A pesar que en el 2015 se promulgó la Ley Nº 30299 – Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso Civil, la cual indica en su segunda disposición complementaria transitoria que todas las personas naturales y jurídicas poseedoras de un arma de fuego deben adecuarse al reglamento de esta disposición, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2017-IN, el jefe de la Intendencia Regional II Norte de Lambayeque de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, Jorge Luis Calmet Velasco, señala que el 39 % de las armas en el departamento no han sido oportunamente regularizadas.
Afirma que para el 2016 eran ocho mil 280 las armas de fuego que había en Lambayeque, de las cuales hasta el 19 de julio del 2018 solo se regularizaron cinco mil 92; es decir, el 61 %; mientras que tres mil 188 no se llegaron a adecuar a la nueva ley. “Se le había dado incluso la posibilidad a las personas que no habían regularizado sus armas hasta esa fecha que las internen temporalmente para iniciar este procedimiento”, sostiene.
Manifiesta que actualmente las licencias de ese 39 % de armas ha sido cancelada y su estado es de internamiento definitivo por decomiso, por lo cual quienes eran sus dueños han perdido la titularidad sobre las mismas. Además, afirma que la SUCAMEC, a través de la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos, denunció por intermedio del procurador público a quienes eran titulares de las tres mil 188 armas para que sea el Poder Judicial quien determine en su momento si han incurrido en el delito de tenencia ilegal de armas.
Asimismo, señala que entre el 2016 y el 2018 se han expedido cuatro mil 68 licencias de uso, así como siete mil 816 tarjetas de propiedad. Además, se donaron cinco mil 800 armas de diferentes tipos, modelos y calibres a las escuelas de la Policía Nacional del Perú y más de seis mil fueron destruidas.
Respecto al mercado negro de armas, afirma que no tienen la certeza del número exacto de las que son ilegales, pero señala que periódicamente el personal operativo de la intendencia regional realiza acciones de fiscalización que permite su decomiso, aunque afirma que quien realiza en su mayoría esta labor es la Policía Nacional, quien luego las pone a disposición de la SUCAMEC.
REQUISITOS PARA PORTAR UN ARMA DE FUEGO
Por otro lado, Calmet Velasco explica que para obtener la licencia de uso de armas de fuego es necesario llenar un Formulario Único de Trámite, el cual puede descargarse gratuitamente desde el portal web de la SUCAMEC. Posterior a eso, el aspirante deberá firmar una declaración jurada en la que justifique los motivos por los cuales requiere esta licencia.
Añade que luego el postulante deberá aprobar un examen teórico práctico hecho por la superintendencia sobre manejo de armas, para finalmente presentar un certificado psicosomático, el cual deberá expedirse por un servicio de salud debidamente autorizado por la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD.
Señala que con la Ley Nº 30299 ahora solo puede usarse el arma de fuego bajo la modalidad para la cual se ha obtenido. Es decir, defensa personal, caza, tiro y deporte recreativo, colección y seguridad privada.
EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA
Respecto a las empresas de seguridad privada, indica que a la fecha en Lambayeque son 91 las que cuentan con autorización para brindar el servicio; mientras que vigilantes con carné vigente son mil 458.
En cuanto a las acciones control y fiscalización, revela que se han realizado 280 verificaciones a empresas de seguridad privada y 776 inspecciones.
EXPLOSIVOS Y PIROTÉCNICOS
Por otro lado, afirma que uno de los grandes retos que tiene la intendencia regional que él preside es la formalización de las fábricas de productos pirotécnicos, pues solo una en Lambayeque está debidamente autorizada.
“La única fábrica autorizada se encuentra en Monsefú, distrito en el que tenemos conocimiento que hay un promedio de 50 talleres clandestinos”, sostiene.
Apunta que desde el 2016 funcionarios de la SUCAMEC y él mismo han ido a conversar con las autoridades ediles de Monsefú, Túcume, Mórrope, Pomalca y Ferreñafe, pues son las municipalidades las que autorizan previamente la instalación de estos talleres.
No obstante, a pesar de las charlas que se ha dado al personal administrativo, de control y fiscalización de los ayuntamientos sobre los requisitos y procedimientos para la formalización de estas fábricas, la única municipalidad que ha mostrado un real interés en esta labor es la de Ferreñafe, donde tienen conocimiento de tres talleres clandestinos.
“Exhortamos a las municipalidades para que tomen conciencia de que son ellas las llamadas a trabajar de la mano con nosotros en la formalización. Debemos evitar catástrofes como la ocurrida en Cerropón el 2012 o en Monsefú el 2017, donde hubo muertes que lamentar”, sentencia.
Nuevos documentos complicarían la situación no solo de los oficiales de la Policía Nacional Romel Díaz Paz y Víctor Javier Chafloque Oliden por el presunto delito de usurpación de funciones al haber emitido informes “falsos” en el caso “Los Limpios de la Corrupción”, sino, también de los fiscales Juan Manuel Carrasco Millones y Sergio Lucio Zapata Orozco, quienes afrontan una investigación por los mismos hechos en la Fiscalía Suprema de Control Interno.
El fiscal provincial Carlos Osores Padilla, del Quinto Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, decidió, mediante Disposición N° 1, del 12 de marzo de este año, iniciar Investigación Preliminar por 60 días contra los mencionados oficiales, atendiendo la denuncia de Juan Miguel Valdivia Goycochea.
Expresión tuvo acceso a nuevos documentos que corroborarían el mal accionar de Díaz Paz y Chafloque Oliden y que arrastraría a los representantes del Ministerio Público.
LA DENUNCIA DE VALDIVIA
Según la denuncia de Juan Miguel Valdivia Goycochea, con fecha 29 de septiembre del 2014, la Oficina de Inteligencia Territorial Policial – OFINTERPOL de Chiclayo, emitió el Oficio N° 1593-14-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTE-CH, dirigido al fiscal adjunto provincial Juan Manuel Carrasco Millones, en los seguido en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, y adjuntó el Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB, respecto a gestionar la medida restrictiva de derechos (detención preliminar judicial) contra 22 supuestos integrantes de la organización “Los limpios de la corrupción”. Dicho oficio supuestamente había sido firmado por el coronel Luis E. Farfán Silva, entonces jefe de la OFINTERPOL Chiclayo.
