El Primer Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, a cargo de la fiscal Ana Tiravanti Martínez, acusó a Carlos Fernando Ruiz Gonzales por el delito contra la fe pública en sus figuras de falsificación y uso de documentos falsos, de los que se habría valido para mantener en su poder el inmueble ubicado en la cuadra cuatro de la Avenida José Balta que perteneciera al recordado médico chiclayano Juan de Dios Ruiz Murgueitio.

En el caso también ha sido denunciado el abogado Candelario Carhuatanta, quien según el Ministerio Público redactó escritos a nombre de Laura Cristina Ruiz de Ruiz, donde esta supuestamente se dirigía al juez del Segundo Juzgado Civil de Chiclayo para informar que le había vendido su participación accionarial de la vivienda (obtenida por herencia), solicitar notificaciones procesales y apelar los actuados en el proceso iniciado por la administración del bien.

“Se atribuye al acusado Carlos Ruiz Gonzales haber falsificado la firma de la señora Laura Cristina Ruiz de Ruiz en los escritos (…) presentados en el Expediente Judicial N° 5319-2005, seguido ante el Segundo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, hecho que ha sido realizado con la participación de Candelario Carhuatanta Hernández, quien ha suscrito los documentos en calidad de abogado”, señala la acusación fiscal.

HISTORIA DEL CASO

Al fallecer en 1986, el reconocido médico Juan de Dios Ruiz Murgueitio dejó en herencia una valiosa propiedad ubicada en el centro de Chiclayo, específicamente en la cuadra cuatro de la Avenida José Balta, y que de acuerdo a su testamento debía ser compartida entre sus hijos y uno de sus nietos, al que conforme a su última voluntad le correspondía un tercio del total del bien. Sin embargo, una serie de anomalías sucedidas en el tiempo han impedido que los beneficios hagan usufructo del patrimonio, llegando el caso al Poder Judicial, que tras años de litigio resolvió designar una administración.

El proceso se inició en el 2005, ante el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, al que se apersonó Lily Ruiz Villamar, primera hija de Ruiz Murgueitio y quien no fue incluida en el testamento, para reclamar la administración judicial del inmueble, en cautela de los derechos de su madre con quien el médico estuvo casada.

La acción se inició porque el bien era aprovechado en su totalidad por Carlos Ruiz Gonzales, otro de los hijos, quien además cobraba los alquileres de las tiendas comerciales ubicadas en el primer nivel del edificio, signadas con el número 436, 456, 460 y 464 de la Avenida José Balta.

El valor total de la propiedad asciende a más de dos millones y medio de dólares considerando el área construida y la ubicación. En el segundo nivel hay una casa completa, con cuatro dormitorios, al igual que en el tercer piso.

LOS HEREDEROS

De acuerdo al testamento, son legatarios de Ruiz Murgueitio sus hijos, los hermanos Jorge (ya fallecido), Carlos (quien ocupa la propiedad), José (residente en Lima), Juan de Dios, (también residente en Lima), Luis, (que vive en Estados Unidos), y Elsa Ruiz Gonzales, (quien también vive en el edificio). A ellos se suman los otros hijos del médico, los hermanos Raúl, Toribio, Cristina y Elba Ruiz Alva; Juana Ruiz Chimpén y Laura Cristina Ruiz de Ruiz, además de su nieto Luis Ruiz Orrillo, residente en Canadá.

Para dilatar el proceso iniciado ante el Poder Judicial para que se asigne una administración del inmueble que otorgue beneficios compartidos a todos los legatarios, Carlos Ruiz Gonzales hizo uso de documentos falsos, conforme su propia declaración ante la fiscal Ana Tiravanti Martínez.

Su hermana, Laura Cristina Ruiz de Ruiz denunció que este, con el apoyo del abogado Candelario Carhutanta, presentó hasta seis documentos falsos ante el Segundo Juzgado Civil, con el objetivo de dilatar el proceso y permitir que este continúe con el control absoluto de la propiedad.

Según la acusación formulada por el Ministerio Público los documentos fraguados son los que obran en el expediente del proceso por administración con las siguientes fechas: 4 de noviembre del 2014, 28 de noviembre del 2014, 16 de enero del 2015, 26 de mayo del 2015, 16 de septiembre del 2015 y 2 de octubre del 2015.

LA CONFESIÓN

Carlos Ruiz Gonzales reconoció en su declaración dada el pasado 24 de abril pasado, ante la fiscal Ana Tiravanti Martínez, haber presentado seis escritos ante el Segundo Juzgado Civil en los que falsificó la firma de Laura Cristina Ruiz.

“Reconozco haber presentado dichos escritos y que la firma que aparece a nombre de Laura Cristina Ruiz de Ruiz fue dibujada por mi persona con conocimiento y autorización de Laura. Quien conoce de esto a plenitud es su esposo Abraham Humberto Ruiz Bautista y él es testigo de la autorización”, reza la declaración.

Según el acusado, su hermana le vendió sus acciones como heredera del edificio y que “al no querer realizar ningún gasto” le autorizó la falsificación de su firma en el escrito presentado ante el juzgado civil. De acuerdo a su propia declaración, compró las acciones de Laura Ruiz de Ruiz en octubre del 2007.

Ruiz Gonzales acotó que otros cinco hermanos le donaron sus acciones y derechos sobre la propiedad.

“De mi parte no ha existido dolo, considero no haberle causado perjuicio a la denunciante, que fue con su autorización y conocimiento”, añadió en su declaración.

