando su realidad y analizando esta para poder prever conjuntamente los riesgos o problemas y dar las oportunidades de solución para superarlas con éxito; por tanto, es vital que cada entidad logre realizar una planificación con información real y viable en el ámbito de sus competencias y que ésta este alineada al presupuesto por resultados.
Creación de objetivos comunes
Por otro lado, teniendo en consideración que el Estado tiene como función la satisfacción de las necesidades de la población, es importante indicar que los planes que realicen las entidades deben de articularse a objetivos comunes en una línea vertical (distrito, provincia, región) y de esa manera articularlos con los planes nacionales; actualmente, tenemos planes individuales y que cada cuatro años una nueva gestión realiza modificaciones sustanciales o simplemente lo ignora. Por tanto, resulta importante, que quienes aspiren a un cargo de elección popular en alguna comuna como primera acción tiene que conocer a la entidad (misión, visión, MOF, ROF, directivas internas, planes operativos, PIA, plan anual de contrataciones, etc.), para desde esa base logre generar un futuro plan de gobierno.
Capacitación a servidores y funcionarios
Cabe precisar, que la nueva Gestión Pública orientada a resultados, implica que los gestores públicos sean proactivos, innovadores y capaces de crear ventanas de oportunidad ante los problemas que suceden en la realidad (ámbito territorial de sus competencias), recientemente hemos sido testigos de la falta de capacidad de gasto de los montos económicos asignados en el marco de la Emergencia Sanitaria; siendo ello así, entidades técnicas como el MEF, Contraloría, entre otras, deben de lograr un mayor acercamiento a los gestores públicos y lograr mejorar la Gestión ante los riesgos advertidos en la emergencia y futuros, a través de constantes capacitaciones y acompañamientos.
Compromiso por la vocación de servicio
Es importante precisar que, la gestión estratégica de las personas, impone que los gestores públicos (servidores y funcionarios), conozcan que su verdadera función en cualquiera de las áreas, gerencias, entre otras, en que se desempeñen es el servicio público – SERVIR -, por ello, deben cumplir sus procesos y funciones previamente asignadas; recordemos que en el año 2017 se denominó "Año del buen servicio al ciudadano", no logrando "aterrizar" a un sector de gestores públicos, que en menor proporción se sienten en un estado de "confort," llevados por una presunta estabilidad laboral absoluta.
Conseguir la voluntad para la coordinación
Es importante que, la articulación de entidades que regulan o buscan mejorar un servicio público, sea articulado, cabe un ejemplo: Actualmente tenemos a SUSALUD, esta institución tiene como función la verificación de que el Derecho a la Salud sea de calidad; sin embargo, no estaría cumpliendo su labor, al no articular, ni verificar las actuales deficiencias de EsSalud y MINSA, donde muchas veces pacientes, quizás por desconocimiento o desconfianza no acuden a la citada entidad, sino deben de acudir a otras instancias como Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Contraloría General de la República, entre otras, para que se atienda presuntas deficiencias en ese sector o logren una defensa del derecho a la salud que está quebrantado.
Promoción de la meritocracia
La meritocracia debe ser promovida en la gestión pública, como un incentivo amigable para los trabajadores del Estado, con ello tendremos a profesionales que seguirán invirtiendo en su educación, seguirán mejorando en ámbitos académicos y profesionales, haciendo realidad esta problemática postergada por muchos años en la Administración Pública, un servidor civil, tiene que tener como característica la ética, la transparencia y la objetividad, olvidando los “amiguismos, tarjetazos” en el sector público.
Control gubernamental como un aliado
El Sistema Nacional de Control, en el marco de sus atribuciones logra emitir informes de carácter previo, simultáneo y posterior, en estos últimos, implementa recomendaciones de mejora de la Gestión Pública, éstas deben de implementarse, aplicarse de manera inmediata y los titulares de las entidades deben realizar el constante seguimiento para su implementación final y que las observaciones advertidas no se puedan repetir; por tanto, el Sistema Nacional de Control velará siempre por el buen funcionamiento de la Gestión Pública, debiendo ser prioridad de los titulares de entidades su aplicación.
Mayor involucramiento de los regidores – consejeros
La función de fiscalización y de creación normativa (ordenanza), implica una cultura de escucha activa hacia la ciudadanía, implica el recojo de información valiosa en la población, implica la creación de talleres, como, por ejemplo: “Taller: Cómo elaborar una ordenanza municipal o regional”, o la realización de conversatorios con los distintos gremios. Actualmente No se aprecia ello, debido a que la labor del regidor no es a tiempo completo y en muchas ocasiones sólo realizan una gestión parcial sin logros claros. Para ello es importante que, se logre brindar a los regidores las herramientas (logística, asesores, etc), con la finalidad de que su labor sea notoria en los distintos espacios de la entidad edil o regional.
