El 7 de marzo del 2012, la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres, de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió la Resolución N° 266-2012, en el Expediente N° 35733-2008, confirmando la sentencia que condenó a Wilfredo Pérez Vilela por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de estafa, a dos años de pena privativa de la libertad, sujeta a un año de período de prueba. Pérez Vilela es actualmente candidato a la alcaldía distrital de Pimentel por el partido Vamos Perú.
Los magistrados Vidal Morales, Napa Lévano y Vásquez Arana arribaron a la decisión teniendo como antecedentes que el Trigésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima, el 25 de agosto del 2011, había sentenciado a Pérez Vilela por el delito de estafa en agravio de Justina Espinoza Pérez, imponiéndole además de los dos años de prisión suspendida el pago de mil soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.
Pérez Vilela apeló el fallo que en primera instancia había adoptado el juez Omar Quispe Cama, recibiendo la confirmación del mismo por parte de los jueces superiores de la Corte de Lima.
LOS HECHOS
El Ministerio Público le atribuyó al procesado la responsabilidad de haber inducido a error, mediante engaño, a Justina Espinoza Pérez haciéndole creer que se encargaría de tramitarle un contrato de trabajo en el reino de España a cambio de la suma de mil euros, cantidad dineraria que fue cancelada por la agraviada en dos partes, la primera el 23 de mayo del 2007 y la segunda el 23 de julio del mismo año. El primer depósito se realizó en la empresa “Raíces”, teniendo como destinataria a la prima del procesado, Sofía Vilela Coronado, mientras que el segundo en una cuenta del Banco de la Nación a nombre de Wilfredo Pérez.
“Cuando la agraviada ya contaba con su pasaporte remitió copias legalizadas de éste y otros requisitos a la empresa de mensajería ‘Raíces”, conforme se lo indicó el inculpado, con la finalidad de que se concrete el contrato de trabajo ofrecido. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido la agraviada no recibió el contrato ni la devolución de su dinero”, se expone en la resolución.
SUS ARGUMENTOS
Al apelar, Pérez Vilela dijo a los jueces superiores que el magistrado que lo condenó no tuvo en cuenta que en su conducta – supuestamente – no hubo el ánimo de inducir en error a la agraviada mediante engaño y otra forma fraudulenta, sino que existió entre ellos un contrato de préstamo de dinero por la suma de mil euros. Asimismo, refirió que el juez no había valorado los testimonios de dos testigos, amigos de ambos.
Sin embargo, los integrantes de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima consideraron que el fallo del juez Quispe Cama se sujetaba al mérito de los actuado y al derecho, toda vez que se comprobó la responsabilidad penal del procesado, “quien aprovechando el grado de confianza que tenía con la agraviada se benefició con el desprendimiento voluntario de dinero de esta, induciéndola a error mediante engaño, ya que le hizo creer que iba a conseguirle un contrato de trabajo en España, donde residía la prima hermana del procesado: Sofía Vilela”.
“Cuando recibió el dinero no se volvió a contactar con ella, lo expuesto se encuentra acreditado mediante la sindicación firme y categórica de la agraviada, quien narró de manera detallada, tanto en su denuncia, en su manifestación a nivel policial y a nivel judicial, las formas y circunstancias cómo se suscitaron los hechos”, señala la resolución.
MODO DE ESTAFA
Pérez Vilela le ofreció un contrato de trabajo en España para que Justina Espinoza trabajase como empleada del hogar, por lo que para el pago de los supuestos trámites tenía que entregarle los mil euros, equivalentes a más de cuatro mil soles.
“Señala la víctima que cuando le increpó al procesado su conducta, este le indicó que su prima no iba a trasladar a nadie a España mientras él no estuviese en ese país, comprometiéndose por tanto a devolverle el dinero, hecho que la agraviada ha acreditado mediante el documento de fecha 13 de octubre del 2007, del cual se desprende que el procesado recibió de la agraviada la suma de mil euros y que dicha cantidad debía ser devuelta el 31 de octubre de ese año”, recoge el fallo de la sala, en el que se precisa además que los testigos que Pérez Vilela dijo tener del hecho que él consideraba como un préstamo certificaron que en realidad se trataba del desembolso de dinero a cambio de un contrato de trabajo que nunca se hizo efectivo.