Por su parte, el abogado reconoció en su declaración, dada el 16 de noviembre del año pasado, que elaboró los documentos y los entregó a Ruiz Gonzales para que este los haga firmar por su hermana.

EL DELITO

Para el Ministerio Público, los hechos atribuidos a Carlos Ruiz Gonzales y Candelario Carhuatanta Hernández, se encuadran bajo los alcances del delito contra la fe público en sus figuras de falsificación y uso de documento privado falso, previstos y regulados en el Artículo 427 del Código Procesal Penal, donde se establece que: “El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portar (…)”.

En función del análisis de la ilicitud cometida, la Segunda Fiscalía Provincial Penal ha solicitado para Carlos Ruiz Gonzales y Candelario Carhuatanta Hernández, la pena de cuatro años de prisión efectiva y sesenta días multa por la comisión del delito de falsificación de documentos y cuatro años de pena privativa de la libertad y sesenta días multa por la comisión del delito de uso de documento privado falso, haciendo un total de seis años de pena privativa de la libertad efectiva y ciento veinte días multa en concurso real por cada uno de los delitos cometidos en agravio de Laura Cristina Ruiz de Ruiz.

Asimismo, el Ministerio Público pide el pago de cinco mil soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

OTRO CASO

Por otro lado, la misma fiscalía con la Disposición N° 2, del 2 de agosto del 2017, decidió formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Carlos Ruiz Gonzales y Luis Gómez Paredes por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos en agravio de Juan de Dios Ruiz Gonzales, otro hermano del denunciado.

Asimismo, que se investigue a Carlos Ruiz por la presunta comisión del delito de apropiación ilícita.

La decisión fiscal se motiva debido a que el abogado Luis Gómez Paredes presentó el 9 de abril del 2015, en el Expediente N° 5319-2015-0-1706-JR-CI-02, (el caso de administración judicial de la casa de la Avenida Balta), habiendo tomando el nombre de Juan de Dios Ruiz Gonzales, falsificando su firma.

“Se imputa este delito a los señores Luis Felipe Gómez Paredes, quien en su declaración reconoció como suyo el escrito de fecha 9 de abril del 2015, que fue presentado ante el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo y Carlos Ruiz Gonzales, quien también indicó en su declaración que firmó el documento antes mencionado en representación de su hermano Juan de Dios Ruiz Gonzales”, señala la disposición fiscal.

El Ministerio Público precisa que el delito de apropiación ilícita se imputa contra Carlos Ruiz Gonzales debido a que este se habría beneficiado de los frutos percibidos de los arriendos de los locales que pertenecen a la masa hereditaria. 

Además, presuntos actos de corrupción siguen a la orden en municipio de José Leonardo Ortiz, a tal punto que ex hombre de confianza de alcalde Epifanio Cubas Coronado, Yuri Castillo Castañeda, permitió que la madre de su hijo asuma la gerencia de administración cuando él era subgerente de Recursos Humanos. Burgomaestre guarda silenció  

Frente al rosario de denuncias de presuntos actos de corrupción al interior de la Municipalidad del distrito de José Leonardo Ortiz en obras públicas, licitaciones y adquisiciones, otras dos más se suman a la larga lista, y los regidores -una vez más- invocan la intervención de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía Anticorrupción.

Uno de los nuevos presuntos actos de corrupción es que el ex funcionario de confianza del alcalde Epifanio Cubas Coronado, Yuri Leonardo Castillo Castañeda, quien hasta la quincena del mes de julio pasado se desempeñó como subgerente de Recursos Humanos de la comuna leonardina, habría permitido laborar a la casa edil a la madre de su hijo, asignándole el cargo de gerente de administración.

Otro acto castigado penalmente y que atenta contra la confianza y economía de los leonardinos, sería el supuesto mal estado de la ejecución de la obra de construcción en concreto armado de cinco cuadras de la calle España, la cual presente rajaduras, desniveles y deterioro por presunta mala calidad de los materiales utilizados.

A pesar que los vecinos dieron la alerta, la autoridad municipal inauguró la obra con “bombos y platillos” el sábado 16 de setiembre último, sin importarle que se estaba coludiendo en un presunto ilícito.

Sin embargo, por medio de la Oficina de Relaciones Públicas, por medio de correo electrónico y en nota de prensa, se hace saber que el gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, César Caicay Bernuy, pone las manos al fuego por la buena calidad y ejecución de la obra denominada "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de la calle América tramo: calle el Dorado hasta la calle Panamá", y que no existe ningún argumento técnico que ponga en tela de juicio su construcción.

Se indica que César Caicay Bernuy enfrenta a los regidores de oposición, señalando que los cuestionamientos que formulan carecen de fundamento técnico y ponen en evidencia su desconocimiento sobre ingeniería.

¿CÓMPLICE?

Ante ello, el regidor Marino Olivera Cruzado sostuvo que a lo largo de los dos años y nueve meses de gestión municipal, cada uno de los presuntos actos de corrupción han sido puestos en conocimiento de la autoridad municipal, pero a la fecha no ofrece una respuesta sobre las acciones que habría tomado frente a los marcados verbos rectores jurídicos de nepotismo, peculado, colusión y malversación de fondos.

Lo que llama la atención –señala Marino Olivera- es que sobre los temas denunciados públicamente, hasta la fecha el Procurador Público de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, no pone en práctica los principios de probidad y  transparencia, y mucho menos demuestra los hechos que habrían sido puestos en conocimiento de la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción.

