• La defensa legal de tres imputados por el caso Hermandad del norte denunció que la Fiscalía no actúa con objetividad.
• El proceso se encuentra en la etapa intermedia, tras cuatro años de iniciado.
El 3 de noviembre del 2016, personal de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior – DIGIMIN, y de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia – DIVICAJ, con la participación de 320 agentes y 34 fiscales, realizó el operativo de desarticulación de la presunta organización denominada Hermandad del norte, capturando a 15 personas e identificando a otras 13 que se encontraban recluidas. De acuerdo con el Ministerio Público, la supuesta organización era responsable de delitos como asociación ilícita para delinquir, sicariato, extorsión, homicidio y robo agravado.
Para los abogados Juan Carlos Velásquez Caro, Milagros Fernández Vieira y José Luis Quiroga Seclén, defensa legal de los imputados en el caso que lleva la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR, ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, existen serias deficiencias que retrasan el proceso.
Quiroga Seclén, quien lleva la defensa legal de Jack Salazar Silva, explicó que el caso nace con la detención preliminar de los imputados es lo que se sustentaba la tesis fiscal de la existencia de una presunta organización criminal ligada a diferentes crímenes, entre ellos el homicidio del auditor de la SUNAT Roberto Cieza Herrera, por presuntamente no aceptar una prebenda para detener la investigación que seguía contra los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano.
Detalló que el elemento principal del Ministerio Público para sostener su tesis era la versión incriminatoria del aspirante a colaborador eficaz 1501-2016, cuya versión sumada a la de otros aspirantes y testigos con identidad reservada conllevaron a la figura de organización criminal.
Indicó que la fiscalía estableció como autores materiales del crimen contra Cieza Herrera a Jack Salazar Silva y Fulgencio Rivera Maza. Sin embargo, luego de formularse la acusación, se observaron aspectos formales y se procedió a devolverla.
Posteriormente, a la fiscalía se le devolvió en dos oportunidades más la carpeta, hasta que en la última acusación del 5 de febrero de este año los abogados se dieron con la sorpresa de que se habían cambiado a los ejecutores materiales del crimen. Esta vez la tesis fiscal atribuía el hecho a Jonathan Jesús Márquez Villegas y Frank Joel Siccha Rodríguez.
Explicó que el caso se encuentra a puertas de iniciar el control de acusación, pero con problemas de carácter procesal muy graves. Citó al fiscal superior y coordinador de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, quien refirió que es inconcebible que un caso de esa naturaleza no pueda ser resuelto en un plazo de tres años.
DILACIÓN DEL PROCESO
A su turno, Fernández Vieira, abogada de Wilmer Zegarra Bonilla, exdirigente de construcción civil, refirió que, en lo concerniente a su patrocinado, la audiencia de control de acusación no ha sido instalada por errores del mismo Ministerio Público, pues el fiscal Germán Montero Ugaz, a cargo del caso, no se hizo presente. Indicó que la dilatación del proceso no obedece a los abogados de la defensa legal, sino netamente responsabilidad del Ministerio Público.
Aseguró que ahora la responsabilidad recae en la jueza Cecilia Grandez Rojas, quien debe reconocer la violación de los principios procesales en los que habría incurrido el Ministerio Público.
"La jueza Grandez debe tener mucho tino en esta situación porque el Ministerio Público nos viene sorprendiendo en todas las audiencias. Se les ha devuelto la carpeta fiscal por muchas deficiencias. Aquí está involucrada la presunción de inocencia, la libertad de los patrocinados. Esta situación la debe resolver el Poder Judicial ante las advertencias de cada uno los abogados de los patrocinados", afirmo.
A ello se suma que la jueza Cecilia Grandez amplió el plazo de 30 días para que el fiscal Germán Montero presente los acuerdos de los colaboradores eficaces, lo cual sería ilegal, según los abogados defensores.
PRIVADOS DE LA LIBERTAD
Por su parte, Velásquez Caro señaló que deben debatirse las acusaciones que se plantearon en un primer momento y que motivaron la investigación preparatoria y posterior privación de la libertad de los imputados bajo mandato preventivo.
Aseguró que la defensa legal de los imputados advirtió la inclusión de hechos nuevos que no habían sido materia de investigación en tres años.
¿Cómo le explicamos a nuestros defendidos que se incorporaban hechos después de tres años de haber sido privados de su libertad, por declaraciones de personas que no se ajustaban a la veracidad?, cuestionó.
Aseguró que la ciudadanía necesita un esclarecimiento claro de la muerte del auditor Cieza Herrera, pero siempre bajo los parámetros de la legalidad.
Noticias esperanzadoras se han dado en la última semana respecto a la emergencia sanitaria por el Covid-19. El martes, el presidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo, anunció que los indicadores de salud señalan que los contagios disminuyen semana a semana, lo que se suma al positivo decrecimiento de las muertes provocadas por la enfermedad. Sin embargo, el país debe permanecer aún alerta.
Hasta el cierre de este informe, el Perú había tomado tres millones 567 mil 927 pruebas de descarte de Covid-19, las cuales han permitido confirmar 738 mil 20 casos desde el inicio de la emergencia, en marzo pasado.
El número de fallecidos a nivel país asciende a 30 mil 927 y la tasa de letalidad de 4.19 %.
DISTRIBUCIÓN NACIONAL
Lima Metropolitana es la jurisdicción con mayor número de casos positivos (316 mil 336), seguida de Arequipa (38 mil 52), Piura (32 mil 601), Callao (30 mil 306), Lima Región (26 mil 345), La Libertad (25 mil 688), Ica (24 mil 492), Lambayeque (24 mil 85) y Áncash (20 mil 649).
Más abajo se ubican: Cusco (18 mil 555), Cajamarca (17 mil 747), Junín (17 mil 483), Loreto (17 mil 174), San Martín (15 mil 707), Ucayali (15 mil 75), Huánuco (14 mil 418), Amazonas (12 mil 614), Moquegua (11 mil 84), Puno (10 mil 951), Tacna (10 mil 683), Ayacucho (nueve mil 997), Madre de Dios (siete mil 180), Tumbes (seis mil 517), Huancavelica (cinco mil 768), Pasco (cuatro mil 477) y Apurímac (cuatro mil 36).
HOSPITALIZADOS
Al 16 de septiembre, los indicadores de la Sala Situacional Covid señalan que hay cuatro mil 193 pacientes hospitalizados en establecimientos de EsSalud; 316 en los hospitales (sanidades) de las Fuerzas Armadas y policiales; cuatro mil 642 en los nosocomios del Ministerio de Salud y bajo administración de los gobiernos regionales, y 811 en clínicas privadas. El total asciende a nueve mil 962 pacientes.
De estos, mil 451 se encuentran con ventilación mecánica y ocho mil 511 bajo observación del personal médico. Esto representa que el 14.57 de los hospitalizados se encuentra en situación crítica.
DISPONIBILIDAD DE CAMAS
Lo positivo de los últimos días es que el número de camas disponibles ha incrementado, lo que representa que son menos las personas que requieren de hospitalización para seguir con el tratamiento por Covid-19.
Por ejemplo, hay en estos momentos 274 camas con ventilador mecánico disponible a nivel nacional, de las cuales 94 se encuentran en EsSalud y 108 en los hospitales del MINSA. Lógicamente esa cifra es variable hora a hora.
FALLECIMIENTOS
De los 30 mil 927 fallecimientos por Covid-19 (al 16 de septiembre), el 70.2 % (21 mil 712), son varones; en tanto el 29.8 % (nueve mil 215), mujeres.
El Ministerio de Salud reporta 14 mil 176 fallecimientos y EsSalud 11 mil 607. Otras tres mil 380 personas murieron en sus domicilios, la vía pública u otros lugares; 873 en clínicas privadas; 830 en los nosocomios de las Fuerzas Armadas y policiales; 35 en establecimientos del Instituto Nacional Penitenciario (cárceles), y hay 26 muertes en investigación.
Del total de muertes, 21 mil 556 se han producido en adultos mayores; ocho mil 979 en adultos; 262 en jóvenes, 91 en niños y 39 en adolescentes.
INDICADORES A LA BAJA
Tras la evaluación de las cifras, el presidente de la república, Martín Vizcarra, informó que los indicadores de contagio, hospitalizaciones y fallecimientos por Covid-19 en el país disminuyen gradualmente semana a semana en el último mes.
Indicó que, de acuerdo a reportes del Ministerio de Salud, en regiones del norte y el oriente la pandemia está estabilizándose a la baja, y en el centro y sur han comenzado a descender los indicadores.
"Tenemos que poner el esfuerzo en la sierra sur: Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, donde no está subiendo pero no baja como queremos", manifestó el jefe de Estado.
Según remarcó, esto permite ver "una esperanza, una luz al final del túnel". Sin embargo, dijo que la población no puede confiarse.
"Unidos nadie nos puede vencer", dijo al destacar el trabajo conjunto que despliegan ministerios como Salud, Defensa, Interior, Fuerzas Armadas y gobiernos locales frente al Covid-19.
