Trescientos veintiocho bandas delincuenciales fueron desarticuladas por la Policía Nacional del Perú con las intervenciones realizadas entre el 1 de enero hasta el 30 de junio del presente año en el departamento lambayecano.
A estas se suman las dos mil 204 personas requisitoriadas por diferentes delitos que fueron detenidas en operativos policiales inopinados realizados en zonas críticas de las provincias de Ferreñafe, Lambayeque y Chiclayo. Así lo dio a conocer el general Leoncio Núñez Córdova, jefe de la II Macro Región Policial.
ESTADÍSTICA
Un total de cuatro mil 76 personas fueron detenidas en flagrante delito, mientras que 18 personas que integraban la lista de lo más buscados a nivel nacional, por las que el Ministerio del Interior ofrecía recompensas, fueron atrapados en diferentes partes del departamento. Además, se incautó 91 armas de fuego, 36 armas blancas y se crearon 941 juntas vecinales con el propósito de reforzar los patrullajes nocturnos.
En los meses de enero y junio del 2017, la policía, logró detener a mil 881 personas requisitoriadas por diferentes delitos, dos mil 209 en flagrante delito, se incautaron 101 armas de fuego y 26 armas blancas. Las estadísticas dan a saber que este año la producción policial aumentó al haber mayor eficacia en las intervenciones.
Los problemas que aquejan al departamento de Lambayeque y a sus tres provincias son la delincuencia, los accidentes de tránsito, robos en diferentes modalidades, la venta de estupefacientes y la violencia familiar, siendo esta última la que mayor porcentaje de denuncias presenta.
CASOS
En lo que va del año, la policía ha reportado un total de cuatro mil 40 casos por violencia familiar, tres mil 994 por hurto, dos mil 458 por robo, mil 475 por accidente de tránsito, 620 por lesiones, 215 por tráfico ilícito de drogas y 21 homicidios.
“Los seis primeros meses del 2017, la policía reportó cuatro mil 749 casos por violencia familiar, tres mil 676 hurtos, dos mil 202 robos, mil 775 accidentes de tránsito, 944 lesiones, 176 por tráfico ilícito de drogas y 29 homicidios”, comparó el mando policial.
El departamento actualmente cuenta con tres mil 769 policías para una población de un millón 260 mil 650, según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
“A pesar que existe poco personal policial para atender a muchos ciudadanos, los agentes del orden hacen denodados esfuerzos para mantener la tranquilidad y la seguridad que necesitan los ciudadanos”, menciona Leoncio Núñez.
Con los trabajos de prevención y de inteligencia que han realizado los custodios del orden, se logró desarticular las bandas delincuenciales denominadas como “El terror de los taxista de Chiclayo”, “Los muelones”, “Los anticonas de Cayalti”, “Los venecos”, “Los pica-pica de Fanny Abanto”, “Los apeligrados del penal de Picsi”, “Los panas”, “Los tofes”, “Los poñas”, entre otras.
BUSCADOS
De las 18 personas más buscadas por la justicia, seis eran naturales del departamento de Lambayeque, las cuales fueron identificados como Soriano Rubio Vásquez, buscado por homicidio; Neydi Romero Cueva buscada por robo agravado, y Ana Montenegro Bonilla, por tráfico ilícito de drogas, mientras que tres estaban pedidos por el delito contra la libertad sexual en su modalidad de violación sexual. Ellos son: José Santamaría Arroyo, José Seclén Pérez y Alberto Siesquén Acosta.
“La policía cuenta con 146 vehículos patrulleros, 198 motocicletas y 11 cuatrimotos, estas unidades móviles son utilizadas para hacer frente al crimen organizado que opera en diferentes modalidades. Recientemente la policía ha recibido 18 motocicletas nuevas, las cuales ya han sido repartidas en las comisarías, pero no salen a patrullar porque sus documentos están en trámite”, manifiesta.
Con el objetivo de seguir combatiendo a las personas que viven al margen de la ley, los policías a nivel departamental han creado 941 juntas vecinales integradas por cuatro mil 810 mujeres y seis mil 721 hombres, quienes han sido preparados para que puedan participar conjuntamente en los patrullajes mixtos y brindar la seguridad en sus respectivas zonas.
“En la Autoridad Portuaria Nacional – APN, estamos convencidos que el diálogo público privado es muy importante para articular esfuerzos y coordinar sinergias con toda la comunidad portuaria. Nuestra entidad, como organismo técnico especializado, tiene un directorio público privado, donde no solamente están representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino también los representantes de los usuarios finales e intermedios”, menciona Guillermo Bouroncle Calixto, gerente general de la APN.
El funcionario refiere que es de felicitar el entusiasmo de los dirigentes de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque para promover la ejecución del Terminal Portuario de Eten, iniciativa que cuenta con el respaldo de la APN dada su importancia en ubicación e impacto sobre la macroregión nororiental del país.
“Sin una demanda adecuada, sin un flujo de cargas y mercaderías, no puede darse el desarrollo de la infraestructura portuaria. El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque señala que no podemos darnos el lujo de ineficiencias y yo lo remarco, señalando que estas no pueden venir ni del sector público ni del sector privado. Queda claro entonces que es necesario y fundamental tener en cuenta los aspectos técnicos, tanto las condiciones de los componentes marítimos como profundidades, corrientes y mareas, así como los aspectos económicos, además de los jurídicos, legales y burocráticos”, manifiesta.
Sobre la actualización del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, Bouroncle Calixto comenta que el documento vigente fue aprobado en el 2012, cuya ejecución se ha centrado en cinco líneas estratégicas.
“El Plan Nacional de Desarrollo Portuario nace con la Ley del Sistema Portuario Nacional. Considero que el aporte más importante de esta ley, dada en el 2003, antes que la creación de un organismo técnico especializado como es la Autoridad Portuaria Nacional es haber creado el concepto sistémico de la actividad portuaria. Antes de eso, desde la fundación de la República, nunca existió ese concepto. Es decir, la conceptualización de los diferentes actores y esfuerzos de la economía y el comercio para llevar a cabo inversiones bajo un concepto de competitividad. Esa palabra es el eje y factor clave en el desarrollo de infraestructura y servicios tanto en el país como en cualquier parte del mundo”, indica.
POLÍTICAS Y PROBLEMAS
Añade que la Ley del Sistema Portuario Nacional establece diez políticas portuarias, de las cuales destaca cuatro: el fomento y planeamiento de la competitividad de los servicios portuarios y la promoción del comercio nacional, regional e internacional; la integración de los puertos al sistema de transporte nacional y la cadena logística nacional; la promoción de la inversión en el Sistema Portuario Nacional, fomentando la participación del sector privado, y la promoción del libre acceso, la leal competencia y libre concurrencia al mercado de los servicios portuarios.
“¿De qué nos vale tener inversiones en grandes grúas súper Post-panamax si a la salida del terminal portuario el camión se encuentra con un tráfico infernal? ¿De qué nos sirve mover 40 contenedores por hora si los camiones tienen que hacer grandes colas para entrar o salir, acarreando los consiguientes costos logísticos?”, cuestiona el gerente general de la APN.
El funcionario señala que entre los principales factores que afectan la competitividad portuaria del país se encuentran la falta de modernización de la gestión pública, la existencia de una comunidad portuaria no articulada, la deficiente gestión de procesos logísticos entre entidades vinculadas al sector portuario, la congestión vehicular, la inseguridad en los alrededores de los terminales portuarios, el tráfico ilícito de drogas dentro de las instalaciones portuarias y el déficit de infraestructura y equipamiento portuario.
SOLUCIONES
Para resolver estos problemas, el funcionario refiere, por ejemplo, que el gobierno central ha emitido una serie de dispositivos legales orientados a la modernización de la gestión pública, con el afán de hacerla más expeditiva y con mayor ahorro de recursos. “Hay una política de cero papel. Por ejemplo, ya no se exige la copia de DNI a los usuarios o de los poderes del gerente que firma una solicitud o formato a nombre de una empresa, porque se supone que todo se puede verificar de manera electrónica”, sostiene.
Para mitigar el segundo factor negativo menciona que la Autoridad Portuaria Nacional está haciendo los esfuerzos para integrar y mantener comunicada a las entidades que forman parte de la comunidad portuaria del país, para lo cual se están tomando ejemplos de otros países en los que se ha superado este aspecto que se constituye en una actual debilidad para el Perú.
