Abogados de Juan Valdivia y Martín Villanueva, trajeron abajo coartada y demostraron que comunicación electrónica son mensajes enviados por Jorge Matallana Peralta a personal de Triveca, conteniendo número de cuenta bancaria y escaneo de facturas
Un duro revés sufrió el Ministerio Público representado por el Fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, en el proceso penal por delito contra la Administración Pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio, que se sigue en contra de los ex funcionarios de la gestión edil del ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, Juan Valdivia Goycochea y Martín Villanueva Velezmoro.
Los abogados de la defensa técnica, José Rolando Manayale Sánchez y José Luis Quiroga Seclén, solicitaron al juez unipersonal, René Zelada Flores, se levante la reserva de identidad del colaborador eficaz N° 017-2015, quien desde el anonimato acusa a los ex funcionarios de presuntos actos de corrupción.
La petición fue aceptada por el magistrado teniendo como fundamento que la identidad del colaborador eficaz 17-2017 no está dentro de un proceso por organización criminal, sino que su testimonio está dentro de un proceso que ha sido desacumulado y no frente a una organización de crimen organizado, y los sujetos procesales – los acusados- son profesionales. Además, la pena solicitada por el Ministerio Público no es de cadena perpetua sino regular.
Asimismo, de acuerdo a normas internacionales el juicio se debe desarrollar de una manera ordinaria y publica, porque no se trata de organización criminal, y en aras de una defensa justa y probatoria, se hace necesario que el colaborador eficaz sea interrogado y contra interrogado con el objetivo de determinar si las “revelaciones” son transparentes y no obedecen a presuntos actos de venganza, enemistad, coacción o direccionamiento.
EL PEDIDO
Teniendo como base el artículo 250 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, sobre la “Variabilidad de las medidas”, la que señala que el órgano judicial competente para el juicio se pronunciará motivadamente sobre la procedencia de mantener, modificar o suprimir todas o algunas de las medidas de protección adoptadas por el Fiscal o el Juez durante las etapas de Investigación Preparatoria o Intermedia, así como si proceden otras nuevas.
Además, si cualquiera de las partes solicita motivadamente, antes del inicio del juicio oral o para la actuación de una prueba anticipada referida al protegido, el conocimiento de su identidad, cuya declaración o informe sea estimado pertinente, el órgano jurisdiccional en el mismo auto que declare la pertinencia de la prueba propuesta, y si resulta indispensable para el ejercicio del derecho de defensa, podrá facilitar el nombre y los apellidos de los protegidos.
UN DESCONOCIDO
Los abogados defensores sostuvieron que el juicio contra Juan Valdivia Goicochea y Martín Villanueva Velezmoro, es un proceso común donde rigen los principios de inmediación; es decir, el imputado tiene derecho a saber y estar frente al juez y a quien o quienes lo acusan.
Además, el pedido de levantamiento de reserva de identidad tiene sustento normativo, en donde se sustenta que ninguna regla es absoluta, ya que de serlo, se afecta los principios del derecho a un juicio justo, al debido proceso, a la igualdad de armas, el derecho a la defensa.
De igual manera, desde el inicio del proceso, desde la etapa de investigación preliminar, los imputados desconocen quien los acusa y mucho menos su vida se ha visto amenazada o en peligro. Es más, para seguir escondiendo la identidad del colaborador eficaz N° 17-2015, la fiscalía no ha mostrado o sustentado que corra algún tipo de peligro.
“La acusación contra Juan Valdivia Goycochea y Martín Villanueva Velezmoro, se basa única y exclusivamente en el dicho de una persona que se escuda bajo el código N° 17-2017. Además, durante la etapa de investigación, así como la intermedia del proceso, no existe una sola amenaza, peligro o atentado, a través de cualquier medio contra la integridad física del colaborador eficaz N° 17-2015 ó de algunos de sus familiares”, coincidieron en señalar los abogados.
Agregaron también que el mantener oculta la identidad de la persona que acusa a los ex funcionarios municipales, restringe gravemente el derecho de impugnar la credibilidad del colaborador eficaz, al desconocer quién es con el objetivo de determinar a ciencia o verdad de su dicho, sus antecedentes personales y jurídicos, así como las motivaciones que podría tener y mucho menos poder ejercer el interrogatorio y contra interrogatorio para determinar si dice la verdad.
DERECHOS HUMANOS
Sustentaron que con el derecho convencional y los tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Perú, entre ellos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana de Derechos Humanos, se deja en claro que toda persona tiene derecho a un justo y a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo.
“El Art. 14, inciso 3 de los Derechos Civiles y Políticos, señala claramente que durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo”, sostuvieron los abogados de la parte técnica.
Asimismo – recalcan- el artículo 6 inciso 3, literal “d” de la comisión europea sobre Derechos Humanos refiere que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, así como a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra.
“El mismo tribunal señala que la defensa debe ser equilibrada ante la acusación y no se debe prohibir a un demandante a que examine la fiabilidad del testigo anónimo, y que ninguna condena debe estar basada únicamente o de manera decisiva en declaraciones anónimas”, sentenciaron.
De igual manera, en este caso – detallan- el colaborador eficaz N° 17-2015 ha dicho lo que ha querido con el absoluto aval del Ministerio Público, sin que nadie le refute objetivamente, debido a que hasta la fecha se desconoce su identidad bajo el argumento de ser reservado.
“También existe un informe sobre identidad emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso de terrorismo, el cual se dio en el año 2002 y sobre el fundamento 251 se establece el derecho del acusado a interrogar o que se interrogue a los testigos que lo acusan. Queremos que en el juicio se actúe con objetividad y transparencia y no se vulneren los derechos de nuestros patrocinado”, indicaron.
LA FISCALÍA
A su turno, el fiscal Lucio Zapata Orosco sostuvo que existe una sentencia que ordena se reserva la identidad del colaborador eficaz. Además, su negativa a revelar la identidad del colaborador eficaz lo ampara en el reglamento del Decreto Supremo N° 17-2017 del proceso especial de colaborador eficaz.
De igual manera, Zapata Orosco basó su petición de mantener la reserva del colaborador eficaz en que el testigo protegido recibió un correo electrónico con supuestas indicaciones que podrían contaminar el proceso.
Además, recalcó que el titular del Cuarto Juzgado de investigación dio al colaborador eficaz la condición de identidad reservada hasta el final del proceso, debido a que existe una sentencia condenatoria sometida de otra persona y que es cosa juzgada.
Arremetió que de acuerdo a ello, el medio de protección debe permanecerse en el caso por tratarse de una organización criminal.
REBATE A FISCAL
Las frases del fiscal Lucio Zapata Orozco fueron rebatidas por el abogado José Manayale, quien sustentó que la Fiscalía no precisa al juzgado que su argumento de mantener la identidad reservada del colaborador eficaz se ampara en un decreto supremo que no es más que el reglamento del proceso especial de colaborador eficaz N° 017-2017, el cual no es más de contenido dudoso de inconstitucionalidad.
Además, la Fiscalía no ha rebatido dos cosas que son fundamentales. Primero está el peligro real y objetivo, ya que en la sentencia obtenida por acción de colaborador eficaz que refiere el fiscal Lucio Zapata, no existe una pretensión de contradicción y sobre todo, no existe una sentencia que sea cosa juzgada.