En el nuevo presunto acto de corrupción – explica- fueron los vecinos de las cuadras 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la calle América, los que cuestionaron las deficiencias en algunos tramos de la obra, pero llama la atención que la Procuraduría Municipal se mantenga al margen y ni siquiera cumple con solicitar la presencia de la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción, para que en forma inmediata e in situ se inspeccione la obra, la cual presente rajaduras, desniveles y deterioros.

Además, agrega que a pesar de ser voz populi -en la comuna - las acciones del ex funcionario Yuri Castillo Castañeda y su ex pareja sentimental, Mónica Delgado Peña, el Procurador Municipal no habría realizado ninguna investigación, con el objetivo de obtener la mayor cantidad de pruebas y proceder con las denuncias penales correspondientes, al verse afectado los interese económicos de José Leonardo Ortiz.

El fiscalizador recordó que durante las gestiones municipales de los ex alcaldes: Javier Castro Cruz, Carlos Morales Sosa y Raúl Cieza Vásquez, Epifanio Cubas Coronado cumplía funciones de regidor, y se había convertido en una tenaz fiscalizador que ni bien se enteraba de algo corría a los medios de comunicación para hacer denuncia pública, pero ahora que ya es alcalde, el actuar de la autoridad edil es muy distinto, a tal punto que apañaría o escondería todo presunto acto ilícito.

PRESUNTO NEPOTISMO

Uno de los casos que a la fecha se mantiene latente y que hasta el momento el alcalde Epifanio Cubas habría obviado responder, es el presunto delito de nepotismo que habría cometido su ex hombre de confianza, Yuri Leonardo Castillo Castañeda, al permitir la contratación de su ex pareja sentimental y madre de su hijo, Mónica Delgado Peña, para que ocupe el cargo de gerente de administración.

“Si bien es cierto, Yuri Castillo no fue la persona que contrato en el cargo de gerente de administración a Mónica Delgado, el señor Castillo Castañeda debió observar esa contratación porque en ese momento él era el subgerente de Recursos Humanos y permitió que se firme el contrato y se le asigne responsabilidades y funciones a la señora Mónica Delgado”, indicó.

De igual manera, añade que producto de la relación, Yuri Castillo y Mónica Delgado tienen un hijo que en la actualidad cuenta con seis años de edad.

DINERO

Pero eso no es todo. Durante los días 19 y 20 de junio pasado, Yuri Castillo Castañeda y Mónica Delgado viajaron en comisión de servicio a la ciudad Lima, para realizar gestiones a nombre de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, ante la SUNAT y el Ministerio de Economía y Finanzas –MEF.

Cada uno – de acuerdo a información del área de tesorería –  recibió la suma de 740 soles por gastos de estadía, muy aparte de los gastos de pasajes. Es el caso que según comprobantes de pago N° 1377 y N° 1378, los dos funcionarios realizaron las mismas gestiones pero rindieron cuentas de gastos por separado. Yuri Castillo gastó 151 soles por concepto de movilidad diversa, pero Mónica Delgado tuvo un gasto de 162 soles.

“Por dos días de alojamiento, cada uno rindió un gasto de 260 soles, cuando en el hotel que se alojaron el día hotelero tiene un valor 90 soles la habitación matrimonial y 60 soles la simple”, indicó.

Lo que también llama la atención es que por concepto de alimentos cada uno rindió gastos por 140 soles; sin embargo, Yuri Castillo gastó 99 soles más al consumir algunos otros platos que estaban fuera del menú.

CALLE AMÉRICA

Otro escándalo de presunta corrupción, es la reciente inauguración de la  obra denominada "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de la calle América tramo: calle el Dorado hasta la calle Panamá", cuya inversión fue de 1 millón 770 mil soles, la cual presenta fisuras en la loza, desnivel y deterioro de la parte superficial del concreto.

El regidor Marino Olivera reveló que el último sábado fue invitado para participar en la inauguración de cinco cuadras de la calle América, pero grande fue su sorpresa cuando vecinos de la zona comenzaron a protestar debido que en la lozas de concreto de la pista se aprecian fisuras. Además, el drenaje pluvial no tiene punto de evacuación.

De igual forma, los buzones que se ubican en la parte céntrica de la pista se encuentran sin tapas. Además, en algunos tramos de la pista existen parches y desmonte en cada una de las intersecciones que impiden el normal desplazamiento de los vehículos que ingresan y salen del mercado Moshoqueque.

“La obra de cinco cuadras le ha costado al Estado y a los leonardinos un millón 770 mil 958.98 soles y a pesar de las deficiencias fueron inauguradas el sábado último. Además, la obra aún no ha sido recepcionada por la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, pero el alcalde ya la inauguró. 

CULPAN A CAMIÓN

Olivera Cruzado detalla que ante la denuncia del vecindario, fue hasta uno de los representantes de la constructora Hidrovias S.A, Robinson Tapia, quien sostuvo que el daño causado a la pista había sido provocado por un camión que había cruzado por la zona, y para subsanar la falla ya se había colocado aguaje.

“Es algo increíble lo que ocurre en José Leonardo Ortiz, pero más increíble es que hasta el momento la Fiscalía Anticorrupción no intervenga. La respuesta del camión resulta increíble, sabiendo que si un vehículo que circuló por el lugar causó daño a la pista de concreto, no me imagino el daño que causarán en la vía los camiones que en los próximos días circularán por la zona, sabiendo que es lugar de tránsito pesado, así como carga y descarga en el mercado Moshoqueque”, sostuvo.