Sin embargo, tras la comparación de la firma con otros documentos quedó claro que no es la misma. Además, por informes posteriores de la autoridad policial, el documento cuestionado no fue expedido por la OFINTERPOL, por lo que los denunciados habrían incurrido en los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad y falsedad genérica. El fiscal Osores Padilla solo formalizó investigación preliminar por el delito de usurpación de funciones.
LA DENUNCIA DE INCHÁUSTEGUI
Por otro lado, conforme informó Expresión en su Edición N° 1062, Jorge Incháustegui Samamé, en su denuncia ante la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, manifestó que los fiscales Juan Manuel Carrasco Millones y Sergio Lucio Zapata Orozco habrían fabricado informes policiales, haciendo que agentes firmen dichos informes como si pertenecieran a una unidad específica de la Policía Nacional del Perú, cuando en realidad no formaban parte de ello.
Esto se verifica en el Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL.LAMB, mediante el cual el entonces mayor Romel Díaz Paz y el teniente Víctor Chafloque Oliden, solicitaron a la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo que gestione la medida restrictiva de derechos, (detención preliminar judicial), contra 22 integrantes de la asociación ilícita “Los limpios de la corrupción”, sin que los referidos oficiales presten servicios en la OFINTERPOL, señalando que si bien los oficiales PNP suscribieron el “informe de inteligencia” (autores materiales), la investigación, de acuerdo a la normatividad vigente, es de estricta responsabilidad de los fiscales (autores intelectuales).
Mediante Resolución N° 2134-2017-MP-FN-FSCI, de fecha 28 de noviembre del 2017, la Fiscalía Suprema de Control Interno decidió iniciar investigación preliminar contra Carrasco Millones y Zapata Orozco, entre otros, por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y prevaricato.
INTELIGENCIA A CARGO DE LA OFINTERPOL
Las labores de “inteligencia” en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, más conocida como caso “Los limpios de la corrupción”, estuvo bajo la responsabilidad de la Oficina de Investigación Territorial Policial – OFINTERPOL de Chiclayo, a cargo del coronel Luis Farfán Silva, lo cual se acredita con el Informe N° 120-14-DITERPOL-LAMB/OFINTERPOL-CH, de fecha 4 de septiembre del 2014, a través del cual se solicita al Ministerio Público (informe dirigido específicamente a Juan Manuel Carrasco Millones) se tramite ante el órgano judicial correspondiente la orden de levantamiento del secreto de las comunicaciones e interceptación de 29 números telefónicos, “…a fin de identificar plenamente y desarticular a los integrantes de la presunta organización, por estar inmersos en los delitos de lavado de activos y otros.
El informe está suscrito por los agentes Luis Rojas Neciosup en calidad de “Instructor” y el Luis Farfán Silva, quien da el “Es Conforme”, es decir, dicho documento fue suscrito por personal que efectivamente laboraba en la oficina de inteligencia. Empero, el cuestionado Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB, supuestamente elaborado en la misma dependencia policial, lleva las firmas de Víctor Chafloque Oliden en calidad de “Instructor” y Romel Díaz Paz, quien dio el “Es Conforme”, ambos asignados a otra dependencia policial pero de reconocida amistad con el fiscal a cargo Juan Manuel Carrasco Millones.
Las notorias diferencias entre ambos informes permiten inferir que este último documento no se elaboró en la OFINTERPOL, resaltando la nomenclatura, que no es la misma en ambos informes, y los firmantes que en el segundo documento no eran los mismos y tampoco pertenecían a la OFINTERPOL, a pesar de los sellos de esta dependencia policial.
¿INTELIGENCIA A CARGO DE LA DEPANDRO?
Las pruebas que confirmarían que los documentos antes citados fueron adulterados en el caso “Limpios de la corrupción”, son el Informe N° 136-2014-DIRTEPOL-LAMB, de fecha 2 de diciembre de 2014, suscrito por Chafloque Oliden, en calidad de “Instructor”, y Díaz Paz, quien da el “Es Conforme”, pero en esta ocasión con los sellos del Departamento Antidrogas - DEPANDRO.
Lo curioso es que se trata de otro “Informe de Inteligencia” del mismo caso, pero en esta oportunidad pidiendo la medida restrictiva de derechos, (detención preliminar judicial), contra la exproveedora de la municipalidad de Chiclayo Ruth Zúñiga López.
¿En qué momento la investigación pasó de la OFINTERPOL a la DEPANDRO? ¿Quién y a través de qué documento se autorizó el cambio de dependencias para realizar la “inteligencia” del caso? ¿Se encuentra dentro de las atribuciones y funciones de la DEPANDRO realizar labores de inteligencia en delitos de Corrupción de Funcionarios? ¿No se dieron cuenta los fiscales Zapata Orozco y Carrasco Millones de esta irregularidad, cuando estaban a cargo de las investigaciones?
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Los sectores económicos con mayor dinamismo de los últimos 10 años en Lambayeque estuvieron ligados a la oferta de servicios y al comercio, destacando las telecomunicaciones con un crecimiento promedio de 11.3 %, según manifestó el especialista del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú, sucursal Piura, Julio Ortiz Berrú.
A servicios, comercio telecomunicaciones le siguen el sector Construcción con 9.6 %, Administración Pública con 7.1 % y Petróleo, Gas y Minerales con 6.2 %. En tanto, los de menor crecimiento fueron el sector Manufactura con 2.8 %, Pesca con 1.9 % y Agropecuario con 1.4 %. En total, el crecimiento promedio del 2009 al 2018 de los distintos sectores fue de 5.1 %.
No obstante, Ortiz Berrú señala que el dinamismo en los sectores económicos del departamento pudo ser mayor de no haber ocurrido el fenómeno El Niño Costero en el 2017, el cual trajo consecuencias en 182 mil 955 personas, cifra que representa el 10.5 % a nivel nacional entre afectados y damnificados.