Es más, estos testigos fueron quienes le prestaron parte del dinero a la agraviada para esta pueda depositarlo en la cuenta de Pérez Vilela.
La sala evidenció una serie de contradicciones en las diversas declaraciones del procesado, toda vez que primero declaró que el dinero supuestamente prestado por Justina Espinoza era para trámites judiciales y para pagar una deuda con su prima residente en España, mientras que después involucró a su propia esposa en la presunta tramitación de un contrato de trabajo.
“Se aprecia que la versión del procesado resulta ser inconsistente y solo un mecanismo de defensa destinado a evadir la responsabilidad penal que le alcanza por la perpetración del delito investigado. (…) Por lo que este colegiado, al revisar los agravios contenidos en el recurso de apelación del procesado no encuentra fundamento alguno que persuada en absolver al recurrente, encontrando la resolución apelada conforme a derecho, al haberse llegado a establecer fehacientemente la responsabilidad penal del sentenciado Wilfredo Pérez Vilela, presentando los elementos necesarios para que la conducta ilícita que se le atribuye sea considerada típica, antijurídica y culpable”, indica textualmente la sentencia confirmatoria.
El proceso judicial comprendió también a Sofía Vilela Coronado, a quien se le acusó por el delito de estafa y tráfico ilegal de migrantes, extremos que finalmente fueron sobreseídos a favor de esta.
El 15 de febrero del año pasado, el Trigésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima declaró rehabilitado a Wilfredo Pérez Vilela, quien para entonces, conforme lo indicó el órgano jurisdiccional, no había cumplido con pagar la reparación civil confirmada en el 2012.
FUE JUEZ
Lo escandaloso de este caso es que pese a que la sentencia contra Pérez Vilela había sido confirmada en marzo del 2012, desde el 24 de julio de ese año este empezó a ejercer funciones como juez de Paz de Tercera Nominación de Pimentel, cargo que ocupó hasta diciembre del año pasado, en mérito a las Resoluciones Administrativas N° 324-2012-P-CSJLA/PJ y 523-2013-P-CSJLA/PJ, siendo presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque el magistrado Carlos Silva Muñoz.
Esto quedó acreditado con el Oficio N° 071-2017, emitido por el coordinador de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte de Lambayeque a Wilfredo Casas Ramírez, fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque, quien requirió información sobre Pérez Vilela, involucrado en la entrega presuntamente irregular de certificados de posesión sobre terrenos con partida registral asentada en el distrito de Pimentel.
Silva Muñoz, actual presidente del Jurado Electoral Especial de Chiclayo, es quien debe revisar el pedido de inscripción de la lista municipal del partido Vamos Perú para el distrito de Pimentel, la misma que encabeza Wilfredo Pérez Vilela.
HOJA DE VIDA
En la declaración jurada de Hoja de Vida presentada para el presente proceso electoral, Pérez Vilela ha informado al Jurado Electoral Especial de Chiclayo poseer estudios universitarios de Derecho en la Universidad Los Ángeles de Chimbote, donde también ha seguido estudios de postgrado. En la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, no existen registros de sus grados académicos.
En la misma declaración tampoco ha consignado información sobre la sentencia que le impuso el Poder Judicial por el delito de estafa, la misma que quedó firme y ejecutoriada.
