Mal llamado colabores eficaces disfrutan de libertad, de dinero y propiedades a pesar que sobre ellos existen una serie de imputaciones demostradas en delitos de corrupción y lavado de activos. Actualmente, Jorge Matallana Peralta tiene cargo de confianza en el CGT y maneja la cartera de cobranza de los principales contribuyentes de Chiclayo. ¿Es esto posible?

A tres años de la detención del ex alcalde, Roberto Torres Gonzales, y algunos de sus principales funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, por presuntos actos de corrupción que en la actualidad siguen en etapa de investigación, los imputados no encuentran explicación como es que dos de los funcionarios más cercanos a la ex gestión municipal; Percy Quesquén Díaz, ex presidente del directorio de Epsel, y Jorge Hugo Matallana Peralta, ex gerente de administración en el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo –ex SATCH- y ex gerente de Administración de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, siguen gozando de libertad a pesar de las serias imputaciones penales que pesan sobre ellos.

El investigado Juan Valdivia Goicochea, ex jefe del SATCH y ex gerente general de Epsel, quien se encuentra detenido en el penal de Picsi desde el mes de enero del año 2015, no se contuvo y dejó entrever de manera directa que el “padrino” y protector de Percy Quesquén Díaz, no sería más que el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, cuyo actuar y proceder ya ha sido advertido por el Consejo Nacional de la Magistratura -CNM.

“Resulta bastante obvio que el “padrino” de Percy Quesquén Díaz sería el fiscal Sergio Lucio Zapata  Orozco. La protección no viene desde ahora o en este caso por encontrarse bajo el “manto” de colaborador eficaz, sino que la protección se hace desde el año 2010. Una prueba de esta protección es que a pesar de haber cometido una serie de delitos, por los cuales nosotros estamos acusados, el señor goza de libertad y disfruta del dinero y de las propiedades que no le han sido incautadas”, sostuvo Juan Valdivia Goycochea quien se encuentra detenido en el complejo penitenciario de Chiclayo.

PROPIEDADES

Agrega que, Percy Quesquén tiene muchas propiedades aún, las cuales - aparentemente- la Fiscalía no las ha detectado, por razones que solamente ellos saben.

“Percy Quesquén tiene muchas propiedades, pero solamente ha entregado algunas cosas. Tanto es así que el 20 de octubre del año 2014, después de haberse producido el operativo desplegado por la Fiscalía para detener al alcalde Roberto Torres Gonzales, a la sede del Ministerio Público se apersonó la señorita Fiorella Bazán Paredes, quien hizo entrega de una camioneta modelo RAV4, la que se encontraba sin placas de rodaje”, señaló.

Agrega que, Fiorella Bazán sostuvo en la Fiscalía que la unidad vehicular que hacía entrega le pertenecía a Percy Quesquén Díaz, la cual se la había puesto a su nombre, lo que de manera ingenua ella había aceptado, pero enterada del problema se apersonaba para ponerla a disposición en salvaguarda de su nombre y situación jurídica.

Sin embargo, señala Juan Valdivia, lejos que el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco ahonde las investigaciones para determinar que otras propiedades pudiera tener Percy Quesquén Díaz escondidas y a nombre de otras personas, más bien el representante del Estado y defensor de la legalidad, ha abierto investigación por lavado de activos a Fiorella Bazán.

ESTRECHA RELACIÓN

Juan Valdivia, para quien la Fiscalía ha solicitado una pena de seis años de cárcel por el presunto delito de cohecho impropio, no guarda silencio con referencia al rol que en la gestión municipal de Roberto Torres Gonzales cumplió Percy Quesquén Díaz, así como las funciones y las actividades que desarrollaba aprovechando los cargos que ostentaba.

Revela que éste funcionario, quien se “paseó por el ex SATCH y EPSEL, ocupando los máximos cargos, sí tenía mucho que ver con la gestión de Roberto Torres Gonzales, pues era funcionario de absoluta confianza, y por la tanto también tiene responsabilidad penal en las investigaciones que actualmente se realizan.

Explica que en la carpeta fiscal N° 2447- 2017, existen una serie de elementos que involucran a Percy Quesquén Díaz de manera directa con presuntos actos de corrupción, los que han sido corroborados por la Fiscalía durante el tiempo que lleva la investigación y a la cual se encuentran sometidos. Además, sobre las actividades de ilícito penal contra Percy Quesquén, existen las declaraciones de testigos y de los mismos imputados, que sindican a Quesquén Díaz como responsable de los delitos de Lavado de Activos, Cohecho Activo Genérico, Cohecho Pasivo Impropio, Cohecho Pasivo Propio, Asociación Ilícita, entre otros, pero lo raro es que hasta la fecha la fiscalía lo mantiene impune y gozando de libertad y de los bienes que a la fecha no le han sido incautados y mucho menos ha entregado al Estado.