Por ejemplo, expone que en el sector Transportes y Comunicaciones hubo 346 kilómetros de caminos rurales destruidos, 705 de caminos rurales afectados, 98 de carreteras destruidas, 122 de carreteras afectadas y 63 puentes destruidos. En tanto, el sector Agropecuario se vio disminuido por las dos mil 464 hectáreas de cultivo perdidas y cuatro mil nueve afectadas.
SECTORES ECONÓMICOS
Respecto al sector Agropecuario, Ortiz Berrú manifiesta que ha pasado de tener una canasta de productos orientados al mercado interno, hacia una cuyas perspectivas van al mercado internacional.
Por ejemplo, ilustra que en el 2008 la producción de arroz cáscara ocupaba el 34 % del valor bruto de la producción agropecuaria, la caña de azúcar el 16 % y el maíz amarillo duro un 7 %. En tanto, el 2018 el arroz cáscara ocupó un 31 %, la caña de azúcar un 12 %, pero apareció un producto exportable como el arándano con un 12 %.
Asimismo, explica que en el segundo semestre del 2018 se cosecharon 50 mil 819 hectáreas de arroz, de los cuales el 47.7 % se produjo en Lambayeque, el 31.4 % en Ferreñafe y el 20.9 % en Chiclayo. En tanto, durante el 2018 se cosecharon 13 mil 709 hectáreas de maíz amarillo duro, cuya producción provino en un 35.5 % de Ferreñafe, 35.4 % de Lambayeque y 29.1 % de Chiclayo.
En cuanto al sector pesca, indica que el 2018 decreció en un 51 % respecto del año anterior, debido a la menor captura de peces como el bonito (90.3 % menos), lisa (46.1 % menos) y caballa (38.8 % menos).
Del mismo modo, afirma que el sector Manufactura creció un 7.8 % durante el mismo año, gracias a una mayor producción de azúcar (23.4 %), café soluble (22.7 %) y jugos de fruta (17.8 %). En el caso particular del azúcar, refiere que su crecimiento se debe a que el ingenio Agrolmos alcanzó volúmenes de producción comercial y a la recuperación de los demás ingenios del departamento que durante el 2017 fueron afectados por el fenómeno El Niño Costero.
Respecto al sector Turismo, manifiesta que el arribo a hospedajes en Lambayeque creció a un promedio anual de 5.7 %, siendo los turistas nacionales quienes llegaron en su mayoría (5.8 %), frente a los extranjeros que sumaron un 0.9 %.
Sostiene que el 2018 hubo 553 mil 100 llegadas y salidas al aeropuerto Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles, 3 % menos que las registradas el año anterior. Afirma que el 49.1 % de las personas que visitaron Lambayeque lo hicieron para reencontrarse con familiares y amigos.
Además, apunta que en el sector Construcción los despachos de cemento crecieron a un promedio anual de 5.7 % en la última década. Sin embargo, el 2018 decreció en 9.3 % respecto al 2017.
EXPORTACIONES
Por otro lado, el economista señala que el 2018 las exportaciones en Lambayeque aumentaron en un 24.7%, debido a la mayor producción de productos no tradicionales como los arándanos rojos (453.8 %), paltas frescas (103.6 %), conserva de pimiento ‘cherry rojo’ (38.8 %) y uva (34.5 %).
Grafica que, por ejemplo, en el 2010 no hubo exportación de arándanos, mientras que en el 2018 esta fruta registró el 11 % del total de exportaciones de productos agropecuarios. Asimismo, la conservas de pimiento pasaron de un 6 % el 2010 a un 16 % el 2018, la palta fresca de 2 % a 12 % y la uva de 3% a 10 %. No obstante, la exportación de café cayó de un 53 % a 16 % en el mismo periodo de tiempo.
En los tres primeros meses del 2019, las exportaciones crecieron un 37.1 %, destacando los envíos de uva que pasaron de cinco millones a 13 millones de soles, los arándonos rojos de 300 mil a siete millones y la panela de cero a cuatro millones.
TEJIDO EMPRESARIAL FORMAL E INFORMAL
Anota que, según estadísticas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, hasta el 2016 en Lambayeque existían 58 mil 238 empresas formales, de las cuales 56 mil 407 eran microempresas, mil 651 pequeñas, 53 medianas y 127 grandes empresas. De estas, el 80 % se concentraban en Chiclayo, el 17 % en Lambayeque y el 3 % en Ferreñafe.
Señala que del total de empresas formales, el 50 % pertenecían al sector Servicios, el 40 % al sector Comercio y el otro 10 % se repartía entre Manufactura, Agropecuario, Construcción, Pesca y Minería.
Además, señala que 3.5 % de las microempresas que iniciaron el 2007 pasaron a convertirse en pequeñas empresas para el 2017. Mientras que solo dos microempresas pasaron a convertirse en medianas y una en gran empresa.
INVERSIÓN PÚBLICA
Respecto a la inversión pública, el especialista comenta que el 2018 el gobierno nacional invirtió 220 millones de soles en Lambayeque, 229 menos que en el 2017, lo cual representa una disminución del 51.7 %. Señala que esta disminución se refleja en la menor inyección de dinero para la viabilidad y saneamiento de la nueva ciudad de Olmos, la cual pasó de 343 millones en el 2017 a 105 en el 2018.
Asimismo, señala que el gobierno regional invirtió 265 millones, seis menos que en el 2017; mientras que los gobiernos locales sí registraron un aumento, pues su inversión el 2018 fue de 319 millones, 41 más respecto al año anterior. La participación en inversión pública en el departamento se resume en 40 % por parte de los gobiernos locales, 33 % del gobierno regional y 27 % del gobierno nacional.
Respecto a la ejecución, manifiesta que el 2018 Lambayeque ejecutó el 69 % de su Presupuesto Institucional Modificado – PIM (385 millones), siendo el sexto departamento con el mayor porcentaje de ejecución, por debajo de Loreto, Ayacucho, Madre de Dios, Puno y Tumbes.