Respecto a la gestión de los procesos logísticos, Bouroncle Calixto resalta el uso de las herramientas digitales, que también se están empleando para la gestión de citas de ingreso a los terminales portuarios.
Asimismo, destaca que existen compromisos de inversión por el orden de los dos mil millones de dólares para la mejora de la infraestructura y el equipamiento portuario en el país.
EL PLAN DE DESARROLLO PORTUARIO
El Plan Nacional de Desarrollo Portuario – PNDP, es un documento técnico normativo elaborado por la Autoridad Portuaria Nacional y aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante un decreto supremo.
Este tiene como objetivo orientar, impulsar, ordenar, planificar y coordinar las actividades y los servicios portuarios, así como las inversiones en el desarrollo de infraestructura y equipamientos, básicamente a través de la inversión privada sin descartar la participación de la inversión pública bajo el concepto de rentabilidad social, debido a que los puertos pueden ser desarrollados como polos generadores de economía para los pueblos.
Dentro del PNDP existen cinco líneas estratégicas: promover el fortalecimiento del Marco Institucional del Sistema Portuario Nacional, potenciar la modernización de infraestructuras y la conectividad, fomentar la competitividad de los servicios portuarios, impulsar la integración de actividades logístico portuarias de valor añadido como parte de las cadenas de suministro e integrar en el territorio de manera sostenible la relación puerto – ciudad.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
La primera línea estratégica apunta a promover la actualización del Marco Jurídico del Sistema Portuario Nacional, liderar el clúster portuario, impulsar el modelo de relación de las Autoridades Portuarias Regionales - APR, promover la capacitación del recurso humano y fomentar alianzas y convenios.
Actualmente en el país hay 10 APR, 40 convenios interinstitucionales vigentes, 30 convenios nacionales y 10 convenios internacionales.
La segunda línea estratégica busca fomentar el desarrollo sostenible de infraestructuras portuarias, incrementar las conexiones marítimas y fluviales y mejorar la accesibilidad terrestre. Para el primero de estos objetivos se impulsan las asociaciones público – privadas, el derecho de uso de área acuática y franja ribereña y el desarrollo de obras públicas.
En el Perú existen 85 instalaciones portuarias, 28 de uso público y 57 de uso privado. De estas últimas, 34 están destinadas al sector hidrocarburos y gas, 18 a la exportación de concentrados minerales, harina de pescado, aceites y químicos y cinco son multipropósitos.
“Tenemos una cartera importante de futuros proyectos de inversión en infraestructura portuaria, que representa la inversión de dos mil 14 millones de dólares”, destaca Guillermo Bouroncle.
Los proyectos son los terminales portuarios: Fosfatos – FOSPAC / Piura, valorizado en 135 millones de dólares; Lambayeque (380 millones), Salaverry (216 millones), Chimbote (109 millones), Chancay (372 millones), San Juan de Marcona (485 millones), Multiboyas Consorcio Terminales / Arequipa (cuatro millones), Ilo (232 millones) y Multiboyas – Petro Perú / Moquegua (40 millones).
También se tiene un paquete de proyectos portuarios fluviales, con un total de 201 millones de dólares de inversión. Entre estos se considera: Santa Rosa – Loreto (18 millones de dólares), Iquitos (41 millones), Pucallpa (41 millones), Saramiriza – Loreto (nueve millones).
La tercera línea estratégica del PNDP consiste en asegurar la eficiencia de los servicios portuarios, la calidad de estos, así como la seguridad y protección. La cuarta línea se refiere a la promoción del uso de Tecnologías de Información y fomentar el desarrollo sostenible de las zonas de actividades logísticas.
Finalmente, en la quinta línea se plantea fomentar la integración Puerto – Ciudad, minimizar los impactos ambientales e integrar con sostenibilidad el territorio para lograr un modelo social responsable, cohesionado y justo.
El Comité Gremial de Construcción, Inmobiliaria y Afines de la Cámara de Comercio realizó el panel “Situación y problemática actual del sector construcción en Lambayeque”, actividad en la que se analizó el avance de las inversiones promovidas con recursos públicos y privados.
“La Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque tuvo la iniciativa de crear el comité gremial de la Construcción, Inmobiliaria y Afines con el objetivo de representar a las empresas y ayudar a mejorar las condiciones que vive actualmente la región. Brindamos a nuestros asociados el respaldo institucional y la facilidad de aunar esfuerzos entre instituciones y/o empresas importantes de la región para su fortalecimiento, crecimiento y desarrollo empresarial”, mencionó Óscar Tirado Gálvez, presidente del comité gremial.
Las empresas que participan del comité han planificado la realización de diversas actividades para promover y debatir mejoras del sector construcción, entre ellas el panel ejecutado el viernes último.
“Esto significa también afrontar la problemática que afecta al sector privado y fundamental al sector público, que enfrenta una serie de inconvenientes presentados en los últimos años.
INVERSIÓN PÚBLICA
En la jornada se presentó la exposición “Inversión pública regional”, a cargo del contador público colegiado Salvador Hoyos Pérez, en representación del Gobierno Regional de Lambayeque.
Hoyos Pérez detalló sobre la evaluación del presupuesto institucional del gobierno regional desde el 2003 a la fecha, con énfasis en la asignación de recursos para la ejecución de proyectos de inversión en las provincias.
Asimismo, informó sobre cuánto ha invertido el gobierno regional en cada uno de los 38 distritos de Lambayeque y cuáles han sido los sectores más beneficiados con la ejecución de proyectos.
CORRUPCIÓN Y LEY DE CONTRATACIONES
A su turno, el Eduardo Montalvo García, integrante de la Comisión de Obras Públicas y Contrataciones del Estado del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque, disertó sobre los principales problemas de corrupción asociados a las licitaciones públicas.
“El Estado es el que realiza la mayor inversión en la ejecución de obras públicas y por eso es necesario revisar y debatir de manera permanente mejoras a la Ley de Contrataciones”, remarcó el expositor.
Junto a él intervino otro integrante de la comisión, además de presidente del Capítulo de Ingeniería Civil del CIP Lambayeque, Manuel Borja Suárez, quien presentó información sobre los proyectos con vicios de corrupción que existen actualmente en el país, además de las incongruencias que existen en la actual norma de contrataciones y que facilitan, por ejemplo, el direccionamiento de procesos.
PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD
También fue invitado como panelista el exalcalde de Chiclayo Arturo Castillo Chirinos, cuya intervención se centró en un recuento de los planes de desarrollo que se diseñaron para la provincia a iniciados de la década del 90, como el Plan Director Chiclayo 2020.
“Fuimos la primera ciudad en el mundo que nos insertamos al Programa de Ciudades Sostenibles de las Naciones Unidas, logramos una serie de estudios como el del Sistema de Transporte Masivo con el financiamiento del gobierno danés, pero lamentablemente todas esas iniciativas se quedaron en el archivo porque quienes me sucedieron en la municipalidad simplemente no se interesaron por la planificación y el desarrollo urbano”, manifestó Castillo Chirinos.
OFERTA INMOBILIARIA
En el panel también se informó a los asistentes sobre la oferta inmobiliaria existente en Lambayeque, básicamente con el incremento de los proyectos desarrollados por el sector privado y los beneficios que otorga actualmente el Estado para que familias de los sectores C y D accedan a la vivienda propia.
Nuevos incentivos como el Bono Verde abren aún más la posibilidad para acceder a la casa propia con apoyo del Estado.
“Es importante que la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque realice actividades como esta para que juntos, tanto el sector público como el privado, podamos discutir cómo mejorar y fortalecer el desarrollo de Lambayeque. La cámara tiene sus puertas abiertas”, dijo al clausurar el panel el presidente de la institución, Olivio Huancaruna Perales.
En el 2011, meses antes de jurar como congresista por Lambayeque, Virgilio Acuña Peralta, soltó una retahíla de mentiras. Dijo, por ejemplo, que el Túnel Trasandino se excavaba a mano porque la perforadora TMB no funcionaba hace dos años y que las bases para la subasta de las tierras de la irrigación Olmos condicionaban a las empresas tener experiencia agrícola. Ahora, el postulante regional vuelve a la carga y afirma que de ganar las elecciones “recuperará” los terrenos de la Casa Comunal de la Juventud, que – según él – son de propiedad municipal, para instalar ahí las oficinas del gobierno regional.
