Jefe de institución regional no niega mal uso de unidad vehicular, pero agrega que traslado de Mayra Mercedes Ramírez Meléndez se debe a que trabajadora gana 900 soles y cumplía hasta tres funciones en el estadio Elías Aguirre. Además, revela que desde Lima no le hacen entrega de partida de combustible y él lo paga de su bolsillo.
Un nuevo presunto acto de corrupción en la modalidad de peculado de uso, cuya sanción penal podría alcanzar al funcionario denunciado a ser condenado con cuatro años de cárcel, investiga la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque. El presunto delito contra el mal uso de los bienes del Estado se habría dado al interior del Instituto Peruano del Deporte ´IPD- de Lambayeque.
De acuerdo al caso Fiscal N° 2406075500-2017-0097-0, a cargo del fiscal Julio César Taboada Ramón, del pasado 28 de febrero, la que fuera elevada con oficio N° 098-2017 a la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional, para que notifique e investigue al Presidente del Consejo Regional del Deporte de Lambayeque, Walter Hugo Vera Mechán, sobre el presunto uso del auto asignado al IPD de placa de rodaje GB-948, marca Hyundai de color rojo, a favor de la trabajadora Mayra Mercedes Ramírez Meléndez.
De acuerdo a los elementos de prueba con que contaría la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, amparado en la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 60 del Nuevo Código Procesal Penal, sobre funciones del Ministerio Público, la investigación contra el citado funcionario y la trabajadora, se inició el pasado 28 de febrero bajo la figura jurídica de acción popular o noticia por información criminal.
LOS HECHOS
La investigación se basa en que el Instituto Peruano del Deporte de Lambayeque cuenta con un vehículo para uso oficial; es decir, la unidad está destinada para desarrollar funciones netamente oficiales de la institución y dentro de las horas de trabajo.
Sin embargo, la unidad de placa de rodaje GB-948, marca Hyundai de color rojo, habría estado siendo utilizada fuera de horario laboral para recoger y trasladar a su casa a Mayra Mercedes Ramírez Meléndez, quien habría ingresado a laborar al IPD el primero de setiembre del año 2016 como asistente administrativa.
En el poco tiempo que labora en el lugar, se habría ganado la simpatía del jefe del IPD Lambayeque, Walter Hugo Vera Mechán. Es el caso que a partir del primer día hábil del mes de enero del presente año se convierte en la administradora encargada ante la conclusión de contrato del administrador titular.
Es el caso que ante fuertes rumores que el jefe del IPD Lambayeque, Walter Hugo Vera Mechán, habría ordenado al chofer responsable del manejo, control y mantenimiento de la unidad, Max vera, que a partir de una determinada fecha tenía que recoger y trasladar a su casa a Mayra Mercedes Ramírez Meléndez, se habría iniciado un seguimiento por personas presuntamente cercanas al mismo jefe del IPD, por cuestiones que el funcionario denunciado dijo desconocer y mucho menos saber explicar.
LAS PRUEBAS
Conforme a carpeta de investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, se tiene que los días 25 y 26 de enero del presente año, el conductor de la unidad institucional, Max Vera, fue fotografiado y filmado recogiendo a la asistente en administración, Mayra Mercedes Ramírez Meléndez, de su casa ubicada en una concurrida Av. Del pueblo joven Diego Ferré, como si el vehículo perteneciera a alguna empresa de taxi.
La acción se repitió en los siguientes momentos; es decir, en esos días, el vehículo de uso exclusivo del Instituto Peruano del Deporte ´IPD- de Lambayeque, fue utilizado a horas tempranas del día, a las 7:35 de la mañana, para recoger de su casa y trasladarla hasta su centro de labores a Mayra Mercedes Ramírez Meléndez, así como llevarla a su hogar luego de haber laborado.
OTRO CASO
De igual manera, la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque también investiga otro presunto peculado de uso, referente aun vehículo motorizado cortador de grass por parte del club deportivo Juan Aurich para desarrollar tareas de mantenimiento en la cancha deportiva del complejo la Videnita, en el pueblo joven Nueve de Octubre.
Dicha unidad es de uso exclusivo del IPD Lambayeque y asignada para dar mantenimiento a las canchas deportivas que existen al interior del estadio Elías Aguirre, la que en el mes de enero ´presuntamente- habría sido malogrado cuando cumplía labores de corte y nivelación de grass en la Videnita, local que es administrado por el Club Deportivo Juan Aurich.
LOS DESCARGOS
Periodistas del Semanario Expresión buscaron al aludido funcionario, Walter Hugo Vera Mechán, con el objetivo de conocer su versión frente a las imputaciones existentes en su contra y que han motivado que la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque habrá una carpeta fiscal para desarrollar investigación.
Walter Hugo Vera Mechán nos atendió en su oficina del IPD Lambayeque, donde negó todas las imputaciones y sostuvo estar extrañado por la investigación fiscal en su contra en la figura de presunto peculado de uso.
De manera unilateral descartó que haya estado haciendo aprovechamiento indebido del cargo y dando mal uso del vehículo oficial de la institución, así como de la máquina de uso exclusivo del IPD ´Lambayeque para cortar grass.
En su defensa, sostuvo que efectivamente en algunas oportunidades el vehículo oficial del IPD había recogido de su casa y llevado al trabajo a la trabajadora Mayra Mercedes Ramírez Meléndez.
Indica - a su entender- que el acto que se haya recogido de su casa a horas tempranas de la mañana a la empleada del IPD, no significa que se cometa el delito de peculado de uso sino muy por el contrario, su acción se debe entender como un apoyo para Mayra Mercedes Ramírez Meléndez.
Agrega, que más que un apoyo, atina a su sentido de solidaridad y filantropía ya que dicha persona no gana más de 900 soles mensuales, el cual no le alcanzaría para sus pasajes diarios.
CUATRO PUESTOS
De igual manera, destaca que Mayra Mercedes Ramírez Meléndez se encontraba cubriendo tres puestos de trabajo como es el caso de asistente de presidencia, administradora encargada y administradora del Consejo Regional del Deporte ´CRD- Lambayeque, y administradora del Centro de Alto Rendimiento ´CEAR- Lambayeque.
La historia para recoger a Mayra Mercedes de su casa con movilidad a la puerta, se dio desde el mes de diciembre del año pasado ´según dijo Walter Hugo Vera Mechán, quien explicó que en ese momento no se hacía uso de la unidad vehicular, sino que apostando a su sentido solidario y tras conversar con el chofer del IPD Lambayeque, Max Vera, le propuso que recoja a la mencionada dama y a cambio se le iba a recocer el consumo de combustible de sus vehículo personal.
"La necesidad de utilizar el vehículo del IPD se dio luego que el chofer del carro que recogía a la señorita Mayra Ramírez, tuvo problemas para circular con su unidad. Al señor Max Vera yo le reconocía el consumo de combustible para que vaya a recoger y llevar de su casa al trabajo y viceversa a la señorita Mayra Ramírez, pero un día me dijo que ya no podía hacer porque su carro estaba con orden de captura", sostuvo.
La acción ´ indica- que ante la falta de una unidad para recoger a la trabajadora deportiva, opto por disponer el uso del vehículo oficial, pero a cambio él seguía pasando el consumo de combustible con objetivo de no afectar al Estado.
"El traslado de la señorita Mayra Ramírez era de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, más no a otro lugar", sostuvo el funcionario designado en la presidencia del IPD Lambayeque mediante terna que fuera presentada por el Gobernador de la Región Lambayeque, Humberto Acuña Peralta.
SIN COMBUSTIBLE
En otro momento de la entrevista, Walter Hugo Vera Mechán reveló que a pesar que en el IPD Lambayeque se tiene una regular recaudación económica de los servicios que ofrecen y brindan, y que todo lo recaudado se envía a Lima para su distribución, desde el mes de noviembre del año 2016 los funcionarios de administrar el IPD nacional, hasta el momento no les hacen llegar su partida económica para el pago de combustible y la unidad pueda ser utilizada.
Explica que desde la fecha antes descrita, los gastos de combustible para mover la unidad vehicular son cubiertos por él, e incluso hasta el momento no le son reintegrados los gastos que ha hecho y mucho menos recibe la partida económica por concepto de gasto de combustible que a diario consume el vehículo oficial.
"Desde noviembre del año pasado soy la persona que paga el consumo de combustible de la unidad asignada al IPD Lambayeque, debido a que el IPD nacional hasta el momento no nos entrega la partida para gastos de combustible. En estos momentos el carro no se está movilizando porque no tenemos para su combustible", señaló.
CARRITO DE GRASS
De igual manera, en cuanto al presunto mal uso del carrito cortador de grass en favor del Club Deportivo Juan Aurich, Walter Hugo Vera Mechán, reveló que es cierto lo que se dice, pero para que la unidad motorizada salga del estadio Elías Aguirre, no necesita de un documento oficial ya que todo se hizo de palabra.
Inicialmente, Walter Vera sostuvo que no tiene ningún tipo documento que demuestre que existe un convenio, contrato de apoyo, ayuda mutua o alquiler de maquina cortadora de grass a favor del Club Deportivo Juan Aurich, equipo de fútbol que desde hace varios meses atrás a perdido la identidad de Chiclayo al no jugar en el estadio Elías Aguirre, sino en otras canchas de la región y fuera de ésta, como local.
Sin embargo, luego cambió de versión y sostuvo que sí existe un documento ´que en ese momento no mostró- para que el vehículo cortador de grass pueda salir del IPD Lambayeque y sea llevado a la Videnita para cortar el grass de los campos deportivos que utiliza el Club Deportivo Juan Aurich en sus entrenamientos diarios.
"Esto se hace desde hace mucho tiempo y no necesitamos de un documento para el carrito cortador de grass salga de la institución a realizar trabajos de apoyo en el complejo Nueve de Octubre. No necesitamos de un documento, todo se hace de palabra porque soy una persona y profesional serio", sostuvo el funcionario.
