ÓCI del Gobierno Regional determinó que funcionarios de Comisión de Concurso Público de Funcionamiento N° 01-2013-GR.LAMB/GERESA-HRDLMCH, calificaron como aptos a postulantes cuyos documentos no acreditaban los requisitos mínimos establecidos en las bases, y tampoco alertaron extrañas situaciones.
Una minuciosa investigación realizada por personal del Órgano de Control Institucional –OCI- del Gobierno Regional de Lambayeque, al Concurso Público de Funcionamiento desarrollado en el periodo del 16 de diciembre del año 2013 al 30 de setiembre del año 2016 - N° 01-2013-GR.LAMB/GERESA-HRDLMCH- para cubrir plazas laborales en el Hospital Las Mercedes, se tiene que tres postulantes presentaron documentos falsos, con los cuales ganaron el concurso de plazas.
Además, con el presunto aval de los funcionarios que llevaron a cabo el concurso público en sus diferentes etapas, los “ganadores” -en la actualidad- siguen laborando en el nosocomio, con el amparo y protección que les otorga la Ley, sin que hasta la fecha hayan sido llamados para ser investigados y determinar su grado de responsabilidad y enfrentar un proceso de tipo penal para este tipo de delito.
Pero eso no es todo. Mediante informe especial OCI también determinó que los miembros titulares de la comisión de concurso en cuestión, ejecutaron las etapas del proceso en contravención de la normatividad, no respetando la elaboración de bases e incluso no habrían alertado sobre las extrañas situaciones y más bien otorgaron el máximo puntaje a los postulantes ganadores, entre ellos los que presentaron documentos falsos en sus expedientes, y cuyos nombres ya están en manos de la comisión de investigación.
PRIMERA RESOLUCIÓN
Conforme se sustenta en la Resolución Ejecutiva Regional N° 397-2017-GR.LAMB/PR [2615671-6], del 11 de diciembre, se consta que mediante oficio N° 0243-2017-GR.LAMB/GERESA-L/OCI, del 23 de noviembre del presente año, el jefe del Órgano de Control Institucional de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque; el jefe, Boris Enrique Oblitas Gastelo remite la hoja informativa N° 00002-2017-GR. LAMB/ GERESA-OCI-AC-HRDLM, del 22 de noviembre del 2017, la que contiene un tomo que incluye 20 apéndices y que fue evacuada por la comisión auditora del citado Órgano de Control para su estudio y análisis del contenido.
Asimismo, ese mismo día – 23 de noviembre del 2017- el gerente regional de salud- Lambayeque, Pedro Alejandro Cruzado Puente, remite hoja informativa N° 00002-2017-GR.LAM/GERESA-OCI-AC.HRDLM, emitida por el Órgano de Control Institucional sobre el resultado a la investigación desarrollada al concurso público N° 01-2013-GR.LAMB-GERESA-HRDLMCH, periodo del 1 de diciembre del 2013 al 30 de setiembre del 2016, efectuado al Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo, y donde se ha encontrado serias irregularidades.
Una de las recomendaciones principales, es que la máxima autoridad del Gobierno Regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, autorice al Procurador Público regional, el inicio de las acciones judiciales correspondientes, teniendo en cuenta que los plazos para investigar y denunciar están a puertas de prescribir, y el delito quede impune.
GANADORES DE CONCURSO
Mediante el documento antes descrito, la Comisión Auditora del Órgano de Control Institucional comunica al Gerente Regional de Salud de Lambayeque, sobre presunto uso de documentación falsa de postulantes ahora ganadores del concurso Público de Funcionamiento N° 01-2013-GR.LAMB/GERESA-HRDLMCH.
En el informe se precisa que las bases para el indicado concurso público fueron aprobadas mediante resolución directoral N° 1170-2013-GR.LAMB/GERESA/L-HRDLMCH-DE del 16 de diciembre del 2013, habiéndose modificado los requisitos mínimos de algunas plazas inicialmente propuestas en las bases, a través de una Fe de Errata, publicada en el portal web de la entidad, el día 17 de diciembre del 2013 – un día antes de la fecha de presentación del currículum vitae por parte de los postulantes, entre ellos los que presentaron documentos falsos y cuyos nombres por el momento son mantenidos en reserva.
Asimismo, se precisa que producto de los procesos de verificación realizados a la documentación presentada por los postulantes que resultaron ganadores y que en la actualidad se encuentran laborando en el Hospital Regional Docente Las Mercedes, se tiene que tres postulantes presentaron en sus expedientes documentos que no fueron emitidos por las instancias competentes; es decir, presentaron certificados falsos.
Se destaca también que dicha situación ha permitido a los postulantes ser calificados como aptos y adjudicársele la plaza para ser contratados por la entidad estatal.
DAN LA ALERTA
El Órgano de Control Interno – en su informe- pone en alerta al gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, que el plazo de prescripción del delito de falsificación es de cuatro años, por lo que considerando que la fecha de presentación del currículum vitae fue el 18 de diciembre del año 2013, y la prescripción de los hechos se encuentra muy cerca, recomendando el inicio de las acciones legales correspondientes.
“El artículo 80 del Código Penal establece que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la Ley para el delito, si fuera privativa de libertad. En el caso del concurso real de delitos, las acciones prescriben independientemente. En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave”, señala el informe de Control Interno.
SEGUNDA RESOLUCIÓN
Para no hacer tediosa y poco entendible la investigación por parte de Control Interno de la entidad regional, así como identificar a los responsables de la afectación al Estado, mediante resolución N° 399-2017 el jefe de dicha entidad de fiscalización hace conocer el resultado de la Auditoria de Cumplimiento al concurso público de funcionamiento descrito líneas arriba, en la que se señala y describe investigación a las funcionarios que participaron y tuvieron a cargo el desarrollo del proceso de selección.
Mediante oficio N° 2352-2017-GR.LAMB/GERESA-L del 29 de noviembre del 2017, el gerente regional de Salud, Pedro Alejandro Cruzado Puente, eleva a esta entidad el Informe de Auditoria N° 002-2017-2-0633 como resultado de la Auditoria de Cumplimiento al Concurso Público de Funcionamiento N° 01-2013-GR.LAMB/ GERESA -HRDLMCH, periodo del 16 de diciembre del 2013 al 30 de setiembre del 2016, realizado por el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo.