QUEJA A SERGIO LUCIO ZAPATA OROZCO

Juan Valdivia añade que el 18 de abril del 2017, el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco se encontraba en la ciudad de Lima, con objetivo de subir a una audiencia de ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura –CNM- donde se le cuestionó sobre su pésima actuación en torno a la investigación del caso de la empresa de Transportes Línea, donde Percy Quesquén habría solicitado una coima de 5 mil soles para no multarla por invadir la calle con sus pesados buses.

Señala que fue el consejero del CNM, Iván Noguera Ramos, quien cuestionó a Sergio Lucio Zapata Orozco por presuntamente no haber actuado de manera proba e idónea frente a la denuncia que hiciera Juan Valdivia Goicochea, contra Percy Quesquén cuando éste fue jefe del ex SATCH en el año 2010.

“Lo que estoy diciendo está grabado y ha sido colgado en el portal institucional del Consejo Nacional de la Magistratura –CNM- y cualquier ciudadano puede acceder, y sacar conclusiones de la forma como se maneja la justicia en Lambayeque”, indicó.

Agrega que el consejero del  CNM, Iván Noguera, preguntó a Zapata Orozco por qué archivó la denuncia por la presunta coima exigida por Percy Quesquén Díaz, a través de Víctor Díaz Zarate, al gerente de la Empresa de Transportes Línea, Mario Salini Falconi, cuando se desempeñaba como jefe del SATCH, pese a las evidencias existentes.

El fiscal Lucio Zapata – añade- se defendió diciendo que su despacho no halló indicios de que el beneficiario del acto extorsivo haya sido directamente Percy Quesquén Díaz, por lo que decidió el archivamiento de la denuncia, pero si abrió investigación a Roberto Torres Gonzales, Mario Salini y Víctor Díaz Zarate.

Sin embargo – detalla Juan Valdivia- ya desarrollándose la investigación del caso “Los Limpios de la Corrupción”, hizo revelaciones precisas sobre el delito que Lucio Zapata Orozco había archivado, y con el cual se estaba protegiendo al testigo clave del Ministerio Público, Percy Quesquén Díaz.

“El caso ha sido reabierto por orden superior, pero hasta el momento no hay acciones de idoneidad y probidad que nos convenza que se está llevando una investigación transparente, haciendo presumir que se estaría esperando que los plazos prescriban para nuevamente archivarlo”, señaló el ex funcionario de la gestión edil Torres Gonzales.

De igual manera, revela que cuando fue detenido y en el mes de enero del 2015 fue llevado al penal de Picsi, fue ubicado en un ambiente de observación en donde se encontró con Jorge Inchaustegui Samamé  y José Baca Távara. En ese lugar también se encontraba Víctor Díaz Zarate, ex hombre de confianza de Percy Quesquén, quien les reveló que el dinero que se estaba pidiendo a la empresa línea era para Percy Quesquén y no para otra persona, tal y como el fiscal Lucio Zapata Orozco lo argumenta en su archivamiento.

“Estamos a la espera que el caso sea investigado con imparcialidad y el Ministerio Público no lo archive tal y como lo hizo en un primera vez el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco”, refirió.

CON JORGE MATALLANA

Juan Valdivia también señala que otro aspecto raro de la investigación, es que tanto como Percy Quesquén Díaz, otro funcionario cercano a la gestión municipal fue Jorge Hugo Matallana Peralta, quien estuvo prófugo de la justicia por dos meses y al entregarse, se convirtió en colaborador eficaz, obteniendo su libertad, pero para ello tuvo que idear una serie de falsas historias, así como mentiras que a más de a un funcionario que trabajó junto a él y en la gestión Torres Gonzales, le ha significado perder su libertad.

En la actualidad Jorge Hugo Matallana Peralta se encuentra laborando en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT- como si no hubiera cometido ningún delito, y cumpliendo funciones de confianza.