Todas estas actividades que se recomiendan lograrán transformarse en una verdadera gestión para resultados que el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública exige, para ello es importante la decisión y voluntad política del líder de la organización para que de ese primer paso de lograr acercar la gestión al ciudadano y con ello lograr ese involucramiento con su participación activa de valiosa importancia para la Gestión Municipal.
Por último, se requiere la proactividad de la ciudadanía para que logre involucrarse con la gestión, a través de una participación ciudadana que no sólo sea un listado de críticas, sino que brinde alternativas de solución, sugerencias, ideas para poder salir adelante. Todos deseamos el desarrollo de nuestro distrito, provincia, región y de nuestro amado Perú, por todo ello, es tarea de todos lograr aportar propuestas, soluciones para alcanzar ese horizonte.
(*) Abogado, especialista en control gubernamental.
El Estudio Jurídico Asunción & Abogados SCRL, representado por la abogada Daniela Campaña Sampén, jefa de oficina, logró que el Décimo Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, en el Exp, N° 23356-2011, contra la Oficina de Normalización Previsional - ONP, sobre indemnización por daños y perjuicios, declare fundada en parte la demanda.
La Resolución N° 22, de fecha 14 de octubre del 2020, ha resuelto “declarar fundada en parte la demanda interpuesta por José Vásquez Delgado contra la Oficina de Normalización Previsional sobre indemnización”, en consecuencia ordena que la parte demandada cumpla con indemnizar al demandante con la suma total de 200 mil soles por concepto de daño moral, más intereses legales, costas y costos del proceso…”.
“Esta sentencia representa un avance en la lucha contra la vulneración de los derechos pensionarios en el Perú, siendo la primera vez que se logra obtener un monto de tal cuantía en el país, como concepto de indemnización por daño moral, así tenemos que el juzgado de Lima, tiene un interesantísimo criterio que señala: “Respecto al daño moral del actor, considerando que este daño se ha prolongado por más de 17 años, esto es desde los 64 años hasta los 81 años del demandante, esto es en una edad en la que sus capacidades físicas y mentales disminuyen y no sólo no se encuentra en edad de prestar labores sino que por lo avanzado de su edad su sensibilidad y vulnerabilidad aumentan””, destaca José Asunción Reyes, gerente general del estudio jurídico.
Antecedentes
“El Estudio Jurídico Asunción & Abogados ha sido pionero a nivel nacional en cuanto a este tipo de pretensiones. Cuando se tomó la iniciativa de “Interponer Demandas de Indemnización” en contra de la Oficina de Normalización Previsional, por montos que fluctúan entre 90 mil y 300 mil soles, con la finalidad de resarcir el incumplimiento del deber de la ONP de pagar una pensión o hacerla en forma inoportuna o diminuta transgrediendo el deber especial del Estado de proteger los derechos fundamentales. Había quienes señalaban que lo solicitado era algo utópico e imposible de alcanzar en el sistema judicial peruano, no obstante nunca claudicamos en nuestra lucha, pues teníamos claro que nuestra pretensión era correcta y justa de acuerdo a los estándares nacionales a internacionales”, comenta José Asunción Reyes.
Refiere que al inicio se obtuvo fallos negativos de los juzgados de Lambayeque, por lo que se vieron obligados a recurrir hasta la Corte Suprema, la misma que mediante históricas sentencias iban fijando criterios a tomarse en consideración al momento de resolver este tipo de causas.
“Es así que a la fecha hemos obtenido decenas de sentencias fundadas que indemniza el daño moral traducido ello en el daño al proyecto de vida y a la calidad de vida del cual los jubilados tienen derecho, en este punto debemos precisar que el pago por los conceptos por devengados e intereses legales liquidados por la ONP repararon el daño patrimonial sufrido por el pensionista demandante; es decir con el pago de las pensiones devengadas se ha reparado el lucro cesante y con el abono de los intereses legales se ha reparado el daño emergente causado a la víctima; pero no repara el daño moral”, explica.
Hito jurisdiccional
“Nos llena de esperanza saber que nuestra lucha de años no fue infructuosa. Este es un estímulo para invocar a los órganos jurisdiccionales a fijar montos justos y equitativos acorde con los estándares nacionales e internacionales que siempre hemos defendido, los cuales son: tiempo de afectación del daño; edad del demandante; naturaleza de la institución que ha demorado el pago, en este caso el Estado, que siendo garante de los derechos al haberlos vulnerado, agrava e incrementa el daño; el estado de necesidad de los jubilados, quienes son personas de tercera edad; tiempo de duración del juicio que ordenó restituir sus derechos; estado de pobreza del jubilado y percepción del monto de la pensión, cuando menor es el monto de la pensión, mayor es el daño, estos son los criterios que defendemos”, enfatiza Asunción Reyes.