Jorge Olivera detalla que por el momento ya se ha hecho la denuncia pública y junto a un grupo de regidores han solicitado a través del alcalde Epifanio Cubas, que el ingeniero residente, así como el responsable de la empresa supervisora realicen sus respectivos informes, y éstos sean elevados a la Contraloría y al Ministerio Público.

“En la petición también estamos solicitando que en la propia obra la Contraloría y el Ministerio Público realicen las pruebas de diamantina y calicatas, con el objetivo que en un estudio de suelo y materiales se pueda determinar la calidad de los productos empleados, así como de los materiales y si se ha respetado el perfil técnico”, resaltó el regidor Olivera.

Agrega que el alcalde Epifanio Cubas Coronado les ha hecho conocer a través de funcionarios del área de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, que la obra tiene una garantía de siete años, pero conforme se están presentando las acciones, pareciera que la obra de la calle América tendría una garantía de siete días, tan igual como ocurrió con la obra de la avenida Sáenz Peña, entre la avenida México y Augusto B. Leguía, donde el Estado invirtió más de medio millón de soles para nada.

OBRA DE AV. SÁENZ PEÑA

A su turno, el regidor Isael Bustamante Medina recordó que en el mes de febrero pasado, al agua se fue más de medio millón de soles de los sufridos leonardinos, en la obra de mejoramiento de transitabilidad vehicular de la Av. Sáenz Peña, en el tramo de la Av. Leguía hasta la  Av. México, que entre los meses de junio a agosto del año 2016 ejecutó e inauguró el alcalde Epifanio Cubas Coronado, a través de la empresa Consorcio Perú, la que, según los contratos que obran en poder de los archivos de la comuna leonardina, estuvo integrada por las empresas Silaca Perú S.A.C, Seteger Construcciones E.I.R.L y DCN Perú S.A.C.

En la actualidad la obra se encuentra totalmente destruida a causa del empozamiento de aguas pluviales pasadas y colapso de los desagües debido al mal estado del sistema de alcantarillas; sin embargo, antes de ello, dicha construcción tuvo una serie de cuestionamientos y hasta alertas de control por parte del Órgano de Control Interno, sin que nadie haga caso e incluso el mismo alcalde Epifanio Cubas Coronado, no hizo nada por detener el proceso de construcción para que se hagan las correcciones técnicas y de calidad que en esos momentos se reclamaban.

Lo más grave del problema es que a seis meses que la obra se puso en operatividad, ha quedado totalmente destruida. Ahora, existen enormes huecos, no existe la carpeta asfáltica y la zona es  imposible para el tránsito vehicular. 

Sin embargo, ante ello, regidores de la minoría de la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz se reunieron en sesión de concejo y propusieron tomar un acuerdo de concejo con el objetivo de dar facultades al Procurador Municipal de la comuna leonardina para que denuncie civil y penalmente a la empresa constructora y los funcionarios que resulten responsables por la pérdida y afectación a los leonardinos en más de medio millón de soles, pero hasta la actualidad la denuncia se mantiene estancada. 

OÍDOS SORDOS

Isael Bustamante Medina y su homólogo, Marino Olivera Cruzado, recordaron al alcalde Epifanio Cubas Coronado que la mencionada obra fue objetada desde mucho antes de su construcción e incluso se advirtió que no duraría en el tiempo, y se le advirtió que no duraría más de dos años, lo cual en ese momento sonó como una burla hacia la autoridad municipal, pero el tiempo se encargado de darles la razón.

Bustamante Medina recordó que el 20 de enero pasado hizo llegar una carta notarial al alcalde Epifanio Cubas con la finalidad de encontrar respuesta a una serie de interrogantes, a la ejecución de la obra  de la Av. Sáenz Peña al existir denuncias de deterioro como levantamiento de la carpeta asfáltica tipo “piel de cocodrilo” producto de la presunta mala calidad de los trabajos y materiales utilizados, y ante la presunta falta de supervisión.

Además, explica que los trabajos se iniciaron a pesar que el Órgano de Control Institucional –OCI- de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, advirtió serias falencias en el proceso de licitación, y de eso no es ajeno el alcalde Epifanio Cubas Coronado.

“La OCI hizo constar que los funcionarios de la comuna leonardina no alcanzaron la documentación relacionada con la obra. La petición se hizo de manera reiterada y formal e incluso el alcalde Epifanio Cubas debe recordar que a él también se le informó sobre estas limitaciones e incluso, no se tuvo acceso a la información en el momento que se requirió. Es más, hasta el momento no hay una respuesta oficial”, hizo conocer el fiscalizador.

Detalla que en la carta notarial que hizo llegar el pasado 20 de enero, al alcalde le hizo conocer que todo el problema de la pésima ejecución de la obra de transitabilidad de la Av. Sáenz Peña, gira inicialmente en torno al proceso de adjudicación simplificada N° 003-2016-MDJLO/CSO la que en su momento fue denominada “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la Av. Sáenz Peña entre al Av. Leguía y la Av. México, así como el jirón  San Martín entre la Av. Méjico-Av. Venezuela”, con un valor referencial de 566 mil 741.83 soles, los que a seis meses de su inauguración, se han ido literalmente al agua.

DELICADAS OBSERVACIONES

Isael Bustamante explica que la responsable de Control Interno de la casa edil leonardina emitió el informe de acción simultánea N° 003-2016-OCI/2129-AS, en el cual se nombran tres acciones que levantarían suspicacias que hacen presumir la poca transparencia del desarrollo y ejecución de la obra.

