Renuncia a la alcaldía de La Victoria tras 19 años de gobierno ininterrumpido. Al inicio de su administración encontró 205 trabajadores y se va dejando a 263. “Eso demuestra la eficiencia con la que he manejado los recursos”, señala. Anselmo Lozano Centurión, ahora aspirante a la gobernación de Lambayeque, a los 67 años de edad, hace un balance de lo que ha sido su experiencia municipal, remarcando que pudo hacer más por el distrito, pero que en el último sexenio los ministerios le dieron la espalda pese a sus insistentes gestiones. Dice sentir satisfacción por los cambios logrados, pero más por el reconocimiento que la población le tributa.
La primera vez que Anselmo Lozano llegó al municipio de La Victoria fue al ganar las elecciones de 1998. En aquella oportunidad postuló por Somos Perú y derrotó con solo 200 votos de diferencia al candidato de Adelante Chiclayo.
Se reeligió en el 2002 por el Partido Reconstrucción Democrática, en el 2006 por la alianza Todos por Lambayeque (movimiento que fundó) y Manos Limpias, en el 2010 por Todos por Lambayeque y en el 2014 por Fuerza Popular. En suma, veinte años de administración que se truncan por su deseo de postular al Gobierno Regional de Lambayeque, razón por la que deberá renunciar a la alcaldía – según la norma – hasta antes del 10 de abril.
“Me voy dejando todo en orden, sobre todo el recurso humano. Todos quedan en planilla, obreros y empleados, con sus derechos reconocidos. Queda saneada la institución”, asevera Lozano Centurión, quien recuerda que cuando llegó a la comuna, en enero del 99, encontró una situación caótica en lo administrativo y económico, por lo que tuvo que trabajar para superar los pasivos dejados por su antecesor.
“Encontré este municipio en cero, con ocho meses de incumplimiento de pagos a los trabajadores. Nunca se había pagado AFP ni seguro social, había una deuda de cerca de 13 millones de soles con la banca privada, obras sin cancelar como los puentes peatonales de la Avenida Los Incas. Los construyeron pero no los pagaron, eso tuve que hacerlo yo, igual que con la chatarra que se compró como maquinaria. Esta era una municipalidad quebrada financiera y económicamente. Hoy dejo un municipio sostenido y quien asuma la conducción deberá seguir mejorando”, señala.
OBRAS MUNICIPALES
De las obras ejecutadas en sus cinco gobiernos municipales, Lozano Centurión destaca la instalación de saneamiento básico y las pavimentaciones.
“Estamos ejecutando una obra de nueve millones de soles y con eso estamos poniéndole prácticamente tuberías nuevas a toda La Victoria, nos quedaría el proyecto de Nogal y Los Pinos, cuyo presupuesto debe aprobarse próximamente. Faltaría el pueblo joven Sagrado Corazón de Jesús y parte de Chosica del Norte”, refiere.
Anselmo Lozano señala que el municipio victoriano recibe al año dos millones de soles para obras, monto que resulta insuficiente para atender las múltiples necesidades que aún presenta el distrito.
A ello suma que en los últimos años el gobierno nacional limitó la transferencia de recursos a su municipio, pese a que se presentaron proyectos y de manera reiterativa pidió entrevistarse con los ministros de Estado.
“En seis años no hemos recibido presupuestos para proyectos de pavimentación, no sé qué pasaba. Nos castigaron mucho en los últimos cuatro años del señor Humala y en el gobierno del señor Kuczynski. No me dieron presupuestos adicionales, solo lo correspondiente al FONCOMUN. He enviado documentos a los cinco congresistas de Lambayeque, incluso los de otras regiones me han dado más apoyo. A quien sí debo agradecerle es a Javier Velásquez Quesquén, porque cuando estuvo en el gobierno ayudó mucho a La Victoria”, comenta.
EL DRENAJE
El saliente alcalde revela que sí hubo ofrecimientos importantes por parte de operadores de la administración de Pedro Pablo Kuczynski para otorgar el financiamiento al proyecto del drenaje pluvial de La Victoria, pero que estuvieron condicionados a prácticas irregulares.