Asimismo, aclara que el Club Deportivo Juan Aurich apoya al IPD de manera permanente; es decir, la ayuda y el apoyo es mutuo, como por el ejemplo, ante las lluvias que en los últimos días vienen cayendo sobre Chiclayo desde el primer día del mes de febrero pasado, por parte del Club Deportivo Juan Aurich se ha recibido el apoyo de motobombas y otros equipos para desaguar los campos deportivos.
"Por ese apoyo de motobombas, el IPD no ha gastado un sólo centavo porque todo ha sido gracias a gestión", sostuvo.
LIMA LO SABE
Con referencia a lo denunciado y que ya es investigado por parte del Ministerio Público en la figura de corrupción, Walter Hugo Vera Mechán, sostuvo de manera unilateral que el Comité Ejecutivo Nacional del IPD, presidido por Óscar Fernández, está enterado de todo y lo avala en todo lo que él viene haciendo en Chiclayo, por estar ´supuestamente- dentro del orden jurídico y la legalidad.
Explica que con correo electrónico hizo conocer a su superior que el carro de la institución, de placa de rodaje GB-948, marca Hyundai de color rojo, iba a ser destinado para que recoja de su casa y lleve a su centro de labores a la trabajadora Mayra Mercedes Ramírez Meléndez.
De igual manera, sostuvo que la superioridad de la sede central en Lima conoce a la perfección que el carrito cortador de grass sale del IPD Lambayeque con dirección al Complejo Deportivo Nueve de Octubre para cumplir tareas de nivelación del verde de los campos deportivos, don de entrega el Juan Aurich.
Periodistas de este medio intentaron comunicarse con el presidente nacional del IPD para conocer si lo dicho por Walter Hugo Vera Mechán era cierto, pero Óscar Fernández no respondía a su número celular de uso personal. Desde el número fijo de la sede central nos respondieron, ante nuestra insistencia, que el presidente del IPD se encontraba en una reunión y por eso no nos podía atender en el momento, quedando en devolver la llamada para responder a las interrogantes.
FILANTRÓPICO
Finalmente, sostuvo estar sorprendido como es que la denuncia pudo haber llegado al Ministerio Público, cuanto todo ello se suscitó con una queja al Órgano de Control Interno ´OCI- del IPD Nacional, ante cuya jefa, Delia Díaz, ya había hecho su descargo y todo había sido archivado a su favor.
De igual manera, periodistas de este medio se comunicaron al teléfono personal de la jefa de Control Interno, pero no se tuvo respuesta. También se llamó al número fijo de dicha oficina, teniendo respuesta que la mencionada persona se encontraba en reunión.
Por otro lado, añadió que no se explica las razones para investigarlo por algo que desconoce y quienes podrían estar detrás de ello, cuando es una persona que se lleva muy bien con las 31 personas que laboran en el IPD Lambayeque.
"No tengo idea quien podría estar detrás de las denuncias y apelada que ustedes como periodistas me pudieran dar los nombres de las personas que podrían estar de las denuncias", señaló.
Agrega que en su corazón no existe maldad y muy por el contrario es una persona que le gusta ayudar, especialmente al personal que labora con él, los que más de los días le piden favores de tiempo laboral y hasta de dinero, el cual muchas veces tiene que meter la mano a sus bolsillos.
+ NOTICIAS
Con la postulación como becario de nuestro coordinador periodístico, Daniel Gustavo Vera, Expresión se convirtió en el único periódico del Perú en el Curso sobre Políticas de Suelo Urbano dictado por el Instituto Lincoln y el Foro de Periodismo Argentino – FOPEA, realizado entre el 13 y el 15 de marzo en la ciudad de Buenos Aires.
Expresión representó al país en el encuentro académico al que postularon 150 periodistas de todo el continente, y que reunió a 30 comunicadores de medios escritos, radiales, televisivos y digitales para discutir diferentes temas relacionados al ordenamiento del territorio, el desarrollo urbano, la inclusión social y el financiamiento de proyectos urbanos con la generación de plusvalías.
Acudieron representantes de México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Argentina, Chile y Bolivia.
Daniel Vera postuló a la beca ofrecida por el Instituto Lincoln de Políticas de Suelos de los Estados Unidos con la presentación de tres informes publicados en las páginas de nuestro semanario, todos referidos a documentos técnicos no aplicados o procesos no concluidos de ordenamiento en la ciudad de Chiclayo, entre ellos el titulado: “La oportunidad perdida: Los propósitos del Olvidado Plan Director”, que apareció en la edición especial de Expresión por el aniversario de la “Capital de la Amistad”.
Los otros temas estuvieron referidos a los desatendidos mapas de riesgo, peligro y vulnerabilidad que se trabajaron para Chiclayo entre los años 2003 y 2004, y el proceso de ordenamiento territorial del departamento de Lambayeque.
Luego de la evaluación, nuestro periodista fue aprobado para trasladarse hasta la capital argentina, donde tuvo la oportunidad de compartir con otros profesionales de la comunicación y reconocidos docentes especialistas en el manejo del suelo, el derecho urbano, la planificación urbana y la inclusión social urbana.
EXPOSICIÓN LOCAL
El representante de Expresión puso énfasis en los avances y retrocesos que existen en Chiclayo respecto al ordenamiento urbano, desde el Plan Director de 1992 y los lineamientos que este trazó para los veinte años siguientes, consistente en la ampliación de calles, mejoramiento de vías, recuperación del centro histórico y generación de áreas de esparcimiento para los habitantes.
También sobre el Proyecto de Ciudades Sostenibles financiado por las Naciones Unidas y para el cual Chiclayo fue elegido como ciudad piloto a nivel nacional, en cuyo marco se elaboraron diversos planes como el del sistema integrado de transporte. A este se sumó el trabajo técnico de Mapas de Peligro, Riesgo y Vulnerabilidad elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo – PNUD.
“Esos estudios y documentos técnicos, de haber sido aplicados, hubieran permitido el diseño y organización de un mejor desarrollo en la capital de Lambayeque, al norte del Perú, que es una de las cinco ciudades más pobladas del país. Sin embargo, la indiferencia, desconocimiento y dejadez de los gobiernos, y también de la ciudadanía, encarpetaron dichas herramientas o las dejaron truncas, lo que explica las condiciones actuales de la zona urbana, su expansión desordenada y la ineficacia de sus servicios”, expuso Daniel Gustavo Vera.
Otros documentos sobre los que expuso son el Geo Chiclayo, para el tratamiento de los residuos urbanos, elaborado por el PNUD y las universidades Del Pacífico y Señor de Sipán; y el Plan de Desarrollo Urbano – PDU, que en el 2010 fue entregado por la sociedad civil al gobierno local, con el aporte de los técnicos y especialistas de los colegios profesionales, y cuya aplicación nunca fue efectiva.
DOCENTES
El curso dictado en Buenos Aires tuvo como docentes a reconocidos expertos de los temas referidos al uso de los suelos urbanos.
Participó Laura Mullahy, cientista social con Maestría en Relaciones Internacionales de Georgetown University. Ha gerenciado y coordinado proyectos de educativos, de publicaciones y difusión en organizaciones no gubernamentales, agrupaciones municipales, y fundaciones internacionales, especializándose en temas de gestión ambiental y municipal en Chile durante la década de 1990-2000. Trabaja con el Instituto Lincoln desde hace más de 15 años. Fue Gerente del Programa para América Latina y el Caribe del 2002-2008; también coordinó los primeros cursos a distancia y gerenció un proyecto de películas documentales sobre crecimiento urbano en ciudades estadounidenses. Continuó su trabajo con el instituto durante 2008-2016, cuando residió en Rosario, Argentina. Actualmente trabaja en la sede del Instituto Lincoln, apoyando al Programa para América Latina y el Caribe y otros proyectos institucionales.
Sonia Robello, profesora de maestría del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional - IPHAN de Brasil y del Instituto Lincoln. Es presidente de la Federación de Asociaciones de Moradores de la ciudad de Rio de Janeiro; Doctora en Derecho Público de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro y postdoctora de la Universidad de Paris II - Francia, en Derecho Administrativo. Es especialista en Planeamiento Urbano por la Escuela de Planificación y Arquitectura de la Universidad de Londres. También fue procuradora general de Río de Janeiro.
Otro expositor fue Francisco Sabatini, sociólogo de la Universidad Católica de Chile y postdoctor en planificación urbana de la Universidad de California, Los Ángeles; es Profesor Titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Sus temas de estudio son segregación residencial, mercados y políticas de suelo, y conflictos ambientales locales. Es profesor asociado del Programa Latinoamericano del Instituto Lincoln, además de profesor ocasional en varias universidades de América Latina.
Paulo Sandroni, economista por la Universidad de Sao Paulo. Fue profesor de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo hasta 2006 y de la Escuela de Administración de Empresas de la Fundación Getulio Vargas hasta 2011. Fue coordinador de las primeras operaciones interligadas en la ciudad de Sao Paulo entre 1989 y 1992, coordinador de las Operaciones Urbanas Agua Branca y Anhangabau-Centro.
Como consultor trabajó en la Operación Urbana Faria Lima (2004), y entre 2003 y 2014 participó en varios proyectos de desarrollo urbano en varias ciudades brasileñas y en proyectos volcados hacia la captura de plusvalías e financiación del desarrollo urbano en ciudades de países como México, Guatemala, El Salvador, Argentina, Colombia, Ecuador, Sudáfrica, y Arabia Saudita.
Asimismo, dictó conferencias Enrique R. Silva, encargado del área de investigaciones para América Latina y el Caribe en el Instituto. Fue profesor de la Universidad de Boston University en cursos referidos a planificación y asuntos urbanos, así como director de los programas de posgrado en planificación urbana y asuntos urbanos.
Fue asistente del Programa de Gobernabilidad Democrática de la Fundación Ford en Santiago de Chile y recibió su doctorado en Planificación Urbana de la Universidad de California, una maestría en Planificación Urbana de la Universidad de Toronto, y su bachiller en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia.
EL LINCOLN
El Instituto Lincoln de Políticas de Suelo es una organización independiente y no partidista cuya misión es colaborar en la solución de los desafíos económicos, sociales y medioambientales en todo el mundo, con el fin de mejorar la calidad de vida mediante enfoques creativos en cuanto al uso, la tributación y la administración del suelo.