Las mentiras de Virgilio Acuña no son nuevas, pero esta vez las ha convertido en parte de su abanico de propuestas en la intención de llegar a la gobernación de Lambayeque. A lo de la casa comunal se suma otro desliz: recuperar el complejo deportivo "Rumenus Scander Scander", conocido como La Videnita, que es propiedad del municipio de Chiclayo, para administrarlo a través del gobierno regional. La confusión de competencias es evidente.
EL ORIGEN DE LA CASA COMUNAL
Hay hechos históricos y legales que el líder del movimiento Primero Lambayeque necesita saber. Uno de ellos, la raíz del proyecto de la Casa Comunal de la Juventud. La creación de esta institución sin fines de lucro se dio con la Ley N° 16736, aprobada por el Congreso de la República el 27 de noviembre de 1967, en el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry.
El promotor de la norma fue el diputado lambayecano Guillermo Baca Aguinaga, creador del proyecto que había tomado la experiencia de Alemania, país al que viajó hasta en 12 oportunidades para conocer de los programas educativos y culturales que podían replicarse en el Perú y, en especial, en el departamento.
La Ley de 1967 ordenó la creación de la Casa de la Juventud de Chiclayo y en su artículo segundo declaró de necesidad y utilidad pública la dotación de un local propio para su funcionamiento, autorizándose (Artículo 3) al Concejo Provincial para expropiar los inmuebles ubicados en la manzana comprendida entre las calles Salaverry, José Leonardo Ortiz, Manuel María Ízaga y Larco Herrera (hoy Avenida Grau), para que se construya en esta la naciente institución.
En la norma también se consignó el presupuesto funcional del gobierno central para la asignación de partidas dinerarias que permitan la expropiación y encargó a la entonces Corporación de Fomento y Desarrollo Social y Económico del Departamento de Lambayeque la elaboración de planos, presupuesto y ejecución del local.
ADJUDICACIÓN DEL TERRENO
En octubre de 1968, con el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, se dejó sin cumplimiento la ley. Para entonces, ya se habían depositado en una cuenta intangible poco más de dos millones de soles del presupuesto nacional a fin de concretar el proyecto de la Casa Comunal, dinero que se mantuvo reservado hasta el retorno de la democracia.
Ya en 1983, siendo Guillermo Baca Aguinaga alcalde de Chiclayo, se retomó la iniciativa del proyecto, aunque las condiciones habían cambiado. En principio porque la manzana asignada de acuerdo a la ley de 1967 ya había sido ocupada por el Centro Cívico, donde hoy se ubican la biblioteca municipal, la oficina de correos, el Banco de la Nación, la SUNAT, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Ante ello, por decisión unánime del concejo provincial, conformado en aquel entonces por 19 regidores (11 apristas, cuatro de Acción Popular y cuatro de Izquierda Unida), se aprobó la permuta del terreno, adjudicándose a título gratuito y de manera perpetua la manzana contigua, de mil 300 metros cuadrados, donde finalmente se construyó al Casa Comunal de la Juventud.
La minuta fue suscrita entre el municipio y la Asociación Casa Comunal de la Juventud en abril de 1987, siendo alcalde de la ciudad Julio Fernández de la Oliva.
La Partida Registral del predio a nombre de la Casa Comunal de la Juventud es la N° 02188183 – Tomo 133, foja 333, existente en la Oficina Registral de Chiclayo.
LOS RECURSOS
En la historia de la Casa Comunal de la Juventud hay varios pasajes inéditos, dignos de resaltar, a fin que se comprenda el esfuerzo que significó la realización del proyecto. Las partidas iniciales no fueron únicamente públicas, también hubo dinero logrado por donaciones.
“En aquel tiempo, los diputados tenían iniciativa de gasto y Guillermo Baca Aguinaga logró que se abra una cuenta exclusiva para la asignación de partidas a nombre de la Casa Comunal de la Juventud. Logró que se asignen dos millones 790 mil soles. Lo que poco se conoce es que muchos amigos alemanes, que él mantuvo en el tiempo, también apoyaron en la construcción de la casa. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la vinculación de la casa con el Consulado Honorario de Alemania que antes representaba Armin Bülow? Fue por estas razones”, explica Guillermo Pérez Sialer, administrador de la institución.
Pero hay más. Baca Aguinaga entregó más de 30 años de su vida a la consolidación del proyecto de la Casa Comunal, que hoy con justicia lleva su nombre, poniendo en más de una ocasión su propio patrimonio y garantizando los préstamos que se hicieron para habilitar espacios, equipamiento y asegurar el funcionamiento de la institución.
Por ejemplo, la construcción de la piscina, considerada hoy una de las más saludables de Lambayeque, de acuerdo a informes que todos los años realiza la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, fue posible con préstamos gestionados ante el Banco Wiese, siendo garante de los mismos el propio Baca Aguinaga.
“Fuimos con Guillermo Baca a la oficina del Banco Wiese, donde el señor Seminario era el administrador. Cuando llegamos, este preguntó en qué podía servirlo y Guillermo Baca respondió que necesitaba dinero para construir la piscina de la Casa Comunal de la Juventud. Guillermo Baca puso su casa en garantía. ¿Sabe eso el pueblo de Chiclayo? El banco prestó 35 mil dólares y el aval de eso fue Guillermo Baca. Fueron tres préstamos, ¿saben eso los gaznápiros que hoy dicen que quieren desaparecer la casa y así el espacio donde cientos de jóvenes acuden todos los días, algunos gratis y otros con pagos simbólicos, a realizar actividades deportivas y culturales? ¿Lo saben?”, con indignación cuestiona Pérez Sialer.
Solo para tener idea del sentido social de la Casa Comunal de la Juventud vale mencionar que el alquiler de una plataforma deportiva cuesta 10 soles la hora, mientras que en el complejo deportivo municipal se cobra 50 soles por el mismo tiempo.
“En vez de estar haciendo propaganda con mentiras, deberían ir a la SUNARP y averiguar a quién le pertenece este terreno y quiénes son los responsables de su administración”, indica el administrador.
CONVENIO CON LOS TRABAJADORES
Ordenado como fue, Guillermo Baca previendo situaciones como la que actualmente ponen en duda la naturaleza y propiedad de la Casa Comunal de la Juventud, en su calidad de presidente de la misma, con los poderes inscritos en Registros Públicos, suscribió en diciembre del 2008 un convenio con la Asociación de Trabajadores de la Casa Comunal para que esta asuma, por un plazo de 30 años, la administración de los servicios.
“Tengo que mencionarlo y disculpen que lo diga: Guillermo Baca murió con 250 soles en su tarjeta. Fue su único capital, nunca acumuló dinero, pese a que solo le faltó ser presidente del Perú. Guillermo Baca fue maestro, presidente de la Federación de Estudiantes de San Marcos, diputado, senador, constituyente, alcalde de Chiclayo, presidente de la CORDELAM, prefecto y el pacificador de la ciudad cuando dos personajes se peleaban por el control de la municipalidad. Siempre nos dijo: ‘Cuiden la obra, que no se distorsione su finalidad, porque el esparcimiento, el deporte y la cultura envuelven lo que es educación y un pueblo educado tiene derecho a un mejor destino’”, rememora Pérez Sialer.
La casa tiene 31 años de funcionamiento y sigue siendo un proyecto en ejecución, debido a que no percibe ningún tipo de subvención pública o privada. Es más, como entidad paga impuestos municipales, tributa a la SUNAT y cumple con sus obligaciones laborales.
“Recién acabamos de renovar el cerco perimétrico y seguimos haciendo mejoras, siempre sirviendo a la comunidad. Aquí funciona la Cruz Roja, la escuela de ajedrez, de karate, aquí tuvimos a las alumnas del Colegio Elvira García y García mientras se construía su local educativo y se fueron pese a que la Gerencia Regional de Educación nos tiene una deuda de 40 mil soles. Producto del uso de las instalaciones se dañaron servicios, ventanas, puertas y nosotros, con nuestros propios recursos, estamos reparando ello. ¿Saben eso los que dicen que van a poner aquí oficinas regionales?”, manifiesta el administrador.