“Me querían dar el drenaje pluvial y me pusieron condiciones. Querían que exonerara el concurso y otras cosas más que no voy a mencionar. No acepté la pretensión que querían. Era una obra de 79 millones de soles. Si yo hubiera aceptado esas pretensiones posiblemente tuviéramos drenaje pluvial o hubiera ido a arbitraje donde todos ganan, como es el caso de los emisores de Chiclayo, La Victoria y José Leonardo Ortiz. Durante seis años no me dieron ni para un metro de pavimento y puedo mostrar los documentos en los que pido a los ministros que me reciban, que atiendan los proyectos de La Victoria y no tuve respuesta”, precisa.
Recuerda que uno de los ministros que más lo apoyó fue René Cornejo, cuando se desempeñaba como titular de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
“Las obras las hemos hecho con sacrificio y tocando otras puertas. La Avenida Los Incas se logró con el apoyo del gobernador regional Humberto Acuña, a quien expreso mi gratitud. Esa obra tiene nombre propio y eso hay que reconocerlo”, destaca.
Lamenta que los congresistas Héctor Becerril, Marvin Palma, Milagros Takayama y Clemente Flores no hayan tenido voluntad de ayudar al municipio en la gestión de recursos.
“Ninguno de ellos. El señor Héctor Becerril debería tener un compromiso con La Victoria porque yo puse el pecho, apoyé a Keiko Fujimori como persona, pero después que fueron servidos nos abandonaron”, señala.
De la Municipalidad Provincial de Chiclayo la comuna victoriana solo recibió 600 mil soles en el 2015 la pavimentación de las calles Ayllu y Coricancha.
GESTIÓN DE RECURSOS
“Hemos demostrado que cuando se es cauteloso del tesoro público se puede trabajar y hacer obras. Las sillas y el escritorio del despacho de alcaldía son los mismos muebles del año 1999, los que dejó Segundo Cerdán Guevara. Yo no he invertido ni un sol en el despacho municipal. Los pocos soles que teníamos los hemos destinado para que los vecinos vivan con dignidad”, asevera Lozano Centurión.
Anota que el municipio se ha apoyado en el pago de impuestos que realiza el sector privado, sobre todo por el incremento de la actividad inmobiliaria en el distrito.
“Hemos procurado ser cautelosos y confiables para que puedan invertir aquí. No tenemos cuellos de botella y las empresas pueden invertir en La Victoria, lo que nos ha dado sostenibilidad”, señala.
Respecto a la acción judicial iniciada contra los municipios de Chiclayo, La Victoria y José Leonardo Ortiz, por el depósito de la basura en las pampas de Reque, Anselmo Lozano se defiende al indicar que es competencia de la comuna de la provincia la habilitación del relleno sanitario que sirva también para los distritos.
Al no existir este, el municipio provincial dispuso que se utilice para este fin las pampas de Reque, aspecto que – en su opinión – debe ser valorado por la autoridad judicial al momento de emitir su fallo.
“Si la provincial nos dice que el relleno es en tal sitio entonces los distritos deben acudir allí. La ley orgánica señala que si existe disponibilidad podemos construir nuestro propio relleno, pero no la tenemos y eso está demostrado. Si el juez señala que hay otra solución, entonces tendrá que explicarla. La ley es clara, pero en la práctica no se puede cumplir por la falta de recursos”, menciona el renunciante alcalde.
Lozano Centurión indica que para mantener limpio al distrito ha gestionado la logística con la que cuenta el municipio. La Victoria tiene cuatro compactadoras y cuatro volquetes, con lo que ha cubierto el recojo de los residuos sólidos. Las unidades fueron adquiridas con recursos públicos.
POLÍTICAS DISTRITALES
En materia de salud el gobierno de Anselmo Lozano ha destacado por la implementación de políticas distritales que han permitido la prevención de enfermedades como el cáncer y la desnutrición crónica infantil, articulando a las organizaciones de la sociedad civil. Respecto a educación es el único distrito que llegó a implementar su Consejo Participativo Local.
En ambos casos, remarca que La Victoria hizo lo que no pudo lograr el Gobierno Regional de Lambayeque en la gestión de Yehude Simon ni en la de Humberto Acuña.