El Instituto Lincoln, una fundación privada creada en 1946, busca contribuir al diálogo público y la toma de decisiones sobre políticas de suelo por medio de la investigación, capacitación y comunicación efectiva. Al reunir a académicos, profesionales, funcionarios públicos, gestores de políticas, periodistas y ciudadanos interesados, el Instituto Lincoln integra la teoría con la práctica y brinda un foro para perspectivas multidisciplinarias sobre políticas públicas de suelo, tanto en los Estados Unidos como internacionalmente.
El trabajo del Instituto Lincoln está organizado en cinco áreas clave: Planificación y Forma Urbanística, Valuación y Tributación, Iniciativas Internacionales e Institucionales, el Programa para la República Popular de China y el Programa para América Latina y el Caribe.
En Disposición N° 238, del 19 de diciembre de 2016, se hace constar que dinero obtenido por el “colaborador de la justicia” lo habría “escondido” en la compra de bienes muebles e inmuebles que puso a nombre de familiares y terceros. Además, lo obtenido superaría enormemente lo que voluntariamente habría declarado y entregado al Ministerio Público.
¿Qué pacto existe entre el Ministerio Público y el colaborador eficaz N° 22-2014, en el caso “Los Limpios de la Corrupción”? ¿Es verdad todo lo que “reveló” en su momento y con ello evitar ir también a prisión? ¿La Fiscalía a cargo de la investigación ha comprobado la veracidad de las “confesiones” del CE 22-2014?, son algunas de las interrogantes que a 30 meses de investigación del caso “Los limpios de la corrupción”, se hacen los abogados de las personas detenidas en el penal de Picsi. A decir de ellos, el fiscal Lucio Zapara Orozco no habría logrado demostrar debido a que lo “revelado” por el citado colaborador eficaz serían mentiras y hasta historias fantasiosas.
Periodistas de la Unidad de Investigación accedieron a información “clasificada” sobre el detalle y avance de las investigaciones, donde claramente se deja entrever que el colaborador eficaz, según doctrina penal del penalista César Nakazaky Servigón: “Un colaborador eficaz no es más, que el delincuente arrepentido que para evitar una sanción penal de acuerdo al Código, decide colaborar con la justicia por propia voluntad, sin eximirlo de una sanción penal”.
Es decir, un colaborador eficaz también tiene sanción y condena, y debe estar detenido hasta que se determine si lo revelado es verdad; en caso contrario, la sanción penal que reciba debe ser tan igual como a la persona que se le acusa y demuestra el delito en el proceso de investigación.
LOS HECHOS
De acuerdo a la historia de carácter penal, en el mes de setiembre del año 2014, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo inició una “mega investigación” de presuntos actos de corrupción de funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo, en la gestión del ex alcalde Roberto Torres Gonzales.
En el caso denominado por el Ministerio Público como “Los Limpios de la Corrupción”, amparado en la carpeta fiscal N° 2447–2014, se sustenta en la existencia de presuntos actos de corrupción vinculados a las contrataciones públicas y en algunos servicios contratados por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (EPSEL S.A.).
Lo raro en la investigación es que los funcionarios vinculados directamente a la comisión de los ilícitos, se encuentran gozando de libertad utilizando la figura de la “colaboración eficaz”, mientras que las personas sindicadas por estos están detenidas preventivamente en el penal de Picsi siendo investigados.
“El Artículo 472° del Código Procesal Penal establece que para que el Ministerio Público celebre un acuerdo de beneficios y colaboración, el colaborador, entre otras cosas, debe presentarse al Fiscal mostrando su disposición de proporcionar información eficaz; en otras palabras, deberá proporcionar información veraz, ya que, si no se corrobora lo suficientemente el Fiscal denegará la realización del acuerdo como lo establece el Artículo 476° en su Numeral 2 del mismo Código Procesal Penal”, rezan en sus libros los maestros doctrinarios en Derecho.
Al respecto, resulta preocupante lo que viene ocurriendo con algunos aspirantes a colaborador eficaz contenidos en la Carpeta Fiscal 2447–2014 a cargo del Fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, los mismos que han proporcionado información que el Ministerio Público hasta el momento no han podido corroborar por tratarse de información que sería falsa.
Uno de los ejemplos más claros es el del aspirante a colaborador eficaz con clave CE- 22– 2014, quien desde sus primeras declaraciones ha proporcionado información que el Ministerio Público no ha podido corroborar por ser presuntamente falsa; sin embargo, continúa gozando de libertad.
EL CE 22-2014
El 6 de octubre del 2014 el CE 22–2014 sostuvo que el ex subgerente de Urbanismo de la Municipalidad de Chiclayo, Jorge Incháustegui Samamé, tiene una empresa de servicios de seguridad y una casa en la calle Los Pinos, en la urbanización Santa Victoria, y como referencia dio que se ubica a un costado de tortas “D’Mela”.
Durante el proceso de investigación, el acusado por el CE 22-2014 ha demostrado que jamás ha tenido una empresa de seguridad, y su domicilio habitual siempre ha sido en la Calle Torres Paz N° 533 – Departamento 201, no siendo propietario ni tampoco inquilino de casa alguna en la Calle “Los Pinos”. Además, mediante rastreo registral el Ministerio Público ha confirmado que lo dicho por el CE-22-2014 es falso.
En otra “revelación” que hiciera el colaborador eficaz 22-2014, es que el exalcalde Roberto Torres Gonzáles compró un bien ubicado en la calle César Vallejo N° 180, en la urbanización Arturo Cabrejos Falla, a nombre de su pareja sentimental Norma Katiuska del Castillo Muro.
El departamento fue incautado por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo; sin embargo, posteriormente fue devuelto a su real propietaria -una funcionaria de la SUNAT Piura- al comprobarse que dicho predio había sido alquilado por Torres Gonzáles. Este caso fue tratado ampliamente por el Semanario Expresión y otros medios de comunicación, lo que en su momento significó una “patinada” para el Ministerio Público.
MÁS DECLARACIONES
El 20 de octubre de 2014, el CE 22–2014 “reveló” que el asesor del alcalde Roberto Torres Gonzales, Martín Villanueva Velezmoro, le habría comprado a Daniela Morales Esqueche -con quien tiene un hijo- un departamento en los edificios del Jockey Club – Chiclayo, no en el condominio, sino en los edificios.
Sin embargo, durante la investigación la abogada Daniela del Rocio Morales Esqueche ha demostrado ante la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, con documentos en mano, que el citado predio lo adquirió a través de un crédito hipotecario, para cuya obtención, incluso, contó con el aval de un Fiscal Superior.
El 19 de enero de 2015, el CE 22– 2014 “sostuvo” que José Antonio Mires Rimarachín embargó todas las cuentas bancarias de EPSEL, y que de los códigos bancarios se enteró por información que le otorgó el Gerente de Administración de Epsel, Juan Valdivia Goycochea
Sin embargo, en su descargo José Antonio Mires Rimarachín ha demostrado, hasta en dos oportunidades, acreditando con documentos, que desde el año 2002 había mantenido una relación contractual con la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque -EPSEL S.A.-, para a través de la empresa SERJA SAC, brindar servicios como Centro Autorizado de Recaudación -CAR, siendo su trabajo no solo recaudar lo correspondiente al servicios de Agua Potable y Alcantarillado; sino también, depositar lo recaudado en las cuentas de EPSEL S.A., por lo que conocía perfectamente los números de cuentas, no siendo necesario que Valdivia Goycochea le dé dicha información.
Presuntamente, el “apoyo” a la justicia que estaría ofreciendo el CE 22 – 2014 estaría lleno de mentiras, ofreciendo “información” que supuestamente el Ministerio Público querría escuchar, con el único propósito de mantenerse en libertad, mientras las personas incriminadas por él continúan detenidas en el penal de Picsi preventiva, tal vez, injustamente.
¿LLENO DE MENTIRAS?
Entendidos en Derecho Penal, sostienen que el Código Procesal Penal establece claramente los requisitos para que la información proporcionada por el colaborador sea eficaz; es decir, el colaborador debe “entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos relacionados con las actividades de la organización delictiva”.
Al respecto, el colaborador eficaz con clave CE 22–2014 al hacer entrega de los bienes que adquirió por sus actividades ilícitas, también ha mentido sistemáticamente al Ministerio Público.
El 6 de octubre de 2014 señaló que compró un departamento ubicado en la calle León Barandiarán N° 147 – 3er Piso – Chiclayo, donde como inicial entregó la suma de 50 mil dólares, y el saldo, otros 50 mil dólares, los financió a través del Banco de Crédito del Perú, pero para esconder su ilícita acción, el bien lo colocó a nombre de su suegro Jorge Pecsén Mimbela.
También señaló que con su sueldo de funcionario municipal compró un automóvil marca Kía, modelo Picanto, de placa de rodaje M3H–165, y un terreno de 140 metros cuadrados, ubicado en la Mz. M Lote 20, urbanización La Florida, que luego vendió.
Sin embargo, el 20 de octubre de 2014, en horas de la mañana, ante la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo se presentó Fiorella Bazán Paredes, para hacer entrega de una camioneta Toyota, modelo RAV 4, adquirida en agosto de 2014 por el colaborador eficaz N° 22-2014, y que este se la había puesto a su nombre.
Ese mismo día, a las 17:30 de la tarde, el CE 22–2014 se presentó a declarar “voluntariamente”, manifestando que la mencionada camioneta la adquirió él y la puso a nombre de Fiorella Bazán Paredes. Cabe recordar que dos semanas antes se había acogido a la colaboración eficaz y supuestamente había declarado todo y devuelto al Estado Peruano lo que ilícitamente había adquirido, y en señal de subsanar su delito y estar verdaderamente arrepentido, devolvía bienes, propiedades, dinero y joyas.