TRABAJA EN EL CGT

El Semanario Expresión indagó sobre la presencia de Jorge Hugo Matalla Peralta en el ex Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo –Ex SATCH-  lugar donde se hizo conocer que dicha persona efectivamente se encuentra cumpliendo funciones laborales, y está asignado a la delicada área de cobranza, y para ello contaría con el aval y respaldo del jefe de dicha área, Ángel Leonidas López Castro.

Se hizo conocer que Jorge Hugo Matallana Peralta ingresa al ex Servicio de Administración Tributaria como contador, pero ante su acercamiento a la gestión de Roberto Torres Gonzales  y al mismo alcalde, rápidamente escaló posición como funcionario de absoluta confianza hasta llegar a convertirse en gerente de administración en el ahora CGT.

Posteriormente, en el 2013 solicita una licencia en el ente recaudador y se muda a la municipalidad de Chiclayo para ocupar el cargo de gerente de administración, lugar que abandona el 30 de setiembre del año 2014 tras fugar del operativo que desplegó el Ministerio Público y la Policía, para desarticular a la presunta organización denominada por las autoridades como “Los Limpios de la Corrupción”.

Tras permanecer dos meses en la clandestinidad al estar prófugo de la justicia, el exgerente de Administración de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Jorge Matallana Peralta – el 2 de diciembre del 2014- se entregó a la justicia  que lo buscaba por supuestamente pertenecer a la banda denominada “Los Limpios de la Corrupción”.

Matalla Peralta llegó acompañado de su abogado, hasta la sede del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria para ser investigado y convertirse en colaborador eficaz, con el presunto objetivo de esconder el extraño incremento de su patrimonio y diversos contratos con empresas y proveedores que habría autorizado de manera irregular durante su función como persona de confianza en la gestión edil del ex alcalde Roberto Torres Gonzáles.

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES

Durante la indagación sobre la presencia laboral de Jorge Hugo Matallana Peralta en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT- se hizo conocer también que en la actualidad la mencionada persona se encuentra a cargo de la cartera de cobranza de los principales contribuyentes tributarios de la ciudad de Chiclayo -PRICOS; es decir, se encuentra en oficina y es el responsable de gestionar el cobro de la deuda tributaria que tienen con la ciudad de Chiclayo, las grandes entidades comerciales, empresas de renombre y personas con buena solvencia económica.

¿Quién lo puso allí?, ¿Quién le ha dado toda esa confianza?, ¿Quién lo protege?; eran las preguntas que se le iban a formular al jefe de la División de Cobranza del CGT, Ángel Leonidas López Castro y al jefe del ente recaudador, Nicolás Mondoñedo Chávez, pero fue imposible tener contacto con ellos ya que se informó que dichas personas no se encontraban en la institución, y tampoco se nos podría ofrecer sus números telefónicos por ser personal.

Mientras tanto, Jorge Hugo Matalla Peralta sigue sentado tras un escritorio manejando información tributaria clasificada y de mucha importancia tal y como lo tenía cuando era gerente de administración en el ex SATCH y en la Municipalidad de Chiclayo, puestos que lo habrían llevado a disfrutar de una vida decorosa vida personal y familiar, así como  a tener un presunto desbalance patrimonial. 

Miguel Ángel Bartra Grosso, dos veces alcalde de Chiclayo y también de Monsefú, anunció su deseo de postular y ganar las elecciones municipales del 2018, candidateando esta vez por el fujimorismo. 

Bartra, quien militó en Acción Popular y renunció luego para formar su Movimiento Político "Adelante Chiclayo", afiliado con el fujimorismo para luego ingresar a Alianza para el Progreso, hizo público su renuncia a este partido a comienzos de año.

En una entrevista del Semanario Expresión, sin anestesia, Miguel Ángel Bartra Grosso, responde a nuestras preguntas sin incomodidad, mirándonos a los ojos y absolviendo una a una nuestras interrogantes. 

¿Por qué decide tentar el sillón municipal de Chiclayo?

Porque considero que Chiclayo está pasando por un momento crítico y pienso que tengo la experiencia y la capacidad de gestión para llevar a Chiclayo al nivel de las grandes urbes del país, como Trujillo, Arequipa y el Cuzco.

¿No le avergüenza que lo tilden de tránsfuga al retornar con el fujimorismo después de haber militado en Alianza Para el Progreso y estar en conversaciones con Acción Popular para que sea el candidato a la alcaldía de Chiclayo?