“Ellos no pueden decir que han salvado siquiera a una madre del cáncer. Gracias a un convenio con el Instituto Nacional de Neoplásicas nosotros hemos salvado muchas vidas, hemos traído a los mejores oncólogos para hacer diversos despistajes de cáncer y hemos capacitado a los médicos de la región en el diagnóstico del cáncer en niños. Médicos oncólogos pediatras en el Perú solo hay 20 y todos están en Lima, por eso hemos traído a esos especialistas para que capaciten aquí y podamos salvar a nuestros niños de enfermedades como la leucemia”, relata.
En total fueron 400 médicos los capacitados a iniciativa de la Municipalidad Distrital de La Victoria.
Finalmente, dice que entre sus principales satisfacciones está el aprecio que le guardan los vecinos.
“En la última reunión con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, en la que anuncié mi renuncia a la alcaldía, fue conmovedor que varios vecinos me agradecieran con lágrimas lo hecho por La Victoria. Esas muestras de cariño me son gratas. Dinero tuve antes de ser alcalde. Tenía 14 tiendas comerciales y hoy ya no. Soy agricultor antes de ser político. Empecé como alcalde en el 99 y mis propiedades son desde antes, agricultor soy desde el 97. Todo lo que tengo lo obtuve antes de ser alcalde, no me he comprado un alfiler más con lo que me pagó el pueblo”, enfatiza.
Los más de dos mil mandatos de prisión preventiva dados por jueces de investigación preparatoria de la Corte de Lambayeque evidencian el uso que en los últimos nueve años le han dado los representantes del Ministerio Público a esta herramienta considerada en el Nuevo Código Procesal Penal, puesto en vigencia en el departamento en abril del 2009. Hasta febrero de este año los fiscales presentaron dos mil 429 requerimientos de prisión preventiva contra sus investigados, de los cuales el 85.55 % (dos mil 78) fueron admitidos.
En el balance que esta semana las autoridades del sistema de justicia presentaron sobre el Código Procesal Penal en Lambayeque, la presidenta de la Junta de Fiscales, Mariana Vásquez Zagaceta, no precisó cuántos de esos investigados fueron finalmente acusados y sentenciados por el Poder Judicial, aspecto que para la Fiscalía Suprema de Control Interno resulta de preocupación por cuanto existen investigaciones en las que se comprende a una alto número de personas sin que el Ministerio Público pueda acreditar sobre todas responsabilidad penal, lo que representa pérdidas de recursos para la institución.
Resultado fiscal
En los nueve años del Código Procesal Penal, el Ministerio Público en Lambayeque logró 29 mil 58 sentencias condenatorias, que se distribuyen de la siguiente manera: Nueve mil 582 por el delito de omisión a la asistencia familiar; cuatro mil 445 por defraudación tributaria; dos mil 704 por peligro común; mil 743 por lesiones; mil 610 por robo; mil 472 por hurto y mil 436 por delitos contra la salud pública (comercialización de drogas).
Asimismo se consiguió 926 sentencias condenatorias por falsificación de documentos en general; 646 por violación de la libertad sexual; 470 por delitos contra el patrimonio; 408 por receptación; 377 por homicidio; 338 por usurpación; 334 por estafas y otras defraudaciones; 305 por delitos cometidos por particulares; 247 por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; 227 por delitos contra la administración de justicia; 227 por delitos cometidos por funcionarios públicos; 186 por delitos cometidos contra los recursos naturales y el medio ambiente; 165 por apropiación ilícita; 120 por extorsión y mil 90 por otros tipos penales.
“La estadística arroja 29 mil sentencias en estos nueve años, de esas probablemente muchas tienen que ver con personas que fueron enviadas bajo prisión preventiva. El nivel de concesión de prisión preventiva es alto, lo cual es un aliciente porque solo se nos negó 351 requerimientos”, mencionó Vásquez Sagaceta.
A las 29 mil 58 sentencias condenatorias logradas por los fiscales se suman otras cinco mil 625 sentencias en las cuales los jueces se reservaron el fallo y dos mil 990 donde los procesados fueron absueltos.