En su “disculpa” al Ministerio Público, el colaborador eficaz N° 22-2014 dijo que la camioneta Toyota RAV 4 la adquirió con la venta en 25 mil dólares de un vehículo modelo Hi Lux 4X2, el cual lo tenía a nombre de su hermana Betsabé Quesquén Díaz, vehículo que tampoco había declarado a la Fiscalía en su arrepentimiento de haber delinquido.
Posteriormente, el 12 de Enero de 2015 el imputado José Nicolás Baca Távara reveló que el investigado Percy Quesquén Díaz es propietario de un edificio en la calle 28 de Julio N° 597, del pueblo joven Diego Ferré, y en dicho inmueble el mencionado sujeto tenía una oficina.
Una semana después, el 19 de enero del 2015, nuevamente, el CE 22–2014 llegó voluntariamente al Ministerio Público, para “revelar” que se había “olvidado” declarar a la justicia que en la Avenida 28 de Julio N° 597, pueblo joven Diego Ferre, poseía una propiedad de material noble de cuatro pisos, la cual hacía entrega al Estado Peruano porque había sido adquirida con dinero ilícito. Además, la había puesto a nombre de su hermano al no poder justificar una inversión de 150 mil soles.
De igual manera, José Nicolás Baca Távara, en la continuación de su declaración de fecha 12 de enero del 2015, sostuvo que Percy Quesquén Díaz es propietario de otra vivienda ubicada en la Avenida 28 de Julio N° 415 del pueblo joven Diego Ferré. Durante el rastreo registral de la Partida Electrónica P10015671, señala que el referido predio pertenece a Jenny Quesquén Díaz.
El Ministerio Público, en el Numeral 5.45 de la Disposición N° 238 del 19 de diciembre de 2016, respecto del citado predio, señala que: “podemos corregir que el procesado Percy Quesquén Díaz y Jenny Quesquén Díaz, “convirtieron” el dinero obtenido ilícitamente por el imputado con la adquisición del citado inmueble”.
En la misma disposición, el Fiscal Provincial Sergio Lucio Zapata Orozco señaló que los bienes muebles e inmuebles que Percy Quesquén Díaz habrían sido producto de recursos financieros de procedencia ilícita. Además, que lo ilícito obtenido por el sujeto, superaría enormemente lo que habría declarado al Ministerio Público.
TRANSPORTES LÍNEA
Por último, lo que quizás más preocupe es la extraña sobreprotección de parte del Ministerio Público para con el imputado Percy Quesquén Díaz, ya que a pesar de lo declarado por Juan Miguel Valdivia Goycochea, con fecha 22 de diciembre de 2015, respecto al caso de Transportes Línea, en el cual el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco investigaba a Percy Quesquén Díaz ante una denuncia pública realizada por el Semanario Expresión.
Para el defensor de la legalidad y de los intereses del Estado, no es valedero la existencia de un video que contenía evidente el acto de corrupción que comprometía a Percy Quesquén y que incluso motivó la renuncia de este a la jefatura del SATCH. Sin embargo, el caso fue archivado por el mencionado fiscal bajo el argumento de que no se trataba de Quesquén Díaz, sino de otro Percy, apellidado Requejo Gálvez.
¿SUPLANTADOR Y ABOGADO?
Al respecto la defensa técnica de Juan Valdivia Goycochea, con fecha 31 de enero de 2017, presentó ante el despacho del fiscal Lucio Zapata Orozco un escrito en el relata y adjunta el Contrato de Percy Requejo Gálvez en EPSEL S.A. y el apersonamiento de este último como abogado de Percy Quesquén Díaz en la Carpeta Fiscal 2447– 2014, con lo que se demostraría la cercanía entre estos personajes, y la trama empleada para archivar el caso de la empresa de buses.
Presumiblemente el caso de Transportes Línea encajaría dentro de lo señalado en el Informe de Inteligencia de la Policía Nacional N° 120 – 4– DITERPOL – LAMB / OFINTRPOL – CH, de fecha 4 de septiembre de 2014, recogido textualmente en el Requerimiento de Detención Preliminar de fecha 30 de septiembre de 2014, Carpeta Fiscal 2447–2014 y hecho suyo por la juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo que señala “… además existiría una red de corrupción organizada enquistada en el sistema de administración de justicia y fiscalización, que otorgaría protección a estos malos funcionarios, a cambio de prebendas económicas, con la finalidad de evitar sean sancionados penalmente por los delitos cometidos como son: Policía Anticorrupción, Fiscalía y Poder Judicial…”.
Mejoramiento de transitabilidad vehicular de la avenida Sáenz Peña, entre la avenida Leguía hasta México, en el distrito de José Leonardo Ortiz, tuvo varias denuncias pero nadie hizo caso. Fiscalizadores de minoría logran Acuerdo de Concejo para facultar a Procurador Municipal y se denuncie a constructora y a los funcionarios que resulten responsables
Literalmente al agua, se fueron más de medio millón de soles de los sufridos leonardinos, en la obra de mejoramiento de transitabilidad vehicular de la avenida .Sáenz Peña, en el tramo de las avenidas Leguía hasta México, que entre los meses de junio a agosto del año pasado ejecutó e inauguró el alcalde Epifanio Cubas Coronado, a través de la empresa Consorcio Perú, la que, según los contratos que obran en poder de los archivos de la comuna leonardina, estuvo integrada por las empresas Silaca Perú S.A.C, Seteger Construcciones E.I.R.L y DCN Perú S.A.C.
En la actualidad la obra se encuentra totalmente destruida a causa del empozamiento de aguas productos de las lluvias que han caído sobre Chiclayo desde los primeros días de febrero pasado, así como el permanente colapso de los desagües debido al mal estado del sistema de alcantarillado; pero antes de ello, dicha construcción tuvo una serie de cuestionamientos y hasta alertas de control por parte del Órgano de Control Interno, sin que nadie haga caso e incluso el mismo alcalde de José Leonardo Ortiz, Epifanio Cubas Coronado, quien nada hizo por detener el proceso de construcción para que se hagan las correcciones técnicas y de calidad que en estos momentos se reclamaban.
Lo más grave del problema es que a seis meses que la obra se puso en operatividad, ha quedado totalmente destruida. Con enormes huecos, sin carpeta asfáltica e intransitable.
Sin embargo, ante ello, regidores de la minoría de la Municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz se reunieron en sesión de concejo y propusieron tomar un acuerdo de concejo con el objetivo de dar facultades al Procurador municipal de la comuna leonardina para que denuncie civil y penalmente a la empresa constructora y los funcionarios que resulten responsables por la pérdida y afectación a los leonardinos en más de medio millón de soles.
HACEN MEMORIA
Sin embargo, el regidor Isael Bustamente Medina y su homólogo, Marino Olivera Cruzado, le recordaron al alcalde Epifanio Cubas Coronado que la mencionada obra fue objetada desde mucho antes de su construcción e incluso se advirtió -en su debido momento- que no duraría en el tiempo e incluso se le daba dos años de vida o hasta que Cubas Coronado culmine su gestión municipal, lo cual en ese momento tuvo el eco como a burla.
Fue el regidor Isael Bustamante quien cuestionó la ejecución de la obra y sostuvo que ante denuncias de deterioro, así como levantamiento de la carpeta asfáltica tipo “piel de cocodrilo” producto de la presunta mala calidad de los trabajos y materiales realizados y utilizados, presuntamente sin ningún tipo de supervisión, el pasado 20 de enero hizo llegar una carta notarial a la comuna con la finalidad de encontrar respuesta a una serie de interrogantes, pero ya se ha entrado al mes de marzo y hasta la fecha no tiene una respuesta.
Isael Bustamante le hizo recordar a la autoridad municipal y sus más cercanos colaboradores que los trabajos en la avenida Sáenz Peña se iniciaron a pesar que en su momento, el Órgano de Control Institucional –OCI de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, advirtió serias falencias en el proceso de licitación, y de eso no es ajeno el alcalde Epifanio Cubas Coronado.
“Señores, el mismo OCI hizo constar en su momento que los funcionarios de la comuna leonardina no alcanzaron la documentación relacionada con la obra. La petición se hizo de manera reiterada y formal e incluso el alcalde Epifanio Cubas debe recordar que a él también se le informó sobre estas limitaciones e incluso, no se tuvo acceso de la información en el momento que se requirió. Es más, hasta el momento no hay una respuesta oficial”, hizo conocer el fiscalizador.
Detalla que en la carta notarial que ha hecho llegar a la comuna el pasado 20 de enero, hace conocer que todo el problema de la pésima ejecución de la obra de transitabilidad de la avenida Sáenz Peña, gira inicialmente en torno al proceso de adjudicación simplificada N° 003-2016-MDJLO/CSO la que en su momento fue denominada “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la avenida Sáenz Peña entre las avenidas Leguía y México, así como el jirón San Martín entre las avenidas México y Venezuela”, con un valor referencial de 566 mil 741.83 soles, los que a seis meses de su inauguración, se han ido literalmente al agua.
LAS OBSERVACIONES
Explica - Isael Bustamante-que sobre dicha obra, antes que se ejecute, la responsable de Control Interno de la casa edil leonardina emitió el informe de acción simultánea N° 003-2016-OCI/2129-AS, en el cual se nombran tres acciones que levantarían suspicacias y que, a simple pensamiento, hicieron presumir la poca transparencia del desarrollo y ejecución de la obra antes descrita.
“Las dos primeras observaciones hechas por la OCI y sustentados en su informe, le son atribuidos al Comité de Selección que en ese momento era presidido por el gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano del municipio de José Leonardo Ortiz, Iván Chafloque Montenegro, y sus integrantes Víctor Eduardo Sánchez Torres, en calidad de subgerente de Infraestructura, y Percy Francisco Morales Vásquez como subgerente de Logística”, sostuvo el fiscalizador.
Agrega, que en primer lugar la OCI advertía que el comité antes descrito elaboró las bases integradas para el proceso en cuestión, sin tener en cuenta lo que se establecía en las bases Estándar, para ser exactos, en el factor de evaluación obligatorio referente a la capacitación del personal de la entidad.