El informe fue realizado y elaborado por el Órgano de Control Institucional – GERESA- el que consta de siete tomos con 2,251 folios o páginas, así como la fundamentación jurídica, así como 31 folios conteniendo la fundamentación jurídica.
LA CONVOCATORIA
El citado informe especial, en su numeral 3.3 –tomo I- página 0003 puntualiza que la materia examinada es la auditoria descrita, la que corresponde al proceso de selección del concurso público descrito, para la contratación de personal de diferentes áreas del Hospital.
Mediante esta convocatoria – se señala en el informe- se coberturó 39 plazas; de las cuales, 7 fueron para médicos especialistas, 4 para médicos auditores, 1 para enfermera, 1 para obstetriz, 1 para biólogo, 1 tecnólogo médico, 1 para psicólogo, 1 químico farmacéutico, 2 técnicos en nutrición, 1 técnico sanitario, 1 artesano, 4 auxiliares de enfermería, 5 auxiliar de nutrición, 2 auxiliar de artesanía, 1 supervisor de conservación y servicios, 2 secretarias, 3 técnicos administrativos y un oficinista.
El referido proceso contó con la participación de la Comisión de Concurso, cuyos integrantes participaron en la elaboración de bases y sus modificatorias, publicación de aptos para la evaluación curricular, absolución de reclamos, entrevista personal, examen escrito, evaluación curricular, publicación de resultados finales y elaboración de informe final.
PRESUNTO DELITO
En el informe de auditoría N° 06-2016-2-5343, en el numeral IV –parte de conclusiones- señala en el numeral 01 que: “En el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo, en diciembre del año 2013 se llevó a cabo un proceso de concurso público, y de la documentación alcanzada por el Hospital en relación a este proceso, y de la revisión selectiva se ha determinado que los miembros titulares de la comisión de concurso público han contravenido la normatividad vigente.
Es decir, desarrollaron la elaboración de bases y sus modificatorias, publicación de aptos para la evaluación curricular, publicación de resultados de examen y entrevista personal, absolución de reclamos, entrevista personal, examen escrito, evaluación curricular, publicación de resultados finales, y elaboración de informe final, sin tener en cuenta la aplicación de la Ley.
¿CIEGOS?
Lo más delicado de ello –según se detalla en el informe del Órgano de Control Institucional- es que se ha determinado que los miembros titulares de la comisión del concurso, calificaron como aptos para la evaluación curricular y entrevista personal a postulantes cuyos documentos adjuntos en los currículums vitae no acreditaban los requisitos mínimos establecidos en las bases.
Además, en la etapa de evaluación curricular no se alertó está situación y otorgaron el puntaje máximo a los postulantes cuestionados a pesar que no acreditaban el puntaje mínimo requerido.
Con todo lo recaudado, el jefe de la Oficina de Control Institucional, Boris Enrique Oblitas Gastelo, en su recomendación N° 03 del Informe de Auditoria N° 002-2017-2-0633, recomienda al gerente regional de Salud de Lambayeque, Pedro Alejandro Cruzado Puente, poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Lambayeque, para que se inicien las acciones legales contra los servidores y funcionarios involucrados en los hechos que afectan los intereses y la economía del Estado.
ACCIÓN INMEDIATA
Una vez conocido el contenido de los oficios N° 0243-2017-GR.LAMB/GERESA-L/OCI y N° 0248-2017-GR.LAMB/GERESA/OCI del 23 y 29 de noviembre pasado, el gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, dispuso mediante resolución N° 397-2017 y 399-2017 del 11 de diciembre último, autorizar al Procurador Público Regional, Amado Eliseo Rodríguez Monteza, el inicio de las acciones legales contra los presuntos responsables comprendidos en la investigación realizada y que se plasma en el informe de Auditoría N° 002-2017-2-0633.
Aclara que la acción de control y fiscalización fue como resultado de cumplimiento al “Concurso Público de Funcionamiento N° 01-2013-GR.LAMB/GERESA-HRDLMCH, periodo del 16 de diciembre del 2013 al 30 de setiembre del 2016, realizado por el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo.
Autoridad edil pretendería postular a la Gobernación Regional y dejar en la silla municipal al regidor Edwin Huancas para evitar ser investigado por presuntos actos de corrupción
Un oscuro plan para vacar en el cargo de regidores de la Municipalidad de Chiclayo a Guillermo Segura Díaz y Liliana Barrantes Piscoya, habría sido montado por el alcalde David Cornejo Chinguel y su más cercanos colabores, con el supuesto objetivo de evitar que los fiscalizadores puedan ejercer la función de burgomaestre y teniente alcalde, ante una posible ausencia de la autoridad municipal para postular a la presidencia de la región Lambayeque.
La información la hizo pública la regidora Liliana Barrantes, quien sostuvo que ante la ausencia de David Cornejo Chinguel de la casa edil, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el teniente alcalde, es este caso Guillermo Segura Díaz tomaría las riendas de la ciudad y ella – Liliana Barrantes- quedaría como la primera regidora o la teniente alcalde.
El temor a que los regidores de oposición se queden en el cargo, sería a que se aperture investigación a una serie de presuntos actos de corrupción que durante los tres últimos años se han venido denunciado y que por extrañas razones el Ministerio Público no las ha acogido o simplemente las ha archivado bajo el trillado argumento de insolvencia de pruebas para investigar.
Barrantes Piscoya añade que entre los planes de David Cornejo estaría la de vacar a los regidores antes descritos para que el regidor Edwin Huancas Ojeda pueda quedar en el sillón municipal y el funcionamiento de la casa edil continúe tal y como ellos la vienen manejando; es decir, no se pueda desarrollar ninguna investigación en su contra.
“Nos quieren vacar para no ser alcalde y teniente alcaldesa tal y como lo dice la Ley Orgánica de Municipalidades. El objetivo no es celo político, sino el temor a que estando en el sillón municipal podamos promover algún tipo de investigación en torno a la serie de denuncias que los regidores de oposición hemos denunciado en éstos últimos tres años de gestión”, detalló.