“Las dos primeras observaciones hechas por la OCI y sustentados en su informe, le son atribuidos al Comité de Selección que en ese momento era presidido por el gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano del municipio de José Leonardo Ortiz, Iván Chafloque Montenegro, y sus integrantes Víctor Eduardo Sánchez Torres, en calidad de subgerente de Infraestructura,  y Percy Francisco Morales Vásquez como subgerente de Logística”, sostuvo el fiscalizador.

El OCI advertía –señala- que el comité antes descrito elaboró las bases integradas para el proceso en cuestión, sin tener en cuenta lo que se establecía en las bases estándar.

“La OCI menciona algunos vicios en los requisitos de la convocatoria como el no haber precisado la cantidad de personal que recibirá la capacitación, así como considerar información que no estaba establecida en las Bases Estándar en cuanto al perfil del capacitador, teniendo en cuenta que la obra superaba el medo millón de soles”, señaló.

Como segunda falta –explica- la OCI refiere que los miembros del comité de selección no integraron adecuadamente las bases. Además, no adjuntaron las cartas emitidas por el órgano encargado de las contrataciones para el formato sobre resumen ejecutivo de posibilidades que ofrece el mercado a fin de verificar la pluralidad de postores.

“La OCI también menciona que en el procedimiento de selección publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE- se consignaron dos horarios de presentación de ofertas, lo cual habría dado lugar a confusiones entre los participantes, y es por ello que no habrían existido más postulantes con más ofertas que puedan favorecer a los gastos de los dineros de los vecinos leonardinos”, señaló.

Agrega que el informe de la OCI deja constancia que el equipo auditor no tuvo acceso al expediente de contratación ni a la información sobre la etapa de presentación de ofertas, evaluación y calificación y otorgamiento de la buena pro, por parte de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, lo que hace presumir que algo extraño había en la ejecución de esa obra.

“La información requerida no fue entregada porque no hubo autorización, presuntamente, por parte del ingeniero Iván Chafloque Montenegro, presidente del comité de selección de ese momento”, sostuvo.

Finalmente, Isael Bustamante deja en claro que la petición de la información de la mencionada obra se solicitó mediante el cursado de seis cartas e incluso, un memorándum por parte del mismo burgomaestre, a quien –presuntamente- tampoco le habrían hecho caso. Todo eso –dijo- ocurrió en el mes de mayo del año 2016, mucho antes que la obra se ejecute y todo se encontraba en plenos trámites, y en la actualidad la obra no existe y hasta el momento ningún funcionario y mucho menos la autoridad municipal es investigada.

SE ENFRENTA A REGIDORES

Periodistas del Semanario Expresión fueron hasta la casa edil en busca del alcalde Epifanio Cubas Coronado para obtener respuestas a los cuestionamientos en cuanto a las obras que ejecutó, pero se informó que no se encontraba en la comuna por estar realizando gestiones fuera de la ciudad.

Sin embargo, a las pocas horas y a través de la Oficina de Relaciones Públicas, por medio de correo electrónico, se hizo llegar nota de prensa en la que se hace saber que el gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, César Caicay Bernuy, pone las manos al fuego por la buena calidad y ejecución de la obra denominada "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de la calle América tramo: calle el Dorado hasta la calle Panamá", y que no existe ningún argumento técnico que ponga en tela de juicio su construcción.

Se indica que César Caicay Bernuy enfrenta a los regidores de oposición, señalando que los cuestionamientos que formulan carecen de fundamento técnico y ponen en evidencia su desconocimiento sobre ingeniería.

“La crítica no sustenta aspectos sobre la construcción, sino de forma lo cual es una percepción general y empírica. No es cierto que las seis cuadras de la calle América tengan grietas e invito a cualquier persona que realice un recorrido y comprobará que esa afirmación es falsa. Otra crítica que se formula es que existiría hundimiento en la pavimentación, lo cual no es cierto”, señaló el funcionario.

César Caicay enfila baterías contra los regidores y les dice –según el documento informativo- que sus declaraciones no tienen sentido e incluso les dice que cualquier estudiante de los primeros ciclos de ingeniería civil, sabe que eso es imposible que ocurra algún tipo de deterioro y contaminación.

Agrega que en la pavimentación de parte de la calle América se colocado una geomalla, con el objetivo de darle mayor resistencia y evitar hundimientos, además de protegerla en época de lluvia.

Sin embargo, tras negar que existan deficiencias en la obra, se contradice y se señala que las observaciones han sido fácil de subsanar. “Las grietas que aparecieron en algunos paños de la obra han sido resanados con un aditivo que técnicamente se usa para estos casos”. 

Rudecindo Altamirano Sánchez es un jubilado que a los 90 años de edad sigue sin hallar justicia. En el 2011 demandó a la Oficina de Normalización Previsional – ONP, la asignación de una pensión por sus años de aporte como trabajador dependiente, tuvo que recurrir hasta la Corte Suprema de la República para que se le reconozca el derecho, logró el fallo a su favor y cuando finalmente la ONP le notificó que empezaría a pagarle lo que le corresponde, la misma entidad emitió una resolución administrativa desoyendo el mandato judicial y negándose a su cumplimiento.