“Aquí la OCI menciona algunos vicios en los requisitos de la convocatoria como el no haber precisado la cantidad de personal que recibirá la capacitación, así como considerar información que no estaba establecida en las Bases Estándar en cuanto al perfil del capacitador, teniendo en cuenta que la obra superaba el medo millón de soles”, señaló.
Como segunda falta –explica- la OCI refiere que los miembros del comité de selección no integraron adecuadamente las bases. Además, no adjuntaron las cartas emitidas por el órgano encargado de las contrataciones para el formato sobre resumen ejecutivo de posibilidades que ofrece el mercado a fin de verificar la pluralidad de postores.
“La OCI también menciona que en el procedimiento de selección publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado –SEACE- se consignaron dos horarios de presentación de ofertas, lo cual habría dado lugar a confusiones entre los participantes, y es por ello que no habrían existido más postulantes con más ofertas que puedan favorecer a los gastos de los dineros de los vecinos del distrito de José Leonardo Ortiz”, señaló.
Isael Bustamante -detalla además- que el informe de la OCI deja constancia que el equipo auditor no tuvo acceso al expediente de contratación ni a la información sobre la etapa de presentación de ofertas, evaluación y calificación y otorgamiento de la buena pro, por parte de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, lo que hace presumir que algo extraño había en la ejecución de esa obra.
“La información requerida no fue entregada porque no hubo autorización, presuntamente, por parte del ingeniero Iván Chafloque Montenegro, presidentedel comité de selección de ese momento”, sostuvo.
De igual manera, el regidor dejó en claro que la petición de la información de la mencionada obra se solicitó mediante el cursado de seis cartas e incluso, un memorándum por parte del mismo burgomaestre, a quien –presuntamente- tampoco le habrían hecho caso. Todo eso –dijo- ocurrió en el mes de mayo del año 2016, mucho antes que la obra se ejecute y todo se encontraba en plenos trámites.
ACCIONES LEGALES
Ante la extraña negativa de entregar información requerida sobre la obra denominada “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la avenida Sáenz Peña”, el fiscalizador también recuerda que la OCI recomendó al alcalde Epifanio Cubas Coronado que disponga el inicio de acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades contra el funcionario o funcionarios que resulten responsables por limitar el acceso a la información de dominio público, pero al parecer nada de esto ha pasado y ahora se quiere volver al principio, cuando la mencionada obra se encuentra totalmente destruida, y de ello no es ajeno al conocimiento de la propia autoridad municipal, quien a diario transita por el lugar.
Al informe y petición de denuncia expuesto por el regidor Isael Bustamante, también se sumó el fiscalizador Marino Olivera Cruzado, quien hizo conocer al concejo municipal que desde un primer momento se levantaban suspicacias sobre la forma en que se venía ejecutando la obra.
CON MUCHAS FALLAS
Vuelve a tomar como suyo el pedido para investigar -Isael Bustamante- y denunciar a los que resulten responsables por la mala construcción y destrucción en menos de seis meses de la obra denominada “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la avenida Sáenz Peña”, señalando que en la Municipalidad de José Leonardo Ortiz se vive en la tierra de nadie, sin autoridades y funcionarios serios que se comprometan a trabajar y fiscalizar los pocos proyectos de infraestructura que se desarrollan, pero para mala suerte de la población, solamente duran seis meses.
Explica que la mencionada obra no contó con la supervisión adecuada y por eso es que ahora se tienen los resultados de los cuales todos los leonardinos son testigos impotentes de hacer su reclamo en forma directa, pero eso no significa que los regidores de la minoría puedan demandar que se le otorgue facultades al Procurador Municipal para denunciar a los que resulten responsables.
“En la municipalidad existe el informe N° 375-2016- MDJL-SGI/VEST del 2 de noviembre del 2016, donde el Sub Gerente de Infraestructura, Víctor Sánchez Torres, puso en conocimiento del gerente de esta área, Iván Chafloque Montenegro, que la obra a pesar de haber sido recepcionada el 31 de agosto del año 2016, ya contaba con una serie de fallas denominadas “piel de cocodrilo” que no son más que grietas o resquebrajaduras en la carpeta asfáltica en varios tramos, especialmente en el frontis del colegio Nicolás Latorre y en la misma Plaza Cívica”, detalló.
Refiere tener entendido que el mencionado funcionario a través de su informe hizo conocer que cuando la obra se estaba ejecutando, no se habría realizado una adecuada supervisión. La comuna contrató los servicios del ingeniero Edmundo Guerrero como supervisor de la obra, pero al parecer no se habría cumplido con una buena fiscalización, pero eso se debería determinar las razones por las cuales no se desarrolló.
LA CONTRALORÍA
Recordó también que en el mes de octubre del año pasado, a dos meses de haber sido entregada la obra, ante las permanentes denuncias no sólo de los regidores sino de la misma población, intervino la Contraloría.
“Desde el primer día de la entrega de la obra, construcción que estuvo a cargo de la empresa Consorcio Perú que estuvo integrada por las empresas Silaca Perú S.A.C, Seteger Construcciones E.I.R.L y DCN Perú S.A.C, se detectaron una serie de deficiencias, entre ellas resquebrajaduras en el recapeo, lo cual generó la protesta de mucha gente e incluso los regidores formamos comisiones que inspeccionamos el lugar y dimos cuenta al seno del concejo edil, pero hasta el día de hoy no tenemos una respuesta sobre las observaciones y denuncias que se hicieron en su debido momento”, señaló.
+ NOTICIAS
Las palabras del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, respecto a la situación que vive Lambayeque luego de las lluvias de esta semana, han caído como golpe severo entre los miles de damnificados y afectados. Según el mandatario, la situación más crítica se vive en Piura y será esta la ciudad beneficiada con un proyecto de drenaje pluvial.
Al igual que con lo sucedido con las lluvias de febrero, los damnificados se cuentan por miles.
Las precipitaciones iniciadas el domingo 12 d.c. han dejado más de diez mil personas en la calle y entre las aguas. Los saldos más preocupantes se ubican entre Túcume y Motupe, en la provincia de Lambayeque, pero también en Chiclayo distrito y José Leonardo Ortiz, donde nuevamente se ha agudizado el colapso de las redes de agua y saneamiento básico.
CIFRAS
Entre los distritos de Pacora, Íllimo y Jayanca se ha contabilizado, según los informes más actualizados del Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER, a dos mil 242 familias damnificadas, quienes han perdido no solo sus viviendas, sino también sus bienes muebles e insumos básicos para subsistir.
Pacora, debido a los desbordes del río La Leche, fue el distrito que más perjuicios tuvo, al contabilizarse 953 familias damnificadas y 225 familias afectadas.
En Íllimo, son hasta el momento 505 familias damnificadas y 515 las afectadas, en tanto el desborde del río Motupe dejó como salgo a 784 familias damnificadas y otras mil 527 afectadas en Jayanca.
Las lluvias registradas en febrero dejaron como damnificadas a más de seis mil familias en diferentes partes del departamento, concentrándose la emergencia en Chiclayo provincia.
Se ha confirmado que hay familias aún aisladas en la zona rural de Íllimo, Pacora, Mórrope y Jayanca. Las unidades de rescate han intentado su evacuación, pero las personas se niegan por temor a abandonar sus predios.
RECONSTRUCCIÓN
De acuerdo a las estimaciones del gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, luego de recibir los informes en las sesiones convocadas en el COER, donde participan los representantes de las diferentes instituciones que trabajan en la atención a los damnificados, se requiere más de dos mil millones de soles para emprender el proceso de recuperación de las zonas afectadas.
Este presupuesto incluiría, además, la ejecución de un proyecto de drenaje pluvial, la mejora del servicios de saneamiento y la restitución de las vías que fueron arrasadas por los desbordes, por ser estos de mayor costos.
“Para obras de saneamiento se necesitarían 500 millones de soles, para el drenaje pluvial otros 500 millones, para las vías de comunicación y trochas carrozables en los diferentes caseríos de las tres provincias se necesitarían más de 150 millones y a ello hay que sumarle que tenemos 35 mil casas colapsadas y, por lo tanto, se necesita adquirir 35 mil módulos de vivienda para los damnificados”, señaló el gobernador.
Añadió que aún se está evaluando el impacto de las lluvias y desbordes en el sector agricultura, por lo que todavía es imposible estimar cuánto se requiere para la recuperación de obras hidráulicas afectadas y compensación a los productores que han perdido cultivos y ganado.
Acuña Peralta explicó que se ha solicitado al Ejecutivo nacional el traslado de la maquinaria del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como de SEDAPAL, consistente en hidrojet y camiones multipropósitos para que, como lo hicieron en el primer período de emergencia, puedan trabajar en la evacuación de las aguas acumuladas en las zonas urbanas, principalmente los pueblos jóvenes y urbanizaciones para los que EPSEL no se da abasto.
AYUDA
Por otro lado, más de 600 toneladas de ayuda humanitaria ha entregado hasta el momento el Gobierno Regional de Lambayeque en 33 distritos afectados por las intensas lluvias desde que se inició la emergencia, en febrero pasado.
En los últimos días se han entregado más de 80 toneladas distribuidas para las zonas más afectadas del distrito de Pacora: Culpón Bajo, Culpón Alto y Huaca Piedra; en el distrito de Íllimo: Siete de Enero, Libertad, Panamericana, Víctor Raúl, Los Geranios, Progreso, La Victoria y Balta; en Jayanca los caseríos Mirador, La Tomasita, San Carranco, El Arenal, Pampa de Lino, Soledad y Cautivo.
De igual manera, se ha trasladado ayuda humanitaria, en coordinación con el Ejército Peruano, a los distritos de Pítipo, Ferreñafe, Mórrope y Salas.
Las autoridades han dado a conocer que desde el inicio de las intensas lluvias se han entregado cinco toneladas de agua, en gran medida, por las gestiones de las autoridades regionales con el sector empresarial.
La ayuda consiste en frazadas, colchones, bobinas de plástico, sacos terreros, planchas de triplay, enseres, linternas, accesorios de construcción, plásticos y calaminas.