Virgilio Acuña no es el primero que lanza propuestas como la ya mencionada. En su momento lo hizo Arturo Castillo Chirinos, Roberto Torres Gonzales y el propio David Cornejo Chinguel. Sin embargo, nada de ello prosperó dada la naturaleza privada que tiene la institución.
“Esos alcaldes tuvieron que entender y aceptar que esta es una institución privada. Ahora, los gaznápiros ven todo esto como atractivo. Lo ve así la gente que tiene oficio en el aprovechamiento de lo ajeno y que busca cualquier alternativa buena o mala, gente que no tiene vergüenza”, enfatiza.
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Pese a que el Jurado Electoral Especial – JEE dio la posibilidad para que el Partido Aprista Peruano corrija los errores en las listas presentadas al Gobierno Regional de Lambayeque y a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el personero legal de la agrupación, Alonso Huamán Seminario, no pudo superarlos, originando que el organismo las declare improcedentes. Por los argumentos expuestos en las decisiones del JEE, todo hace indicar que el PAP vivirá la vergüenza de quedarse sin participar de las votaciones de octubre próximo.
Todo ha marchado de cabeza en el Partido Aprista Peruano en los últimos meses. Al revés sufrido por la dirigencia nacional ante el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, se suma la manera en la que se desarrolló, el 20 de mayo, la elección interna de candidatos a las alcaldías distritales, provinciales y al gobierno regional, ensombrecida por denuncias de fraude para beneficiar a dos postulantes: Pablo Cornejo Chinguel, aspirante a la gobernación de Lambayeque, y Marco Hernández Briones, que busca llegar a la alcaldía de Chiclayo.
FALLA DE ORIGEN
Inicialmente fueron tres las listas que tentaban la representación aprista al gobierno regional: una liderada por el excongresista Humberto Falla Lamadrid, quien declinó antes del proceso interno; la del dirigente ferreñafano Juan Carlos Torres Padilla, y la de Pablo Cornejo Chinguel, hermano del actual alcalde de Chiclayo de quien es muy cercano el congresista Javier Velásquez Quesquén.
Días antes de la elección interna, Cornejo Chinguel renunció públicamente a su precandidatura, pero aun así corrió en la votación con el número 2, ganando finalmente la postulación. En la lista se incluyó a Alonso Huamán Seminario como accesitario del candidato a consejero José Díaz Periche.
Huamán Seminario, conocido también por su cercanía con Velásquez Quesquén, ha presidido el Tribunal Electoral Regional del PAP desde el 2010 y pese a que había sido elegido como accesitario de consejero regional en el proceso interno tuvo que declinar para asumir el rol de personero legal, cargo al que se negó Julio Fernández Bartolomé, hoy trabajador del despacho congresal de Javier Velásquez.
Esa fue la razón por la que ante el Jurado Electoral Especial se incluyó como accesitario al Consejo de Lambayeque a José Domingo Rentería Vinces.
INADMISIBILIDAD
Formulada la solicitud de inscripción, el JEE Chiclayo emitió la Resolución N° 00179-2018, del 20 de junio, en el Expediente N° ERM.201816821, declarando inadmisible la lista regional encabezada por Pablo Cornejo Chinguel al Gobierno Regional de Lambayeque, debido a incongruencias halladas en la conformación de la nómina al Consejo Regional.
“Se puede apreciar que no existe congruencia al cotejar la lista y fórmula de los candidatos que postulan, es decir al momento que han generado su solicitud de inscripción de listas de candidatos en el Sistema Declara han consignado algunos nombres sin seguir el orden de los escaños de acuerdo a la lista ganadora en su Acta Electoral”, refiere la resolución de inadmisibilidad.
El jurado advirtió que Rentería Vinces había sido consignado como candidato para consejero regional accesitario, pese a que no figuraba en el Acta de Elección Interna suscrita por el Tribunal Electoral del PAP el 23 de mayo pasado.
El JEE le otorgó dos días al personero legal, Alonso Huamán, para que subsane las observaciones formuladas. Este fue notificado de la resolución el 28 de junio.
IMPROCEDENCIA
El mismo día que fue notificado de la inadmisibilidad, Huamán Seminario presentó el escrito de subsanación al Jurado Electoral Especial a fin de lograr que este admita la inscripción de la lista regional aprista.
Con ello, el organismo electoral publicó una nueva resolución, la N° 00514-2018, precisando que si bien el personero legal había presentado el escrito de subsanación en el plazo establecido, este alcanzó una Acta Electoral de Integración, del 19 de junio, fuera del plazo establecido por ley, debido a que un documento de este tipo solo era posible redactarse hasta el 25 de mayo, fecha límite para que las organizaciones políticas realicen sus elecciones internas.
Fue con esa acta con la que Huamán Seminario buscó validar la inclusión de Rentería Vinces en la nómina regional como accesitario. Sin embargo, el JEE detectó que este no aparecía en ninguna de las dos listas que se presentaron al proceso interno, por lo que se cometió una clara irregularidad, “ya que la Ley de Organizaciones Políticas – LOP, prohíbe modificaciones una vez que el proceso ha sido convocado”.
Los artículos 19 y 20 de la Ley de Organizaciones Políticas señalan que “la elección de autoridades y candidatos de los partidos políticos y movimientos de alcance regional o departamental debe regirse por las normas de democracia interna establecidas en la ley, el estatuto y el reglamento electoral de la agrupación política, el cual no puede ser modificado una vez que el proceso ha sido convocado”. Además, “toda agrupación política debe garantizar el respeto al debido proceso electoral”.
“Por estas razones, ante las deficiencias advertidas en el acta de elección interna, las cuales ya no pueden ser subsanadas (toda vez que el acta de elección interna, hoy en día, ya no puede ser modificada ni reelaborada), y al haberse incumplido las normas de democracia interna establecidas en los artículos 19° y 20° de la LOP –vicio que afecta a la lista de candidatos en su integridad–, debe declararse la improcedencia de toda la fórmula y lista de candidatos al Gobierno Regional de Lambayeque, presentada por el Personero Legal Titular de la organización política “Partido Aprista Peruano”, en aplicación del artículo 30, numeral 30.1° leral b), del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Regionales, aprobado mediante Resolución N° 083-2018-JNE”, señala la resolución.
LA LISTA DE CHICLAYO
Y como si el Partido Aprista Peruano estuviera condenado a sufrir una de sus más grandes vergüenzas electorales, la lista para la provincia de Chiclayo también ha quedado fuera de carrera, al menos por ahora, en tanto el Jurado Nacional de Elecciones no reciba y resuelva algún recurso de apelación sobre el particular.
La historia de este caso también se remonta a la elección interna, en la que se presentaron tres listas para el municipio de la capital departamental. Una estuvo liderada por el exconcejal Guillermo Pérez Sialer, otra por el varias veces alcalde de Zaña, Marco Hernández Briones, y la tercera por el dirigente Raúl Benites Acuña.
La votación la ganó Hernández Briones, luego de obtener una sorprendente cantidad de votos en Cayaltí, dejando atrás a Pérez Sialer, quien triunfó en la mayoría de distritos de la provincia. Voces de fraude se hicieron escuchar.
Con ese resultado, Alonso Huamán solicitó al JEE la inscripción de la lista para la municipalidad de Chiclayo.
El 21 de junio, los integrantes del JEE suscribieron la Resolución N° 00241-2018, Expediente N° ERM.2018015415, declarando inadmisible la solicitud por no cumplir con requisitos formales, ajustados a ley.
“De la revisión de los requisitos presentados, se advierte que los candidatos consignados en la solicitud de inscripción de listas en el Sistema Declara, no son los mismos que obran en el Acta de Elecciones Internas de fecha 23 de mayo de 2018; es decir en la última hoja, se lee los porcentajes de las listas ganadoras, conforme a la cifra repartidora, la cual debe respetarse el orden señalado: Lista 01: tres regidores, Lista 02: seis regidores y Lista 03: seis regidores, y efectuando el cotejo de la lista que debió quedar conformada para postular, no se ha seguido dicho orden, pues han consignado a los candidatos de toda la Lista 03, mas no están proporcionalmente asignados”, argumentó el organismo electoral.
En la misma resolución, el jurado señaló que para calificar a los candidatos el Partido Aprista Peruano primero debía cumplir con las formalidades e indicar el orden correcto de los escaños de los ganadores. Dos días le otorgó al personero legal para levantar las observaciones.