Con la derrota del virus, enfatizó el mandatario, se desarrollará la economía del país, se generarán fuentes de trabajo y se mejorará la calidad de vida de los peruanos.
Con unidad, agregó, se derrotará también el virus endémico de la sociedad que es la corrupción.
LAMBAYEQUE
Hasta el momento, en Lambayeque se han tomado 99 mil 253 muestras para el descarte del Covid-19, habiéndose confirmado 24 mil 85 casos positivos. De este total, 21 mil 580 casos se diagnosticaron con pruebas rápidas y dos mil 505 por pruebas moleculares.
El número de fallecidos con diagnóstico confirmado de coronavirus es de mil 905, en tanto 392 personas murieron con la sintomatología de la enfermedad, pero sin diagnóstico confirmado. La suma alcanza dos mil 297.
De acuerdo a la información de la Gerencia Regional de Salud, el número de recuperados es de 11 mil 951, que se distribuyen en: ocho mil 617 altas epidemiológicas y tres mil 334 altas hospitalarias.
Los distritos con mayor número de casos confirmados son: Chiclayo (siete mil 788), José Leonardo Ortiz (dos mil 663), La Victoria (mil 777), Lambayeque (mil 601) y Ferreñafe (mil 672).
AVANCE EN PRUEBAS
La Gerencia Regional de Salud, a través del Laboratorio de Referencia Regional de Salud Pública, implementó hace un mes el laboratorio provisional de biología molecular, donde se procesan diariamente más de 100 pruebas moleculares y los resultados se obtienen hasta en seis horas; con un diagnóstico más seguro y oportuno de Covid-19.
Al inicio de la pandemia, las muestras se procesaban en el Instituto Nacional de Salud (Lima) entre 15 a 20 por semana y los resultados tardaban hasta 10 días. Posteriormente, se autorizó al Hospital Regional Lambayeque, cuyos profesionales lograron bajar los tiempos a cuatro días. Ahora, los resultados se obtienen en un máximo de seis horas con un procesamiento de hasta 100 muestras por día.
El jefe del Laboratorio de Referencia Regional de Salud Pública, Wilson Zafra Ortiz, mencionó que la respuesta en el procesamiento de pruebas moleculares ha ido mejorando gracias al apoyo constante del Instituto Nacional de Salud (INS), que hasta la fecha sigue enviando equipamiento, materiales e insumos.
“Enviábamos al Hospital Regional un promedio de 70 muestras diarias, ahora procesamos un promedio similar, con días que hemos tenido más de 100 muestras. Con los equipos que contamos actualmente y la infraestructura, hemos podido hacer el proceso con buena resolución gracias a profesionales capacitados por el INS”, detalló Zafra.
En cuanto a cifras, desde que inició la pandemia, se han procesado siete mil 580 pruebas moleculares, de las cuales, dos mil 578 han resultados positivas, 4 mil 957 negativas y 45 se encuentran en proceso. Desde que inició en funcionamiento, el 6 de agosto, solo el Laboratorio de Referencia Regional de Salud Pública ha procesado mil 776 pruebas moleculares.
Zafra Ortiz, indicó que hasta la fecha se encuentran abastecidos con un total de cinco mil pruebas moleculares enviadas por el INS. “La prueba molecular consta de tres componentes, recientemente el INS nos ha dotado con tres mil medios de transporte viral, así como un promedio de tres mil 500 kits de extracción y amplificación”, apuntó.
En otro momento, informó que la prueba molecular se debe aplicar a los 2 o 3 días de iniciados los síntomas de la enfermedad para tener una mayor seguridad en el resultado. “La prueba molecular dada su sensibilidad y especificidad, conviene sacarla al inicio de los síntomas o cuando una prueba rápida arroja un resultado sospechoso”.
El estudio denominado Perú 2020-2021: el nuevo entorno de los negocios, elaborado por el Servicio de Asesoría Empresarial de la firma Apoyo Consultoría S.A.C., da cuenta que el ritmo de contracción de la economía se moderará al cierre del 2020, aunque su recuperación será lenta, toda vez que el índice de operatividad proyectado para diciembre de este año será del 87 %, respecto a los niveles anteriores a la pandemia por el Covid-19. Es decir, por más que se autorice desde el gobierno central el inicio de la cuarta fase de la reactivación económica, más del 10 % de la economía nacional seguiría paralizada.
El estudio, que también incluye un sondeo realizado en agosto de este año, indica que, para el 66 % de los empresarios, el ritmo de recuperación de la economía al cierre del 2020 será lento; para el 16 %, rápido; para el 10 % habrá un estancamiento prolongado; mientras que para el 8 % habrá un rebote y recaída.
Para Apoyo Consultoría, esto se debe a que las cuarentenas focalizadas continuarán mientras no se logre el acceso a una vacuna, a que las medidas económicas para evitar una crisis financiera continuarán con una implementación lenta y a la existencia de un riesgo regulatorio en diversos sectores, impulsado por el Congreso.
Las proyecciones realizadas en el estudio arrojan que el consumo privado caerá un 10 % este año y tendrá una recuperación del 7 % el 2021. En tanto, el consumo público aumentará en 4 % este año y el próximo disminuirá 1 %. Estas cifras van de la mano con la variación de la inversión. En el caso de la privada, esta caerá 33 % este año y tendrá una recuperación de 15 % el próximo, mientras que la pública caerá 30 % el 2020 y subirá un 24 % el siguiente.
En tanto, el PBI este año alcanzaría el 84 % del logrado el 2019; el 2021, el 95 %; el 2022, el 98 %; y el 2023, el 101 %. Es decir, recién en el 2023 se recuperarían los niveles de producción previos a la pandemia por el Covid-19.
DINÁMICA LABORAL
Asimismo, el estudio prevé que este año el empleo en el sector formal privado caerá un 18 %, lo cual significa que se perderán un promedio de 700 mil puestos de trabajo, mientras que el salario promedio bajará en 6 %. En tanto, la masa salarial (conjunto de remuneraciones que las empresas pagan a los trabajadores) caerá en 23 %.
Por su parte, el empleo en el sector informal caerá un 9 % y su salario promedio en 11 %; mientras que la masa salarial descenderá 19 %.
El estudio refiere que estas cifras obedecen a que las industrias exportadoras están próximas a retomar los niveles de producción que tenían antes del Covid-19 y existe un desempeño positivo de los mercados vinculados a bienes esenciales que contrasta con las duras caídas en otras categorías.
Según el sondeo realizado para el estudio, el 3 % de los empresarios considera que el tamaño del mercado en el que participa su empresa volverá este año a los niveles del 2019, el 41 % estima que esto ocurrirá el 2021, el 46 %, en el 2022; el 9 %, en el 2023; y el 1 %, en el 2024 o después.
También se percibe que en promedio el 40 % de trabajadores continuará haciendo teletrabajo el próximo año. El 24 % de los empresarios señaló que menos del 20 % de sus colaboradores continuarán realizando sus labores de forma remota, el 29 %, entre 20 % y 40 %; el 23 %, entre 40 % y 60 %; el 15 %, entre 60 % y 80 %; y el 8 %, de 80 % a más.
En febrero de este año, la empresa de consultoría económica Macroconsult proyectó que el crecimiento del Producto Bruto Interno – PBI, alcanzaría el 3 % al cierre del 2020. Esta cifra cambió drásticamente en junio, mes cuando un nuevo estudio arrojó como resultado que este indicador caería en 14 % a causa de la pandemia. Según el análisis Escenario económico 2020 - 2021: ¿Hacia dónde vamos?, elaborado por la citada consultora, el perjuicio económico del Covid-19 entre este año y el próximo ascenderá a 244 miles de millones de soles, lo que representa el 32 % del PBI del 2019.
La proyección en febrero del 2020 era alcanzar los 563 mil millones de soles de PBI, para el 2021, 582 mil millones; y para el 2022, 600 mil millones. No obstante, la proyección de junio de este año arroja 470 mil millones (-14 %), 517 mil millones (-10 %) y 547 mil millones (-5.7 %), respectivamente. La estimación de Macroconsult es que recién en el 2023 se recuperarían los indicadores previos a la pandemia.
PBI
El estudio revela que algunos sectores económicos tendrán una dura caída al cabo de este año. Por ejemplo, construcción caería en 35.9 %, manufactura no primaria, 24.6 %; comercio, 18.7 %; electricidad y agua, 14.6 %; minería metálica, 8.8 %; hidrocarburos, 2.8 %; y otros servicios, 10.7 %.
En tanto, para el 2021 se prevé que el sector construcción se recupere en 28.5 %; manufactura no primaria, 23.1 %; comercio 14.5 %; minería metálica, 13.3 %; e hidrocarburos, 11.8 %. En suma, el PBI total del 2021 representará un 5.4 % menos que el 2019.