José Antonio Cabrera Villalobos compró en 1911 un extenso terreno dentro del Fundo Chacupe que tenía títulos independientes desde 1907. De la propiedad, Reforma Agraria reservó para usufructo de sus herederos 19.38 hectáreas, generándose la Partida Registral 337, Tomo 51, a nombre de la Sucesión Cabrera Villalobos. En 1985, cinco hectáreas fueron invadidas y el entonces alcalde de Reque, David Chirinos Hurtado, con supuesta jurisdicción sobre el área, emitió una resolución disponiendo el reconocimiento de los invasores como posesionarios. En diciembre de ese año fueron desalojados por mandato judicial, pero al año siguiente otras familias se hicieron del área de manera irregular amparándose en la decisión de la comuna recana. Así nació la ampliación del pueblo joven Víctor Raúl Haya de la Torre, que ahora pertenece al distrito de La Victoria.
Así nació, pero en el fondo la propiedad seguía siendo de la Sucesión Cabrera Villalobos, sobre todo por la primacía de los asientos registrales.
La decisión de Chirinos Hurtado se motivó en una inscripción del denominado Fundo Chacupe, incluyendo la propiedad de la Sucesión, a favor de la Municipalidad Distrital de Reque realizada en 1943, 32 años después de la inscripción a nombre de José Antonio Cabrera Villalobos.
VENTA Y TÍTULOS
Siendo alcalde de Reque el médico Luis Meléndez León vendió los terrenos del primer sector del pueblo joven a poco más de 100 familias invasoras. Lo mismo se quiso hacer en 1998 sobre áreas del denominado segundo sector, que por entonces se negociaba vía trato directo entre las familias y los herederos, legítimos propietarios, con mediación de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
“En ese momento llegó a la alcaldía de La Victoria Anselmo Lozano Centurión y paralizó el trato directo y con ello el saneamiento físico legal. La municipalidad provincial había logrado que se abra el trazo de la Prolongación Chinchaysuyo, pero con la decisión del municipio de La Victoria las familias posesionarias retrocedieron y el asunto quedó ahí hasta ahora. Anselmo Lozano coordinó con COFOPRI para la entrega de los terrenos de manera gratuita, pero la entidad se negó reconociendo que existía el trato directo”, comenta Octavio Cabrera Aristi, uno de los herederos.
El objetivo era que se entregaran los terrenos vía prescripción adquisitiva de dominio a los invasores, recurso que fue rechazado con la Resolución N° 143-2002 del Tribunal Administrativo de la Propiedad.
Ante esta imposibilidad, los mismos dirigentes que reconocían que el terreno era propiedad de la Sucesión Cabrera Villalobos, acudieron al municipio de Reque, para en virtud de la inscripción de 1943, comprárselos. Con esa salida, lograron que se les entreguen títulos de propiedad, complicando la situación.
LA DEMANDA
Este hecho obligó a los herederos a iniciar un proceso judicial contra la Junta Directiva de la Asociación de Pobladores Ampliación Víctor Raúl, demandando tres cosas: que el Poder Judicial reconozca su propiedad, que se cancele el asiento registral a nombre de la Municipalidad Distrital de Reque por ser posterior al suyo y que ordene el pago del valor comercial actual por edificación en terreno ajeno. La demanda fue presentada en abril del 2009, recayendo en el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo.
“Pese a que el asunto está en litigio, la municipalidad de La Victoria ha pavimentado y sigue pavimentado parte de la ampliación del pueblo joven, lo que demuestra una acción ilegal por parte del exalcalde Anselmo Lozano”, refiere Octavio Cabrera.
PERITAJE
El Poder Judicial ordenó que se realice un peritaje ante los pedidos de los herederos de José Antonio Cabrera Villalobos, nombrando como técnicos especialistas a los ingenieros James Uriarte Núñez y Rodolfo Martínez Gonzales, a quienes incluso el juez Francisco García Mayorga, con Resolución 74, del 6 de marzo de este año, multó por los retrasos en la entrega del peritaje.
El 5 de junio, los peritos alcanzaron sus conclusiones al Tercer Juzgado Civil, arribando a la determinación que la propiedad de Cabrera Villalobos data de 1911, en tanto la inscripción a nombre de la comuna de Reque es de 1943, superponiéndose al predio de los demandantes.