De los 319 millones de soles que invirtieron los gobiernos locales, indica que Chiclayo fue la provincia que mayor porcentaje de su PIM ejecutó (63.8 %), siguiéndole Ferreñafe (61.6 %) y Lambayeque (52.6 %).
Por otro lado, en el primer trimestre del 2019 la inversión pública disminuyó en 33.4 %, debido a la menor inversión del gobierno nacional (-66.9 %) y de los gobiernos locales (-42.8 %).
Asimismo, la inflación en el departamento se ha mantenido en 3 % durante los últimos diez años. En cuanto al 2018, esta cifra alcanzó el 1.9 %, debido al incremento en la matrícula y pensión de enseñanza (6.7 %), el precio del pollo (8.2 %) y las comidas de los restaurantes (2.4 %).
CRÉDITO
Ortiz Berrú explica que en la última década el crédito en Lambayeque creció a una tasa promedio anual del 12 %, cuyo mayor dinamismo se apreció en la moneda nacional, lo cual se refleja en que la tasa de dolarización pasó de 21.8 % en el 2008 a 9.1 % en el 2018.
Afirma que este crédito es otorgado principalmente por la banca (77.6 %), el cual se concentra en el segmento personas; y las cajas municipales (12.9 %), el cual se concentra en el segmento mediana y pequeña empresa.
Jorge Incháustegui Samamé, exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, solicitó ante la Segunda Fiscalía Superior de Apelaciones de Lambayeque, que despacha la fiscal Lili Díaz Gonzáles, la “exclusión” de los fiscales provinciales Sergio Zapata Orozco y Pamela Elías Bravo por supuestamente incurrir en una serie de irregularidades en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, que investiga el caso “Los limpios de la corrupción”.
Incháustegui Samamé, inmerso en el caso, denunció que, en forma coordinada y reiterativa, ambos magistrados atentan contra medios de prueba en el proceso, vendrían ocultando documentos y estarían omitiendo y/o rehusando realizar actos propios de su cargo, tipificados como delito en los artículos 372°, 430° y 377° del Código Penal.
El pedido fue formulado el 11 de abril, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62° del Código Procesal Penal.
INFORME DIVILA-PNP
La primera causal que esgrime Incháustegui Samamé en su solicitud de exclusión de los fiscales Zapata Orozco y Elías Bravo es por el Informe N° 94-05-2015-DEREICAJ-PNP/DIRILA-DIVILA-D3.c, de fecha 21 de abril del 2015, el cual recién fue incorporado (en copia) a la Carpeta Fiscal 2447-2014 más de 13 meses después de su recepción por parte de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, “lo que constituye un acto grave de ocultamiento de información y/o documentales que deberían servir como medios de prueba en el proceso afectando el derecho a la defensa de los investigados”.
El 4 de octubre del 2014, días después del operativo que permitió desarticular la supuesta organización criminal “Los limpios de la corrupción”, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo solicitó a la Dirección de Investigación de Lavado de Activos - DIVILA, de la Policía Nacional del Perú, investigue a Roberto Torres Gonzáles y otros; así como de su entorno familiar, respecto de información de bienes muebles, inmuebles y otros, debido a que los mencionados, venían siendo investigados por el delito de lavado de activos en agravio del Estado Peruano.
Siete meses después, el 15 de mayo de 2015, el coronel Francisco Naquira Cornejo; jefe de la DIVILA, emitió el Oficio N° 5456-05-2015-DEREICAJ-PNP/DIRILA/DIVILA-DC-D3.c, dirigido al fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco, en atención al Oficio N° 2447-2014-154 3ra. FPP Chiclayo, del 23 de marzo del 2015 (recepcionado por la DIVILA el 1 de abril del 2015), remitiendo el Informe N° 94-05-2015-DEREICAJ-PNP/DIRILA-DIVILA-D3.c, de fecha 21 de abril del 2015, “…respecto a la investigación seguida a Roberto Torres Gonzales y otros miembros de la organización ‘Los limpios de la corrupción’, por el presunto Delito de Lavado de Activos en agravio del Estado Peruano…”.
El referido informe no fue ingresado a la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, ni menos se emitió Disposición Fiscal alguna comunicando a las partes su existencia; es decir habría sido ocultado, la razón quizá se encuentre en que el referido informe no aportaba mayores luces sobre la comisión del delito de lavado de activos por parte de los investigados. La investigación de la DIVILA concluyó con la emisión de dicho documento.
Enterados informalmente de la existencia de un informe elaborado por la DIVILA-PNP, de manera reiterativa, el 23 de septiembre de 2015 y el 23 de marzo de 2016, la defensa técnica de uno de los investigados solicitó a Zapata Orozco copia del documento sin obtener una respuesta positiva.
El 27 de junio del 2016 el mismo coronel Francisco Naquira Cornejo emitió el Oficio N° 6038-06-2016- DIRILA-PNP/DIVILA-DC-SEC, dirigido al fiscal adjunto provincial Elí Pérez Díaz, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, en atención al Oficio N° 2447-2014-154 3ra. FPCP-CHICLAYO-EPD, del 8 de junio del 2016, remitiendo “…copias certificadas del Informe Policial N° 94-05-2015-DEREICAJ-PNP/DIRILA-DIVILA-D3.c, del 21ABR15, y el Oficio N° 5456-05-2015-DEREICAJ-PNP/DIRILA/DIVILA-DC-D3.c del 15MAY15; sobre la investigación realizada a Roberto Torres Gonzáles y otros, por el presunto delito de lavado de activos, el mismo que fue remitido a su despacho mediante correspondencia OLVA COURIER…”, adjuntando la Boleta 132-0031304, de fecha 15 de mayo del 2015.
Es decir, la DIVILA acreditó haber entregado, en su oportunidad (mayo de 2015) el Informe Policial N° 94-05-2015-DEREICAJ-PNP/DIRILA-DIVILA-D3.c, del 21 de abril de 2015 a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo. Entonces, ¿Porqué solicitar nuevamente el mismo? ¿Acaso para simular que recién llegaba y ocultar que fue recibido más de un año antes y no fue ingresado en la carpeta fiscal correspondiente?