ERROR INSUBSANABLE
El último día de junio, Huamán Seminario presentó su escrito de subsanación, que al ser valorado motivó la Resolución N° 00563-2018, del 1 de julio, con la que el Jurado Electoral Especial declara improcedente la inscripción de la lista municipal que lidera Marco Hernández Briones a Chiclayo.
La autoridad electoral refiere que “la organización política consignó en la solicitud de inscripción de listas de candidatos del sistema Declara a los candidatos de la Lista 03, sin respetar a los que integraban la listas 1 y 2”, conforme se deduce del resultado de la elección interna, que obligaba a la aplicación de cifra repartidora para la inscripción de los candidatos a regidores.
Para subsanar la observación, tal como lo hizo en el caso de la lista regional, Huamán Seminario presentó un acta de integración del 19 de junio, fuera del plazo permitido por ley, señalando además que los representantes de las listas 1 y 2 notificaron que sus integrantes no participarían de la lista con cifra repartidora, por lo que se decidió por inscribir a los 15 candidatos de la lista de Hernández Briones.
El jurado también valoró los escritos presentados por los representantes de las otras listas, quienes dieron cuenta de irregularidades en la elección interna.
“Una de las causales de improcedencia respecto de la solicitud de inscripción de listas de candidatos, que resulta insubsanable es lo siguiente: El incumplimiento de las normas sobre democracia interna, conforme a lo señalado en la LOP, como se verifica en el presente caso al pretender ingresar un documento que no está acorde al resultado del proceso electoral interno de la organización política”, dice textualmente la resolución.
El PAP apeló ante el Jurado Nacional de Elecciones ambas resoluciones.
Comuna dejó de recibir más de dos millones de soles en el 2017.
Si algo falta en el municipio de José Leonardo Ortiz son recursos, considerando que casi el 100 % de lo que percibe al año por el Fondo del Compensación Municipal – FONCOMUN, es destinado al pago de planillas. Sin embargo, esta situación parece no preocuparle ni al alcalde ni a sus funcionarios, quienes en el 2017 permitieron que el distrito pierda millones de soles al no cumplir con las metas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Con la Resolución de Alcaldía N° 068-2017, del 6 de febrero del año pasado, el alcalde Epifanio Cubas Coronado designó a los funcionarios responsables del cumplimiento de cada una de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.
LAS METAS
Así, por ejemplo, responsabilizó al gerente de Seguridad Ciudadana de alcanzar los objetivos de la meta denominada: “Formulación y ejecución de actividades del Plan local de Seguridad Ciudadana articulado al Programa Presupuestal 0030”, al responsable de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la meta “Desarrollo y aprobación del Plan Municipal del Libro y Lectura”, al subgerente de Logística de la “Implementación del control interno (fase de planificación) en los procesos de inversión pública y contratación pública”, y al gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la “Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 40 % del Presupuesto Institucional Modificado – PIM de inversiones”.
Todas esas metas debieron cumplirse al 31 de julio del año pasado.
Por otro lado, Cubas Coronado encargó a la Gerencia de Seguridad Ciudadana el cumplimiento de meta “Formulación y ejecución de actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana articulado al Programa Presupuestal 0030”, a la Gerencia de Servicios Públicos de la “Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales”, a la gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la “Mejora de la gestión urbana y territorial”, al subgerente de Administración de Mercados de la “Elaboración del padrón municipal de vehículos de transporte y comerciantes de alimentes agropecuarios primarios y piensos”, y al gerente de Desarrollo Económico y Social de la “Implementación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor – CIAM”.
En tanto, el subgerente de Educación, Cultura y Deporte debía alcanzar la “Consolidación de las Escuelas Deportivas Municipales orientadas a la masificación”, el subgerente de Logística la “Implementación del control interno (fase de ejecución) en los procesos de inversión pública y contratación pública”, el gerente de Administración Tributaria el “Fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial” y el gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano la “Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 75 % del Presupuesto Institucional Modificado – PIM de inversiones”.
Estos objetivos debieron cumplirse al 29 de diciembre del 2017.
El artículo segundo de la Resolución Alcaldía N° 068-2017 señala expresamente que “los responsables de cada una de las metas deberán de cumplir bajo responsabilidad con presentar el informe de evaluación sobre el cumplimiento de las metas evaluadas en el año 2017 dentro del plazo establecido en el Artículo 16 del Decreto Supremo 394-2016-EF”, encargando a la Gerencia General el seguimiento a estas obligaciones.
CUMPLIDAS
El 11 de junio de este año, con Carta N° 58-2018, el coordinador del Plan de Incentivos de la comuna leonardina, Segundo Suyón Escurra, informó al alcalde sobre lo que sus funcionarios lograron hasta el 31 de diciembre del 2017.
En el caso del gerente de Seguridad Ciudadana, Ocander Ugualdez Fernández, este cumplió con la formulación y ejecución de actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana, permitiendo que la municipalidad reciba 290 mil 626.80 soles por lo ejecutado al 31 de julio y 135 mil 554.66 soles por lo logrado al 31 de diciembre. En total, por esta meta el Ministerio de Economía y finanzas transfirió a la municipalidad 426 mil 181.46 soles.
Por la elaboración del padrón municipal de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios, primarios y piensos, a cargo de la Subgerencia de Administración de Mercados, dirigida por Agustín Ramos Santa Cruz, la comuna recibió del MEF 135 mil 554.66 soles.
Del mismo modo, la Subgerencia de Educación, Cultura y Deportes, cargo de Ymer Tineo Campos, logró la consolidación de las escuelas deportivas municipales, generando el ingreso por incentivo de otros 135 mil 554.66 soles.
También se cumplieron las metas: “Implementación del control interno (fase de ejecución) en el proceso de contratación pública”, “Creación o adecuación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor – CIAM” y “Ejecución presupuestal de inversiones mayor o igual al 40% del Presupuesto Institucional Modificado – PIM, de inversiones”. Sin embargo, los recursos de estas se perdieron.
De acuerdo a lo informado por Suyón Escurra al despacho de alcaldía, el municipio leonardino solo recibió en el 2017 un total de 406 mil 664 soles de los dos millones 421 mil 890 que podían ingresar a sus arcas si se cumplía con las metas establecidas en el Programa de Incentivos.
OLVIDADAS
Aun cuando en la Resolución de Alcaldía N° 068-2017 se señaló que los funcionarios eran responsables de su cumplimiento, hasta el momento no se ha dispuesto ninguna acción contra los jefes de las gerencias, algunos ya fuera de la gestión municipal de Epifanio Cubas, por dejar en el aire las obligaciones indicadas, generando perjuicio económico a la comuna.
Este es el caso de Manuel Rodríguez García, gerente de Servicios Públicos, quien no cumplió con la implementación de un sistema integrado de manejos de residuos sólidos municipales, por la que debía transferirse hasta 145 mil 313.40 soles.
Por la meta de mejora de la gestión urbana y territorial, también incumplida por el funcionario responsable, el municipio perdió otros 145 mil 313.40 soles; lo mismo que por la “Implementación del control interno (fase de ejecución) en el proceso de contratación pública”.
Por no cumplir con el fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial se perdieron 217 mil 970.10 soles, monto que también se dejó de recibir por la no ejecución del más del 75 % del Presupuesto Institucional Modificado – PIM, de inversiones.
AÑOS ANTERIORES
En el 2016, la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz tuvo la oportunidad de recibir dos millones 400 mil 871 soles del Programa de Incentivos que plantea el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, calificó únicamente para la transferencia de un millón 392 mil 505 soles, es decir el 58 % del total.
Ese año, el MEF señaló diez metas, de las cuales la comuna solo alcanzó objetivos en seis, siendo estas: “Actualización y registro de las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFObras”, “Condiciones adecuadas para implementar y gestionar un programa deportivo y recreativo orientado a la masificación deportiva”, “Elaboración de un perfil de proyecto viable de mejoramiento y/o ampliación de infraestructura deportiva municipal”, “Formulación e implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana”, “Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40 % del Presupuesto Institucional Modificado - PIM, de inversiones” y “Diagnóstico del nivel de accesibilidad urbanística para las personas con discapacidad y movilidad reducida”.