Asimismo, el PBI primario en el segundo semestre del 2020 alcanzó el 62 % respecto al 2019, mientras que el no primario el 67 % a comparación del año pasado. El PBI primario fue afectado por la menor demanda de sectores como el pecuario e hidrocarburos, mientras que en el no primario será el sector servicios el que más resiliencia demuestre, principalmente por los rubros de telecomunicaciones y financieros.
El estudio refiere que – al 19.1 % del PBI respecto al 2019 (146 mil 980 millones de soles) – el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, aporta el 1.9 % (14 mil 600 millones), las empresas el 11.9 % (91 mil 680 millones) y los hogares el 5.3 % (40 mil 700 millones).
CONSUMO E INVERSIÓN
Respecto al consumo privado, este cayó al 88 % en el segundo trimestre del 2020, respecto a lo registrado en el 2019. Durante el tercer trimestre, este alcanzó el 92 % y se estima que a fin de año llegue al 94 %. Asimismo, el estudio proyecta que el 2021 el consumo alcanzará el 96 % en el primer trimestre, 97 % en el segundo, 99 % en el tercero y llegaría al 100 % en el cuarto. Todo a comparación de lo registrado en el 2019.
Sobre la inversión privada, el estudio señala que la condonación de deudas, la especulación, el acaparamiento, el impuesto patrimonial y los controles de precios, sumado al contexto electoral del próximo año, ralentizarían su recuperación.
Así, en el segundo trimestre de este año la inversión privada descendió hasta el 43 % a comparación del 2019 y cerraría en 72 % al cabo de este año. En tanto, se proyecta que en el primer trimestre del próximo año llegue al 75 %, en el segundo al 77 %, en el tercero al 78 % y en el cuarto al 79 %, respecto al 2019.
Asimismo, el empleo independiente, que había caído a - 32.6 % en febrero de este año, descendió a -63.4 % a junio. En tanto, el empleo independiente, que registraba un aumento del 6.8 % en febrero, bajó a -49.6 % en junio. El estudio de Macroconsult señala que el empleo puede recuperarse el próximo año, pero los salarios seguirán deteriorándose, es decir, habrá precarización laboral.
En cuanto a la pobreza monetaria (hogares, cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir la canasta básica de alimentos, que en el Perú está valorizada en 352 soles), la proyección es que – sin la distribución de los bonos – esta alcanzaría al 27 % de la población al cierre de este año, mientras que – en un escenario con un bono “perfectamente focalizado” – al 25 %. Ambas cifras representan un retroceso de casi 10 años.
El estudio también refiere que el 14.8 % de la población pasó del segmento económico alto al medio no vulnerables, el 25.4 % al medio vulnerable (no menos de 612 soles) y el 5.2 % al pobre no extremo (no menos de 352 soles).
POLÍTICA MACROECONÓMICA
La otra cara de la moneda es el contexto internacional, donde a nivel de Latinoamérica el Perú mantiene uno de los riesgos país más bajo, debido al porcentaje del PBI que alcanza su deuda bruta (35.1 %), a diferencia de otros estados como Brasil (98.2 %), México (61.4 %) o Colombia (57.8 %). Solo Chile registra una deuda más baja (32.3 %).
Según el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes, calculado por la financiera JP Morgan, el riesgo país de Perú alcanza los 150 puntos; Chile, 185; Colombia, 253; Brasil, 328; México, 493; y Argentina, dos mil 263.
En esa misma línea, el Perú es uno de los países que mejor ha manejado su política de expansión monetaria M1 (cantidad de dinero que circula en manos de los ciudadanos). A comparación del 2019, que alcanzó el 12.9 %, este año – pese a la crisis derivada por la pandemia del Covid-19 – registra un 16.3 %. El financiamiento directo al tesoro público fue del 26.5 %.
En tanto, la expansión monetaria en otros países fue menor. Así, México asciende a 5.3 %, Brasil a 5.8 %, Argentina y Colombia a 12.8 %, y Chile a 25.9 %.
Asimismo, el flujo de dólares y la sobrerreacción del tipo de cambio se han mantenido en estándares normales y la proyección indica que seguirá así hasta fin de año. Se prevé que la moneda extranjera alcance como precio máximo 3.50 soles y mínimo 3.34.
ESCENARIO INTERNACIONAL
Por otro lado, la economía de los principales socios comerciales del Perú también cayó. Estados Unidos registró una disminución del 8 % de su PBI, los países miembros de la Unión Europea del 10.2 % y Latinoamérica del 9.4 %. La excepción, a pesar de haber sido el país donde se originó el Covid-19, es China, que tendrá un ligero crecimiento del 1 %.
Se prevé que la recuperación del próximo año alcance el 4.5 % en Estados Unidos, 6 % en la Zona Euro, 3.7 % en Latinoamérica y 8.2 % en China. A nivel mundial, este año la economía caerá en 4.9 % y el próximo año crecerá 5.4 %.
Según el estudio, la recuperación de China mejoraría la actividad cuprífera del Perú, la recesión de Estados Unidos y la Eurozona afectaría levemente las agroexportaciones no tradicionales y el mayor riesgo de inversión lo representan los países de América Latina.
En tanto, la libra de cobre pasaría de 268 dólares este año a 285 el 2021, el barril de petróleo de 39 a 40, mientras que la onza troy de oro de mil 795 a mil 700.
Se prevé que la política monetaria continúe hiperexpansiva con tasas mínimas de interés por parte del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo. Además, ambas entidades seguirían comprando bonos. Es decir, realizando préstamos.
SITUACIÓN POLÍTICA
Finalmente, el estudio de Macroconsult hace hincapié en el impacto del ruido político en la economía del país. Por ejemplo, resalta que desde el Congreso de la República se han presentado 216 proyectos de ley sobre temas económicos: sistema de pensiones (74); aplazamiento, fraccionamiento y suspensión de pagos (30); acaparamiento y fijación de precios (25); y reactivación económica (13).
Además, se han presentado 11 proyectos sobre medidas laborales, 11 de canon, 10 sobre temas tributarios, siete respecto al control de tasas de interés, seis de apoyo a trabajadores independientes, seis sobre pensiones de educación, cinco de gastos tributarios (se incluyen tres sobre impuestos a la riqueza), cuatro de medidas orientadas a las MYPE, tres a la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), tres de reformas constitucionales, dos sobre reestructuración de programas sociales y dos sobre extensión de bonos sociales.
El alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, afirma que la comuna se encuentra en “insolvencia económica”, pero en lo real la insolvencia es técnica. Tras la injustificada paralización de gasto público, cuatro procesos de contratación lanzados para la rehabilitación de calles deberán retrotraerse en su totalidad, debido a que los expedientes técnicos están mal elaborados. Hay en riesgo más de dos millones y medio de soles.
Se trata de los trabajos de rehabilitación de la avenida Angamos, tramo entre la calle San José y la avenida Augusto B. Leguía; debido a que el expediente técnico no cuenta con estudios básicos originales, plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19, y el análisis de costos unitarios fue elaborado sin criterio técnico; es decir, se deben revisar y volver a estimar.
Otra intervención es la rehabilitación de la avenida Chinchaysuyo, tramo comprendido entre la Panamericana Sur y la calle Amarantos, lado perteneciente al distrito de Chiclayo. En esta obra las observaciones son iguales a las de la avenida Angamos.
La situación se repite en la reparación del pavimento de las calles Arica, 7 de Enero, Los Tumbos, Juan Fanning, Tarapacá y Las Diamelas. En este caso se carece de expedientes técnicos con estudios básicos originales y un adecuado análisis de costos unitarios, pues los existentes formulados sin criterio técnico, por lo que deben ser elaborados nuevamente.
Otro caso es el de reparación de pavimento de las avenidas Angamos, José Balta, El Carmen, José Eufemio Lora y Lora, Luis González, Nacionalismo, Pedro Ruiz, Víctor Raúl Haya de la Torre y El Progreso. Respecto a esta obra, se ha tomado como referencia el Estudio de Mecánica de Suelos elaborado para la avenida Pedro Cieza de León.
Asimismo, no se ha realizado estudio de tráfico, bajo el entendido que no se pretende cambiar o mejorar las capas estructurales del pavimento.
Estas intervenciones se catalogan como ‘Inversiones de Optimización de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición’ – IOARR, financiadas con recursos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC.
Lo grave del asunto es que la Municipalidad Provincial de Chiclayo realizó la contratación de más de diez ingenieros para el área de Estudios y Proyectos, a cargo del arquitecto Delvis Bravo Coronel, y para la Gerencia de Infraestructura, a cargo del arquitecto Roberto Cárdenas Bazán, con la responsabilidad de elaborar los expedientes técnicos, los mismos que resultan deficientes.
PROCESOS CONVOCADOS
El proceso de adjudicación para la obra de la avenida Chinchaysuyo fue publicado en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el 1 de septiembre, con un valor referencial de 507 mil 140 soles.