GESTIÓN CON CORRUPCIÓN
La regidora sostuvo ser parte del partido político Alianza Para el Progreso –APP- y haber llegado al seno municipal junto al alcalde David Cornejo Chinguel; en otras frases, es parte del oficialismo, pero a los pocos meses de gestión tuvo que dar un paso al costado y sumarse a las filas de la oposición para denunciar una serie de actos de presunta corrupción por parte de los funcionarios que rodean a la autoridad edil.
Lo que más le llama la atención en estos tres años como regidora, es que en más de una oportunidad junto a sus colegas de oposición han acudido a la Contraloría y al mismo Ministerio Público para denunciar y poner en conocimiento presuntos actos de corrupción, pero extrañamente hasta la fecha no se ha hecho nada y las denuncias han caído en saco roto.
“Hemos denunciado presuntos actos de corrupción a través de los medios de comunicación, así como en el Ministerio Público y la misma Contraloría y Procuraduría Pública, pero hasta la fecha todo sigue igual y no pasa nada”, explicó.
MINISTERIO PÚBLICO
Aclara que lo más preocupante es que las denuncias de presuntos actos de corrupción que se hicieron de manera directa en el Ministerio Público, han caído en saco roto. Es decir, no han prosperado y al mismo estilo que en la gestión municipal del exalcalde Roberto Torres Gonzales, los fiscales – no todos- han optado por archivar las denuncias bajo el argumento de falta de pruebas para investigar y acusar.
“Los operadores de justicia – en este caso la Fiscalía- no han hecho nada para evitar que sucedan hechos similares a la gestión anterior, pero las denuncias que se han hecho en su debido momento no han sido tomados en cuenta para hacer una denuncia solvente ante el Poder Judicial, no quedando más acción que archivar la denuncia”, sostuvo.
Señala que al momento de formularse las denuncias de presuntos actos de corrupción, no presentaron pruebas fehacientes. Sin embargo, existían las evidencias, pero son los operadores de justicias los que tienen que investigar, es decir, tienen que ser más responsables en la defensa y protección de los intereses del Estado, así como tomar en serio todas las denuncias que se vienen realizando y no sean encarpetadas y luego archivarse.
“¿Dónde está el trabajo del Ministerio Público?... Nosotros estamos limitados para desarrollar una investigación, pero no la Fiscalía; sin embargo, ellos hacen mutis ante lo evidente cuando tienen la obligación de cautelar el patrimonio del Estado, pero más bien han optado por archivar algunas de las investigaciones que involucraba a la autoridad edil y sus más cercanos colaboradores”, reveló.
CORRUPCIÓN ENQUISTADA
Liliana Barrantes es una convencida que desde el primer día de gestión municipal de David Cornejo Chinguel, existe incapacidad y corrupción.
Las denuncias de acciones negativas que afectan los intereses y las arcas del Estado ante supuestos actos de corrupción se iniciaron con la pérdida de una motobomba donada en el año 2015 y donde dos regidores del oficialismo habrían estado involucrados. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y la fiscalía ha archivado la investigación.
El caso es que las motobombas fueron donadas por el empresariado privado en el año 2015 y con la llega sorpresiva del Niño Costero, su utilización fue necesaria, descubriéndose que de las once maquinas, solamente siete estaban registradas y las otras cuatro no. De esas cuatro faltaba una motobomba, la más grande y potente, la que extrañamente había desaparecido de los almacenes de la comuna chiclayana aprovechando que no estaban inscritas como patrimonio de la Municipalidad.
“Es más, por denunciar los presuntos actos de corrupción, hemos sido agredidos por gente ligada o cercana al alcalde, como es el caso lo ocurrido con el regidor Guillermo Segura Díaz que fue agredido por gente muy cercana al alcalde David Cornejo Chinguel, pero al tiempo de transcurrido la investigación -tras realizarse la respectiva renuncia- el Ministerio Púbico decidió archivar el caso”, resaltó.
Recuerda que en el rosario de denuncia de presuntos actos de corrupción también están involucrados algunos funcionarios del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, las cuales también han sido archivadas.
BLINDAJE
Barrantes Piscoya reveló que en una sesión de concejo y en actitud burlona, el alcalde de Chiclayo les dijo a los regidores de la oposición “que todas las denuncias que hagan en su contra, serán archivadas o que se van a caer en el transcurso del tiempo.
“En ese momento no nos llamó la atención lo que dijo el señor alcalde e imaginamos que era producto de la cólera que tenía, pero con el transcurrir del tiempo y conocer de los resultados de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, las que son archivadas bajo el argumento de carencia de pruebas, presumimos que se estarían empleado los mismos términos que la gestión edil de Roberto Torres Gonzales; es decir, la autoridad edil tendría comprometido al Ministerio Público para que lo escude frente a denuncias que pudieran haber”, sostuvo.
Volvió a recalcar que una de las acciones que hace notar que el Ministerio Público blinda a David Cornejo Chinguel y a su más cercanos colaboradores, es el archivamiento que un fiscal le ha dado a la denuncia de la pérdida de las motobombas, a pesar que existen elementos que prueban lo denunciado, como es el caso de la ex funcionaria Patricia Chero, del área de Patrimonio Municipal, quien fue la que nos informó sobre la presunta desaparición de las motobombas y donde estarían involucrados dos regidores cercanos al alcalde.
“La verdad, es que siento vergüenza de ser parte de esta gestión. Todos los días se denuncian presuntos actos de corrupción, pero a pesar de las denuncias y hasta los testimonios de los propios protagonistas afectados, el Ministerio Público archiva las denuncias”, sostuvo.
Asimismo, señala que la penúltima denuncia que se hizo fue la supuesta pérdida de alimentos que tenían que ser entregados a los damnificados del “Niño Costero”, y que al enterarse que se había formulado denuncia, los responsables comenzaron a sacar los alimentos supuestamente para repartirlos, pero en realidad no se sabe si lo entregaron o no a las familias necesitadas.