Delitos por años
Desde que entró en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal en Lambayeque, el 2017 fue el año en el que se reportó mayor número de casos por delitos contra el patrimonio. 23 mil 875 en total, seguido del 2016 con 22 mil 490 denuncias y del 2015 con 19 mil 117 denuncias. En nueve años el 2012 fue el período en el que menos denuncias por este delito se presentaron (14 mil 297).
Similar situación se presenta respecto a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. En el 2017 hubo 12 mil 670 denuncia en contraste con las tres mil 238 que el Ministerio Público recibió en el 2009.
Otro tipo de incidencia delictiva con altos indicadores son los delitos contra la familia. El año pasado las fiscalías reportaron cinco mil 805 denuncias.
Por lavado de activos en el 2015 hubo 23 casos, 16 en el 2016, 24 el año pasado y 16 se presentaron entre enero y febrero de este año.
Respecto a corrupción, el 2015 fue el año con más denuncias (dos mil 906 en total), seguido del 2017 con dos mil 780 y del 2016 con dos mil 670.
En suma, el Ministerio Público de Lambayeque recibió entre abril del 2009 y febrero de este año 304 mil 637 casos, de los cuales ha concluido 258 mil 423 (85 %). En trámite hay 46 mil 214 casos.
Producción judicial
En tanto, de las 173 mil 718 audiencias programadas por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se realizaron 138 mil 324. En las salas penales de apelaciones, el año con mayor realización de audiencias fue el 2016, cuando se llegó al 99 % de cumplimientos (mil 373 de mil 390 audiencias).
Asimismo, en los juzgados penales el año con mayor realización de audiencias fue el 2013, cuando se realizaron cinco mil 969 de las seis mil 883 programadas.
El año pasado a la Corte de Lambayeque ingresaron 26 mil 469 casos de los cuales fueron resueltos 21 mil 159. El año con menor producción fue el 2009, cuando se implementó la nueva herramienta procesal.
Se estima que del total de la carga procesal que tiene el Poder Judicial en Lambayeque el 10 % todavía se revisa bajo los efectos del Código de Procedimientos Penales de 1940.
Solo por Omisión a la Asistencia Familiar la corte revisa 15 mil 830 procesos, el mayor número de la casuística general.
Quince trabajadores de la municipalidad de José Leonardo Ortiz son investigados por la comisión del delito de usurpación agravada, al existir indicios de su presunta participación en la invasión de un terreno propiedad de la comuna distrital, área que estuvo destinada a la construcción de oficinas para servicios públicos.
El área de diez mil 306 metros cuadrados está inscrita a nombre de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz con la Partida N° 02187563, Tomo 19, fojas 142, que obra en Registros Públicos y se ubica en la Avenida José Balta Norte, frente al Colegio La Anunciata en el sector Carlos Stein. El predio se denomina Santa Úrsula.
Según la denuncia, el año pasado un grupo de trabajadores de la comuna tomó posesión del bien, que además está considerado en el margesí de la Oficina de Control Patrimonial del municipio y registrado en la Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN, levantando viviendas precarias que hoy se encuentran dentro de un cerco de planchas metálicas.
Al lado se ha habilitado un área de expansión urbana denominada “Condominio Los Altos de Balta”.
Una imagen capturada por el servicio de mapas de Google, en enero del 2014, muestra que la zona estaba libre de cualquier tipo de ocupación, debido a que era destinada a la construcción de las oficinas municipales de Servicios Públicos que actualmente funcionan en el estadio Carlos Castañeda.
Denuncia
El cuestionable proceder de los trabajadores de la comuna motivó a que el procurador público de la municipalidad formule la denuncia correspondiente.
El caso llegó hasta la Segunda Fiscalía Provincial Penal de José Leonardo Ortiz, generándose la Carpeta N° 1715-2017 a cargo del fiscal Martín Muñoz Basauri, quien el 23 de marzo pasado emitió la Disposición N° 3 que amplió la investigación preliminar por un plazo de 30 días contra Richard Arturo Veliz Chávez y otros por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada en agravio de la comuna distrital. .
La decisión del representante del Ministerio Público se dio en atención a la Disposición N° 01-2018-MP de la Segunda Fiscalía Penal de Apelaciones de Lambayeque que le ordenó continuar con la investigación.