Un día antes, el 31 de agosto, se publicó en el SEACE la convocatoria de las otras tres intervenciones, estableciéndose los siguientes montos referenciales: Avenida Angamos (tramo entre San José y Leguía), 957 mil 884.77 soles; calles del cuadrante de Chiclayo (Arica - Las Diamelas), 389 mil 66.85 soles, y avenidas varias (Angamos – El Progreso), 722 mil 997.20 soles.
Las inversiones suman dos millones 577 mil 88.82 soles.
Técnicos consultados por Expresión afirman que dadas las incompatibilidades y deficiencias de los expedientes técnicos, se cae en la nulidad absoluta de los procesos y las transferencias de recursos dados a través del Decreto de Urgencia N° 070-2020, decreto para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente ante la emergencia sanitaria producida por el Covid-19.
¿LAVADO DE MANOS?
El 9 de septiembre, el gerente de Infraestructura de la municipalidad, Roberto Cárdenas Bazán, dirigió la Carta N° 122-2020-MPCH/GIP, al presidente del Comité de Selección, Eduardo Grimaldo Díaz Orbegoso, en relación a la Adjudicación Simplificada 9-2020-MPCH-C-S-1, “Contratación para la ejecución de la obra: IOARR: Rehabilitación de la Avenida Angamos, desde San José hasta Augusto B. Leguía”.
En el escrito, el funcionario da cuenta que la Subgerencia de Estudios y Proyectos, a través de su Informe N° 468-2020/MPCH/GIP-SGEP, indica que a pesar que la elaboración del expediente para la mencionada intervención se realizó bajo la asistencia técnica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se realizó una evaluación posterior a fin de verificar los contenidos técnicos.
Roberto Cárdenas responsabiliza a la asistencia técnica del Ministerio de Vivienda de los errores en los expedientes.
“Como producto de la verificación posterior se ha advertido, a través de la Carta N° 016-2020-CGRV, una relación de deficiencias inducidas por la inadecuada asistencia técnica brindada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, hechos que podrían originar un perjuicio a la entidad, por lo que solicita retrotraer el proceso de selección en marcha y proceder a la reformulación del expediente técnico”, se lee en la misiva.
“En función de lo expuesto, se solicita al comité del presente proceso de selección, tomar las acciones que permitan paralizar el presente proceso, para que luego la Gerencia de Infraestructura Pública disponga la reformulación del expediente técnico a fin de prever cualquier perjuicio a la entidad con la ejecución de proyecto con las deficiencias advertidas”, anota el funcionario.
En un giro de 180 grados, el presidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo, quien desde que inició su gobierno se alzó como paladín de la lucha contra la corrupción, se ha visto obligado a pedir disculpas al país por el escándalo “Richard Swing”. Un caso minúsculo y hasta doméstico, le ha pasado una gruesa fractura al mandatario, quien no solo tiene que rendirle cuentas al Congreso, sino que ya admitió que concluido su mandato, el 28 de julio del 2021, deberá ser investigado por el Ministerio Público.
Cuando se hizo público que el cantautor Richard Cisneros había recibido contratos del Ministerio de Cultura en plena emergencia sanitaria, el presidente de la república, Martín Vizcarra, señaló en conferencia de prensa que no tenía ningún vínculo con este, que lo conocía de la campaña presidencial del 2016 y que era probable que como colaborador había conseguido contrataciones con el Estado, aunque admitió que eso no era correcto.
Inmediatamente el caso empezó a convertirse en una bola de nieve. La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República asumió el caso, en tanto el Ministerio Público y la Contraloría General de la República iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer cuán regulares habían sido las contrataciones de Cisneros en el sector Cultura.
Con el trascurrir de las semanas se supo que no solo se trataba de una conferencia motivacional para personal de dicho ministerio durante la emergencia sanitaria, sino que Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, sumaba servicios a este portafolio por el orden de 175 mil soles.
INFORME DE CONTRALORÍA
A inicios de septiembre, la Contraloría General de la República evidenció que el Ministerio de Cultura efectuó pagos indebidos por el monto de 175 mil 400 soles a Richard Cisneros como único proveedor, pese a que no contaba con la especialidad, el perfil y la experiencia debida para la ejecución de actividades motivacionales y otros servicios desde el 2018 al 2020.
La entidad identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 16 funcionarios y servidores públicos del ministerio por hechos irregulares que beneficiaron indebidamente al proveedor, afectando la transparencia de las contrataciones del Estado, así como la finalidad pública prevista.
Por los hechos detectados que forman parte del Informe de Control Específico N° 025-2020-2-5765-SCE, la Contraloría recomendó al Procurador Público del Ministerio de Cultura iniciar las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos; y al titular de la entidad disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan. El informe también será puesto de conocimiento del Ministerio Público.
AUDIOS EN EL CONGRESO
El jueves 10 de septiembre, en la sesión del pleno del Congreso, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón Tejada, solicitó la difusión de tres audios que supuestamente vinculaban a Vizcarra Cornejo con el caso ‘Richard Swing’.
Aun cuando los audios no se habían sometido a peritaje para establecer con certeza la identidad de los intervinientes, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, autorizó su difusión en el pleno, que al mismo tiempo era trasmitido en señal abierta por los medios de comunicación.
El primer audio trató sobre una supuesta una conversación entre Martín Vizcarra, la secretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, y la asistente personal del mandatario, Karem Roca, en el que supuestamente coordinan una estrategia frente a la investigación por el caso ‘Richard Swing’.
El segundo audio era una aparente conversación entre Karem Roca y la funcionaria de Palacio de Gobierno, en tanto el tercer audio versaba sobre una conversación entre Roca y Richard Cisneros.
Un día antes de la propalación de los audios, en conferencia de prensa el mandatario de la nación dijo que respondería las preguntas de la Comisión de Fiscalización sobre este caso, pero por escrito, luego que el presidente de este grupo de trabajo señalase que requerirían su presencia.
“NO VOY A RENUNCIAR”
Tras el escándalo, por la aparente configuración de una estrategia para obstruir la acción de la justicia por parte de Vizcarra Cornejo, voces en el Congreso empezaron a correr la posibilidad de una vacancia presidencial, invocando la causal de “incapacidad moral permanente”.
La tarde del jueves, el presidente Martín Vizcarra ofreció un mensaje a la Nación, en el que denunció intereses subalternos para desestabilizar al país, tomando como pretexto el caso ‘Richard Swing’.
Tras reunirse con el Consejo de Ministros, Vizcarra Cornejo, rechazó que los audios difundidos tengan algo de malo, aseveró que nunca negó conocer a Richard Cisneros y aclaró que no intervino en sus contrataciones con el Ministerio de Cultura.
Dijo, además, que desde el 29 de junio tenía conocimiento de los audios, pues fue advertido por un periodista extranjero, y afirmó que estos habían sido editados y manipulados.
Vizcarra Cornejo cuestionó que quien haya presentado los audios sea el congresista Edgar Alarcón, ex contralor de la República, de quien dijo: es un investigado por corrupción. "La fiscalía está pidiendo que le levanten la inmunidad parlamentaria", aseveró.
Señaló que la difusión de los audios constituye un "juego sucio y perverso" de algunos sectores que buscan "manchar honras" en mérito de intereses electorales. Todos ellos - afirmó - pretenderían sumir al país en una crisis.
“Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la consciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, yo no me corro”, enfatizó.
Invocó a la población a mantenerse unida y concentrada en la lucha contra la pandemia y superar la crisis económica.
PEDIDO DE VACANCIA
Por la noche, las bancadas de Acción Popular, Podemos Perú, Alianza Para el Progreso, Fuerza Popular, Unión Por el Perú y Somos Perú, presentaron la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo.
La representación parlamentaria del Partido Morado votó en contra, en tanto el FREPAP y el Frente Amplio se abstuvieron.
La iniciativa fue presentada con 96 votos a favor, 9 en contra y 23 abstenciones.
Al día siguiente, viernes 10, a las 3:00 de la tarde se inició el debate para determinar si se admitía o no la moción de vacancia, lo que finalmente se aprobó con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones.
Sin embargo, para ese momento el rumor de una conspiración urdida desde el Congreso con antelación empezó a cobrar fuerza.
PRESUNTA CONSPIRACIÓN
Según una información difundida por IDL Reporteros, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, adelantándose a la decisión del Congreso, buscó el respaldo de las Fuerzas Armadas antes de que se admitiera a trámite la moción de vacancia en el pleno del Parlamento.
La información da cuenta que el último jueves 10, el edecán del presidente del Parlamento intentó comunicarse telefónicamente con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Astudillo, cuando este se encontraba de viaje en Madre de Dios.
Se detalla que Astudillo respondió que estaba viajando y no tenía buena conexión. Seguidamente, informó de la llamada al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.
Asimismo, el edecán se comunicó con el comandante general de la Marina, almirante Fernando Cerdán. IDL-Reporteros sostiene que Merino le dijo que “en el marco de la Constitución” se iba a llevar a cabo un proceso que podría terminar con la vacancia del presidente y su reemplazo por el propio Merino.