“Esa denuncia y otra más, fue formulada por la presidenta de la Federación de Comedores Populares, Isabel Rivas, pero la Fiscalía – hasta el momento- no ha hecho nada de nada. Otra acción negativa que tampoco aún no tiene justicia, es la entrega de calaminas para las familias damnificadas por las lluvias de inicio de año, no descartándose que la entrega del material se habría presuntamente sobredimensionado en cuanto al número de los beneficiados” recalcó.
Otro caso que llama la atención – señala Liliana Barrantes- es que se estarían desapareciendo los alimentos de los beneficiarios que padecen de Tuberculosis –TBC- e incluso existen denuncias por parte de algunos beneficiarios que los productos no les son entregados completos.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Otro grave delito que a diario se comete en la Municipalidad de Chiclayo y que al Ministerio Púbico no le importa, es que algunos regidores oficialistas cometen tráfico de influencias al colocar, rotar y sacar funcionarios, que en muchos casos no reúnen el perfil profesional.
Actualmente –indica- en la municipalidad tenemos trabajando gente que proviene de otros lados y que se desconoce su trayectoria profesional y funcional. También hay gente que pertenece a ciertos grupos evangélicos, que ocupan cargos y puestos en la Municipalidad de Chiclayo, CGT y Beneficencia Pública de Chiclayo, pero que cuentan con el perfil profesional o técnico requerido por el Manual de Organización de Funciones –MOF.
“En estos tres años de gestión municipal hemos fiscalizado de manera correcta, pero la Fiscalía no nos ayuda. Hay denuncias con referencia a Licencias de Construcción, dinero de la comunidad Suiza mal empleado y orientado al pago de sueldos del personal que trabaja en Chiclayo Limpio”, acotó.
Además, aclara que también existen denuncias con referencia a la compra y utilidad del combustible en el grifo Municipal, gastos exorbitantes en los locales desconcentrados del programa Chiclayo Limpio, sobrinos del alcalde involucrados en la entrega y venta de puestos para el comercio en el Mercado del Pueblo.
“Eso es solo una muestra de los presuntos actos de corrupción que existe al interior de la Municipalidad de Chiclayo, y que la fiscalía se resiste a investigar y opta por archivarlos, como el caso de los paneles publicitarios que maneja un regidor ahora allegado a David Cornejo Chinguel”, recalcó.
JUECES Y FISCALES
La regidora Liliana Barrantes no se queda callada y advierte que al igual que la gestión de Roberto Torres Gonzales, el actual alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, tendría amigos, familiares y hasta hijos de jueces, fiscales y de regidores de su entorno, laborando en la misma Municipalidad de Chiclayo, Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo y la misma Beneficencia Pública.
Asimismo, advierte que la población de Chiclayo paga por Serenazgo, pero de las 25 camionetas con que cuenta la comuna, la mayoría son utilizadas para el traslado de funcionarios y regidores, así como familiares de éstos.
“El Serenazgo no cumple su función, sin embargo a la población se le cobra y se le exige el pago por este servicio. Los vehículos y los serenos son para que realicen patrullaje preventivo, pero sin embargo son utilizados para otras cosas”, recalcó.
En abril del 2016 el Gobierno Regional de Lambayeque empezó a remodelar cuatro colegios con una inversión ascendente a nueve millones 892 mil 397.47 soles. Los trabajos debieron culminar en octubre de ese año. Sin embargo, a inicios de este año decidió resolver el contrato con el “Consorcio Educativo Chiclayo”, debido a una controversia generada, dejando los trabajos paralizados en perjuicio de más de dos mil escolares. Para concluir con el proyecto, el 14 de septiembre entregó la buena pro a la única empresa que se presentó al proceso de selección para ejecutar el saldo de obra: “Consorcio JLO”, conformado por Fernández Gutiérrez SCRL y la Constructora San Juan SRL. Un informe de la Contraloría General de la República ha determinado que la nueva adjudicación presenta irregularidades.
El Consorcio JLO se adjudicó la culminación de los trabajos presupuestados en cuatro millones 33 mil 22.72 soles, el total del monto referencial que se concursó en el proceso denominado “Ejecución de la obra mejoramiento del servicio educativo de 4 II.EE 10030 Naylamp, C.A Salaverry, Fanny Abanto Calle, y Diego Ferré Sosa, nivel primario y secundario de los distritos de José Leonardo Ortiz, La Victoria y Reque, provincia de Chiclayo”.
El Informe de Visita de Control N° 606-2017-CG/CORECH-VC, realizado por la Oficina Regional de la Contraloría, tras las inspecciones efectuadas entre el 13 de octubre y el 3 de noviembre pasado, han determinado que el gobierno regional “aprobó la contratación directa para la ejecución del saldo de obra otorgando la buena pro sin contar con la Certificación Presupuestal”, con “una aprobación de bases administrativas posterior a la aprobación del expediente de contratación” y que pese a que la buena pro se entregó el 14 de septiembre, al momento de cerrar el informe no se había suscrito el contrato ni iniciado la obra, “situación que estaría discrepando la necesidad de urgencia con la que se justificó dicha contratación”, de acuerdo a lo señalado en el acta buena pro suscrita por el Jefe de la Oficina de Logística, William Jave Sánchez.
Asimismo, la Contraloría ha establecido la existencia de presuntas deficiencias constructivas en los cuatro locales educativos.
La visita se realizó con el objetivo de verificar el estado situacional de la ejecución de la obra en los locales educativos y asegurar que esta se dé bajo las condiciones contractuales estipuladas.
CRONOLOGÍA DE LA FISCALIZACIÓN
“El 5 y el 6 de octubre del 2016 una comisión de este órgano contralor realizó una visita de obra en compañía de la fiscal adjunta de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo, cuyos hechos advertidos en actas fiscales fueron remitidos al titular de la entidad (Gobierno Regional de Lambayeque), con Oficio N° 1213-2016-CG/CORECH, del 11 de octubre del 2016, a fin que informe las acciones adoptadas al respecto que permitan cautelar el cumplimiento del contrato de dicha obra”, indica el informe.