La entrega se realiza de acuerdo a los establecido en la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, donde se establece claramente el cumplimiento obligatorio para todas las entidades y empresas públicas de todos los niveles de gobierno, así como que el reparto de ayuda humanitaria debe realizarse de acuerdo a la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, que elabora cada municipalidad.
SUSPENSIÓN DE CLASES
Por otro lado, la Gerencia Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local – UGEL, de Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe, dispusieron la suspensión del inicio del año escolar hasta el próximo 27 de marzo en todas las instituciones públicas y privadas.
Según explicó el gerente sectorial, Ulises Guevara Paico, la medida es de cumplimiento general, por lo que si algún colegio privado decide adelantar el inicio de sus actividades lectivas deberá contar previamente con autorización de la gerencia, la misma que se expedirá previa inspección de la infraestructura y las condiciones de enseñanza.
“Tenemos que proteger a nuestros niños”, precisó Guevara Paico, quien refirió que en el distrito de José Leonardo Ortiz el inicio de las clases podría aplazarse más de un mes debido al colapso general del sistema de alcantarillado, que pone en peligro la salud de los menores.
COMUNICACIÓN
Debido al cierre del tránsito por la Panamericana Norte Nueva y Vieja, por los desborden que se han llevado parte de la infraestructura vial, el Grupo Aéreo N° 6 dispuso en inicio, desde la tarde del jueves, de vuelos humanitarios entre Chiclayo y Piura.
Para este fin se ha asignado un avión C27 J, que inició sus desplazamientos con 50 tripulantes a los que solo se les requirió la presentación del Documento Nacional de Identidad – DNI.
Responsabilidad directa sobre Alianza Para el Progreso – APP, partido que ganó los gobiernos municipales de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, para el período 2015 – 2018, es lo que halla la exregidora provincial Janet Cubas Carranza, quien pone énfasis en el descrédito en el que han caído las actuales autoridades por sus fríos resultados en la solución de los problemas que afectan a la población.
Las autoridades municipales cumplirán a fines de marzo 26 meses liderando sus gestiones. ¿Cómo evalúa hasta ahora su desenvolvimiento? ¿Considera que estas han demostrado la capacidad, liderazgo y eficiencia que demanda la ciudadanía?
La falta de capacidad y liderazgo no solo se ve en el la municipalidad de Chiclayo, también en las de Lambayeque y Ferreñafe, que por coincidencia fueron ganadas por un mismo partido político, que además tiene la conducción del gobierno regional. Esto es en verdad bastante preocupante, porque si hay un partido con la suficiente logística para llevar a adelante a sus mejores cuadros, que este sea hoy en día el resultado deja mucho que desear.
Por eso hablamos de una crisis institucional, porque por más recursos que se le pongan a una campaña política, hay capacidades y competencias personales que el dinero no compra, y eso ha quedado demostrado.
Entonces, Alianza Para el Progreso no puso a sus mejores cuadros. ¿Así debe entenderse?
Creo que la mayoría de ciudadanos concuerdan hoy que David Cornejo Chinguel para Chiclayo, Ricardo Velezmoro Ruiz para Lambayeque y Jacinto Muro Távara para Ferreñafe no eran los mejores cuadros. Eso se dijo durante la campaña electoral basándonos en la hoja de vida que cada uno traía consigo, porque la persona no es diferente desde que empieza una campaña, había que evaluar cuál era su recorrido profesional, público y político. Insistimos en la necesidad de revisar sus antecedentes, y hoy tenemos los resultados de no haberlo hecho a consciencia.
César Acuña Peralta, fundador de Alianza Para el Progreso ha dicho que en el caso de Cornejo Chinguel su partido se equivocó. ¿Esas disculpas tácitas deben ser aceptadas?
No basta con que el partido político que los llevó al sillón municipal pida perdón a la ciudadanía. No basta. Creo que la ciudadanía ha recibido una lección amarga, porque en las tres provincias salíamos de períodos municipales bastante complicados, implicados en temas de corrupción. En el caso de Chiclayo, la provincia era señalada como uno de los núcleos de corrupción más grandes en el país, comparada con lo sucedido en el Gobierno Regional de Áncash.
Llegamos a esos niveles de corrupción y entonces creíamos que nada le podía ganar a lo que había pasado en Chiclayo, y en ese convencimiento los ciudadanos se generaron expectativas en el nuevo gobierno municipal que se diluyeron de manera inmediata por la falta de liderazgo y capacidad. Lamentablemente las autoridades que tenemos se han rodeado de profesionales que calzan con su visión.
¿Y cuál cree que es la visión de David Cornejo como gobernante?
Tenemos una autoridad cuya visión no calza con las aspiraciones de la ciudadanía y eso significa que no camina de su lado y va de espaldas a las demandas de la población.
Y como consecuencia de esa visión estos son los resultados. Muy lamentables.
¿Qué es lo que más le decepciona como ciudadana del gobierno de Cornejo en Chiclayo?
Lo más decepcionante es la falta de interés en la angustia y la desesperación del ciudadano después de los acontecimientos de inicios de febrero. Se ha visto desdén de parte de la autoridad.
Hemos sido los ciudadanos quienes nos hemos organizado en los diferentes pueblos jóvenes, asentamientos humanos y urbanizaciones, sacando dinero de nuestros bolsillos, aun de los que nada tenían, para alquilar una motobomba, sin ninguna orientación técnica de parte de los funcionarios que debieron hacerlo. Entonces, se percibe eso: desdén, desprecio e indolencia por lo que hemos enfrentando los chiclayanos.
Son hechos bastante condenables y que no hacen sino volver a pintar de cuerpo entero la clase de autoridad que tenemos.
¿Este análisis responde solo a lo sucedido por las lluvias de febrero?
La indolencia de la autoridad municipal es permanente. Hay indolencia frente al colapso de los desagües, frente a la inseguridad, frente al caos del transporte, frente al caos del comercio, frente a la suciedad y la falta de orden. Indolencia en todos los aspectos de lo que significa vivir una vida digna en la provincia.
Lo grave de esta gestión municipal es que cuando ha tenido la oportunidad de rodearse de funcionarios capaces y honestos, que demostraban competencias para ayudar a la gestión, los ha puesto de lado de la peor manera. En conclusión, todo aquel que podía demostrar capacidad o competencia para aportar y sacar a adelante a Chiclayo era dejado de lado por el alcalde.
Usted fue una tenaz fiscalizadora de la gestión de Roberto Torres Gonzales. En base a su experiencia, ¿cómo evalúa el trabajo de los regidores de oposición en el concejo provincial?
Si bien hay carencias y falencias en el sistema nacional de control y las instituciones del Estado precisamente atraviesan esta debilidad, yo siempre he sostenido que cada actividad de nuestras vidas, si queremos obtener buenos frutos, debe ser sostenible.
Entonces, el trabajo de fiscalización debe ser durante todos los días del año, durante todo el período municipal. No puede, desde mi punto de vista y con el respeto que nos merecemos todos, haber chispazos de fiscalización y luego bajar la guardia.
Hay que ubicar los temas principales, primordiales y ahí hay que fiscalizar hasta que se logre la solución correspondiente. A la tarea de fiscalización hay que darle sostenibilidad para obtener los resultados que ansiamos. Superar el problema, superar la debilidad, supervisar de mejor manera los destinos de los dineros públicos y de lo que se recauda.
No se puede ser un fiscalizador intermitente, por eso es que es ardua la tarea y en verdad se necesita mucha vocación de servicio. Creo que falta articular los esfuerzos para que la fiscalización de los señores regidores se desarrolle de la mejor manera. Ellos tienen un aliado que es precisamente la ciudadanía en general.
¿Puede reconocerle algo a David Cornejo como autoridad?
El candidato Cornejo Chinguel logró, durante la campaña electoral, despertar el entusiasmo y la expectativa sana de la población. Una expectativa sana, basada en una organización política que además en nuestro medio estaba vinculada a dos instituciones de educación superior. La expectativa fue en que las cosas podías cambiar.
Para cierto sector de la población despertó la esperanza, lo que además era una necesidad, porque se requería algo de qué afianzarnos después de la calamidad sufrida con el gobierno de Roberto Torres. Sin embargo, fue muy gaseoso y duró muy poco.
¿Cómo cree que acabará el tercer año de la administración Cornejo?
No creo que el señor Cornejo Chinguel acabe su tercer año de gobierno igual que los otros dos y no lo creo porque hoy la ciudadanía cree menos en la autoridad. Conforme la ciudadanía cree menos se incrementa la pérdida de liderazgo. Si no tenemos a un gobernante con un liderazgo arraigado, entonces no será capaz de inspirar a los ciudadanos a tener un sueño y alcanzarlo.
¿Chiclayo no aprendió la lección? ¿La herida que dejó Roberto Torres sigue abierta?
No creo en las culturas de las maldiciones y lo que pienso es que más que herida, la gestión de Roberto Torres nos dejó una gran lección, pero que no logró cimentarse bien porque las mayorías volvieron a ser cautivadas durante la campaña electoral.
Las lecciones se aprenden o se aprenden, porque de lo contrario entonces no lo son. ¿Cuántas veces en Chiclayo, en la región en general, vamos a tener que golpearnos hasta que podamos aprender la lección? Creo que esto tiene que ver con la organización y educación ciudadana, que nos permita sostener nuestras causas a través de los períodos. Solo así se podrá tener un equilibrio entre lo que significa la sociedad civil y los gobiernos, sean locales, regionales o nacionales.
¿Considera que el esfuerzo de conformar una plataforma múltiple de la sociedad civil en el Comité Cívico de Lambayeque tendrá resultados concretos ante las autoridades de los tres niveles de gobierno?
Apostaremos todas las veces que sean necesarias hasta lograr que nuestras provincias ofrezcan una vida satisfactoria y digna en cuanto a equipamiento urbano, desarrollo, orden y servicios a sus habitantes. Hasta que no logremos que las municipalidades atiendan las expectativas de la población, pero también recojan sus aportes, porque la ciudanía también aporta ideas y planes, todos los intentos serán válidos.