Yo renuncié a Alianza Para el Progreso porque consideré que era injusto el trato presupuestal que el gobierno regional le dio a Monsefú en comparación con otros distritos con menor población y que recibieron mucha mayor ayuda. Yo mantengo mi independencia y puedo conversar como tal, con cualquier agrupación política en donde tengo amigos y conocidos; con Acción Popular nunca tuve una conversación con la dirigencia para ser candidato, eran solo buenas intenciones de algunos amigos.

Mi primera intención fue postular con el Movimiento Adelante Chiclayo, reconformándolo, pero dos razones me llevaron a tomar otra decisión. Primero, la enorme cantidad de obstáculos para conformar un movimiento regional y en segundo lugar, porque pienso que Chiclayo necesitará en los próximos años una presencia importante y permanente en los presupuestos generales de la República y quien aprueba el presupuesto, es Fuerza Popular, que tiene una mayoría absoluta en el Congreso.

Ser presidente regional o  alcalde de Chiclayo, sin una alianza estratégica con la fuerza mayoritaria del congreso, es seguir en lo mismo, muy poco se podrá lograr.

¿Cómo pretende Miguel Ángel Bartra retornar al municipio del que fue vacado por in-cumplir con la labor de alcalde?

Yo he reconocido públicamente mis errores, solo quien no hace nada no comete errores y pagué los mismos; durante años fui un ciudadano de a pie y postulé a distintos cargos sin fortuna, pero eso valió para que Chiclayo, compruebe que Miguel Ángel Bartra no se enriqueció, habiendo dirigido dos municipios en cuatro gestiones municipales consecutivas.

Sobre mí se hicieron muchas leyendas negras, que las fomentaron mis detractores con eco en algunos medios de comunicación, pero lo cierto es que nunca me he enriquecido y he ejecutado una enorme cantidad de obra pública. ¿No fue acaso en mi gestión cuando se ejecutó la vía de evitamiento; la obra de infraestructura vial más grande ejecutada en los últimos cincuenta años, no fui yo quien construyó la avenida 9 de Octubre, la avenida Tumbes, la re-pavimentación de la avenida Jorge Chávez, la pavimentación de concreto de la avenida La Libertad, de la avenida Grau de Campodónico y de la avenida Leguía, en el sector de Chiclayo, y dejé lista para la cinta asfáltica la avenida Grau de Santa Victoria?

¿Acaso no fue en mi gestión que se ejecutaron las primeras lagunas de oxidación de Chiclayo y se construyó la planta de tratamiento de agua; que hoy abastece de líquido elemento no solo el cercado de Chiclayo, sino también a San José, Leonardo Ortiz y La Victoria? Ejecutamos miles de conexiones de agua y desagüe, decenas de parques, miles de metros de veredas y afrontamos con éxito "El Fenómeno de “El Niño" y reconstruimos la ciudad con nuestros propios recursos.

¿No fue acaso en mi gestión que se compró el terreno del Terra-puerto, ubicado entre las avenidas Grau de La Victoria y la Vía de Evitamiento, diez hectáreas, que costaron 60 mil dólares y que hoy es el más grande activo que tiene el municipio, pues esta valorizado en cerca de 70 millones de soles?

Los medios deben empezar a ser justos, no solo resaltar mi pasivo, sino también el activo de Miguel Ángel Bartra.

¿Qué lo hace sentirse seguro de que puede tener chance de ganar la elección municipal del próximo año?

Mi experiencia de gobierno municipal, mi capacidad de gestión, la concertación que siempre he practicado y la obra que tengo por exhibir.

¿Considera que su trabajo en Monsefú en el presente período municipal es carta de presentación suficiente para tener la alcaldía de la provincia?

Monsefú generoso me dio la oportunidad de rehacer mi carrera política y estoy ejecutando una enorme cantidad de obra pública, pero eso no es suficiente; hay que visitar todos los sectores de Chiclayo: sus pueblos jóvenes, urbanizaciones, distritos, centros poblados y llevar un mensaje claro y creíble. El trabajo recién empieza.

¿Puede ser creíble que tiene coincidencias con Antonio Becerril?

Antonio tiene experiencia, ha sido congresista de la República y gerente de importantes empresas, en donde ha tenido que afrontar momentos difíciles; además, tiene una sencillez y humildad sin par que muchos no conocen y por tanto no valoran. Estoy seguro, que sería un excelente gobernador regional.

El día de la presentación de su candidatura estuvieron en primera fila regidores de la actual gestión municipal de Chiclayo. ¿Los llevará en la lista?