“Se verifica, según gráfica básica existente, que existe superposición de áreas y que la inscripción de los Cabrera Villalobos data desde 1907 (origen del registro) y es más antigua que la de la Municipalidad Distrital de Reque, inscrita en el año 1943”, señala el informe de los peritos, precisando que en total existen 177 lotes comprendidos en la superposición y que están lotizados de acuerdo a lo realizado por la municipalidad de La Victoria.
Los peritos concluyen, además, que el valor comercial actual del metro cuadrado de terreno es de 100 dólares americanos.
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El Instituto Nacional Penitenciario – INPE, con el apoyo del Ministerio de Justicia, ha puesto en marcha el Programa de “Cárceles Productivas”, que apunta a generar condiciones de desarrollo laboral para los internos, capacitándolos a fin que adquieran un oficio el cual desempeñar al cumplir sus condenas. Este incluye certificaciones emitidas por instituciones especializadas.
El director de la Oficina Regional Norte – INPE Chiclayo, Juan Herrera Chávez, refiere que el programa se aplica en los 11 penales de su jurisdicción, que comprende a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y La Libertad.
“En Chiclayo hemos construido un hangar de dos pisos para el funcionamiento de los talleres, en los que laboran 145 internos, esto bajo el marco del Decreto Legislativo N° 1343 y su reglamento, que señala las medidas para la implementación y promoción de las cárceles productivas”, explica.
La aplicación del programa se hace posible por el esfuerzo del gobierno central, los gobiernos regionales y locales, las instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos, empresas y empresarios independientes. De los ministerios, los que tienen mayor participación son el de Producción, Interior y Mujer y Poblaciones Vulnerables.
NUEVOS ESPACIOS
En el ex penal de Picsi, los talleres funcionaron antes en los pabellones, ocupando tres ambientes de regular tamaño que al ser liberados serán ocupados por los internos.
Herrera Chávez comenta que se ha dispuesto la construcción de literas en esos espacios a fin de brindar mayor comodidad a los internos, considerando que el recinto carcelario se encuentra actualmente hacinado, al exceder en casi 300 % su capacidad.
“En esos espacios estaremos habilitando un mínimo de 500 camas, lo que nos ayudará a resolver en parte el problema del hacinamiento, que no es un problema exclusivo del penal de Chiclayo, sino a nivel nacional”, refiere.
PARTICIPACIÓN CRECIENTE
En los demás talleres que el INPE ofrece participan aproximadamente mil 300 reclusos; es decir, casi el 40 % del total de internos que purgan condena en el ex penal de Picsi.
“En áreas laborales tenemos mil 345 participantes, estamos hablando de reclusos que participan en manualidades, panadería, restaurante y más de 340 que están estudiando dentro del penal. De los cuatro mil internos que se encuentran recluidos en Picsi, casi el 50 % están capacitándose”, manifiesta.
Herrera Chávez comenta que en los próximos meses se construirá una nueva zona de producción industrial en el establecimiento penitenciario de Chiclayo de aproximadamente 400 metros cuadrados. En la actualidad los internos realizan trabajos de carpintería, producción de calzado y confecciones en cuero. En otros establecimientos se elaboran también productos de paja y textilería.
“A largo plazo lo que buscamos es que los participantes del Programa de Cárceles Productivas vivan separados del resto de la población penal y además cumplan un horario de trabajo de ocho horas diarias, como si estuvieran trabajando en cualquier empresa o fábrica. Lo que queremos es generar en ellos el hábito del trabajo, que sean conscientes que están en un área productiva”, remarca la autoridad penitenciaria.
ALIANZAS CON EMPRESAS
El INPE apunta a que las empresas locales vean en los internos mano de obra calificada y responsable para encargarles la elaboración de sus productos. De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1343, estos deben percibir una Remuneración Mínima Vital, que asciende a 930 soles mensuales, dinero que debe ser depositado por el empresario en una cuenta corriente del Banco de la Nación. El 70 % del ingreso mensual es destinado a la manutención de la familia del interno, el 20 % para el pago de la reparación civil establecida por el Poder Judicial y el 10 % restante al sostenimiento y mejora de los talleres.