No nos debe desanimar si algunos de los actores sociales tienen aspiraciones políticas, es su derecho. Recordemos que los liderazgos se prueban y se cuajan precisamente en desafíos como este. El agua se decanta sola, no nos preocupemos, hay que echar el carro para adelante hasta que se internalice en nosotros que la ciudadanía debe trabajar no solo en las épocas electorales, sino de manera permanente.
Uno de ellos es Rald de la Piedra, quien tiene el grado académico de bachiller en biología pero con resolución de alcaldía, burgomaestre lo designa subgerente de Logística sin importarle observaciones de la jefa de Control Interno. Responsable de Recursos Humanos se hace de la “vista gorda”.
¿Con las barbas en remojo? Dos de los principales hombres de confianza del alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz, Epifanio Cubas Coronado, y funcionarios que ocupan puestos claves en la comuna leonardina, fueron duramente cuestionados en sesión de concejo por los regidores Aureliano Castañeda Hernández y Marino Olivera Cruzado.
Los fiscalizadores solicitaron información precisa y exacta sobre la designación del subgerente de Logística de la casa edil, Rald Clay de la Piedra Arévalo, quien no reuniría el perfil profesional para ocupar dicha subgerencia; pues, la mencionada persona tendría el grado académico de bachiller en biología, cuando el perfil profesional que se requiere para el área es otro.
Sin embargo, llamo la extrañeza de los regidores el enterarse que el ingreso de dicha persona a la comuna no fue objetado en ningún momento por el subgerente de Recursos Humanos, Yuri Leonardo Castillo Castañeda, y más bien habría brindado todo el apoyo para que Rald Clay de la Piedra Arévalo se instale en el cargo sin importarle que no reunía el perfil profesional que el Manual de Organización de Funciones –MOF- exige para desempeñar dicha función y garantizar la transparencia del uso de los recursos del Estado en cada una de las adquisiciones que la comuna realice durante el presente año.
Pero eso no es todo. Aparte de solicitar el expediente profesional de Rald de la Piedra y Yuri Castillo, también se solicitó información sobre sus antecedentes laborales, los cuales tendrían cuestionamientos cuando los aludidos funcionarios cumplieron labores similares en las Municipalidades Provinciales de Lambayeque y Cajamarca.
EXTRAÑA RESOLUCIÓN
La voz de alerta pública la dio el regidor Marino Olivera Cruzado, quien en sesión de concejo emplazó a Epifanio Cubas Coronado a que explique el por qué con oficio N° 028-2017-MDJLO/OCI, la jefa de Control Interno de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz estaba “poniendo en la mira” la designación de Rald Clay de la Piedra Arévalo como subgerente de Logística.
La autoridad edil trató de pasar por desapercibida la petición del regidor Marino Olivera, lo cual no le fue permitido. El fiscalizador incidió en solicitar información y pidió tiempo para dar lectura a la resolución de alcaldía N° 060-2017-MDJLO/A del 1 de febrero del presente año, firmada por el propio alcalde Epifanio Cubas Coronado, y en la cual designa sin ningún tipo de objeción al bachiller en biología Rald Clay de la Piedra Arévalo, como empleado de confianza en el cargo de Subgerente de Logística de la comuna leonardina, bajo la modalidad del régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios CAS.
Lo más extraño es que dicha resolución fue avalada por el subgerente de Recursos Humanos, Yuri Leonardo Castillo Castañeda, quien presuntamente no habría advertido que el mencionado funcionario no cumple con el requisito mínimo establecido en el Manual de Organización y Funciones –MOF- de la entidad, respecto a la profesión que debería contar para ocupar el cargo de subgerente de Logística.
¿COMPADRAZGO?
A su turno, el regidor Aureliano Castañeda sostuvo que no encontraba una explicación valedera o creíble como es que el subgerente de Recursos Humanos había dejado pasar por alto un “error” grave, cuando es el primero por quien pasa el expediente profesional de cada funcionario de confianza que es designado en la comuna para ocupar cargo.
Además – señala- en los últimos meses ha venido cuestionando la designación de tal o cual funcionario, teniendo como base los lineamientos de la Ley Servir - Ley N° 30057 y sus objetivos en cuanto a la profesionalización en la prestación del servicio público.
“Es algo no creíble que el subgerente de Recursos Humanos, Yuri Leonardo Castillo Castañeda, no haya podido advertir en su momento que el señor Rald de la Piedra no reúne ni el mínimo de los requisitos para ocupar el cargo”, sostuvo el regidor Aureliano Castañeda.
Agrega que tampoco le es creíble que el alcalde no se haya dado cuenta de la carencia en el perfil profesional de Rald de la Piedra, cuando como asesor principal tiene al subgerente de Recursos Humanos, quien en su momento y oportunidad le debió haber advertido de la carencia de profesionalismo, así como del delito que la autoridad municipal viene cometiendo por designar a una persona que no reúne ni el mínimo del perfil profesional que requiere el Manual de Organización y Funciones –MOF.
CONTROL INTERNO
Sin embargo, el pasado 6 de febrero la responsable de Control Interno de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, Carla Patricia Távara Zarpán, hizo llegar al alcalde Epifanio Cubas Coronado el oficio N° 028 -2017-MDJLO/OCI, el cual fue recepcionado por la secretaria de alcaldía Martha Tuñoque y lo registró con el N° 427, en donde la defensora de los intereses del Estado le hace saber que reitera la comunicación efectuada sobre el incumplimiento de requisito mínimo establecido en el Manual de Organización de Funciones – MOF- del funcionario a cargo de la sub gerencia de Logística, Rald Clay de la Piedra Arévalo.
En la misiva la responsable de Control Interno se hace conocer al alcalde Epifanio Cubas Coronado, que habiendo tomado conocimiento que nuevamente ha contratado al bachiller en biología Rald Clay de la Piedra como empleado de confianza en el cargo de Subgerente de Logística, bajo la modalidad del régimen especial de contratación administrativa de Servicios CAS, solicitaba se le informe sobre su perfil profesional, ya que la primera vez que laboró en la comuna, se determinó que no reunía el perfil profesional requerido.
LO SACAN Y LO VUELVEN A CONTRATAR
Sobre el particular, la OCI le recuerda al alcalde Cubas Coronado - en el oficio N° 028-2017, que mediante el Oficio N° 385-2016-MDJLO/OCI del 9 de diciembre del 2016, ya le habían advertido que el mencionado funcionario no cumple con el requisito mínimo establecido en el Manual de Organización y Funciones –MOF de la entidad municipal.
La responsable de Control Interno también le hace recordar al burgomaestre leonardino que en los últimos meses del año 2016 el señor Rald de la Piedra Arévalo había laborado en la comuna en el mismo cargo y ante los cuestionamientos por carecer del perfil profesional requerido, en el mes de diciembre fue cesado en el cargo, pero extrañamente, dos meses después, el primero de febrero del año 2017, vuelve a regresar a la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, para ocupar el mismo cargo a pesar que ya había sido cuestionado.
Nuevamente, en el mes de febrero del año 2017 OCI le llama la atención al burgomaestre respecto a la profesión que debería contar el subgerente de Logística para ocupar el cargo de subgerente, el cual nuevamente le había sido asignado, y le solicita disponer la implementación de las acciones correctivas pertinentes, de carácter administrativo o legal, sin perjuicio del ejercicio de control posterior que Control Interno pueda ejercer.
Asimismo, Carla Patricia Távara Zarpán le recuerda al alcalde Epifanio Cubas Coronado que la Oficina de Control Interno –OCI, le ha puesto en conocimiento, en su debida oportunidad, que las personas que ingresan a ocupar los cargos previstos en el Cuadro de Asignación de Personal –CAP, sea por concurso o por designación, cumplan con los requisitos mínimos o perfil establecido en los documentos de gestión de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz.
RECURSOS HUMANOS
De igual manera, la responsable de OCI le informa una vez más al alcalde Epifanio Cubas Coronado para que junto a su subgerente de Recursos Humanos, Yuri Castillo Castañeda, que al respecto existe el informe técnico N° 414-2013-SERVIR/GPGSC del 16 de mayo del 2013, el cual señala claramente que “las entidades, en función a sus necesidades, mediante documentos de gestión interna –CAP-MOF, incluido los cargos de libre designación y remoción en función a necesidades, los convocados deben cumplir con los requisitos mínimos del perfil profesional”.
A su turno, el regidor Aureliano Castañeda Hernández solicitó al alcalde Cubas Coronado solicite al subgerente de Recursos Humanos entregue copia del expediente profesional de Rald Clay de la Piedra Arévalo.
“El alcalde no es el único responsable, lo que aquí se nota es que existe una complicidad con el subgerente de Recursos Humanos, quien cuando le conviene revisa de manera minuciosa los expedientes de los profesionales que llegan a trabajar y cuando no le conviene, lo deja pasar por alto. Se nota que existe un compadrazgo, sostuvo el fiscalizador durante su petición en sesión de concejo.
De igual manera, el regidor Marino Olivera Cruzado se sumó al pedido del regidor Aureliano Castañeda, solicitando que en el más breve plazo la gerencia de Asesoría Legal emita un informe sobre la observación de Control Interno, y por intermedio del Procurador Público Municipal se denuncie ante la autoridad competente a los que resulten responsables por el delito de usurpación de funciones, ejercicio ilegal de la profesión, nombramiento indebido y aceptación en el cargo, entre otros delitos que deben ser de análisis de denuncia.
“Si en los próximos días el alcalde Epifanio Cubas Coronado no toma las acciones correctivas del caso; pues, ha sido él quien con resolución de alcaldía N° 060-2017-MDJLO/A del 1 de febrero del presente año, designa al bachiller en biología Rald Clay de la Piedra Arévalo, como empleado de confianza en el cargo de Subgerente de Logística de la comuna leonardina, no corrige su “error”, sería denunciado ante la autoridad penal correspondiente”, sostuvo Aureliano Castañeda.
De igual manera, dejó entrever que el concejo edil puede pedir la vacancia del burgomaestre si toma una decisión contraria a la normatividad.