El sábado, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, acompañado de los ministros de Defensa, Interior y Justicia, así como de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y policiales, ofreció un mensaje en el que no solo anunció cuál sería la estrategia de defensa del Ejecutivo frente al pedido de vacancia, sino que denunció un plan contra el mandatario.
"El consejo de ministros ha aprobado presentar una demanda competencial", refirió la ministra de Justicia, Ana Neyra, señalando que el Tribunal Constitucional deberá establecer cuál es la manera correcta la causal de vacancia por "incapacidad moral permanente".
"La actitud del presidente del Congreso ha sido temeraria al pretender involucrar a la Fuerzas Armadas en un asunto político", aseveró Walter Martos, quien no desaprovechó la oportunidad para hacer un llamado de reflexión política a los congresistas.
Para entonces, algunos partidos como Alianza Para el Progreso, a través de su líder, y Podemos Perú, empezaban a desmarcarse del pedido de vacancia.
Para algunos integrantes del Ejecutivo, el comportamiento de Merino de Lama constituiría en conspiración del delito de sedición.
De acuerdo al artículo 349 de la Constitución Política: "El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar".
DEMANDA COMPETENCIAL
El lunes 14, el Ejecutivo, a través del procurador especializado en asuntos constitucionales, presentó una demanda competencial al Tribunal Constitucional, a fin que este delimite qué configura la “incapacidad moral permanente”, que se invoca en el pedido de vacancia contra Vizcarra Cornejo.
Al mismo tiempo, se presentó una cautelar para frenar el proceso iniciado en el Congreso.
El Tribunal Constitucional eligió a la magistrada Marianella Ledesma como ponente del caso.
Martín Vizcarra, por su parte, volvió a dirigirse al país, esta vez para pedir disculpas.
“Pido disculpas al país, porque una persona del Despacho Presidencial, ha generado está situación con dichos sin base y sin fundamento alguno. (...) El Perú, en medio de la pandemia que estamos atravesando, no merece estar distraído por la situación generada por los lamentables últimos sucesos por lo cual ofrezco mis más sinceras disculpas", manifestó.
Dijo también estar dispuesto a acudir ante el Ministerio Público sin necesidad de esperar al fin de su mandato.
"Por mi investidura, debería corresponder procesarme al finalizar mi mandato, pero estoy dispuesto a dar todas las declaraciones que requiera la fiscalía desde ahora", manifestó.
Así las cosas, Vizcarra Cornejo debe acudir al Congreso de la República este viernes, como manda el reglamento, para exponer sus descargos ante el pleno. De lo que resulte, los congresistas votarán si aprueban o no vacancia. Si esto sucede, Manuel Merino de Lama asumirá la presidencia del país.
El Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL, orden que agrupa a los profesionales de la legalidad, atraviesa una crisis interna que pone en jaque su institucionalidad, pero además los derechos de los agremiados. Esto último porque los órganos deontológicos: Comité de Ética y Tribunal de Honor, emiten sanciones que carecen de validez, toda vez que han sido emitidas con clara vulneración al estatuto.
El problema nace con la elección de José María Balcázar Zelada como decano del ICAL, cuya gestión empezó con el pie equivocado en enero del año pasado.
De acuerdo al estatuto, la conformación del Comité de Ética y del Tribunal de Honor debe aprobarse en el seno del Consejo Directivo. No cabe la posibilidad de la decisión unilateral de parte del decano. Sin embargo, eso fue lo que sucedió en el ICAL.
Desde entonces, la constitución de los órganos deontológicos ha sido uno de los principales cuestionamientos a la manera en la que Balcázar Zelada ha conducido, hasta hoy, al colegio de abogados.
A ello se sumó otros cuestionamientos de parte de la mayoría de integrantes del Consejo Directivo así como de los miembros de la Asamblea de Delegados, que de acuerdo al estatuto es la máxima instancia de gobierno al interior de la orden profesional.
Con acusaciones de malos manejos económicos de por medio, en agosto del año pasado el Consejo Directivo en mayoría aprobó la vacancia de José María Balcázar.
Según el estatuto, en una situación de este tipo corresponde a la Asamblea de Delegados la recomposición del consejo. Empero, Balcázar Zelada, por su parte, vacó a los directivos y llamó a otras personas, desconociendo la autoridad de la asamblea. Esos nuevos directivos no tienen reconocimiento en registros públicos.
“Tanto el Comité como el Tribunal fueron designados de manera ilegal, arbitraria y contra lo que señala el estatuto. El Comité de Ética es conformado por el Consejo Directivo recibiendo las propuestas de abogados idóneos, en tanto el Tribunal de Honor siempre se ha estilado que se conforme por past decanos o personalidades jurídicas de trayectoria intachable. ¿Saben quién integra el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados? Un abogado que en su momento fue denunciado por tocamientos indebidos a una menor de edad. Ese es el círculo de amigos de José María Balcázar Zelada”, afirma Yuri Díaz Jaime, elegido vicedecano de la orden en las elecciones de diciembre del 2018, con inscripción como directivo en registros públicos.
SANCIONES
Pese a la irregular composición de los órganos deontológicos, estos se dieron por válidos para tramitar quejas contra diferentes abogados, principalmente opositores a la gestión de Balcázar Zelada. Este es el caso del abogado penalista Tito Esteves Torres.
Esteves Torres fue quejado por una fiscal del distrito de La Victoria por una publicación que realizó a través de su cuenta personal en Facebook, cuestionando la eficacia de la operadora del Ministerio Público.
El asunto llegó a manos del Comité de Ética y este en noviembre del 2019 impuso sanción contra el letrado, inhabilitándolo para el ejercicio de la profesión por dos años.
Presentado el recurso de apelación, la queja fue elevada al Tribunal de Honor, que funge de segunda instancia en estos asuntos. El 10 de agosto de este año, el Tribunal de Honor, con la Resolución N° 12, ratificó la sanción.
Con ella, Tito Esteves queda impedido de ejercer como abogado en el período que se contabiliza desde el 17 de agosto de este año y el 17 de agosto del 2022. La resolución lleva las firmas de los abogados José Sánchez Millones, presidente del tribunal, y de José Pérez Fernández, José López Díaz y Carlos Díaz Pisfil, integrantes.
Similares decisiones se han adoptado contra otros abogados que cuestionan a Balcázar Zelada, quien hasta hoy continúa ejerciendo funciones como decano del ICAL.
¿PERSECUCIÓN?
“En las elecciones del 2018 fui elegido como integrante de la Asamblea de Delegados del colegio, que por el estatuto es un órgano superior al Consejo Directivo. Sin embargo, desde el primer momento en que el señor Balcázar Zelada asumió el decanato no quiso ningún tipo de fiscalización, ni de su consejo ni de la asamblea. Le exigió al Comité Electoral que no instale a la asamblea. El estatuto mandaba que en marzo del 2019 el señor Balcázar debía convocar a una asamblea general, lo cual nunca sucedió. Nos vimos obligados a recurrir a la vía judicial, decisión que hasta ahora no se emite”, relata Tito Esteves.
Añade que junto a la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo, elegido en las votaciones del 2018, ha cuestionando la manera en la que se conduce el colegio, lo que – en su opinión - dio motivo a que se tome como pretexto la queja presentada en su contra por la fiscal.
“Una muestra de la actitud vengativa de Balcázar Zelada es lo sucedido el diciembre del año pasado, cuando me presenté como postulante a la Junta Nacional de Justicia – JNJ. Había pasado todas las etapas del concurso para integrar la junta, pero el 28 de diciembre del año pasado, sin haberme notificado previamente, remitió la resolución del Comité de Ética que me suspendía por dos años para ejercer como abogado, lo que me impidió continuar en el proceso de selección. Ahora, con el Tribunal de Honor, que maneja a su antojo, no solo me impide ejercer mi profesión, sino también que pueda postular al decanato del colegio”, asevera.
VÍA JUDICIAL
Tras la confirmación de la sanción, Esteves Torres ha recurrido al Poder Judicial con una acción de amparo, solicitando, al mismo tiempo, una medida cautelar que permita suspender los efectos de la resolución del Tribunal de Honor en tanto la autoridad jurisdiccional resuelva si el procedimiento seguido fue o no el correcto.
“La actitud del señor Balcázar Zelada es una venganza por los cuestionamientos que hemos venido realizando a sus manejos en el colegio. Otro ejemplo negativo de lo que sucede es la presencia del actual gerente general, el señor Odar Cornejo Custodio, quien ha sido sancionado por la Corte Suprema con una multa de cuatro UIT. ¿Por qué no lo sanciona el Comité de Ética? Hay otros letrados que han sido sentenciados por el Poder Judicial, sin embargo ahí no se hace nada”, denuncia Tito Esteves.
“Tengo que recurrir al Poder Judicial para hacer valer mis derechos, porque tanto el Comité de Ética y el Tribunal de Honor fueron elegidos a dedo. Existe el acta de la directora secretaria del
Consejo Directivo válido que señala que nunca hubo acuerdo de este para conformar ambos órganos. Yo tengo la seguridad que Poder Judicial va a rectificar las irregularidades cometidas por el señor Balcázar Zelada y compañía”, añade el letrado.