En primera fila estuvieron: mi hermano Boris, que como es natural debe apoyarme y Luis Carlos Cabrejos, que lo conozco desde niño y soy amigo de su padre. Las listas de regidores serán consensuadas, siempre me gusta escuchar y acompañarme de gente trabajadora

¿Es David Cornejo su padrino en esta campaña?

Yo sé que David Cornejo está conformando un Movimiento Regional y le deseo suerte. A mi edad, no necesito padrinos.

Dada la cercanía que tiene con el alcalde Cornejo, ¿puede confiar la ciudadanía en que de ganar usted las próximas elecciones revisará todo lo que este viene haciendo mal en el manejo del municipio de Chiclayo?

Respeto a David Cornejo, ha ayudado mucho a Monsefú y cada vez que le he tocado la puerta, me ha brindado su apoyo, lo nuestro es una relación amical y de trabajo. Siendo alcalde, sería de mal gusto juzgar su gestión, pero yo tengo mis propias propuestas para Chiclayo, mi forma de pensar, de ser y de trabajar.

Si mañana fuera electo usted alcalde de Chiclayo, ¿cuáles serían sus primeras acciones?

Uno de los pocos que conoce la Municipalidad Provincial de Chiclayo soy yo y hay un importante recurso humano que aprovechar; en los primeros meses, recuperaría la transitabilidad vehicular de la ciudad con un agresivo programa  de parchado y recapeo. Optimizaría el servicio de limpieza pública, recuperaría las áreas verdes de distintas zonas.

Paralelamente, convocaría a los colegios profesionales para encaminar las grandes obras de infra-estructura: by pass, anillos viales, mercados, terrapuerto y otros. Habrá un cordón umbilical entre la municipalidad y los colegios de ingenieros y arquitectos.

¿Quién lo llevó a concretar su candidatura por Fuerza Popular? ¿Es su padre nueva-mente su principal consejero? ¿Los hermanos Becerril o la propia Keiko Fujimori?

A Keiko Fujimori no la veo hace años, mi padre es un consejero de lujo, pero no influye en mis decisiones y con Héctor Becerril nació una relación en base al éxito en la gestión para ejecutar la carretera a Valle Hermoso.

Hemos conversado con el congresista Becerril, pero todavía hay muchos puntos que afinar y sobre todo hay que cumplir la ley, que hoy estipula elecciones internas para escoger candidatos.

¿Quién va a financiar su campaña? ¿El sueldo de alcalde distrital le alcanza para solventar ello?

Mi sueldo de ninguna manera alcanzaría, ni tocaré un centavo de la comuna monsefuana. Tengo una legión de amigos que desde ya desean apoyarme, con sus imprentas, con sus paneles publicitarios y con el recurso económico.

De otro lado, la plancha municipal tendrá que aportar a la campaña.

¿Apoyo a cambio de algo?

Absolutamente, para nada y los que me conocen saben que es así.

Tras el anuncio de su postulación algunos sectores del fujimorismo no han dudado en calificarlo de oportunista. ¿Es consciente que su presencia no ha caído del todo bien en las bases naranjas?

No lo he escuchado, ni leído. Pero si así fuera, todavía no soy candidato de Fuerza Popular y si hay militantes que desean postular, están en todo su derecho, no es mi intención, quitarle espacio a nadie. Pero sí quiero precisar que estoy siendo bien saludado y felicitado  por los fujimoristas que ven con buenos ojos mi candidatura.

Está claro que en la campaña tendrá que enfilar sus baterías contra Alianza Para el Progreso. ¿Cómo lo hará? ¿No será esta una acción de ingratitud con el partido que no solo lo devolvió a la política sino que además le tendió la mano cuando nadie apostaba por los hermanos Bartra?

A César y Humberto Acuña les guardo una enorme estima y consideración y les deseo éxitos en su vida personal, empresarial y política; no es mi estilo atacar a nadie, mi propuesta será de trabajo, de lo que voy a hacer por Chiclayo y de cómo lo voy a cristalizar.

Miguel Ángel Bartra, no ofende, no calumnia, pero tampoco deja que mancillen su honor y su dignidad.

¿Qué obras de trascendencia cree usted recuerda Chiclayo de su gestión?

Ya las he mencionado en una respuesta anterior; pero definitivamente la más importante fue la Vía de Evitamiento, antes los tráileres y camiones, ingresaban por Grau, Bolognesi, Leonardo Ortiz y Salaverry, con la ejecución de esta vía, logramos sacar el tránsito pesado de la ciudad.