El 13 de abril del año pasado, con Resolución N° 25 los jueces Manuel Huangal Naveda, Enrique Rodas Ramírez y Edwin Figueroa Gutarra, integrantes de la Primera Sala Laboral de Lambayeque, revocaron la sentencia del 9 de octubre del 2012, emitida por el Cuarto Juzgado Especializado de Trabajo, que declaró infundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por Rudecindo Altamirano Sánchez contra la ONP y, reformándola, declararon fundada en parte la pretensión del jubilado, ordenando que la Oficina de Normalización Previsional cumpla con emitir una nueva resolución, reconociendo en ella 19 años de aportaciones adicionales a los tres años y ocho meses que inicialmente le había validado la entidad, debiendo contabilizarse en total 22 años y ocho meses para que le otorgue la pensión conforme al régimen 19990 y proceda, además, al pago de pensiones devengadas e intereses legales.

“En el 2011, ante el Cuarto Juzgado Laboral de Chiclayo, se interpuso una demanda contra la ONP para que cumpla con reconocer una pensión de jubilación, el pago de devengados e intereses a favor de mi patrocinado Rudecindo Altamirano. Ese año iniciamos la batalla titánica contra esta dependencia del Estado, proceso que inclusive fue en casación a la Corte Suprema de la República, la misma que nos dio la razón y ordenó a la Primera Sala Laboral de Lambayeque que emita un nuevo fallo, reconociendo el derecho a favor de mi patrocinado”, comenta el abogado José Asunción Reyes.

Precisa que la nueva sentencia de la Primera Sala Laboral de Lambayeque era en última instancia y sobre ella no surtía efectos ningún otro recurso, por lo que se le declaró consentida y ejecutoriada, retornando al Cuarto Juzgado Laboral para que se le dé cumplimiento.

ACATAMIENTO DEL FALLO

Ateniendo el mandado judicial, la ONP emitió la Resolución N° 0000028377-2017-ONP/DPR.GD/DL19990, del 19 de julio de este año, en la que concluyó otorgar la jubilación definitiva a partir del 1 de julio del 2001 a Rudecindo Altamirano, por un monto de 415 soles, más 50 soles de bonificación permanente dispuesta por el Decreto Supremo N° 207-2007- E, a partir del 1 de enero del 2008, y el monto de 103.75 soles por concepto de bonificación por edad avanzada a partir del 1 de julio del 2016, reconociéndole 22 años y ocho meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones.

Sin embargo, en un acto sin precedentes, el 1 de agosto pasado, el jubilado fue notificado de la Resolución Administrativa N° 000005212-2017-ONP/DRP.IF/DL19990, la que suspende el pago de la pensión a partir de septiembre de este año, pese a existir el mandato judicial que le resultó favorable.

Asunción Reyes explica que no se puede volver a cuestionar aspectos que ya fueron ventilados en sede judicial por el principio de plena jurisdicción; es decir, el juez especializado en lo contencioso administrativo se pronunció sobre el fondo del conflicto administrativo, dando por concluido este, tal cual lo establece el Artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo.

“La sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función de la pretensión planteada lo siguiente: El restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada, aun cuando no haya sido pretendidas en la demanda”.

Además, remarca lo señalado por el inciso 2 del Artículo 139 de la Constitución Política del Perú y el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que indican que las resoluciones judiciales deben ser cumplidas por el personal al servicio de la administración pública, sin que estos puedan calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa; estando obligados a realizar todos los actos para la completa ejecución de la resolución judicial.

ARGUMENTO DE LA SUSPENSIÓN

Según la ONP, en la evaluación de la documentación y/o información del expediente administrativo correspondiente a Rudecindo Altamirano Sánchez se ha comprobado la falsedad del Libro de Planillas de Sueldos atribuido al empleador Andrés Espinoza Piscoya, por el período comprendido de enero de 1973 a diciembre de 1984, el mismo que sirvió de sustento entre otros, para obtener la pensión de jubilación solicitada.

“La institución dispuso acciones de control posterior y operativos para la verificación de la información y documentación presentada por los administrados, cuyas solicitudes se encuentren en trámite y a los que ya habían obtenido la pensión de jubilación, estando dentro de estos don Rudecindo Altamirano Sánchez. (..) No obstante el fallo judicial emitidos a favor de don Rudecindo Altamirano Sánchez, la administración considera que dados los antecedentes de irregularidad, el presente procedimiento debe estar sucedido por un mecanismo de control posterior, a fin de constatar la veracidad de la documentación que obra en el expediente”, señala la resolución de la ONP del 1 de agosto, con la que se suspendió el pago pensionario al jubilado.

“En su nueva resolución la ONP expone los mismos argumentos que ya fueron materia de controversia, contradicción y debate probatorio referidos a la validez de los años de aporte. Eso ya se debatió, ya se analizó, ya fue objeto del debido proceso, por lo tanto la ONP no puede revivir cuestiones que ya fueron materia de pronunciamiento judicial, ya no puede cuestionar aportes o falta de aportes bajo los mismos hechos que ya se ventilaron en el Poder Judicial, porque este, conforme al principio de plena jurisdicción no solo declara nulos los actos que vulneran los derechos fundamentales, sino también se pronuncia sobre el derecho mismo, sustituyendo a la administración en esa función. El Poder Judicial ya analizó, ya verificó y dijo que le corresponde la pensión, contra eso ya no hay nada que hacer. En mis años de experiencia es la primera vez que veo tal desacato ante un mandato judicial. No solo se está cometiendo una aberración jurídica, también se pone en peligro la subsistencia de mi patrocinado”, señala el abogado.

SANCIONES A LA ONP

El 3 de julio de este año, con Resolución N° 31, la juez Sunciona Cavero Flores, del Cuarto Juzgado Laboral, declaró infundado el pedido de inejecutabilidad del mandato judicial solicitado por la Oficina de Normalización Previsional – ONP, respecto al fallo que emitió la Primera Sala Laboral de Lambayeque a favor de Rudecindo Altamirano.