ELECCIONES
Tras los cuestionamientos a su accionar en el colegio, Balcázar Zelada publicó un comunicado en un diario nacional, con recursos de la institución, anunciando el recorte del período de gestión y convocando a elecciones para el 29 de agosto. Sin embargo, dicho proceso no se ha realizado.
“Ese comunicado lo hizo para congraciarse con los abogados hartos de sus malos manejos. El señor Balcázar crea historias y en su mitomanía dijo lo de las elecciones para salir del paso. El señor Balcázar no va a dejar el cargo así nomás. Ahora ha sacado un comunicado diciendo que por la situación de emergencia en la que nos encontramos probablemente no haya elecciones”, manifiesta Díaz Jaime.
Legalmente, el período para el que fue elegido José María Balcázar fenece en diciembre de este año, mes en el que se debería convocarse a elecciones para la renovación del Consejo Directivo.
“Lo que hace este señor no es solo contra el colegio, son ilícitos. ¿Cómo es posible que en sus cuentas personales reciba dinero del colegio? ¿En una cuenta a su nombre recibe el dinero de las colegiaturas? ¿Cómo es posible que el Ministerio Público archive una denuncia en su contra por fraude en la administración de personas jurídicas, cuando se ha demostrado la comisión de ilícitos?”, cuestiona el vicedecano.
El 10 de septiembre la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, la municipalidad provincial y la Gerencia Regional de Salud – GERESA, suscribieron un convenio para la implementación de un albergue para personas con problemas mentales. Sin embargo, el documento no fue aprobado por el Directorio de la entidad.
Según se informó, se estima una inversión de 216 mil 759 soles para la creación del primer hogar protegido en el departamento, cuyo objetivo es brindar atención a las personas con problemas mentales en situación de abandono.
El convenio, establece que el albergue estará ubicado en la calle Los Laureles N° 109, de la Urbanización Los Libertadores, inmueble propiedad de la Beneficencia de Chiclayo, comprometiéndose esta a la optimización de los servicios básicos y la infraestructura.
En contraparte, la Gerencia Regional de Salud se encargará de la contratación del personal de enfermería, ocho técnicos en enfermería, un administrador y un cocinero, mientras que la municipalidad exonerará el pago de arbitrios.
“El convenio firmado por el gerente de Salud Lambayeque, Dr. Víctor Echeandía Arellano, el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas y el presidente del directorio de la Beneficencia, Ing. Juan José Salazar García, hace realidad este primer hogar protegido, mismo que beneficiará a 8 personas con trastornos mentales graves o severos y del comportamiento con discapacidad mental, intelectual, psicosocial que no cuenten con apoyo familiar o social; para contribuir a la mejora de su autonomía, reducir el deterioro de su salud y recuperar sus funciones que limitan su desarrollo personal y social”, publicó la GERESA en su página web como nota informativa.
Se añade que el inmueble contará con el personal “para garantizar su correcto alojamiento con vestimenta de acuerdo a la estación, cultura y respeto al género; así como alimentación, apoyo personalizado y acompañamiento permanente” de los beneficiarios.
“También, se les brindará el apoyo psicosocial orientado a promover la integración social, incluyendo actividades cotidianas, autocuidado, relaciones sociales, integración comunitaria, ocio y tiempo libre”, reza la nota informativa.
CUESTIONAMIENTO
El mismo día de la firma del convenio, el integrante del Directorio de la Beneficencia de Chiclayo, abogado César Samamé Cornejo, representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se dirigió por escrito al presidente de la entidad, Juan José Salazar García, requiriendo información sobre el acuerdo.
En su escrito, Samamé Cornejo le recordó a Salazar García que “el Directorio es el órgano de mayor nivel de las Sociedades de Beneficencia y entre sus funciones está: aprobar la suscripción de convenios y contratos que impliquen la disposición de bienes inmuebles de la Sociedad de Beneficencia, en el marco de la normativa vigente”.
“Siendo miembro del Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, es mi responsabilidad pronunciarme sobre el asunto planteado y rechazo el convenio suscrito por su persona por cuestiones de forma”, anota el directivo.
LAS SESIONES
Samamé Cornejo refirió que el 26 de agosto, el Directorio aprobó por unanimidad “manifestar la voluntad de ceder en uso el inmueble ubicado en la calle Los Laureles N° 190, Urbanización Los Libertades, para fines del proyecto denominado: Albergue de adultos mayores de la Gerencia Regional de Salud – GERESA, esperando se haga llegar el proyecto y convenio respectivo”.
El 2 de septiembre, el Directorio volvió a sesionar, esta vez para tratar como agenda el documento propuesta de la GERESA sobre albergue para indigentes.
“Como Directorio no se tomó ninguna decisión. La GERESA solicitó que se conceda un inmueble (vivienda) en la modalidad de cesión en uso por un tiempo mínimo de diez años”, detalla el representante del Ministerio de la Mujer.
La reserva del Directorio por adoptar una decisión se debió a que no se tenía aún informe del Asesoría Legal que dé validez al documento, por lo que se acordó esperar el pronunciamiento de la unidad correspondiente.
En la misma sesión, Salazar García precisó (consta en audios) que se esperaría, además, la opinión técnica de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
VULNERACIÓN DE LAS NORMAS
César Samamé señala en el escrito que Salazar García firmó el convenio sin tener la autorización debida del Directorio de la Beneficencia, con lo cual estaría vulnerando el marco legal vigente.
“El contenido del convenio que usted ha suscrito, sin autorización del Directorio, vulnera el artículo 7, inciso c), del Decreto Legislativo 1470, desconociendo en absoluto las atribuciones del directorio y actuando de manera política, ya que su accionar perjudicará la atención e implementación del Centro de Atención Residencial para personas con discapacidad mental”, afirma.
El director anota que en la sesión del Directorio del 2 de septiembre manifestó su opinión respecto a esperar el pronunciamiento de Asesoría Legal para que el Directorio tome conocimiento y posteriormente se autorice la suscripción del convenio.
“El 10 de septiembre presenté vía WhatsApp observaciones advertidas por mi persona, las mismas que adjunto, a fin de ser consideradas en la redacción del convenio, en mérito a que en el directorio del 2 de septiembre nos comprometimos a realizar dicha acción, máxime que habría un próximo directorio para aprobar el convenio, este último requisito nunca sucedió. Y usted le falta el respeto al Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo”, acusa.
MARCO LEGAL
El Decreto Legislativo N° 1411, que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las sociedades de beneficencia, señala en su artículo 7 que “el Directorio es el órgano de mayor nivel de las sociedades de beneficencia y tiene entre sus funciones aprobar la suscripción de convenios y contratos que impliquen la disposición de bienes inmuebles”.
Asimismo, el artículo 14 del referido dispositivo precisa en su numeral 14.1 que “los recursos de las sociedades de beneficencia se utilizan para los fines señalados en el artículo 2 y contribuyen al cierre de brechas de servicios en favor de las personas en condición de vulnerabilidad, en su jurisdicción.
El artículo 2 señala que las sociedades de beneficencia tienen por finalidad prestar servicios de protección social de interés público en su ámbito provincial, a las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad, de manera complementaria a los servicios que presta el Estado, bajo los enfoques de derechos, género, interculturalidad e intergeneracional.
“He pedido al presidente de la beneficencia que informe al Directorio sobre la legitimidad del convenio suscrito, en salvaguarda de los intereses de la institución”, anota César Samamé.
OBSERVACIONES
Según el abogado, el convenio suscrito por la Beneficencia de Chiclayo, representada por Salazar García en su condición de presidente, tiene diferentes incongruencias, como, por ejemplo, la invocación de una base legal errada y omisiones respecto a lo que señala el Decreto Legislativo N° 1411.
También señala inconsistencias respecto a la finalidad y los compromisos que asume la beneficencia.
Una de los más saltantes es que no se especifica qué entidad asumirá la entrega de alimentación, residencia, vestido a los usuarios, vigilancia y limpieza del centro de acogida.
Del mismo modo, observa las cláusulas referidas al financiamiento, la buena fe de las partes, la política anticorrupción y el uso de la información.
El 3 de noviembre del 2016, personal de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior – DIGIMIN, y de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia – DIVICAJ, con la participación de 320 agentes y 34 fiscales, realizó el operativo de desarticulación de la presunta organización denominada “Hermandad del norte”, capturando a 15 personas e identificando a otras 13 que se encontraban recluidas. De acuerdo con el Ministerio Público, la supuesta organización era responsable de delitos como asociación ilícita para delinquir, sicariato, extorsión, homicidio y robo agravado.
Para los abogados Juan Carlos Velásquez Caro, Milagros Fernández Vieira y José Luis Quiroga Seclén, defensa legal de los imputados en el caso que lleva la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR, ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, existen serias deficiencias que retrasan el proceso.