Igualmente, los efectos de esa sentencia no alcanza a Juan Valdivia y Martín Villanueva por no ser parte del proceso con sentencia. Asimismo, el Fiscal Zapata Orosco no toma en cuenta que el proceso en que participa ha sido desacumulado, olvidándose que en un inicio de la investigación el Ministerio Público acumuló procesos para darle la figura jurídica de organización criminal con el objetivo de pedir y darles la prisión preventiva inicial por 18 meses a los imputados, pero ante el desarrollo de la investigación nuevamente se ha desacumulado la carga procesal.
CORREO REVELADOR
De igual manera, el abogado Manayale reveló en la audiencia pública que el referido correo expuesto por el Fiscal Lucio Zapata Orosco bajo el argumento que sería de amenaza para el colaborador eficaz N° 17-2015, no sería más que comunicación entre Jorge Matallana Peralta, que tiene el código N° 09-2014 de colaborador eficaz, quien se comunica y envía un número de cuenta bancaria y escaneo de facturas a Ana Solís y S. Vera de Triveca.
“El correo que refiere el señor Fiscal, no es más que una comunicación entre colabores eficaces de la Fiscalía, en los cuales se envían facturas y número de una cuenta bancaria del BCP, presuntamente de Jorge Matallana Peralta”, señaló.
Sustentó que el correo electrónico no son amenazas sino reenvíos de documentos, lo cual no es de desconocimiento del Ministerio Público ya que obra en la disposición fiscal N° 209 del 20 de setiembre del año 2016, en donde en su octavo fundamento la fiscalía señala que se obtuvo el acta de recepción de documento de fecha 23 setiembre del año 2015, donde se deja constancia la entrega por parte del colaborador eficaz N° 09-2014 -Jorge Matallana Peralta- una copia de correo electrónico.
“El correo electrónico el cual es de conocimiento de la Fiscalía, pertenece a Jorge Matallana y está dirigido para Ana Solís, con fecha 1 de octubre del año 2013, en la que se detalla como asunto la cuenta bancaria N° 305-2086107-0-34 BCP- Inversiones y Comercial Cosmo SAC. El mensaje es remitido del correo electrónico kokicix@gmail.com, el cual es de propiedad de Jorge Matallana, y se lo dirige o envía a A. Solís Triveca, el cual es de propiedad de Ana Solís”, indicó.
De igual manera, en poder de la fiscalía se encuentra una copia de correo electrónico enviado de kokicix@gmail.com de Jorge Matallana, para svera@triveca.com, en el cual se indica que se remite las facturas conforme a lo solicitado.
“Entonces qué amenazas por correo existen contra el colaborador eficaz N° 17-2015, si no son más que comunicación entre Jorge Matalla Peralta y personas ligadas a la empresa Triveca.
EN SALA
En el acto, el magistrado René Zelada Flores, emitió resolución favorable a los imputados Juan Valdivia Goicochea y Martín Villanueva Velezmoro, disponiendo que se levante el secreto a la reserva de identidad del colaborador eficaz N° 17-2015 con el objetivo que pueda ser interrogado y contrainterrogado en juicio público y determinar si lo que dice es verdad.
Sin embargo, el fiscal Lucio Zapata Orosco impugno la sentencia, optando el magistrado por elevar el expediente judicial al superior jerárquico para que sea éste quien resuelva si se revela o no la identidad del acusador en aras de un juicio transparente, probo e idóneo, respetando los principios de legalidad de los imputado en defensa de sus derechos de seres humanos.
El pedido de prisión preventiva por 36 meses contra el empresario Carlos Roncal Miñano, presentado por la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado – FECOR de Lambayeque, fue mal formulado. La jueza del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, Mary Núñez Cortijo, refirió que los representantes del Ministerio Público no habían precisado correctamente el lugar de nacimiento del investigado y tampoco la ciudad en la que debía ser notificado, razón por la cual este no acudió a la audiencia programada el miércoles 18 d.c.
Llamándole la atención al fiscal Germán Montero Ugaz, titular de la investigación en el caso de la presunta organización criminal “La hermandad del norte”, donde se ha incluido a Roncal Miñano, la magistrada reprogramó para el próximo 13 de diciembre la audiencia en la que deberán exponerse los elementos de convicción que maneja el Ministerio Público en su tesis de que el empresario tiene responsabilidad en el asesinato del exauditor de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, Luis Cieza Herrera, ocurrido el 23 de diciembre del 2015.
La magistrada corroboró que la información consignada por la fiscalía en el requerimiento no coincide con la indicada en la ficha RENIEC del investigado, por lo que en salvaguarda del debido proceso y a fin de garantizar el derecho a la defensa del empresario, resolvió reprogramar la audiencia.
El viernes pasado, Carlos Roncal reapareció luego de permanecer 11 meses en la clandestinidad, desde que el 3 de noviembre del 2016 la jueza Núñez Cortijo ordenó su captura y la de otros investigados, imputados como integrantes de la presunta organización “La hermandad del norte”, vinculada a una serie de ilícitos como sicariato, extorsión y robo agravado.
Días antes la titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo había dejado sin efecto la orden de captura a nivel nacional que pesaba sobre el empresario, quien fue incluido en la lista de Los Más Buscados que publica el Ministerio del Interior, ofreciéndose 25 mil soles de recompensa a cambio de información sobre su paradero.
PROCLAMA INOCENCIA
Visiblemente más delgado y con un hablar pausado, Carlos Roncal recibió a diferentes medios de comunicación en su oficina de la Avenida Francisco Bolognesi, desde donde emitió sus primeras declaraciones después de casi un año de haber permanecido “en salvaguarda de su integridad”.
Comenta que el 3 de noviembre del año pasado, cuando se emitió la orden de captura en su contra, se encontraba en ciudad de Piura, a donde había llegado para concretar la exportación de su cosecha de uva del fundo agroindustrial que mantenía en el distrito de Pítipo. Ese viaje – sostiene – le permitió mantenerse a buen recaudo y en adelante iniciar la dura batalla legal que significó, en un principio, conocer cuáles eran las imputaciones hechas por el Ministerio Público y los elementos de convicción que se habían presentado en su contra.
“Soy inocente, las imputaciones que se hacen en mi contra son falsas, irreales, provienen de una persona que se ha acogido a la colaboración eficaz inadecuadamente e ilegalmente se podría decir. Gracias a las investigaciones y al tiempo transcurrido contra mi libertad se ha podido saber muchas cosas más de lo que trata este tema tan delicado para mí y para mi familia”, señala Roncal Miñano.
El empresario comenta que nunca fue citado por la fiscalía ni notificado de alguna investigación en su contra por supuestos delitos como los señalados por la FECOR Lambayeque cuando requirió su captura al Poder Judicial.
“Desde noviembre hasta la fecha la fiscalía ha seguido investigado y yo le he dicho a mis abogados que la verdad tendrá que ir aflorando. Yo soy creyente y considero que ninguna muerte debe quedar impune y que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. Bajo esa determinación es que le pedí a mis abogados que averigüen, indaguen y soliciten las carpetas fiscales. Sin embargo, lamentablemente la fiscalía siempre nos limitó a la defensa y no dio acceso sino hasta febrero o marzo de este año para conocer qué imputaban en mi contra los supuestos colaboradores eficaces. Lo que encontramos es que una cosa era lo que se ha plasmado en el requerimiento fiscal y otra lo que han dicho los colaboradores. Los abogados encontraron que las palabras no coincidían y eso permitió conocer que el colaborador eficaz y el testigo clave eran la misma persona”, asevera.