En concreto, la jueza ordenó que la ONP cumpla con lo ejecutoriado mediante la sentencia de vista contenida en la Resolución N° 25, del 13 de abril del 2016, en el plazo de cinco días bajo apercibimiento de imponérsele la multa compulsiva y progresiva de diez Unidades de Referencia Procesal – URP.

El 21 de septiembre del 2016, el Cuarto Juzgado Laboral, entonces a cargo del juez José Ventura Cava, emitió la Resolución N° 27, con la que ordenó hacer efectivo el apercibimiento decretado con la resolución precedente, multando a la ONP con una URP, porque esta hasta ese momento no había expedido la resolución administrativa reconociendo a favor de Rudecindo Altamirano los 19 años de aportaciones adicionales al período que inicialmente le había validado.

“Con las resoluciones 27, 28, 29 y 30 el Cuarto Juzgado Laboral le requirió de manera reiterativa a la ONP que otorgue la pensión a mi patrocinando, llegando a emitirse la Resolución N° 31, que estableció la multa compulsiva y progresiva, con la cual recién la ONP cumplió aparentemente con otorgar la pensión al señor Rudecindo Altamirando el 19 de julio pasado. Sin embargo, de manera sorpresiva y con una celeridad inusual se vuelve a pronunciar el 1 de agosto suspendiendo los efectos de la resolución anterior, con la que se cumplía el mandato judicial”, detalla Asunción Reyes.

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El caso de Altamirano Sánchez ha sido expuesto a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República.

El Ministerio de Educación, en alianza estratégica con los gobiernos regionales, dio nacimiento hace dos años a los Colegios de Alto Rendimiento – COAR, estrategia que persigue la excelencia del proceso de enseñanza-aprendizaje con estándares internacionales y que se orienta al desarrollo de las habilidades y capacidades cognitivas, creativas y humanas de los mejores estudiantes del país. En Lambayeque, 200 alumnos de tercer y cuarto año de secundaria, beneficiados con este modelo educativo, se perfilan como verdaderos líderes y agentes de cambio.

Mery Mocarro Aguilar, directora del COAR Lambayeque, afirma que el colegio ofrece amplias oportunidades para que los alumnos desarrollen sus capacidades y se formen como personas, que es el fin superior que persiguen los Colegios de Alto Rendimiento.

“Lo más importante del modelo es que busca desarrollar al estudiante como persona, así como sus competencias cognitivas, artísticas, culturales y deportivas. Creemos que este modelo educativo va a formar a los líderes del cambio social que sus familias, sus comunidades y el país necesita, sólidos en valores y principios éticos”, destaca.

INFRAESTRUCTURA

El COAR realiza sus actividades de manera provisoria en el local que ocupó el ex Promae, toda vez que la construcción de su infraestructura se iniciará el próximo año en el terreno cedido por el gobierno regional al Ministerio de Educación en jurisdicción del distrito de Ciudad Eten, inversión que se concretará a través del mecanismo Obras por Impuestos y será cubierta por el Banco de Crédito del Perú.

El nuevo local educativo debe ser entregado en mayo del 2019.

Sin embargo, actualmente los estudiantes cuentan con todas las necesidades de espacio físico cubiertas, incluso en el área de residencia, toda vez que la institución ofrece dentro de su sistema la atención integral de vivienda, alimentación y servicios complementarios para quienes la integran, lo que permite la aplicación de jornadas educativas de mañana y tarde para los alumnos, quienes provienen de diversos distritos del departamento, pero también de jurisdicciones como Piura y La Libertad.

INTERCULTURALIDAD

De este modo el COAR afianza otra de sus líneas de formación que es la promoción de la identidad local y la interculturalidad entre sus estudiantes.

“Nuestro modelo educativo está conformado por cuatro componentes: gestión, bienestar, pedagogía e infraestructura. Los alumnos ingresan al COAR postulando, este año tuvimos mil 21 aspirantes para 70 vacantes habilitadas para Lambayeque, porque las 30 restantes fueron asignadas a Piura y La Libertad, debido a que uno de nuestros ejes es la interculturalidad, lo que significa que nuestros estudiantes deben valorar lo nuestro, darlo a conocer y respetar la identidad de los demás. Esto es importante, porque hoy en día que los chicos están tan alienados es difícil que valoren sus tradiciones y costumbres e incluso se avergüenzan de ellas. Acá no, aquí se sienten orgullosos del distrito, provincia o región de donde vienen y comparten esto con sus compañeros”, explica Mocarro Aguilar.

Pueden postular al COAR los diez primeros puestos de segundo año de secundaria de los colegios públicos. Estos rinden un examen de conocimientos, pasan por un proceso de adaptación de convivencia y una entrevista personal. A ellos también se les aplica una evaluación psicológica.

SISTEMA DE ENSEÑANZA

Los ingresantes al tercer año de secundaria, al proceder de diferentes colegios públicos y tener estándares formativos heterogéneos son incorporados a un proceso de nivelación de sus habilidades, para en adelante adaptarse al sistema de enseñanza-aprendizaje que ofrece el COAR.

El Plan de Estudios es bastante exigente, comprendiendo 60 horas lectivas a la semana, de las cuales 10 son dedicadas al estudio del idioma extranjero (inglés), lo que les permite acceder a una certificación internacional.