En el 2015 la situación fue más lamentable aún, debido a que la municipalidad solo recibió 790 mil 836 soles de dos millones 636 mil 121 que podía obtener si alcanzaba las metas. Es decir, solo calificó para ganar el 30 % de lo ofrecido por el Programa de Incentivos.
A través del programa se establecieron 11 metas de las cuales José Leonardo Ortiz cumplió solo cuatro. Estas fueron: “Ejecución de al menos el 75 % de cada una de las actividades programadas - incluyendo las obligatorias- en el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2014”, “Diagnóstico de residuos sólidos de las actividades de construcción y demolición depositados en espacios públicos y de obras menores”, “Ejecución de al menos el 75 % de las actividades programadas incluyendo las obligatorias en el Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC), correspondientes al I Semestre 2015 – MININTER” y “Actualización y registro de las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras Públicas-INFObras – CGR”.
En investigación por supuesta organización “Los Wachiturros de Tumán”, sólo dictaron comparecencias restringidas, simple y pago de caución contra investigados.
Ana María Yesquén Puican, gerente de Comunicaciones del Grupo Oviedo, señala que el Fiscal ha construido una novela que él solo se la cree. “Carrasco Millones no es responsable con sus acusaciones, emplea malas argucias, se desapega de la verdad y busca tener preso a todo el mundo, lo he quejado con fuerza de razón y en defensa a mis derechos”, refiere la ejecutiva del Grupo Oviedo.
Expresión entrevistó a Yesquén Puican, compartimos la respuesta a nuestras preguntas.
Rechazaron el pedido de prisión preventiva contra usted y ex ejecutivos de la empresa que representa.
El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, rechazó el pedido de Prisión Preventiva que solicitó la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, contra ex directivos de la empresa Tumán, investigados como presuntos autores de los delitos de asociación ilícita, encubrimiento real, entre otros en agravio del Estado.
¿Esperaban que este fallo se favorable?
El Juez Carlos Chanamé Chumán, mediante la Resolución Nº2 de fecha 28 de junio de 2018, declaró Infundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el Fiscal Juan Carrasco Millones, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, contra Segundo Ordinola Zapata, Pablo Roberto Arce Benites, Cecilia Del Rosario Limo Rojas, en el proceso que se les sigue por el asesinato de los obreros Percy Farro Witte, Raúl Rimarachín Cascos, estableciendo para ellos, mandato de comparecencia con restricciones.
¿Es decir tendrán que cumplir normas establecidas por ley?
Las referidas personas tienen prohibido variar el domicilio donde residen sin previa autorización del Juez; prohibir ausentarse de la localidad donde viven sin previa autorización del Juez; presentarse a todas las citaciones que realice el representante del Ministerio Público o el Poder Judicial; así como justificar sus actividades el último día hábil de cada mes ante el Órgano Jurisdiccional.
¿Hay alguna regla más que tengan que cumplir?
Deberán cancelar el pago de una caución económica, en el caso de Segundo Ordinola Zapata y Pablo Roberto Arce Benites, ascendente a la suma de 20 mil soles, que deberá ser cancelada en el plazo de 72 horas de notificada la resolución. En tanto a Cecilia Limo Rojas se fija una caución económica de 10 mil soles que también deberá cancelar en el mismo plazo, reglas de conducta que deberán ser cumplidas de lo contrario podría revocarse la comparecencia con restricciones e imponerse prisión preventiva.
¿En su caso estuvo siempre confiada que no le darían la prisión preventiva?
Totalmente confiada. Primero porque no he hecho nada que vaya contra la ley, tengo mi conciencia tranquila, he seguido todo el proceso legal desde que se inició con total apego a lo que dictan las normas de la justicia de nuestro país. He sido la primera interesada en que el juzgador conozca mi caso, estuve en todo la causa acompañada de mi abogado el doctor Julio Antonio Rodríguez Delgado quien con los medios probatorios en la última audiencia fundamentó que lo mío era cosa juzgada.
¿Cosa Juzgada?
Así es, mi abogado demostró que al amparo de lo establecido en los artículos 139º incisos 3, 13 y 14 de la Constitución Política del Estado, reconocen y garantizan los Derechos al Debido Proceso, la Prohibición de revivir procesos fenecidos con la condición de cosa Juzgada y el irrestricto derecho de defensa.
Entonces por ello su abogado interpuso el recurso de Excepción de Cosa Juzgada
Totalmente cierto. Mi defensa técnica se sustentó en que, los hechos y el tipo penal esgrimidos en mi contra, en el Requerimiento Acusatorio emitido por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, fueron objeto de una decisión de sobreseimiento, a través de la excepción de improcedencia de acción que fue declarada fundada por la Primera Sala Penal de Apelaciones, en el Expediente N° 2925-2015-20 , que tenía como antecedente a la Carpeta Fiscal 1661-2015, que como recordarán fue objeto de la decisión de Desacumulación que ha precedió a esta causa.
¿Cómo se tipificó el delito en la que se le involucró?
Encubrimiento Real.
¿Este proceso tuvo que lidiarlo en Primera y Segunda Instancia?
Si claro. Tuve que apelar la decisión del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, el cual fue resuelto por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de la resolución del 26 de octubre de 2016. En dicha decisión, el citado Colegiado dispuso Revocar la resolución del 5 de julio de 2016, emitida por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, en el extremo que declaró Infundada la Excepción de Improcedencia de Acción –medio de defensa técnico implementado– respecto al delito de Encubrimiento Real y reformándolo declararon fundada la Excepción de Improcedencia de Acción en este extremo, disponiendo el archivo definitivo de lo actuado, en relación al delito de Encubrimiento Real.
Esta decisión favorable a su persona fue objeto de algún recurso impugnatorio.
No, no la objetaron ninguno de los sujetos procesales intervinientes; razón por la cual a partir de esa fecha, la decisión de sobreseimiento de la Acción Penal Incoada contra mi persona por la supuesta e inexistente comisión del delito de encubrimiento real, quedó firme y consentida y adquirió la condición de cosa juzgada.
¿Es decir la FECOR desconocía su propia carpeta?
Así es, mostraron un absoluto desconocimiento de los actuados en el expediente y en su propia Carpeta Fiscal. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, formalizó su requerimiento acusatorio el 4 de abril de este año -2018-, en mi contra, como presunta autora del delito de Encubrimiento Real, y sobre la base de los mismos hechos que fueron objeto de la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria del 28 de enero de 2015; a pesar de que por la misma conducta y sobre el mismo tipo penal, ya existía una decisión de la Sala Superior, en la que dispone el Sobreseimiento de la Acción penal Incoada contra mi persona, la cual ostenta la condición de cosa juzgada.
Sin embargo aún no se ha archivado su proceso.
A mí, me han dictado comparecencia simple, sabe el juez que la FECOR no tiene cómo probar la absurda acusación que me hace. Estoy segura que terminará archivándose este caso y se hará en base a que demostramos no tener ninguna culpa en nada de lo que se nos acusa.
Le impacientó la demora de la Resolución.
Tuve mucha confianza en Dios, en mi abogado y en el apoyo total de mi familia. Al leer la Resolución, me deja claro el juez que en mi caso no hay delito alguno. Antes y ahora seguiré caminando con la frente en alto y sobre todo más fuerte que nunca. Una vez más se hizo justicia.
¿Qué es lo primero que leyó?
La parte Resolutiva que señala “El Juez a cargo del VIII Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque resuelve: Declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el representante de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada en contra de Segundo Ordinola Zapata, Pablo Arce Benítez, Cecilia del Rosario Limo Rojas y Ana María Yesquén Puican por la presunta comisión de los delitos de Asociación Ilícita y otros, en agravio del Estado”.
Y al leer la disposición del juez que dicta contra mi persona mandato de comparecencia simple. Levante la cara y agradecí a Dios que se me hiciera justicia.
Se arrepiente de algo
Tal vez de ser confiada, vehemente, querer cambiar a este mundo y no es como lo soñamos o queremos, porque en nuestra sociedad hay muchos estereotipos, tenemos que aprender a vivir en este mundo complicado pero en el que día a día tengo logros personales, familiares, profesionales y ello me anima a seguir adelante.
¿Es feliz?