INFORMES DE CONTRALORÍA
El 22 de diciembre del 2015, el fiscal provincial Sergio Zapata Orozco solicitó a la Contraloría General de la República, en “vías de regularización”, el apoyo técnico con auditores de la CGR “con el propósito de recabar, revisar y analizar la documentación que obra en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014 que servirá de sustento para que posteriormente, se pueda realizar el peritaje financiero y económico (…) como resultado de la revisión y análisis de la documentación, también solicitamos se emita el documento que corresponda de acuerdo a su normativa interna”.
Cinco meses después, el 3 de junio del 2016, mediante Disposición N° 170, el fiscal provincial Zapata Orozco dispuso requerir al jefe de la Oficina de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de la República, “se emita el Informe Técnico Oficial Especializado, referente a determinar los ingresos y egresos económicos, así como el balance o desbalance patrimonial de los imputados que se encuentran inmersos en el delito de lavado de activos, encomendado por este despacho fiscal”. Lo extraño es que lo que solicitó originalmente el fiscal Zapata Orozco fue recabar, revisar y analizar documentación para la realización posterior de un peritaje; sin embargo, luego pidió la emisión del “Informe Técnico Oficial Especializado” que determine el balance o desbalance de los imputados.
¿Es la Contraloría un ente especializado en la determinación de balance o desbalance patrimonial que sustente el delito de lavado de activos?
El 28 de junio del 2016, Nelson Guevara Altamirano, gerente de la Oficina de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de la República, emitió el Oficio N° 00875-2016-CG/CRN, dirigido al fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, “…con la finalidad de remitir los informes números 002-2016 al 014-2016, resultantes de la evaluación patrimonial, correspondiente a la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, para su conocimiento y fines…”.
Los referidos informes de Contraloría nunca fueron ingresados a la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, ni menos se emitió Disposición Fiscal comunicando a las partes su existencia, a pesar que fueron presentados y recepcionados por la tercera fiscalía a cargo del fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, conforme se acredita con el cargo correspondiente, lo que constituye, nuevamente, un acto grave de ocultamiento de información y/o documentales.
INFORME PERICIAL OFICIAL
El 18 de octubre del 2017, mediante Disposición N° 292, emitida por el fiscal provincial Zapata Orozco, se dispuso “designar” a los peritos contables: Rómulo Burga Díaz, César Casanova Quesquén y Alicia Reyna Montoya, a fin que realicen la Pericia Económica, Financiera y Contable requerida en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, y poder acreditar la comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado Peruano.
El 11 de diciembre, mediante Disposición N° 298, Zapata Orozco dispuso “designar” al CPC Rubén Leonardo Carrillo, a fin que realice la Pericia Económica, Financiera y Contable, requerida en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, y poder acreditar la comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado Peruano, al haberse subrogado al perito Rómulo Francisco Burga Díaz.
Al respecto, es necesario precisar que los contratos (llámese órdenes de servicios) de los peritos vencieron el 30 de septiembre de 2018 en su “segunda etapa”, fecha en que debieron presentar su Informe Pericial Final, lo cual hicieron setenta días después.
El 13 de diciembre de 2018, los peritos contratados por el Ministerio Público, designados y juramentados en la investigación seguida en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, presentaron al despacho del fiscal Zapata Orozco los resultados de la pericia de lavado de activos. Sin embargo, este no ingresó el referido informe pericial a la Carpeta Fiscal N° 2447-2014 y tampoco emitió Disposición Fiscal comunicando a las partes su existencia. Por el contrario, se ha negado a otorgar la “conformidad de servicio” y ha “observado” la misma, señalando ciertos incumplimientos por parte de los peritos contratados.
Según Incháustegui Samamé con este se viola el derecho de defensa, “pretendiendo que el peritaje se adecúe a sus convicciones y no a la objetividad del perito”.
De acuerdo a la Ley N° 27482, “Ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado”, todos aquellos que tienen entre sus funciones la administración de recursos públicos deben presentar la declaración correspondiente ante la Contraloría General de la República, documento que permitirá evaluar el incremento de su patrimonio – en caso lo haya – y detectar indicios de enriquecimiento ilegal y otros delitos. Sin embargo, la norma no parece ser del todo clara para algunas autoridades de la localidad.
El Artículo 3 de la referida norma precisa que “la declaración jurada debe contener todos los ingresos, bienes y rentas, debidamente especificados y valorizados tanto en el país como en el extranjero, conforme al formato único aprobado por el Reglamento de la presente Ley”, indicándose en el artículo siguiente que la declaración deberá presentarse al inicio y durante el ejercicio de la función con una periodicidad anual.
Es decir, los funcionarios y autoridades deben presentar una declaración jurada de ingresos, bienes y rentas al inicio de sus períodos y, en lo sucesivo, una vez al año hasta finalizar el mandato o ejercicio de la función pública.
De no hacerlo en los plazos establecidos ni dentro del período de prórroga (15 días) – señala la ley –la omisión queda “bajo responsabilidad penal del titular del pliego correspondiente”.
ALCALDE DE CHICLAYO
En la Municipalidad Provincial de Chiclayo el alcalde Marcos Gasco Arrobas ha cumplido con la presentación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas al inicio de su mandato como autoridad. Sin embargo, algunos aspectos de esta llaman la atención.
Tal como consta en el documento, que es de acceso público en la Contraloría General de la República, Gasco Arrobas declaró tener como único ingreso, procedente del sector público, los nueve mil soles que percibe como alcalde de la provincia desde enero de este año, en tanto, pese a que es conocida su actividad empresarial (en el rubro gastronómico en Lima), no ha consignado ingresos del sector privado.
A ello se suma que Gasco Arrobas declaró poseer bienes valorizados en 930 mil soles y otros ingresos ascendentes a 75 mil soles, aunque no se especifica su procedencia. Lo que es público, de acuerdo a la norma vigente, es la información contenida en la segunda sección de la declaración de ingresos, bienes y rentas.