Quiroga Seclén, quien lleva la defensa legal de Jack Salazar Silva, explicó que el caso nace con la detención preliminar de los imputados es lo que se sustentaba la tesis fiscal de la existencia de una presunta organización criminal ligada a diferentes crímenes, entre ellos el homicidio del auditor de la SUNAT Roberto Cieza Herrera, por presuntamente no aceptar una prebenda para detener la investigación que seguía contra los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano.
Detalló que el elemento principal del Ministerio Público para sostener su tesis era la versión incriminatoria del aspirante a colaborador eficaz 1501-2016, cuya versión sumada a la de otros aspirantes y testigos con identidad reservada conllevaron a la figura de organización criminal.
Indicó que la fiscalía estableció como autores materiales del crimen contra Cieza Herrera a Jack Salazar Silva y Fulgencio Rivera Maza. Sin embargo, luego de formularse la acusación, se observaron aspectos formales y se procedió a devolverla.
Posteriormente, a la fiscalía se le devolvió en dos oportunidades más la carpeta, hasta que en la última acusación del 5 de febrero de este año los abogados se dieron con la “sorpresa” de que se habían cambiado a los ejecutores materiales del crimen. Esta vez la tesis fiscal atribuía el hecho a Jonathan Jesús Márquez Villegas y Frank Joel Siccha Rodríguez.
Explicó que el caso se encuentra a puertas de iniciar el control de acusación, pero con problemas de carácter procesal muy graves. Citó al fiscal superior y coordinador de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, quien refirió que es "inconcebible" que un caso de esa naturaleza no pueda ser resuelto en un plazo de tres años.
DILACIÓN DEL PROCESO
A su turno, Fernández Vieira, abogada de Wilmer Zegarra Bonilla, exdirigente de construcción civil, refirió que, en lo concerniente a su patrocinado, la audiencia de control de acusación no ha sido instalada por errores del mismo Ministerio Público, pues el fiscal Germán Montero Ugaz, a cargo del caso, no se hizo presente. Indicó que la dilatación del proceso no obedece a los abogados de la defensa legal, sino netamente responsabilidad del Ministerio Público.
Aseguró que ahora la responsabilidad recae en la jueza Cecilia Grandez Rojas, quien debe reconocer la violación de los principios procesales en los que habría incurrido el Ministerio Público.
"La jueza Grandez debe tener mucho tino en esta situación porque el Ministerio Público nos viene sorprendiendo en todas las audiencias. Se les ha devuelto la carpeta fiscal por muchas deficiencias. Aquí está involucrada la presunción de inocencia, la libertad de los patrocinados. Esta situación la debe resolver el Poder Judicial ante las advertencias de cada uno de los abogados de los patrocinados", afirmó.
PRIVADOS DE LA LIBERTAD
Por su parte, Velásquez Caro señaló que deben debatirse las acusaciones que se plantearon en un primer momento y que motivaron la investigación preparatoria y posterior privación de la libertad de los imputados bajo mandato preventivo.
Aseguró que la defensa legal de los imputados advirtió la inclusión de hechos nuevos que no habían sido materia de investigación en tres años.
"¿Cómo le explicamos a nuestros defendidos que se incorporaban hechos después de tres años de haber sido privados de su libertad, por declaraciones de personas que no se ajustaban a la veracidad?", cuestionó.
Aseguró que la ciudadanía necesita un esclarecimiento claro de la muerte del auditor Cieza Herrera, pero siempre bajo los parámetros de la legalidad.
La austeridad no es una de las características que distingue a la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas al frente de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. La alicaída situación financiera de la comuna, sumada a la crisis económica derivada de la pandemia por el Covid-19, poco impacto ha tenido en las remuneraciones de los funcionarios de confianza del burgomaestre, las cuales demandan un desembolso de cinco millones 54 mil 400 soles al año, con la nueva escala remunerativa aprobada en enero pasado.
El aumento de las remuneraciones ha sido una de las principales intenciones de la actual administración municipal desde que empezó su gestión. Con apenas nueve días en el cargo, el concejo municipal – con el rechazo de los tres regidores de oposición (Orlando Puell Varas, Percy Espinoza Gonzáles y Jony Piana Ramírez) aprobó el aumento de sueldo del alcalde de nueve mil soles a once mil 50.
En aquella oportunidad el aumento no se hizo efectivo, pues el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, emitió un comunicado advirtiendo que los alcaldes distritales y provinciales no podían incrementarse los sueldos, toda vez que esto solo se logra a través de un decreto supremo emitido por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, mediante el Decreto Supremo N° 413-2019-EF, del 30 diciembre del año pasado, el gobierno central aprobó una nueva escala de compensación económica para los alcaldes provinciales y distritales, con la cual Gasco Arrobas pasó de percibir nueve mil soles a 13 mil 260 al mes.
Según refiere el regidor Percy Espinoza Gonzales, esta disposición del Poder Ejecutivo no era de cumplimiento obligatorio, sino facultativo; es decir, en función de los recursos del municipio. Pese a ello, la administración municipal optó por proceder con el aumento de la remuneración.
FUNCIONARIOS
En esa línea, el 17 de enero de este año se aprobó la nueva escala remunerativa para funcionarios y directivos superiores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a través de la Resolución de Alcaldía N° 015-2020-MPCH/A.
Con este documento se dejó sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 068-2016-MPCH/A, que fijaba las remuneraciones anteriores. Así, el gerente municipal pasó de percibir mensualmente ocho mil 500 soles a 11 mil 900; los directores superiores (gerentes y jefes de órganos desconcentrados), de siete mil a nueve mil 900; y los subgerentes y jefes de unidad, de seis mil a siete mil 900.
Los beneficiados con este incremento son en total 48 funcionarios que ocupan los cargos de confianza del alcalde. Aquí se encuentra el gerente municipal, Eleazar Torres Ybañez, cuyo sueldo con la nueva escala se fijó en 11 mil 900 soles.
Asimismo, están los 15 gerentes de línea, quienes perciben una remuneración de 11 mil 900 soles y en conjunto su sueldo asciende a 148 mil 500 soles. Aquí están Juan Carlos Ibañez Álvarez, gerente de Administración y Finanzas; Ericka Ginanyelly Araujo Gonzales, de Recursos Humanos; José Germán Flores Cabanillas, de Asesoría Jurídica; Alberto Enrique Samillán Ayala, de Tecnología de la Información y Estadística; José Luis Perleche Ramos, de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; Derliz Factor Guzmán Tejada, de Desarrollo Social y Promoción de la Familia; y Manuel Helmut Mechan Wong, de Desarrollo Urbano.
Además, está el gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, César Augusto Vílchez Arévalo; el de Infraestructura Pública, Roberto Mario Cárdenas Bazán; el de Desarrollo Vial y Transportes, Sttanley Junior Antonio Rodas Fuentes; de Secretaría General, Jesús Antonio Revilla Jibaja; de Desarrollo Económico Local, Juan José Salazar García; y de Desarrollo Ambiental, Marco Randy Alvites Vilela. Se suman a esta lista Raúl Teodoro Porturas Quijano, procurador público municipal; y Sandra Rocío Gonzáles Zúñiga, jefa del órgano de Control Institucional.
En tanto, están los 28 subgerentes y jefes de unidad, que perciben un sueldo de siete mil 900 soles y en total le cuestan mensualmente a la municipalidad 221 mil 200 soles. Algunos de estos funcionarios son Yhusley Keriban Angulo Angulo, subgerente de Participación Vecinal; Juver Antonio Pérez Pachanasi, de Tesorería y Finanzas; Delvis Jonathan Bravo Coronel, subgerente de Estudios y Proyectos; entre otros.
A ellos se suman el asesor de alcaldía, cuya remuneración es de nueve mil 900 soles, y los tres jefes de los órganos desconcentrados: Manuel Arturo Yerren Callacna, del Centro de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastres; Gustavo Eduardo Ramírez Vergara, del Instituto Metropolitano de Planificación Territorial y Gestión Catastral; y Edwin Gonzalo Vásquez Sánchez, del Instituto Vial Provincial. Los cuatro funcionarios en conjunto suman 39 mil 600.
El monto total que demandan las remuneraciones de estos 48 funcionarios al mes es de 421 mil 200 soles, cifra que multiplicada por los 12 meses del año arroja un total de cinco millones 54 mil 400 soles. Esto representa un aumento de casi un millón 200 mil soles, respecto a años anteriores
CAS
Por otro lado, según el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad Provincial de Chiclayo cuenta con 211 trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, cuyos sueldos oscilan entre 810 y 11 mil 900 soles. Aquí están incluidos los gerentes, subgerentes, jefes de unidad y jefes de órganos desconcentrados.
La planilla mensual de los CAS le demandan a la Municipalidad de Chiclayo un total de 694 mil 666.5 soles, lo cual al año arroja un total de ocho millones 335 mil 998 soles, sin contar los aguinaldos de julio y diciembre.