Una vida fácil sería de la más aburrida y a mí no me gusta eso. La vida es una aventura increíble donde necesitas tener a Dios como punto de partida en tu camino, a tu familia y a tus amigos para ser cada día más fuerte. Si soy Feliz. Mucho más Feliz que ayer y mucho más tranquila que anteayer. Feliz de saber que cuento con los amigos sinceros y leales a mí, no a lo que represento. Feliz de tener la familia que tengo y porque si pudiera escogerlos los escogería de nuevo. Y si me preguntas, si estoy satisfecha con lo realizado, te respondo que soy Feliz con lo que hago y como lo hago.
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Peruanos Por el Kambio – PPK, presentó a sus candidatos a las alcaldías y al Gobierno Regional de Lambayeque en una conferencia en la que se remarcó la capacidad para administrar los recursos públicos que dicen tener los postulantes. Uno de ellos, Michael Llontop Ruiz, aspirante a la alcaldía provincial de Chiclayo, afirmó que está preparado para gestionar y que de resultar electo corregirá los errores de la actual administración municipal.
“Estoy en el partido hace ya algunos años, he participado de la campaña del presidente Pedro Pablo Kuczynski y he tenido la oportunidad de ser jefe de campaña del congresista Clemente Flores, congresista por Lambayeque. Tengo gratitud para con el partido y los candidatos distritales, así como para con el ingeniero Bernardino Lalopú, candidato a la gobernación regional, que es una persona a carta cabal, quien le dará un vuelco a la política regional”, enfatizó Llontop Ruiz.
El candidato dijo que la propuesta electoral de Peruanos Por el Kambio se centra en la capacidad de sus representantes, de quienes destacó el arraigo que tienen con Lambayeque.
“En Peruanos Por el Kambio estamos los verdaderos chiclayanos: Lalopú, Llontop, Saba, apellidos autóctonos de Lambayeque, gente que queremos a Chiclayo y a Lambayeque y que por eso hemos asumido este reto, porque no vamos a defraudar a quienes opten por nosotros. Queremos hacer un gobierno transparente. Ninguno de nosotros ha tenido problemas con la justicia, pueden mirar en el portal del Jurado Nacional de Elecciones que no tenemos ninguna denuncia o sentencia, nada por el estilo. No nos pueden atacar por ningún lado en cuanto a nuestras hojas de vida, somos personas transparentes, que hemos actuado cada uno en su campo”, señaló.
GESTIÓN SOCIAL
Llontop Ruiz resaltó su experiencia en el trabajo social, cuyo sello busca imprimir en el municipio de la provincia si resulta elegido en las votaciones del 7 de octubre. Para el candidato, es necesario que la administración edil se ocupe de los más necesitados con un sentido humano.
“Hace muchos años que he hecho trabajo de proyección social, por eso estoy proponiendo para Chiclayo un gobierno de proyección social. Un gobierno y un alcalde con rostro humano para atender las necesidades de los más indigentes de nuestra ciudad, aquellos que no tienen la oportunidad de gozar de las condiciones de vida necesarias. Hay muchos pueblos jóvenes, muchas familias alrededor de Chiclayo que esperan mucho del trabajo municipal”, manifestó.
Añadió que su objetivo es trabajar por el orden de la ciudad y recuperar el sitial que esta antes tuvo en el norte del país.
“Queremos que esta sea una ciudad ordenada, un Chiclayo de verdad metropolitano, que de verdad sea y vuelva a ser, porque hace mucho tiempo parece que hemos perdido esa sensibilidad, la ‘Capital de la Amistad’. Con nuestro equipo de regidores nos hemos propuesto un lema que será importantísimo para nuestra gestión, un lema que caracterizará los próximos cuatro años de gestión municipal. Ese lema es: ‘Entender para atender’. Es importante escuchar a la gente sobre lo que necesita y darle la oportunidad de ver cubiertas sus necesidades”, indicó.
ATENDER LO PRIORITARIO
Michael Llontop refirió ser consciente que en cuatro años de gobierno será imposible corregir los diferentes problemas que afectan a la provincia, por lo que – dijo – se concentrará en atender lo más urgente y en sentar las bases del desarrollo metropolitano.
“Sé que cuatro años es poquísimo tiempo para abarcar todos los problemas, eso es imposible hacerlo. Pero, al menos, vamos a empezar. Vamos a continuar lo bueno, vamos a continuar lo que se ha hecho bien en Chiclayo, porque no creo que todo sea malo, y lo que no se hizo pues ojalá, con la ayuda de Dios y la colaboración de todos ustedes, vamos a lograrlo. Ojalá que con todas las personas profesionales, honestas y de servicio que están representando a Peruanos Por el Kambio podamos darle un vuelco a Chiclayo y a Lambayeque”.
De la actual gestión municipal de la provincia, refirió que es evidente el trabajo desplegado en la periferia de la zona central.
“La actual gestión municipal del ingeniero Cornejo, si bien es cierto no se ha abocado mucho a Chiclayo como ciudad, donde es poco lo que se ha hecho, por lo que uno camina y a la vista está, sí ha hecho un trabajo importante en los pueblos jóvenes. Hay muchos pueblos jóvenes que tienen sus pistas, veredas y saneamiento y creo que eso no podemos dejar de reconocerlo”, enfatizó.
APOYO A ALCLADES
Resaltó que como coordinador del congresista Clemente Flores ha colaborado con varios alcaldes del departamento en la gestión de recursos y la agilización de proyectos, mencionando el apoyo dado al actual burgomaestre de la provincia David Cornejo Chinguel.
“Yo hasta hace unos días he sido el coordinador parlamentario del congresista Clemente Flores y, por tanto, he apoyado a todos los alcaldes que han acudido a nuestra oficina para hacer gestión. A todos les hemos brindado la mano, sin camiseta política y, es más, sin cobrarles ni un sol. Así que hemos apoyado la gestión de muchos alcaldes, los hemos llevado a Lima, a los ministerios y en estos últimos meses a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Desde febrero tuvimos una invitación del alcalde Cornejo para apoyarlo con algunas gestiones y así lo hemos hecho, no por ser David Cornejo, sino porque el beneficiado es Chiclayo.
De esa experiencia – comentó – es que conoce al actual regidor Edwin Huancas Ojeda y a los funcionarios Nilton Monje Sampén y Vanessa Martínez Arévalo, cercanos colaboradores de David Cornejo, a quienes lleva como candidatos en su lista municipal.
“Necesitamos un Chiclayo reconstruido y ahí están las 18 calles que van a ser rehabilitadas, los diez colegios que van a ser rehabilitados también con un presupuesto de 42 millones de soles que se ha asignado a la municipalidad provincial. En ese ínterin de ir, conversar y dialogar con el alcalde, conocí a tres personas importantes de esta gestión: al doctor Huancas, a Nilton Monje y a Vanessa Martínez, que si bien es cierto tenían la oportunidad y libertad de ir con cualquier plancha municipal, aceptaron la invitación de acompañarme”.
“NO HABRÁ CONTINUIDAD”
Refirió que estos forman parte de su estrategia política, pero además que ninguno de estos está impedido de participar en la contienda electoral.
“Esto forma parte de mi estrategia política. Sé que estas personas son importantes. Si tienen un pasado cuestionado, al menos creo que no tienen ninguna sentencia o problema judicial. En el caso de Nilton está en camino, parece, un tema judicial por una contratación de personal. Pero bueno, está en proceso y mientras no haya una sentencia creo que nadie tiene el obstáculo de poder participar en política”.
“El doctor Huancas es un excelente médico pediatra, no creo que tenga problemas con la justicia. Si en la actual gestión no ha hecho un trabajo importante, entonces ahora lo haremos trabajar. Creo que las personas merecemos un oportunidad. En el caso de Vanessa Martínez, es una persona que tiene mucho arraigo con los pueblos jóvenes y lo digo porque en las pocas veces que yo he apoyado en alguna gestión he visto su capacidad de poder organizar a la gente de los pueblos jóvenes. Respecto a Nilton Monje yo tengo el dato, salvo que sea lo contrario, en sus tiempos como jefe del CGT se tuvo la mejor recaudación. A parte de eso, creo que es un profesional que me puede ayudar a hacer gestión. Lo otro ya forma parte de mi estrategia política, la ubicación la elegí yo”.
Afirmó que la inclusión de los tres colaboradores de Cornejo Chinguel no significa la continuidad de su gobierno, en caso sea beneficiado con el respaldo mayoritario de los electores.