Y fue una tarea titánica, se tuvo que cortar el cerro de Cruz de la Esperanza con dinamita y tracto-res, ejecutar el trazo comprando  algunos terrenos y luego lograr el financiamiento del gobierno central. Muchos no reconocen esta importante obra, pero sin duda es la obra de infraestructura vial más grande de Chiclayo en los últimos decenios.

¿Qué desea agregar?

Que si los chiclayanos me eligen alcalde no será para hacer una gestión más, cambiaré los cimientos de la ciudad. Yo quiero ser alcalde de Chiclayo para cambiar sus redes de agua y desagüe, para pavimentar sus vías, para ejecutar sus parques, para hacer sus by pass y su terrapuerto y ejecutar grandes obras de infraestructura.

Jueza suprema Magdalena Chávez Mella señala que se abusa de la medida en las investigaciones consideraras emblemáticas.

Tras el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, que califica de arbitrario e ilegal el uso de la prisión preventiva en el Perú, por los mecanismos que permiten su prolongación vulnerando el plazo razonable, se ha iniciado una discusión respecto a si los dispositivos normativos va o no en contra de la Constitución Política del Estado.

La CIDH ha denunciado que en la justicia peruana imperaría de manera perversa la presunción de culpabilidad en lugar de la presunción de inocencia, que en un principio constitucional, por lo que ha expresado su preocupación por el uso no excepcional de la prisión preventiva, problema que no solo se presenta en el Perú, sino también en los demás países de América Latina.

Una muestra de alto índice que investigados que se encuentran bajo mandato de prisión preventiva es el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, donde el 55 % de los tres mil 979 internos que hay en total están privados de la libertad bajo esta figura.

“Conforme a lo que fue normado en el Código Procesal Penal, la prisión preventiva es la excepción, no puede ser la regla. El ciudadano debe enfrentar el proceso penal en libertad, no privado de esta”, señala Magdalena Chávez Mella, magistrada de Lambayeque, quien desde enero pasado cumple funciones jurisdiccionales en la Corte Suprema de la República.

EL 1307

La principal controversia se centra en la legalidad del Decreto Legislativo N° 1307, promulgado a fines del año pasado, con el que se permite a los jueces de la investigación preparatoria ampliar los plazos de la prisión preventiva contemplados en el Código Procesal Penal en las investigaciones que se tienen por casos de criminalidad organizada.

Con este, un investigado al que se le ha dictado hasta 36 meses de prisión preventiva puede permanecer recluido 12 meses más, so pretexto de dar al Ministerio Público mayor tiempo para que concluya sus investigaciones y proceda a formular la acusación penal de existir los elementos suficientes para ello.

Respecto al Decreto Legislativo N° 1307, además de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado en contra diversas organizaciones de la sociedad civil y la propia Defensoría del Pueblo. Esta última argumenta que resulta excesivo el plazo adicional y que lo único que logra la norma es “trasladar a la persona imputada los problemas de investigación del Poder Judicial y de la fiscalía”.

“Se está vulnerando el plazo razonable con respecto a las medidas cautelares como la prisión preventiva. Hay un abuso en estos momentos en el país, pero también tenemos la contraparte de la ciudadanía, que está tranquila o clama justicia en la medida en que se dictan mandatos de prisión o detención contra algunos investigados”, refiere Chávez Mella, reconociendo además que con el Decreto Legislativo N° 1307 incluso se ha abierto un escenario de discusión entre los magistrados al no existir un criterio uniforme para determinar cómo y en qué casos sí correspondería la prolongación de la prisión preventiva o la adecuación de las investigaciones a la figura de crimen organizado para mantener recluidos por hasta 48 meses a los imputados.

“El magistrado tiene la independencia y la libertad para resolver con arreglo a la constitución. Muchas veces las normas legislativas se dictan de espaldas a la constitución y corresponde al magistrado ordenar al momento de emitir sus resoluciones donde pueden hacer el control de función. Sin embargo, puede ser, es factible que se declare inconstitucional el Decreto Legislativo N° 1307”, explica Magdalena Chávez, al ser consultada por el pronunciamiento de la CIDH.

CAMBIOS EN LOS CÓDIGOS

Por otro lado, en sintonía con lo expresado por el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, la magistrada refiere que es necesaria una reforma del Código Procesal Constitucional que ponga fin a la extraterritorialidad de las acciones de amparo que se oponen a decisiones judiciales dadas en determinada jurisdicción, como sucede en el caso de las empresas azucareras.