Días después, entre el 20 y el 24 de octubre del año pasado, la Contraloría realizó visitas de control cuyos resultados motivaron a que el entonces jefe de la Oficina Regional de Control, Nelson Guevara Altamirano, solicite con Oficio N° 1443, del 14 de diciembre del 2016, al gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, que informe documentalmente los avances físicos, económicos y el estado situacional de las obras, así como lo relacionado a las ampliaciones de plazo. El requerimiento no tuvo respuesta, por lo que se reiteró con el Oficio N° 1475, del 28 de diciembre.
En enero de este año, con el Oficio N° 049-2017-GR.LAMB/P.R., Acuña Peralta informó a la Contraloría “la paralización de las obras injustificadamente por parte del contratista”. Sin embargo, no alcanzó la documentación completa que había solicitado la entidad de control, por lo que esta reiteró su pedido de información con el Oficio N° 100-2017. Recién el 8 de febrero se remitió a la Contraloría los avances del avance físico – económico y de las ampliaciones de plazo aprobadas por la región a favor del contratista.
Días después, el 27 de febrero, el gobierno regional alcanzó copias del acta de la conciliación a la que había llegado con el “Consorcio Educativo Chiclayo”. En atención a ello, se ordenó que el Órgano de Control Institucional del gobierno regional realice una visita inopinada a los locales de enseñanza, cuyos resultados fueron informados al gobernador el 15 de marzo a fin que tome las acciones correspondientes frente a lo que los auditores encontraron.
¿QUÉ ENCONTRARON?
De las inspecciones realizadas en octubre del año pasado, la Contraloría determinó la existencia de deficiencias en el expediente técnico, lo que generaba problemas para la ejecución de la obra, ocasionado riesgo de solicitud de adicionales y consultas al proyectista que no fueron absueltas, además de controversias que podían afectar la calidad y tiempo de construcción.
También se identificó falta de disponibilidad de los terrenos, pasividad del gobierno regional para absolver las consultas formuladas por el contratista, y que en el caso de los colegios Fanny Abanto Calle, 10030 Naylamp y Diego Ferré el cronograma de ejecución no contemplaba la ruta crítica.
Asimismo, se encontró que faltaban firmas en el cuaderno de obra, principalmente del residente y el supervisor, lo que generaba el riesgo de adulteración, así como demoras del gobierno regional para comunicar su negativa a la Ampliación de Plazo N° 1, generando el riesgo de que el contratista alegue una aprobación ficta por pronunciamiento fuera de plazo.
De todo ello se informó en octubre del 2016 al gobernador regional, quien enero de este año notificó a la Contraloría que el Gerente Regional de Infraestructura, Fidel Ortiz Zapata, el 24 de noviembre del 2016 se había dirigido vía carta notarial a la contratista por el “bajo ritmo de la obra”. Semanas después había requerido al consorcio información sobre la reprogramación del calendario de avance. La obra quedó paralizada el 2 de enero.
La Contraloría cuestiona que el gobierno regional haya propuesto la conciliación con el contratista pese a que argumentó que este había paralizado la obra de manera injustificada. En total, el “Consorcio Educativo de Chiclayo” solicitó cuatro ampliaciones de plazo, dos de las cuales fueron denegadas.
Aun cuando en la conciliación la contratista se comprometía a reiniciar las obras el 30 de enero de este año, en su visita del 15 de marzo la Contraloría no encontró a personal trabajando en el Colegio N° 10030 Naylamp, donde se constató un avance del 65 %. En el Colegio Fanny Abanto el avance era del 70 %, en el Colegio Carlos Augusto Salaverry del 60 % y en el Colegio Diego Ferré los trabajos se encontraban al 74 %.
“Con fecha 5 de mayo del 2017, el señor William Boulanger Jiménez, Contralor Regional de Chiclayo, visitó los cuatro planteles, evidenciando que las obras no se encontraban terminadas y los trabajos aún estaban paralizados; además que los alumnos se encontraban estudiando en piso de tierra, usan baños químicos e incluso, en algunos casos, se iniciaron las clases en el mes de mayo de 2017, debido a que los trabajos no fueron culminados en los plazos establecidos. Asimismo se encontró en la I.E. Carlos Augusto Salaverry de La Victoria a una comisión del Gobierno Regional de Lambayeque con un notario público y el contratista, que realizaban la entrega de obra porque la entidad decidió resolver el contrato de manera unilateral”, revela el informe.
EL SALDO DE OBRA
El 26 de abril de este año la Oficina Regional de Administración informó al “Consorcio Educativo Chiclayo” la resolución del contrato y el 12 de julio, casi tres meses después, se aprobó el expediente técnico de saldo de obra con un presupuesto total de cuatro millones 33 mil 22.72 soles y un plazo de ejecución de 75 días calendarios. El 15 de agosto el Consejo Regional arribó al Acuerdo N° 089, admitiendo la contratación directa “por causal de contrataciones derivadas de un contrato resuelto y nulo, cuya continuidad de ejecución resulta urgente”.
Diez días después, el jefe de la Oficina de Logística, William Jave Sánchez, invitó a presentar sus propuestas económicas a las empresas: Fedeco Contratistas Generales, Fernández Gutiérrez, Simav Constructora e Ingeniería Civil Montajes.
La única empresa que se presentó fue Fernández Gutiérrez y en virtud de ello se procedió a la contratación directa, según informe de la Oficina de Logística del 31 de agosto. Al día siguiente se aprobó el Expediente de Contratación.
HECHOS IRREGULARES
Sin embargo, lo que llama la atención de la Contraloría es que las bases administrativas del proceso de selección para la ejecución del saldo de obra se aprobaron recién el 13 de septiembre con la Resolución Jefatural Regional N° 288-2017-GR.LAMB/ORAD.
Además, la Certificación de Disponibilidad Presupuestal 302-2017 se emitió el 13 de octubre, por lo tanto el Expediente de Contratación se habría aprobado sin contar con las bases administrativas aprobadas y sin tener la Certificación Presupuestal, conforme lo establece la normativa vigente.
“Pese a ello, el 14 de septiembre del 2017, el jefe de la Oficina de Logística otorgó la buena pro al Consorcio JLO, conformado por las empresas Fernández Gutiérrez SCRL y la Constructora San Juan SRL, por el monto de cuatro millones 33 mil 22.72 soles”, señala la Contraloría en su informe.