En cuarto y quinto año, los estudiantes llevan el Programa del Bachillerato Internacional, cuya aplicación se da únicamente en escuelas privadas y en los COAR que promueve el Ministerio de Educación.

“El ministerio escogió a la Organización del Bachillerato Internacional porque se alinea a los valores y al modelo COAR, ambos buscan el desarrollo del estudiante como persona, porque necesitamos que los jóvenes sean solidarios, capaces de crear un mundo mejor, más humano, más pacífico, dentro del entendimiento mutuo y cultural. El programa es una gran oportunidad para que los estudiantes puedan desarrollarse en función de lo que el país necesita”, destaca.

Por el Bachillerato Internacional los estudiantes del COAR llevan seis cursos en dos años, sometiéndose a una evaluación final que se rinde a nivel internacional, calificada por expertos de la organización y en función de la cual se les extiende el diploma de acreditación.

Los cursos son elegidos por los propios alumnos, debido a que este clasifica a quienes buscan afianzar sus capacidades y habilidades en ciencias o humanidades. Por ejemplo, si el estudiante opta por ciencias llevará lecciones de matemáticas en un nivel superior al de letras.

El componente docente es otra fortaleza del modelo educativo. Los profesores del COAR tienen estudios de especialización y, al igual que el trío directivo conformado por los responsables de la Dirección General, la Dirección Académica y la Dirección de Bienestar, deben responder a las exigencias del Bachillerato Internacional.

ALUMNOS QUE DESTACAN

“Pese a nuestro corto tiempo hemos logrado importantes logros y ya somos reconocidos en la región”, afirma Mery Mocarro.

El año pasado, talentos del COAR Lambayeque participaron en los Juegos Florales Nacionales alcanzado una admirable representación, ganando el primer puesto en Arte Tradicional, el segundo puesto en Arte Mural y el tercer puesto en Robótica.

También han destacado en el concurso “Si la haces, la hacemos todos”, en el que los escolares propusieron estrategias estudiantiles y se coronaron ganadores del concurso de Buenas Prácticas en el uso del agua convocado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, compartiendo su propia experiencia en la utilización racional del recurso durante sus actividades diarias de aseo y mantenimiento del local educativo, aprendizaje que han trasladado a sus hogares y están replicando en el pueblo joven 19 de Septiembre.

“Si los chicos serán los actores del cambio social necesitan realizar estos trabajos de liderazgo. El año pasado teníamos 100 estudiantes, ahora 200 y todos viven aquí. Todos los jueves tenemos una asamblea general y desde el principio empezaron a exponer sus problemas y a buscar soluciones entre todos. Cada estudiante tiene voz y voto y de manera democrática hemos encontrado las soluciones a los problemas internos, como la implementación de un proyecto para el ahorro del agua a nivel institucional, estableciéndose horarios para el baño y medidas para el uso del agua en las horas del aseo”, comenta la directora.

JORNADA Y ORGANIZACIÓN

Los estudiantes ingresan a las aulas a las 7:30 de la mañana para el inicio de la jornada lectiva que se prolonga hasta la 1:30 de la tarde. Después del almuerzo retornan a las aulas hasta las 6:20 de la tarde.

“Todo es organización, primero almuerza un grupo y luego otro, igual que en la cena, y van rotando, porque otro valor que buscamos inculcar en ellos es la democracia. Lo interesante es que ellos mismos han establecido la alternancia para que se tengan horarios equitativos. Los alumnos tienen talleres de arte, talleres selectivos y espacios de bienestar. Después de la cena, para asegurar el soporte emocional que necesitan, puedan acudir a sesiones de karate, gimnasia, baile moderno y danzas folclóricas, lo que les ayuda a despejarse un poco. También hay preparación espiritual, los domingos, por ejemplo, los alumnos de cuarto año se preparan para su confirmación. Este es un proyecto integral”, señala.

El modelo COAR brinda asistencia total al estudiante hasta la culminación del nivel secundario. Sin embargo, el colegio cuenta con un especialista en Redes y Oportunidades que se encarga de buscar espacios para la formación superior de los alumnos.

Mocarro Aguilar comenta que el año pasado se recibió a los representantes de la Universidad de Lima, quienes llegaron para ofrecer posibilidades de estudios para los alumnos COAR. Este año ya se hizo presente la Universidad del Pacífico e inclusive el colegio fue objeto de visita de especialistas de la Universidad de Wisconsin, quienes llegaron para conocer el modelo aplicado con los jóvenes.

En el COAR Lambayeque trabajan 23 docentes y otros 24 profesionales se ocupan de las labores administrativas, de bienestar y asistencia a los alumnos. Las residencias cuentan con supervisión permanente a cargo de nueve monitores, asistidos por personal de salud cuyas jornadas son nocturnas a fin de garantizar el cuidado de los estudiantes.

LOANA INCIO ENCARNACIÓN

ESTUDIANTE DEL TERCER AÑO DE SECUNDARIA

ALCALDESA DEL COAR LAMBAYEQUE

“Soy de Jauja, Junín, pero hace diez años radico en el distrito de Reque. Para mí tener la oportunidad de ingresar al Colegio de Alto Rendimiento de Lambayeque ha sido una gran oportunidad que en el futuro me abrirá muchas puertas, debido a la excelencia en la educación y la formación personal que me brindan. Día a día vamos evolucionando, tenemos cuatro componentes como el académico, el de bienestar, de infraestructura y de gestión y cada uno de ellos contribuye a nuestro desarrollo y fomenta el cambio social”.