Los investigados
De acuerdo a la disposición, el próximo 16 de abril deberán acudir hasta el despacho del fiscal Muñoz Basuri los trabajadores municipales Juan Carlos Domínguez Verona, quien actualmente labora en el área de Tránsito y Transportes; Wilfer Aguilar Morante, del área de Licencias; Jesús Gonzales Alzamora, del área de Salubridad; Ítala Carranza Quispe, del área de Catastro y Elizabeth Torres Rodas, del área de Rentas.
Asimismo, deberán acudir: Arturo Huanca Bejarano, jefe de la Oficina de Defensa Civil del municipio; Grimaldo Fernández Saucedo, del área de Cobranza Coactiva; María Heredia Correa, de la DEMUNA; Francisco Rodríguez Souquión, del área de Rentas y Juan Villalobos Bulnes, del área de Participación Vecinal.
Para el 18 de abril están citados: Ruth Alvarado Tantaleán, quien trabaja como recaudadora municipal; Magaly Vergara Vílchez, del área de Licencias; Miguel Limo Paz, trabajador de caja chica; Stalin Burga Cotrina, obrero y Rosa Elisa Cobos, de Programa Sociales.
Dirigentes
Dos de los investigados son actualmente dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. Ellos son: Grimaldo Fernández (secretario de Defensa) e Ítala Carranza (secretaria de Actas y Disciplina).
Expresión se contactó con Fernández Saucedo, quien en principio dijo desconocer la citación realizada por el Ministerio Público para que rinda su declaración sobre el caso.
El dirigente explicó que la historia del predio se remonta al segundo gobierno de Javier Castro Cruz como alcalde del distrito, quien habría donado el predio Santa Úrsula al entonces Sindicato de Trabajadores Municipales Democráticos – SITRAMUDE, que agrupaba a poco más de un centenar de servidores de la comuna y que luego se fusionaría con el Sindicato de Trabajadores Empleados.
“El terreno fue dado para la construcción de nuestro local institucional. Primero quisieron venderlo a los trabajadores, pero como justo hubo un reclamo o una huelga, no recuerdo bien, el alcalde para congraciarse donó el terreno y se decidió que en él se construyeran viviendas para los trabajadores que no poseían ninguna propiedad. Se asignaron lotes, pero con el tiempo el objetivo se desnaturalizó. Fue ahí cuando me alejé porque no podía ser parte de algo irregular”, mencionó vía telefónica Fernández Saucedo.
Añadió que actualmente no tiene ningún tipo de posesión sobre el terreno, el mismo que como se ha explicado se encuentra cercado, tiene instalaciones eléctricas y calles internas para la distribución de los lotes.
Ante los reclamos de los trabajadores que se mantienen fuera de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque pese a tener medidas cautelares a su favor o sentencias de reposición, el presidente de la entidad, Aldo Zapata López, reconoció que existe un agudo desorden laboral, así como falta de presupuesto para plazas que resultan de vital importancia para el funcionamiento administrativo. El magistrado negó además que exista un manejo irregular de las contrataciones y aseguró que su objetivo es garantizar que al Poder Judicial ingresen a trabajar los mejores profesionales.
“Siempre he tenido una política de puertas abiertas, de sinceramiento, de justicia. Lo último que quiero es ser injusto con algunos trabajadores en la casa en la que yo precisamente laboro”, señala Zapata López a Expresión.
¿Qué tiene que decir sobre los reclamos que han presentado los trabajadores que fueron despedidos de la institución, ganaron un proceso judicial y aún no son repuestos? ¿Existe negativa de su gestión de admitir su retorno?
Tenemos nosotros una serie de procesos judiciales concluidos, es cierto. Pero el mandato que el Poder Judicial se obliga a cumplir consiste en asignar al demandante triunfante en un proceso una plaza que no existe.
Lo que se hace es contratarlos provisionalmente hasta que, llegado el momento que se presente la plaza, ellos sean incorporados definitivamente. Los casos en los que se ha incorporado definitivamente son muy pocos, en el resto de casos se toma a los trabajadores en contratos provisionales.