Ese mismo día se solicitó al consorcio ganador la presentación de la documentación para la suscripción del contrato, otorgándole ocho días hábiles a partir del 14 de septiembre. Sin embargo, al momento en que la Contraloría emitió su informe (10 de noviembre) aún no se tenía el contrato firmado.
Lo extraño es que el contrato entre el Gobierno Regional de Lambayeque y el “Consorcio JLO” aparece firmado el 27 de octubre, un mes y 13 días después de otorgada la buena pro. El documento lleva la firma del jefe de Administración del gobierno regional, Yosip Mejía Díaz, y del representante del consorcio, Rómulo Fernández Gutiérrez.
Con Resolución N° 2134, del 28 de noviembre, el jefe de la Fiscalía Suprema de Control Interno, Víctor Rodríguez Monteza, ordenó iniciar la investigación preliminar contra diversos integrantes del Ministerio Público de Lambayeque por presuntamente incurrir en los delitos de fraude procesal, abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y prevaricato. La denuncia fue interpuesta por Jorge Incháustegui Samamé, exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Chiclayo e investigado del caso “Limpios de la corrupción.
Los magistrados inmersos en la denuncia son: Sergio Zapata Orozco y Pamela Elías Bravo, fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo; Félix Tejada Ramos, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo; Juan Manuel Carrasco Millones, coordinador de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque; Jorge Arteaga Vera, integrante de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones y Lili Díaz Gonzales, fiscal adjunta de este último despacho.
La denuncia contra los fiscales fue presentada el 11 de mayo pasado.
La investigación iniciada por la Fiscalía Suprema de Control Interno contra los representantes del Ministerio Público de Lambayeque se sustenta en una serie de irregularidades que estos habrían cometido para sustentar los requerimientos de intervención de las comunicaciones, detención preliminar, allanamiento domiciliario e incluso de prisión preventiva sobre los que presuntamente forman parte de la organización “Los limpios de las corrupción”. Los hechos se remontan al 2014.
De acuerdo a la resolución del Caso N° 332-2017, los representantes del Ministerio Público “no realizaron los actos de investigación correspondientes” para acumular los indicios que les faculten a presentar tales requerimientos ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, despacho que autorizó los procedimientos ejecutados contra los investigados.
En su denuncia – conforme lo recoge la Fiscalía Suprema de Control Interno – Incháustegui Samamé, el único de los procesados que ha logrado hasta el momento una absolución en primera instancia respecto del delito de asociación ilícita para delinquir, informa que los fiscales no trabajaron con un equipo multidisciplinario interinstitucional, tal como reportaron al Poder Judicial.
EL FALSO INFORME
En el 2014, la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, en ese entonces bajo la coordinación del fiscal Sergio Zapata Orozco, sustentó diversos pedidos al Poder Judicial tomando como base el Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB, del 20 de septiembre, supuestamente elaborado por Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional, dando cuenta de la existencia de una organización delictiva que operaba al interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, liderada por el alcalde Roberto Torres Gonzales y que había extendido su accionar a otras entidades como EPSEL y el SATCH.
Sin embargo, la denuncia presentada ante la Fiscalía Suprema de Control Interno refiere que dicho informe fue suscrito por agentes policiales que no trabajaban en la Unidad de Inteligencia, quienes utilizaron los sellos de dicha dependencia para certificar el documento, el mismo que fue validado por el Ministerio Público. El informe fue firmado por los policías Romel Díaz Paz y Víctor Chafloque Oliden, quienes sugirieron a la fiscalía que gestione la detención preliminar de los 22 presuntos integrantes de la organización a la que denominaron “Los limpios de la corrupción”.
“Este informe sirvió para que los fiscales sustenten ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria la autorización para levantar el secreto de las comunicaciones, allanar las viviendas e incluso obtener la detención preliminar”, indica la denuncia.
Lo grave es que de acuerdo al Oficio N° 1027-2015-REGIÓNPOLICIAL-LAMB/ORI.SEC., del 4 de junio del 2015, el jefe de la Oficina de Inteligencia de la Región Policial, Luis Guerrero Balladeres, señala que en los “en los archivos no se encuentra documento alguno relacionado” al Informe 136-2014 y que si bien los policías que lo firmaban trabajan en Chiclayo estos “no han prestado servicios” en dicha dependencia, “desconociendo los motivos por los que aparecen sellos que presuntamente” son de la unidad.
INSTITUCIONES AUSENTES
Asimismo, los fiscales Sergio Zapata Orozco y Juan Carrasco Millones, en sus escritos al juzgado indicaron que habían trabajado con diferentes entes del Estado, como la Contraloría General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Equipo de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú y un equipo de Inteligencia Operativa de la Dirección General del Ministerio del Interior.
Esto aparece en el numeral 11 del Requerimiento de Detención Preliminar Judicial contra los investigados del caso “Limpios de la Corrupción”, presentado a la entonces encargada del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Costa González, el 1 de octubre del 2014.
“En la ejecución del trabajo entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, por coordinación del fiscal a cargo Sergio Lucio Zapata Orozco, se ha generado la participación de diversos entres del Estado, tales como un equipo de Contraloría, Unidad de Inteligencia Financiera, equipo de Lavado de Activos de la PNP, un equipo de la Comisión Nacional de Bienes Incautados, un equipo de peritos contables, equipo de inteligencia operativo de la Dirección General del Ministerio del Interior, además de un pull de 30 fiscales”, señala el requerimiento. Sin embargo, tal afirmación es falsa.
Con Memorándum N° 1029-2015-PCM/CONABI-OPR, del 29 de septiembre del 2015, Elard Salazar La Rosa, responsable de la Unidad de Operaciones de la Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI, informa a la responsable de la Unidad de Administración que “en aplicación del Decreto Legislativo N° 1104 (..) la CONABI se ciñe a la recepción de bienes incautados y no participa de modo alguno en la etapa de investigación fiscal previa a la entrega de los bienes en mención, por ende no existe ningún informe de elaborado por CONABI en los términos señalados”, lo que contradice lo que en su momento los fiscales señalaron a la jueza.