Roncal Miñano se refiere al colaborador eficaz 15012016 y al testigo clave 012016, que resultan ser la misma persona conforme se ha corroborado en las actas suscritas por el Ministerio Público, donde se le asigna los códigos para la protección de su identidad.
El aspirante a colaborador fue incluido como tal en el caso “Hermandad del norte”, pese a que por su condición de reincidente en la ejecución de ilícitos estaría impedido de ello, conforme ordena el Código Procesal Penal.
“No lo digo yo, lo dicen los documentos y eso es de público conocimiento. ¿Cómo puede un fiscal tener la osadía de utilizar a una persona para que me acuse y al mismo tiempo corrobore su acusación?”, cuestiona.
EL AUDITOR DE LA SUNAT
Como se ha dicho, a Roncal Miñano se le imputa haber planificado u ordenado el asesinato del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera. Según afirma, no conoció al exfuncionario y tampoco había sido fiscalizado por este en su actividad empresarial.
“Cada vez que la SUNAT me mandaba notificación de auditoría o fiscalización yo nombraba a mis representantes, quienes tenían que encarar dichos procedimientos. Nunca tuve la necesidad de ir yo a la SUNAT a presentar algún descargo o a realizar alguna gestión. Las personas que me representaron en la auditoría que se inició en mayo del 2015 a mis estados tributarios, por disposición del Ministerio Público, son las contadoras María Reynoso de Vargas y Rocío Porro y el abogado Julio de la Piedra. Ellos me representaron y eso consta en las actas de la SUNAT”, explica.
De acuerdo a la tesis de la fiscalía, el contador de Roncal Miñano era Antonio Arenas Delgado – también investigado en el caso “Hermandad del norte” – y que este habría ofrecido un soborno a Cieza Herrera para que emitiera un informe favorable al empresario en la fiscalización iniciada a sus ingresos y declaración de impuestos. Negarse a recibir el soborno y persistir en la fiscalización, habrían sido los móviles del asesinato.
Sin embargo, Carlos Roncal aclara que Arenas Delgado no era su contador y que tampoco cabe la posibilidad de que a través de terceros haya ofrecido algún tipo de soborno a Cieza Herrera, debido a que este tampoco fue el auditor de su condición tributaria.
“A mí me iniciaron la fiscalización en abril del 2015 y a fines de mayo de ese año la SUNAT emitió su informe encontrando un desbalance en los ingresos de los años 2013 y 2014. Quien me audita fue el señor Martín Vargas. Del señor Cieza Herrera yo no conocía ni su nombre. Al emitirse el informe la contadora María Reynoso me informa que había un impuesto a pagar y me indica que había dos opciones: apelar o cancelar el impuesto. Apelar significaba ir a instancias superiores y eso yo nunca lo había hecho. Al confirmarse la legalidad del pronunciamiento de la SUNAT respecto a mis ingresos y tributos, procedí a pagar. En junio del 2015 yo finiquité todo el procedimiento. Al señor Cieza Herrera lo asesinaron en diciembre, seis meses después. ¿Qué razón tenía yo para atentar contra su vida?”, detalla.
DESBALANCE
Roncal Miñano comenta que por su permanencia en la Empresa AgroPucalá esta le abonaba una remuneración mensual al desempeñar funciones administrativas, lo que está debidamente acreditado ante la SUNAT. En paralelo se dedicaba a la comercialización de azúcar, actividad de la que originaban sus ingresos.
“El desbalance patrimonial encontrado por la SUNAT, correspondiente a dos años, es de 800 mil soles y este se origina por dos depósitos realizados a mis cuentas por la comercialización de azúcar que he realizado como persona particular. Yo no tuve problemas en reconocerlo y pagar lo que correspondía por impuestos a la SUNAT y esto porque se había iniciado una investigación por lavado de activos en mi contra, lo que para mí era delicado. Por una investigación de este tipo el sistema financiero cierra sus puertas y yo necesitaba liquidez para mis empresas, por lo tanto dejé sentada mi voluntad de resarcir algún posible daño realizado a la SUNAT por el no pago de impuestos a fin de que concluya esa investigación por lavado de activos y que el sistema financiero restablezca mis líneas de crédito”, señala.
INTERESES EN CONTRA
Sostiene que existen intereses en su contra, que durante todo este tiempo ha reflexionado sobre ello, pero que sus sospechas no lo llevarán a acusar de manera irresponsable sin antes tener las pruebas suficientes.
“No puedo actuar de manera irresponsable como mucha gente lo ha hecho, sobre todo aquella que tiene la encargatura de administrar justicia e irresponsablemente acusa sin fundamentos, sin pruebas fehacientes solo para encarcelar a alguien. Yo sé que hay intereses detrás de esto”, afirma.
Finalmente, el empresario revela que fue extorsionado antes que estallase el escándalo fiscal y se emitiera la orden de captura en su contra.
“Sí me buscaron. Una persona me advirtió, me dijo de qué se trataba el asunto, que tendría problemas, que habría una acusación en mi contra y me mencionó directamente el caso Cieza. Me reservo el derecho de revelar por ahora el nombre, pero sí lo haré en su momento. Esto es algo grave, que ha afectado mi imagen y a mi familia”, indica.
Otra página se ha escrito en la convulsionada historia de la Empresa Agroindustrial Tumán. El viernes último se ejecutó la diligencia de instalación de la administración judicial ordenada por el Juzgado Mixto de Bongará – Amazonas, que pone al frente de la azucarera a Daniel Rioja Sánchez y a Martín Martínez Valdiviezo, cuya primera medida habría sido dejar sin trabajo a mil servidores, conforme lo denuncian dirigentes del sindicato.
La diligencia estuvo a cargo de la titular del Juzgado de Paz Letrado de Tumán, Hellen Guevara Jiménez, asistida por la Policía Nacional del Perú, cuyos agentes proporcionaron las garantías del caso en el procedimiento que se realizó sin mayor oposición de los representantes del V Directorio, órgano de gobierno que desde julio pasado asumió la conducción de la empresa al ser elegido por la Junta General de Accionistas.
En mayo, el juez José Bravo Soto, del Juzgado Mixto de Bongará, admitió la medida cautelar interpuesta por los representantes de la empresa Alimenta Perú, ordenando la instalación de una administración judicial que – según el propósito del magistrado – permitiese el pago de una deuda de 19 mil bolsas de azúcar a favor de la supuesta acreedora, designando inicialmente a Daniel Rioja y a Manuel Miranda como[E1] administradores.
“Se trata de una instalación ilegal porque el origen del mandato es írrito y temporal, y estamos absolutamente convencidos que esa resolución será revocada en el más corto plazo. Hemos interpuesto el recurso impugnativo en su momento y esperamos que la instancia superior revoque esa resolución espuria de Bongará, dictada por un juez que además es incompetente por el territorio, que nada tiene que hacer en la jurisdicción de Chiclayo, que se ha pronunciado sobre la base de una deuda inexistente porque ya está cancelada”, afirma José Isla Montaño, secretario del desaforado V Directorio de la azucarera.