Es algo curioso, pero algunos no quieren. Nosotros les decimos que no podemos cumplir el mandato porque no existe la plaza que se nos pide cubrir, pero ellos se niegan a aceptar un contrato, por ejemplo, de suplencia. Aquí hay más de mil trabajadores.
A ellos se han sumado muchos trabajadores, que después de la decisión de la Gerencia General del Poder Judicial, han quedado simplemente fuera y ellos han planteado sus propios procesos judiciales en los que también hay mandatos que cumplir.
Si existe un grupo de personas a las que debemos reponer, lógicamente debemos elegir a aquellas que tienen mandatos de los años 2013 o 2014. No son nuevos.
También están los trabajadores que no necesariamente tienen mandatos definitivos del Poder Judicial pero sí medidas cautelares de no innovar, las mismas que fueron notificadas oportunamente a la Corte para que esta desista de accionar respecto a estos servidores. Sin embargo, pese a ello fueron despedidos. ¿Qué ha pasado en estos casos? ¿El Poder Judicial incumple sus propias resoluciones?
Las medidas cautelares son medidas provisorias modificables que sirven, justifican o sustentan un proceso principal. Nosotros enfrentamos un proceso como demandados y esperamos tener un mandato definitivo.
El año pasado la Gerencia General del Poder Judicial advirtió que esta Corte era la que tenía más desordenados todos los asuntos de personal. Esa es una herencia que yo asumo como presidente, es un pasivo que me toca enfrentar como presidente pero que obedece a gestiones de presidentes anteriores, de jefes de personal, que han permitido que estas situaciones surjan, permanezcan. Es algo absurdo, porque nosotros dispensamos el servicio de justicia y no podemos generar injusticias respecto a las personas que nos brindan sus servicios. Pero, si las contratan mal definitivamente van a terminal mal.
Cantidad de casos se han presentado, no me imaginé que hubiera tantos. Hemos tenido un nivel de desorden que ha sido mencionado como un récord nacional.
No está respondiendo. ¿Por qué innovar sobre un trabajador que ya tiene una cautelar que ordena no innovar?
Muy simple. El mandato de la Gerencia General le precede a cualquier medida cautelar última. El mandato de la Gerencia General es más o menos de junio del año pasado. Los señores de las medidas cautelares son del momento mismo que se ejecutaba la resolución.
Según el mandato cada uno debe ocupar la plaza que le corresponde. En ese ordenamiento algunos tenían que quedarse sin el lugar. No es que se le esté botando, sino que el trabajador ingresó de esa manera.
Seguro quien lo contrató debió explicarle que se trataba de una situación temporal, que no adquiría un vínculo definitivo con el Poder Judicial porque estaba entrando de una manera inadecuada. Tuvieron que haberle advertido.
¿Hay responsables entonces?
Ustedes han publicado sobre una decisión de Contraloría que revisó una gestión que no es la mía. Yo soy presidente desde el año pasado. La investigación de Contraloría es 2015 y 2016. Yo no respondo por eso.
Pero usted asume el pasivo
Asumo el pasivo, quiero decir, pero la responsabilidad no me alcanza.
¿Es la presidencia de Ana Salés del Castillo?
No lo sé, porque de repente ella a su vez dirá que es por una gestión anterior. En lo que a mí toca yo respondo. Hay una decisión del Poder Judicial de ordenar la situación del personal en esta corte, con lo que se busca enmendar, corregir, algún tipo de infracción que cometió el propio Poder Judicial al momento de tomar a un trabajador.
Yo cumplo con el mandato, que me dice: “Repóngalo en la plaza libre y presupuestada”. Pero no la tengo.
Es paradójico. Hay trabajadores que teniendo mandato judicial definitivo no pueden retornar porque no existe la plaza, mientras otros trabajadores se han mantenido en la Corte sin tener vínculo laboral. Hemos publicado el caso de un servidor que se se mantenía laborando con una medida cautelar, perdió el proceso principal, la Corte fue notificada y no fue sino hasta diez meses después que se le despidió. ¿Cómo entender que alguien haya laborado casi un año sin vínculo laboral?