Lo mismo pasó respecto a la supuesta participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y del equipo de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú, entidades que tomaron conocimiento de los hechos después de iniciada la investigación preliminar y de emitidos los informes de inteligencia realizados bajo responsabilidad del fiscal Sergio Zapata Orozco, conforme se corrobora en el Informe N° 94-05-2015-DIRLA-PNP/DIVILA-DC-D3.C, del 21 de abril del 2015, firmado por el jefe de la División de Investigación de la Unidad de Lavado de Activos de la PNP, Luis Caballero Guillén.
“El fiscal Sergio Zapata Orozco sustentó sus requerimientos en hechos falsos, argumentando que su trabajo de investigación había contado con la participación de la División de Lavado de Activos, sorprendiendo a las autoridades judiciales, pues estas entidades fueron llamadas a realizar informes posteriores y a consecuencia de ello lograron fallos contrarios a la ley en los juzgados”, se relata en la resolución de la Fiscalía Suprema de Control Interno.
EL DOMICILIO
Por otro lado, Incháustegui Samamemé denunció que los fiscales incurrieron en fraude procesal cuando presentaron el requerimiento de allanamiento con orden de registro domiciliario y descerraje ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo como parte de las acciones del megaoperativo realizado para detener a los presuntos integrantes de la organización delictiva.
Según ha informado a la Fiscalía Suprema de Control Interno, los fiscales requirieron el allanamiento del inmueble 553 de la calle Torres Paz de Chiclayo, consignándolo como su domicilio, conforme se aprecia en la Resolución N° 1, emitida el 30 de septiembre del 2014 por la jueza Cecilia Costa. Sin embargo, la dirección tuvo que ser corregida con la Resolución N° 3, de ese mismo día, debido a que el domicilio a intervenir no era correcto.
Para Jorge Incháustegui este hecho descarta que la Tercera Fiscalía Provincial Penal haya coordinado previamente con otras instituciones del Estado, como lo señaló el fiscal Sergio Zapata Orozco, coordinador de dicho órgano.
“Según el fiscal este requerimiento se sustentó en un trabajo coordinado con diferentes entes del Estado como Registro Públicos e Inteligencia Operativa del Ministerio del Interior. Hubiese bastado una simple consulta de publicidad registral y/o registro predial municipal para saber que el inmueble en el que resido está registrado en SUNARP como Calle Torres Paz 533, sección 200 – segundo piso, ya que el primer piso le pertenece a mi padre, como también está registrado en SUNARP y en el registro predial municipal”, señala.
ALLANAMIENTO IRREGULAR
Incháustegui Samamé asevera que el fiscal José Félix Tejada Ramos, en representación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, apersonado para dar cumplimiento a la Resolución N° 1, del 30 de septiembre del 2014, que disponía el allanamiento del inmueble signado con el N° 553 de la Calle Torres Paz, constató que la dirección no correspondía a su domicilio, el cual se ubica en el inmueble signado con el N° 533 de la misma arteria, pero además que en dicha dirección existía no un inmueble sino dos, completamente independientes.
Sin embargo – señala – lejos de corregir el error evidente contenido en la resolución, solo corrigió la numeración del inmueble 533, mas no da cuenta al juzgado que existen dos inmuebles y no uno como se precisa en la resolución, allanando e incluso incautando en los dos inmuebles: donde reside el investigado y el de sus padres. Incluso redactó y suscribió dos actas de registro domiciliario e incautación, consignado en cada una de ellas quiénes es el propietario del inmueble.
Asimismo, los fiscales habrían incurrido en omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales ya que hubo una transcripción en los medios de comunicación de las conversaciones privadas que tienen carácter reservado (levantamiento de las comunicaciones) y de las declaraciones de los colaboradores eficaces, cuya responsabilidad de reserva recae en el fiscal responsable de la investigación.
“Permitieron que esto continúe contraviniendo el Artículo 324-B del Código Procesal Penal, que señala que la investigación tiene carácter reservado. Así como también el Artículo 409-B sobre revelación indebida de identidad. Asimismo, la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo recibió declaraciones de testigos omitiendo diversas preguntas básicas que realizan a una persona que va a declarar sobre otra como son: ¿Conoce usted a la persona sobre la cual va a declarar? ¿Lo une a usted un grado de amistad o enemistad con ella? Preguntas obligatorias establecidas en el Artículo 170, inciso 4 del Código Procesal Penal. Tales declaraciones tampoco se trabajaron con la reserva correspondiente, pues fueron publicadas en el diario Correo de fecha 16 de enero del 2015”, explica.
También, expone que los fiscales “agregaron palabras a las declaraciones de los testigos, las cuales cambiaron por completo la versión y en las audiencias oralizaron hechos falsos”.
Si las tarjetas de consumo que por Navidad entregará el Congreso de la República a sus trabajadores, con un valor de mil 500 soles cada una, despertó la indignación nacional, lo que está pasando en el Gobierno Regional de Lambayeque es exactamente igual. Según la Adquisición Simplificada N° 23-2017-GR.LAMB, publicada el 1 de diciembre en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, la entidad piensa gastar más de 91 mil soles en vales de consumo para 83 servidores de distintas gerencias ejecutivas, quienes además recibirán el aguinaldo de 300 soles aprobado por el Ejecutivo.
Según el cronograma de la “Adquisición de canastas de alimentos, bebidas y otros a través de Vales de Consumo para las Gerencias Regionales del Gobierno Regional de Lambayeque”, la entrega de la buena pro debe darse esta semana, teniendo como valor referencial de 91 mil 200 soles.
La compra tiene como finalidad “que el personal de las gerencias regionales sean reconocidos mediante la entrega de un vale de consumo por concepto de alimentos, que le permita contribuir con su economía familiar”, teniendo como antecedente que una vez al año la institución “realiza la adquisición de vales de consumo como apoyo alimentario a los trabajadores por fiestas navideñas”.
LOS BENEFICIADOS
Con la compra se busca beneficiar a 10 trabajadores, entre activos y Contratados por Administración de Servicios – CAS, del Archivo Regional, quienes recibirán un vale de mil 300 soles cada uno, haciendo un total de 13 mil soles.