CAMBIO DE DECISIÓN
Isla Montaño recuerda que en julio pasado el juez Bravo Soto dejó sin efecto la administración judicial que semanas antes había ordenado en Tumán, al evaluar el recurso de oposición presentado por la empresa, entonces dirigida por la facción que representa al Grupo Oviedo. Sin embargo, a inicios de septiembre el magistrado emitió una nueva resolución designando a Daniel Rioja y a Martín Martínez como administradores.
“Lamentamos que en esto estén inmersas algunas autoridades de la región que de una u otra forma han puesto, entre comillas, sus buenos oficios para conseguir esta instalación ilegal. Eso será materia de investigación, nosotros ya hemos interpuesto las denuncias respectivas y como es política del Grupo Oviedo vamos a actuar de acuerdo a Ley. Hemos interpuesto el recurso impugnativo de apelación, estamos seguros que la resolución será revocada y en el más breve plazo vamos a retornar al control de la empresa Tumán, porque estamos del lado de la ley. Siempre hemos actuado bajo las normas vigentes y sin violencia”, asevera.
El abogado enfatiza que los representantes del Grupo Oviedo no han desencadenado actos de violencia en el distrito, como sí ocurrió con la parte contraria a la presencia del V Directorio, lo que motivó al gobierno nacional a declarar el Estado de Emergencia en Tumán desde junio pasado, medida que se prolongará hasta el próximo 9 de noviembre.
“El Estado de Emergencia lo generó el juez de Bongará y la gente que está ahora instalada ilegalmente. Nosotros siempre hemos actuado de manera pacífica, hemos cumplido con los trabajadores que decidieron asistir a su centro de labores y hemos actuado durante este tiempo de manera transparente y pacífica, respetando el orden interno. Nosotros no hemos generado disturbios, no hemos alterado el orden interno, hemos respetado los mandatos judiciales vengan de donde provengan y si nos hemos opuesto ha sido por los canales legales válidos, porque tenemos derecho a la doble instancia. Nosotros representamos a accionistas, no a acreedores de la empresa”, señala.
DEUDAS FANTASMA
José Isla insiste en que la deuda que sustenta la presencia de Rioja Sánchez y Martínez Valdiviezo en la empresa es inexistente y denuncia que se han cometido otras acciones irregulares para mantenerse en el control de la azucarera.
“Han generado pagarés en Sechura, letras de cambio en Nueva Cajamarca y letras de cambio en Lurín, y de esa forma, confeccionando deudas inexistentes e ilegales pretenden seguir comprometiendo los recursos de la empresa. No nos preocupa su presencia temporal, porque serán removidos, lo que nos preocupa es que seguirán generando deudas inexistentes en perjuicio de los trabajadores y los accionistas. Desde ya, hay dos trabajadores de Servicentro que han sido golpeados de manera salvaje y de ello responsabilizamos a quienes se han instalado ilegalmente en la empresa”, señala.
La presunta deuda contraída por la empresa en Sechura asciende a cuatro millones de soles, en Nueva Cajamarca a dos millones, en Lurín cuatro millones y en Bongará cuatro millones de soles.
Los trabajadores que fueron agredidos son Jimmy Taboada Mechán y Fortunato Chamaya, este último accionista de la empresa.
“En los meses pasados operó el caos, la violencia y la amenaza y eso es lo que pretenden algunas autoridades locales. Lamentablemente, eso es lo que quieren, que volvamos a la anarquía, al caos, al saqueo, porque lo que han hecho es crear deudas fantasmas y lo van a seguir haciendo. Es una administración financiada y lamentablemente apoyada por autoridades locales. Hay personas que están avalando actos delincuenciales”, manifiesta el abogado.
DESPIDO DE TRABAJADORES
Por su parte, representantes de los trabajadores denuncian que una de las primeras medidas adoptadas por la nueva administración en la azucarera es la ejecución de despidos masivos, vulnerando los derechos laborales de quienes no acataron el llamado a la desobediencia civil que pusieron en práctica los grupos de apoyo de Daniel Rioja y Martín Martínez.
“La administración instalada el día viernes ha despedido a más de mil trabajadores. Es más, esa administración no tienen sentido, porque es por una deuda pagada y eso se puede demostrar. De tal manera que no entendemos por qué se ha tenido que instalar una administración judicial con resoluciones de otra jurisdicción”, asevera Demetrio Ruiz Ríos, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán.
Ruiz Ríos señala que el grueso de trabajadores de la empresa está en contra de las presencia de la administración judicial, toda vez que la agroindustrial había retornado a su ordenamiento interno con la presencia del V Directorio elegido en Asamblea General de Accionistas, conforme ordenó la jueza Karina Fabián Palomino del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo.
“Vamos a persistir en nuestras medidas de protesta no solo hasta que se reinstale el V Directorio, sino hasta extirpar de manera definitiva esa administración judicial corrupta e ilegal que se ha instalado con una resolución de otra jurisdicción. Están promoviendo argumentos falsos, dicen que la fábrica la han encontrado desmantelada e inoperativa, pero no es así. La empresa ha estado produciendo, fueron ellos quienes dejaron desmantelado el ingenio y desde abril a la fecha, cuando los accionistas recuperaron la empresa se han venido corrigiendo todas las irregularidades que Daniel Rioja y compañía habían cometido”, menciona el dirigente.
Finalmente, el secretario general del sindicato resalta que en los últimos dos años la agroindustrial ha estado en mano de diferentes administraciones que no han sabido cautelar los recursos y el patrimonio empresarial.
“Empezaron con Marcelino Llontop, luego con César Sandoval y ahora retorna Daniel Rioja, gente que durante dos años se han dedicado a destruir la empresa. Estos se están apoderando de la fábrica que está operativa y produciendo y prueba de ello es que con el V Directorio se ha estado pagando los sueldos de los trabajadores y las obligaciones que esta tiene”, manifiesta.
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VICENTE CASTILLO NICOLÁS
“Lo que está pasando en Tumán es un atropello del Poder Judicial. Se ha despedido a mil trabajadores y eso no se da en ningún lado, todo porque se respaldan en una orden judicial que ya ha estado cancelada y eso lo ha sabido el presidente de la Corte de Lambayeque, Aldo Zapata López. El error más grande que ha cometido el presidente de la Corte es avalar estos hechos, sabiendo que esos señores dejaron a la empresa quebrada”.
SEGUNDO MEDINA CAYOTOPA
“Las resoluciones de Bongará no tienen validez porque no pertenece a nuestra jurisdicción, la jueza Karina Fabián Palomino ya había resuelto la controversia de Tumán, se convocó a Junta General de Accionistas y se nombró al V Directorio, no tenía entonces razón de ser una medida de este tipo. Nosotros denunciamos a las autoridades que están avalando la presencia de esa administración ilegal y abusiva que ha despedido a nuestros hermanos trabajadores”.
NÉSTOR QUISPE GONZALES
“La actitud que ha tomado la nueva administración es totalmente descabellada. Hemos sido impedidos de ingresar a nuestro centro de laborales, yo tengo 44 años de servicios y el sábado al constituirme a la empresa simplemente ya no me dejaron entrar. Por esta razón hemos presentado la denuncia correspondiente ante la policía y ante la zona de trabajo. Nosotros no entendemos por qué tienen que tomar represalias contra los trabajadores”.