“Somos testigos de excepción de que hay un abuso indiscriminado en la presentación de las demandas de acción de amparo. Ante algunos problemas que se están solucionando o cuando hay una resolución en determinado sentido en cualquier lugar del Perú, resulta que vía acción de amparo, presentada en otros sitios, fuera de la jurisdicción, se emiten resultados opuestos. Eso crea desconcierto y precisamente en ese sentido el doctor Duberlí Rodríguez quiere que el Legislativo ordene y que las acciones de amparo, las acciones de garantía, se presenten únicamente en la jurisdicción en la que se ventila el problema”, refiere.

El Poder Judicial ha tomado la iniciativa de plantear al Congreso de la República la modificatoria al Código Procesal Constitucional, que ayudaría también a reducir las probabilidades de corrupción entre los magistrados por la emisión de amparos favorables a una de las partes dentro de un proceso.

Asimismo, Magdalena Chávez considera que también resulta pertinente aplicar mejoras al Código Procesal Penal, aprobado en el 2004 y que entró en vigencia en el distrito judicial de Lambayeque en abril del 2009, a fin de hacerlo mucho más eficiente, sobre todo en lo referido a las notificaciones.

“Una de las debilidades en el Código Procesal Penal está en el campo de las notificaciones. El presidente del Poder Judicial también tiene un proyecto que ya lo está ejecutando paulatinamente respecto al expediente electrónico. Con eso se trata de solucionar gran parte de ese problema. En Lambayeque se trabaja con el Código Procesal Penal desde abril del año 2009, desde aquel entonces se han presentado varias cosas que se pueden ir mejorando e inclusive los señores jueces supremos, con los acuerdos plenarios, han ido cubriendo algunas omisiones o dando pautas para resolver los conflictos que se presentan”, señala. 

La suerte del distrito de José Leonardo Ortiz no ha cambiado. Pareciera que un embrujo o quizá los errores de sus propios habitantes lo mantienen condenado a una realidad caótica, a los problemas que año tras año, lejos de corregirse son más difíciles de solucionar. Pareciera que las 10 plagas llegaron para quedarse en José Leonardo Ortiz.

El distrito vive una tragedia, sus calles son el reflejo de muchos años de incapacidad municipalidad, de desorganización vecinal y de falta de interés por la situación que se atraviesa.

LA OBRA DE SAN CARLOS

Uno de los panoramas más tristes es el que se vive en las calles de la Urbanización San Carlos, donde el municipio distrital, en convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, retomó la ejecución de las obras de agua y saneamiento que quedaron paralizadas en la administración del exalcalde Raúl Cieza Vásquez.

Fueron diversas las gestiones que el gobierno del actual burgomaestre, Epifanio Cubas Coronado, tuvo que realizar para que el Ministerio de Vivienda le otorgara los cuatro millones 718 mil 512.11 soles para concluir los trabajos de saneamiento básico.

“Lo que hemos hecho es lo que el Ministerio de Vivienda nos indica, porque la obra se financió y ejecutó en convenio y quedó paralizada en la anterior gestión. Lo que hemos hecho es el corte de la obra, una pericia contable y técnica y la denuncia penal contra quienes resulten responsables por ese proceso, porque ahí hasta hubo cartas fianzas de entidades no acreditadas”, explica Cubas Coronado.

En el proceso de contratación para la culminación del proyecto de agua y saneamiento, el Órgano de Control Interno – OCI, de la comuna leonardina, advirtió en abril pasado, con el Informe de Acción Simultánea N° 001-2017, de hasta ocho presuntas irregularidades, entre ellas que el postor ganador de la buena pro no cumplía con los requisitos mínimos e incluso que se habría direccionado la licitación.

La obra está a cargo del Consorcio Hidráulico Lambayeque, integrado por las empresas SEAMPA & CIA. SAC, Constructora Fortaleza SAC y Constructora San Sebastián Piura SAC.

LOS TRABAJOS

El alcalde estima que en los próximos dos meses debe concluirse con los trabajos de renovación de las redes y alcantarillado, los que hasta el momento presentan retrasos, pero además un nulo manejo del impacto medioambiental.

En las calles Nicolás de Ayllón, Tahuantinsuyo o España, por ejemplo, las aguas negras se mantienen acumuladas, al igual que los montículos de tierra que impiden el libre tránsito de vehículos y peatones. En algunas cuadras, los propios vecinos han rellenado las zanjas con adobes ante la inoperancia de los responsables de la obra.