En la Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas cuatro trabajadores activos recibirán vales por mil 200 soles y dos por mil soles, (seis mil 800 soles en total). De la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, 23 trabajadores activos y CAS tendrán un vale de mil 200 soles cada uno, lo que representa un costo de 27 mil 600 soles en total.
Asimismo, se entregará un vale de mil 200 soles a 17 servidores activos de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, en tanto 15 CAS de la misma dependencia percibirán vales de 600 soles, haciendo un total de 29 mil 400 soles. También, 12 trabajadores, entre activos y CAS, de la Gerencia Ejecutiva de Vivienda y Saneamiento recibirán un vale de mil 200 soles, sumando un total de 14 mil 400 soles.
El proceso de contratación fue aprobado con la Resolución Jefatural Regional N° 410-2017-GR.LAMB/ORAD, del 29 de noviembre, suscrita por el jefe de la Oficina Regional de Administración, Yosip Mejía Díaz, y será pagada con recursos ordinarios del gobierno regional. La contratación se rige por el sistema de suma alzada.
EL AGUINALDO
Los trabajadores que recibirán los envidiables vales de consumo percibirían además el aguinaldo por Navidad, oficializado por el gobierno nacional con el Decreto Supremo N° 352-2017, equivalente a 300 soles en caso tengan tres meses de contratación como mínimo. Si el servidor tiene menor tiempo en el cargo recibirá una fracción de la gratificación.
Quien resulte ganador del proceso de compra deberá entregar los productos (vales) en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la firma del contrato, en tanto el gobierno regional se compromete al pago del total de la adquisición en una sola armada, previa recepción en el almacén de la sede central y los informes de conformidad de las gerencias cuyos trabajadores serán beneficiados. El pago se realizará 15 después de emitida la conformidad de la adquisición.
“La vigencia de los Vales y/o Tarjetas Electrónicas de consumo será como Mínimo de 06 MESES, contados a partir de la fecha de recepción por parte del Gobierno Regional de Lambayeque”, señalan las bases.
LLAMATIVOS REQUISITOS
Los vales pueden servir para la compra de abarrotes, verduras, frutas, carnes, embutidos, lácteos, productos de panadería, pastelería o alimentación (comidas frías/calientes, postres, etc.), artículos de limpieza para el hogar, ropa para damas, caballeros y niños, electrodomésticos, juguetes y otros.
Las empresas que participan del proceso de adquisición deben ofrecer dichos productos.
Por otro lado, llama la atención que en las bases se incluyan ciertos requisitos exigibles a los postores. Por ejemplo, deben admitir el uso de los vales o tarjetas “en todas las tiendas y/o sucursales que tenga la empresa postora a nivel nacional”, “las tiendas y/o sucursales deben contar con amplios ambientes para que el titular del vale realice cómodamente sus compras”, “los bienes adquiridos a través de los vales podrán ser cambiados por otros bienes en caso el titular lo requiera, de acuerdo a las condiciones que la empresa establezca” y “se requiere contar como mínimo una sucursal en la provincia de Chiclayo – departamento de Lambayeque”.
Además, como experiencia se exige que el postor “debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 273 mil 600 soles por la venta de bienes iguales o similares al objetivo de la convocatoria, durante un período de cinco años a la fecha de la presentación de ofertas”.
El comité de compra está integrado por Diana Cumpa Dávila (presidente), Jesús Maribel Abanto Vieira (titular Miembro 1) y Francisco Yaipén Galarreta (titular Miembro 2), siendo integrantes suplentes Carlos Huamanchumo Carrillo, Edilberto Pérez Chávez y Carlos Sipion Farro.
COMPRA ANTERIOR
La adquisición de vales de consumo antes descrita es la segunda que lanza el Gobierno Regional de Lambayeque. El 8 de noviembre realizó un proceso similar por un valor referencial de 306 mil 600 soles, pero con el objetivo de beneficiar únicamente a los trabajadores de la sede principal.
Tal como consta en la página del SEACE, el otorgamiento de la buena pro se realizó el 20 de noviembre, resultando ganadora la empresa Supermercados Peruanos SA – Plaza Vea, que se adjudicó la compra ofertando un precio total de 228 mil 846 soles. El Super SAC concursó con una propuesta total de 241 mil 320 soles.
Las exigencias a las que se sujetó Supermercados Peruanos son las mismas que las del proceso de adquisición en marcha.
La empresa ha proveído al Gobierno Regional de Lambayeque de 215 vales y/o tarjetas electrónicas de consumo para los trabajadores activos, con un importe de mil 200 soles cada una, y de 81 para los servidores CAS, conforme al requerimiento aprobado por la Resolución Jefatural Regional N° 377-2017-GR.LAMB/ORAD, del 2 de noviembre.
Cada trabajador CAS ha recibido un vale de 600 soles. El monto total se ha financiado con recursos ordinarios de la sede regional.
TAMBIÉN UNIFORMES
Por otro lado, el 3 de noviembre, el Gobierno Regional de Lambayeque lanzó la Adquisición Simplificada N° 19-2017-GR.LAMB, “Adquisición de uniforme institucional para los trabajadores de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Lambayeque”, con un valor referencial de 84 mil 291.04.
Las bases integradas del proceso se publicaron el 5 de diciembre.
“La finalidad es proporcionar al personal de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Lambayeque la vestimenta adecuada para el desarrollo de sus actividades laborales, además de cumplir con el proceso de homogenización e identificación del personal con la entidad, así como contribuir con el fortalecimiento de la imagen y presencia de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Lambayeque ante la colectividad a Nivel Regional y Nacional”, señala el documento.
Con la adquisición se beneficiará a 16 damas y 16 caballeros, entre nombrados y CAS. Cada uno recibirá un uniforme de verano y otro de invierno.
El uniforme de verano de las damas consiste en: un saco manga ¾, dos pantalones, una falta y tres blusas maga corta. El de invierno consta de un saco maga larga, un chaleco, dos pantalones, una falda y tres blusas manga larga.
En tanto, los hombres recibirán: un saco, dos pantalones, tres camisas manga corta y dos corbatas (uniforme de verano) y un saco, dos pantalones, tres camisas manga larga y dos corbatas (uniforme de invierno).
El proceso está en marcha.