“Tengo que dejar en claro: el gobierno municipal será de Peruanos Por el Kambio, no será la continuación de David Cornejo Chinguel. Será mi gobierno municipal, mi estrategia municipal”, aseguró.
Finalmente, Llontop Ruiz dijo que quiere personas comprometidas con Chiclayo, porque eso es lo que le falta a la provincia.
“De tal manera que, por ejemplo, un barredor tenga ganas de hacer su trabajo porque está comprometido con la gestión, que un funcionario aporte a la gestión. Hoy en día necesitamos alcaldes gestores, más que alcalde de escritorio. Queremos gestión y yo me comprometo ha hacer gestión, yo sé cómo voy a hacer gestión. Tenemos que tocar las puertas al gobierno central y a la cooperación internacional para hacer gestión. Queremos una municipalidad renovada, que muestre compromiso con Chiclayo. Eso es lo más importante”, manifestó.
Lo que le está pasando a Félix Peña Barba, un ciudadano de 71 años de edad, tiene mucho de insólito como de injusto. Junto a sus hermanos heredó un terreno en Pimentel, por cuya división tuvo que recurrir al Poder Judicial, el que finalmente falló a su favor. Logrado el mandato, acudió al municipio del distrito para continuar los trámites correspondientes, pero ahí se encontró con una pared de irregularidades. Los funcionarios le han legado el procedimiento argumentando que sus papeles, con los que ganó en los tribunales, son falsos.
Con Resolución N° 28, expedida el 12 de julio del 2006, en el Expediente N° 2004-694-0-1701-J-CI-7°, por el juez del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, César Burga Díaz, declaró fundada la demanda interpuesta por Félix Peña Barba, ordenando la partición del predio ubicado en el paraje Los Arenales, altura del kilómetro 3.5 de la autopista Chiclayo - Pimentel, de nueve hectáreas nueve mil metros cuadrados, inscrito en la Ficha Registral N° 061854, de fojas 11, entre este y sus cinco hermanos, correspondiéndoles un séptimo de las acciones y derechos a cada uno, y una catorceava arte a favor de los hermanos Pedro y Juan Reyna Peña.
La propiedad de la familia data de 1950, ampliándose y modificándose hasta quedar en las casi nueve hectáreas de las cuales fueron reconocidos como herederos universales Félix Peña y sus hermanas Rosa, Zoila, Ada, Ana, Martha y Elena, cediendo esta última sus acciones a sus hijos Pedro y Juan Reyna Peña.
Ante la imposibilidad de un acuerdo con sus parientes para inscribir la partición del predio, Félix Peña buscó el auxilio judicial, recibiendo el fallo favorable por parte del juez Burga Díaz. El proceso judicial demoró dos años.
INICIO DEL MARTIRIO
Con el aval de la sentencia a su favor, el 4 de agosto del año pasado, el arquitecto José Salas Bustamante, en representación de Félix Peña Barba, presentó la Solicitud para Trámite Administrativo a la Municipalidad Distrital de Pimentel, dirigida al alcalde José Gonzales Ramírez, pidiendo la recepción del expediente de subdivisión de lote urbano para su respectiva revisión y atención.
En el Formulario Único de Habilitación Urbana se adjuntó el comprobante de pago por el derecho correspondiente, el plano de ubicación y localización del lote a subdividir, el plano de subdivisión, la memoria descriptiva de la subdivisión y la sentencia judicial emitida por el Séptimo Juzgado Civi de Chiclayo.
El 10 de octubre, Félix Peña recibe la Esquela de Notificación N° 313-2017, emitida por la División de Planificación Territorial, Catastro y Control Urbano y Rural de la comuna de Pimentel, haciéndole saber que se su expediente había sido observado, debiendo adjuntar una serie de documentos.
Semanas después, el 17 de octubre, Peña Barba adjuntó a la comuna la copia legalizada de partida matriz, la copia legalizada de la sentencia, la copia legalizada de los planos archivados en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP y la copia del certificado de posesión emitido por el Juzgado de Paz de Pimentel.
LA IMPROCEDENCIA
El 29 de noviembre del año pasado se emitió la Resolución de Gerencia Municipal N° 236-2017, declarando improcedente la solicitud de Félix Peña Barba, por “presentar documentación falsa”.
El artículo segundo de la resolución aclara lo señalado una resolución previa, la N° 230-2017, emitida por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la comuna de Pimentel, en lo referido a que “se deja constancia de la falsificación de documentos presentados por Félix Peña Barba”, disponiéndose dar cuenta de la presenta para su conocimiento y fines al ejecutor coactivo, así como la procurador municipal a fin que adopten las medidas correspondientes.
“No me explico hasta ahora cómo es que la municipalidad emite la resolución señalando que los documentos que presenté para tramitar la subdivisión del predio si los mismos fueron revisados en el proceso judicial que ordenó la participación entre los herederos y, además, constan en Registros Públicos”, señala Félix Peña.
PEDIDO DE NULIDAD
Peña Barba solicitó al alcalde de Pimentel, el 14 de mayo de este año, la nulidad de oficio o a pedido de este de la Resolución N° 236-2017, que declaró improcedente su pedido de subdivisión del predio Los Arenales, decisión adoptada por la administración municipal bajo el argumento de que el peticionaste había presentado documentos falsos.
“Su representada nunca me ha denunciado, incluso le he pedido que me denuncien y no lo han hecho pese al tiempo transcurrido y luego de ellos mediante solicitud con Registro 01807, de fecha 2 de marzo del 2018, he solicitado se me otorgue copia certificada de los planos materia de la supuesta falsificación y me han hecho cancelar el día 7 de mayo del 2018, 77.20 soles, y se ha otorgado copia certificada de los planos consignando ‘copia fiel del original’. Entonces de plano su representada ha concluido que no son falsos los planos y es por ellos que no me han denunciado. Esperaba la denuncia para hacer las acciones legales correspondientes contra los que resulten responsables”, señala Peña Barba en su escrito.
El recurrente pidió la nulidad con la que se declaró improcedente su solicitud.
“Se me denegó la subdivisión de lote en base a una falsa motivación, basada en que he presentado documentos falsos como son los planos que se encuentran adjuntos en los folios , memoria descriptiva para subdivisión, memoria descriptiva para visación de planos y resolución de Gerencia Municipal N° 248-2012-MDP/GM. Lo afirmado (en la resolución de improcedencia) es completamente falso, la documentación que he presentado es real, o he falsificado nada”, afirma.
NUEVA RESPUESTA
En respuesta a la solicitud presentada por Félix Peña, el 22 de junio la Municipalidad Distrital de Pimentel emitió la Resolución de Gerencia N° 117-2018, declarando improcedente la nulidad de oficio interpuesta por este contra la resolución que le negó el trámite de subdivisión del predio, por ser supuestamente extemporáneo, declarando firme y agotada la vía administrativa.
El argumento que se expone en la resolución es que de acuerdo al Artículo 11, del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, “los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernen por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III, Capítulo II de la presente Ley”.
El Título III, Capítulo II de la norma citada señala en su Artículo 216 que “el término para la interposición de los recursos es de quince días perentorios y deberán resolverse en el plazo de treinta días”, por lo que a consideración de la comuna, Peña Barba había excedido el plazo, al presentar su solicitud seis meses después.
Sin embargo, no se consideró que en su pedido, Félix Peña invocó el Artículo 202 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, referido a la nulidad de oficio.
El inciso 202.3 de la referida norma señala que “la facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos”, por lo que ha decir de Peña Barba este su requerimiento debió ser acogido por la autoridad municipal, toda vez que se encontraba dentro del rango establecido por la ley para rectificarse de la declaratoria de improcedencia de su pedido de subdivisión de predio.
El ciudadano ha recurrido a la Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo solicitando su intervención, denunciando al alcalde de Pimentel, José Gonzales Ramírez, así como a la gerente general, Lourdes Rodríguez Periche; al subgerente de Urbanismo, Jorge Fallaque Collantes; al jefe de Fiscalización, Washington Muro Neyra, y a la asesora legal, Ana María Moreno Ordar.
La razón de su denuncia es que estos estarían vulnerando sus derechos fundamentales y cometiendo abuso de autoridad, incluso llegando – refiere – a difamarlo por atribuirse hechos no cometidos como la falsificación de documentos.