“Estamos buscando mercado para la comercialización de los productos que se elaboran. Actualmente son los familiares de los participantes quienes venden lo que se produce en las cárceles y ese es un círculo que tenemos que cerrar. Lo que queremos es que el empresariado pueda adquirir la producción de los internos, dándole mayor formalidad a la cadena y con un beneficio mucho más real para ellos”, señala, agregando que en Trujillo, por ejemplo, siete empresas contratan los servicios de los reclusos para la producción de zapatos.
El maestro Jorge Lazo Arrasco, amauta lambayecano, voló a la eternidad, dejando como legado una excelsa obra que se inició en las aulas escolares de Chiclayo y trascendió al ámbito universitario.
Lazo Arrasco nació el 22 de mayo de 1928 en Chiclayo y llegó a ser considerado como uno de los filósofos de la Educación más destacados del siglo XX. Dedicó casi toda su vida a la pedagogía en materias como Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Con un título de profesor otorgado en 1950 y un grado de doctor en Educación de 1983, también ejerció como periodista profesional, se dedicó a la poesía, filosofía y a la política, cuando realizó su labor como diputado por Lambayeque entre 1963 y 1968, en el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry, siendo presidente de la Comisión de Educación.
Con diez reconocimientos de Doctor Honoris Causa de universidades importantes del país, entre ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Lazo alcanzó gran reconocimiento debido a sus conocimientos en temas pedagógicos y por pensamientos filosóficos que buscan entender al hombre y la vida.
SUS INICIOS
Lazo Arrasco procedía de una familia bastante humilde, cuyo padre, Julio César Lazo Suárez, era un dedicado albañil y su madre, doña María Luisa Arrasco Challe de Lazo, una mujer trabajadora dedicada a la venta de frutas y comidas. Él trabajó desde pequeño para ayudar a su mamá y siempre con gran dedicación por sus actividades, lo cual le brindó muchas satisfacciones.
Cursó sus estudios primarios en el Colegio 221 y los secundarios en el Colegio Nacional de San José.
Tuvo cinco hijos con su esposa Martha Fabiana Manrique: Jorge Manuel, Manuel Antonio de Jesús, Martha María de los Milagros, Julio Fernando Felipe y Roxana Luisa Juanita de Fátima, quienes le dieron siete nietos y dos bisnietas.
El amauta Lazo Arrasco escribió 71 libros, entre ensayos, novelas y artículos periodísticos. Del mismo modo, 50 de sus obras están vinculadas a la educación, el teatro y el cuento.
Algunas distinciones que le fueron otorgadas son el Premio Jorge Polar, por la más alta distinción otorgada al mejor alumno del Instituto Pedagógico Nacional de Varones en 1950, hoy Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta; una condecoración en el Primer Centenario del Combate Dos de Mayo en 1966 y dos medallas de oro y diploma de honor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
También fue nombrado Hijo Distinguido del departamento de Lambayeque, recibió las Palmas Magisteriales otorgadas por el Ministerio de Educación, la Medalla de Honor del Congreso de la República y un reconocimiento de la obra “Pedagogía Universitaria”, por el diario El Comercio en el 2006; entre otros.
LABOR DOCENTE
Gran parte de sus conocimientos fueron dedicados a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde desempeñó el cargo de Jefe de Departamento, Director Universitario, decano de varias facultades, Presidente del Consejo Académico, Vicerrector y Rector. Además, fue el primer Director General de la Escuela Superior de Periodismo Jaime Bausate y Meza. También enseñó en la Escuela Militar del Ejército, en la Escuela Técnica del Ejército, en la Escuela Superior de Guerra, en la Escuela de Inteligencia del Ejército y en el Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN.
Lazo Arrasco inició su carrera de profesor en el nivel secundario, impartiendo clases en los colegios "Juan Manuel Yturregui", de Lambayeque; en el Politécnico "Pedro Abel Labarthe", de Chiclayo; en el colegio particular "Chiclayo", que él fundara; en los colegios “Inmaculada" y "María del Socorro”.