Para postular a la alcaldía de Chiclayo, Marcos Gasco presentó en su declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, ingresos anuales por 216 mil soles, todos procedentes del sector privado, así como cuatro propiedades: una casa, un edificio y dos locales, todos en sociedad, valuados en aproximadamente seis millones 200 mil soles.
Si se compara las declaraciones del 2018 y el 2019 se notará una amplia diferencia en los montos detallados. Así, Gasco pasó de percibir más de 2016 mil soles del sector privado el año pasado a nada este año, y de tener bienes (inmuebles) en sociedad por más de seis millones de soles a unos valuados en menos de un millón.
REGIDORES PROVINCIALES
El primer regidor de Chiclayo, Junio Vásquez Torres, declaró a la Contraloría percibir dos mil 700 soles mensuales como único ingreso, procedente este del sector público (su dieta como concejal provincial), así como la posesión de bienes valorizados en 42 mil 743.31 soles.
Felipa Orosco Nunton, también regidora de Chiclayo, declaró que además de los dos mil 700 soles que recibe del sector público, recibe un ingreso mensual de 25 mil 180.80 soles procedentes del sector privado, sumando un total de 27 mil 880.80 soles los que administra cada 30 días. Respecto a bienes, declaró los valorizados en 436 mil soles.
El concejal Marino Olivera Cruzado declaró ingresos mensuales por tres mil 700 soles: dos mil 700 de su dieta municipal y mil del sector privado. Asimismo, un millón 205 mil soles en bienes y dos mil 500 soles por otros conceptos.
En tanto, el regidor Pedro Ubillús Falla declaró recibir todos los meses ingresos de 16 mil 280.50 soles procedentes del sector público. En bienes, declaró tres millones 930 mil soles. Sobre este existe información que en el comparativo de lo informado al Jurado Nacional de Elecciones en el 2018 y a la Contraloría, este año, no cuadra.
Ubillús Falla informó el año pasado que su remuneración brutal anual era de 142 mil 260 soles, toda procedente del sector privado, pues entre 1985 y el 2014 había laborado para Backus S.A. como gerente de ventas, cargo en que fue jubilado. Esto genera dudas respecto a de dónde procede la totalidad de los 16 mil 280.50 soles que ha declarado este año, entendiendo que de estos dos mil 700 corresponden a su dieta municipal. El pago de una pensión de jubilación otorgado por una AFP no se considera como ingreso del sector público.
Por su parte, la regidora Lucy Villegas Campos declaró ingresos mensuales de dos mil 700 soles (dieta municipal) y bienes por 329 mil 967 soles, en tanto el regidor Carlos Montenegro Gonzales informó que percibe tres mil 600 soles (dos mil 700 de dieta como regidor) y otros ingresos ascendentes a tres mil soles. Montenegro Gonzales, también conocido por su actividad empresarial, no declaró bienes.
El regidor Javier Montenegro Cabrera declaró ingresos del sector público por seis mil 100 soles, bienes por 293 mil 420 y 19 mil soles procedentes de otros rubros. Montenegro Cabrera trabaja como asistente administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Del mismo, María Berna Cleghorn declaró percibir únicamente los 2700 soles de la dieta como concejal.
Randy Vegas Díaz informó percibir dos mil 700 soles del sector público (dieta) y tener 25 mil 450 soles de otros rubros; Milton Espinoza Gonzales también los dos mil 700 del sector público, bienes ascendentes a 677 mil 625 soles y siete mil soles de otros rubros; Jony Piana Ramírez los dos mil 700 soles del sector público, 29 mil 233 soles del sector privado, bienes por 442 mil 521.57 soles y 245 mil 554.58 soles de otros rubros.
Andrés Puell Varas percibe dos mil 700 de su dieta como regidor y 930 soles del sector privado, tiene bienes por 36 mil 665.30 soles y siete mil 733 de otros rubros, en tanto Andrés Calderón Purihuamán recibe los dos mil 700 soles del sector público, mil 500 del sector privado y posee bienes ascendentes a 60 mil 420.34 soles.
Los regidores José Nakamine Kobashigawa y Ricardo Lara Doig son los únicos que no han presentado su declaración de ingresos, bienes y rentas. Este último, también incumplió el mandato de la ley en la gestión de David Cornejo Chinguel, tiempo en el que se desempeñó como regidor provincial.
Hasta el 2018, Nakamine Kobashigawa declaró ingresos anuales de 98 mil soles, así como la propiedad de dos vehículos: ambos valuados en 60 mil soles. De igual manera lo hizo Ricardo Lara, quien consignó ingresos del sector privado ante el Jurado Nacional de Elecciones por 96 mil soles, tres propiedades por casi medio millón de soles y 25 mil soles en bienes muebles.
Alfonso Velásquez Tuesta ha retornado a la presidencia de la Asociación de Exportadores – ADEX, el gremio más importante del sector a nivel nacional y desde el cual ha lanzado una tentadora meta para el país: que al 2021 las exportaciones peruanas sumen los 75 mil millones de dólares. Para lograrlo – reconoce – no solo es necesario el apoyo de promoción y acompañamiento del Estado, sino también la mejora de infraestructura y la unidad de todos los actores económicos y políticos.
Velásquez Tuesta conversó con Expresión sobre el escenario exportador actual, sus propósitos al frente de ADEX y las oportunidades que el país tiene actualmente para ingresar a nuevos mercados con nuevos productos.
¿Qué tan lejos está el Perú de llegar a la meta de los 75 mil millones de dólares en exportaciones?
Los gremios empresariales estamos unidos. Puedo hablar en nombre de la alianza que hemos establecido con la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias. Estamos trabajando articuladamente para formular propuestas de políticas al gobierno que nos permitan acompañar este crecimiento. Indudablemente que el tema de infraestructura e inversiones es vital. Esperamos que el Consejo Nacional de Competitividad apoye a través de las propuestas y acciones que se puedan generar. Sin embargo, este plan de llegar a 75 mil significa crecer en 20 mil millones más al 2021. Significa que tenemos tres años para generar dos mil millones de dólares más en servicios y diez mil millones de dólares más en exportaciones tradicionales. Asimismo, esperamos que el cobre sea parte de este crecimiento por los nuevos yacimientos que van a entrar en operación y ocho mil millones de dólares en exportaciones no tradicionales en las cuales las agroexportaciones tienen un rol determinante. La meta para este rubro es crecer en cinco mil 300 millones.