JUAN PAREDES CHANAMÉ
“Queremos que nos dejen trabajar. El viernes nos sacaron, no nos dejaron entrar y nos dijeron que recién esta semana debíamos ir. Yo soy envasador de azúcar y puedo dar fe que hemos dejado el día viernes mil 593 bolsas de azúcar, material en la tolva I y II, hemos dejado material en las centrífugas, melaza, alcohol y bagazo. Es mentira lo que ellos dicen que no hemos dejado nada, porque la fábrica ha estado funcionando sin problemas”.
Luego de reunirse con los representantes de la sociedad civil e instituciones técnicas y académicas del departamento, el viernes último el Contralor General de la República, Nelson Shack Yalta, ofreció una prolongada conferencia de prensa en la que remarcó lo que había anunciado días atrás: que la entidad pondrá en marcha un sistema de control concurrente que permita diagnosticar vicios e irregularidades en la licitación y ejecución de las obras de la reconstrucción en las ciudades afectadas por El Niño Costero. Sin embargo, el mecanismo, que califica de único en América Latina, será desarrollado principalmente por la ciudadanía, debido a que – afirmó – la Contraloría no se da abasto y no considera rentable revisar cada uno de los procesos.
La visita de Shack Yalta y su comitiva se dio con el objetivo de supervisar el despliegue del control concurrente en la reconstrucción, que tiene dos grandes etapas: la prevención y la reconstrucción propiamente dicha.
Para el caso de Lambayeque, el gobierno nacional ha aprobado, a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, tres mil 115 millones de soles, de los cuales mil millones se destinarán a la prevención, principalmente a la descolmatación de ríos en los cinco valles del departamento.
“El modelo de reconstrucción con cambios es quizá una de las principales transformaciones que está sufriendo el modelo de control gubernamental en el Perú. La Contraloría ha diseñado y viene desplegando un nuevo modelo de control, que ya no es el posterior, que identifica a responsables y trata de sancionar, ya sea en la vía administrativa funcional o encausar hacia la vía judicial, en caso se identifiquen responsabilidades de naturaleza penal o civil. Con este modelo de control la lógica no solo es luchar contra la corrupción a partir de sanción de la misma, sino de prevenir que eso ocurra. Es decir, el foco de atención está en el despliegue de un acompañamiento. La Contraloría acompaña y asesora al ejecutor en cada una de las etapas del proceso, desde que empieza hasta que termina”, explicó.
INFORMES POR HITOS
El modelo consiste en la elaboración de informes en tiempo récord que revelen hechos irregulares o los riesgos que se puedan generar por el incumplimiento normativo, idoneidad y transparencia, “dándole tiempo al ejecutor (ministerio, programa, región o municipio), para que corrija qué es lo que está haciendo mal”.
“Es un control concurrente por hitos, mapeamos los riesgos de toda la obra, por cada una de sus tipologías, y establecemos hitos de control y en cada hito se genera un informe, que no solamente es hecho por un auditor, sino por un equipo de profesionales de múltiples disciplinas, que permiten caracterizar mejor el objeto de control sobre el cual se va a hacer la intervención. Por ejemplo, si estamos hablando de una descolmatación no solamente va a ir un auditor, irá un especialista en contrataciones, un ingeniero hidráulico, etc. Hay muchas diferencias con un informe típico de control que está hecho generalmente por auditores – contadores”, manifestó, añadiendo que los informes se elaborarán en un plazo máximo de siete días.
EL EJECUTOR
Mencionó que en Piura y La Libertad ya se han implementado las recomendaciones generadas a partir de los informes del control concurrente, frenando los procesos de licitación de las primeras obras en el marco de la reconstrucción. “Este modelo evita, previene, que se concrete la inconducta funcional y la corrupción, y entonces nuestro rol de asesor es más valorado, no solamente por su efectividad, sino porque también ayudamos al gestor a que haga las cosas bien”, aseveró.
Remarcó que el modelo exige altas competencias del ejecutor (la entidad que contrata), porque al ingresar los equipos especializados será fácil determinar si existen o no irregularidades.
“Si el ejecutor no ha tomado las previsiones, el modelo detectará las faltas y lo obligará a retrotraer los procesos, con los costos y demoras que esto suponga. En la práctica, el modelo ayudará a evitar la inconducta funcional y la corrupción. Para que las obras se hagan con celeridad los ejecutores tendrán que garantizar idoneidad y capacidad”, dijo.
LAS VEEDURÍAS
Nelson Shack reconoció que el control concurrente es un modelo caro, porque se caracteriza precisamente por la formulación de informes en cada etapa de los procesos de la reconstrucción y esta es la razón por la que la Contraloría ha fijado su aplicación únicamente a mil 536 de las más de nueve mil 900 obras que se realizarán en los departamentos afectados por El Niño Costero.
“No lo podemos implementar en la construcción de una vereda, porque el modelo de control saldrá tan caro como la vereda. Entonces no es costo efectivo para pequeñas obras. El modelo de control por hitos se aplicará solo a un promedio de mil 500 obras. En el resto vamos a aplicar sustancialmente un modelo de participación ciudadana y veedores sociales que ayuden al sistema de control a ver lo que está pasando con las obras más pequeñas”, explicó.
Según afirmó el contralor, para las veedurías ciudadanas se están suscribiendo convenios con organizaciones de la sociedad civil, instituciones de alcance nacional como la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, Transparencia, Pro Ética y otras, así como con universidades, cámaras de comercio y colegios profesionales.
“Se trata de voluntarios ciudadanos, los cuales van a ser seleccionados, capacitados, evaluados y acreditados por el sistema de control, e incluso les vamos a dar la facilidad para que a través de un aplicativo móvil puedan enlazarse con los sistemas de información interna que tiene la Contraloría General de la República. Cada uno de estos ciudadanos, muchos de ellos universitarios de los últimos años, tendrán acceso a toda la información disponible en el sistema de control para determinada obra y de esa manera nos podrán ayudar en el control concurrente de la reconstrucción. Serán una especie de auditores junior, trabajarán en el esfuerzo de controlar las obras en la localidad donde viven”, manifestó.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Nelson Shack indicó también que a efectos de tener un panorama claro de cómo se desarrolla el proceso de reconstrucción, la Contraloría General de la República desarrollará dos operativos anuales a partir del 2018, uno a fines del primer trimestre (abril) y el otro al concluir el ejercicio fiscal (diciembre).
En paralelo, comentó que la institución presentará al Congreso de la República una iniciativa legislativa que le permita emprender un proceso de reorganización institucional en un plazo máximo de 120 días, a fin de potencializar su estructura interna y ampliar la contratación de técnicos y especialistas que complementen el trabajo de los auditores.
Según refirió, hasta diciembre de este año la Contraloría deberá contratar a 200 nuevos auditores y a igual número de especialistas, en tanto hasta abril del 2018 deberá haber incorporado a 200 auditores más y a un total de 400 nuevos especialistas.
Señaló que la contratación de más personal es un asunto que requiere de atención urgente, como es el caso de la Oficina Regional de Control de Lambayeque, que necesita de seis ingenieros sanitarios, la implementación de una procuraduría descentralizada y más personal en el área de comunicaciones.