Dedicó especial esfuerzo en el desarrollo de los jóvenes, labor por la que se le otorgó el título de Maestro de la Juventud. También recibió la Orden de Gran Cruz del Congreso y fue único personaje en tener dos monumentos en vida.
Fue admirador de los peruanos con ideologías que aportaron al desarrollo del país, entre ellos Víctor Raúl Haya de La Torre, quien una vez le dijo: “Usted es un hombre inteligente, no entiendo, entonces, por qué no es aprista”.
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El gerente general de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, Mirko Jurado Dueñas, quien representa al OTASS en la entidad del agua, refirió que hasta el momento existen 28 proyectos de saneamiento básico, ejecutados por las municipalidades, que no son transferidos para su administración.
Estas obras se encuentran paralizadas, abandonadas, en arbitraje, judicializadas o mal ejecutadas, siendo este – según explicó – el principal problema para los servicios de saneamiento básico en el departamento, al representar la no operatividad de más de 619 millones de soles.
Del total de proyectos no administrados aún por EPSEL, 27 tienen como unidad ejecutora a los municipios provinciales, distritales o al gobierno regional, y en estos la empresa del agua potable no ha tenido ninguna participación, ni como supervisora, por lo que tampoco cuenta con los expedientes técnicos.
“Se ha iniciado el trámite para transferir tres obras de este total a fin de poder avanzar en su puesta en funcionamiento”, refirió Jurado Dueñas.
Esto implica la transferencia de los proyectos: “Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los pueblos jóvenes San Gerónimo, Los Jardines y Perla del Pacífico, del distrito de Pimentel”, “Ampliación del sistema de redes de agua potable y redes de alcantarillado del distrito de Ferreñafe”, y la “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del distrito de Pimentel”.
La obra que se suma al grupo de las no administradas aún por la empresa es la del “Mejoramiento de los emisores principales de Chiclayo”, valorizada en 89 millones de soles y que se encuentra paralizada desde noviembre del 2016. En este caso, EPSEL sí es responsable del proyecto.
“En febrero de este año se conformó un equipo responsable de la gestión y el seguimiento de estos proyectos, a cargo de la Gerencia de Proyectos y Obras. Este esquipo es el que trabaja en la gestión de la transferencia de las obras para que sean asumidas por EPSEL”, indicó el funcionario.
Algunas de las obras no transferidas se encuentran en Zaña, Lambayeque, Olmos, Salas, Picsi, Pimentel, Pueblo Nuevo, San José, Ferreñafe, Oyotún, Nueva Arica, Mocupe, Túcume, Chiclayo, Monsefú, Santa Rosa, José Leonardo Ortiz y Pósope.
PARTICIPACIÓN DE EPSEL
Mirko Jurado comentó que EPSEL es responsable de la ejecución y supervisión de proyectos que suman en total 125 millones 328 mil 564.85 soles.
Estos son: “Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en el II sector del pueblo joven Santa Rosa de Chiclayo”, que se empezó a ejecutar en septiembre del 2017 con un valor de un millón 469 mil 394 soles. La obra fue concluida al 100 %.
“Mejoramiento del sistema de agua potable de Juan Tomis Stack y Ciudad de Dios, distrito de San José”, presupuestada en ocho millones 261 mil 17 soles, del cual ya se entregó la buena pro y se encuentra en ejecución, y el “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del pueblo joven José Olaya, Chiclayo”, iniciado en septiembre del 2017 con tres millones 793 mil 733 soles de presupuesto, también concluido al 100 %.
También están el proyecto de “Instalación de los sistema de agua potable y alcantarillado de los pueblos jóvenes Villa Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Prialé”, ubicados carretera a Pomalca, con un financiamiento de 59 millones 540 mil 381 soles. Actualmente se encuentra en licitación.