Estamos hablando de un caso concreto que no es mi gestión. Yo soy absolutamente riguroso, vengo temprano, estoy muy pendiente de la Corte y no me imaginé por un momento siquiera que me convirtieran en jefe de personal. Yo soy presidente de la Corte, no jefe de personal.
Sin embargo, como ha habido tanto desorden estoy pendiente de los asuntos del personal. Ese es un caso del que no puedo dar cuenta. Yo estoy pendiente de los mandatos judiciales.
¿Es inaudito verdad?
(Sonrisa) Si dicen que no procede y lo mantengo, o sea ¿qué es eso? Si ya rompí el vínculo con el trabajador, si en realidad decidí voluntariamente romperlo por alguna razón justificada y la decisión se judicializó y el demandante perdió el empleo, simple y llanamente no hay mayor justificación para mantenerlo. Yo no sé qué pasó.
¿El gerente de la Corte de Lambayeque estuvo en la anterior gestión o ingresó con usted?
Viene de una parte de la anterior gestión. Poco tiempo, entiendo.
¿Cuántos trabajadores tienen mandato de reposición? Expresión identificó a 13.
Probablemente exista ese número, no creo que más. Diez o 12 más o menos. Yo creo que todos tienen derecho a trabajar, pero nosotros también debemos cuidar que las decisiones que se tomen respecto al personal sean las que más se condigan con el interés de la institución.
Quiero a los mejores trabajadores, cuido eso y por lo menos lo estoy haciendo en mi gestión. Procuro que quienes llame estén a la altura de las circunstancias y cubran las expectativas de la corte y de la gente, sobre todo.
Los mandatos judiciales son inexorables y tenemos que cumplirlos. Cuando toca hay que cumplir. Finalmente, quien está detrás de estos cumplimientos es el sindicato. Esas personas están absolutamente pendiente de estos asuntos.
¿Cuántos trabajadores han sido contratados en su gestión?
Cada vez que se crea una plaza esta se tiene que cubrir. No tengo un número. Lo que hago es disponer cuando hay una licencia por cubrir. Cuido que la oportunidad para laborar sea para la mayor cantidad de personas, no tengo a gente a la que beneficiar.
Se ha cuestionado la contratación de los trabajadores para los juzgados anticorrupción, sobre todo porque no se ha cumplido con los procedimientos establecidos por la norma. ¿Qué puede decir al respecto?
No es así, eso es absurdo. Yo no trabajo así. Soy juez hace 14 años en el Perú y no trabajo así. No voy a favorecer a nadie, lo único que hago es entregar un empleo a quien reúne las condiciones y el perfil.
En el caso de los dos juzgados anticorrupción en verdad ha habido un error. No hay ninguna convocatoria, no hay ningún concurso público para cubrir plazas.
Nos dijeron: “Presidente, usted va a tener dos juzgados anticorrupción, usted vea quiénes van a cubrir esas plazas, pero eso sí, como son juzgados que se van a quedar con nosotros permanentemente las plazas deben ser sometidas a concurso público”. Eso es lo que vamos a hacer.
No va a entrar a mi gestión gente que piense que los hemos traído para que se quede por siempre. Lo que les digo es: “Señores, no es este un concurso. Necesitamos cubrir de manera inmediata para la atención de estos juzgados, pero las plazas se van a concursar”.
Hay contratos CAS y contratos 728. Las comisiones ya están funcionando y ya se verá un concurso con todos los pasos.
Las salas superiores han emitido fallos señalando que la función de auxiliar o especialista judicial son permanentes, no tienen temporalidad. Entonces, ¿qué garantiza que los que ahora trabajan en los juzgados anticorrupción más adelante no inicien procesos contra la Corte invocando esos conceptos, más si se les contrata por el régimen 728?
No va a pasar y ahora sí hablo por mí. No va a pasar porque ya la convocatoria se está haciendo. Yo quiero acá a los mejores y un concurso público es la mejor oportunidad para que aquí ingresen los mejores.
Cuando dice que quiere a los mejores, ¿significa que eso no se privilegió antes en la Corte?
Si tenemos dificultades con trabajadores es porque no se utilizó ese racionamiento. El mejor es el que busca incorporarse a un empleo de la administración público a través de un concurso de mérito y oposición. Los jueces hacemos eso.