Actualmente la Contraloría en Lambayeque está integrada por 60 colaboradores. En lo que va del 2017, la entidad ha concluido cinco auditorías, referidas estas a la obra de agua y alcantarillado del distrito de San José, a la obra de los emisores principales de Chiclayo, al sistema informático del Hospital Regional de Lambayeque, a la ejecución de pistas y veredas en el distrito de Pomalca y al área de Rentas de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz.
Otras seis auditorías están pendiente de informe final.
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“Detrás de los ataques a mi persona está involucrada gente cobarde, mediocre, que no tiene el valor suficiente para salir a la vitrina pública, para debatir o sostener lo que señala en las redes sociales. Lo más cobarde es que ni siquiera con su nombre crean cuentas en redes sociales para atacarme, sino que lo hacen con nombres falsos y. más aún, contratan a personas ajenas que desarrollan nefastas campañas, temiendo que pueda ser un competidor político y los pueda desplazar en una campaña electoral”, sostiene el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Olivio Huancaruna Perales, quien es blanco de ataques incriminatorios a través de Facebook.
Explica que con la difusión de algunos vídeos en los que se le imputan la comisión de ilícitos se busca mancillar su imagen y forzar investigaciones sobre hechos en los que no tiene o ha tenido participación alguna.
“Decir que esas acciones no afectan sería falso. Eso afecta cuando tenemos familia; pues, los que han sufrido las consecuencias de esas personas cobardes ha sido precisamente los integrantes de mi familia. Por su irracionalidad, menores de edad han sido afectados en sus sentimientos y víctima de ataques en su círculo social”, señala.
Refiere que no es la primera vez que se orquestan campañas de desprestigio en su contra y que, por lo general, estas se vinculan a intereses económicos y del sector azucarero.
“No es de ahora la forma cómo esa gente actúa, sino que lo hace desde hace buen tiempo. Utilizan y tratan de poner gente con voz distorsionada en los vídeos para que sus operadores no sean reconocidos ante el temor de una homologación o una pericia fonética que los ponga al descubierto”, explica.
Añade que también hay intereses políticos, sobre todo de quienes buscarían tener algún cargo público en las elecciones del próximo año.
“Esa gente está metida en política y con esas actitudes quiere manejar los recursos del Estado. Quieren y desean tener cargos públicos importantes. Se imagina usted contar como autoridades de esa calaña, personas que a como dé lugar quieren tener el control de la región. Si eso ocurre en Lambayeque, me imagino que la región se convertiría en un segundo Áncash; es más, creo que esa nefasta gestión ancashina vinculada a la criminalidad, le quedaría corta”, afirma Olivio Huancaruna.
COMPLICIDAD
El empresario sostiene que sus detractores incluso tendrían vínculos con los operadores de justicia en el departamento.
“A la persona sana le tocan su nombre y su apellido con mucha facilidad, pero para llegar a hacer eso, esa gente se colude con personas que de mala forma conducen la administración del sistema de justicia. En una red social, en un minuto me han hecho daño, lo cual me llevó a actuar legalmente, lo malo es que para encontrar justicia me he topado con una serie de traspiés y sí quiero denunciar a las personas que están tras estas acciones, la justicia me demora hasta seis años en que me den la razón. Felizmente, la comunidad se ha dado cuenta de dónde vienen todos esos ataques y quien serían el operador”, acota.
El sistema de justicia –explica- no garantiza hallar un pronto resarcimiento al daño causado, porque para obtener justicia se necesita tener una sentencia consentida con el agresor y sus cómplices plenamente identificados y sancionados.
“Sin embargo, estos cobardes nos atacan fácilmente desde el ángulo de la ilegalidad, tratando de incriminarme. Estos sujetos proceden o se coluden en un solo grupo, pero para despistar o engañar a los investigadores contratan o hacen participar a nuevos agentes con otro tipo de conocimiento, como el de edición y el de informática”, indica.
ESCONDEN DELITOS
Hace un llamado a los que integran el sistema de justicia en el Perú a mantenerse alerta frente a quienes desde la criminalidad tratan de armar patrañas con el único objetivo de dañar a la gente, difundiendo vídeos a través de redes sociales con la finalidad de distraer y hasta confundir a la población, con el objetivo que ellos puedan esconder sus delitos.
“Lo bueno es que la gente ya los conoce y eso nos sirve para que jamás nos volvamos a dejar engañar por quienes no tiene la valentía de decir públicamente lo que editan y publican en redes sociales”, puntualiza el empresario y presidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque.
CON LAS AZUCARERAS
Sobre la posibilidad que los ataques sean financiados por personajes ligados a las azucareras Pucalá y Tumán, Huancaruna Perales afirma que no tiene intenciones de ingresar en la administración de estas y asegura que de la primera se mantiene alejado desde el 2008.
“No tengo ningún interés en alguna azucarera. Desde el año 2008 me he desligado de la inversión y administración en Pucalá. En la actualidad tengo una sembradora y por lógica de la cosecha estoy obligado a moler en cualquier ingenio azucarero, pero no lo hago en Lambayeque para evitarme problemas”, indica.
Revela que a pesar de los costos que le genera, su producción la lleva a moler a la azucarera Casa Grande, donde como cualquier otro sembrador paga por el servicio evitándose problemas “con gente que dice querer a las empresas azucareras de Lambayeque”.
“Vivo y siembro en Lambayeque y, por lo tanto, puedo moler la caña de azúcar en algún ingenio de la región, pero no lo hago acá sino en Casa Grande. Esa acción me resulta antieconómica, pero me evito muchos problemas”, señala.
Refiere que sí ha llamado su atención la forma en la algunos medios de comunicación se han prestado para utilizar su nombre con la única finalidad de darle importancia a sus titulares y obtener buenas ventas, aunque otros lo han hecho con la intención directa de hacerle daño.
TERMINAL PORTUARIO
Por otro lado, Olivio Huancaruna dice sentirse satisfecho e identificado con el gobierno nacional, que a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, liderará el proceso de promoción y búsqueda de inversionistas privados para el financiamiento y ejecución del Terminal Portuario de Lambayeque.
“Con esta medida el MTC incorpora el proyecto portuario en la agenda de prioridades de su gestión, gestión que fue iniciada por el Gobierno Regional de Lambayeque con el liderazgo del gobernador Humberto Acuña Peralta, y ahora toca buscar inversionistas para financiar la obra, pero era necesario que sea el gobierno central el que se encargue de impulsar su ejecución. Nuestro terminal debe ser considerado como prioridad, junto al de Salaverry y al de Paita, y otros terminales del país”, señala.
Agrega que los lambayecanos deben ser conscientes que las inversiones para la región “están siendo puenteadas”, y ese dinero que se le quita al departamento es derivado a otras regiones vecinas, donde el nivel de desarrollo es envidiable.
“En otras ciudades vamos a encontrar más obras, como es el caso de Piura, donde se cuenta con tres bypass, y lo cual no es malo sino que llama la atención porque el Estado si los atiende. Sin embargo, a Lambayeque lo deja de lado”, explica.
Detalla también que ante la necesidad del Terminal Portuario ha llegado el momento en que los lambayecanos se pongan de pie para demandar su ejecución.