¿La infraestructura es el factor más importante para lograr la meta? En el Valle Nuevo de Olmos, por ejemplo, se hace urgente la pavimentación de la vía que lo une con la Panamericana Norte, porque en las condiciones actuales se generan grandes sobrecostos para los productores.
El gobierno regional tendría que hacer la gestión para mejorar las condiciones de acceso al mercado de esta producción, pero no toda la producción nacional tiene el perjuicio que se presenta en el Valle Nuevo por la falta de una carretera. Acabo de estar en Ica y la carretera de Lima a Ica es una maravilla, entonces se ve cómo están creciendo los cultivos.
Ica es una región de pleno empleo como lo está convirtiéndose Piura y pronto lo serán Lambayeque y La Libertad también. Las agroexportaciones van a seguir con este maravilloso crecimiento. Lambayeque ha crecido 46 % de sus agroexportaciones entre el 2017 y 2018, fruto de las inversiones y cada año que pasa los cultivos son más productivos.
El arándano empieza con medio kilo por planta y luego un kilo, kilo y medio, dos kilos, dos kilos y medio, entonces cada año hasta llegar a la madurez de los cultivos estamos en un proceso de crecimiento. Yo estoy seguro que esta meta ambiciosa de cinco mil 300 millones en tres años va a ser realidad en la medida que trabajemos unidos.
Pero no solamente es el tema de agroexportación, tenemos también una agenda acuícola. La acuicultura tiene beneficios ahora que indudablemente va a convertirse en inversión porque se le incentiva sectorialmente por un tiempo definido para que el impuesto a la renta sea inferior al promedio. La agenda forestal es otro sector potencial, también tenemos posibilidades en la minería no metálica. Hoy estamos trabajando el tema del oro, estamos enfatizando nuestra labor para que pronto podamos tener refinerías de oro en el Perú, para que podamos exportar joyas. Nuestra riqueza ancestral de joyería convertirla en exportación.
En la India, por ejemplo, la joyería es un tema religioso, entonces tenemos un mercado inmenso y ya la embajada india está en contacto con los empresarios peruanos para exportar directamente nuestras joyas y no tener que enviar el oro a Europa y de ahí vender el oro a fabricantes indios o similares.
En lo referido a acuicultura y forestal hay una fuerte coincidencia con lo que plantea la Sociedad Nacional de Industrias, pero usted también ha mencionado de la importancia que tiene el respaldo del Consejo Nacional de Competitividad. ¿Qué se espera de este espacio?
Quiero resaltar en el Consejo Nacional de Competitividad la presencia de los empresarios no solamente para políticas, sino para acciones. Yo estoy seguro de que el estilo nuestro de impulsar con acciones y con ejemplos este crecimiento y esta necesidad de despertar la competitividad se haga realidad. Es indudable que el momento político afecta las inversiones, pero son más las empresas que están trabajando dentro de la ley y la legalidad. Nos afecta tener un país donde el total de nuestros expresidentes de alguna u otra forma están cuestionados, pero siguen viniendo aviones completos de empresarios a ver qué actividad desarrollar en el país.
La inversión en negocios abiertos, transparentes y rentables está en el Perú y seguirá estando.
¿Y los aspectos normativo y tributario cuánto influyen en el crecimiento del sector exportador? En el caso de las agroexportadoras uno de los temas que más se cuestiona es el régimen laboral.
Particularmente a mí me complace la promulgación del sistema de promoción agraria, pese a que ha habido unas modificaciones que esperamos sean absueltas porque nos restan competitividad, pero estoy seguro que la eficiencia y productividad tienen que compensarlo.
Hace poco me invitaron a hablar sobre el crecimiento de la agricultura moderna y, por otro lado, estaba quien defendía a la agricultura familiar. Finalmente la expositora de la agricultura familiar dijo: “Bueno, pero la agricultura familiar ni siquiera cubre el costo de la mano de obra del trabajador, del dueño del terreno”.
Estoy seguro que con el nuevo ritmo que le estamos implementando a la gestión productiva en ADEX, donde hemos iniciado acuerdos de gestión productiva con los gobernadores, lograremos resultados muy positivos para los productores pequeños. Estamos definiendo qué productos vamos a apoyar en las regiones, hemos firmado con Huancavelica y con Moquegua y a estos productos elegidos, por ejemplo en el caso de Huancavelica la palta, el queso maduro, la lana de alpaca, la quinua y la trucha, vamos a darle todo nuestro impulso para que ingresen al mundo exportador.
¿Replicando las estrategias que aplicó cuando estuvo al frente de Sierra y Selva Exportadora?
El conocimiento que tenemos en gestión, de haber trabajado en lo público y privado, puede ser importante para dar inicio a una articulación de la agricultura familiar hacia la modernidad. Ustedes me han escuchado cuando hablaba de las frambuesas en Incahuasi y Sierra Exportadora. La experiencia previa me permite asegurar que vamos a encontrar mecanismos que involucren y que los supuestos beneficios hacia una agricultura moderna, exportadora, no sean solamente para ese sector, sino que también puedan llegar a las economías familiares a través del fomento del emprendimiento. Vamos a trabajar para que la agricultura familiar también goce de los incentivos de la Ley N° 27360.
Olmos fue la última irrigación realizada en el país, Chavimochic III tiene problemas y el Alto Piura está en arbitraje, ¿urge que el Estado promueva nuevos proyectos de irrigación para la costa del país?
Invoco a que superemos pronto los problemas políticos que han demorado la toma de decisiones claras, rápidas y transparentes por parte de nuestro Ejecutivo y demos paso a un inicio de soluciones lógicas y de sentido común respecto a grandes proyectos como los mencionados. Me ilusiona el mensaje del presidente Martín Vizcarra, el martes pasado en la transmisión de mando de ADEX, respecto a trabajar unidos. Él va a tener el apoyo nuestro y la bonhomía de poder tener a los exportadores en esta visión productiva, social y económica en la que ADEX se encuentra hoy de la mano con el resto de gremios para trabajar por el crecimiento del Perú.