“Como es obra paralizada es todo un problema para los vecinos y para la empresa misma, pero ahí están avanzando. La incomodidad que generan es todo un problema, pero tenemos que sanear, saldar esa obra sí o sí, para que después hablemos de la pavimentación de San Carlos. Eso se terminará a fin de año. Lo que pasa es que los alcantarillados siempre generan malestar por lo que las calles se hacen intransitables y los comercios no pueden realizar sus actividades, pero tiene que darse sí o sí la solución, porque de lo contrario esa obra paralizada seguirá causando colapso en los desagües”, afirma el edil.

Por la renovación de la red de saneamiento básico en San Carlos se mantiene cerrado el carril derecho de la Avenida Augusto B. Leguía, entre las avenidas Balta y Luis González, lo que origina el congestionamiento vehicular.

En la calle Tahuantinsuyo, el consorcio ejecutor ha instalado los buzones que se deben colocar para el sistema de desagüe, zona que además está colmada de basura y aguas servidas.

TONELADAS DE BASURA

Los problemas de José Leonardo Ortiz son conocidos, siendo los más agudos la acumulación de basura en las calles, el caos vehicular y la inseguridad.

“No podemos recoger toda la basura. Yo no puedo alquilar volquetes porque no tenemos recursos”, reconoce el alcalde.

Se estima, que en las calles del distrito hay desperdigadas mil toneladas de basura, cuyo recojo es prácticamente imposible debido a que el municipio no cuenta con la capacidad operativa ni logística para ello.

Actualmente, la comuna tiene dos compactadoras y siete volquetes, dos que dejó la anterior gestión municipal y cinco que adquirió el año pasado la administración de Epifanio Cubas, también con irregularidades en el proceso.

La Oficina de Control Interno de la municipalidad realizó una auditoría a la compra y determinó que se sobrevaloró las unidades y que el procedimiento fue direccionado. A 628 mil 330 soles asciende lo pagado por la comuna a la empresa Toyohatsu SA.

Las principales avenidas del distrito están colmadas de desperdicios. Las avenidas Dorado, Kennedy, México, Bolívar y las calles adyacentes al mercado de Moshoqueque presentan montículos de basura, lo mismo que otras arterias como Cornejo y Salas, además de la Avenida Chiclayo, donde los residuos ocupan casi la totalidad de los carriles.

“Necesitamos viabilizar la transitabilidad en nuestro distrito, la gente ya no resiste, está indignada, los transportistas no quieren ingresar a nuestra jurisdicción por la condición de las calles. Llamamos a las autoridades a la reflexión para que nos ayuden”, señala Epifanio Cubas.

Proceso lento

“Nosotros presentamos un proyecto al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, para la compra de maquinaria, pero desgraciadamente la ley indica que para que se otorgue el financiamiento para la compra de maquinaria se tiene que tener dos requisitos como mínimos: un centro de acopio y un relleno sanitario. Eso nos ha imposibilidad comprar maquinaria vía inversión del Estado”, explica Cubas Coronado.

Añade que ante el inconveniente, el municipio transfirió el proyecto al Gobierno Regional de Lambayeque y este ha logrado el financiamiento.

“Pero todo tiene un procedimiento y, por lo menos, va a demorar tener esa maquinaria en nuestro poder un promedio de tres meses y mientras dure ese tiempo yo le estoy pidiendo a la región que continúe con el recojo de la basura en la Avenida Chiclayo con sus unidades, y al Ministerio de Vivienda para que nos apoye con sus nueve volquetes”, manifiesta.

La reciente paralización de los obreros municipales por el incumplimiento en sus remuneraciones agravó la situación, en tanto el Ministerio de Vivienda ha respondido que su ley orgánica no les faculta al recojo de basura.

“En Leonardo Ortiz por un tema de emergencia, por la falta de maquinaria, sí ameritaría que se no dé la maquinaria de Vivienda (nueve volquetes), porque dejar la basura en las calles es motivar a que se presente una epidemia o un accidente aéreo por la proliferación de gallinazos cerca al aeropuerto. Les he comunicado a las autoridades de Vivienda que nos urge este apoyo, dado a que nosotros pagamos al erario nacional, pagamos al fisco, y esa maquinaria es comprada con plata del Estado. Deben darnos esa maquinaria no solo para el recojo de los residuos sólidos, sino también para nivelar las calles”, manifiesta.