“No es simple liderar la ejecución del Terminal Portuario, porque la voluntad Ejecutivo puede estar plasmada y orientada, pero al ir descendiendo es donde se toman otras decisiones, las que quedan formalizadas con la falta de deseo de nosotros mismos. Nosotros tenemos años haciendo gestión de buena manera, pero nos atienden con oídos con sordera”, detalla.
APOYA MARCHA
Asimismo, Huancaruna Perales dice que como representante del empresariado lambayecano, agrupado en la cámara de comercio, y como ciudadano, también se encuentra en pie de lucha por los intereses de la región.
“Como ciudadano he decidido estar presente y promover la gran marcha para que el Ejecutivo atienda las necesidades de la población y ejecute las obras de la reconstrucción. El 13 de noviembre estaré marchando en las calles y de seguro el empresariado lambayecano también apoyará, Chiclayo está destruido por donde se camine y se le mire”, indica.
Destaca que en la marcha también se exigirá la ejecución del Terminal Portuario, proyecto que es considerado la puerta de salida a otros países, así como la carretera o la vía más cercana entre todo el nororiente y el resto del planeta. “Somos el punto más cercano al país y al mundo. El Terminal Marítimo de Puerto Eten está ubicado en una zona estratégica y privilegiada que nos ayudará a sacar a través del mar todo lo que produce Cajamarca, Amazonas, San Martín y nuestra propia región”, señala.
A tres meses de iniciada la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, liderado por el OTASS en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, el gerente general Víctor Hugo Villacorta Félix presentó el Plan de Reflotamiento aprobado por el organismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, luego de diagnosticar las principales deficiencias de la entidad, en cuyo marco se persigue la ejecución de un primer paquete de inversiones por el orden de los 51 millones de soles.
Villacorta Félix comenta que se han establecido ocho indicadores a nivel nacional para medir la calidad de los servicios que ofrecen las empresas de saneamiento, siendo el primero la mejora de la calidad sanitaria del agua potable, seguido del incremento de la presión y de la continuidad del abastecimiento.
Otros indicadores son el incremento de cobertura de agua y alcantarillado, la reducción del indicador de agua no facturada que actualmente es del 46 % del total de los 54 millones de metros cúbicos que produce al año la empresa, la mejora de la gestión comercial e incremento de la recaudación, la reducción de atoros y roturas y manejar de manera adecuada las aguas servidas en la planta de tratamiento.
“Tenemos una infraestructura con una antigüedad promedio de 40 o 50 años y lamentablemente a través de los años no se ha renovado y lo poco que se ha ido haciendo no se ha ejecutado de manera coordinada. Ya ha pasado que con la remodelación de pistas o veredas se terminan dañando las conexiones y el señalamiento recae sobre EPSEL, como responsable de las redes. Por otro lado hay deficiencias, por ejemplo sabemos perfectamente que el tratamiento de las aguas servidas no se da de la manera que deseáramos y eso tiene que corregirse y para eso se han establecido los indicadores, que nos permitirán saber cómo avanzará EPSEL en el futuro”, señala.
EPSEL atiende a una población de 699 mil habitantes con agua potable y a 625 mil habitantes con el alcantarillado. Actualmente la cobertura con el primer servicio es del 74.6 % del total de usuarios, en tanto la accesibilidad a la red pública de desagüe es del 66.8 %.
PROBLEMÁTICA
Víctor Hugo Villacorta menciona que entre los problemas más latentes de la empresa están el colapso del sistema de alcantarillado y el mal uso del mismo por parte de los usuarios; los proyectos integrales inconclusos como el de Oyotún, que aún no es transferido a EPSEL; el deficiente mantenimiento de las redes por la carencia de equipos adecuados; el mal funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y los problemas en los reservorios, líneas de conducción y demás infraestructura.
“Lamentablemente los equipos que tiene la empresa no pueden atacar a todas las redes porque tenemos conexiones de diferente diámetro y, en consecuencia, necesitamos maquinaria que pueda adaptarse a estas características”, señala.
Otros problemas son los bajos niveles de micromedición, los altos niveles de agua no facturada, la existencia de un catastro comercial que data del 2014 y que a la fecha está desactualizado, la inadecuada infraestructura para la atención al cliente y la tendencia de reclamos, que a pesar de ser alta se ha reducido en comparación al año 2016.
Asimismo, se ha determinado que EPSEL tiene una estructura orgánica y los instrumentos de gestión desactualizados, que el saneamiento físico legal está inconcluso y que existe un inadecuado soporte técnico e informático.
ESTADOS FINANCIEROS
A la problemática descrita se suma la situación económica. EPSEL tiene deudas acumuladas por más de dos millones 200 mil soles con la SUNAT, por 55 millones de soles al FONAVI, por 22 millones de soles al tesoro francés (por el financiamiento a la obra de las lagunas de tratamiento), por siete millones de soles con la Autoridad Nacional del Agua – ANA, y más de cuatro millones de soles que debe pagar por mandato judicial.
La entidad tiene mil 200 juicios laborales, 750 trabajadores estables y 80 contratados.
De acuerdo a los estados financieros, en el 2015 la empresa registró 16 millones 732 mil soles de pérdida, en el 2016 cuatro millones 949 mil y entre enero y mayo de este año, antes del ingreso del OTASS, se han reportado seis millones 336 mil soles como salgo negativo.
En los últimos años EPSEL acumuló 108 millones 186 mil soles de pérdida y durante este tiempo ninguno de los auditores ha emitido opinión favorable respecto a los resultados financieros.
PLAN DE REFLOTAMIENTO
“En los últimos tres meses, lo que es un tiempo récord, hemos conseguido avances importantes para la empresa, lo que se traduce en la aprobación de 58 fichas o proyectos que representan un total de inversión de 51 millones 36 mil 813.08 soles. De estos proyectos, 25 están referidos a la gestión operacional, 12 a la gestión comercial y 21 a la gestión institucional. Solo en los dos primeros aspectos se invertirán 23 millones y 22 millones de soles respectivamente”, manifiesta Villacorta Félix.
Mirko Jurado Dueñas, coordinador del OTASS en Lambayeque, explica que entre los proyectos a ejecutar está la limpieza y desarenado de las lagunas Boró I y Boró II, por un valor de cinco millones 292 mil 876 mil 04 soles.
En el caso de Boró I se eliminarán 200 metros cúbicos de sedimentos, en tanto en Boró II 160 metros cúbicos.
Otro proyecto es la implementación del estudio “Diseño de estrategias para la disminución del indicador de agua no facturada y control de fugas”, que incluye el catastro técnico y la sectorización. Dicho proyecto demanda una inversión de siete millones 212 mil 410.09 soles.
También se ha considerado la adquisición de una camioneta y cuatro camiones para uso del personal técnico y operativo de EPSEL, por 805 mil soles; el mantenimiento, adquisición e instalación de macromedidores electromagnéticos o ultrasónicos de flujo de agua para determinar volúmenes producidos y distribuidos en el ámbito de EPSEL (844 mil 250 soles) y la instalación de una línea de impulsión para el mejoramiento del sistema de agua potable de los pueblos jóvenes Villa Hermosa, Javier Castro, Milagro de Dios y La Explanada en José Leonardo Ortiz, por cinco millones 160 mil 646.54 soles.