Hace algunos años usted decía que Lambayeque se podía convertir en la Capital del Pimiento. ¿Se logró ese anhelo?
Yo decía que Lambayeque sería la Capital Mundial del Pimiento y hoy digo que pronto el Perú será el principal exportador de arándano. Vamos a seguir creciendo en la medida que encontremos pronto qué variedades de pimientos o similares se comen en la India. En China solamente hemos llegado al primer tercio que está pegado a la zona del este, pero el centro y el oeste es todo un mundo que tenemos por conquistar con nuestros productos.
La minería sigue siendo el principal sector exportador del país. ¿El conflicto social sucedido en Las Bambas, que es el proyecto cuprífero más ambicioso, devela que siguen fallando en el Estado los mecanismos de diálogo con las poblaciones cercanas?
En el caso de Las Bambas, he seguido, investigado y leído, y lo que pasó fue el incumplimiento de compromisos, decisiones lentas y mal tomadas originaron el reclamo del cumplimiento de promesas ofrecidas. Indudablemente que pactar bien, escribir bien los acuerdos, cumplirlos y no dejar de lado el fomento productivo en los entornos mineros es necesario. Las comunidades no solamente quieren dádivas o regalos de espacios cómodos de esparcimiento o terrenos, sino involucrarse en actividades que les generen ingresos presentes y futuros.
Como lambayecano y ahora máximo líder de los exportadores del país, ¿también hace suya la causa por la ejecución del Terminal Portuario de Lambayeque?
Eten tiene que hacerse realidad. Cuando estaba en AREX se inició la propuesta del puerto y la unión de los gremios para tener la iniciativa. Hoy tenemos nuevo presidente en AREX y estoy seguro que tiene entre sus objetivos luchar por lograr que el anhelo del puerto en Eten se haga realidad.
Es un anhelo antiguo y necesario para la competitividad, recordemos que Lambayeque es un cruce de intereses productivos, mestizaje comercial, empresarial, necesitamos nuestro puerto para crecer como región.
En los últimos dos años se ha complicado la situación productiva como efectos de El Niño Costero 2017. ¿Qué opinión le merece el proceso de reconstrucción en Lambayeque?
Yo pienso que ha faltado decisión de los responsables de la inversión. R ecordemos que justo en momento de la reconstrucción empezaron los cuestionamientos al Club de la Construcción y por los temas de corrupción muchos funcionarios públicos ha tenido temor de actuar. Lamentablemente ha coincidido este mal momento político y social de nuestro país con la necesidad de la reconstrucción.
Expresión corroboró in situ y recorrió los 12 kilómetros de la infraestructura vial que luego de varios años pudo ser mejorada y pavimentada en toda su extensión. Para ello, el ente ejecutor, en este caso el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVIAS, luego de haberle otorgado la buena pro al Consorcio Santa Beatriz, formalizó el 21 de octubre de 2016 el Contrato N° 151 – 2018 .MTC/21, ascendente a 12 millones 631 mil soles.
El consorcio, integrado por las empresas empresas Ibérico Ingeniería y Construcción S.A., Transportes y Construcciones Blasgon S.A. Sucursal del Perú, OIG Contratistas Generales S.A.C. e IBERNOVAS S.A.C, pactaron concluir con la ejecución del contrato, de acuerdo a la Cláusula Quinta, en 165 días calendario.
Los trabajos que fueron realizados por el Consorcio Santa Beatriz consistieron en la conformación de la base y sub base de la infraestructura vial, considerándose también la realización de la pavimentación con asfalto en caliente a lo largo de los 12 kilómetros de extensión de la vía, trabajos que según algunos pobladores de la zona fueron realizados tan solo por dos empresas conformantes del consorcio, como son: Ibérico Ingeniería y Construcción S.A. y IBERNOVAS S.A.C., quedando en manos de Provias Descentralizado la ejecución de las obras complementarias, esto es puentes, badenes y alcantarillas.
DAÑO DEL PAVIMENTO
Como se puede apreciar en las imágenes que ilustran la nota, en algunos sectores de la vía se advierten fisuras y rajaduras del pavimento, en otros perforaciones y desniveles en su superficie. Lo más resaltante de la probable deficiencia de la ejecución de este proyecto vial, es que en algunos sectores de la vía el pavimento asfáltico se encuentra en estado calamitoso, es decir, ya no existe, producto – como lo manifiestan algunos moradores de la zona – de las lluvias persistentes que azotaron en los primeros meses del año en el norte del país, como así también lo dejan entrever los conductores de los vehículos menores que transitan por la vía, del constante transito de volquetes que transportan diariamente materiales de construcción (agregados) que son extraídos de las canteras ubicadas en el distrito de Mesones Muro y son transportados para la ejecución de obras en los diferentes distritos del norte de la región.
SUPERVISIÓN
Cabe hacer mención que el servicio de supervisión de la ejecución de la obra estuvo a cargo del Consorcio Supervisor Ferreñafe, conformado por Osores Padilla Daniel Francisco y Consultoría Colombiana S.A. Sucursal Perú, que para tal fin, el 27 de diciembre de 2016, suscribió el contrato con Provias Descentralizado N° 146-2016-MTC/21, por un importe de un millón 149 mil soles, con la finalidad de controlar y supervisar el proceso constructivo del proyecto por el lapso de 195 días, es decir, desde su inicio hasta la finalización del mismo, labor que tan igual que los ejecutores no habría sido realizada cumpliendo con lo estipulado en el expediente técnico, condición que se evidencian por el estado actual de la carretera.
La vía fue inaugurada a viles del 2017; es decir, tiene menos de dos años de uso.
Según el contrato, el consorcio ejecutor se acogió a la cláusula de vicios ocultos, por lo que le asiste responsabilidad hasta por siete años sobre eventuales daños en la obra.