“Si el alcalde Epifanio Cubas Coronado persevera en mantener en el puesto al biólogo Rald de la Piedra, y al subgerente de Recursos Humanos, Yuri Castillo Castañeda, a pesar que conoce las irregularidades, estamos frente a un evidente abuso de autoridad porque se está imponiendo a gente que él ha traído y los ampara con una resolución de alcaldía, a que sigan en los cargos a pesar que no cumplen con los requisitos establecidos en el Manual de Organización y Funciones –MOF- de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz, y patean la Ley Servir N° 30057”, refirió.
CON PROBLEMAS
En otro punto de su intervención, el regidor Aureliano Castañeda solicitó al burgomaestre que el subgerente de Recursos Humanos, Yuri Leonardo Castillo Castañeda, informe en próxima sesión de concejo sobre los antecedentes que podría tener Rald de la Piedra, así como del mismo funcionario de Recursos Humanos, de quien se sabe llegó en el mes de agosto del año 2016 tras haber culminado sus funciones en la Municipalidad Provincial de Cajamarca como asesor y luego como jefe de personal.
En el caso de Rald de la Piedra – se dijo- se ha desempeñado como jefe de Logística en las municipalidades de Cochabamba, Cajaruro y su penúltimo trabajo fue en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, de donde no habría salido por la puerta grande.
Se sabe – según dijo- fue el regidor lambayecano Armando Rivas Guevara quien el año pasado detectó y denunció un presunto favoritismo a un proveedor que brindaba servicios de consultoría a esta comuna por un valor de 700 mil soles en 15 meses.
Se hizo conocer que en la Municipalidad de Lambayeque Rald de la Piedra cumplía laborees de subgerente de Logística, y durante el proceso de investigación se determinó que en el sistema de la comuna lambayecana, un supuesto proveedor había realizado 37 servicios en 60 días por estudio de suelos, levantamiento topográfico, diseños de pavimento, factibilidad de servicios de agua y luz, así como levantamiento de observaciones de los proyectos, o sea, este profesional está capacitado para hacer todo, está haciendo hasta temas de saneamiento.
Víctor Alberto Preciado Mío sería el proveedor suertudo que en el año 2012 facturó 31 mil 500 soles a la Municipalidad provincial de Lambayeque; en el 2013 giró 36 mil 500 soles; en el 2014 facturó 24 mil soles.
“Sin embargo en el año 2016 giró facturas por un monto de 448 mil 505. 42 soles; y en entre enero y marzo de 2016 habría facturado 242 mil 550 soles. Es decir, entre el año 2015 y los meses del año 2016 facturó un total de 691 mil 055, lo cual no fue bien visto por el alcalde Ricardo Velezmoro Ruiz, quien no tuvo más opción que separar del cargo a Rald de la Piedra que en ese momento se desempeñaba como subgerente de Logística, cargo que ahora ocupa en José Leonardo Ortiz por ser persona de confianza de Epifanio Cubas Coronado.
+ NOTICIAS
Las trabajadoras del hogar exigen desde hace más de cinco años que el Estado Peruano ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, pero además que en el país se dé fiel cumplimiento a lo establecido por la Ley N° 27986, que desde el 2003 les reconoce una serie de derechos laborales, sociales y previsionales que son de desconocimiento general.
En el 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, se promulgó la Ley N° 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar, la misma que define a estos como “los trabajadores que efectúan labores de aseso, cocina, lavado, asistencia, cuidado de niños y demás propias de las conservación de una residencia o casa habitación y del desenvolvimiento de la vida de un hogar, que no importen lucro o negocio para el empleador o sus familiares”.
El Artículo 3 de la norma, señala que los contratos de prestación de servicios se pueden celebrar de manera verbal o escrita.
A decir de María Nayra García, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Lambayeque, esta es una de las principales debilidades de la ley, debido a que al no ser exigible la suscripción de un contrato escrito los empleadores incumplen los beneficios a los que tienen derecho los trabajadores.
DERECHOS
Según la ley vigente y las disposiciones dadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los trabajadores del hogar deben percibir como pago mensual – mínimo – lo equivalente a la Remuneración Mínima Vital, es decir 850 soles de acuerdo al último incremento. Este pago puede ser mensual, quincenal o semanal fraccionado.
Además, el empleador está obligado de proporcionar alimentación y/o alojamiento al trabajador del hogar, adecuado a su nivel socio-económico. “Tales conceptos no serán considerados como parte de la remuneración”, señala el Artículo 5 de la ley.
Asimismo, la ley reconoce a favor de los trabajadores la compensación por tiempo de servicios equivalente a 15 días de remuneración por cada año de servicio.
Se reconoce el derecho al descanso semanal de 24 horas, a 15 días de vacaciones y al pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad. El monto de las gratificaciones debe ser equivalente al 50 % de las remuneraciones mensuales y pagadas con 15 días de anticipación.
En caso la modalidad de contrato sea “cama adentro”, el empleador está obligado a proporcionar el derecho a la educación del trabajador.
También, debe ofrecerse al trabajador seguridad social y afiliación al sistema previsional, sea público o privado.
EL CONVENIO 189
En su centésima reunión celebrada en junio del 2011, la Organización Internacional del Trabajo – OIT, con sede en Ginebra, adoptó el Convenio Sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, reconociendo la contribución que estos hacen a la economía mundial, que incluye el aumento de las posibilidades de empleo remunerado para las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, el incremento de la capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los niños y las personas con discapacidad, y “un aporte sustancial a las transferencias de ingreso en cada país y entre países”.
La declaración de la OIT se dio considerando que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y que los realizan principalmente las mujeres y las niñas, “muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos”.
El Artículo 3 del Convenio de la OIT, señala que los países miembros, entre ellos el Perú, “deben adoptar medidas para asegurar la promoción y la protección efectivas de los derechos humanos de todos los trabajadores domésticos”.
Por esta consideración, los estados quedan obligados a respetar y promover la libertad de asociación y libertad sindicar, así como el derecho efectivo a la negociación colectiva; a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
Existe el mandado de abolición efectiva del trabajo infantil y de la eliminación en materia de empleo y ocupación.
El convenio recoge además los derechos al descanso, a la educación, a las vacaciones pagadas, a la seguridad y previsionalidad.
DEMANDAS
“Nosotros pedimos la ratificación por parte del Estado Peruano del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, y que se dé cumplimiento a la Ley N° 27986, para que de esta manera los empleadores que cumplan, si son personas que conocen quizá las leyes de los trabajadores del hogar, lo que la legislación ha normado a nuestro favor. Lamentablemente el nivel de incumplimiento es muy alto y esa invisibilidad que tienen nuestros derechos deben acabar con el rol fiscalizador del Estado”, menciona Nayra Garcia.
A nivel nacional existen diez sindicatos de trabajadores del hogar. Estos tienen presencia en Chiclayo, Lima, Piura, Tumbes, Tarapoto, Ica y el Callao. En el caso de Lambayeque solo hay 160 trabajadoras afiliadas, número que explica las limitaciones que aún tienen los servidores domésticos para asociarse y de este modo defender sus derechos frente a sus empleadores.
“Sabemos que 160 integrantes del sindicato no refleja una muestra cercana al número de trabajadores del hogar que hay en Lambayeque, y es que el principal problema que tenemos como trabajadores es la resistencia de quienes nos emplean para que podamos ejercer nuestro derecho a la sindicalización de manera libre”, señala.
Comentan que las trabajadoras del hogar tienen miedo de que el empleador las despida o las maltraten, porque argumentan que no tienen para pagarles lo que legalmente les corresponde.
“Nosotras reclamamos las 8 horas laborales, como cualquier otro trabajador, igual el pago de una remuneración mínima, como está señalada en la Ley. En el gobierno de Toledo nos reconoció estos derechos y desde entonces, los demás gobiernos han pasado y no han exigido su cumplimiento. Tampoco han ratificado el Convenio 189 de la OIT”, exige la dirigente.
Menciona que es tal el nivel de incumplimiento que los trabajadores domésticos a veces cumplen sus labores en condiciones de vulnerabilidad, sin tener acceso a la salud o a la vida digna.
“Tenemos una ley que no se está cumpliendo. Nos reconoce el derecho a la seguridad social, así como a la gratificación por Fiestas Patrias y Navidad, el descanso por el 1 de enero y a 15 días de vacaciones. Además el dominical y los días feriados que no debemos trabajar. El gobierno debe escuchar nuestro reclamos, por eso es que buscamos seguir organizándonos para exigir que se nos reconozca”, precisa.
CONDICIONES ACTUALES
En Lambayeque como en muchas otras regiones del país, los trabajadores de hogar perciben entre 300 y 400 soles al mes, debiendo prestar sus servicios por más de 8 horas diarias.
“No se está cumpliendo con el pago, nos quieren pagar entre 300 y 400 soles mensuales por trabajar todo el día y durante toda la semana, debiendo realizar todas las labores domésticas. Si es cama afuera quieren que se trabaje 12 horas diarias, por menos de 400 soles y no es justo ni digno. Nosotras debemos ganar como mínimo 850 soles como es la Remuneración Mínima Vital – RMV”, asevera.
Sin embargo, reconoce que existen algunas excepciones, en las que los empleadores sí aceptan las condiciones normadas para la contratación de los servicios domésticos. “Sí tenemos casos de empleadores que cumplen con lo que dicta la ley, que pagan el sueldo básico y otorgan el seguro, las gratificaciones y descanso correspondientes a algunas compañeras. Son casos muy esporádicos, lógicamente”, manifiesta.
Por otro lado, señala que la mayoría de trabajadores domésticos, que en el caso de Lambayeque son principalmente mujeres, son menores de edad, que tienen entre 14 y 15 años de edad.
“Hemos ido a los colegios y encontrado casos muy preocupantes, en donde incluso no se les paga, niñas que son engañadas con que se les dará estudios o que son violentadas. Hay también casos de violencia física que lamentablemente no son denunciados. Yo trabajo desde los 8 años de edad y conozco cuáles son los maltratos, cómo se les trata a nuestras compañeras. Muchos creen que con darles una propina para Fiestas Patrias o un panetón para Navidad ya están cumpliendo, eso hace los empleadores”, afirma.