La “Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Nueva Arica”, culminada al 100 % y que estuvo valorizada en un millón 541 mil 562.61 soles, que pese a que data del 2010 estuvo sin utilizarse; la “Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Oyotún”, concluida en su totalidad con un presupuesto de dos millones 307 mil 512 soles, y la “Instalación de las redes de agua potable y alcantarillado en el pueblo joven Ampliación Cristo Redentor, Pimentel”, por 52 mil 784 soles, que aún no empieza.
ROL SUPERVISOR
Hay otros ocho proyectos en los que la empresa de saneamiento actúa como supervisor con un presupuesto total de cinco millones 174 mil 582 soles. Estos son:
“Rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la Urbanización Fermín Ávila Morón, Pimentel”, con un presupuesto siete millones 108 mil 555 soles; “Ampliación y mejoramiento integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado del distrito de San José”, valorizada en 38 millones 518 459 soles (esta obra estuvo paralizada y en mayo de este año fue transferida a EPSEL), y el “Mejoramiento del plan maestro de saneamiento de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de Monsefú”, con 32 millones 622 mil 116 soles.
“Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Pacora”, con 16 millones 791 mil 215 soles; “Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro del perímetro Avenida Gran Chimú, Avenida La Paz, Avenida Pachacutec y Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, La Victoria”, con cuatro millones 98 mil soles, y el “Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado de la Urbanización San Carlos, en José Leonardo Ortiz”, con 13 millones 73 mil soles. Los trabajados fueron retomados por el municipio del distrito en mayo pasado.
Otras obra son: “Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de las calles comprendidas dentro del perímetro Avenida Gran Chimú, calle Manuel Mesones Muro y calle Inca Roca, La Victoria”, y la “Supervisión de obras de reconstrucción y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en Mocupe”.
PROBLEMÁTICA ACTUAL
A casi un año de la intervención del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, en EPSEL y la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, los resultados en la gestión de la empresa no son del todo alentadores.
Según información actualizada a marzo de este año, la empresa deja de facturar el 49.69 % del agua potable que produce, cuyo volumen anual asciende a 13 millones 665 mil 545 metros cúbicos de agua.
De acuerdo al informe presentado por la gestión de EPSEL, la situación actual de la empresa y de los servicios que esta brinda se caracteriza por el mal estado de las redes de alcantarillado, sobre todo en Chiclayo centro, las urbanizaciones San Juan, Santa Victoria, Los Parques, Santa Elena y Patazca, así como el Parque Industrial y el distrito de José Leonardo Ortiz.
A ello se suma que Plantas de Tratamiento de Agua Residual no cumplen con el proceso de tratamiento o son insuficientes, existen además reservorios, líneas de conducción y plantas de tratamiento con problemas de infraestructura agudizados por El Niño Costero del año pasado.
“La meta para este año es reducir el volumen de agua no facturada al 40 % e incrementar en 18 horas promedio la continuidad del suministro de agua potable”, menciona el gerente.
SITUACIÓN EMPRESARIAL
Actualmente, el 60.13 % de los usuarios de EPSEL cuentan con micromedición y existen 179 mil 290 conexiones totales de agua potable, de las cuales 152 mil 658 están activas.
Las localidades con mayor micromedición son: Zaña (76.07 %), Ciudad Etem, Chiclayo, Salas, Motupe, Íllimo y Pacora, en tanto las que menos medidores para el control del consumo de agua potable poseen son: Oyotún, Olmos, Picsi y Monsefú, con menos del 20 %.
El volumen de agua facturada a marzo de este año es de dos millones 407 mil 399 de metros cúbicos y se han reportado mil 491 reclamos al área Comercial de la empresa.
“No hay un catastro comercial actualizado desde el 2014, tenemos bajos niveles de micromedición (60.19 %), hay inadecuada infraestructura para atención al cierre, sobre todo en localidades alejadas, existe deficiente implementación de los valores máximos admisibles y sobrecarga en la atención de reclamos, que supera los mil al mes, en promedio”, explica Mirko Jurado.
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