“La elaboración de los proyectos ha demandado de dos meses y medio de trabajo técnico y debemos destacar que de todas las empresas de saneamiento que se encuentran con el Régimen de Apoyo Transitorio del OTASS, EPSEL es la que está recibiendo el plan de inversiones más alto. La empresa que sigue después de la de Lambayeque es la de Loreto, donde se piensa invertir 35 millones de soles”, asevera.
Jurado Dueñas es claro al señalar que con el plan aprobado no se resolverán todos los problemas de la empresa, sino que se paliarán los aspectos más urgentes.
También se ha considerado la adecuación de cajas e implementación de medidores en el ámbito de intervención de EPSEL, por un valor de 20 millones 831 mil 622 soles y la adquisición de un sistema de información geográfico GIS para el catastro comercial, por 793 mil 743 soles.
“Esto permitirá reducir el índice de agua no facturada del 46 % al 35 %, incrementar el nivel de micromedición del 60 al 80 %, incrementar las conexiones activas del 85.2 al 95 % y ejecutar los cierres y reaperturas del 59.1 al 90 %”, resalta.
METAS AL 2018
Según las proyecciones del OTASS, se espera que para el próximo año se incremente la continuidad del servicio de agua potable de 12 horas en promedio al día a 16 y que los ingresos de la empresa aumenten en 10 %
Asimismo, que se concrete el saneamiento físico legal de 203 obras culminadas y no recepcionadas hasta el momento por la entidad, además que haya ejecutado el plan de fortalecimiento de capacidades de la empresa y la mejora de los procesos críticos.
Por otro lado, la administración espera lograr un contrato para el reúso de las aguas residuales y la repotenciación de la infraestructura existente.
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Parlamentario expuso grave problema en el seno del Congreso y sostuvo que la corrupción en Lambayeque está peor que lo que pasó en Áncash. Hay 23 asesinatos, entre ellos el del auditor de la SUNAT, y no hay ningún responsable preso. ¿Por qué?, interrogó.
Sin pelos en la lengua. El congresista por Lambayeque, Héctor Becerril Rodríguez reveló en el seno del Congreso de la República y delante del Ministro de Justicia y del Interior, Enrique Mendoza Ramírez y Carlos Basombrío Yglesias, que en la región opera desde hace buen tiempo una organización criminal, las que entre sus filas se encuentran jueces y fiscales, los que desde sus oficinas avalarían y protegerían las acciones delictivas de los sujetos.
Becerril Rodríguez no tuvo reparo en mencionar y repetir que en Lambayeque existen jueces y fiscales, los que lejos de imponer justicia y el principio de autoridad, más bien se suman a las acciones de organizaciones criminales y también han visto en las empresas azucareras los negocios de sus vidas, emitiendo resoluciones de medidas cautelares o simple y llanamente emitiendo resoluciones para designar administraciones judiciales.
“En Lambayeque existen jueces que hacen el negocio de su vida, otorgando medidas cautelares o administraciones judiciales a como mejor momento se presente. El Ministerio Público tampoco se queda atrás, los que lejos de investigar los crímenes que se cometen, se hacen los desentendidos y en lugar de investigar a los verdaderos delincuentes y criminales, involucran a otras personas con la supuesta finalidad de proteger a los que verdaderamente comenten delito, pero eso es a cambio de algo, que no es más que dinero.
“Los jueces hacen el negocio de sus vidas al emitir medidas cautelares. Ellos no ven más allá del problema que ocasionan en la masa trabajadora y la población, quienes se enfrentan a balazos con el objetivo de hacer prevalecer la orden de tal o cual juez”, señaló.
CORRUPCIÓN A NIVEL
En su intervención, destacó que en la actualidad el principal problema del país y en especial en Lambayeque, es la corrupción. Reveló que actualmente se tiene a jueces que en varias regiones del país otorgan medidas cautelares como si fueran casinos, las que son ofrecidas a organizaciones criminales.
Lambayeque no es ajeno a este problema, donde las resoluciones de medida cautelares no se otorgan gratuitamente sino a cambio de fuertes sumas de dinero.
“Hace unos días estuvo el ministro Grados tratando de prevenir un problema que hay en Lambayeque, pero resulta algo inconcebible que el Estado tenga que dictar medidas de emergencia para que no haya más muertos en las azucareras”, sostuvo.
Señaló también que la medida adoptada obedece para evitar que organizaciones criminales que pretenden hacerse de una empresa azucarera, no contraten delincuentes para que se agarren a balazos con los trabajadores y hasta con la misma policía. ¿Acaso estamos en el viejo Oeste?... “eso es algo que no podemos concebir en un estado de derecho”, sostuvo.
23 MUERTOS
El parlamentario denunció en el seno del hemiciclo que a la actualidad en las azucareras en Lambayeque, existen un total de 23 personas que han sido cruelmente asesinadas, y sus muertes a la fecha están impunes porque tanto la Policía y la Fiscalía no investigan.
“En la actualidad no existe ninguna persona presa por los hechos de sangre que han ocurrido en las azucareras”, sostuvo.
Informó también al ministro de Justicia y del Interior, que el año pasado fue cruelmente asesinada una secretaria de juzgado, en cuya oficina se estaba investigando hechos de corrupción en las empresas azucareras por parte de una organización criminal.
“En la muerte violenta de esta trabajadora del Poder Judicial tampoco existe un autor directo. La Policía y el Ministerio Público solamente han creado una teoría sobre presuntos autores, pero no apuntan a la banda criminal que viene operando impunemente en las azucareras”, indicó.
CRIMEN DE AUDITOR
De igual manera, sostuvo que desde el 23 de diciembre del año 2015 se encuentra impune el asesinado del funcionario N° 02 de la SUNAT de Lambayeque, Luis Roberto Cieza Herrera, cuyo delito para que acaben con su vida fue la de investigar a esa organización criminal que con tanta impunidad opera en Lambayeque con el claro aval de policías, fiscales y jueces, que con sus acciones los protegen de cualquier investigación, y apuntando a otro lado.
“Pregunto: ¿quién dice algo de esto? Por qué no hacemos en Lambayeque lo que hace un tiempo se hizo en Áncash para acabar con la corrupción y acabar con la banda criminal que operaba impunemente. En Lambayeque la corrupción es tan grande, donde no es secreto que jueces y fiscales blindan a esta organización criminal”, indicó.
Héctor Becerril sostuvo y propuso ante los ministros que los integrantes de la organización criminal, así como los jueces, fiscales y policías corruptos sean sacados de Lambayeque y llevados a la ciudad de Lima para ser investigados.
“Pido que el ministro de justicia lidere la solución a este grave problema. Quiero dejar en claro que no estoy favoreciendo a ningún grupo empresarial, ni hablando por nadie y si alguien tiene que caer, que caiga con todo. No puede ser posible que en estos momentos la región Lambayeque este peor que Áncash y nadie haga algo, lo cual demuestra el claro compromiso de ser parte de la organización criminal de jueces y fiscales”, resaltó.
Igualmente, señaló que al ministro del interior le vienen exigiendo levantar el Estado de Emergencia, pero que sería un error, pues peligraría, por lo que por el bien del orden social y el control interno en estos momentos la medida no se levantará. ¿Cuántos muertos habrían?, si es que el estado de Emergencia se levantara en estos momentos, cuestionó.
En las azucareras tiene que recuperarse el principio de autoridad y la ley, acotó.