TRABAJADORES
En tanto, el secretario del Sindicato Provincial de Trabajadores. Municipales de Chiclayo – SITRAMUNICH, Rafael Margari Reyes, revela que la planilla de trabajadores le cuesta a la municipalidad apenas 375 mil 251 soles, producto de los 383 servidores nombrados y 23 contratados. Es decir, 45 mil 949 soles menos que lo que le demandan los 48 funcionarios antes citados.
Margaret Reyes señala que el sueldo promedio de un trabajador municipal es de mil 600 soles, aunque hay algunos contratados que perciben incluso menos que el sueldo mínimo, fijado en 930 soles.
CONCEJO MUNICIPAL
Al respecto, a través de la Carta N° 033-2020-MPCH-LKCV/SR, del 14 de este mes, la regidora Lucy Karina Villegas Campos le solicitó al burgomaestre reconsiderar el aumento de sueldo de los funcionarios de confianza, en virtud de la crisis económica por la que atraviesa el país y que agrava la situación financiera de la comuna provincial. En la misiva, la concejal señala que el cuerpo de regidores también está dispuesto a la reducción de las dietas, en aras de coadyuvar a paliar la crisis.
En esa misma línea, la regidora con apoyo de otros cinco munícipes más (Jony Piana Ramírez, Orlando Puell Varas, Percy Espinoza Gonzales, Pedo Ubillús Falla y Randy Vegas Díaz) le solicitaron al alcalde la convocatoria a una sesión extraordinaria para que informe sobre las medidas de ajuste fiscal frente a la crisis financiera.
Entre los fundamentos de dicho requerimiento están las declaraciones brindadas por el alcalde Marcos Gasco y el gerente municipal Eleazar Torres Ybañez, en las cuales califican la situación financiera de la municipalidad como de “insolvencia económica”, lo cual afectaría servicios básicos como el recojo de la basura.
“Cabe indicar que estas declaraciones son de nuestra especial preocupación, más aún cuando no se ha informado al pleno del concejo sobre el control de la recaudación de los ingresos municipales, de manera mensual, contraviniendo a lo dispuesto en el numeral 15, del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades - LOM, sobre atribuciones del alcalde”, se lee en la solicitud.
El empresario Ernesto Flores Vílchez conversó con Expresión sobre la situación actual del sector azucarero en Lambayeque, departamento golpeado directamente por la emergencia sanitaria, principalmente por la disminución de la mano de obra debido a la existencia de grupos de riesgo, pero también por la escasez de recurso hídrico en el valle Chancay – Lambayeque.
“La pandemia, a los empresarios del sector alimentos nos ha chocado bastante porque las ventas han bajado. La producción disminuyó porque la industria azucarera atraviesa tremendos problemas, pues no podemos importar equipos por la pandemia. Las compañías en Lima aún no están produciendo con normalidad y hay muchos repuestos que las fábricas necesitan y se deben mandar a confeccionar de acuerdo a sus características. No es como comprar un repuesto estándar”, explica.
Detalla que hay repuestos cuya elaboración demora entre dos y tres meses.
Por otro lado, indica que debido a la pandemia no todos los trabajadores del sector están yendo a laborar, debido a que existen grupos de riesgo. Esto tiene un impacto directo sobre los indicadores de productividad.
“El equipo humano, que es de gran importancia para la industria, no está al 100 %. Las empresas están prácticamente al 50 % de su capacidad. Como empresario le vendo caña a una de las empresas azucareras más grandes que hay en Lambayeque y, debido a los problemas que se presentan en la fábrica, la caña está almacenada uno o dos días. La caña, una vez cortada y quemada se debe transportar de inmediato a su proceso. Si no se procesa rápido se pierde gran parte de la rentabilidad”, explica.
Una tonelada de caña, normalmente, puede generar hasta 120 kilos de azúcar. En Lambayeque, Agrolmos, del Grupo Gloria, sí llega a ese máximo. En tanto, Pucalá obtiene 95 kilos por tonelada, mientras que Pomalca entre 100 y 105. Para alcanzar mejores niveles de productividad se requiere de más inversión.
Flores Vílchez comenta que la escasez de agua también es muy preocupante. El reservorio Tinajones está en su capacidad mínima y no se está habilitando el agua para la agricultura. Este problema va a generar serios problemas en la producción, al punto que muchas plantaciones de caña se están secando.
ALTERNATIVA
El empresario sugiere que una buena alternativa para revertir la crisis del sector es la aplicación de proyectos pilotos de agroexportación, toda vez que requieren de menor cantidad de agua para riego, generan mayor mano de obra y los productos tienen mayor rentabilidad en el mercado.
“La agroexportación es el boom ahora en el país y se están dando muy buenos resultados con cultivos como la uva, la palta y los arándanos, por lo que creo que se deberían tomar algunas decisiones para que las empresas azucareras también puedan orientarse a ello”, señala.
Anota que se debe concientizar a nivel social, porque si no se hace de ese modo, “la gente al ver que los terrenos de sus empresas están reconvirtiéndose en otros cultivos asumirán que se está llevando a la quiebra a la industria azucarera”.
“Los trabajadores aman su fábrica, están acostumbrados a ese tipo de producción, por eso se tiene que hacer un trabajo social con ellos”, indica.
Refiere que en el sector azucarero de Lambayeque se tiene que hacer sí o sí por lo menos un plan piloto de agroexportación, en al menos el 10 % de todas las áreas de cultivo para dar trabajo a las amas de casa.
“Las esposas no pueden vivir únicamente de la economía del esposo, deben tener ingresos propios y en la agroexportación hay mucho trabajo manual. Si se logra, se haría un buen trabajo social y se mejoraría la economía en el sector azucarero”, asevera.
PAGO DE IMPUESTOS
Pese a la crítica situación, el empresario comenta que como persona natural ha pagado dos millones 198 mil 986 soles en impuestos al Estado.
El monto se divide en la declaración de impuestos correspondiente al 2017, que asciende a 48 mil 576 soles; 150 mil 432 por el ejercicio 2018 y 144 mil 876 soles por el 2019.
A ello se suman un millón 855 mil 102 soles pagados a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, por otros conceptos.
“Eso evidencia que - aun cuando los tiempos son difíciles - tenemos la obligación de cumplir con el estado en el pago de nuestros impuestos. Puedo dar testimonio de los beneficios que trae trabajar desde la formalidad, de ahí mi interés de alentar a los emprendedores y empresarios a cumplir con las reglas que establece el estado, a través de las autoridades de control y fiscalización tributaria, para generar mayor desarrollo en el país, porque con nuestros impuestos se construyen obras y mejores condiciones de bienestar para las familias del país”, destaca.
Indica que aún es embarazoso hacer empresa en el país. Sin embargo, considera que no es imposible operar desde la formalidad.
“Pese a las dificultades económicas, sí podemos apostar por la formalización y cumplir con las leyes y normas de nuestro sistema tributario. Finalmente, si se cumple con todo lo establecido se vive tranquilo. La SUNAT, por ejemplo, cuando sabe que has cumplido escrupulosamente con los impuestos y tiene que devolverte lo que pagaste demás, lo hace. Doy testimonio de ello”, señala.
TUMÁN
Ernesto Flores comenta que la deuda que mantiene la Empresa Agroindustrial Tumán con su grupo empresarial, contabilizando el dinero dado para la molienda, así como lo desembolsado para la preparación de tierras y otros trabajos, asciende aproximadamente a cinco millones de soles. También se les debe a otros inversionistas.
“Tumán es una empresa con un problema muy serio porque los trabajadores no dejan realizar una gestión de productividad. Actualmente, la empresa no tiene nada. Todo lo que genera se gasta en sueldos, no hay dinero para que invierta en la fábrica o en los campos. La fábrica está muy mal y los campos prácticamente abandonados. No ha habido reinversión”, acota.
Refiere que junto a un grupo de empresarios trataron de ayudar al reflotamiento de la empresa, pero han encontrado trabas en el camino.
“Como se sabe, yo no soy accionista ni socio de Tumán, por lo tanto debo procurar ser prudente respecto a la empresa, porque no hay garantía de recuperar nuestro dinero. A Tumán sí se le puede sacar adelante, pero se necesita el compromiso de todos. La empresa tiene, además de sus trabajadores, una gran cantidad de jubilados, cerca de 900, que son los que más presionan por sus pagos. Ahora están condicionando a que se les pague 500 soles mensuales, pero no hay de dónde hacerlo, porque la empresa a las justas produce para pagar a los activos”, manifiesta.
Añade que, actualmente otro serio problema de la empresa es la invasión de tierras.
“Que administre el mismo trabajador es el peor error que existe, pero no lo entienden. El problema es que están muy divididos y no se entienden. Tan pronto asume una facción, la otra ya está generando inestabilidad. Nosotros hemos ayudado en la siembra de 500 hectáreas, apoyando en todo lo que es el mantenimiento del campo. Para sueldos, no estamos dando nada, porque no hay garantías”, detalla.
